Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 27.869-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución venida en recurso y rechazar el recurso de repetición intentado. Con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-79814934-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 27 de Agosto de 2021 En la ciudad de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “A”, Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación) y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expte. N° 27.869-I, caratulado: “AUTOPISTAS URBANAS S.A. s/ recurso por retardo de repetición -impuesto al valor agregado" y su acumulado Nro. 28.331-I de igual carátula s/apelacion.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 98/105 se interpone recurso por retardo de repetición con el objeto de obtener la devolución de las diferencias correspondientes al impuesto al valor agregado abonadas por los períodos fiscales septiembre de 2002 a diciembre de 2002, con más sus intereses resarcitorios, por considerar que fueron ingresados incorrectamente.
En tanto, a fs. 448/458 se interpone recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 25 de octubre de 2006, mediante la cual se rechaza el recurso de repetición presentado, incluyendo en dicho acto, los conceptos señalados, esto es, septiembre de 2002 a diciembre de 2002 y enero de 2003 a agosto de 2004.
En sus escritos recursivos expone, en forma preliminar, los antecedentes del caso. Señala que el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el titular de la mayoría accionaria de AUSA (99%) mientras que el 1% restante está a nombre de Subterráneos de Buenos Aires, que a su vez, es íntegramente controlada por el propio Gobierno de la Ciudad, de modo tal que la totalidad de las acciones pertenecen, directa o indirectamente, al GCABA.
Destaca que los pagos cuya devolución intenta fueron ingresados bajo protesta, dejando formal constancia que el depósito se realizaba espontáneamente y con expresa reserva de iniciar los pertinentes reclamos de las sumas que consideraba que eran improcedentes.
Explica que la cuestión de derecho que se plantea se circunscribe a determinar la inexistencia de hecho imponible en el impuesto al valor agregado en relación con la obra pública ejecutada por AUSA para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en los términos de la ley del gravamen.
En ese sentido, sostiene que: 1) AUSA no revistió carácter de locador por las obras ejecutadas ni el de proveedor por los bienes dados al Gobierno en tanto dichas prestaciones no constituyeron actos u operaciones autónomas por sí mismos, susceptibles de constituirse en “hechos imponibles” a los efectos de la ley de gravamen, sino que representaron la contraprestación por el otorgamiento de una concesión de explotación del sistema de autopistas, cuyo tratamiento se encuentra contemplado en el artículo 23 de la ley 23.349; 2) como dichas obras y provisiones carecen de utilidad propia, sino que son la condición para el otorgamiento de la concesión y el correlativo derecho a explotar las autopistas, los únicos débitos fiscales de AUSA fueron los generados por la materia imponible derivada de esa explotación –peajes y derechos de uso de los “bajos de autopistas”; 3) entiende que las obras constituyeron el precio o canon a través del cual los concesionarios retribuyen al concedente el derecho de explotación de un bien de dominio público; 4) por ello, considera que el criterio fiscal produce una doble tributación por una sola y única actividad que es la que desarrollaba y sigue desarrollando AUSA, esto es, el mantenimiento, ampliación y explotación de la red de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires; 5) dice que las obras se realizaron en propiedad estatal toda vez que se trata de trabajos realizados íntegramente sobre inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires afectados al uso y al interés público y las realizó AUSA, que es una empresa de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 6) el propósito perseguido por la realización de las obras carece de propósito lucrativo toda vez que tuvo en vista únicamente el uso y el interés público; 7) en razón de la vinculación de las obras con el resto de las actividades de AUSA, representada por la administración, explotación, mantenimiento y ampliación del sistema de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires y de los espacios adyacentes a las mismas, no debería existir inconveniente alguno en cuanto al cómputo de los créditos fiscales generados por aquellas obras, por su mantenimiento y por los trabajos complementarios que sirven a sus accesos contra los débitos fiscales derivados del cobro de peajes y otros ingresos gravados. Relata que toda la actividad que desarrollaba se encontraba regulada por el Decreto (GCABA)
Nº 102/02, en el que se estableció la concesión para el mantenimiento y administración de las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Occidental, 9 de Julio tramo Sur y Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, así como de los denominados bajos de autopistas y terrenos contiguos. Su régimen fue ordenado por el Decreto (GCBA) 1162/02, reglamentado por la Resolución de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 738 del 8/10/02. Allí se consideró que el vínculo entre el Gobierno de la Ciudad y AUSA implica una relación interadministrativa entre dos personas jurídicas. Como anexo de dicha resolución se incluyó –agrega- un modelo de contrato interadministrativo del que se desprende que el precio de la prestación a los efectos del cálculo de la contraprestación prevista en el artículo 1º del Decreto 408/97, modificado por el 524/02, es el que surge del presupuesto oficial confeccionado por el comitente.
