Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 2 de Junín · Causa JU-4048-2025
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por MAXIMILIANO SEBASTIÁN AVENDAÑO contra HORACIO EMMANUEL ANAYA, haciéndose extensivo el pronunciamiento a SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, en su carácter de citada en garantía.
2Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 CPCC).
3Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad procesal correspondiente.
AUTOS: AVENDAÑO MAXIMILIANO SEBASTIAN C/ ANAYA HORACIO EMMANUEL S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
EXPTE: JU-4048-2025
En la ciudad de Junín, en la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.).
AUTOS Y VISTOS: los presentes en mi Público Despacho para dictar sentencia de los que Resulta:
Con fecha 08/10/2025 se presenta MAXIMILIANO SEBASTIÁN AVENDAÑO e interpone demanda de daños y perjuicios contra HORACIO EMMANUEL ANAYA y cita en garantía a SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, reclamando la suma de $15.448.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más intereses, gastos y costas.
Relata que el día 12 de abril de 2025, aproximadamente a las 19:30 horas, circulaba a bordo de una bicicleta por calle Dr. Calp, en dirección descendente de la numeración, sentido periferia-centro de esta ciudad.
Expresa que, próximo a arribar a la intersección con calle Niñas de Ayohuma, un vehículo Peugeot 307 que circulaba por esta última arteria dobló sobre Dr. Calp y, sin advertir su presencia, lo embistió frontalmente.
Sostiene que ambas arterias son de tierra y de doble sentido de circulación y que se aproximaba a la encrucijada desde la derecha respecto del Peugeot.
Afirma que, como consecuencia del impacto, cayó al suelo y sufrió contusión de miembro inferior derecho, cadera y hombro, politraumatismos y otras laceraciones, además de daños materiales en la bicicleta.
Atribuye responsabilidad al demandado en los términos de los arts. 1723, 1725, 1757, 1758 y concs. del Código Civil y Comercial.
Reclama indemnización por incapacidad física, gastos de reparación del rodado, desvalorización venal, daño moral, daño psicológico, tratamiento psicoterapéutico, gastos médicos y gastos de movilidad, por un total de $15.448.000.
Ofrece prueba y funda en derecho.
Corrido el traslado de la acción, con fecha 31/03/2026 se presenta Seguros Bernardino Rivadavia Cooperativa Limitada, reconoce la existencia de contrato de seguro respecto del vehículo Peugeot 307, dominio FUS 536, vigente al día 12 de abril de 2025, con un límite de cobertura de $160.000.000 por acontecimiento, y contesta demanda.
Formula negativa general y particular de los hechos expuestos por el actor. En particular, niega la existencia del accidente, que el actor hubiera circulado por calle Dr. Calp en las circunstancias descriptas, que el Peugeot hubiera circulado por Niñas de Ayohuma, que hubiera doblado sobre Dr. Calp y que hubiera embestido al accionante.
Cuestiona asimismo la existencia y relación causal de los daños reclamados, solicitando el rechazo de la demanda, con costas.
Con fecha 19/05/2026 se declara la rebeldía del demandado Horacio Emmanuel Anaya en los términos del art. 59 del CPCC.
Con fecha 05/06/2026 se abre la causa a prueba, certificando la actuaria sobre la producción de las mismas con fecha 22/09/2026.
Con fecha 28/10/2026 se llaman los autos para dictar sentencia mediante providencia firme y consentida.
I. Que la parte actora pretende obtener el resarcimiento de los daños que afirma haber sufrido como consecuencia del accidente de tránsito que ubica el día 12 de abril de 2025, aproximadamente a las 19:30 horas, en la intersección de calles Dr. Calp y Niñas de Ayohuma de esta ciudad, atribuyendo al Peugeot 307 vinculado al demandado Anaya intervención causal en su producción.
La citada en garantía controvierte expresamente la existencia del hecho y la participación del vehículo asegurado, mientras que el demandado Anaya fue declarado rebelde.
II. Ley aplicable: cabe destacar que el artículo 1769 del CCyC dispone que para los daños causados por la circulación de los vehículos se aplican los artículos referidos a la responsabilidad derivada de la intervención de las cosas.
Por su parte, el art. 1757 trata la responsabilidad objetiva por el riesgo de la cosa. Dispone que: "Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención".
En cuanto a los legitimados pasivos, el art. 1758 apunta como sujetos responsables concurrentes al dueño y al guardián por el daño causado por las cosas, fijando como causal de exculpación el uso en contra de su voluntad expresa o presunta.
Debe especificarse que el cuerpo normativo, al referirse a los factores de atribución, establece que éste resulta objetivo cuando la culpa del agente es irrelevante a los efectos de atribuir responsabilidad y explica que, en tales casos, el responsable se libera demostrando la causa ajena, excepto disposición legal en contrario (art. 1722 CCyC).
En tanto la relación de causalidad entre el hecho y el daño configura un elemento indispensable de la responsabilidad civil (conf. arts. 1726, 1727 y 1728 CCyC), el accionado podrá exonerarse total o parcialmente del deber de resarcir si acredita la interrupción del nexo causal. La causa ajena puede radicar en el hecho del damnificado, en el de un tercero por quien no se debe responder o en el caso fortuito o fuerza mayor (arts. 1729, 1730 y 1731 CCyC).
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha señalado reiteradamente que para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se encuentra en conexión causal adecuada con el acto ilícito, esto es, que el efecto dañoso sea el que debía resultar normalmente de la acción u omisión jurídica según el orden natural y ordinario de las cosas. El vínculo causal exige, entonces, una relación efectiva y adecuada entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (conf. SCBA, causa L. 88.330, "C., E. contra Fisco Provincia de Buenos Aires. Indemnización daños y perjuicios", sent. del 31/8/2007, entre otros).
De acuerdo con este régimen, el accionante debe probar la existencia del daño, el riesgo de la cosa a través de su participación activa, la relación de causalidad entre uno y otro y que el demandado resulta dueño o guardián de aquélla.
Respecto de la distribución del onus probandi, expresa Matilde Zavala de González: "...aún cuando pesa sobre el actor la prueba genérica sobre el hecho, no siempre soporta esa carga respecto de sus circunstancias. Por el contrario, muchas veces, sobre la base de la primera demostración se traslada al demandado la de circunstancias aptas para excluir la responsabilidad. Así se verifica, por ejemplo, en el supuesto de daños derivados del riesgo o vicio de una cosa (art. 1113): el actor debe demostrar un hecho en que haya tenido intervención activa la cosa riesgosa o viciosa, y el demandado, si quiere enervar la imputación, tendrá que acreditar las circunstancias fácticas que evidencien que el daño reconoce su origen en una causa ajena al riesgo o vicio" (Resarcimiento de daños, t. 3, págs. 156/157 y 214).
III. Sentado ello, entiendo que la parte actora no ha logrado satisfacer la carga probatoria que sobre ella pesaba respecto de la existencia del hecho en las condiciones invocadas y, fundamentalmente, de la intervención activa del vehículo Peugeot 307 del demandado en la producción de los daños (arts. 375 y 384 CPCC).
En primer término, la pericia mecánica presentada con fecha 17/06/2026 por el Ing. Horacio Luis Killinger resulta particularmente relevante para dilucidar esta cuestión.
El experto informó que no se constataron rastros del accidente; que no surgen de autos daños correspondientes al Peugeot 307; que se desconoce el lugar donde se detuvieron ambos rodados y que, respecto de las lesiones que presenta el ciclista, no resulta posible determinar si se compatibilizan con un contacto con el Peugeot o si obedecen a una caída.
Al abordar concretamente la mecánica del hecho, el perito concluyó que "no es posible expedirse sobre la mecánica del hecho", y efectuó una observación técnica de particular importancia: frente al relato de la demanda, según el cual el Peugeot que circulaba por Niñas de Ayohuma habría doblado sobre Dr. Calp y embestido frontalmente a la bicicleta, señaló que "esas características de impacto no se compadecen con la falta de deformación de la rueda delantera".
La parte actora solicitó explicaciones e impugnó tales conclusiones. Sin embargo, al responder el traslado con fecha 08/07/2026, el experto ratificó sustancialmente su dictamen.
Explicó que se había basado en las fotografías incorporadas al expediente y que en ellas no se perciben deformaciones ni en la rueda delantera ni en los barrales compatibles con un impacto frontal.
Más aún, interrogado específicamente acerca de si un impacto frontal entre un automóvil y una bicicleta a baja velocidad produce necesariamente deformaciones, respondió que, considerando la diferencia sustancial de masas entre ambos móviles, un impacto frontal deja siempre huellas de deformación sobre la rueda delantera y los barrales.
Asimismo, tampoco pudo determinar la velocidad del Peugeot ni obtener otros elementos técnicos que permitieran reconstruir objetivamente la mecánica denunciada.
Las conclusiones del experto no han sido desvirtuadas mediante elementos de igual o mayor rigor científico que justifiquen apartarse de ellas (arts. 384 y 474 CPCC).
Por otra parte, tampoco se produjo prueba testimonial que permitiera corroborar la existencia del contacto entre ambos rodados.
Si bien la actora había ofrecido testigos, ninguno compareció a la audiencia fijada para el día 8 de septiembre de 2026 y, ante la falta de activación de su citación, se hizo efectivo el apercibimiento oportunamente dispuesto, teniéndose a la oferente por desistida de dicha prueba en los términos del art. 430 inc. 1° del CPCC.
En consecuencia, no obra declaración de testigo presencial alguno que permita reconstruir el hecho o corroborar la intervención material del Peugeot 307 en la caída del actor.
