Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2019-42983889-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 8486/2018 (DEPRLA-DVI) de fecha 09.11.18, dictada en las actuaciones SIGEA 13805-163- 2009, y los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-103907440-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Septiembre de 2022 SRL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En el día de la fecha, se reúnen los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Hugo H. Juárez, con la presidencia de la Vocal mencionada en segundo término, para resolver en los autos caratulados “ AVERY DENNISON DE ARGENTINA SRL c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ RECURSO DE APELACIÓN” – Expediente EX-2019-42983889- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I.-Objeto del proceso: Determinar si la Resolución 8486/2018 (DEPRLA-DVI) de fecha 09.11.18, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros de la Dirección General de Aduanas (“DGA”), en las actuaciones SIGEA 13805-163-2009 resulta ajustada a derecho. Dicha resolución decidió rechazar el procedimiento de impugnación iniciado por la actora contra los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09 que liquidaron una deuda por derechos de importación de Dólares Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 95/100 (U$S 28.246,95) con más los intereses correspondientes hasta la fecha de pago. Dicha diferencia se determinó por la DGA por considerar aplicable a las importaciones de autos el régimen arancelario extrazona -no el régimen preferencial intrazona- al imputar como inválidos los certificados de origen (Brasil) para el MERCOSUR aportados al oficializarse las importaciones.
II. Fundamentos del recurso de apelación: El 09.05.19, Avery Dennison de Argentina S.R.L., mediante el IF-2019- 42983469-APN-SGASAD#TFN, interpone recurso de apelación (art. 1132 del Código Aduanero -“CA”-) contra la Resolución 8486/2018 (DEPRLA-DVI) de fecha 09.11.18, dictada por el Departamento de Procedimiento Legales Aduanero de la DGA, en el expediente SIGEA 13805-163-2009, la cual se rechaza el recurso de impugnación interpuesto contra los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09 formulados por la suma de Dólares Veintiocho Mil Doscientos Cuarenta y Seis con 95/100 (U$S 28.246,95) con más los intereses del art. 794 del CA.
Señala que los cargos que originan la causa se derivan de la decisión adoptada por parte de la Aduana de impugnar los certificados de origen que amparaban cierta mercadería importada de Brasil en cuanto al cumplimiento de las reglas de origen del Mercosur y, por ende, la decisión del servicio aduanero de no otorgar tratamiento arancelario intrazona a dichas mercaderías. Refiere que la aludida mercadería se trata de cintas autoadhesivas en rollos de anchura inferior o igual a 20 cm de polipropileno clasificadas en la posición arancelaria NCM/SIM 3919.10.00.200X de origen brasileño, que son utilizadas para la fabricación de pañales descartables. Indica que la exportadora Avery Dennison do Brasil Ltda. es una empresa brasileña que se dedica, entre otras actividades, a la fabricación de la mercadería cuestionada en autos.
Sostiene que la Aduana no ha controvertido seriamente y en forma particular el origen de la mercadería y remite a las constancias obrantes en el expediente administrativo. Arguye que la DGA no ha realizado ninguna crítica concreta en relación a si las destinaciones por las cuales se formuló el cargo en trato cumplieron con las disposiciones vigentes del MERCOSUR en materia de origen, que ha sustentado su criterio en cuestiones ajenas a las destinaciones mencionadas y en base a normativa que resulta contraria a las disposiciones de un tratado internacional, la que debe ser declarada inconstitucional. Alude que la Instrucción General 2/2009 (SDG CAD) es contraria a la Resolución (SICPyME) 53/2008, como a la jurisprudencia del tribunal en los precedentes, análogos y de igual carátula al presente, que tramitaron bajo los expedientes 28.329-A (Sala E) y 28.326-A (Sala F) (los acompaña como Anexo III de su prueba documental), así como de los autos “AGROSUMA SRL c/DGA s/rec de apel” -Expte. 25.120-A, también de esta Sala E.
La actora examina pormenorizadamente estos precedentes y efectúa un exhaustivo examen de los hechos que originaran dichas causas y la presente. Arguye que en la resolución que apela la Aduana pretende otorgar efecto retroactivo a la aludida Resolución (SICPyME) 53/08 más allá del periodo de retroactividad previsto expresamente en ella. Esto es así porque la Aduana impugna los certificados de origen emitidos cuatro años antes de los eventos que se vinculan con la Resolución (SICPyME) 53/2008; la autenticidad de los certificados de origen de autos, adicionalmente, en ningún momento son controvertidos en forma particular por la Aduana. Expresa que en autos lo que la Aduana estaría cuestionando serían discordancias detectadas en las firmas de tres certificados de origen que nada tienen que ver con las destinaciones involucradas en la causa.
Cuestiona que el servicio aduanero no haya verificado la autenticidad de los certificados aplicables en autos, ni su validez en el marco de las reglas del Mercosur y que la haya privado de producir la prueba necesaria a fin de acreditar su validez. Manifiesta que el actuar de la Aduana ha sido ilegítimo dado que resolvió desconocer el origen de la mercadería en trato sin recurrir al mecanismo de consulta previsto en la normativa aplicable al caso. Cita el criterio sostenido por la Corte Suprema en la causa “Autolatina” en relación al mecanismo de consulta previsto en las normas de origen y aduce que si el servicio aduanero tenía alguna duda acerca de la autenticidad de los certificados o del cumplimiento de las reglas de origen, debió acudir al procedimiento de consulta establecido en el Capítulo VI del Anexo I del XLIV Protocolo Adicional al ACE 18 y no, como lo hizo, fundar los cargos en la Nota Externa Nro. 8/2008 (SDG CAD) que se remite a la Instrucción General 2/2009 (SDG CAD), que impugnó el origen de la mercadería en trato, extendiendo ilegítimamente los efectos temporales de la Resolución (SICPyME) 53/08.
Expresa agravios respecto de la resolución recurrida, reiterando los antes resumidos. Sostiene que debe declararse su nulidad absoluta en razón del grave vicio verificado en el procedimiento llevado a cabo para la formulación de los cargos apelados y dado que carece de motivación y causa, convirtiéndola en un acto nulo de nulidad absoluta. Plantea la ilegitimidad de la conducta de la Aduana al desconocer el origen de la mercadería sin instruir el procedimiento de consulta previsto en las normativas del MERCOSUR, que explica en detalle. Indica que la Aduana formuló los cargos argumentando una “duda fundamentada” sin haber analizado las destinaciones involucradas en el expediente y sin recurrir al mecanismo de consulta del MERCOSUR.
Refiere a los fallos de la Corte Suprema dictados en las causas “Mercedes- Benz” (sentencia del 21.12.99) y “Autolatina” (sentencia del 10.04.03) y sostiene que en el único caso en que el servicio aduanero se encuentra habilitado para no acudir al “mecanismo de consultas” es cuando la inhabilidad del certificado de origen resulta manifiesta. Plantea la inconstitucionalidad de la Instrucción General 2/2009 (SDG CAD), la ilegitimidad del dictamen en que se funda la resolución apelada y la nulidad del procedimiento, señalando que se encuentra viciado por no haber admitido la producción de ninguna prueba previo a la formulación del cargo en trato y en razón de los argumentos esgrimidos en el recurso que originara la causa.
Cita doctrina, jurisprudencia y refiere a la Ley de Procedimientos Administrativos señalando que la resolución en trato presenta los vicios de falta de motivación y causa. Finalmente sostiene que la resolución que apela constituye un acto ilegítimo que debe ser revocado, impugna los intereses aplicados a los cargos señalando que no se verifica mora culpable atribuible a su parte, ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita que se revoque el fallo apelado, con costas a la Aduana.
III. Contestación del traslado: Con fecha 01.07.19 la representación fiscal contesta el recurso de apelación mediante el IF-2019-58581158-APN-SGASAD#TFN. Asimismo, el 02.07.19 acompaña en soporte papel las actuaciones administrativas, lo que se referencia en el IF-2019-59876254-APN-SGASAD#TFN de fecha 04.07.19. Cumpliendo el imperativo procesal la Aduana niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y copias que contenga el escrito en traslado que no sean objeto de su expreso reconocimiento. En relación a los hechos de la causa señala que la formulación de los cargos involucrados resulta aplicación de la Resolución SICyPyME N° 53/2008, que determinó que los productos exportados a nuestro país por la firma Avery Dennison do Brasil Ltda. de la República Federativa del Brasil, no cumplen con el régimen de Origen MERCOSUR.
Funda su posición (capítulo V del recurso) en las actuaciones administrativas que ofrece como prueba. Indica que del análisis efectuado en el informe técnico realizado por el Ramo 3- Productos Químicos de la División Control Expost de Importación (DV CEDI), mediante Nota N° 445/09 (RAMO 3) se formularon los cargos FI 74 a 78/2009, conforme la referida Resolución (SICPyME) N° 53/2008 del 07.03.08. Esta resolución determinó que los productos exportados por la firma Avery Dennison do Brasil Ltda. de la República Federativa del Brasil, no cumplen con el Régimen de Origen MERCOSUR y ordenó a la Aduana a formular cargos por los derechos e impuestos dejados de percibir. Transcribe la resolución y señala que si bien la Resolución (SICPyME) 497/2011 la dejó sin efecto, dejó expresamente aclarado que no tendrá carácter retroactivo ni correctivo respecto de lo dispuesto por la Resolución 53/08 de la ex SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA”.
Indica que la investigación de origen de autos dio como resultado que la mercadería no cumple con el régimen de origen MERCOSUR, debiendo tenerse en cuenta el VIII Protocolo Adicional al ACE N° 18 que, en su art 18°, dice que la presentación de certificado de origen no obsta a que las autoridades competentes puedan, en el caso de fundadas dudas en relación a su autenticidad o veracidad requerir de la repartición oficial responsable por la verificación y control de ellos informaciones adicionales con la finalidad de dilucidar la cuestión. Cita luego el art. 22 en el sentido de que si se comprobara que los certificados de origen no se ajustan a las disposiciones del régimen de origen o se verifique su falsificación o adulteración, el país receptor de las mercaderías amparadas podrá adoptar las sanciones que estimare procedentes.
Señala que, conforme la Resolución MEYOSP 763/96, art. 3, las importaciones de mercaderías originarias de los países integrantes del MERCOSUR o de la ALADI con los cuales nuestro país hubiera suscripto Acuerdos de Complementación Económica, “se ajustarán exclusivamente a las disposiciones y modalidades que en materia de origen se hubieran convenido en dichos Acuerdos”. Señala que, conforme el art. 19 de dicha resolución, solo procede el reconocimiento del trato preferencial cuando se agregue el certificado de origen en los términos y condiciones establecidos en los respectivos acuerdos. Por los fundamentos expuesto peticiona se confirmen los cargos impugnados. Rechaza los planteos de nulidad formulados por la actora y sostiene que la resolución que origina la causa cumple con los requisitos esenciales de competencia, causa, objeto, procedimiento, motivación y finalidad establecidos en la ley de procedimientos administrativos 19.549.
Cita jurisprudencia. En los términos del art. 1164 del CA, manifiesta que el Tribunal Fiscal no resulta competente para resolver el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora. Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, formula el planteo del caso federal y solicita que se dicte sentencia rechazando la demanda, con costas a la actora.
IV.-Proceso en el Tribunal Fiscal: Que, contestado el recurso de apelación por la DGA el 01.07.21, este tribunal, la actora, con fecha 30.11.21 solicita se declare la causa de puro derecho y se eleven los autos a sentencia. El 17.08.22, mediante la PV-2022-85382588-APN-VOCXIII#TFN, se declara la causa de puro derecho, elevándose los autos a la Sala E; asimismo se ordena la digitalización de las actuaciones administrativas SIGEA 1-258099-2017 y 1-258098-2017, para su posterior certificación y agregación al expediente electrónico. El 28.09.22 se llaman autos a sentencia.
V. Procedimiento ante la Dirección General de Aduanas:
Las actuaciones 13805-163-2009 se inician el 22.09.2009 en cuya carátula aparece un formulario de procedimiento de “Cargos”. A fs. 1 aparece el listado de los cargos apelados de autos emitido por la División Control Expost de Importación. A fs. 2/4 aparece el cargo FI 74/09 correspondiente a la destinación de importación (“DI”) 07001IC04074874B y a fs. 5 se agrega el sobre contenedor de dicha destinación cuya fecha de oficialización fue el 15.05.07. A fs. 6/8 obra el cargo FI 75/09 correspondiente a la DI 06001IC04085491V y a fs. 9 se agrega el sobre contenedor de dicha destinación cuya fecha de oficialización fue el 04.06.07. A fs. 10/12 obra el cargo FI 76/09 correspondiente a la DI 06001IC04093857D y a fs. 13 se agrega el sobre contenedor de dicha destinación cuya fecha de oficialización fue el 19.06.07.
A fs. 14/16 obra el cargo FI 77/09 correspondiente a la DI 06001IC04006319Y y a fs. 17 se agrega el sobre contenedor de dicha destinación cuya fecha de oficialización fue el 09.01.08. A fs. 18/20 obra el cargo FI 78/09 correspondiente a la DI 06001IC04025097S y a fs. 21 se agrega el sobre contenedor de dicha destinación cuya fecha de oficialización fue el 07.08.07. A fs. 22/24 obra copia de la Resolución (SICPyME) 53/2008. A fs. 25/26, obra la Instrucción General (DGA) 02/2009 de fecha 06.03.09 dictada por la Subdirección General de Control Aduanero. A fs. 27/28, obra la nota Externa 8/2008 (SDG CAD), referida la PA 3919.10.00 y la firma actora de autos, para que se dé tratamiento arancelario de extrazona a la mercadería que importe en dicha PA, ordenando ejecución de garantías y formulación de cargos según los distintos períodos que refiere; asimismo deja sin efecto la Nota Externa 6/08 (BO: 17.03.08).
A fs. 29, con fecha 21.09.09, obra la Nota 445/09 (RAMO 3) de la División Control Expost de Importación referida a los cargos controvertidos en autos, por la que se los determina con fundamento en considerar inaplicables los Certificados de Origen correspondientes, conforme las resoluciones y notas antes referidas. A fs. 30, obra la Nota (sin número) del año 2009 (DV CEDI) por la que se remiten las actuaciones a la Sección Cargos y Pagos a los fines de su competencia. A fs. 31 obra impresión de pantalla del Sistema de Registro de la DGA referida a la empresa actora. A fs. 32/36 obra la constancia de la notificación de los cargos por la Aduana de San Luis. A fs. 37/42, presentado con fecha 09.11.09, obra el pedido de vista de las actuaciones de la actora.
A fs. 43, con fecha 02.11.09, obra la constancia de la toma de vista de las actuaciones por parte de la actora. A fs. 44/62, presentado con fecha 05.11.09, obra el escrito de impugnación de los cargos presentado por la empresa actora, remitiéndose las actuaciones -a fs. 63 con fecha 09.11.09- a la División Impugnaciones. A fs. 64, con fecha 09.12.19, la actora solicita garantizar en efectivo las sumas reclamadas en concepto de tributos, lo que se autoriza a fs. 66, con fecha 17.12.10, por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros. A fs. 67/71 obran copia de los cargos de autos reliquidados, conforme se consigna -fs. 72, fecha 10.02.11- mediante Nota 70/11 (SE COCP) de la Sección Control de Cargos y Pagos del Departamento de Fiscalización Aduanera Metropolitana, que los remite a la Sección Registro y Cruce.
A fs. 73/102 obran las consultas detalladas del Registro - correspondientes a la DI de autos- con la efectivización de las garantías en efectivo, el 04.03.11. A fs. 102 vuelta se remiten las actuaciones a la División Impugnaciones. A fs. 103/105, con fecha 11.05.11, y luego cédulas de notificación a la actora, se decide intimarla para que garantice la diferencia resultante de la reliquidación de los cargos. A fs. 106, con fecha 24.05.11, la actora constituye nuevo domicilio. A fs. 108, con fecha 14.06.11, la actora manifiesta su voluntad de garantizar la diferencia de intereses. A fs. 109 se vuelven a remitir las actuaciones a la Sección Cargos y Pagos a fin de reliquidar la diferencia y constituir la nueva garantía, lo que se efectiviza a fs. 110/151, remitiéndose nuevamente a la División Impugnaciones para resolver a fs. 149 vta.
A fs. 152, con fecha 27.05.15, se provee la impugnación, la que se tiene por deducida, presente la prueba documental y denegando la prueba informativa, lo que se notifica a la actora el 05.06.15 (fs.154 vta.). A fs. 156 obra la Nota 284/2017 (DV CUOR) de fecha 04.12.17 de la Dirección Técnica del Departamento Técnica de Importación de la División Cupos de Origen que, conforme el criterio que expone, encuadra normativamente la situación de la DI de autos frente al régimen de origen de las mercaderías, devolviendo las actuaciones a la Sección Impugnaciones. A fs. 158/159 obra la resolución apelada en autos, la que se notifica a la actora el 22.04.19 (fs. 161).
Se encuentran también agregadas las actuaciones 13668-183-2008/9, de 24 fojas, iniciadas en diciembre de 2008, de relevamiento de las garantías respecto de los derechos de importación liquidados por la Aduana para la DI de autos DI 06001IC04006319Y la que se había traspapelado y se agrega. Asimismo, se agregan las actuaciones 1-252293-2017, en 15 fojas iniciadas el 05.04.17 sobre los funcionarios habilitados en Brasil para emitir certificados de origen, referidos específicamente respecto del Sr. Flavio Nemen Barros, lo que es respondido por la Cancillería y la Federación de Industrias del Estado de San Pablo y el ALADI, de modo positivo entre el 23.08.07 y el 09.10.10.
VI. Decisión del caso: Corresponde resolver si la resolución que se cuestiona en autos se ajusta a derecho. La Aduana ha formulado, en el marco del SIGEA 13805-163-2009, los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09 con fundamento en la Resolución (SICPyME) 53/2008 de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Pequeña y Mediana Industria, cuyo art. 1 disponía: “Determínase que las mercaderías clasificadas en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 3919.10.00, exportadas por la firma AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, no cumplen con las condiciones para ser consideradas originarias en los términos de lo dispuesto por el Régimen de Origen MERCOSUR”.
En el trámite administrativo la Aduana remite también a las notas externas 8/2008 y 6/2008. Mediante ellas se instruyó al servicio aduanero para que, respecto a las importaciones provenieintes de la República Federativa del Brasil de los productos de la PA NCM 3919.10.00 efectuadas por very Dennison Do Brasil Ltda., se dispense el tratamiento arancelario extrazona; esto último en cuanto se trate de destinaciones oficializadas entre el 20.11.07 y el 21.02.08 estableciendo, además, que, para las destinaciones oficializadas entre el 22.02.08 y el 12.03.08 se formulen cargos por los tributos dejados de percibir, conforme el régimen general.
La recurrente sostiene en su recurso que la Aduana no ha cuestionado seriamente y en forma particular el origen de la mercadería en trato. Señala que, de las constancias obrantes en el expediente administrativo, resulta que el servicio aduanero no ha realizado ninguna crítica concreta respecto a las las destinaciones por las cuales se formularon los cargos 74/09 a 78/09; tampoco si cumplieron con las disposiciones vigentes del Mercosur en materia de origen. Opone que la Aduana ha sustentado su criterio en eventos ajenos a las destinaciones involucradas, aplicando normativa -la Instrucción General (SDG CAD) 2/2009- contraria a las disposiciones de un tratado internacional y plantea que, en consecuencia, debe declararse inconstitucional. Sostiene que la Instrucción General 2/2009 (SDG CAD) resulta contraria a la Resolución (SICPyME) 53/2008 y arguye que, en la resolución apelada, la Aduana pretendió otorgar efecto retroactivo a dicha resolución, más allá del periodo de retroactividad previsto expresamente en ella. Cuestiona que el servicio aduanero no ha verificado la autenticidad de los certificados de origen (en adelante “CO”) aplicables en autos, ni su validez en el marco de las reglas del Mercosur y que la ha privado de producir la prueba necesaria a fin de acreditar su validez. Manifiesta que el actuar de la Aduana fue ilegítimo, pues desconoció el origen de la mercadería importada sin recurrir al mecanismo de consulta previsto en la normativa aplicable para las fechas de oficialización de las DI involucradas en autos. El examen de la Resolución (SICPyME) 53/2008 (BO: 12.03.08), posterior a la fecha de oficialización de todas las DI de autos (07001IC04074874B ofic. el 15.05.07; DI 06001IC04085491V ofic. 04.06.07; 06001IC04093857D ofic. el 19.06.07; 06001IC04006319Y ofic. 09.01.08 y 06001IC04025097S ofic. el 07.08.07) indica que fue dictada como consecuencia de la investigación llevada a cabo en relación a los CO 30-07-18-03575, 30-07-18-03575 y 30-07-18-03576 que amparaban la importación de mercadería (PA NCM 3919.10.00) en los que constaba que el exportador de la misma había sido la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. y el importador la firma Avery Dennison de Argentina S.A., quien documentó la operación realizada con el DI 07083IC05000264R, oficializado el 24.07.07.
En la investigación previa al dictado de la aludida resolución, en virtud de lo normado por el art. 18 del Anexo al cuadragésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica 18 (ACE 18) vigente a la fecha de oficializacion indicada, se requirió a las autoridades brasileñas que informaran sobre la autenticidad y veracidad de los aludidos CO. Las autoridades brasileñas señalaron que solo uno era válido, mientras que en los otros dos no se correspondía la firma contenida en el CO con la firma de la funcionaria habilitada para suscribirlos. Asimismo, en la investigación, en los términos del art. 24 del Anexo al cuadragésimo Protocolo Adicional al ACE 18, se requirió información de la empresa exportadora de la mercadería de la PA NCM 3919.10.00, como del proceso llevado a cabo sobre ella; posteriormente, dado la falta de respuesta a dicho requerimiento, se consideró que las mercaderías no cumplían con las condiciones para ser consideradas originarias del Mercosur, desconociéndose de tal modo el origen de las cintas autoadhesivas exportadas por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. a la importadora Avery Dennison de Argentina S.A. Mediante la Instrucción General Nro. 2/2009 (SDG CAD , del 06.03.09; fs. 27/28 de las act. adm.), dados los "problemas detectados” en los procedimientos de investigación de origen, se instruyó que cuando el resultado sea que las mercaderías no cumplen con las condiciones para ser consideradas originarias, la División Ordenamiento y Seguimiento de Convenios informará la procedencia de la ejecución de las garantías y/o la formulación de cargos “...no solo a las destinaciones objeto de investigación de origen para las que se determinó la condición de mercadería no originaria, sino también a las destinaciones correspondientes a periodos que no fueron objeto de análisis por la autoridad responsable y aún respecto de aquellas destinaciones que no fueron motivo de estudio…”.
En la causa, como se señaló anteriormente, la Aduana formuló los cargos en trato por las diferencias tributaria -entre el régimen especial del Mercosur y el general- en relación a los DI 07001IC04074874B (ofic. el 15.05.07); DI 06001IC04085491V (ofic. 04.06.07); 06001IC04093857D (ofic. el 19.06.07); 06001IC04006319Y (ofic. 09.01.08); 06001IC04025097S (ofic. el 07.08.07). A continuación, se describe cada una de las destinaciones y la información relevante para la controversia de autos en sus sobres contenedores:
-La actora, mediante el DI 06001IC04074874B (ofic. el 15.05.07), documentó la importación de 3.403,04kg./25.120m2 de mercaderías de la PA 3919.10.00.200X, “De polipropileno -en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS” -embarcada el 02.05.07- indicando país de origen y procedencia Brasil, declarando en el campo Documentos a Presentar CERTORIGEMERCOSUR=30-07-18-02331 y 30-07-18-02332. Dentro del sobre contenedor de la destinación obran agregadas las facturas de compra STD 479/07 y 478/07 (por la suma total de U$S 18.472) emitidas por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. con fecha 26.04.07, que amparan la mercadería declarada en el despacho, obrando asimismo, respectivamente, los CO 30-07-18-02332 y 30-07-18-02331, relativos a la aludida mercadería, emitido por la FIESP en los términos del “XLIV Protocolo Adicional–Cap.III-Artigo3°-Inciso c)”, suscriptos por la funcionaria Rita de Cassia Palma, con firmas que lucen idénticas, el mismo día 09.05.07 -La actora, mediante el DI 06001IC04085491V (ofic. el 04.06.07), documentó la importación de 3.463,68kg./24.640m2 de mercaderías de la PA 3919.10.00.200X, “De polipropileno -en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS” -embarcada el 23.05.07- indicando país de origen y procedencia Brasil, declarando en el campo Documentos a Presentar CERTORIGEMERCOSUR=30-07-18-02667. Dentro del sobre contenedor de la destinación obra agregada la factura de compra STD 569/07 (por la suma total de U$S 20.944) emitida por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. con fecha 22.05.07, que ampara mercadería declarada en el despacho, obrando asimismo el 30-07-18- 02667, relativo a la aludida mercadería, emitido por la FIESP en los términos del “XLIV Protocolo Adicional–Capitulo III – Artigo 3° - Inciso c)”, suscripto por la funcionaria Rita de Cassia Palma, el día 24.05.07, con firma que luce igual a la de los CO referidos en el párrafo anterior.
-La actora, mediante el DI 06001IC04093857D (ofic. el 19.06.07), documentó la importación de 5.265,62Kg./30.080 m2 de mercaderías de la PA 3919.10.00.200X, “De polipropileno -en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS” -embarcada el 06.06.07- indicando país de origen y procedencia Brasil, declarando en el campo Documentos a Presentar CERTORIGEMERCOSUR=30-07-18-02992. Dentro del sobre contenedor de la destinación obra agregada la factura de compra STD 642/07 (por la suma total de U$S 32.368) emitida por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. con fecha 04.06.06, que ampara la mercadería declarada en el despacho, obrando asimismo el CO 30-07- 18-02992, relativo a la aludida mercadería, emitido por la FIESP en los términos del “XLIV Protocolo Adicional–Capitulo III – Artigo 3° - Inciso c)”, suscripto por la Rita de Cassia Palma, el día 11.06.07, con firma que luce igual a la de los CO referidos en los párrafos anteriores.
-La actora, mediante el DI 06001IC04006319Y (ofic. el 09.01.08), documentó la importación de 1384,93Kg/9.814 m2 de mercaderías de la PA 3919.10.00.200X, “De polipropileno -en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS” -embarcada el 28.11.07- indicando país de origen y procedencia Brasil, declarando en el campo Documentos a Presentar CERTORIGEMERCOSUR=30-07-18-06898. Dentro del sobre contenedor de la destinación obra agregada la factura de compra STD 1466/07 emitida por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. con fecha 23.11.07 (por la suma total de U$S 9892,64 (que comprende los U$S 7.306,04 que ampara la mercadería declarada en el despacho de marras, campo “Valor Mercadería”), obrando asimismo el CO 30-07-18-06898, relativos a la aludida mercadería, emitido por la FIESP en los términos del “XLIV Protocolo Adicional–Capitulo III – Artigo 3° - Inciso c)”, suscripto por el funcionario Flavio Nemen Barrios el 03.12.07.
-La actora, mediante el DI 06001IC04025097 (ofic. el 07.08.07), documentó la importación de 8.501,76Kg/60.480m2 de mercaderías de la PA 3919.10.00.200X, “De polipropileno -en rollos de anchura inferior o igual a 20cm PLACAS, LÁMINAS, HOJAS, CINTAS, TIRAS Y DEMÁS FORMAS PLANAS, AUTOADHESIVAS, DE PLASTICO, INCLUSO EN ROLLOS” -embarcada el 26.07.07- indicando país de origen y procedencia Brasil, declarando en el campo Documentos a Presentar CERTORIGEMERCOSUR=30-07-18-04049. Dentro del sobre contenedor de la destinación obra agregadas la factura de compra STD 887/07 (por la suma total de U$S 51.408) emitida por la firma Avery Dennison Do Brasil Ltda. con fecha 23.07.07, que ampara la mercadería declarada en el despacho, obrando asimismo el CO 30-07- 18-04049, relativo a la aludida mercadería, emitido por la FIESP en los términos del “XLIV Protocolo Adicional–Capitulo III – Artigo 3° - Inciso c)”, suscriptos por la funcionaria Rita de Cassia Palma, el día 24.05.07, con firma que luce igual a la de los CO referidos en párrafos anteriores.
Examinadas las operaciones de autos, surge que han sido documentadas por la recurrente en los términos de lo dispuesto en el ACE 18 y su Protocolo XLIV -tal como se ha consignado en cada uno de los CO mencionados y lo exige el Protocolo- que tiene por objeto facilitar la creación de las condiciones necesarias para el establecimiento de un mercado común, a constituirse bajo el Tratado de Asunción.
En la fecha de oficialización de los despachos de importación a consumo involucrados en la causa -documentados entre el 15.05.07 y el 09.01.08- regía el XLIV Protocolo Adicional (del 23.02.05) del ACE 18 (ver art. 3 del Protocolo), que derogó el Protocolo VIII e incorporó al ACE 18 la Decisión 01/04 del Consejo del Mercado Común, con el Régimen de Origen del MERCOSUR. Este Régimen, en términos generales, mantiene el Reglamento de Origen de las Mercaderías en el Mercado Común del Sur, del Anexo I del VIII Protocolo Adicional -rectificado- del 30.12.94, específicamente en las normas que son relevantes para esta causa (arts. 1, 3º inc. c), 10, 11, 14, 16 y 17).
El Régimen de Origen del MERCOSUR, conforme su art. 1, define las normas de origen MERCOSUR, las disposiciones y las decisiones administrativas a ser aplicadas por los estados partes a los efectos de: 1) Calificación y determinación del producto originario; 2) Emisión de los certificados de origen; 3) Verificación y control y; 4) Sanciones por adulteración o falsificación de los certificados de origen o por no cumplimiento de los procesos de verificación y control. El art. 3° inc. c) del Capítulo III Régimen de Origen del MERCOSUR, que es el referido en los CO de autos, establece que serán considerados originarios: “...c) Los productos en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios de los Estados Partes, cuando resulten de un proceso de transformación que les confiera una nueva individualidad, caracterizada por el hecho de estar clasificados en una partida arancelaria (primeros cuatro dígitos de la Nomenclatura Común del MERCOSUR) diferente a la de los mencionados materiales. Identificación del requisito en el Certificado de Origen: (Nº del Protocolo Adicional al ACE Nº 18 que corresponda a la presente Decisión) - CAPITULO III- ARTICULO 3º- INCISO c)”. El Art. 10° dispone que para que las mercaderías originarias se beneficien de los tratamientos preferenciales, deberán haber sido expedidas directamente del estado parte exportador al estado parte importador y deberán estar amparadas por el certificado de origen pertinente. En el art. 11 se establece que: “La emisión de los certificados de origen estará a cargo de reparticiones oficiales, a ser nominadas por los Estados Partes, las cuales podrán delegar la emisión de los certificados de origen en otros organismos públicos o entidades de clase de nivel superior, que actúen en jurisdicción nacional, estadual o provincial. Una repartición oficial en cada Estado Parte será responsable por el control de la emisión de los certificados de origen”.
El Art. 14° del CAPÍTULO V Declaración, Certificación y Comprobación de Origen del "Régimen de Origen del MERCOSUR" establece que: “El certificado de origen es el documento que permite la comprobación del origen de las mercaderías, debiendo acompañar a las mismas en todos los casos sujetos a la aplicación del Régimen de Origen del MERCOSUR. Tal certificado deberá satisfacer los siguientes requisitos: - Ser emitido por entidades certificantes habilitadas; - Identificar las mercaderías a que se refiere; - Indicar inequívocamente, que la mercadería a la que se refiere es originaria del Estado Parte de que se trate en los términos y disposiciones del presente Régimen. Los Estados Partes adoptan el modelo de certificado de origen del MERCOSUR que se registra como Anexo II” y, en los arts. 16 y 17 se establece que “Los certificados de origen tendrán un plazo de validez de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la fecha de su emisión y deberán ser emitidos exclusivamente en el formulario que figura en el Anexo II del presente Régimen, que carecerá de validez si no estuviera debidamente cumplimentado en todos sus campos…” y “solamente podrán ser emitidos a partir de la fecha de emisión de la factura comercial correspondiente, o durante los sesenta (60) días siguientes.”
Teniendo en consideración lo expuesto y del análisis de la documentación glosada en la causa -despachos de importación, facturas comerciales y certificados de origen- surge que los CO acompañados a las destinaciones han sido instrumentados en los términos del Protocolo XLIV detallados precedentemente. Todos los CO fueron confeccionados conforme el modelo de formulario pertinente (http://www.sice.oas.org/Trade/MRCSRS/Decisions/dec0104s.asp#ANEXO_II), han sido emitidos dentro del plazo de validez normado y lucen debidamente cumplimentados todos sus campos. Asimismo, por su carácter de pacto internacional el Régimen antes referido -del Protocolo XLIV- goza de jerarquía superior a las normas de derecho interno, como lo son las resoluciones administrativas que invoca la demandada (art. 75 in. 22 primer párrafo de la Constitución).
No obra constancia alguna en autos, ni en las actuaciones administrativas, que el servicio aduanero hubiera realizado algún tipo de examen de los seis (6) certificados de origen involucrados en la causa, así como tampoco de las destinaciones que se analizan. Por el contrario, de los informes emitidos que aparecen en las actuaciones aduaneras, así como de la resolución recurrida, resulta que la Aduana se ha limitado a aplicar en forma retroactiva lo establecido en la Resolución (SICPyME) 53/2008, con fundamento en las Nota Externa 8/2008 y la Instrucción General 2/2009. El art. 18° del CAPÍTULO VI (Verificación y Control) del Régimen de Origen del MERCOSUR establece que “No obstante la presentación de un certificado de origen en las condiciones establecidas por el presente Régimen de Origen, la autoridad competente del Estado Parte importador, podrá, en caso de duda fundamentada, requerir a la autoridad competente del Estado Parte exportador información adicional con la finalidad de verificar la autenticidad del certificado cuestionado y la veracidad de la información que en él consta, sin perjuicio de la aplicación de las correspondientes normas MERCOSUR y/o de las respectivas legislaciones nacionales en materia de ilícitos aduaneros”. Por lo precedentemente expuesto, la Aduana con anterioridad a la formulación de los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09, derivados de la liquidación aplicando el régimen arancelario general a las operaciones de autos, debería haber requerido a la autoridad competente, dado la regularidad de los CO obrantes en las DI de autos, información para verificar la autenticidad de los CO y la veracidad de la información que consta en ellos. No debió aplicar en forma ampliamente extensiva y retroactiva el criterio tomado en relación a apenas dos (2) certificados de origen, emitidos en el año siguiente al de los involucrados en la causa.
Vale, finalmente, señalar lo siguiente:
i. En los dos (2) CO observados, que dieron origen al dictado de la Resolución (SICPyME) 53/2008, se encontraba consignada una firma que no coincidía con la firma de la funcionaria habilitada Rita de Cassia Palma. El hecho de que cinco (5) de los seis (6) CO de estos autos se encuentren firmados por esa funcionaria, cuyo carácter de habilitada no se encuentra en discusión, siendo además todas sus firmas iguales en los CO de autos, impide colegir que no coincidan con la firma de dicha funcionaria; más cuando no existió ninguna actividad probatoria por la Aduana para tener por configurado tal extremo;
ii. Asimismo, respecto del CO 30-07-18-06898 (DI 06001IC04006319Y oficializado el 09.01.08) suscripto por el funcionario Flavio Nemen Barrios, el 03.12.07, siendo que: a) cumple con todos los requisitos del Protocolo XLIV y su Régimen de Origen del MERCOSUR y que; b) resulta indubitable la calidad de habilitado del funcionario que los suscribe (actuaciones administrativas 1-252293-2017 correspondientes a estos autos), no puede considerarse inválido dicho CO por corresponder a un DI oficializado dentro del período del art. 4 de la Resolución (SICPyME) 53/2008 (entre el 20.11.07 y el 21.02.08) y sus concordantes Nota Externa 8/2008 e Instrucción General 2/2009. Tal tesitura, aplicación general y dogmática de dichas previsiones administrativas arancelarias, no puede prevalecer respecto de un CO con las características apuntadas en cuanto a su validez, emergente de las normas internacionales aplicables, de jerarquía prevalente frente a las mentadas resoluciones administrativas. La única lectura jurídicamente plausible de la Resolución (SICPyME) 53/2008 y sus regulaciones concordantes, en las circunstancias propias de este caso (observaciones formales y sobre las firmas de los CO), es que predican exclusivamente respecto de la mercadería y sus correspondientes CO con vicios análogos a los que dicha resolución observa durante el período que el art. 4 establece, debiendo tal extremo ser fehacientemente constatado en cada caso. La posición administrativa de considerar inválidos y alcanzados con el régimen arancelario general a todos los DI oficializados entre el 20.11.07 y el 21.02.08, con independencia del examen del CO concreto que los ampare equivaldría, en las circunstancias de este caso, a consagrar una voluntad administrativa con poderes creadores de facta dogmatica, aniquilantes de las normas internacionales que rigen la materia, lo que resulta incompatible no solo con nuestro ordenamiento constitucional, sino con cualquier idea de racionalidad (art. 28 de la Constitución).
Por los motivos expuestos, se observan en la causa argumentos válidos que permiten concluir que la resolución apelada no se ajusta a derecho; que no consideró el Régimen de Origen de MERCOSUR aplicable y que aplicó el Régimen Arancelario Extrazona sin mayores fundamentos, cuando correspondía el preferencial. Todo ello sin cumplir la Aduana, siquiera, con el procedimiento establecido a los fines de verificar la autenticidad de los CO de las operaciones vinculadas a la causa, los que prima facie lucen auténticos e inobjetables. Tales CO son los documentos necesarios a los fines de acreditar el origen de la mercadería y por ende la aplicación del régimen preferencial. A mayor abundamiento cabe señalar que la Resolución (SICPyME) 53/2008 ha sido dejada sin efecto mediante la Resolución (SIC) 497/11 a partir del 10.08.11.
VI. Por la forma en la que se resuelve no corresponde analizar lo demás agravios de la actora.
Por ello VOTO POR:
Revocar la Resolución 8486/2018 (DEPRLA-DVI) de fecha 09.11.18, dictada en las actuaciones SIGEA 13805-163- 2009, y los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09.
La Dra. Cora. M. Musso dijo:
Que adhiero al voto precedente.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
Revocar la Resolución 8486/2018 (DEPRLA-DVI) de fecha 09.11.18, dictada en las actuaciones SIGEA 13805-163- 2009, y los cargos FI 74/09, 75/09, 76/09, 77/09 y 78/09.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2022.09.29 14:34:41 -03:00 Date: 2022.09.29 14:48:50 -03:00 Cora Marcela Musso Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.29 15:15:33 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.29 15:15:33 -03:00
Fin de la sentencia