Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala II · Causa 12907
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara desierto el recurso de apelación interpuesto con fecha 16 de mayo de 2023 por el Sr. Gustavo Cristian Greco.
Costas de Alzada , al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
Causa Nº MO-12907-2021
En la fecha impuesta al pie de la presente, celebrando Acuerdo en los términos de los arts. 5, 7 y 8 de la Ac. 3975 de la SCBA, los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial de Morón, Doctores José Luis Gallo y Andres Lucio Cunto , con la presencia del Sr. Secretario, Dr. Gabriel Hernán Quadri y utilizando para suscribir la presente sus certificados de firma digital, para pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: "C. A. V. C/ G. G. C. S/ AUTORIZACION JUDICIAL Causa N º MO-12907-2021" habiéndose practicado el sorteo pertinente -arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires- resultó que debía observarse el siguiente orden: GALLO-CUNTO resolviéndose plantear y votar la siguiente:
C U E S T IÓ N
¿Corresponde declarar desierto el recurso de apelación interpuesto?
V O T A C IÓ N
A LA CUESTIÓN PROPUESTA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR GALLO, dijo:
I. En orden a dar respuesta a la cuestión planteada es dable recordar que esta Sala ha sustentado reiteradamente que es imprescindible, a los efectos de abrir la posibilidad revisora de los Tribunales de Alzada, que el apelante exponga claramente las razones que a su juicio tornarían injusta la solución adoptada por el Juzgador de la instancia anterior, a cuyo fin debe proveer a la instancia revisora de argumentos contrapuestos a los invocados por el Juzgador, para poder cotejarlos y así ponderar el error de juzgamiento, que -en el caso concreto- se atribuye al sentenciante (conf. Causas nros. 24.783, R.S. 178/90; 27.537, R.S. 74/92; 31.702, R.S. 147/94, entre otras).
El embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum , hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada.
Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo (Causa nº 22.242, R.S. 44/89).
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Para tener por satisfechos los fines legales de dicho escrito, deben concretarse punto por punto los déficit fundamentales que se atribuyen al fallo atacado, ya sea en la aplicación del derecho o, en su caso, en la apreciación de los hechos y su prueba (conf. Hitters en "Técnica de los Recursos Ordinarios", págs. 442/446).
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
La ley requiere así, con la finalidad de mantener el debate en un plano intelectual antes que verbal, que la crítica dirigida a la sentencia sea concreta, lo cual significa que la parte debe seleccionar del discurso del Magistrado aquel argumento que constituya estrictamente la idea dirimente y que forme la base lógica de la decisión. Efectuada esa labor de comprensión, incumbe luego a la parte la tarea de señalar cual punto del desarrollo argumental mismo ha incurrido en una errata a sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica, que llevara al desacierto ulterior concretado en la sentencia (Cám. Nac. Com., Sala D, 24/4/84, L.L. 1.985, v. A, p. 309; esta Sala, Causa nº 31.349, R.S. 52/94).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación del quejoso en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados; ni aun aplicando un criterio de suma elasticidad, en resguardo a ultranza del derecho de defensa de las partes (arts. 18 Const. Nac., 15 Const. Pcial.), sortea el umbral de técnica recursiva que posibilita la apertura de la segunda instancia.
Es que una cosa es que en caso de duda nos inclinemos por considerar técnicamente suficiente la argumentación recursiva y otra, bien diversa , es que sustituyamos la actividad de la parte e ingresemos en el análisis de cuestiones acerca de las cuales no existe ni siquiera un mínimo de crítica técnicamente computable.
En tales casos no solo arrasaríamos con las normas procesales de los arts. 260 y 261 del C.P.C.C. sino que también, al asumir incumbencias propias de las partes (y fundamentalmente de su asistencia técnica, arts. 56 C.P.C.C.) , quebraríamos el trato isonómico e igualitario que debemos dispensar a ambos litigantes (art. 34 inc. 5º ap. c C.P.C.C.) por mandato constitucional (arts. 16 Const. Nac., 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás normas concordantes).
II. En primer lugar, surge de la lectura de la resolución apelada que la sentenciante ha resuelto sobre la autorización de viaje y residencia en el país extranjero de la niña V. (7 años) junto a su mamá la Sra. C. basándose para tomar dicha decisión en las pruebas de autos, haciendo mención a las evaluaciones psicológicas de ambas partes de fecha 20 de agosto de 2021, a los informes elaborados por los terapeutas particulares de la niña y el Sr. G., como a la prueba testimonial (ver actas de fecha 19 de noviembre de 2021).
A ello agrega el contacto con la niña V. a través de la entrevista con el Equipo profesional de fecha 20 de septiembre de 2022 y posteriormente con la Sra. Jueza en fecha 27 de septiembre de 2022, dejando concretamente expuesto que pondera su interés superior como eje rector de la decisión.
En segundo lugar, de la detallada lectura de la presentación del recurrente de fecha 16 de mayo de 2023 surge que el mismo expresa al inicio que apela la resolución de fecha 11 de mayo que hace lugar a la autorización de viaje y residencia en Italia pero al momento de expresar sus agravios refiere que dicha decisión no garantiza su comunicación y el contacto con la niña " de forma virtual por internet ", que le prohíbe desempeñar su rol parental, que la aleja de su familia paterna, que no se resguarda la comunicación, que no se previó una revinculación virtual, que hace dos años está intentando la revinculación presencial, que hace cinco años no ve a la niña V., que no se asegura la revinculación y regularidad del contacto, expresando textualmente que "... La sentencia se dictó con la finalidad de apartar al Sr. G. de su hija prescindiendo de un régimen de comunicación entre ambos. En virtud de lo expuesto, solicito se revoque el decisorio en crisis en el sentido aquí aludido ".
Es decir que el recurrente expone cuestiones sobre el derecho de comunicación y posible revinculación que no resulta ser el objeto de las presentes actuaciones, ello conforme el marco de la demanda interpuesta y el pedido de autorización allí expuesto, por lo cual nada se ha resuelto respecto de dicho derecho en la resolución que aquí llega apelada.
Es más el recurrente no hace mención a ningún elemento de los que la sentenciante ha tenido presente para resolver la presente cuestión, sin expresar nada referido a la autorización de viaje y residencia concretamente, ni siquiera se expresa sobre el interés superior de su hija V. y la escucha que se ha hecho en autos sobre sus deseos.
Asimismo menciona cuestiones sobre el trámite de una audiencia a llevarse a cabo en el trámite de cuidado personal y sobre el vencimiento de la medida cautelar en el proceso de exclusión de hogar que en nada conmueven el decisorio de autos.
A mayor abundamiento, cabe mencionar que anteriormente, con fecha 29 de septiembre de 2022 el Sr. G. solicitó una revinculación con su hija en el presente expediente y claramente el Juzgado de Origen resolvió "... En atención al objeto del presente proceso "AUTORIZACION JUDICIAL", a lo pedido, ocurra el peticionante por la vía y forma correspondiente " (ver auto de fecha 3 de octubre de 2022), cuestión que aquí vuelve a suceder.
Entonces, por tales razones, no habiéndose satisfecho -siquiera mínimamente- la carga del art. 260 del CPCC -conforme también lo solicitara la parte actora en su contestación de traslado de fecha 2 de junio de 2023- y sin perder de vista la postura asumida por la Asesoría interviniente en sus dictámenes de fecha 13 de febrero de 2022 y 4 de julio de 2023, deberá declararse desierto el recurso de apelación interpuesto, con imposición de las costas de alzada al apelante vencido (art. 68 del cpcc).
III. Si mi propuesta es compartida se deberá declarar desierto el recurso de apelación interpuesto, con imposición de las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del cpcc).
Lo expuesto me lleva a votar en la cuestión propuesta por
LA AFIRMATIVA
A la misma cuestión, el Señor Juez Doctor CUNTO por iguales consideraciones y fundamentos a los expuestos precedentemente, adhiere votando en el mismo sentido que el Doctor GALLO
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
AUTOS Y VISTOS : CONSIDERANDO : Conforme al resultado obtenido en la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto con fecha 16 de mayo de 2023 por el Sr. Gustavo Cristian Greco.
Costas de Alzada , al apelante vencido (art. 68 del CPCC).
REGÍSTRESE
NOTIFÍQUESE EN LOS TÉRMINOS DEL Ac. 4013/21, MEDIANTE RESOLUCIÓN AUTONOTIFICABLE A LOS DOMICILIOS CONSTITUIDOS POR LAS PARTES.
DEVU ÉLVASE SIN MÁS TRÁMITE.
ATENTO HABERSE ELEVADO ELECTRÓNICAMENTE LAS ACTUACIONES, SE LAS DEVUELVE EN EL MISMO FORMATO, RADICÁNDOLAS EN ESTE ACTO.
Firmas
Funcionario Firmante: 29/08/2023 09:47:10 - CUNTO Andres Lucio - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2023 10:37:30 - GALLO Jose Luis - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2023 10:39:03 - QUADRI Gabriel Hernan - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS el 29/08/2023 10:39:04 hs. bajo el número RS-327-2023 por QUADRI GABRIEL HERNAN.
Fin de la sentencia