Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa rc 127227
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar competente para continuar interviniendo al Juzgado de Paz de Laprida.
C. 127.227 "PP-01-02-005909-23/00 R., M. Á. S/ AVERIGUACIÓN DE ILÍCITO"
I. Se eleva a consideración de esta Corte las presentes actuaciones a fin de resolver la contienda de competencia suscitada entre el Juzgado de Garantías n°2 del Departamento Judicial de Azul -con asiento en Olavarría- y el Juzgado de Paz de Laprida, en el marco de una protección contra la violencia familiar -conforme la ley 12.569-, iniciada por la señora M. d. C. P. quien requirió medidas de protección respecto de su tío, el señor M. Á. R., respecto de ella y de su hija, la niña P. N. S. Dichas medidas fueron otorgadas el 2 de noviembre de 2023 por el Juzgado de Paz mencionado (v. trámites: "Oficio recibido" de 27-X-2023 y sus PDF adjs., y "Medida instructoria y cautelar en violencia f." de 2-XI-2023).
II.1. Al respecto, este Tribunal ha tenido la posibilidad de pronunciarse en la causa C. 126.644 "R. J. A. C/ A. J. M. S/ Protección contra la violencia familiar (ley 12.569)" (sent. de 19-IX-2023), cuyo criterio ha sido sostenido en reiteradas oportunidades (conf. causas; C. 127.082, "V. S. N.", resol. de 14-XI-2023; C. 127.010, "D. L. T. M. I.", resol. de 14-XI-2023; C. 126.655, "V. M. A", resol. de 14-XI-2023; C. 126.766, "M. C. V.", resol. de 14-XI-2023; entre muchos otros).
En dicho antecedente, se indicó que con el objeto de ordenar las diferentes intervenciones que puedan llegar a operar ante un mismo hecho de violencia, se había dictado el Acuerdo 3.964 (del 11-XII-2019), a través de cuyo anexo estableció las "Reglas de actuación y articulación para la adopción de medidas urgentes en causas que abordan situaciones de violencia en el ámbito familiar o violencias de género en el ámbito doméstico" y recientemente, mediante Acuerdo 4.099 (del 15-III-2023), se realizaron ciertas modificaciones relevantes al aludido régimen. De la compulsa de dichos regímenes puestos en funcionamiento, puede distinguirse sin hesitación alguna el marco de actuación e intervención tanto del fuero penal como del fuero de familia o la justicia de paz.
II.2. En primer lugar, se subrayó la importancia de la utilización del Formulario único estandarizado para la toma de denuncias por hechos de violencia sucedidos en el ámbito familiar aprobado por la Resolución n°2.209/21. Así, se sostuvo que la mera compulsa del formulario que como Anexo I integra la mencionada resolución, pone en evidencia que el responsable de su confección deberá indicar si "lo denunciado configura un delito de acción pública" y, "para delitos de acción pública dependientes de instancia privada", deberá dejar constancia "de la manifestación respecto de si insta o no la acción".
Se afirmó que lejos de constituir ello un mero ritualismo, la correcta confección del formulario de recepción de las denuncias -en lo que atañe a las precisiones que se refirieron en el párrafo anterior- tiene una importancia crucial para el eficaz funcionamiento del mecanismo de articulación de acciones entre las diferentes instancias jurisdiccionales con vocación de intervención frente al caso denunciado, conforme lo regulado en el Ac. 3.964 (texto según Ac. 4.099). Esa información es de inocultable trascendencia: en caso afirmativo, se impone la remisión a "las Fiscalías y los Juzgados de Garantías y/o Garantías del Joven" (punto I. 3. "a"), mientras que si tales hechos no revisten en principio aquel carácter, la denuncia será derivada "previo ejercicio del derecho a opción de la persona denunciante al: b. 1) Juzgado de Paz Letrado o; b. 2) Juzgado de Familia o la Receptoría de Expedientes, según corresponda" (punto I. 3. "b").
Asimismo, se destaca que, en el primero de los supuestos, el titular del organismo del fuero penal debe resolver -ya sea concediendo o denegando- expresa y fundadamente las medidas protectorias, antes de remitir las actuaciones al juez de Familia -cuando ello así corresponda-. El régimen al que se viene aludiendo es claro al respecto, al disponer que "el Juzgado de Garantías o de Garantías del Joven, anoticiado del riesgo y sin que para ello sea necesario que se expida el Fiscal, deberá evaluar la pertinencia de conceder o denegar medidas preventivas o protectorias" (punto IV. 1).
Sumado a ello, y atento a la alegación del principio de prevención, esta Corte sentenció que el mismo no constituye un parámetro para dirimir la articulación de competencias que las "Reglas de Actuación y Articulación" establecen entre el fuero penal o de responsabilidad penal juvenil, y el fuero de Familia o la Justicia de Paz. La determinación respecto del órgano que ha "prevenido", es una regla que opera con exclusividad entre órganos con la misma competencia material.