La pericia médica practicada por el Dr. Fabián Gómez tampoco modifica esta conclusión. El experto determinó que el actor presenta síndrome meniscal no operado con signos objetivos y estableció una incapacidad física, parcial, permanente y definitiva del 8%.
Sin embargo, la comprobación de una lesión o secuela física no resulta suficiente, por sí sola, para acreditar el hecho generador ni la intervención causal del vehículo del demandado.
Una cosa es la existencia del daño y otra, diferente, la demostración de que éste reconoce como causa adecuada el hecho que sirve de fundamento a la pretensión. En el caso, la existencia de una afección física no permite suplir la ausencia de prueba acerca del contacto entre la bicicleta y el Peugeot, máxime cuando el propio perito accidentológico expresó que no podía determinar si las lesiones se compatibilizaban con un contacto con el automóvil o si obedecían a una caída.
Así, analizada la prueba conforme las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC), no encuentro elementos objetivos suficientes que permitan tener por acreditada la intervención activa del Peugeot 307 en la producción de los daños invocados.
No paso por alto que el demandado Horacio Emmanuel Anaya fue declarado rebelde en los términos del art. 59 del CPCC. Sin embargo, dicha circunstancia no conduce, por sí sola, a una solución diferente.
La rebeldía constituye un elemento de convicción que debe ser valorado conjuntamente con las restantes constancias de la causa, pero no importa una confesión ficta ni releva al accionante de acreditar los presupuestos esenciales de la pretensión resarcitoria.
Ello adquiere particular relevancia en el presente caso, pues la existencia misma del accidente y la intervención del Peugeot fueron expresamente controvertidas por la citada en garantía, y la prueba producida no sólo no permitió corroborar suficientemente el contacto entre los rodados, sino que la experticia accidentológica puso de manifiesto la ausencia de elementos técnicos que permitan reconstruir la mecánica denunciada y señaló que las características materiales observadas en la bicicleta no resultan compatibles con el impacto frontal relatado.
En este sentido, nuestro Superior Departamental ha señalado: "La ocurrencia del hecho generador de responsabilidad en cuanto a la participación activa de una cosa bajo la guarda o titularidad del reclamado, negada por éste, no puede quedar bajo un manto de incertidumbre que a lo largo del proceso no se haya despejado por la cómoda actitud probatoria de la víctima, aún cuando pudiere aparecer que no fuese inicialmente caprichosa su elección. Recordemos que la certeza sobre los extremos que debe probar el actor -favorecida por cierto en base al régimen objetivo de responsabilidad- no puede soslayarse, sin llevar a trasladar arbitrariamente el daño de un bolsillo a otro" (arts. 375 y 384 CPCC; Cámara de Apelación Civil y Comercial de Junín, causa U-1730-2016, "Díaz José Antonio c/ Laspiur Carlos Alberto y otro/a", sent. del 15/8/2019).
En definitiva, la rebeldía del accionado no libera al actor de la carga de acreditar la existencia del hecho generador y la participación activa del vehículo atribuido al demandado, extremos que no han quedado suficientemente demostrados en autos (arts. 375 y 384 CPCC; art. 1734 CCyC).
Correspondía al accionante demostrar el presupuesto fáctico que habilitaba la aplicación del régimen de responsabilidad objetiva, esto es, la intervención activa del Peugeot 307 en el hecho dañoso. Frente a la insuficiencia de la prueba producida, la incertidumbre subsistente respecto de ese hecho constitutivo debe resolverse conforme las reglas que distribuyen la carga probatoria (art. 375 CPCC).
No acreditado ese presupuesto, no corresponde trasladar a los accionados la carga de demostrar una causa ajena, pues ésta sólo adquiere relevancia una vez demostrada la intervención activa de la cosa riesgosa.
En consecuencia, al no haber la parte actora satisfecho la carga probatoria que sobre ella pesaba, corresponde rechazar la demanda incoada.
Las costas deberán imponerse a la actora vencida, conforme el principio objetivo de la derrota (art. 68 CPCC).
Por todo lo expuesto y dispuesto por los arts. 68, 163, 375, 384, 430, 474 y concs del CPCC; arts. 1722, 1726, 1727, 1728, 1729, 1734, 1757, 1758, 1769 y concs del Código Civil y Comercial de la Nación, FALLO:
1. Rechazar la demanda de daños y perjuicios interpuesta por MAXIMILIANO SEBASTIÁN AVENDAÑO contra HORACIO EMMANUEL ANAYA, haciéndose extensivo el pronunciamiento a SEGUROS BERNARDINO RIVADAVIA COOPERATIVA LIMITADA, en su carácter de citada en garantía.
2. Imponer las costas a la parte actora vencida (art. 68 CPCC).
3. Diferir la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad procesal correspondiente.
Firmas
Funcionario firmante: RAGAZZINI Daniela Karina - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 102-2026
Fin de la sentencia