Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 37.661-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 120/2013 en todas sus partes, con costas.
2Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $37.621 por la representación procesal y $94.051 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada por los profesionales intervinientes en el Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-84861987-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 16 de Agosto de 2022
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 37.661-I caratulado “Aventura Emprendimientos S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Aventura Emprendimientos S.A. interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución Nº 120/2013, dictada el 22 de abril de 2013 por la Dirección Regional Sur de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006 y se lo intima a ingresar $545.559,18, más intereses resarcitorios (art. 37).
Asimismo, se le aplica una multa de defraudación de $1.091.118,36 (arts. 46).
De los Considerandos de la Resolución recurrida se advierte que el ajuste allí practicado se sustentó en diferencias de ventas declaradas en los libros y en el impuesto al valor agregado y las expuestas en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2006, además de diferencias en las compras y en las existencias finales de bienes de cambio del período fiscal 2005 y en las iniciales del 2006.
Surge de allí también que con motivo de uno de los requerimientos que se le cursaron durante el transcurso de la fiscalización, Aventura Emprendimientos S.A. dedujo recurso de apelación ante este Tribunal Fiscal invocando el efecto suspensivo previsto en el art. 167 de la ley 11.683 que motivó que éste por sentencia de la Sala C del 4 de julio de 2011, se declarara incompetente –fs. 71/72, Cpo. Consulta Dictámenes, Act. Adm-.
En su presentación en esta instancia Aventura Emprendimientos S.A. se agravia por el tratamiento recibido durante la fiscalización. Manifiesta que se vio desbordada por los requerimientos efectuados de aportar un sinnúmero de información contable que, según su criterio, excede las funciones previstas por la ley a favor de inspección actuante. Entiende que, de admitir la procedencia de tales requerimientos, en el futuro se puede llegar a exigir información que invada la esfera de la intimidad, lo que considera improcedente.
Sostiene además, que la Administración está incursa en lo que se llama “la reiteración integrativa” de los actos de verificación y/o requerimientos “en la que nunca aparece diáfana la frontera de la preclusión sobre los extremos ya comprobados por la inspección”. Se refiere, en forma insistente, a sanciones en sentido impropio, aunque no dice qué actos o medidas revestirían dicho carácter.
En subsidio, plantea la nulidad de la notificación de la Resolución recurrida, que fue efectuada en los términos del art. 100, inc. e) de la ley 11.683 del 24 de abril de 2013, con sustento en lo previsto en los arts. 141 y cc del C.P.C.C.N en atención a que al no haberse encontrado persona alguna para recibir la cedula se debió haber dejado un aviso de que se volvería a concurrir.
Finalmente, hace reserva de ampliar y/o denunciar en este Expediente, en relación a los períodos fiscales 2007,2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 que se encuentran en trámite de inspección para el caso de “sufrir” otras verificaciones y/o determinaciones a fin de que sean acumuladas.
Solicita se deje sin efecto la Resolución y, en subsidio, se haga lugar a la nulidad de la notificación planteada.
II. El Fisco Nacional contesta el traslado del recurso a fs. 41/45 y por las consideraciones que expone, solicita que se confirme la Resolución, con costas.
Asegura que dicho acto reúne todos los requisitos previstos en la ley 19.549 y que identifica, en forma precisa e inequívoca, los hechos y el derecho en que se funda; aclara que la fiscalización no fue arbitraria ni discrecional y que el recurrente pudo ejercer su derecho de defensa.
Sobre la nulidad de la notificación sostiene que el art. 141 del C.P.C.C.N. no requiere aviso previo, como sostiene el recurrente, por lo que la diligencia fue realizada conforme a derecho.
En cuanto al fondo de la cuestión, remite a los Considerandos de la Resolución y considera que el recurrente expresó agravios suficientes contra la pretensión fiscal, por lo que debe ser confirmada. Finalmente, hace notar que tampoco expresó agravios sobre los intereses resarcitorios, por lo cual solicita se los tenga por consentidos y firmes, y solicita también se confirme la sanción aplicada.
III. A fs. 50 se elevan los autos a consideración de la Sala y por la IF-2022-82526187-APN-VOCXI#TFN queda en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde en primer término expedirse sobre el planteo de nulidad de la Resolución por supuestos vicios en su dictado que, cabe ya decir, no son tales, ya que de los Considerandos y de las voluminosas actuaciones administrativas que la preceden surge que la decisión administrativa se encuentra fundada en los hechos y en el derecho que el juez administrativo consideró era el aplicable.
Respecto a la nulidad de la notificación, a fs. 5 de este Expediente está la cédula suscripta por el oficial notificador que da cuenta que la diligencia fue realizada el 24 de abril de 2013 a las 13.35 hs. en el domicilio fiscal ubicado en la calle Estados Unidos N° 1770, piso 1°, dpto. “C” de la Ciudad de Buenos Aires -circunstancia que no se encuentra controvertida -, de acuerdo a lo dispuesto en el inc. e) del art. 100 de la ley 11.683. Consta en su informe que “no habiendo encontrado a persona alguna que accediese a recibir la notificación ordenada, procedió a ensobrar y fijar en la puerta de acceso del domicilio antes indicado la Resolución AFIP-DGI DV SRR1 N° 120/2013 de fecha 22/04/2013 y del Anexo I que consta en (1) foja y forma parte integrante de la referida Resolución emitida por la División Revisión y Recursos perteneciente a la Dirección Regional Sur de esta Administración”.
Cabe recordar que el art. 100 de la ley 11.683, en su inc. e), establece que “Las citaciones, notificaciones, intimaciones de pago, etc., serán practicadas en cualesquiera de las siguientes formas: … e) Por cédula, por medio de los empleados que designe el Administrador Federal, quienes en las diligencias deberán observar las normas que sobre la materia establece el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. Y, el art. 141 del C.P.C.C.N, que es la norma que la recurrente invoca como fundamento de la nulidad, establece que “Cuando el notificador no encontrare a la persona a quien va a notificar, entregará el instrumento a otra persona de la casa, departamento u oficina, o al encargado del edificio, y procederá en la forma dispuesta en el artículo anterior. Si no pudiere entregarlo, lo fijará en la puerta de acceso correspondiente a esos lugares”.
Así, el aviso que la recurrente sostiene que se omitió no está previsto como requisito en la norma que cita, ni en el inc. e) del art. 100 de la ley 11.683 que es la forma que la Administración Tributaria decidió utilizar para notificarle dicho acto, la misma forma que utilizó para notificarle la vista del art. 17 de la misma ley, contra la cual también pudo presentar descargo y ejercer su derecho al debido proceso adjetivo –fs. 611/613, Cpo. Princ.-.
Este Tribunal, en oportunidad de expedirse sobre un caso análogo sostuvo que “… debe destacarse que la fijación del instrumento en la puerta del domicilio resulta suficientemente idónea para la notificación de resoluciones como las que se discuten en autos, y así lo dispuso el propio legislador en el precepto que rige la materia en el ya citado art. 100 inc. e), y aquélla, en consecuencia, posee virtualidad suficiente para anoticiar al interesado desde el momento en que se fija el instrumento y es consignada la fecha por el oficial notificador; dicho procedimiento realizado de conformidad con lo normado por la ley de rito no altera garantías constitucionales y, en consecuencia, tampoco el derecho de defensa del interesado.
Que, en efecto de la cédula de notificación cuestionada se desprende que ésta ha sido diligenciada en la forma establecida en el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, al que remite el inc. e) del artículo 100 de la ley 11.683, conforme el capítulo VI, cumpliendo los recaudos necesarios para que dicho instrumento goce de plena fe. … (conf. “Domínguez Aybar, Roberto”, Sala A, sent. del 12/12/2019). Resta decir, por último y a mayor abundamiento, que el art. 149 del C.P.C.C.N, la norma y el efecto que el recurrente pretende que este Tribunal declare, dispone “Será nula la notificación que se hiciere en contravención a lo dispuesto en los artículos anteriores siempre que la irregularidad fuere grave e impidiere al interesado cumplir oportunamente los actos procesales vinculados a la resolución que se notifica.
Cuando del expediente resultare que la parte ha tenido conocimiento de la resolución, la notificación surtirá sus efectos desde entonces”; pero en el caso, sin perjuicio de la validez de la notificación por haberse llevado a cabo en cumplimiento a los recaudos dispuestos en la ley, la presentación en término del recurso de apelación en este Tribunal contra la Resolución, en los términos del art. 76, inc. b) de la ley 11.683, obsta por razones obvias a la aplicación de dicha disposición y efecto. Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han invocado, menos aún acreditado.
También, debe tenerse en cuenta que todo lo se refiere a esta defensa, tiene que ser entendido con carácter restrictivo y no procede si no ha sido afectado el derecho defensa y mucho menos aun cuando no se invoca el perjuicio que sufrido, que en el caso se trata de la falta de aviso de concurrir en un nueva oportunidad al no encontrar persona alguna en el domicilio fiscal de Aventura Emprendimientos S.A.
Así lo ha manifestado en forma reiterada y constante la Cámara que ejerce como tribunal de alzada al decir que “…cuando se plantea la nulidad de un acto administrativo debe señalarse, concretamente, cuáles son los vicios que exhibe y qué perjuicio ha provocado (causa “Cooperativa de Trabajo AEI “Colonia Barraquero” LTDA c/ INAES – Resol. 806/08 (Expte. 137/03)”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012). También ha sostenido que el interesado debe acreditar la violación de una forma procesal, o la omisión de un acto, que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a su indefensión, por lo que las nulidades son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante (causa “EDI Fumigaciones SRL (TF 27564-I) c/ DGI”, “Cachape SRL c/ DGI” y “Ángel Russo Combustibles SRL (TF 24979-I) c/ DGI”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, del 12 de julio de 2012 y del 20 de mayo de 2015, respectivamente)” conf. ”Bringas Raul”, sentencia del 1° de octubre de 2020, entre muchos otros.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la defensa de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Cabe analizar ahora si la Resolución N° 120/13 se ajusta a derecho, para lo que ya se dijo que el único agravio se refiere a la supuesta extralimitación del Fisco Nacional en el ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización.
De los antecedentes administrativos se advierte que Aventura Emprendimientos S.A., dedicada a la actividad de construcción, fue notificada del inicio de una fiscalización (O.I. 515.285) y se le requirió información y documentación sobre su actividad económica, sus libros societarios, IVA Ventas y Compras, estados contables, detalle de cuentas bancarias y de bienes registrables. Ante ello, solicitó varias prórrogas para su cumplimiento, que fueron concedidas, y en varias oportunidades manifestó su disconformidad con lo peticionado. Inclusive, contra uno de los requerimientos interpuso recurso de apelación ante este Tribunal que fue desestimado por incompetencia para su tratamiento.
Del informe final de inspección agregado a fs. 583/588 del Cuerpo Principal, surgen en detalle las actuaciones realizadas, en cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 33 y 35 de la ley 11.683 que acuerdan a la Administración Tributaria amplias facultades de verificación y fiscalización para de determinar de oficio las obligaciones tributarias de los contribuyentes. Tal como lo sostuvo esta Sala, en una anterior composición, “…, tal amplitud de facultades resulta plenamente justificada y hasta imprescindible en pos de un eficiente control, siendo que el Fisco Nacional cuenta con la potestad para investigar los hechos imponibles e indagar en la actividad de los contribuyentes a los fines de investigar en sus actividades para comprobar la veracidad de la información suministrada en sus declaraciones al organismo fiscal. Estas facultades que le han sido otorgadas no son discrecionales, sino que la administración debe actuar respetando la letra y el espíritu de la ley que las otorgó. Que la oportunidad o conveniencia de la emisión del acto se desarrolla dentro de la libertad de acción y de apreciación con que se desenvuelve el accionar de la administración fiscal, esto hace que la función de este Tribunal sea comprobar si el acto cuestionado se muestra manifiestamente irrazonable, arbitrario o ilegítimo”. (conf. “Frigerio, Alejandro Bartolomé s/recurso de apelación”, sent. del 11/9/2017).
Así, no se advierte en el caso exceso, ni desborde en el ejercicio de tales facultades sino que ante las diferencias evidentes que arrojaban las ventas declaradas en el impuesto al valor agregado con las del impuesto a las ganancias en el mismo ejercicio, se desplegaron dentro de los límites que la ley fija, máxime cuando los requerimientos se refirieron mayormente a la propia contabilidad de la empresa con el objetivo de permitir al contribuyente dar una explicación a tales diferencias; lo que sí se advierte, en cambio, es la reticencia del contribuyente a cumplir con los requerimientos ya desde el inicio del procedimiento de fiscalización, a demorar la presentación de la documentación requerida mediante el pedido de sucesivas prórrogas o mediante la presentación del recurso de apelación ante este Tribunal contra un acto de manifiesta incompetencia como un requerimiento al sólo efecto de gozar del efecto suspensivo que el art. 167 de la ley 11.683 acuerda al recurso del art. 76, inc. b).
Tales consideraciones son suficientes para rechazar este único agravio, sin que la recurrente haya expresado otros concretos sobre los ajustes notificados en la Resolución, menos aún aportado u ofrecido pruebas sobre los mismos, por lo que corresponde confirmarla en todas sus partes, tanto en cuanto al capital como los intereses intimados en ella, con costas.
VI. Respecto de la sanción de defraudación aplicada en la Resolución N°120/2013, también debe ser confirmada porque ha quedado acreditado el elemento objetivo de la defraudación, esto es la presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias del período fiscal 2007 en forma engañosa y en perjuicio del Fisco Nacional, en la que se omitieron declarar ventas y se computaron más gastos que los permitidos y documentados, entre otros conceptos.
Lo mismo debe decirse sobre el elemento subjetivo, y en tal sentido, recaía sobre la recurrente probar en contra de su culpabilidad, lo que no hizo ni en esta instancia, ni en la previamente sustanciada, a fines de revertir la presunción prevista en el art. 47 inc. a) de la ley, es decir, la existencia de una grave contradicción entre sus asientos en los libros y registraciones, con los datos que surgen de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado y la del impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 declarando montos de ventas y de compras diferentes, diferencias que no hubieran sido detectadas de no mediar la labor de la fiscalización.
La Cámara expresó al respecto que “… el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum” por las cuales se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI” del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI” del 15/04/09; Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-19) c/ DGI” del 30/07/09). (conf. Pacific Trading SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo, sent. del 29/04/2014), Es conclusión, se encuentran configurados los elementos típicos que permiten encuadrar la conducta de la recurrente en la figura infraccional prevista en el art. 46 de la ley 11.683. Ello, sumado a que no expresó agravios sobre la multa, ni invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional llevan a este Tribunal a confirmar la multa aplicada (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros). Por todo lo expuesto corresponde:
1. Confirmar la Resolución N° 120/2013 en todas sus partes, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $37.621 por la representación procesal y $94.051 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada por los profesionales intervinientes en el Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
SE
1. Confirmar la Resolución N° 120/2013 en todas sus partes, con costas.
2. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en la suma de $37.621 por la representación procesal y $94.051 por el patrocinio letrado, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y la actividad desarrollada por los profesionales intervinientes en el Expediente, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Las sumas reguladas no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.08.16 09:48:13 -03:00 Date: 2022.08.16 09:58:24 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.08.16 11:15:12 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.08.16 11:15:13 -03:00
Fin de la sentencia