Abriendo la norma
Corte de Catamarca
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SETENTA Y SIETE
San Fernando del Valle de Catamarca, 15 de octubre de 2026
Estos autos Corte N° 023/2026 “ÁVILA, Hugo Daniel C/ ESTADO PROVINCIAL DE CATAMARCA s/ Acción de Amparo Colectivo”, y,.
Voto del Dr. Figueroa Vicario:
1. Que a fs. 01/09 vta. comparece el Sr. Hugo Daniel Ávila, con patrocinio letrado, y promueve acción de amparo colectivo en contra del Estado Provincial de Catamarca. Persigue se declare la nulidad: del Convenio de Comisión de Límites entre Catamarca y Salta, suscripto el 27/12/2019 y de todos sus Protocolos Adicionales (Decretos Salta N° 274/20 y N° 854/20 -fs. 47/49-), del Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento de Proyecto Minero (Proyecto Sal de Oro -POSCO) suscripto el 10/05/2021 entre el Poder Ejecutivo de Catamarca y Salta ratificado por Ley Provincial N° 5778 y Decreto N° 2785 (fs. 68/70) y del Acuerdo de Facilitación suscripto el día 27/03/2025 (Proyecto “Diablillos”- fs. 17/30 vta.); y se ordene al Estado Provincial la remisión de la totalidad de los antecedentes y dictámenes de la Comisión Provincial de Límites (Ley Provincial N° 4862), Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado. A título de medida cautelar solicita se ordene la suspensión inmediata de los efectos de todos los actos impugnados hasta tanto recaiga sentencia definitiva.
Afirma la competencia del Tribunal y a continuación, en el relato de los antecedentes fácticos, postula que el límite interprovincial entre Catamarca y Salta ha sido objeto de un prolongado diferendo que -conforme doctrina de la CSJN- únicamente puede ser resuelto por el Congreso de la Nación en ejercicio de la atribución conferida por el art. 75 inc. 15 de la CN, doctrina que fue reafirmada por la propia CSJN en el año 2015 cuando rechazó la demanda iniciada por Catamarca contra Salta por el conflicto limítrofe en el Salar de los Diablillos declarándose incompetente y remitiendo la cuestión al Congreso de la Nación (Fallos 307:1239). Refiere que hasta la actualidad, la zona litigiosa no tiene delimitación legal válida.
Menciona que -desoyendo ese precedente- en el año 2019 los Poderes Ejecutivos de Catamarca y Salta suscribieron el Convenio de Comisión de Límites y que el Poder Ejecutivo de Catamarca invocó el art. 149 inc. 15 de la Constitución Provincial para fundamentar el acto pero aún así excedió las facultades previstas por la norma al tratarse de materias reservadas de modo exclusivo al Congreso de la Nación por el art. 75 inc. 15 CN. Además, indica que el Convenio se celebró sin intervención previa ni dictamen de la Comisión Provincial de Límites creada por Ley N°4195 modificada por Ley N°4862. Da a conocer que el Convenio preveía que la Comisión interprovincial elaboraría propuesta dentro del plazo de 90 días de su constitución, venciendo el mismo sin que se conformara ninguna comisión, se elaborara algún proyecto y sin que se comunicara al Congreso Nacional.
Bajo esas circunstancias, menciona que en el año 2021 los Poderes Ejecutivos suscribieron el Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento de Proyecto Minero a favor de la empresa POSCO ARGENTINA S.A.U. para el Proyecto “Sal de Oro” en el área de diferendo limítrofe aprobado por Ley N° 5778. Señala que en el texto del acuerdo se reconoce su incompetencia para actuar en la materia al indicar que las cuestiones limítrofes están sujetas a la reclamación y fijación por el Congreso Nacional y que se acuerda dividir en partes iguales los tributos, regalías y cualquier otro gravamen, resultando esta última decisión en la cesión a la provincia de Salta el 50% de los recursos naturales que legítimamente pertenecen al pueblo catamarqueño.
Agrega que -con idéntica metodología- en el año 2025 se suscribió un nuevo acuerdo de facilitación en beneficio del proyecto minero “Diablillos” que fue remitido a la legislatura en sesiones extraordinarias de diciembre de 2025, CORTE Nº 023/2026 denominación que hace tiempo motivó el pronunciamiento de la CSJN el día 06/08/1985 (Fallos:307:1239). En ese marco, expone que la provincia de Salta, por su parte, ya lo ratificó mediante las Leyes Provinciales N° 8523 y 8524.
A más de ello, manifiesta que el área afectada por los proyectos mineros POSCO y Diablillos comprende el territorio de comunidades originarias del departamento de Antofagasta de la Sierra, en concreto de la Comunidad Atacameña del Altiplano y sostiene que ninguno de los acuerdos cuestionados fue precedido por un proceso de consulta previa, libre e informada en los términos del Convenio N° 169 de la OIT y del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional como tampoco se realizó audiencia pública en los términos del art. 19 y 21 de la Ley General de Ambiente N° 25675.
Funda su derecho en la Constitución Nacional (arts. 41, 43, 75 inc. 15 y 17, 99 incs. 3, 116, 117 y 127), Constitución Provincial (arts. 40, 45, 49, 66, 67, 68, 110 incs. 11, 13 y 14, 149 inc. 15), Convención Americana de Derechos Humanos (art. 25), Leyes Nacionales N° 26994 Código Civil y Comercial de la Nación, N°18500 de Fijación de Límites Interprovinciales, N° 24071 (Convenio OIT N°169) y N° 26675 (arts. 19 y 20), Leyes Provinciales N° 4195 mod. N° 4862 de Creación de Comisión Provincial de Límites, N° 4642 de Amparo y Habeas Corpus, N° 5034 de Amparo Judicial de Intereses Difusos o Derechos Colectivos, N° 5778 Acuerdo Marco de Facilitación y Fomento del Proyecto Minero, N° 3559 y N° 5893 de Procedimientos Administrativos y jurisprudencia que estima aplicable al caso. En definitiva, solicita que se haga lugar a lo peticionado.
Luego de otorgada la participación procesal, a fs. 10 se ordena correr vista al Ministerio Público para que se expida de la jurisdicción y competencia, y en su caso, de la viabilidad de la acción interpuesta y de la medida cautelar solicitada, la cual se suspende a fs. 13 y se reanuda a fs. 125. A fs. 128/131 el Ministerio Público emite Dictamen N° 075/2026 donde señala la incompetencia de la Sala y subsidiariamente propone la inadmisbilidad de la acción. A fs. 132 obra proveído que ordena el llamado de autos para resolver, el que deja la causa en estado de emitir pronunciamiento.
2. Nuestra Constitución Provincial, en el artículo 195 establece la posibilidad legal de incrementar el número de jueces de la Corte de Justicia, y el artículo 199 prescribe que Ley Orgánica podrá establecer la especialización por fuero de los tribunales.
De allí, que la Corte de Justicia de Catamarca estuvo integrada por tres (3) miembros hasta la sanción de la Ley 5473 (Boletín Oficial 02-agosto-2016) que elevó sus miembros a cinco (5), y luego por Ley 5654 (Boletín Oficial 31-julio-2020) se elevó el número a siete (7) integrantes que constituye actualmente el número de miembros del máximo Tribunal.
En cuanto a su funcionamiento por Ley 5473 (Boletín Oficial 02- agosto-2016), se habilita en su artículo 3º la división de la Corte de Justicia en salas por especialización en diferentes fueros, tal como lo preceptúa el art. 199 CP, y fue así que por Acordada N° 4594 (16-dic-2022) la Corte de Justicia actúa a través de Salas conformadas cada una por tres (3) Ministros de la Corte de Justicia designados entre sus miembros en un plenario del Tribunal.
Resulta evidente que los constituyentes provinciales, entendieron que la modificación del número de miembros y la división por especialización de la materia, se correspondía con una mayor eficiencia en el servicio de justicia. Lo que se encuentra reflejado en el Proyecto Parlamentario Nº 93-C-2016, correspondiente a la Ley 5473/2016, en el que se sostiene: “…demanda la necesidad de dotar a nuestro máximo tribunal de justicia de una mayor composición que permita, asimismo a través de la división en Salas, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 199º de nuestra Constitución Provincial, el trato especializado de las causas que se sometan a su decisorio” (p. 04).
Sentado lo dicho, no comparto que la actuación de la Corte por CORTE Nº 023/2026 intermedio de Salas constituya una modalidad de excepción respecto de la actuación en pleno (Corte Nº 020/2026: "BUSTOS, María Luisa C/ MINISTERIO DE MINERIA DE LA PROVINCIA, CAMYEN S.E. Y/O Q.R.R. S/ Acción de Amparo Ambiental". SI Nº 63/2026). Tanto la Ley 5473 emitida por el Poder Legislativo Provincial en el que se dispone la división de la Corte de Justicia en Salas por especialización y la Acordada N°4594/2022 de esta Corte de Justicia, se enmarcan en el art. 199 de la Constitución de Catamarca.
La división en Salas de la Corte de Justicia, es compatible con la norma constitucional, de allí la validez de la Ley 5473 y de la Acordada N° 4594/2022. Remarco, no se modifica, restringe, limita, ni excepciona la competencia originaria de esta Corte de Justicia. En otras palabras, no se crea una excepción a la regla en relación a la competencia originaria dispuesta constitucionalmente.
De igual modo, considero que los pronunciamientos de la Corte de Justicia en pleno (siete miembros) y los emanados de las Salas de la Corte de Justicia (tres miembros) gozan del mismo valor y jerarquía.
3. Que la competencia de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo estas de orden público, de interpretación restrictiva y excepcional. El artículo 204 de la Constitución Provincial, establece que decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso- administrativo.
Así, se establece que las causas de materia contencioso administrativa, tramitarán en procesos ordinarios “juicio pleno”, terminología que no debe confundirse con la utilizada en el artículo 3º de la Ley N° 5473, en donde se expresa: “… En los casos que correspondan a su competencia originaria y exclusiva, y en aquellos que llegaren a conocimiento de la Corte por un planteamiento de inconstitucionalidad de una norma provincial, se tratarán en juicio pleno.”, aquí el legislador establece que determinadas causas deben ser tratadas por la totalidad de los miembros del tribunal, en plenario “juicio pleno”.
4. Que conforme a ello, y atento a que el amparo deducido se rige por la Ley 5034 en cuyo art. 7 establece la competencia del juez de primera instancia para entender en el mismo, limitando la intervención de la Corte de Justicia solo a las causas contencioso administrativas, conforme a lo establecido en el art. 204 de la CP.
Que existen diez (10) precedentes o causas en las que se resolvió la competencia para entender en estos Procesos Colectivos, por la “Sala de Amparo y Amparo por Mora”, más allá de que la Acordada Nº 4594 no haya enumerado expresamente la Ley 5034, hasta la disrruptiva SI Nº 63 del primero de septiembre de 2026, Corte Nº 020/2026.
El criterio que sostengo de manera uniforme, se funda en que el amparo es el género y el amparo colectivo es la especie, por tanto entiende la Sala especializada en este tipo de acciones, “Sala de Amparo y Amparo por Mora”, para la eficiencia en el servicio de justicia. El amparo colectivo es una garantía procesal constitucional establecida como una vía procesal expedita y rápida, primer párrafo del art. 43 de la CN pero adaptada a su naturaleza colectiva, trámite prescripto en el artículo 14 de la Ley 5034.
Al respecto, expresa nuestra Corte Federal: “Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su falta de utilización no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales.” Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental. (Fallos: CORTE Nº 023/2026 342:1203) (el remarcado es propio).
Es más, cinco (5) de los diez (10) precedentes que existen de amparos colectivos, en los que entendió esta Sala de Amparo y Amparo por Mora, fueron promovidos por el Diputado Provincial Hugo Daniel Ávila, parte actora en esta causa. A fines de ilustrar lo mencionado, se detalla en el año 2025:
1. Corte N° 021/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel C/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo" - SI N° 34 (05/06/2025). Declara la competencia de la Sala e inadmisibilidad de la acción. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
2. Corte N° 024/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 36 (10/06/2025). Declara la competencia de la Sala e inadmisibilidad de la acción. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (disidencia parcial), Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
3. Corte N° 029/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 38 (18/06/2025). Declara la competencia de la Sala e inadmisibilidad de la acción. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
4. Corte N° 032/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 43 (19/06/2025). Declara abstracta la causa. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
5. Corte N° 040/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ENERGÍA DE CATAMARCA S.A. CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EC. SAPEM) s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 62 (10/09/2025). Declara la competencia de la Sala y formalmente procedente la acción de Amparo Colectivo. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
Por consiguiente, deviene la sorpresa del justiciable, ya que en su sexto amparo colectivo, se plantea un cambio repentino del criterio competencial de la mayoría de la Sala, lo que se percibe como una reflexión tardía.
Tal como me he pronunciado en otras oportunidades, razones de especial prudencia, en relación al cambio de criterio, a raíz del viraje jurisprudencial, desvirtuándose así la necesidad de que el litigante conozca de antemano las reglas claras de juego a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica, plasmada por los precedentes jurisprudenciales de la CSJN (Fallos: 325:1578; Isaac Jorge y Otras c. Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/10/1996, entre otros), y recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Nº 105/99. Caso 10194: Narciso Palacios vs. Argentina.
La CIDH emite el Informe Nº 105/99, con fecha 29 de septiembre de 1999, en el caso 10.194 Narciso Palacios - Argentina. De ambas disposiciones sostiene que se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable. También sostiene que la seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto de la jurisdicción competente imponen un mayor rigor a la hora de impedir el acceso a la justicia.
Que sin perjuicio, de que los Informes de la CIDH no tienen el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria, es importante remarcar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso: Carranza Latrubesse, Gustavo c. Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut - del 06/08/2013, expresa que: “Las recomendaciones de la Comisión CORTE Nº 023/2026 Interamericana de Derechos Humanos -en el caso, Informe 30/97-, aun cuando en el marco del procedimiento de peticiones individuales no tienen un valor obligatorio equivalente al de las sentencias de la Corte Interamericana, tienen valor para motivar acciones del Estado Argentino; otra conclusión no solo prescindiría del contexto del tratado sino que iría contra su objeto y fin, al optar por la interpretación que tiende a debilitar y quitar “efecto útil” al sistema de peticiones individuales consagrado en los arts. 44 a 51 del Pacto, sin tener en cuenta que “el sistema mismo de la CADH está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (del voto del Doctor Petracchi). La aplicación del principio de buena fe, que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y la calidad de los argumentos y la autoridad de quien emanan, llevan a considerar que los informes y las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen criterios jurídicos valiosos de implementación, interpretación y de ordenación valorativa de las cláusulas de la CADH, que deben ser tomados en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno, aun cuando sólo las decisiones de la Corte Interamericana son ejecutables en los términos del art. 68 de la CADH (del voto del Doctor Maqueda)”.
En efecto, debemos ser prudentes con la aplicación en el tiempo de un nuevo criterio jurisprudencial, y bajo determinados condicionantes, tal como lo ha sostenido nuestra CSJN en autos caratulados: Barreto, Alberto D. y otra c. Provincia de Buenos Aires y otro: “(…) es deseable y conveniente que los pronunciamientos de esta Corte sean debidamente considerados y consecuentemente seguidos en los casos ulteriores, a fin de preservar la seguridad jurídica que resulta de dar una guía clara para la conducta de los individuos (Fallos: 248:115). Mas con parejo énfasis cabe igualmente aceptar que esa regla no es absoluta ni rígida con un grado tal que impida toda modificación en la jurisprudencia establecida, pues los tribunales no son omniscientes y como cualquier otra institución humana, también pueden aprovechar del ensayo y del error, de la experiencia y de la reflexión. Por cierto que para que ello suceda, tal como fue señalado en los precedentes recordados, tienen que existir "causas suficientemente graves, como para hacer ineludible tal cambio de criterio" o es necesario que "medien razones de justicia al efecto", entre las cuales se encuentra el reconocimiento del carácter erróneo de la decisión, la adecuada apreciación de las lecciones de la experiencia o si las cambiantes circunstancias históricas han demostrado la conveniencia de abandonar el criterio establecido (Fallos: 313:1333, disidencia del juez Petracchi, y sus citas).” (TR LALEY AR/JUR/153/2006) (El remarcado es propio).
5. En tal entendimiento, citaré un reciente fallo de la CSJN del 23/09/2026, autos caratulados: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia c/ GCBA s/ amparo. (CSJ 1465/2020/RH1), del voto del Dr. Lorenzetti, considerando 7º, en el que explica la secuencia argumentativa que debe tener una sentencia para su control por el justiciable: “ (…) el primer paso lógico, es la delimitación de los hechos (elemento fáctico) y la identificación de la norma aplicable (elemento normativo) para elaborar el juicio de subsunción (elemento deductivo). Que el segundo paso consiste en comprobar que la solución deductiva sea coherente con los precedentes judiciales en los que se establecieron reglas jurídicas para casos con circunstancias fácticas similares (elemento de consistencia), a fin de garantizar que la ley se aplique en forma igualitaria y previsible. Que el tercer paso requiere asegurar que la solución también sea coherente con el resto del sistema jurídico, cuyas reglas es preciso armonizar (elemento de coherencia). Que un cuarto paso lógico debe enfocarse en las posibles repercusiones futuras de la solución (elemento consecuencialista). En este sentido, esta Corte Suprema ha señalado reiteradamente que la interpretación no puede prescindir de las consecuencias que se derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad.” (El remarcado es propio).
CORTE Nº 023/2026
6. Ahora bien, analizadas las constancias del expediente y tal como lo prevé el Ministerio Público en su dictamen (fs. 128/131), surge que los instrumentos pretendidos de nulidad revisten el carácter de interprovinciales en virtud de haber sido celebrados entre las provincias de Catamarca y Salta. En ese marco se constata que la pretensión excede el ámbito de conocimiento local con el que cuenta este Tribunal avizorándose la competencia federal preponderante para entender en los presentes autos.
Por lo expuesto, corresponde declarar la incompetencia de esta Sala para entender en la causa.
En virtud de la naturaleza de la acción y a la falta de sustanciación, sin costas.
Voto de la Dra. Gómez:
En consideración a que la presente acción se encuentra en estado de resolver la cuestión atinente a la jurisdicción y competencia de esta Sala, y, en su caso, la admisibilidad formal, me remito a lo resuelto mediante Sentencia Interlocutoria Nº 63 de fecha 01/09/2026 en autos Corte Nº 020/2026: "BUSTOS, María Luisa C/ MINISTERIO DE MINERIA DE LA PROVINCIA, CAMYEN S.E. Y/O Q.R.R. S/ Acción de Amparo Ambiental”.
Que, en el pronunciamiento citada ut supra, expresé que: “conforme lo establece el art. 204 de nuestra Constitución Provincial, la Corte de Justicia decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas -previa denegación de la autoridad administrativa; originaria y exclusiva en los incisos que la norma detalla, en concordancia con lo dispuesto con la Ley Nº 5473, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dispone el funcionamiento de esta Corte de Justicia en Salas, con la excepción a los casos que corresponda su competencia originaria y exclusiva, y los planteamientos de inconstitucionalidad de una norma provincial, los que se tratarán en juicio pleno”.
“A los fines de reglamentar la Ley Nº 5473, con fecha 16 de diciembre de 2022, se dictó la Acordada Nº 4594 que establece que la Corte de Justicia dividirá su composición en Salas, y del anexo I -Reglamento de división de Salas- surge la “Sala III Acción de Amparo y Amparo por mora” enumerando expresamente a las Leyes N° 4642 y Nº 4797 -acción de amparo y amparo por mora-”.
“Respecto a la acción prevista por la Ley Nº 4640, si bien la competencia fijada en el art. 4, implica materia contenciosa administrativa, el trámite previsto es un juicio abreviado, rápido y expedito, y su sentencia es declarativa de derechos”.
“Ahora bien, estimo pertinente introducir, como cuestión preliminar a resolver la presente acción, que la acción de amparo colectivo, prevista por Ley Nº 5034-, no está específicamente enumerada en la Acordada Nº 4594, y, en consideración al trámite específico estipulado por la norma, propongo, hasta tanto se resuelva a través de la acordada correspondiente subsanar dicha omisión, que las mismas deberán resolverse con todos los integrantes de la Corte de justicia en pleno”.
Conforme lo expuesto, siendo aplicable dicho precedente a la presente causa, en razón a que el ocurrente promueve acción de amparo colectivo (fs.01/09vta.), previo a todo trámite, deberá, por Secretaria, integrarse la presente acción con la Corte de Justicia en pleno. Así voto.
Voto del Dr. Bracamonte:
Adhiero a las conclusiones expuestas por la Sra. Ministra Dra. Gómez, para la solución de la presente cuestión, votando en igual sentido.
Por ello, oído el Ministerio Público, y normas legales citadas,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
CORTE Nº 023/2026 1) Previo a todo trámite, por Secretaria, remítase la causa a la Corte de Justicia en pleno a los fines de su continuidad, por mayoría de votos.
2. Protocolícese y notifíquese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora- En Disidencia), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia