Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 69857680-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAdmitir parcialmente las apelaciones deducidas por las partes y, en consecuencia:
I) revocar la resolución del 9/02/2024, de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 2617/2017 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1.101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12210-7039-2011, y rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VIII, IX, X y XI);
Ii) modificar la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas, las que se distribuyen en el orden causado, al igual que las relativas a esta instancia judicial (conf. Considerandos XIII); y iii) diferir el tratamiento de los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, en función de la forma en que se decide.
Buenos Aires, 14 de abril de 2026.-
VISTOS estos autos 10871/2024 caratulados “AUTOTROL SA (TF 69857680-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, y
I. Por resolución DE PRLA N° 2617/17 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas, dictada con fecha 20 de abril de 2017, en el marco del Expte. 12210-7039-2011, se dispuso el archivo sin más trámite de las actuaciones en los términos de lo dispuesto por la Instrucción General N° 11/2016, apartado D 1.4 (DGA), y se formuló cargo a la firma Autotrol SA y a la garante Aseguradora de Créditos y garantías SA, con relación a la destinación de importación temporaria N° 06 073 IT14 002208 J, en concepto de tributos adeudados por la suma de U$S 3.760,95 y de $ 7.827,48 en concepto de percepción de Iva Adicional e impuesto a las Ganancias (conf. esp. fs. 28/30 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
II. La firma Autotrol SA solicitó la revisión del acto aduanero por parte del Tribunal Fiscal de la Nación (en los términos de los artículos 1.025, inciso a, y 1.132, inciso a, del CA) y, a fin de cuentas, peticionó se revoque y se deje sin efecto la Resolución DE PRLA 2617/17, de fecha 20 de abril de 2017 que fuera notificada a su representada el 31 de mayo de 2023, con costas (ver fs. 16/22 del hipervínculo inserto en el Considerando que antecede).
Indicó la resolución aludida -cuya revocación pretende- “[…] recayó en el expediente SIGEA 12210-7039-2011 y dispuso, en lo que aquí interesa: (i) Archivar sin más trámite el expediente en los términos de la Instrucción General 9/17 de la DGA; y (ii) formular cargo por la suma de US$3.760,95 en concepto de tributos aduaneros y por AR$ 7.827,48 en concepto de percepción de IVA Adicional y Ganancias, con más los intereses devengados en los términos del artículo 794 del CA”.
Como primer agravio, manifestó que recurre la resolución que puso fin al sumario infraccional sin que hubieran notificado la corrida de vista a su representada, a fin que ejerciera su derecho de defensa, como consecuencia de la aplicación de la Instrucción General 9/17.
Anticipó que esta cuestión fue oportunamente tratada por las distintas Salas del Tribunal Fiscal de la Nación (citando jurisprudencia al respecto).
En otro orden de ideas, aclaró que la única notificación que recibió su mandante, en relación al sumario infraccional, fue la resolución condenatoria. De ese modo, afirmó que no fue notificada la corrida de vista exigida art. 1.101 del CA y no fue citada a oponer defensas durante la sustanciación de todo el procedimiento infraccional, el cual se sustanció íntegramente sin su intervención.
Sobre esos argumentos, señaló que ello evidencia el impedimento absoluto e insanable del ejercicio del derecho de defensa, violentando severamente la garantía del debido proceso, lo cual -según comprendió- inevitablemente provoca la nulidad de la resolución dictada. Así, solicitó que se declarara la nulidad de la resolución condenatoria que recurrió.
Por otro lado, para el hipotético caso en que no se hiciera lugar a la nulidad planteada, postuló que -de igual manera- la acción del Fisco se encontraba prescripta.
