Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 123539
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" del reglamento aprobado por Acordada 4/2007).
C. 123.539 "DONDERO ERNESTO EDUARDO C/ VASTA JUANA CAROLINA S/ AUTORIZACION"
I. La accionada deduce recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que rechazó, por un lado, el de nulidad por haberse planteado agravios desestimados por el Tribunal en otros casos análogos y, por el otro, el de inaplicabilidad de ley, en atención a su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812, 279, 289 y 298, CPCC; v. "RESOLUCION REGISTRABLE" de 23-X-2019 y "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE" de 20-XI-2019 y su adjunto "csjn.pdf").
En el caso, y en lo que importa destacar, la Cámara interviniente confirmó el fallo del juez de primera instancia que, a su turno, hizo lugar a la acción incoada por Ernesto Eduardo Dondero contra Juana Carolina Vasta y, en consecuencia, autorizó la locación del inmueble objeto de marras (v. "INTERLOCUTORIO (CONCLUYE LA CAUSA)", de 1-III-2019 y "SENTENCIA DEFINITIVA", de 5-VII-2019).
II. En la vía ahora intentada, la impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, igualdad ante la ley, bilateralidad, propiedad, imparcialidad del juez, interés superior del niño y a ser oído (arts. 14, 16, 17, 18 y 75 inc. 22; 14.1, PDCyP; 8.1, CADH; 12, CDN; v. págs. 5 y 37/42, adj. cit.).
II.1. Cuestiona que esta Corte desechó -sin fundamentación suficiente- el remedio de nulidad al ponderar que los agravios que se denunciaron preteridos por el a quo no revestían el carácter de esenciales en los términos del Código de rito (v. págs. 37 y sigs., adj. cit.).
En tal sentido, afirma que la sentencia en crisis la colocó en una situación de indefensión, en tanto se limitó a alegar que se habían planteado agravios desestimados en otros casos análogos, sin especificar cuáles son ellos ni su correspondencia con el caso de autos. Y reitera los agravios vertidos en la vía local referidos a que las instancias anteriores en grado no valoraron los hechos y las pruebas por ella aportadas y, además, que el interés del hijo de ambas partes no fue tenido en cuenta en ningún momento del proceso (v. págs. 38 y sigs., adj. cit.).
II.2. Sostiene, por otro lado, que este Tribunal desestimó -arbitrariamente, según su entender- el recurso de inaplicabilidad de ley. Ello por cuanto, apartándose del derecho vigente y con escasos argumentos, estimó que el mismo se encontraba insuficientemente fundado. Así, concluye que el pronunciamiento atacado no constituyó un control adecuado de la cuestión -federal, según su modo de ver- por ella planteada. (v. págs. 39 y sigs., adj. cit.).
II.3. Finalmente, cita en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima aplicables al caso (Fallos: 318:189; 236:27; 319:2264; 308:980; entre otros; v. págs. 40/41, adj. cit.).
III. Ordenado el traslado previsto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (v. PROVEIDO, de 29-XI-2019), el mismo no fue contestado.
IV. Respecto al remedio interpuesto, cabe señalar que la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema establece la carga de refutar todos y cada uno de los fundamentos independientes que dan sustento al pronunciamiento apelado (art. 3, inc. "d").
En el caso, se advierte que la recurrente no ha cumplido con la mentada exigencia, en tanto los escuetos planteos ensayados se limitan, en rigor, a denunciar la arbitrariedad tanto de la sentencia atacada como las de las instancias anteriores en grado y a discrepar con el criterio fijado por este Tribunal para descartar los recursos intentados, reiterando cuestionamientos vertidos en los remedios locales que ya han merecido respuesta (v. "COPIA de ESCRITO EN PAPEL..." de 19-VIII-2019, pdf adj., págs. 6 y sigs. y "RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL - DEDUCE", adj. cit., págs. 37 y sigs.).
Y en dicha tarea soslaya rebatir -debidamente- las razones brindadas en la decisión en crisis, que destacan, por un lado, la inadmisibilidad de la vía anulatoria local, dado que no existió omisión de cuestiones esenciales sino un desplazamiento del abordaje del planteo relacionado con el objeto de la pretensión, en virtud del razonamiento efectuado por el a quo y que los argumentos eran extraños a la vía extraordinaria intentada pues reposaban sobre el mérito de la decisión. Por el otro, la insuficiencia técnica de la impugnación de inaplicabilidad de ley, por limitarse a discrepar con lo resuelto por el Tribunal de Alzada, desentenderse absolutamente de las normas legales actuadas (arts. 260 y 261, CPCC) y omitir acreditar el absurdo y la arbitrariedad denunciadas, así como la violación de las garantías constitucionales (v. "RESOLUCION REGISTRABLE", cit.).
En razón de ello, no habiéndose cumplido debidamente con el deber impuesto por el citado inc. "d" del art. 3 del referido Reglamento, la vía deducida deviene -como se adelantó- inadmisible.
V. Finalmente, cabe agregar que la simple denuncia de la doctrina de la arbitrariedad, así como la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (derechos de debido proceso y defensa en juicio; arts. 14, 16, 17, 18 y 75 inc. 22; 14.1, PDCyP; 8.1, CADH; 12, CDN; v. págs. 5 y 37/42, adj. cit.) no abastecen el recurso deducido, ya que tales referencias no constituyen razones facilitadoras del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA causas C. 120.738, "Caraceni", resol. de 31-V-2017; C. 122.527, "Caja de Seg. Soc. Prof. Ciencias Económicas", resol. de 21-XI-2018; C. 122.680, "González Rodríguez", resol. de 20-III-2019; C. 121.534, "Zubillaga", resol. de 16-X-2019; entre otros).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal interpuesto. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN; 3, inc. "d" del reglamento aprobado por Acordada 4/2007).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1, acápite 3."c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/06/2021 21:01:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/06/2021 18:23:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/06/2021 15:58:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/06/2021 16:41:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2021 14:30:27 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia