Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 4182
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar el decisorio de grado. En consecuencia, autorizar el traslado de los restos mortales del Sr. Oscar Alfredo Motta, desde la ciudad de San Nicolás a Pergamino, para ser sepultados en el cementerio privado indicado por la solicitante, todo a su cargo.
Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68/9 CPCC).
Regular los honorarios de la Dra. Mariana Inés González Villar por su labor en segunda instancia meritando la expresión de agravios presentada electrónicamente el 10-3-2021, y la complejidad y novedad jurídica del planteo realizado, en la suma equivalente a cuatro (4) jus de unidad arancelaria (arts. 15, 24, 31 y ccs. Ley 14.967).
Registro N° 44 /2021
Fojas 214/217
En la ciudad de Pergamino, el 20 de Abril de 2021, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 4182-21 caratulados "ROMERO MONICA YANINA S/ AUTORIZACION JUDICIAL", Expte. N° 20862 del Juzgado de Familia N° 1, encontrándose el Dr. Bernardo Louise excusado el día 13/04/2021, se ordenó la integración de este Tribunal y se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿ Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia no hizo lugar a la solicitud de autorización judicial solicitada por la Sra. Mónica Yanina Romero, en relación al traslado de los restos mortales del Sr. Oscar Alfredo Motta desde la ciudad de San Nicolás a Pergamino. Ordenó, una vez firme tal decisión, el archivo de las actuaciones. Impuso las costas en el orden causado y en consecuencia reguló los honorarios de las letradas intervinientes.
Tal decisorio fue objeto del recurso de apelación por la parte actora mediante el escrito electrónico de fecha 01/02/2021, concedido libremente el día 05/02/2021. Con fecha 09/03/2021 se ordenó expresar agravios a la actora, los que fueron fundados el día 10/03/2021. Con fecha 16/03/2021 se ordenó el traslado a la contraparte. El día 08/04/2021 no habiendo la parte demandada evacuado el traslado conferido, se le dio por perdido el derecho dejado de usar y se llamó autos para dictar sentencia, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.
Se duele la quejosa contra el decisorio que desestima la autorización para disponer de los restos mortales de quien en vida fuera su concubino, achacando una errónea interpretación del art. 61 del CCCN ,en tanto se le otorgó la facultad de decidir a la Sra. Caballero, quien se encontraba separada de hecho del causante desde hacía más de una década, y contra la cual se había iniciado un trámite de divorcio contencioso.
Desconoce el fallo que la quejosa convivía con el fallecido en aparente matrimonio desde el año 2002 y que de esa unión nacieron dos hijas, acompañándose informaciones sumarias. La coincidencia en el último domicilio registrado tanto en su DNI como en la partida de defunción y la disposición de la Caja de Policía quien reconoce y otorga pensión a la Sra. Romero por fallecimiento de su concubino, mediante ley 23.750.
Afirma que la doctrina ha interpretado de igual modo el orden de prelación establecido por el art. 61 del CCCN poniendo al cónyuge y conviviente en el mismo lugar, citando fallo de doctrina en ocasión de referirse el mismo a la ley de trasplante de órganos y señalando que si el conviviente puede decidir sobre un tema tan delicado como lo es la ablación de órganos, no tendría sentido que careciera del derecho de disponer de los restos mortales de quien en vida fue su compañero y con quien compartió sus últimos años y deseos.
Entrando a resolver, la causa exhibe un prolijo trámite encausado por el Juez de Familia, habiéndose colectado mediante oficio al Registro de Actos de Autoprotección a fs. 34 el informe negativo del mismo a nombre del fallecido, así como también se llevó a cabo una audiencia de conciliación con los restantes herederos forzosos que dio resultado negativo y se tuvo por reconocida la prueba documental por ambas partes que refiere a la existencia del Expte Nro 25.656 que da cuenta del divorcio contradictorio entre el causante y doña Elsa Caballero ante el Juzgado de Familia Nro. 1 de San Nicolás, donde no se dictara sentencia de divorcio sino que los autos quedaron para resolver.
La decisión tomada por el Juez se circunscribe básicamente sobre la aplicación del art. 61 del CCCN en tanto establece un orden de prelación para la disposición del cadáver, encontrando en la letra de la ley la solución que consagra, y si bien aparece motivada su decisión no la comparto, propiciando una solución distinta.
Hay que partir de la premisa que el culto a los muertos es un hecho jurídicamente tutelado y los parientes gozan del derecho de custodiar sus restos y de perpetuar su memoria.
En tal sentido se ha dicho que "El respeto a la memoria de los muertos constituye uno de los aspectos de la solidaridad humana. Hay un vínculo existente paradójicamente a pesar de la muerte, entre los vivos y los que ya fallecieron. El respeto a los restos mortales también descansa en las creencias de los sobrevivientes en cuanto al destino post mortem del fallecido. No hay como negar que la muerte de un individuo afecta directamente la vida así como la situación jurídica de otros individuos, en especial sus familiares". (SCBA, B53499, voto del Dr. de Lázzari).
Y en el mismo sentido "Estando en juego la desaparición de los restos mortales cobra vigor el sentimiento de respeto a los difuntos, y el derecho de los deudos a depositar y mantener en lugar adecuado el cadáver, habiéndose creado, con ese objetivo, la institución de los cementerios". (SCBA B 53499, voto del Dr. Genoud).
Estos conceptos sociológicos han de vincularse necesariamente con el aspecto normológico, estando vigente la regla que dice textualmente que "La persona plenamente capaz puede disponer, por cualquier forma, el modo y las circunstancias de sus exequias e inhumación, así como la dación de todo o parte del cadáver con fines terapéuticos, científicos, pedagógicos o de índole similar. Si la voluntad del fallecido no ha sido expresada, o ésta no es presumida, la decisión corresponde al cónyuge, al conviviente y en su defecto a los parientes según el orden sucesorio, quienes no pueden dar al cadáver un destino diferente al que habría dado el difunto de haber podido expresar su voluntad" (art. 61 CCCN).
Con el informe negativo del Registro de Autoprotección surge claro que el propio causante no dejó disposición expresa sobre este tema, por tanto su voluntad podrá presumirse. Esa presunción consiste en inferir su voluntad, interpretarla a través de los actos, sus comportamientos y sus decisiones desarrollada durante toda la vida.
Si esa voluntad no pudiere presumirse, entonces en ese caso corresponde al cónyuge al conviviente y en su defecto, a los parientes según el grado sucesorio, quienes al disponer no pueden dar al cadáver un destino diferente al que hubiere dado el difunto de haber podido expresar su voluntad.
Más en este caso concreto he alcanzado la convicción (arts. 384, 386 y ccs. del CPCC y su doctrina) que la solución se logra, no acudiendo a la segunda premisa contenida en la ley (es decir teniendo que elegir sobre la voluntad de la cónyuge o de la conviviente) sino en la primera: esto es la posibilidad de presumirla, existiendo numerosos elementos que posibilitan este ejercicio.
En efecto, las constancias de la causa dan cuenta que el occiso estaba en pareja con la ahora peticionante, unión de la cual habían nacido dos hijas en el año 2005 y 2008, que databa del año 2003 hasta su muerte acaecida en esta ciudad en fecha 18/12/2016, que el domicilio de este grupo familiar era en calle Balboa 1247 de Pergamino (todo ello surge probado de la información sumaria, certificado de convivencia extendido por el Juzgado Civil y Comercial Nro 2 de Pergamino, partidas de nacimiento de las dos hijas de la pareja, partida de defunción del causante, y compra de un nicho en el Cementerio Parque La Merced de Pergamino, documental toda reconocida en la causa).
No puede negarse que el occiso tenia una unión convivencial con la peticionante, con los lazos y el afecto que ello implica, y que la misma lo acompañó hasta su muerte.
También frente a esta realidad se encontraba su pasado, es decir aquella cónyuge que aún persistía en un vínculo legal porque no se había dictado una sentencia de divorcio, pero que el mismo estaba tramitando en la ciudad de San Nicolás de modo contencioso, como surge de la prueba instrumental y de la admisión de los litigantes.
Si bien no quedó perfeccionada la disolución del vínculo matrimonial (falta del dictado de la sentencia respectiva), no puede estar por sobre la realidad que se demostró desde el año 2003 hasta su muerte: que el occiso había conformado otra familia con la peticionante, y que tenían dos hijas, residiendo en Pergamino en los últimos 16 años.
De estos datos probados estimo que puede inferirse la voluntad del causante, de que sea justamente quien fuera su conviviente y madre de sus dos hijas, quien decidiera donde descansaban sus restos: en la ciudad donde vivía y donde pasó los últimos años de su vida junto a ellas.
No podría ser una objeción la voluntad contraria expresada por los otros hijos del anterior matrimonio, porque además de estar en otro orden de prelación, también podría pensarse que las dos niñas menores fruto de su última pareja, tienen también el derecho de visitar a su progenitor en la ciudad de Pergamino, puesto que era el domicilio en que residían cuando lo alcanzó la muerte, con el agravante que son menores de edad y que en este caso la cercanía es un factor para poder rendirle culto sin trasladarse.
"El derecho de custodia de los despojos mortales, reposa sobre la presunción de una mayor aproximación afectiva de los parientes más cercanos, que justifica el mejor derecho para rendirle el tributo a las honras fúnebres. Pero es sólo preferencial y relativo, de modo que puede desplazarse a otro pariente por decisión judicial cuando existan motivos especiales. " (CC0000 PE, C 978 RSD-39-95 S 10-5-1995, JUBA B2800383).
Por otro lado también se acreditó la compra de un nicho en un Cementerio privado de la ciudad de Pergamino, donde los restos podrán descansar, en un marco de naturaleza y paz, condiciones que en lo general brindan estos lugares privados, que además será solventado por la peticionante.
La pretensión deducida se apontoca entonces sobre un derecho personalísimo, jurídicamente tutelado, digno de la mayor consideración en nuestra sociedad, absolutamente entendible en punto al ritual y veneración de los difuntos, por lo que propongo el acogimiento del recurso traído y la modificación total del decisorio del Juez de Familia, ordenándose el acogimiento de la petición con cargo de informar la reclamante el lugar exacto de la sepultura de los restos mortales de Oscar Alfredo Motta.-
Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado,
VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar el decisorio de grado. En consecuencia, autorizar el traslado de los restos mortales del Sr. Oscar Alfredo Motta, desde la ciudad de San Nicolás a Pergamino, para ser sepultados en el cementerio privado indicado por la solicitante, todo a su cargo.
Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68/9 CPCC).
Regular los honorarios de la Dra. Mariana Inés González Villar por su labor en segunda instancia, meritando la expresión de agravios presentada electrónicamente el 10-3-2021, y la complejidad y novedad jurídica del planteo realizado, en la suma equivalente a cuatro (4) jus de unidad arancelaria (arts.15, 24, 31 y ccs. Ley 14.967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.-
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar el decisorio de grado. En consecuencia, autorizar el traslado de los restos mortales del Sr. Oscar Alfredo Motta, desde la ciudad de San Nicolás a Pergamino, para ser sepultados en el cementerio privado indicado por la solicitante, todo a su cargo.
Imponer las costas de Alzada en el orden causado (art. 68/9 CPCC).
Regular los honorarios de la Dra. Mariana Inés González Villar por su labor en segunda instancia meritando la expresión de agravios presentada electrónicamente el 10-3-2021, y la complejidad y novedad jurídica del planteo realizado, en la suma equivalente a cuatro (4) jus de unidad arancelaria (arts. 15, 24, 31 y ccs. Ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 3845 SCBA) remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes que se detallan a continuación. Devuélvase.-
Fin de la sentencia