II.3. Ahora bien, pasando a analizar la competencia del fuero de familia y de la justicia de paz, este Tribunal sostuvo que cobra relevancia el art. 6 de la ley 12.569 que atribuye competencia exclusiva a los Juzgados de Familia y de Paz para conocer en las denuncias articuladas en el ámbito de la violencia familiar; norma que se encuentra en consonancia con el art. 827 inc. "u" del Código Procesal Civil y Comercial.
Si bien la ley 26.485 resulta ser transversal y de aplicación multifuero, pudiendo -en el caso- ambos organismos jurisdiccionales dictar medidas de protección correspondientes, lo cierto es que, luego de ello, cada uno continuará atendiendo el hecho acontecido dentro del marco de sus competencias (art. 22, ley 26.485). El fuero penal hará lo propio en el marco de una investigación penal preparatoria por la posible comisión de delitos en contextos de violencia familiar o de género y, el fuero de familia y de paz, ahondará la intervención en los términos de la ley 12.569 para lo cual goza de competencia exclusiva. De este modo, la familia se asegura no sólo el dictado de medidas precautorias, sino la profundización del análisis de la situación de violencia encarnada con la finalidad de propender a su cesación, abordando al violento y asistiendo en su fortalecimiento a la víctima (doctr. art. 14, ley 12.569).
En este sentido, una vez emplazada la cuestión en la órbita "no penal" en función del deslinde que se ha desarrollado en los puntos que preceden, cobra virtualidad el principio de especialidad contemplado en el art. 706 inc. "b" del Código Civil y Comercial, el cual establece la necesidad de que el conflicto familiar, por las múltiples aristas que presenta y su íntima relación con la afectación y la protección de derechos fundamentales, sea abordado por un magistrado versado en la materia. Para su precisa identificación, las "Reglas de actuación y articulación" acuden -ahora sí- al tantas veces evocado principio de "prevención" (Ac. 3.964 -texto según Ac. 4.049-).
III. De la contienda traída a resolver se pueden divisar algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de dirimir la competencia conforme las pautas señaladas.
En primer lugar, se advierte que en el formulario de denuncia, la señora P. manifestó su intención de instar la acción penal (v. "Oficio recibido" de 27-X-2023, pág. 1 de su PDF adj. titulado "R. M. A. denuncia") de manera que la remisión al Juzgado de Garantías n°2 resultó ajustada al régimen precedentemente señalado (punto I. 3. "a", Ac. 4.099 SCBA).
El Juzgado de Garantías entendió que no correspondía dictar medidas de protección porque los hechos carecían de la urgencia necesaria y efectuó la comunicación al Juzgado de Paz de la localidad donde vive la denunciante y su hija en los términos precedentemente señalados y en cumplimiento de la Ac. 4.099 de este Tribunal, lo que también resultó ajustado al régimen establecido (conf. punto I. 3. "a", Ac. 4.099 SCBA; v. "Oficio recibido" de 27-X-2023 y sus PDF adjs.).
En segundo lugar, es del caso resaltar que el vínculo que une a la señora P. con el señor R., según surge de la denuncia, es familiar conforme el art. 2 de la ley 12.569. De allí que conforme a las pautas precedentemente indicadas, la declaración de incompetencia realizada por el Juzgado de Paz no se ajustó a derecho y resulta plenamente aplicable lo dicho por este Tribunal en la causa 126.644 ya citada, poniendo especial énfasis en lo normado por el art. 6 de la ley 12.569 que consagra que dichas medidas son competencia exclusiva del fuero de familia o de paz, sin perjuicio de la competencia que le corresponda al fuero penal en relación a la persecución de un posible delito (conf. art. III. 1. del Anexo de la Ac. 4.099/2023).
De este modo, de conformidad con la interpretación armónica que surge de las normas mencionadas (arts. 22, ley 26.485; 6, ley 12.569 y 706 inc. "b", Cód. Civ. y Com.), en lo que respecta a la protección de la violencia familiar, le corresponde intervenir al Juzgado de Paz, es que a dicho organismo le compete continuar entendiendo en el marco de las presentes actuaciones conforme el trabajo y finalidades que requieren y dimanan de la ley 12.569.
En consecuencia, corresponde declarar competente para conocer en estas actuaciones al Juzgado de Paz de Laprida (conf. arts. 6, ley 12.659; 706 Cód. Civ. y Com.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Declarar competente para continuar interviniendo al Juzgado de Paz de Laprida.
Regístrese y hágase saber por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y remítase por la vía correspondiente.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/12/2023 20:51:31 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 20/12/2023 09:29:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:12:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:45:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/12/2023 11:38:16 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/12/2023 13:48:29 hs. bajo el número RR-877-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia