Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8914/25 Sentencia: Definitiva Actor: Avalos Rossi Lucas Demandada: Prevención ART S.A.
Objeto: Accidente Laboral Fecha: 12-12-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 18 del mes de Diciembre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “AVALOS ROSSI, LUCAS C/PREVENCIÓN ART S.A. S/ACCIDENTE LABORAL" Expte. Nº 38.201/21 que tramita en el Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y de Familia con asiento en la ciudad de Las Heras, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 8914. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Humberto Monelos y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que en PE 1842927-2025 la Dra. Griselda Bard se excusa de intervenir en los presentes por cuanto el Dr. Federico Pereyra, apoderado de la parte demandada, se desempeña en el estudio jurídico de su esposo, Dr. Eduardo Gonzalez. Invoca a tal fin el art. 17 inc. 1 y 30 del CPCC. Que es de público conocimiento que nuestra distinguida colega se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Gonzalez y por ende, su situación encuadra en lo dispuesto en el art. 17 inc. 1 del CPCC, por lo que resulta procedente la excusación y por ello corresponde aceptarla y apartar a la Dra. Griselda Bard del conocimiento y trámite de la presente. Así lo propongo al acuerdo.
II. Que por PE337838-2021 se presenta el Sr. Lucas Ávalos Rossi con el patrocinio letrado de los Dres. Fernando Kustich, Julián Michavila y Ramiro Castillo y promueve demanda por accidente laboral en contra de PREVENCIÓN ART S.A. por la suma de $ 6.414.082,64 con más intereses o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos en concepto de prestaciones dinerarias tarifadas previstas por el Régimen de Reparación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales definido en el art. 1 de la ley 26.773. Bajo el título “hechos” detalla los antecedentes de la relación de trabajo y la incapacidad laboral que invoca. En éste sentido indica los antecedentes de la enfermedad y el diagnóstico actual, remarcando que al examen médico presenta dolor y limitación en la movilidad de la columna lumbar, lumbalgia moderada bilateral más ciatalgia unilateral, espondilo artrosis de columna como consecuencia de la exposición a vibraciones de cuerpo entero, con pérdida de la capacidad laboral del 24,8 % de la T.O. Describe la tareas que desempeñaba para su empleadora “Clear Petroleum S.A.”, de los antecedentes del reclamo y de las prestaciones reclamadas, las que funda en el art. 14 inc. 2 ap. B, con las modificaciones introducidas por el Dto. 1694/09 y los arts. 3,8 y 17 inc. 6) de la ley 26.773. Luego expone los fundamentos jurídicos de la acción que promueve y plantea la inconstitucionalidad en subsidio de las normas que establecen la obligatoriedad del trámite ante la Comisión Médica (arts. 8, 21 y 22 de la LRT, Decreto 717/96 y Decreto 54/2017) y del Decreto de Necesidad y Urgencia 669/2.019. Hace reserva del caso federal, acompaña prueba documental y hace su petición final.
III. Que por PE 45536-2022 se presentan los Dres. Eduardo Gonzalez y Federico Pereyra en representación de la parte demandada y contestan la acción. Formulan una negativa particular de los hechos, se oponen a prueba y adjuntan documental. Invocan la obligatoriedad del procedimiento administrativo previo a la interposición de la demanda conforme a la ley 27.348 y bajo el título “falta de nexo causal entre el hecho y el daño” sostienen que del certificado médico acompañado no surge que la patología descripta tenga relación con el trabajo realizado por el actor. Argumentan luego que ante la falta de relación de causalidad entre el hecho y el daño no se cumplen los extremos del art. 1726 del CCYC. Al dar su versión de los hechos afirman que PREVENCION ART S.A. cumplió con la totalidad de las obligaciones que la ley de infortunios pone a su cargo, ya que investigó el caso y concluyo que el lugar y puesto de trabajo no produce la enfermedad profesional que el trabajador alega. Dicen por otra parte que las obligaciones de la nombrada están delimitadas por las leyes dictadas sobre riesgo de trabajo y toda indemnización que se pretenda en exceso o por fuera de esa cobertura debe ser exigida a su empleadora. Contestan la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26773, impugnan liquidación, impugnan la aplicación del RIPTE y la determinación del Ingreso Base Mensual (IBM). Invocan el precedente “Esposito”, ofrecen prueba, fundan en derecho y hacen su petición final.
IV. Que por PE 1842927-2025 se dicta sentencia definitiva en fecha 28 de Marzo de 2025, Reg. N° 10, T° I/2025, F° 68/77, mediante la cual se declara la inconstitucionalidad de los arts. 8 inc. 3, 21 y 22 de la ley 24557, del Decreto 717/96, del Decreto 54/2.017 y del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 669/19. Se hace lugar a la demanda interpuesta por LUCAS AVALOS ROSSI en contra de PREVENCION ART s.a., condenándola al pago de la indemnización que corresponda por aplicación del art. 14 inc. 2 apartado a) de la ley 24.557 con más el adicional del 20 % conforme lo previsto por el art. 3 de la ley 26.773 por la incapacidad sufrida del 49,2 de la T.O. a consecuencia de la enfermedad laboral cuya primera manifestación invalidante es el día 3 de junio de 2.021, ordenándose el pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final y del cálculo del ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, teniendo presente la fecha de la primera manifestación invalidante (03/06/2021) y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557n en el art. 11 de la ley 27.348.
V. Contra el fallo dictado la parte demandada interpone recurso de apelación mediante PE 1791816-2025. Formula dos agravios y a través del primero de ellos sostiene que la sentencia de primera instancia está incompleta ya que no determina el IBM que se utilizará para determinar el quantum indemnizatorio y en consecuencia tampoco cuantifica el monto de condena remitiendo su jurisdicción en el Gabinete contable. Razona que el juez de grado incurre en dos errores. El primero radica en que delega su función jurisdiccional en el órgano contable administrativo y el segundo en que la liquidación debe ser realizada por la actuaria. Señala entonces que tanto el cálculo del IBM como el RIPTE son asuntos sobre los cuales las partes han realizado distintos planteos y requieren de una decisión expresa, positiva y precisa y que la omisión podría derivar en otro juicio dado las diferentes posturas. Concluye su primer agravio señalando que al omitirse resolver cuestiones articuladas se da el caso de sentencia arbitraria. En su segundo agravio indica que el juez soslaya la circunstancia de que el actor reclama lumbociatalgia y ciatalgia pero el perito médico determina en su informe que el actor padece hernia de disco operada, interpretando por ello que aquel decide extra petita determinando una incapacidad por lesiones que no fueron reclamadas en el inicio del presente. Finaliza su exposición remarcando que lo adecuado hubiese sido que se expida o determine si el actor posee las patologías que reclama y no otras.
VI. Los agravios de la parte demandada fueron contestados por la parte actora por PE 1815853-2025. Al responder el primer agravio señala que el magistrado de grado ha informado y fundado de manera expresa y precisa la normativa que corresponde aplicar para el cálculo indemnizatorio, remarcando en ese sentido que luego de adherir a la inconstitucionalidad de la reforma que sustituyó el art. 12 de la ley 24.557 por el art. 1 del DNU 669/2.019 resuelve que a los fines del cálculo se deberá aplicar el art. 12 de la ley 24.557 bajo el texto modificado por el art. 27.348, art. 11. Entiende así que surge con precisión del sistema tarifado que se debe aplicar las operaciones matemáticas correspondiente concluyendo que la sentencia no está incompleta sino que realiza una derivación razonable del derecho vigente aplicable a las circunstancias del caso.
Señala por otra parte que no es cierto que no se encuentren resueltas cuestiones planteadas por las partes siendo inadmisible el planteo de arbitrariedad. Respecto del segundo agravio dice que el certificado médico expedido por el Dr. Del Colle es claro y preciso al exponer que el actor presenta una hernia discal lumbar a nivel L4-L5 con parestesias y limitación de la movilidad de la columna lumbar, diagnosticándole lumbalgia moderada bilateral más ciatalgia unilateral y que el 10 de agosto de 2.021 el actor debió ser sometido a una cirugía de columna. Señala que el Perito Médico Oficial determina una incapacidad del 40 % calificando legalmente la afección como “hernia de disco operada” con secuelas clínicas y/o electromiograficas severas conforme pautas establecidas en el Baremo Dec. 49/2.014, por lo que entiende que no es cierto que el juez resolvió sobre lesiones que no fueron planteadas en la demanda ya que se tratan de la mismas, es decir, una hernia discal lumbar a nivel L4-L5.
Remarca que lo que varía es el diagnóstico oportunamente otorgado por su médico particular con el perito médico oficial y que obedece a que luego de ser examinado por el Dr. Del Colle el actor fue sometido a una intervención quirúrgica a raíz de la lesión padecida (hernia discal) en su columna lumbar en el segmento L4-L5. Señala por último que el fundamento de la indemnización reside en la disminución permanente de la capacidad laborativa y que la demandada no formuló impugnación alguna respecto del informe pericial médico, lo que refuerza la validez de las conclusiones periciales, destacando que la sentencia se apoya en la incapacidad laboral permanente del 49,2 y es acorde con el fin de la LRT de reparar los daños originados por enfermedades profesionales en función de la incapacidad laboral.
VII. Que inicio el tratamiento de la primera de las quejas formuladas, poniendo de relieve que según mi opinión, la resolución dictada en la instancia anterior no adolece de omisiones que la tornen incompleta tal como se le achaca en agravios.
Lo entiendo así, a partir de que el defecto que le atribuye el recurrente tiene que ver con que, según su modo de ver, el juez de grado no se expidió en concreto sobre la forma de cálculo del Ingreso Base Mensual del trabajador reclamante para determinar el quantum indemnizatorio y en este sentido, tal como lo sostuve en otro precedente, interpreto que disponer que la liquidación de ese promedio se lleve a cabo según la redacción otorgada al art. 12 de la ley de riesgo de trabajo por la ley 27.348, conforme lo hace el magistrado, es una pauta suficiente para tener por cumplido el deber de fallar sobre todos los aspectos en los que hay diferencias entre las partes. En efecto, observo que el art. 12 de la ley 24.557, según texto introducido por el art. 11 de la ley 27.348, fija claramente las pautas para el cálculo del monto de las indemnizaciones por incapacidad laboral, siendo preciso cuando establece los parámetros que se deben tomar para determinar el ingreso base (IB) que se utilizará para tal fin.
De este modo, conforme a la forma en la se expidió el magistrado de origen, concluyo que su decisión fue la de ajustarse a la solución normativa prevista por la ley referida y por ende respetar la forma de cálculo que ella contiene.
Que por otra parte el apelante le sindica también al magistrado haber incurrido en yerro al delegar la función jurisdiccional en el órgano contable administrativo. Entiendo sobre éste aspecto que en el caso no se ha delegado facultad jurisdiccional alguna puesto que, en coincidencia con lo arriba dicho, observo que la sentencia contiene claramente las pautas bajo las cuales se debe confeccionar la liquidación final. Así se establece en el punto 4 del fallo que: “Pase al Gabinete Contable Oficial a los fines de practicar liquidación final. A los fines del cálculo de ingreso base y actualización de las sumas adeudadas, teniendo presente la fecha de la primera manifestación invalidante -3/6/2.021- y la redacción establecida para el art. 12 de la ley 24.557 en el art. 11 de la ley 27.348” Cabe destacar que el art. 166 del CPCC aplicable al fuero por remisión del art. 121 de la ley 1444, establece en su primer párrafo que “Cuando la sentencia contenga condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios, fijará el importe en cantidad o establecerá por los menos las bases sobre que haya de hacerse la liquidación”.
Conforme con tales directivas, tenemos que establecidas las bases para la liquidación que corresponda el magistrado tiene la facultad de derivar su confección a los cuerpos técnicos especializados del poder judicial, sin que ello importe la delegación de su jurisdicción entendida ésta como la potestad de juzgar los conflictos sometidos a su conocimiento, pues, en definitiva, de lo que se trata aquí es de encomendar una tarea a un organismo técnico oficial para garantizar la exactitud de un cómputo.
Tampoco comparto la apreciación del recurrente en cuanto sostiene que incurre en otro yerro el juzgador dado que la liquidación debe ser realizada por el actuario. Si bien no paso por alto que el art. 99 de la ley 1444 determina que éste practicará liquidación consentida o ejecutoriada la sentencia, se trata aquí de la confección de cálculos complejos y por ende deben reducirse errores en aras de evitar dispendios que retardarían el proceso. Que por otro lado, la confección la llevará adelante un organismo perteneciente a éste Poder Judicial y como tal le aporta imparcialidad a su labor. No obstante lo cual, de la liquidación que se practique se correrá traslado a las partes del proceso quienes mantienen la potestad de impugnarla si entienden que existan errores en su confección, siendo en definitiva el magistrado quien deberá decidir la admisión o no de la eventual impugnación que se lleva a cabo.
Que por último y en cuanto a la crítica de la demandada relativa a que las partes han realizado distintos planteos sobre el cálculo del IBM y el RIPTE que requieren de una decisión expresa, positiva y precisa, interpreto conforme a todo lo antedicho que el recurrente debió indicar al menos en agravios, cuál es la suma que pretende como ingreso base mensual como así también que pautas a su entender son las pertinentes para su cálculo sobre la base de la batería normativa que la regula. En definitiva, si no se indican que elementos de juicio se aportan y como incidirían en orden a alterar el fallo en su favor, el agravio no es idóneo para alcanzar el fin que persigue. Que por tanto opino, con igual criterio que al expuesto en la causa “GONZALEZ, CARLOS SEBASTIAN C/PREVENCIÓN A.R.T. S/DEMANDA LABORAL" Expte. Nº 2486/2020 que el apelante limito su queja a plantear una omisión del magistrado de grado que no fue tal, sin que avance sobre los motivos por lo que adopto esa decisión. De allí la ausencia de todo viso de arbitrariedad por omisión de las cuestiones propuestas por las partes, pues, la discrepancia expuesta en agravios no es suficiente para descalificar el pronunciamiento en los términos en que se lo hace.
Nuestro Cimero Tribunal tiene dicho que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir sentencias equivocadas o que el apelante considere tales a raíz de su mera discrepancia con el criterio de selección y valoración de las pruebas, sino que reviste un carácter estrictamente excepcional y exige que medie un inequívoco apartamiento de las normas que rigen el caso o una decisiva carencia de fundamentación. Dichas circunstancias no se encuentran presentes en el caso, pues como se dijo, la sentencia de grado ordena confeccionar el cálculo de la prestación dineraria reconocida al trabajador demandante conforme a la norma jurídica vigente que fija las pautas para ello. Va de suyo que las diferencias interpretativas de las normas involucradas no constituyen dé por sí arbitrariedad, sino que es necesario invocar que se trata de una sentencia desprovista de apoyo legal fundada tan sólo en la voluntad del juzgador.
Es por lo expuesto que entiendo que los fundamentos desarrollados en sustento del primer agravio no logran conmover lo decidido en la instancia anterior y en consecuencia debe rechazarse el agravio en tratamiento. Así lo propongo al acuerdo.
Que en relación al segundo agravio, según el cual el juez de grado fallo extra petita porque determino una incapacidad por lesiones que no fueron reclamadas en el inicio, detallando que el actor reclamo lumbociatalgia y ciatalgia pero el perito determino que el actor padece hernia de disco operada, tampoco voy a compartir el argumento expuesto en agravios. En tal sentido, hago hincapié primero en la documental acompañada con la demanda, en particular el informe médico elaborado por el profesional Jose Daniel Del Colle obrante a PE 337838-2021. Allí se indica, al relatar los antecedentes de la enfermedad, que el actor presenta lumbalgia crónica, parestesias en miembro inferior derecho, mediante estudios complementarios (RMN) y clínica hernia discal lumbar a nivel L4-L5 con parestesias y limitación de la movilidad de la columna lumbar. Tales antecedentes se encuentran reproducidos en el escrito de demanda. Que el Dr. Walter Alvarez Giral, integrante del cuerpo médico forense de éste Poder Judicial, al elaborar el informe obrante a PE 1003271-2023, detallo en sus consideraciones médico legales que el actor presente una incapacidad de tipo parcial y permanente del 49,2 según el baremo y nuevas enfermedades del trabajo-Decreto 49/14 que se calcula por ser hernia de disco operada con secuela clínica y/o electromiograficas, severas del 40 % a lo que se suman los factores de ponderación. Señala luego que esta incapacidad guarda relación causal con los antecedentes que originaron los presentes autos. En el punto de pericia en el que fue interrogado si el actor padece de la patología incapacitante descripta en la demanda y en el certificado médico adjunto, el profesional se remitió a tales consideraciones. El juez de grado al sentenciar hizo hincapié en dicha pericia destacando que ella se basta así misma y que fue puesta a conocimiento de ambas partes y que no ha sido objetada por la parte accionada. Tomo entonces el porcentaje allí dictaminado como indicador del porcentaje definitivo al momento de calcular la incapacidad laboral parcial permanente.
Que por ende no se advierte apartamiento alguno entre lo juzgado y lo pedido por la reclamante en razón de la existencia de un evidente correlato entre las patologías detalladas en los informes médicos y en la acción promovida.
Que por ello entiendo se deberá también rechazar este segundo agravio en tratamiento.
Por estas razones y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, con costas a la parte recurrente por el principio objetivo de la derrota. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1°) Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y tramite de la presente causa 2º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en las instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 12 de Diciembre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación de la Dra. Griselda Bard al estar comprendida en la causal del ar.t 17 inc. 1 del CPCC apartándola del conocimiento y trámite de la presente causa.- 2º) Rechazar los agravios formulados por la parte demandada confirmando la sentencia de grado en todo cuanto fuera materia de agravio. 3°) Imponer las costas en ésta instancia a la demandada vencida (art. 68 C.P.C.). 4º) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 5º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Juan Pablo Olivera no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes. Fdo. Horacio Fernández- Juez de Cámara; Humberto E. Monelos - Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201072S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3168 Folio Nº: 148/153 Secretaria: 1
Fin de la sentencia