Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 173824
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la accionante el 21-12-2021 y, en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de incompetencia dictada el 14-12-2021. En atención a la forma en que se resuelve la cuestión planteada, las costas de Alzada se imponen por su orden (art. 68 2° párr. CPCCBA), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
CÁMARA DE APELACIÓN CIVIL Y COMERCIAL - SALA SEGUNDA.
EXPEDIENTE N° 173824. JUZGADO DE FAMILIA N ° 3.
"C. G. B. C/ C. D. E. S/ AUTORIZACION JUDICIAL".
Los presentes autos caratulados: “C. G. B. C/ C. D. E. S/ AUTORIZACION JUDICIAL” , traídos a despacho para resolver el recurso de apelación deducido por la parte actora el 21-12-2021, contra la resolución dictada el 14-12-2021.
I. En el auto atacado, la Sra. Jueza declaró la incompetencia de su juzgado para entender en los presentes obrados, y la declinó a favor del Juzgado de Paz de Coronel Rosales con asiento en Punta Alta, departamento judicial de Bahía Blanca.
Para así decidirlo, argumentó en base a la existencia de los autos “C. G. B. c/ C. D. E. s/ Cuidado Personal de hijo” (expte. 54666/2018), radicados ante la mencionada dependencia judicial.
Sostuvo que allí se homologó el acuerdo al que arribaran los progenitores sobre cuidado personal compartido bajo la modalidad indistinta en relación a los niños Enzo Matías y D. E. Gabriel C..
Indicó que la vía idónea para resolver el conflicto familiar que se ventila es la incidental, que guarda íntima relación con el cuidado personal y que habiendo intervenido otro juez, dicha sentenciadora no resultaba competente para decidir sobre el planteo de autorización judicial.
Citó doctrina y jurisprudencia referida a la conveniencia de concentrar ante un solo tribunal todas las cuestiones que se originen a partir de un mismo grupo familiar.
Fundó que la solución era eminentemente práctica: si el órgano conoce a la familia con problemas, posee mayores elementos para decidir una cuestión nueva.
II. En los fundamentos vertidos en idéntica pieza, la apelante se agravia de la declaración de incompetencia basada en la existencia de los antecedentes radicados ante el Juzgado de Paz Letrado de Coronel Rosales.
Reprocha la falta de consideración del principio constitucional del interés superior del niño, por cuanto no se ha valorado que sus hijos residen en Mar del Plata, lugar donde aquellos tienen su centro de vida (art. 716 CCyC).
Indica que no se ha tenido en cuenta el principio de inmediatez a los fines del debido resguardo de los derechos de los menores. Aduce que sus hijos asisten a la escuela primaria N° 6 Gral. Mitre (D. E. a 1° B y Enzo Matías a 4° B) -conforme las constancias de alumno regular acompañadas con la demanda- y tienen domicilio registrado de esta ciudad –Boulevard Marítimo 2465 5°D; ver DNI-.
Sostiene que dada la cercanía, el juzgado de familia local es el que mejor puede resguardar sus derechos.
III. El recurso prospera.
1. A fin de resolver la cuestión planteada será necesario partir del concepto de superior interés del menor, definido como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley” (art. 3 ley 26.061) y que, de acuerdo al inc. “f”, debe respetar su centro de vida , esto es, “el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia”, directiva ésta que, a criterio de la Corte bonaerense, prevalece no solamente en las cuestiones de fondo sino también en materia de competencia: es la residencia del niño el eje a tener en cuenta para determinar el juez competente (SCBA, C. 117.874 del 11-6-2014; en igual sentido, esta Sala en causas 155.750 RSI-4-14 del 6-2-2014; 158.401 RSI-65-15 del 5-3-2015; entre otras).
Las normas sobre competencia requieren ser interpretadas actualmente con una perspectiva diferente al régimen anterior a la reforma constitucional de 1994. La Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto destaca la idea de sujeto de derechos y en su condición de persona, requiere una individualización autónoma e independiente de sus representantes legales, sin perjuicio de su condición de incapaz y, como tal, sujeto a la representación legal. Se desplaza el centro de imputación: es el niño quien debe indicar el eje a tener en cuenta para determinar su domicilio legal, sin perjuicio del que tienen sus representantes legales. El punto de conexión debe ser su “centro de vida”, el lugar de su residencia habitual (Solari Néstor E., comentario a fallo en LL-2007-B, 623; esta Sala, en autos “Osenda, D. Matías c/ Di Costanzo, Betiana Melisa s/ Plan de parentalidad” , expte. 162.479, sentencia del 23-5-2017).
2. En este contexto, entendemos que Mar del Plata es el centro de vida de los niños Enzo Matías (10) y D. E. Gabriel (7), ya que constituye el lugar donde se encuentran residiendo junto a su progenitora desde hace varios meses (v. domicilio registrado en los DNI desde el mes de marzo del corriente año en la calle Boulevard Marítimo 2465 5° “D”; autorización de viaje acompañada con la demanda del 15-7-2021).
Cabe destacar que conforme se desprende de las constancias de alumno regular de fecha 3-8-2021 anexadas con igual presentación, los menores concurren a la escuela primaria n° 6 “Gral. B. Mitre” del distrito de General Pueyrredón.
Desde esta óptica, consideramos que resulta competente el juzgado de familia del centro de vida de los pequeños para intervenir en lo relativo a la autorización judicial para su custodia durante el lapso en que su madre se encuentre imposibilitada de hacerlo (por los motivos laborales alegados), así como en toda otra cuestión vinculada con la protección o tutela integral de sus derechos. Máxime, cuando no observamos que existan razones legales que justifiquen el desplazamiento de la competencia, que debe entenderse establecida en el superior interés de los menores de edad (art. 3 y concds. CDN; Corte IDH, en el caso "Ramírez Escobar y ot. vs. Guatemala", sentencia del 9-3-2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs.152, 195, 196, 215, 250, 257 y 262; esta Sala, en autos "Parize, Constantino s/ Autorización judicial” , expte.170.158, sentencia del 17-9-2020).
Debe tenerse presente que, según lo previsto por el art. 716 del CCyC, en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida, directiva ésta que concurre, junto con otras, a delinear el contenido y alcance de su interés superior (art. 3 CDN).
A su vez, como paso previo, resulta vital que se escuche a los niños, quienes se hallan involucrados en una problemática de adultos que no les pertenece (art. 707 CCyC).
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su art. 12, el derecho del menor a ser oído en función de su edad y su madurez, es decir, teniendo en cuenta su capacidad progresiva.
Repárese que, a fin de analizar su opinión existen elementos que deben ser valorados, tales como su edad, sin determinación estricta. A mayor edad, se presume mayor capacidad de objetividad y discernimiento y la interrelación entre el "interés superior" y su deseo, los que fácilmente podrían entrar en colisión con los intereses de sus progenitores.
Dicha cuestión reviste particular importancia en los procesos relativos a la problemática familiar (cuidado personal, régimen de comunicación, conflictos sobre el ejercicio de la responsabilidad parental, etc.).
En realidad, el niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, no influenciado por otras personas, más que oído debe ser escuchado, y esto implica que el juez deberá considerar la opinión vertida al tomar una decisión que lo involucre, logrando de esta manera que sea considerado como un verdadero sujeto de derecho.
Luego de que los menores sean escuchados, la magistrada podrá pronunciarse en relación a la autorización requerida, encaminada a decidir su cuidado hasta tanto su madre pueda volver a detentarlo.
Finalmente, destacamos el dictamen del Sr. Defensor Oficial subrogante a cargo provsioriamente de la Asesoría de Incapaces n° 3 departamental, emitido en el día de la fecha y en igual sentido (art. 38 ley 14.442).
Por lo demás, observamos la existencia de una denuncia por violencia familiar también de trámite ante el Juzgado de Familia N° 3 departamental, en la que el 17-11-2021 se dictó una medida de restricción de acercamiento entre ambas partes hasta el 1-6-2022 (v. aclaratoria del 9-12-2021, expte. 50040/2021, visto en la MEV), cuestión que también deberá ser ameritada al momento de resolver la pretensión de fondo.
Por las razones consideradas, concluimos que más allá de la existencia de los antecedentes descriptos de trámite ante el Juzgado de Paz de Coronel Rosales, en esta causa debe intervenir la jueza del fuero de familia local, por encontrarse en el lugar de mayor cercanía con los niños involucrados (esta Sala, en autos “Rodríguez, José Luis c/ Pueblas, Elsa Noemí s/ Cuidado Personal de hijos” , expte. 171.907, sentencia del 3-6-2021). Por ello, citas legales, doctrina y jurisprudencia reseñada y lo normado por los arts. 3 y 12 CDN; arts. 706, 707, 716, y concds. del CCyC; 34, 36, 161, 242 y concds. del CPCCBA
RESOLVEMOS :
I. Hacer lugar al recurso de apelación articulado por la accionante el 21-12-2021 y, en consecuencia, dejar sin efecto la declaración de incompetencia dictada el 14-12-2021. En atención a la forma en que se resuelve la cuestión planteada, las costas de Alzada se imponen por su orden (art. 68 2° párr. CPCCBA), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14.967).
III. REGISTRESE. Devuélvanse los autos sin más trámite al juzgado de origen con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCBA).
En Mar del Plata, se procede a firmar digitalmente la presente resolución conforme la acordada 3975/20 de la SCBA.
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2021 12:07:15 - MONTERISI Ricardo Domingo - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 12:08:22 - LOUSTAUNAU Roberto Jose - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2021 12:10:30 - FERRAIRONE Alexis Alain - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 27/12/2021 12:10:52 hs. bajo el número RR-234-2021 por Ferrairone Alexis Alain.
Fin de la sentencia