Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. N°8819/25 Sentencia: Definitiva Actor: Contreras Claudio Demandada: Fuandación Santa Cruz Sustentable Objeto: Laboral- Cobro de pesos Fecha: 07-07-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los siete días del mes de julio de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “CONTRERAS, Claudio c/ FUNDACIÓN SANTA CRUZ SUSTENTABLE s/ laboral-cobro de pesos” Expte. 36.406 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaría Nº1 con asiento en Caleta Olivia que ingresaran en la instancia bajo el Nº 8819. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio Humberto Eduardo Monelos, Griselda I. Bard y Horacio M.J. Fernández para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: Que pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que los Dres. Víctor Mártensen y Diego Eduardo Díaz en representación del Sr. Claudio Gabriel Contreras promueven, con el escrito de fs. 14/19, demanda laboral contra la Fundación Santa Cruz Sustentable por cobro de la liquidación final, indemnización art. 245 LCT, preaviso, integración mes de despido, SAC, vacaciones 2015, art. 2 ley 25323, multa art. 80 LCT más diferencias salariales, intereses y costas.
Hacen un relato de las circunstancias de la relación laboral de su representado, su ingreso en julio de 2011 hasta enero de 2012 fecha en que renunció, su reingreso en julio de 2013 hasta el 2 de diciembre de 2015 en que le comunicaron la desvinculación. Expresan que el actor al principio de la relación se desempeñó como supervisor y que al reingresar lo hizo como asesor del Sr. Daniel Enrique Sloper, interventor de la fundación. Explican que Contreras no se encontraba sujeto a horarios o permanencia en lugar alguno y que Sloper le abonaba los haberes en mano sin firma de recibo alguno.
Afirman que su representado fue despedido sin causa en diciembre de 2015 y que éste reclamó por telegrama del 03/03/2013 el pago de las indemnizaciones y entrega de la documentación del art. 80 LCT que fuera rechazado por la contraria. Refieren reclamo administrativo sin éxito que los lleva al reclamo judicial. Practican liquidación y fundan en derecho, ofrecen prueba y reservan el caso federal junto con el petitorio.
II. Que a fs. 52 obra el acta de la audiencia del art. 47 de la ley 1444 que tiene la particularidad de contener el lugar y la hora, mes y año en que se celebra y no indicar los participantes, pero ello estaría suplido con el registro digital de la audiencia.
A contestar la demanda se presenta el Dr. Ramiro Esteban Castillo que lo hace con el memorial que obra de fs. 43 a 51. En él se desconoce la prueba documental y se formula una negativa detallada de los hechos invocados.
Opone la excepción de prescripción de todo crédito cuya exigibilidad fuera anterior a noviembre de 2015. Respecto de los hechos afirma que Contreras nunca fue despedido sin causa por parte de la Fundación Santa Cruz Sustentable ni se efectuó una comunicación para comunicar un supuesto despido. Refiere la intervención de la fundación y sostiene que al momento de la asunción del interventor el actor no se encontraba en relación de dependencia ni existía documentación que acreditara que la demandada hubiera comunicado un despido el 2/12/2015 y que los empleados especialmente los de administración dijeron desconocer al actor quién nunca prestó servicios. El contador informó que Contreras estuvo dado de alta en AFIP como dependiente desde el 01/08/2015 al 31/11/2015. Alega que desde la Fundación nunca se despidió sin causa por ser contrario al propósito de la institución y considera improcedentes los reclamos pidiendo se rechace la demanda. En subsidio considera que al no haberse efectuado despido la supuesta relación laboral que se invoca si hubiere existido quedó extinguida por voluntad concurrente de las partes ante la conducta omisiva de las mismas desde que el actor nunca manifestó su voluntad de trabajar ni emplazó a la demandada para que aclarara la situación. Sostiene que a supuesta relación laboral en los hechos nunca existió y solo existe un alta en la AFIP por razones que desconoce. Pone énfasis en el comportamiento de las partes como circunstancia fundamental para resolver la litis desde que el actor no fue despedido ni se consideró en esa situación. Impugna la liquidación y funda en derecho su posición. Ofrece prueba y reserva el caso federal. Se oye al Agente fiscal a fs.79 que en atención al expediente administrativo considera que no estaría prescripto ninguno de los créditos reclamados. El Magistrado a fs. 80 dispone mantener el dictamen para el momento procesal oportuno. En el punto II in fine de los considerandos analiza la suspensión del plazo por el telegrama que implicaba indica que los rubros reclamados no se encontraban prescriptos “para el caso de prosperar la demanda”. Ante el resultado de la acción esta manifestación se vuelve abstracta motivo por el que no es materia del Resuelvo.
III. Que a fs. 82/83 se abre la causa a prueba proveyéndose la ofrecida por las partes. El Dr. Castillo renunció y a fs. 136 se intima a la demandada y ante el silencio de éste se hace efectivo el apercibimiento dispuesto por el art. 14 de la ley 1444. Producida la obrante en autos y ante la certificación actuarial de PE 589750/2022 dando cuenta que no quedan pruebas pendientes se fija fecha a los fines del art. 70 de la ley 1444 oportunidad que las partes no utilizan para alegar sobre la prueba. En PE 706231/2023 pasan los autos a despacho para dictar sentencia en plazo que se prorroga en PE 1262302/2024. La sentencia obra en PE 1640561/2024 y
Rechazar la demanda incoada por Claudio Gabriel CONTRERAS en contra la demandada FUNDACIÓN SANTA CRUZ SUSTENTABLE, rechazar la multa por incumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones exigidas en el art. 80 de la LCT e intima y emplaza a la demandada FUNDACIÓN SANTA CRUZ SUSTENTABLE para que en lazo de cinco días de notificada proceda a confeccionar el certificado de trabajo en cumplimiento de las prescripciones de la resolución general AFIP Nº 3781/15 art. 12 y acompañarlo en autos para ser entregado al reclamante. Asimismo se deberá proceder a confeccionar la correspondiente certificación que prescribe el art. 12 inc. g de la ley 24.241 ello en el plazo establecido en el art. 1 del decreto reglamentario 146/01, bajo apercibimiento de imponer a su cargo astreintes por cada día de demora hasta su efectivo cumplimiento. Impone las costas por su orden y difiere la regulación de honorarios. Manda registrar, notificar y archivar.
IV. Que disconforme con lo decidido el apoderado del actor, el Dr. Mártensen, cumpliendo instrucciones interpone recurso de apelación en PE 1657825/ 2024 y lo funda expresando agravios. En PE 1003132/2024 el recurso es concedido libremente y con efecto suspensivo, corriendo traslado de los agravios a la parte demandada disponiendo la notificación por nota. Los agravios no fueron contestados y los autos se elevan con la certificación de estilo obrante en PE 1732913/2025. Recibidos en la instancia en PE 1749191/2025 se llama autos a sentencia y se establece el orden de estudio.
V. Que la parte actora en el referido memorial de PE 1657825/2024 centra sus quejas en dos agravios concretos y deja planteada la cuestión federal.
En el primer ataque contra la sentencia embate contra el rechazo de la acción por la que se reclamaba los rubros de la liquidación final, indemnización del art. 245 LCT, preaviso, integración del mes de despido, SAC, vacaciones año 2015, art 2 de la ley 25.323, multa del art. 80 LCT y diferencias salariales. Se queja por cuanto la sentencia se funda en bases que no coindicen con la realidad y las constancias de autos e ignora principios laborales y doctrina y jurisprudencia. Reconoce que si bien no acompañó constancia escrita de la comunicación del despido éste fue verbal y por ende válido para consumar la desvinculación laboral. Invoca doctrina y jurisprudencia que entiende que la comunicación escrita en el despido con causa es necesaria y que la comunicación verbal es suficiente en el despido incausado como es este caso. Argumenta que como la demandada contestó su reclamo del pago de indemnización negando y desconocimiento la relación laboral como la prestación de servicios e interpreta que la voluntad de la demandada fue la de dar por concluida la relación laboral confirmando el despido verbal. Entiende la que irregularidad en que se encontraba la empleadora y la negativa del vínculo laboral implica por sí una ruptura arbitraria del contrato sin que deba abundar en consideraciones al respecto. Cita sumarios de fallos. Razona que al poner el demandado a disposición de su parte los certificados del art. 80 LCT confirma la ruptura vincular y hace notar que de dicho documento surge que el actor prestó servicios hasta el 30/11/15 y por ello expresa que debe tenerse por probado de modo indiciario que la finalización del vínculo ocurrió por despido verbal como aseverara el trabajador. Califica de absurda, arbitraria y contraria a la normativa laboral los fundamentos de la sentencia. Ello por entender que, comunicado el distracto, el trabajador no se encuentra obligado a mantener la relación y sí con derecho a reclamar lo por derecho le corresponde.
Argumenta que no resulta irrazonable que el actor esperara un tiempo prudencial de tres meses para reclamar el cobro de la indemnización e invoca, en subsidio para caso de dudas respecto de la desvinculación, que debe primar la interpretación a favor del actor (arts.8, 11 y 12 LCT) y señala que la demandada no produjo prueba que desvirtúe esta presunción ni que avale sus argumentos lo que, a su entender, prueba que el vínculo se extinguió por despido verbal.
En un segundo agravio de queja por cuanto la sentencia rechaza la indemnización prevista por el art. 80 de la LCT al haber el magistrado considerado que al terminar la relación por mutuo acuerdo falta una fecha concreta y pudo entender que la falta de fecha concreta puede inducir en error con relación al momento preciso de exigibilidad de la documentación motivo por el que consideró que la intimación no resulta completa para hacer operativa la multa. Detalla los requisitos que contenía el art. 80 LCT y el plazo que debía transcurrir desde el despido hasta la intimación por un plazo de dos días.
Relata que vencido el plazo en cuestión intimó las entrega de los certificados de trabajo y que la accionada contestó que se encontraba a disposición del trabajador y razona que daba por sentada la finalización de la relación y debía hacer entrega de la documental reclamada. Manifiesta que a pesar del reconocimiento la demandada no dio cumplimiento con esta obligación hasta la audiencia del art. 47 de la ley 1444, es decir dos años después de la intimación. Argumenta que la demandada no tuvo conducta positiva y concreta tendiente a dar cumplimiento con la obligación, demostrando desinterés por hacerla efectiva. Se explaya sobre la finalidad de la sanción del art. 45 de la ley 25.345 para castigar el comportamiento que asumió la demandada demostrando su desinterés. Recuerda que su parte intimó para la entrega de la documentación del art. 80 de la LCT y que por ello es procedente la multa del art. 80 de la LCT. Solicita se revoque la resolución apelada en cuanto fuera materia de agravios. Deja planteado el caso federal. Funda en derecho. En el petitorio pide se acojan los agravios e insiste en que se revoque la sentencia en todo cuanto fuera materia de agravios.
VI. Que la relación de autos, por las referencias que da el actor, se asemeja a una sinecura desde que manifiesta ser asesor (y asistente agrega en el telegrama del 03/3/13) del interventor de la Fundación sin estar sujeto a horarios o permanencia. Es más se acompañó, en el escrito de contestación de la demanda, la denuncia periodística del actor formulada en el diario “La Prensa de Santa Cruz” del 20 de abril de 2016 (fs. 111) donde hace referencia que descubrió que en el ANSES figuraba cobrando los sueldos desde el año 2013 a 2015 es decir que se lo hacía figurar y otra persona (Sloper se acusa) cobraría sus haberes. Lo cierto es que el actor figura inscripto en el AFIP (fs. 97/102) y con aportes de la Fundación en ANSES (fs.137) prueba que le permitió al magistrado en la sentencia tener por acreditado que el actor resultaba ser dependiente de la demandada. Estamos de acuerdo que el art. 243 de la LCT exige la comunicación por escrito en los casos del despido fundado en justa causa. Pero ello no quiere decir que en los casos del despido incausado pueda prescindirse de la comunicación escrita cuando es negado, como ha ocurrido en el caso.
Llama la atención que en la demanda no se indiquen circunstancias de tiempo, lugar o persona que comunicó el despido. Es decir solo existe una referencia a fs. 15 y en el telegrama del 3 de marzo de 2016 (fs. 3) en el sentido que habría sido despedido el día 2 de diciembre de 2015 pero sin indicar circunstancias de tiempo, modo y persona que lo comunicó. No se invocó comunicación por escrito. Se ha negado el despido incausado afirmando que iba contra los propósitos de la fundación que es la creación y mantenimiento de las fuentes laborales (fs. 46 vta.). Ninguna prueba sobre el despido aportó ni intentó el actor para probar el despido que invoca como fundamento de su demanda. Sus argumentaciones respecto de que el despido incausado no requiere comunicación por escrito y puede ser verbal (como ahora indica en agravios) no quiere significar que quede eximido de aportar prueba de que efectivamente el despido ocurrió.
Es por la dificultad de la prueba que los trabajadores, en el brete de ser despedidos verbalmente, intiman por telegrama que en término (48 hs) se aclare la situación laboral bajo apercibimiento de considerarse despedidos sin causa. Y allí ante el vencimiento del plazo acordado o bien el silencio permitía hacer efectivo el apercibimiento, o el receptor negaba haber despedido o negado el ingreso intimando a presentarse, o bien por escrito se le comunicaba el despido. Y de esta forma quedaba aclarada la situación, sin riesgos probatorios mecanismo usual y conocido. Pero no se recurrió a pesar del calificado patrocinio y la falta de prueba. Por ello esta línea de ataque contra la sentencia no es atendible.
Tampoco es admisible el argumento que se intenta argumentando que la puesta a disposición del actor los certificados del art. 80 de la LCT donde se señala que prestó servicios hasta el 30/11/15 lo que pretende que daría cuenta que el actor fue despedido el 02/12/15. En efecto esta argumentación no señala donde se encontraría el error de la sentencia cuando considera que la relación se encontraba extinguida al reclamar el pago de la indemnización en el mes de marzo y por ello encuadrar el caso a resolver en el art. 241 último párrafo de la LCT. Todo ex empleador tiene la obligación de poner a disposición del trabajador los certificados del art. 80 de la LCT. Consideró, como el Sr. Juez de la instancia de grado, que la relación laboral que surge de las anotaciones en AFIP y ANSES se extinguió por voluntad concurrente de las partes pues ello resulta del comportamiento concluyente y recíproco de ambas.
Estamos de acuerdo que comunicado el distracto el trabajador no se encuentra obligado en insistir en mantener una relación, por ello en caso de retractación por parte de la patronal puede no aceptarla y reclamar las indemnizaciones que no es el caso. Pero debe acreditar el hecho del despido cuando es controvertido, tal el tema que nos convoca. Ello se logra con el mecanismo de solicitar se aclare la situación laboral cuando no cuenta con la prueba, o se quiere asegurar o reforzar la prueba. En este caso no advierto que pueda surgir dudas y considero que no se probó el despido verbal. Comparto los fundamentos de la sentencia respecto que la relación laboral se ha extinguido por voluntad concurrente. En efecto, a partir del mes de diciembre de 2015, existió voluntad concurrente en la extinción del vínculo de las partes que resulta del comportamiento concluyente y recíproco de actor y la Fundación Santa Cruz Sustentable que se traduce inequívocamente en el abandono de la relación supuesto contemplado en el art. 241 último párrafo de la LCT Las críticas intentadas en el primer agravio, por lo expuesto, no alcanzan a conmover mínimamente los fundamentos del magistrado. Propongo al Acuerdo rechazar el primer agravio.
En el segundo agravio las quejas del recurrente se enfocan en el rechazo de la indemnización prevista en el art. 80 de la LCT.
La sentencia en el punto 2 del resuelvo rechaza la multa por incumplimiento de la demandada de las obligaciones exigidas en el art. 80 de la LCT e intima y emplaza a la Fundación Santa Cruz Sustentable para que en el plazo de cinco días de notificada proceda a confeccionar el certificado de trabajo con las prescripciones de la Resolución General AFIP Nº 3781/15, art. 12 y acompañarlo a autos para ser entregado a la reclamante, asimismo se deberá proceder a confeccionar la correspondiente certificación que prescribe el artículo 12 inc. g de la ley 24.241, ello en el plazo establecido en artículo 1 del decreto reglamentario 146/01, bajo apercibimiento de imponer a su cargo astreintes por cada día de demora hasta su efectivo cumplimiento.
Es decir se queja el recurrente porque el Sr. Juez admite la acción parcialmente al emplazar la entrega de los certificados, pero rechaza aplicar la sanción que contiene la norma. El tema tiene varias aristas y las examinaré. En primer lugar entiendo que como una obligación de dar, el lugar donde debe realizarse el pago, es el domicilio del deudor si nada se ha indicado. En efecto, conforme el art. 874 del CCyC es el domicilio del deudor al tiempo de nacimiento de la obligación. No es necesario que se intime al acreedor a concurrir a un determinado lugar para que caiga en mora al no prestar la colaboración necesaria pues la norma citada prevé el lugar de pago. Y desde que a fs. 2 se puso los certificados a disposición del actor en plazo legal en la oficina administrativa de la fundación se cumplió la intimación.
Y no estando en mora no se encuentra obligado a correr al domicilio del acreedor ni tampoco a efectuar una consignación judicial o extrajudicial, pues cumplió con tener la documentación a disposición del actor. Es mi opinión sobre el tema. Por otro lado, hay otras razones por las que se debe compartir la solución de la sentencia. En efecto no obstante el tiempo transcurrido desde que se han aportado a autos los certificados referidos no le interesó al actor retirarlos. El actor rechazo la certificación consignada en autos (fs. 27/28) por no contener el período trabajado en la Fundación Olivia y omitido acompañar el certificado de trabajo acompañado luego a fs. 33 y copia de fs. 34. El apoderado de la demandada a fs.35 puso de resalto que su representada es una persona jurídica distinta de la Fundación Olivia por lo que le resulta imposible otorgarlo y por otra parte que el actor no fue absorbido por su mandante en el acta de traspaso de personal en la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de Caleta Olivia. ?
La sentencia llega a esta solución desde otro ángulo que me lleva a tener por justa la sentencia en cuanto la no procedencia de la multa del art. 80 de la LCT como lo sostuve en mi voto en los autos “APPEL, Daniel Humberto c/ GEOSERVICES S.A. s/ demanda laboral” posición que he mantenido en otros expedientes, y que entiendo tienen plena aplicación en estos autos. Por ello me permito reproducir, como fundamento, lo pertinente de ese voto:
“Dentro de este primer agravio se ataca también la utilidad que puede tener esta documentación para el trabajador por la posibilidad de obtener esta información del ANSES en lo que constituye el agravio de mayor trascendencia del derecho laboral en un tema reiteradamente debatido, tal la procedencia de la multa del art. 80 de la LCT por la variación de las razones de control de la evasión de aportes que motivaron la norma. En un fallo de ya un lustro el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut donde el Dr. Royer como primer votante en un caso de interesantes aristas de hecho entendió que “en los tiempos que corren y los avances en los sistemas informáticos, hacen que- en la práctica la vigencia de la norma deje de tener la trascendencia de antes”. Valoró para ello que las empresas de envergadura y por exigencia de la Administración Federal de Ingresos Públicos ingresan los aportes y contribuciones a los organismos de seguridad social en forma conjunta para todos los trabajadores incorporados en la declaración jurada mensual con el formulario F931 con cantidades globales, lo que trae dificultades para discriminar por trabajador e hizo referencia a la nueva corriente jurisprudencial a partir de diversos pronunciamientos de la Sala III de la Cámara Nacional de Trabajo que consideró que el reclamo ya no resulta admisible porque ha perdido toda utilidad práctica”. ( Ver voto del Dr. Royer en La Ley online L.R., H.M. c/ P.I.S.R.L. del 3/3/2011 Cita online AR/Jur/3682/2011).” Cabe señalar que el Dr. Royer cita un trabajo de Carlos Alberto Livellara, comentando los casos Rosentein y Rosales de la Sala Laboral de la Corte de Mendoza y de la aplicación de la doctrina del abuso de derecho por ese alto tribunal. Sostiene este autor:
“A partir de estas ideas, hemos sugerido que los jueces al evaluar la aplicación de la sanción del art. 80 de la LCT, con relación a la entrega de una constancia documentada de los depósitos previsionales, deberán merituar las particularidades del caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe contractual (arts. 62 y 63 y concordantes de la LCT ).” (Revista de Derecho Laboral - Actualidad– Rubinzal- Culzoni año 2010-2 página 285)”
Creo, como este autor, que no se debe hacer una aplicación mecánica de la norma. Que ha llegado la hora que el Poder Legislativo analice el mantenimiento de esa sanción que debemos reconocer da lugar a abusos, donde sólo interesa la multa no los certificados (los acompañados a autos no fueron retirados). Lo que interesa y era el propósito de la ley era que los empleadores hagan los aportes y no que, como hemos visto, grandes fortunas escandalosamente financiaban su crecimiento a muy pequeño costo, sobre la base de deber millones en aportes patronales y acogerse a planes de pago y dilatar su cumplimiento. En la actualidad cada empleado puede controlar día a día lo que se le retiene por aportes, para poder el día de mañana por ejemplo realizar sus trámites jubilatorios o utilizar la obra social.
Lo puede hacer ingresando a la página web del Organismo. En autos a mi juicio hubo un aspecto que interesaba aclarar: ¿se le habían realizado o no los aportes al Sistema? Se pudo determinar en autos con el informe de AFIP (ver. fs. 130) que los aportes por el período efectivamente trabajado fueron realizados y corroboran lo consignado en el formulario P.S.6.2 que agregó la demandada a autos. Si los aportes estaban hechos se cumplió el objetivo de la ley y se estaría aplicando una sanción elevada para el caso de una demora formal de entrega de un certificado, que, en el caso no existió desde que se encontraba confeccionado temporalmente con defectos formales y a disposición del actor. No se puede pasar por alto, por otro lado, que si el día de mañana se pierden, puede pedirse una nueva certificación o realizar las consultas por internet.
En el precedente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut citado, precisamente se acreditó y valoró que los aportes se habían realizado. En este caso llego a la conclusión que existe un pedido que conforma un abuso de derecho, por la circunstancia que la sentencia en el punto 2 del resuelvo como indique más arriba: “intima y emplaza a la Fundación Santa Cruz Sustentable para que en el plazo de cinco días de notificada proceda a confeccionar el certificado de trabajo con las prescripciones de la Resolución General AFIP Nº 3781/15, art. 12 y acompañarlo a autos para ser entregado a la reclamante. Asimismo se deberá proceder a confeccionar la correspondiente certificación que prescribe el artículo 12 inc. g de la ley 24.241, ello en el plazo establecido en artículo 1 del decreto reglamentario 146/01, bajo apercibimiento de imponer a su cargo astreintes por cada día de demora hasta su efectivo cumplimiento.” El actor se limitó a expresar agravios pretendiendo en el segundo la modificación de la sentencia y la condena al pago de la indemnización del art. 80 de la LCT.
Es decir que al actor le interesa el cobro de una suma de dinero como sanción por una omisión formal (los pagos de los aportes estaban efectuados) y sólo le interesa cobrar la indemnización, no que se cumpla la entrega de una documentación que no le trae ningún beneficio. Ya la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala I in re “Frontal, Alberto c/ Corporación Argentina de Productores de Carne” en sentencia del 14/4/76 estableció que la teoría del abuso del derecho no es exclusivamente civilista, sino aplicable a todas las ramas jurídicas (D.T. 1976-319) y la Sala IV en 1995 con voto del Dr. Morando y adhesión del Dr. Fernández Madrid quienes entendieron que existía abuso de derecho por parte del trabajador que retenía una vivienda mientras desarrollaba actividad política y gremial gozando de licencia gremial desde 1987 en otra localidad e impedía que se la otorgara al reemplazante ( en D.T. 1996-B- l787 in re “Consorcio de Propietarios Paraná 273/75/77 c/ Bragna, Francisco”) sentencia con nota de Carlos Pose quien sostiene: “Cuando el titular de una prerrogativa jurídica o de un derecho subjetivo, actúa de modo tal que su conducta concuerda con la norma legal que le concede la facultad, pero en forma contraria a la buena fe, la moral y las buenas costumbres, los fines sociales y económicos en virtud de los cuales se ha otorgado la prerrogativa; o cuando actúa con culpa o dolo, sin utilidad para sí y con la sola intención de dañar, el titular incurre en un acto abusivo, ejerciendo anti-funcionalmente su derecho, lo que autoriza al magistrado a quitar eficacia al acto jurídico lesivo, salvaguardando los intereses del perjudicado, lo que hizo el tribunal laboral al ordenar la restitución del inmueble, retenido en forma anti funcional por el subordinado” (D.T. 1996 –B-1789) ?
Se trató de un caso extremo el de la cita pero no se nos debe pasar por alto que Código Civil y Comercial vigente desde el 1º de agosto de 2015. en su art. 9 establece que:
“los derechos deben ser ejercidos de buena fe”
Debo señalar que existe un apercibimiento en el punto 2 que pone a salvo los derechos del actor.
Mantengo pues ésta, mi convicción desarrollada en un voto en junio de 2016 en los autos APPEL, Daniel Humberto c/ GEOSERVICES S.A. s/ demanda laboral” (que contó con la adhesión de la Dra. Naves) y reitere en otros votos.
Considero justa la sentencia también en este aspecto y voto por el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia imponiendo al actor las cosas de la instancia como vencido, aún sin contestación de los agravios (artículo 68 del CPCC) y diferir la regulación de los honorarios profesionales del Dr. Víctor Vicente Mártensen único profesional con actuación en la instancia hasta que exista regulación en la instancia de grado.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Coincido con el preopinante en el análisis de los agravios formulados. Por ello, por las mismas razones expuestas y de conformidad con criterios sostenidos por la suscripta en diferentes pronunciamientos adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que en base a las razones y fundamentos desarrollados al contestar la primera cuestión propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. 2º) Las costas de la instancia son a cargo del actor vencido (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de los honorarios del Dr. Víctor Vicente Mártensen hasta tanto exista regulación en la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en el punto IV de PE 1657825/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
IX. Por considerar justa y equitativa la propuesta formulada por el preopinante adhiero a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 07 de julio de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales, jurisprudenciales, doctrinarias y lo dispuesto en el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios vertidos por el recurrente y confirmar la sentencia en todo cuanto fuera materia de recurso. 2º) Las costas de la instancia son a cargo del actor vencido (art. 68 del CPCC) y diferir la regulación de los honorarios del Dr. Víctor Vicente Mártensen hasta tanto exista regulación en la instancia de grado. 3º) Tener presente la reserva del caso federal formulada en el punto IV de PE 1657825/2024. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Fernández no firma por no existir disidencia. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Humberto Eduardo Monelos- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201033S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3129 Folio Nº: 028/035 Secretaria: 1
Fin de la sentencia