En ese orden de ideas, indicó que la resolución recurrida se dictó el 20 de abril de 2017 y se le notificó “el 31 de 2023” (sic), es decir, cuando ya habían transcurrido más de cinco años. A mayor abundamiento, destacó que de acuerdo a lo dispuesto por el art. 804 del CA, el plazo de prescripción de la acción de cinco años comenzó a correr el 1 de enero de 2008 y se cumplió indefectiblemente el 31 de diciembre de 2013. En ese sentido, alegó que, con anterioridad a esta fecha, la aduana no cumplió ni ejecutó conforme a derecho ninguno de los actos jurídicos a los cuales el CA asigna efectos suspensivos y/o interruptivos de los plazos de prescripción (arts. 803, 806, 934 y 937), por lo cual la acción se encuentra irremediablemente prescripta.
Concluyó esa idea señalando que se encuentra acreditado que la primera citación que recibió su representada fue la notificación de la resolución condenatoria, luego de transcurridos 17 años de cumplida la operación. Por lo que postula que correspondería declarar la prescripción de la acción.
En otro acápite, planteó la inexistencia de infracción imputada, en función de señalar que cumplió con el régimen de importación temporaria.
Al respecto, adujo que la denuncia formulada por una supuesta transgresión a una infracción de régimen temporal es el único elemento que sirve de causa a la ilegítima pretensión tributaria que persigue la Aduana en este expediente, lo cual significa que, sin infracción, no hay exigencia de tributos posible.
En esa línea, sostuvo que “[…] en este mismo expediente, se dispuso el archivo del sumario infraccional, lo cual es sin dudas adecuado, pero la Aduana (i) pretende continuar con el reclamo de tributos cuya exigencia es sólo consecuencia del sumario infraccional, cuyo archivo se ha ordenado, y (ii) como si lo anterior no fuera suficiente, pretende valerse del acto de instrucción de sumario para interrumpir el curso del plazo de prescripción” (sic).
Así, manifestó que las contradicciones son evidentes, al igual que la ausencia de motivación y causa.
Luego, se refirió a la presunción de inocencia, principio constitucional que entendió que debe ser respetado y garantizado. Por último, ofreció prueba documental e informativa.
III. Por resolución del 9/02/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación declaró, por mayoría, la nulidad de lo actuado respecto de la actora Autotrol S.A., en el sumario que ha tramitado como expediente n°12210-7039-2011 a continuación a la planilla de liquidación de tributos y multa, comprendiendo a la Resolución DE PRLA n°2617/2017; ello con costas a la DGA. Paralelamente, declaró prescripta la acción del fisco para imponer penas y rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora, sin costas (conf. esp. fs. 246/51 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, luego de efectuar una reseña de las actuaciones, precisó que la resolución aduanera apelada al tiempo que dispuso el archivo de la denuncia infraccional por aplicación de la Instrucción General N° 11/16 (DGA), ordenó formular cargo por los tributos que considera adeudados.
Realizó un análisis de la Instrucción General 11/16 (DGA), exponiendo sobre el objeto y sus alcances, que sucintamente se resume a que habilita a los jueces administrativos a disponer el archivo de las actuaciones sumariales en las que se investiga la presunta comisión de infracciones aduaneras cuyos montos tornen antieconómico instrumentar y continuar las medidas implementadas tendientes a lograr su cobro.
A continuación, precisó que, en función de lo decidido respecto de aplicar la resolución mencionada, no había duda sobre que la resolución resultó condenatoria para la firma importadora. Ello si se tiene en cuenta que se formuló cargo por los tributos que se consideraron adeudados, e implícitamente se tuvo por configurado el incumplimiento al régimen de importación temporal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 274 del CA.
Bajo esos términos, ponderó que el servicio aduanero omitió conferir la vista prevista en el art. 1.101 del Código Aduanero con posterioridad a la instrucción del sumario, privando a la importadora de toda intervención en el procedimiento, en tanto no se le otorgó oportunidad de efectuar descargo, ofrecer prueba ni acreditar el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo la destinación suspensiva involucrada.