Sigue su relato y explica que mediante decreto (GCBA) 149/2003 se incluyó la concesión para la explotación, mantenimiento y administración de la Autopista 9 de Julio tramo norte (Arturo Umberto Illia), por el que se le encomendó tomar posesión de la misma, al tiempo que rescindía el contrato de concesión otorgado con anterioridad a la firma COVIMET S.A.
Finalmente señala que la Resolución 700/03 emitida por la mencionada Secretaría dispuso una serie de obligaciones a AUSA entre las que pueden mencionarse, a saber: 1) rendición de cuentas de gastos por tareas encomendadas según avances de obra; 2) la registración por parte de la Dirección General de Contaduría del pago e ingreso correspondiente a cada liquidación según lo presupuestado y 3) en caso de existir fondos excedentes al finalizar cada trimestre, no aplicados a obras y/o servicios ejecutados o en ejecución, deberán transferirse al Gobierno de la Ciudad.
Explica que ello significa que las contribuciones de peaje, en la proporción atribuible al GCBA como “canon” son registradas presupuestariamente con imputación al costo de las obras y demás encomiendas concertadas con AUSA a través de los contratos interadministrativos y sólo el remanente de ese canon, al Gobierno de la ciudad. De allí colige que las obras ejecutadas por AUSA cumpliendo instrucciones del Gobierno, como condición para mantener la concesión, reemplazan al canon fijado originariamente como contraprestación por la concesión.
Es decir, reitera, la contraprestación por el otorgamiento hecho por el GCBA a AUSA por la concesión está constituida por las obras ejecutadas, servicios prestados y provisiones entregadas por AUSA a GCBA hasta el montante del “canon”, sirviendo este último al solo efecto de determinar el quantum de aquélla y, únicamente en caso de no quedar dicho canon cubierto por dichas obras, ser completado con la entrega de fondos por la diferencia remanente.
En virtud de la operatoria que describe concluye que ella encuadra en el artículo 23 de la ley del Impuesto al valor agregado. Sobre el particular afirma que en la norma se establece como necesaria la “vinculación” para admitir el cómputo del crédito fiscal de las compras, importaciones, locaciones y servicios que, en el caso particular en estudio, están representados por la ejecución de las obras, las prestaciones de servicio y la provisión de bienes que en tal condición le eran requeridos a AUSA, es decir, los costos que debió asumir para dar cumplimiento a la obligación de proveerlos al GCBA “como condición para mantener la concesión acordada". De allí, dice, que tales obras, servicios y suministros, por su relación con la concesión, con respecto a la cual constituían condición de cumplimiento obligatorio, no debieron ser consideradas como si tuvieran autonomía propia, esto es, no constituyeron hechos imponibles autónomos sino que formaron parte de la contraprestación a la que estaba obligada AUSA en su carácter de concesionaria.
De la interpretación que realiza tanto de la operatoria como de la norma aplicable, considera que el débito fiscal debió liquidarse sobre la totalidad de los ingresos provenientes de la concesión, esto es, tanto por los originados en la percepción de las tarifas de peaje, como sobre los provenientes de la subconcesión de los bajos de autopistas, aun cuando estos pudiesen resultar exentos o no alcanzados por el impuesto. Es decir, entiende que el débito fiscal debe liquidarse sobre la totalidad de los ingresos –gravados y no gravados-. Sostiene que la circunstancia que se verifiquen distintos hechos, imponibles o no, individualmente considerados en cabeza de la concesionaria, hace que queden desplazados los tratamientos que pudieran corresponderles por aplicación de las disposiciones generales contenidas en la misma ley –arts. 1 a 10- con la consecuencia de que se sustituyan: a) sus correlativas “bases imponibles” por un único parámetro de cálculo del débito fiscal, que es global por abarcar la totalidad de los ingresos y b) sus correspondientes momentos imponibles por un criterio unificado de imputación de débito fiscal, que pasa a ser exclusivamente el de lo percibido.
Así, dice, para que proceda la sustitución de hechos imponibles éstos deben encontrarse vinculados entre si. Esta circunstancia a su criterio se verifica en la especie toda vez que AUSA tiene la explotación de las autopistas y de los bajos de autopistas con el correlativo derecho a los ingresos producidos por dicha explotación.
Recuerda que la condición fijada en el Decreto (GCBA) 1162 constituye inequívocamente la necesaria conexidad entre ambas obras, servicios y provisiones con los ingresos generados por la concesión y descartan su posible tratamiento como hechos imponibles autónomos o independientes de dicha concesión. Sobre esta cuestión, considera aplicable la regla de derecho aplicable también al derecho tributaria, según la cual, lo accesorio sigue la suerte de lo principal.
Finalmente afirma que el hecho de que deba –eventualmente- si el valor de las obras, servicios o suministros resultan inferiores al montante del “canon” cancelar la diferencia entre este y aquellos, no altera el carácter que corresponda atribuirles a las obras, servicios o suministros. Ello en tanto el pago en forma dineraria constituye una obligación subsidiaria, ya que la verdadera contraprestación por la concesión está constituida por las obras, servicios y suministros.
Como corolario de su planteo acompaña copia de las Resoluciones Nº 10/04 y 11/04 que ratifican que su operatoria se encuentra incluida en el régimen establecido en el art. 23 de la ley del impuesto al valor agregado.
Ofrece prueba y hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 118/124 y 477/483 vta. contesta sendos recursos la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona se rechace la repetición intentada y en consecuencia se confirme la resolución apelada, con costas.
Acompaña como prueba las actuaciones administrativas de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 485 obra el decisorio del Tribunal en Pleno que ordenó la acumulación del expediente Nº 28.331-I al que lleva el Nº 27.869-I.-
A fs. 498 se abre la causa a prueba. Habiéndose producido la prueba ordenada, a fs. 896 se clausura el período de instrucción y a fs. 904 se elevan los autos a conocimiento de la Sala A y se ponen para alegar obrando a fs. 913/914 y 915/916 los alegatos de la actora y apelada, respectivamente.
Con fecha 9/8/2021 se habilita la feria judicial extraordinaria para la prosecución de la causa. Finalmente, con fecha 11/8/2021 pasan a sentencia.
IV. Que de acuerdo con lo que se desprende de las actuaciones administrativas acompañadas, mediante sendas presentaciones efectuadas con fecha 29 de julio de 2004 y 29 de diciembre de 2004, la firma AUTOPISTAS URBANAS S.A. inició sendos reclamos de repetición de las sumas de $ 10.568.721,52.- y $ 3.882.057,45.-, ingresadas a su criterio en exceso en concepto de impuesto al valor agregado, correspondientes a los períodos septiembre de 2002 a diciembre de 2003 y febrero a agosto de 2004, respectivamente. El fundamento de su reclamo reside en la improcedencia de los pagos efectuados con motivo de la realización de una obra pública para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por considerar que existe identidad de sujetos a la luz de la aplicación del principio de la realidad económica. En efecto, aclara que la sociedad está conformada en 99% de las acciones pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el 1% restante a Subterráneos de Buenos Aires, de modo que la totalidad de las acciones le pertenecen directa o indirectamente al GCBA.
Con fundamento en esa circunstancia reposa su reclamo de la no gravabilidad de los servicios y suministros prestados en diversos argumentos, a saber: a) las obras se realizaron en propiedad estatal; b) a través de una empresa que es totalmente estatal; c) no existe finalidad de lucro en la realización de las obras; d) en virtud de la identidad de sujetos, se trataría de una obra sobre inmueble propio y no de trabajos sobre inmueble ajeno; e) la posibilidad de computar los créditos fiscales generados por la realización de las obras contra los débitos fiscales derivados del cobro del peaje y otros ingresos gravados por sus actividades de administración y explotación del sistema de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. La recurrente entiende que el análisis de los diversos decretos que emitió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculados tanto con la concesión como el mantenimiento y administración de las autopistas, lleva a la conclusión que las obras que ejecutó como condición para su mantenimiento sustituyeron el canon fijado originariamente, por lo que la operación quedó encuadrada en el artículo 23 de la ley del gravamen. Tal circunstancia implica –a su criterio- el tratamiento de esas operaciones, no como hecho imponible autónomo de la concesión sino como accesorios, aun cuando deba pagar las diferencias de canon cuando las obras no alcanzan a cubrirlo.
El ente fiscal rechazó los argumentos esgrimidos y consideró que resulta aplicable la Instrucción General Nº 2/2002. Asimismo, giró las actuaciones para la intervención de los servicios jurídicos de la Administración y de la Dirección Nacional de Impuestos, en cuyos fundamentos basó su decisión. Allí se rechaza -en primer término- la pretensión de que se está frente a obras realizadas sobre inmueble propio en virtud de estar frente a dos sujetos distintos. De allí, que entienda que no resulta aplicable el régimen especial del artículo 23 de la ley de IVA.
V. Que ello así, corresponde analizar los distintos aspectos en discusión.
De acuerdo con reconocida doctrina, las sociedades del Estado constituyen una modalidad pública empresarial y constituyen entes descentralizados, que realizan actividades de tipo comercial o industrial, organizados bajo un régimen jurídico privado predominante (civil, comercial, laboral, etc) y que ratifican una realización socioeconómica típica de nuestro tiempo: la actuación del Estado como empresario, asumiendo un papel competitivo frente a la empresa privada. Tienen patrimonio y personalidad jurídica propia y se caracterizan por ser entes íntegra y expresamente estatales sometidos principalmente al Derecho Privado. Buscan la incorporación de una actividad comercial e industrial al Estado, sin someterla, sin embargo, a las formas del Derecho Público. (Vid. Dromi, José R., “Derecho administrativo económico”, Astrea, Tº I, pág. 297 y sgtes., Buenos Aires, 1977).
En nuestro sistema jurídico, el artículo 1º de la ley 20.705 las define como aquellas sociedades que, “con exclusión de toda participación de capital privado, constituye el Estado Nacional, los estados provinciales, los municipios, los organismos estatales legalmente autorizados al efecto o las sociedades que se constituyan en orden a lo establecido por la presente ley, para desarrollar actividades de carácter industrial y comercial o explotar servicios públicos”. Y, el artículo 2 establece que se someterán, en su constitución y funcionamiento, a las normas que regulan las sociedades anónimas, en cuanto fueren compatibles con las disposiciones de la ley. Es decir que, la condición de ente estatal de los socios, la titularidad exclusiva por parte de estos del capital social, la consiguiente exclusión de aportes privados o no estatales y su regulación por el régimen de las “sociedades anónimas”, son sus notas características.
En ese contexto, y de acuerdo con lo que se desprende del Instrumento Público acompañado que obra a fs. 7/13 de autos, Autopistas Urbanas S.A. constituye este tipo de empresas o sociedades del Estado, que como se dijo, constituyen una entidad distinta de éste, con patrimonio y personalidad jurídica propia, por lo que no le asiste razón a la recurrente en su pretensión de considerar que su actividad se realizó sobre inmueble propio.
VI. Que sentado lo que antecede corresponde analizar si procede la aplicación del régimen especial establecido en el art. 23 de la ley del gravamen.
En lo que aquí interesa, dicho precepto dispone que “Cuando la contraprestación por hechos imponibles previstos en el inciso a) del artículo 3º comprenda una concesión de explotación, la base imponible para la determinación del débito fiscal será la suma de ingresos que perciba el concesionario, ya sea en forma directa o con motivo de la explotación, siendo de aplicación las exclusiones que al concepto de precio neto gravado se instituyen en esta ley…”.
Del texto transcripto puede deducirse que el hecho jurídico económico receptado queda conformado cuando una persona le encarga a otra la construcción de una obra sobre un inmueble –de su propiedad- pactando como contraprestación la explotación de esa obra u otra obra. En ese supuesto, será aplicable -tanto respecto del hecho imponible como de su nacimiento y determinación de créditos y débitos fiscales-, el régimen especial previsto en el artículo 23.
“El concesionario efectúa el trabajo de la construcción y recibe como contraprestación el derecho a usufructuar ese lugar u otro por un término estipulado en el cual realizará una actividad alcanzada por el impuesto. Es decir, para estar comprendido por el régimen especial previsto en el artículo 23 se deben dar los siguientes requisitos: 1) Un contribuyente realiza trabajos en general sobre inmueble ajeno, hecho alcanzado por el artículo 3, inc. a), de la norma; 2) Recibe como contraprestación por el trabajo la concesión de explotación de un servicio o locación…” (Diez, Humberto P., Impuesto al valor agregado, Errepar, Buenos Aires, 1997, pág. 488 y sgtes.)
De lo expuesto, claramente, uno de los principales elementos que resultan necesarios para viabilizar la aplicación del régimen especial bajo examen, es que la realización de la obra sobre inmueble ajeno se retribuya con una concesión de explotación. Es decir, el objeto principal del contrato debe consistir en la construcción de una obra sobre un inmueble ajeno que se remunera con la concesión de explotación.
VII. Que bajo ese contexto debe analizarse la operatoria bajo examen.
Mediante Decreto 102 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de fecha 30 de enero de 2002, se otorga a “Autopistas Urbanas S.A.” el carácter de concesionaria del mantenimiento y la administración de las Autopistas 25 de Mayo (AU1), Perito Moreno (AU6), Occidental (AU 7) y 9 de Julio Tramo Sur (AV 1), por el plazo de cinco (5) años, contados a partir del 1 de Mayo de 2002 (conf. art. 1). A su vez, el artículo 2, dispone que se autoriza a “Autopistas Urbanas S.A. a explotar por si o a subconcesionar los espacios genéricamente denominados bajos de Autopistas correspondientes a las Autopistas enumeradas en el artículo precedente, quedando comprendidos en tal concepto los terrenos contiguos excedentes de expropiación…”. Por su parte, el artículo 3 enuncia “Retribúyese a Autopistas Urbanas S.A. con el quince por ciento (15%) del producido resultante de la explotación comercial de los bajos autopistas, en concepto de resarcimiento por gastos de administración, conforme los términos del artículo 2º del Decreto 408/97”. Con fecha 11 de septiembre de 2002, se dicta el Decreto 1162 mediante el cual se modifica el artículo 1 del citado Decreto 102/02, que ahora reza: “Otórgase a Autopistas Urbanas S.A. el carácter de concesionaria de la explotación, mantenimiento y administración de la red formada por las ….. por el plazo de cinco (5) años contados a partir del 1 de Mayo de 2002…”.
En lo que aquí interesa, el artículo 4 del decreto 1162/02 dispone que “Autopistas Urbanas S.A. recaudará por cuenta propia los ingresos en concepto de peaje de la red concesionada, y por el producido de las subconcesiones de los denominados bajos de autopistas y terrenos contiguos excedentes de expropiación”. A su vez, el artículo 5 obliga a la recurrente a “…realizar, como condición para mantener la concesión acordada, la ejecución de obras, prestación de servicios o provisión de bienes, dispuestos en el artículo 1º del Decreto Nº 408/97, modificado por el Decreto 524/02 de conformidad con las pautas que a tal efecto establezca la Secretaría de Obras y Servicios Públicos”.
Como complemento el artículo 6 aclara que “El porcentaje de canon que no sea afectado por Autopistas Urbanas S.A. de conformidad con lo establecido en el artículo 5…deberá ser liquidado y depositado en el día en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires en las cuentas a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitadas al efecto”.
Por su parte, mediante el Decreto Nº 149/2003 del GCBA se otorga a la recurrente “la concesión para la explotación, mantenimiento y administración de la Autopista 9 de Julio Tramo Norte…” y se establece que “La contribución de peaje que deben abonar los usuarios por el uso de las vías concesionadas …es el equivalente al 25% de los montos establecidos en el cuadro tarifario…”. (los párrafos destacados son propios).
De la normativa transcripta, que otorga el marco regulatorio de la concesión sub examine, entiendo que no surgen los elementos que tornen viable la aplicación del régimen especial establecido en el artículo 23 de la ley del gravamen, de acuerdo con la interpretación que de dicho régimen se efectúa en el Considerando VI.
En efecto. Es indudable que la concesión otorgada es a efectos que la concesionaria explote, mantenga y administre una red de autopistas definidas en las diferentes normas, debiendo abonar como contraprestación un canon equivalente al 70% o 75% -según el caso- de lo recaudado. Dicho canon, puede cancelarse en efectivo o mediante obras, lo que queda palmariamente demostrado a la luz de lo que específicamente dispone el artículo 6 del Decreto 1162/02, en tanto ordena que en caso de que el canon no sea absorbido por las obras realizadas, deberá depositarse en las cuentas que a tal efecto, tenga el Gobierno de la Ciudad en el Banco de la Ciudad.
Ello así, dicha operatoria no encuadra –como se dijo- en el mencionado artículo 23 en tanto no puede afirmarse que el objeto de la contratación sea la realización de una obra sobre inmueble ajeno que se retribuye con la concesión de explotación. La realización de las obras es una obligación secundaria que se impone a la concesionaria, condición para la continuación de la concesión en tanto se dirige al mantenimiento de la red vial y bajo autopistas concesionada, pero no es el objeto principal de la concesión, que sigue siendo la explotación. Asimismo, y aun a riesgo de reiterar lo ya dicho, la concesionaria debe abonar un canon y puede hacerlo en especie o en efectivo. De allí no puede concluirse, como lo hace la actora, que el objeto principal de la contratación sea la ejecución de las obras y que estas son retribuidas mediante la concesión de explotación. Finalmente, considero oportuno recordar un precedente de la Alzada, en el que analizando un caso análogo al de autos, arribó a idéntica conclusión pues se señaló que el artículo 23 de la ley del IVA no resultaba aplicable, pues el objeto principal de la concesión era la prestación del servicio público de transporte de pasajeros y secundariamente se obligaba a la empresa a realizar ciertas obras necesarias para atender el flujo de pasajeros (C.NFED.CONT. ADM., Sala V, AA 2000 S.A. c/Estado Nacional”, 26/2/2003 y más recientemente, la misma Sala, en AA 2000 C/Estado Nacional, 26/2/2013).
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso y rechazar el recurso de repetición intentado. Con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
A mayor abundamiento, cabe traer a colación el fallo -por mayoría- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos "Consorcio de Empresas Mendocinas Potrerillos S.A. (TF 24.929-I) c. DGI " (Fallos: 340:1513), del 31/10/2017, en cuyo Considerando 11 se expone el criterio aplicado por la vocal preopinante: "no cabe considerar al caso sub examine en el supuesto de, contraprestación por la ejecución de obras sobre inmueble ajeno comprendida en una concesión de explotación al que alude el art. 23, primer párrafo, de la ley de IVA, pues la finalidad del contrato examinado no es retribuir … la realización de los trabajos comprendidos en el art. 3°, inc. a, de la ley citada, sino que su ejecución es una condición para cumplir con el objeto del contrato, que consiste en la prestación del servicio público concesionado."
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución venida en recurso y rechazar el recurso de repetición intentado. Con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 59 del RPTFN, por encontrarse en uso de licencia el Vocal Titular de la Vocalia de la 3era Nominación.. Regístrese, notifíquese, y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos al Fisco Nacional.
Date: 2021.08.27 12:55:48 -03:00 Date: 2021.08.27 15:09:01 -03:00 Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.08.27 15:09:02 -03:00
Fin de la sentencia