Así, entendió que la demandada no cumplió con los recaudos exigidos en la normativa aduanera que regulan el procedimiento para las infracciones (arts. 1.080 a 1.117 del CA); vulnerando así lo establecido por el art. 7°, inc. d) de la Ley 19.549, incumplimiento que vicia el acto según el art. 14 de la citada ley. Puesto ello de relieve, concluyó que “[…] la omisión de la corrida de vista del art. 1101 del C.A., en el sumario que diera origen a esta causa, torna nulos todos los actos procesales posteriores a la planilla de liquidación de tributos y multa obrante a fs. 14, inclusive la Resolución DE PRLA n° 2617/17, en tanto carece de sustento legal y fáctico, al pretender fundamentarse en un siniestro que se tiene por configurado ante la falta de elementos de prueba que acrediten el cumplimiento de la obligación, sin que haya existido la posibilidad para el administrado de demostrar lo contrario”.
Así, destacó que previo a disponer el archivo de la multa, correspondía que el servicio aduanero determinara en forma fehaciente si se habría configurado la infracción prevista en el art 970 del CA, que se le imputa a la firma actora, que daba lugar a la aplicación de la pretendida multa, y a los tributos que ahora se pretenden exigir la firma importadora.
En ese marco, consideró que la determinación tributaria efectuada por el organismo carece de sustento válido, en tanto se apoya en un incumplimiento que no fue debidamente verificado en un procedimiento regular, ni permitió al administrado acreditar lo contrario. Por ende, declaró que “no procede exigencia tributaria alguna, en cuanto la misma sólo nace como consecuencia de un presunto incumplimiento al art. 970 del C.A., que no fue constatado en las actuaciones administrativas, en cuanto no se ajustó la tramitación del procedimiento a las disposiciones contenidas en la Sección XIV del Código Aduanero”; por lo que correspondía declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución DE PRLA N° 2617/2017, en cuanto tiene implícitamente por configurada la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., con costas al fisco.
Por otra parte, declaró prescripta la acción del fisco para imponer multas por no haber ningún acto que interrumpa o suspenda la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas, en los términos de los arts. 936 y 937, inc. a) y d) del C.A.
Finalmente, trató el planteo de prescripción tributaria opuesto por la actora, respecto del cual, sucintamente y luego de especificar las fechas, concluyó que dicho plazo se encuentra suspendido desde el dictado de apertura de sumario (7/12/2012); ello “conforme lo dispuesto en el art. 805 del C.A., que establece que la acción del fisco para percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión”. Por lo que, en definitiva, rechazó el planteo relativo a la prescripción mencionada, sin costas.
A su vez, señaló que por la forma en que se resuelve la presente causa, no correspondía considerar las demás cuestiones planteadas por la actora.
IV. Por otra parte, mediante la resolución del 11 de marzo de 2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, reguló los honorarios del Dr. Javier Zunino, por su actuación profesional en el doble carácter, en la suma de $ 192.712,25 -equivalentes a 4,75 UMA-, los que se encuentran a cargo de la parte demandada.
Añadieron que, a dicha suma, deberá adicionársele la correspondiente al I.V.A., dada la condición que reviste dicho profesional ante el impuesto.
V. Disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación. El Fisco Nacional apeló y fundó su recurso en la misma presentación, con fecha 9/4/2024 (conf. esp. fs. 329/40 del hipervínculo incluido en el primer Considerando); y la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 19/03/2024, fundando su pretensión en ese acto. A su vez, el Dr. Zunino en esa misma fecha apeló la resolución del 11/03/2024 por considerar bajos sus honorarios regulados, y el 21/03/2024 apeló dicha decisión la parte demandada, por considerar elevados los honorarios regulados a favor del citado (fs. 266/81 y 289/90 del hipervínculo referido anteriormente).
VI. El Fisco Nacional se agravió en el entendimiento de que la Resolución (DE PRLA) 2617/2017 no aplicó una sanción, ya que el contenido de la intimación del Servicio Aduanero es exclusivamente tributario. Por ende, afirmó que en dicho tipo de procedimientos la vista exigida es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto que se presume válido.
Explicó la diferencia entre el hecho imponible y el hecho punible, y sostuvo que la vista en materia infraccional que exige el Tribunal Fiscal de la Nación es innecesaria y carece de virtualidad para determinar la nulidad de un acto administrativo que se presume válido. Señaló que ello era así, porque el reclamo del Servicio Aduanero se circunscribe exclusivamente al cargo por tributos. Postuló que las garantías y principios constitucionales que informan al derecho tributario y al derecho penal, excepto por el principio de legalidad (arts. 4, 17 y 18 CN), difieren sustancialmente; y afirmó que en el ámbito tributario la carga de la prueba recae sobre quien se encuentra en mejores condiciones de producirla y las presunciones tienen más peso, admitiendo claro siempre prueba en contrario. A ello agregó que la eventual afectación del derecho de defensa en juicio, como la que se invoca en autos, puede ser en todo caso subsanada en la instancia revisora del Tribunal Fiscal de la Nación.
Abordó la cuestión de los elementos del art. 1.094 del CA, respecto de lo cual afirmó que carece de asidero pretender que la instrucción de sumario reúna todos y cada uno de los elementos estipulados por la norma por una simple cuestión de sentido común. Expuso que, conforme al art. 274 del Código Aduanero, el vencimiento del plazo de la importación temporaria sin reexportación determina que la mercadería se considere importada para consumo, configurándose automáticamente el hecho generador de los tributos reclamados.
En consecuencia, sostiene que los cargos tributarios reclamados en la Resolución en crisis son incuestionables y completamente legítimos, por derivar directamente de la verificación del hecho imponible, sin que sea necesario el previo desarrollo de un procedimiento infraccional.
Citó jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
En segundo lugar, se agravió por cuanto consideró que la nulidad decretada por el Tribunal Fiscal de la Nación es abiertamente abstracta (la nulidad por la nulidad misma), toda vez que en el art. 2 de la Resolución Aduanera, se reclaman obligaciones tributarias que se han devengado al verificarse el supuesto previsto en el art. 274 in fine del CA, debiéndose prestarse especial atención a dicho artículo para una correcta interpretación y resolución de las cuestiones planteadas.
Por esa razón, precisó que el Tribunal Fiscal de la Nación ha decretado la nulidad por la nulidad misma, puesto que además de todo lo que expuso, no existió vulneración al derecho de defensa en juicio de la recurrente (art. 18 de la CN).
Al respecto, brindó una serie de afirmaciones para sustentar su planteo.
Asimismo, esgrimió que “[…] el razonamiento de la Sentencia Recurrida, en cuanto plantea la nulidad de la Resolución en crisis, también resulta desacertado a la luz de la Instrucción General Nº 11/2016 (DGA): dicha instrucción prevé que los jueces administrativos a cargo del sumario deberán previa evaluación del caso en particular, archivar las actuaciones administrativas por las que tramita la investigación de sanciones por infracciones aduaneras en una serie de casos, entre los que se encuentran las investigaciones de denuncias por infracción al art. 970 del CA, cuando el importe del mínimo de la multa no superare los $15.000. En ese supuesto, idéntico al de marras, se procede al archivo de las actuaciones sin perjuicio de la formulación del cargo por la diferencia tributaria resultante, cualquiera fuera el importe tributario adeudado.”
Afirmó que el archivo del sumario infraccional extingue únicamente la acción sancionatoria, pero no incide sobre la obligación tributaria, la cual —afirma— es autónoma y nace por la configuración del hecho imponible, en el caso, la importación para consumo con más IVA y tasa de estadística.
En ese sentido, alegó que al no existir referencia alguna en el Código Aduanero respecto del término archivo, debe recurrirse a otras fuentes del derecho como el Código Procesal Penal de la Nación. Así, puso como ejemplo el art. 79, inc. h y 195 de dicho Código. Cuestionó que se haya considerado vulnerado el derecho de defensa, señalando que el procedimiento infraccional fue archivado, por lo que no pudo derivar en sanción alguna ni producir un perjuicio concreto en tal sentido.
Invoca el principio de indisponibilidad del crédito fiscal, afirmando que la administración no puede dispensar el pago de tributos por vía reglamentaria, por lo que el archivo del sumario no puede implicar la extinción del crédito tributario.
Se agravió también de la interpretación efectuada respecto de la Instrucción General Nº 11/2016 (DGA), indicando que la misma solo autoriza a prescindir del trámite infraccional por razones de economía, sin afectar la exigibilidad de los tributos, y que el criterio del Tribunal desnaturaliza su alcance.
En otro orden, con relación a la prescripción de la acción de su mandante para imponer penas, en primer lugar citó lo dispuesto por el art. 934 y 935 del CA.
En esa línea, sostuvo que la acción para imponer sanciones no se encontraba prescripta, en tanto el plazo fue interrumpido por la apertura del sumario en 2012 y posteriormente por el dictado de la resolución condenatoria en 2017, conforme la normativa aplicable y la doctrina plenaria citada.
Finalmente, se agravió de la imposición de costas, señalando que, al haber sido rechazado el planteo de prescripción de la contraria en materia tributaria, correspondía aplicarlas conforme el principio objetivo de la derrota.
Dicha presentación mereció réplica de la parte actora (conf. esp. fs. 344/6).
VII. Por su parte, la actora se agravió, en primer término, por cuanto entendió que la sentencia omitió considerar las defensas opuestas por su parte y que contiene afirmaciones jurídicamente inexactas, que analizadas aisladamente y con independencia de los hechos acreditados en el expediente, llevaron -según comprendió- al dictado de una sentencia que no se ajusta a derecho.
Advirtió la existencia de una contradicción interna insalvable en la sentencia recurrida.
Señaló que la primera y única notificación que recibió su mandante en relación al sumario infraccional fue la resolución condenatoria.
Afirmó que no se le notificó la corrida de vista exigida por el art. 1.101 del CA y que tampoco fue citada a oponer defensas durante la sustanciación de todo el procedimiento infraccional, el cual se sustanció íntegramente sin su intervención.
Consideró que la nulidad del acto es manifiesta y no subsanable.
Al respecto, insistió en que la sentencia es contradictoria en tanto: (i) reconoce que la obligación tributaria sólo podría nacer a partir de la configuración de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero; (ii) admite que dicha infracción no fue constatada; (iii) declara prescripta la acción para imponer sanciones (esto es, para determinar la infracción); pero, pese a ello, (iv) mantiene vigente la acción para el cobro de tributos. Afirma que tal razonamiento disocia indebidamente la causa fuente de la obligación tributaria, generando un resultado carente de sustento jurídico.
Entendió evidente que el efecto suspensivo del art. 805 inc. a) no resulta aplicable como consecuencia de haberse dictado el archivo del sumario infraccional. Asimismo, destacó que es irrazonable aislar un acto del otro, porque la consecuencia, es que la Aduana digita a su antojo los plazos del curso de prescripción.
La actora se agravió del cómputo de la prescripción efectuado por el Tribunal, en cuanto reconoce que el plazo se inició el 1/01/2008 y se suspendió el 7/12/2012 —luego de transcurridos 4 años, 11 meses y 7 días— pero omite determinar su reanudación. Señala que, según el criterio adoptado, dicho plazo no se reanudaría con la resolución de 2017 por no ser condenatoria, lo que conduce a una suspensión indefinida, jurídicamente inadmisible. Destaca que tal razonamiento deriva en una conclusión irrazonable, en tanto implicaría que hubiese resultado más favorable el dictado de una condena en 2017, pues ello habría reanudado el plazo y permitido su consumación.
En segundo lugar, cuestionó que el Tribunal haya otorgado efectos suspensivos al acto de instrucción del sumario, pese a que: (a) el procedimiento infraccional fue sustanciado sin intervención de su parte, en violación del debido proceso y derecho de defensa; (b) dicho sumario fue posteriormente archivado por la propia Aduana; y (c) la acción para imponer sanciones se encuentra prescripta. En tal contexto, entiende que no puede predicarse la subsistencia de efectos jurídicos de un acto que carece de virtualidad por nulidad y por extinción de la acción principal.
Asimismo, la recurrente alegó que la solución adoptada conduce a un resultado irrazonable en materia de cómputo de la prescripción, en tanto el criterio del Tribunal implicaría una suspensión indefinida del plazo, sin punto cierto de reanudación, contrariando los principios que rigen la materia.
En tercer término, se refirió a la prescripción de la acción tributaria, afirmando que el plazo quinquenal comenzó a correr el 1/1/2008 y se encontraba íntegramente cumplido al 31/12/2013, sin que mediaran actos válidos con aptitud interruptiva o suspensiva.
A tal fin, sostuvo que el auto de apertura del sumario carece de validez jurídica, por incumplimiento de los requisitos del art. 1.094 del Código Aduanero, en tanto no contiene: determinación circunstanciada de los hechos, tipificación de la infracción, liquidación tributaria ni elementos esenciales de imputación. Añade que tal vicio configura nulidad absoluta, con afectación directa del derecho de defensa, lo que impide asignarle efectos interruptivos de la prescripción. Citó jurisprudencia que -según entendió- avalaría su postura.
Finalmente, puntualizó que el procedimiento se desarrolló sin notificación ni intervención de su parte durante más de diecisiete años, habiendo tomado conocimiento recién con la resolución condenatoria, lo que —a su entender— consolida la nulidad de las actuaciones y refuerza la procedencia de la prescripción opuesta. Dicha presentación no mereció réplica de la contraria.
VIII. Evaluado lo actuado administrativamente, y en lo que respecta exclusivamente a la nulidad declarada por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, este Tribunal considera que, conforme se expondrá a continuación, no se advierten irregularidades de entidad suficiente que justifiquen una decisión de tal alcance. Ello así, sin perjuicio de las restantes cuestiones decididas por el organismo jurisdiccional —en particular, las vinculadas a la prescripción—, cuyo tratamiento será abordado en el considerando pertinente.
Es que, tal como destacara el Fisco Nacional en su apelación, si bien la actuación administrativa AFIP SIGEA Nº 12210-7039- 2011, fue iniciada a efectos de investigar la posible comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del Código Aduanero por parte de Autotrol SA, por resolución DE PRLA 2617/2017, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas decidió limitar la pretensión fiscal en lo que respecta al DIT N° 06 073IT14 002208 J al reclamo tributario, disponiendo el archivo de la faceta infraccional.
Estas circunstancias explican la razón por la cual no habría sido corrida la vista pertinente, según lo dispuesto en el artículo 1.101 del Código Aduanero, a los fines que la importadora y la aseguradora ejercieran su derecho de defensa.
Es decir, por aplicación de la Instrucción general DGA 11/2016, el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros dispuso el archivo de la investigación de la conducta infraccional (en la que si bien se había ordenado la apertura de sumario, aún no se había ordenado citar a la importadora y su aseguradora); y, con asiento en la documentación colectada hasta ese entonces, consideró incumplido el régimen de excepción, teniendo a los bienes como importados para consumo, e intimó al pago de los tributos adeudados.
En este entendimiento, cuadra hacer hincapié en el inapropiado enfoque con el cual fue examinado lo actuado. En la especie, según se explicara anteriormente, el Fisco Nacional, por aplicación de la Instrucción General DGA 11/2016, dejó de lado el ejercicio de la potestad punitiva, limitando su pretensión al reclamo de tributos.
Este suceso quita entidad al razonamiento expuesto en el pronunciamiento recurrido, en orden al apartamiento de lo normado en el título II, capítulo III, del Código Aduanero, que regula el procedimiento para infracciones, mas no lo relativo al reclamo tributario, como el seguido por la resolución aduanera impugnada.
En definitiva, producto del archivo de la actuación a los fines de ejercer la potestad sancionatoria, la resolución aduanera impugnada, por la que se tuvo por incumplido el régimen de importación temporaria al que fuera acogida la mercadería en trato y se reclamó el pago de los tributos debidos por su importación para consumo, no luce nula en los términos planteados por la actora y admitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación; debiendo entenderse a lo actuado como la puesta en práctica de las potestades de la AFIP - DGA a los fines de perseguir el cobro de los impuestos debidos por la nacionalización de los bienes ingresados al territorio aduanero bajo un régimen de excepción cuya condición, a los fines de evitar su pago (su reexportación antes del vencimiento del término acordado al efecto) no se encontraría acreditada en la base de datos de la autoridad aduanera, determinando ello la intimación para regularizar la situación, bajo apercibimiento de iniciar ejecución fiscal (conf. artículo 1.122 del Código Aduanero).
IX. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 8079/2024 caratulados “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 120201516-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resolución del 27/8/2024.
X. Cabe señalar que si bien el Tribunal a quo ha abordado el acápite relativo a la prescripción de la acción para percibir tributos —cuestión introducida como agravio por la parte actora—, se observa que su abordaje ha sido parcial, circunscribiendo su análisis a la operatividad del efecto suspensivo previsto en el art. 805 del Código Aduanero a partir del dictado del auto de apertura del sumario. En esa inteligencia, y teniendo especial consideración en lo decidido en el Considerando VIII, corresponde revocar lo decidido respecto del punto a los efectos de que se expida también en relación con las restantes cuestiones propuestas por la importadora, que no han sido adecuadamente tratadas.
XI. En definitiva, lo expuesto basta para concluir que el procedimiento seguido por ante el servicio aduanero no resulta nulo en los términos resultantes del pronunciamiento apelado; debiendo -por tantorevocarse la decisión recurrida en este sentido, y ordenar el reenvío del expediente al Tribunal Fiscal de la Nación a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones planteadas por la importadora, pendientes de tratamiento, en línea con los términos expuestos en los Considerandos que anteceden.
XII. A todo evento, los planteos del Fisco Nacional vinculados con la prescripción de la acción sancionatoria no resultan suficientes a los fines de otorgar carácter de agravio a este aspecto de la apelación.
Ello así, toda vez que no satisfacen las exigencias del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en virtud de que la propia Administración dispuso el archivo del sumario infraccional en aplicación de la Instrucción General 11/2016, absteniéndose de ejercer su potestad punitiva, circunstancia que priva de sustento al agravio invocado en este aspecto.
XIII. En atención al modo en que se resuelve, los recursos interpuestos y el alcance de la decisión, sumado a las particularidades de la causa, se estima pertinente distribuir las costas en el orden causado, tanto de lo actuado por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como ante esta instancia judicial, respecto de la cuestión debatida y decidida (conf. artículos 68, segunda parte, 69 y 279, todos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
En consideración de lo decidido, deviene inoficioso expedirse sobre los agravios sobre el punto.
XIV. Paralelamente a lo expresado, procede diferir todo lo relativo a la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la presente causa para su oportunidad, en atención a la forma en que aquí se decide.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
Admitir parcialmente las apelaciones deducidas por las partes y, en consecuencia:
i) revocar la resolución del 9/02/2024, de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por la cual se declaró la nulidad de la Resolución DE PRLA N° 2617/2017 en orden a la omisión por parte de la DGA de efectuar la corrida de vista del art. 1.101 del C.A., en el sumario que ha tramitado como expediente N° 12210-7039-2011, y rechazó el planteo de prescripción tributaria planteado por la actora -por mayoría-; correspondiendo el reenvío de estos actuados a la instancia anterior a efectos que, por intermedio de quien corresponda, se dicte un pronunciamiento respecto de las restantes cuestiones propuestas por la importadora, pendientes de tratamiento (Considerandos VIII, IX, X y XI);
ii) modificar la distribución de costas relativa a la actuación desplegada ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo concerniente a las cuestiones allí debatidas y resueltas, las que se distribuyen en el orden causado, al igual que las relativas a esta instancia judicial (conf. Considerandos XIII); y iii) diferir el tratamiento de los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios, en función de la forma en que se decide.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia