Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2422/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 441/453 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 434/438 vta..-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por la Sra. Laura Lorena del Valle Ávila, condenando a Casino Club S.A. a abonar a la nombrada las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en los Considerandos y en el término de diez (10) días, de quedar firme la presente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2422/21-TSJ Sentencia Nº: 742 Actor: AVILA LAURA LORENA DEL VALLE Demandada: CASINO CLUB S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 22-11-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 742 FOLIO Nº 4501/4508 PROT. ELECT. TSS1017S.231
Río Gallegos, 22 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “AVILA LAURA LORENA DEL VALLE c/ CASINO CLUB S.A. s/ LABORAL”, Expte. N° A-35.948/17 (A-2422/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Gustavo Eduardo Stobbia (cfr. fs. 441/453 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 434/438 vta., que revocó el pronunciamiento de Primera Instancia y, en consecuencia, desestimó la acción por despido incausado.-
II. En la especie, la Sra. Laura Lorena del Valle Ávila promovió demanda laboral contra Casino Club S.A. con el objeto de procurarse el cobro de créditos salariales e indemnizatorios derivados del despido sin justa causa (cfr. fs. 66/75 vta.).-
El Juez de origen admitió parcialmente la demanda, condenando a la accionada a abonar una suma dineraria en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso omitido, SAC proporcional segundo semestre 2016, vacaciones no gozadas 2016, integración del mes de despido, SAC sobre cada uno de estos rubros así como el incremento resarcitorio previsto en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323; ello, con más los intereses computados a la tasa activa del Banco Nación, desde la fecha del distracto y hasta su efectivo pago (cfr. fs. 398/405 vta.).- Entendió que del plexo probatorio no surgían elementos que permitieran inferir que la denuncia del contrato de trabajo realizada por la empleadora fuera justificada o proporcional. Aseveró, igualmente, que los antecedentes disciplinarios que surgían de la prueba documental acompañada por la demandada no podían ser tenidos en cuenta para justipreciar el despido, dado que no se vinculaban con los hechos que lo motivaron y habían ocurrido mucho tiempo antes (cfr. fs. 402/403).-
La Excma. Cámara de Apelaciones para revocar dicha decisión, consideró acreditada la existencia de una riña entre una compañera de trabajo y la accionante. Si bien advirtió que no existieron testigos presenciales del hecho, precisó que en la pelea ambas se dieron golpes, sin esclarecerse quién la originó. Acotó que la Sra. Ávila pudo haber tomado otra actitud ante la provocación, como por ejemplo, retirarse del lugar o llamar a sus superiores (cfr. foja 436 vta.).-
Señaló que ese altercado no podía apreciarse aisladamente sino que debía conjugarse con los antecedentes disciplinarios de la trabajadora despedida y el lugar donde se desempeñaba. Sobre esta base, destacó que del legajo acompañado por la empleadora, surgía que la dependiente fue sancionada con tres (3) apercibimientos y dos (2) suspensiones, como consecuencia de faltas de respeto e inconductas que tuvo con sus compañeros y superiores. Juzgó que ello cobraba especial relevancia, dado que el Casino donde prestaba funciones se caracteriza por la gran concurrencia de clientes. Dejó aclarado, además, que si bien la demandada no adjuntó el sumario interno que dijo haber realizado, ello no desmerecía el resto del plexo probatorio. Reiteró que las inconductas reseñadas importaban una violación a los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo (cfr. fs. 436 vta./437 vta.).- En tales condiciones, arribó a la conclusión de que la pelea resintió la confianza del empleador, justificando el distracto (cfr. foja 437 vta.).-
III. Frente a esta forma de decidir, la actora articula recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma, violación de la ley y arbitrariedad (cfr. fs. 441 y 450).-
Liminarmente, asevera que la sentencia en crisis es nula, por resultar violatoria del principio de congruencia. Sostiene, además, que es arbitraria en cuanto realiza una consideración parcializada de las pruebas, indicios y presunciones, arribando a un análisis aislado de los elementos de la causa. A ello aduna el hecho de que -a su juicio- se ha incurrido en un supuesto de absurdo material (cfr. foja 450).-
En su agravio inaugural, dice que en materia de despido, pesa sobre el empleador la carga de acreditar la causal de despido invocada. En este contexto, reputa que la Cámara ha invertido indebidamente esa carga y con ello ha transgredido el artículo 355 del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444. En particular, alega que pesaba sobre la demandada la carga de demostrar que su parte había provocado la pelea con otra empleada (cfr. fs. 450 vta./451).-
En segundo término, denuncia la violación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, del principio protectorio y del artículo 364 del CPCyC que impone a los jueces apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica. Manifiesta que en el caso ha quedado acreditado que su parte fue agredida de forma artera por su compañera de trabajo Marlene Rojas y basta para ello recordar la carta documento que la empresa le remitió a esta última. Transcribe esa comunicación, de la cual emana que la nombrada le habría propinado golpes hasta que otros empleados intervinieron para que depusiera su actitud agresiva. Destaca, igualmente, que la demandada no acompañó ni acreditó la investigación interna o sumario aludido en su misiva de despido, por lo que resulta ilógico el razonamiento sentencial en punto a que ello no logra desmerecer el resto del plexo probatorio. Refiere que la propia accionada ha reconocido en su contestación de demanda que su parte fue víctima de una agresión y que ello no ha sido meritado por la Alzada. Expresa que en el peor de los casos se debió aplicar el principio in dubio pro operario (cfr. fs. 451 vta./453).- En su último agravio, califica de incorrecta la conjugación que la Cámara ha hecho de sus antecedentes, puesto que no se puede perder de vista que la causa de despido es un hecho independiente que debe ser probado. Agrega que no puede tomarse por válido un motivo de distracto en base a sanciones anteriores, lo que resulta ilógico y desajustado a derecho (cfr. foja 453).-
Reitera su reserva del caso federal (cfr. foja cit.).-
Declarado formalmente admisible por la Cámara (cfr. foja 455 y vta.), este Alto Cuerpo lo declara bien concedido (cfr. PE204668-2021), poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de esta facultad (cfr. certificación de PE232049-2021).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad, señalando que el recurso de casación debe prosperar, haciéndose lugar a la demanda instaurada (cfr. PE281551-2021, pág. 8).-
En PE198901-2021 se llaman autos para dictar sentencia y en PE300963-2021 pasan las presentes actuaciones a estudio.-
IV. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria, articulada por la actora, aquélla se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo establecido por los artículos 2° y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; y arbitrariedad.-
En primer término, la recurrente ataca el fallo de la anterior instancia, con base en la causal de quebrantamiento de forma. En particular, alega que se ha superado el encuadre formal previsto, violentándose el principio de congruencia (cfr. foja 450) y que se ha invertido la carga de la prueba, en trasgresión al artículo 355 del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444 (cfr. foja 450 vta.).-
El cuestionamiento vinculado con una supuesta trasgresión del principio de congruencia no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta. No se han desarrollado argumentos suficientes que permitan observar el apartamiento en el pronunciamiento en crisis del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, apareciendo el razonamiento sentencial atento a los contornos que delimitaban el ámbito de actuación de la Alzada. El escrito recursivo, en definitiva, no destina reproche alguno tendiente a acreditar de qué manera la decisión sea portadora de un vicio estructural que la invalide, por lo que este planteo debe ser descartado.- Frente a la invocada vulneración del artículo 355 del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444, es relevante destacar que este Tribunal Superior de Justicia: “...ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr.
Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomo III, Reg. 90, Folio 404/408), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 414, Folio 2257/2260).” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 657, Folio 3786/3793).- Por su parte, Alberto J. Tessone explica que: “Cuando el tribunal de grado libera indebidamente a una parte de la carga probatoria o, si se prefiere, cuando invierte irregularmente el onus probandi, se suscita una cuestión [de] derecho. Significa que habrá violación del artículo 375 CPCBA [equivalente al art. 355 de nuestro código adjetivo civil y comercial], canalizable a través del RIL [recurso de inaplicabilidad de ley], toda vez que se libere de la carga a quien afirmó un hecho controvertido, se constriña a probar a quien se limitó a negar o, en general, cuando se imponga a una de las partes la acreditación de los presupuestos de hecho de las normas que constituyan el fundamento de la pretensión u oposición de la contraria […] Sin embargo, frecuentemente, la violación del artículo 375 del CPCBA será mediata, como consecuencia de un error de hecho.
Es decir, la apuntada transgresión se producirá como derivación del absurdo en la aprehensión e interpretación de los escritos de las partes o de la apreciación de la prueba.” (cfr. aut. cit.: “Recursos extraordinarios. En los procesos civil y comercial, de familia y laboral de la Provincia de Buenos Aires. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal”, LEP, La Plata, 2004, págs. 170/171).- De conformidad con ello, el presente embate -vinculado íntimamente con el control de los hechos y, en definitiva, con el fondo de la cuestión ventilada- será abordado bajo el canal de la violación de la ley, en conjunto con los restantes agravios esgrimidos.-
V. Sentado lo anterior, corresponde efectuar el análisis por el camino de la violación de la ley, teniendo en cuenta que los principales embates recaen sobre las supuestas infracciones por parte de la Cámara de los artículos 355 del CPCyC, aplicable por remisión del artículo 121 de la Ley Nº 1444 y 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, en especial al principio protectorio y la valoración absurda de la prueba, alegada por la recurrente.-
Es importante remarcar, desde el principio, que son los jueces de las instancias ordinarias los principales encargados de corroborar la existencia de una injuria laboral, de acuerdo a las singularidades del caso concreto a juzgar.-
En tal sentido, este Tribunal Superior de Justicia -con cita de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires- ha sostenido que: “...‘...Evaluar la conducta de las partes previo a la rescisión del vínculo laboral a los fines de establecer la existencia o no de injuria...es, en principio, función propia de los jueces de grado y ajena en consecuencia a la instancia extraordinaria, salvo absurdo…’...” (cfr. Sentencia, Tomo XIV, Reg. 497, Folio 2725/2738). Este último se configura “...cuando lo resuelto escapa a las leyes de la lógica o resulta imposible o inconcebible, de manera de implicar un desvío notorio de la aplicación del raciocinio o una grosera degeneración interpretativa; se concreta cuando los jueces estiman las probanzas de manera groseramente contraria a lo que de ellas se infiere...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 709, Folio 4237/4250). Es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 575, Folio 3274/3278).-
VI. Atendiendo a ello es que debe considerarse, siempre a la luz del recurso extraordinario deducido, si ha habido -por parte de la Cámara- un juzgamiento prudente de las circunstancias injuriantes que la empleadora ha atribuido a quien fuera su dependiente para proceder a su despido o, en su caso, si se ha incurrido en absurdo.-
Dedicados a desentrañar si en el presente caso hubo o no legítima causa para lograr la ruptura del vínculo de linaje laboral, el Tribunal ordinario actuante consideró que existió una pelea protagonizada por la actora y su compañera de trabajo Rojas, en la cual ambas se dieron golpes, tiraron del cabello y rompieron la ropa, sin esclarecerse quien la originó, ni tampoco acreditarse que solamente Ávila haya sido golpeada (cfr. foja 436 vta.). Esta circunstancia, conjugada con los antecedentes disciplinarios a los que alude (cfr. foja 437), le permitió arribar a la conclusión de que el despido tenía justa causa.- Este razonamiento debe confrontarse, necesariamente, con la pieza postal glosada a foja 4, en la cual el Casino Club S.A. le comunicó a la trabajadora que: “Habiéndose comprobado -luego de una minuciosa investigación interna previa-que el día 24 de Septiembre del corriente año [2016]...Usted provocó una pelea verbal y física con la empleada Rojas Marlene al haberse dirigido a ella mediante insultos, en forma irónica y prepotente, a viva voz y en una actitud netamente desafiante, todo ello en presencia de empleados. Con el agravante de ser reincidente en este tipo de comportamientos inadecuados hacia esta misma persona, conforme surge de las diversas denuncias efectuadas por la Sra. Rojas. Su comportamiento...constituye injuria grave que no consiente la continuidad de la relación laboral. En consecuencia comunicamos despido…”.- Al aportar su propia versión de los hechos en la réplica de demanda, la accionada dijo también que durante el desarrollo de sus tareas en la sala del Casino, Ávila se dirigió hacia Rojas con insultos descalificadores a viva voz, en presencia de empleados y clientes. Sostuvo que esa agresión verbal provocó que la segunda esperase el momento en que la primera se dirigiera al vestuario de mujeres para responder a la provocación, desencadenándose una pelea entre ambas, debiendo ser separadas por sus compañeros y personal jerárquico. A ello agregó que, luego de una investigación interna, se determinó la participación y tenor de la conducta, en mérito a los testimonios de los presentes al momento del hecho. Finalmente, precisó que a la actora se la despidió por provocar la reacción y participar activamente en la riña (cfr. fs. 162/163).-
VII. Con anterioridad, este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “...la prueba de la causa del despido recae en quien invoca la existencia del hecho injurioso. Tratándose del supuesto despido dispuesto por la empleadora, sobre ella pesará la carga de justificar la causa invocada. Lo relevante en este caso es determinar si la medida resultó o no ajustada a derecho a la luz de la prueba aportada al proceso. Y ello, por cuanto como es sabido, el que alega un hecho como justa causa de despido debe asumir la carga probatoria, proporcionando los elementos necesarios que colocarán al sentenciante en la posibilidad de efectuar una adecuada valoración de las circunstancias (confr. art. 355 del CPCyC, por remisión del art. 121 de la ley 1444)...Conforme el principio protectorio que rige el proceso laboral...el artículo 355 del CPCyC (por remisión del art. 121 de la ley 1444), se encuentra con mayor obligación de probar aquél que se halla en mejores condiciones o posee a su alcance con mayor facilidad los medios para arrimar al conocimiento del juzgador los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos...” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 576, Folio 3279/3288).-
VIII. En materia de riñas en el ámbito laboral, se ha dicho que: “...quien despide con causa a su dependiente endilgándole la participación en una agresión física con motivo o en ocasión del trabajo, deberá acreditar que -más allá del ataque recibido o la defensa intentada-, fue aquél quien dio comienzo al episodio, responsabilidad imputable a título de dolo o culpa. En la medida que no se pruebe el carácter de provocador, iniciador o agresor del trabajador, su conducta no legitimará el despido...” (cfr. Tula, Diego J., “La riña física como injuria laboral”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/4458/2010).- En sentido coincidente, Félix A. Olmos explica que: “...participar en una riña o agresión verbal no constituye por sí una injuria que justifique el despido de un trabajador.
Para que una riña o pelea (física o verbal) constituya un incumplimiento laboral, es necesario demostrar que fue provocada por el trabajador a quien se pretende despedir bajo la invocación de aquel suceso. Aun dentro de la disciplina laboral, no parece razonable exigir a un empleado que soporte agresiones físicas o verbales sin el menor gesto de defensa; de modo que no es suficiente por sí solo, para disponer una sanción, que el trabajador se vea involucrado en una riña.” y concluye que: “...para que tal actitud configure injuria de entidad suficiente como para autorizar el despido, debe probarse que quien infiere el insulto o participa de la riña reviste el carácter de agresor, pues el ejercicio de legítima defensa jamás constituye injuria.
No es suficiente, por sí solo, que el trabajador se vea involucrado en una riña: es preciso, para calificar el hecho como injurioso, que las condiciones del mismo indiquen, que el trabajador fue el agresor, reaccionó con exceso en la defensa o fue provocador de la agresión ajena. Tal prueba, corre por cuenta del empleador que invoca la injuria laboral.” (cfr. aut. cit., “La riña como justa causa de despido”, del 09/03/2017, www.microjuris.com. Cita Online: MJ-DOC-10642-AR | MJD10642).- De manera categórica, Leonardo J. Ambesi dice que: “El primer elemento de consideración que surge en esta materia es, sin duda, la posición protagónica que ocupa el trabajador en la pelea. De allí que sea necesario, a los fines del incumplimiento laboral, demostrar que la riña fue provocada por el trabajador a quien se pretende despedir bajo la invocación de aquel suceso; si no se demuestra que el hecho resulta imputable a la intención dolosa o al obrar culpable de un dependiente, no existe incumplimiento de su parte que justifique el despido...” (cfr. aut. cit., “La riña en el despido con causa”, del 27/07/2010, www.informacionlegal.com.ar.
Cita Online: AR/DOC/5168/2010).-
IX. Con base en cuanto antecede, la empleadora tenía la carga de acreditar que la empleada Ávila provocó la riña ocurrida el 24 de septiembre de 2016 mediante insultos en presencia de empleados y clientes. De lo contrario, la desvinculación laboral carecería de justa causa.-
Una primera aproximación a los elementos obrantes en la causa, lleva a advertir que -según surge de foja 158- la empleadora contaba con filmaciones en el interior del establecimiento comercial durante el día y horario en el que se generó el evento que a la postre provocó el distracto. Sin embargo, estas no fueron adunadas al presente litigio, impidiendo, de este modo, corroborar sí efectivamente la actora le había proferido insultos en la sala del Casino a su compañera de trabajo, en presencia de otros empleados o clientes. En su caso, las imágenes podrían haber detallado una actitud corporal demostrativa de una escena de gritos o exabruptos.- Tampoco adjuntó la investigación interna que alegó haber efectuado y, sobre cuya base, habría decidido despedir a la accionante. Si bien la omisión de esta formalidad no importa sin más la nulidad del distracto, no puede dejarse de observar que las constancias sumariales también habrían representado un elemento de relevancia a fin de controlar la legitimidad del acto extintivo. “La agregación de un sumario interno al proceso, a fin de justificar la decisión rescisoria, puede ser un elemento de utilidad para el juzgador y aun para la misma empresa que, prima facie, demuestra que actuó de buena fe y en defensa de intereses propios ejerciendo en forma funcional sus potestades de mando y de control.” (cfr. Pose, Carlos: “Riña y sumario interno”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/15664/2001).- Ningún cliente brindó su testimonio en orden a verificar la incitación referida.-
Esta pasividad argumental conspira evidentemente contra los intereses de la empresa demandada.-
De su lado, las declaraciones testimoniales brindadas por las compañeras y los compañeros de trabajo robustecen el reclamo actoral.-
La testigo Gabriela Painelaf (empleada del Casino) dijo que ingresó al vestuario porque escuchaba gritos y al hacerlo vio que Rojas estaba encima de Ávila forcejeando. Aclaró que en ese momento no se estaban golpeando pero que Rojas estaba encima de Ávila. Fue a buscar ayuda y al regresar, observó que esta última estaba llorando, tenía la nariz ensangrentada, el cabello revuelto y la camisa rota (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia de prueba 1, min. 26-30).-
Cristina Acosta (empleada del Casino) declaró que al dirigirse al vestuario la recurrente estaba limpiándose la nariz porque estaba ensangrentada, despeinada y nerviosa, mientras que Rojas estaba lavándose las manos. Detalló que Ávila no quería estar cerca de Rojas y tenía intención de irse al hospital (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia supletoria 1ra. parte, min. 36-40).-
En el mismo sentido, Juan José Montenegro (encargado de sala) manifestó que al presentarse en el vestuario de damas -tras un llamado radial- observó que la actora estaba con una crisis de llanto, despeinada, con sangre en la nariz, la camisa entre abierta y manchada en las mangas (cfr. foja 62).-
Verónica Cofre (empleada del Casino) indicó que para entonces residía en el fondo del mismo inmueble que Ávila y que el día del evento esta última regresó a su hogar golpeada, con el ojo hinchado, lastimado y con sangre (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia supletoria 1ra. parte, min. 5).-
En cuanto al estado en que se encontraba Rojas luego del suceso, Juan José Montenegro expresó que estaba tranquila (cfr. foja 62 vta.). Fernanda Chaile (empleada del Casino) sostuvo que no la vio golpeada (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia supletoria 1ra. parte, min. 21) y Laura Herrera (empleada del Casino) manifestó que la vio normal (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia de prueba 1, min. 44).-
También reviste interés la pieza epistolar de despido que dirigió la empresa contra Rojas. En ella, la propia empleadora señaló que ella le había propinado golpes en la cara a Ávila hasta que se acercaron otros empleados a fin de que deponga su actitud agresiva (cfr. foja 156).-
X. Se advierte con ello la falta de prudencia con que la conducta de la trabajadora fue juzgada y un hiato lógico en el proceso racional seguido al sentenciar.-
Ello así, por cuanto se ha omitido una valoración prudencial acerca de la configuración de la injuria laboral imputada por la empleadora a la dependiente despedida. La Alzada simplemente se limitó a señalar que las dos trabajadoras involucradas se dieron golpes. Empero, no llevó a cabo una detenida ponderación de la masa probatoria. A través de ella, es dable concluir que la empleadora no logró acreditar en la causa el incumplimiento contractual que le atribuyó a Ávila para rescindir el vínculo laboral, consistente en la provocación de la agresión ocurrida el 24 de septiembre de 2016.- Como corolario de ello, es dable afirmar que el fallo en crisis contiene una deficitaria apreciación del material probatorio que lo lleva a incurrir en una errónea aplicación del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, al omitir la valoración prudencial que exige ese precepto legal.-
También se observa una infracción al artículo 355 del CPCyC (aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 121 de la Ley Nº 1444). Si la carga de la prueba recae en quien invoca la injuria laboral y, en el caso de las contiendas verbales o físicas suscitadas en el ámbito del trabajo, debe demostrarse la cualidad de agresor o provocador en el trabajador despedido, deviene evidente el error grave cometido en el raciocinio de la Cámara, al indicar que no se esclareció quien originó la pelea y derivar de esa incertidumbre el rechazo del reclamo promovido por la actora. Vale destacar, igualmente, que el acto jurisdiccional tampoco exhibe ninguna razón determinante que justifique el apartamiento de la directriz contenida en la segunda parte del artículo 9º de la Ley de Contrato de Trabajo.- Enrostrarle a la dependiente no haber asumido otra actitud frente a la agresión, tal como retirarse del lugar o llamar a sus superiores refleja un desacierto adicional que aparece en pugna con las constancias obrantes en la causa. Si se tiene en cuenta que la agresión física ocurrió en el vestuario de damas (cfr. fs. 66 vta. y 162) y los testigos fueron contestes en que Ávila presentaba una contextura física visiblemente menor a la de su agresora (cfr. CD audiencias, archivo 359482017, audiencia de prueba 1, min. 35; audiencia de prueba 2, min. 15; y audiencia supletoria 1ra. parte, min. 9) lo que, a su vez, coincide con la prueba pericial antropométrica de foja 311, no parece razonable la exigencia apuntada por la Alzada.-
XI. Por otra parte, los antecedentes disciplinarios individualizados en la sentencia de la anterior instancia tampoco podían instituirse como agravantes válidos.-
Al abordar el examen de esta temática, la Cámara tuvo en cuenta que del legajo de la dependiente surgía que había sido sancionada con tres (3) apercibimientos y dos (2) suspensiones; aunque aclaró que dos (2) de los apercibimientos no habían sido reconocidos y la prueba pericial caligráfica pertinente no fue producida. Aseveró que esas sanciones guardaban relación y servían de antecedente para analizar el motivo de la injuria invocada y que ello cobraba especial trascendencia, en tanto el Casino tiene una gran afluencia de clientes. Sobre esa plataforma, arribó a la conclusión de que la comprobación de reiteradas faltas de respeto e inconductas tanto con los superiores como con sus compañeros, representaban un antecedente disvalioso (cfr. fs. 437 y vta.).- El historial disciplinario al que alude la sentencia es el contenido en la documental obrante a fs. 110/120 y 150/154, conforme al cual la trabajadora fue reprendida con las siguientes sanciones:
(i) apercibimiento impuesto el 29 de enero de 2010 por no informar el hallazgo de un bien de propiedad de un apostador;
(ii) apercibimiento aplicado el 30 de enero de 2010 al dejar sin cambio suficiente al cajero;
(iii) suspensión de un día aplicada el 16 de marzo de 2010 al dirigirse en forma irrespetuosa y desafiante ante un superior;
(iv) suspensión de dos (2) días decretada el 11 de mayo de 2011 por mantener una discusión con un compañero de trabajo;
(v) apercibimiento impuesto el 27 de enero de 2012 por levantarse del asiento y actuar de manera desatenta ante el saludo de un superior.-
Cuadra precisar que -tal como se señaló en la anterior instancia- la dependiente desconoció dos (2) sanciones (cfr. foja 170) sin que la contraria haya manifestado interés en la producción de la prueba pericial caligráfica que oportunamente había ofrecido.-
Así las cosas, el discurrir argumental exhibido por la Alzada importa una trasgresión a la invariabilidad de la causa de despido consagrada en el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.-
En su carta documento de ruptura, luego de describir la injuria que justificaba el despido, la empleadora expuso que: “...Con el agravante de ser reincidente en este tipo de comportamientos inadecuados hacia esta misma persona, conforme surge de las diversas denuncias efectuadas por la Sra. Rojas...” (cfr. foja 4).-
En la contestación de demanda, a su vez, brindó algunas precisiones. Dijo que la falta laboral debía tenerse por cierta, por cuanto Rojas había efectuado con anterioridad una denuncia caratulada: “Rojas Monjes Marlene Jaqueline s/ Denuncia Les. Leves, Amenazas y Daños” Ref. Pvo. Nº 344-S-1ª/16, en virtud de que Ávila venía demostrando conductas agresivas, prepotentes y carentes de educación que tornaban entendible la reacción de la denunciante (cfr. foja 163 vta.).-
En contraste con ello, fácil resulta colegir que los antecedentes a los que aludió el Tribunal ordinario importan una alteración del debate material que quedó plasmado en el intercambio epistolar, en tanto no guardan vinculación alguna con las denuncias efectuadas por Rojas.-
No desdibuja lo dicho la circunstancia de que la accionada haya narrado esos antecedentes en su réplica de demanda (cfr. fs. 160 vta./161 vta.).-
Mediante la regla de la invariabilidad de la causa se procura cancelar toda posibilidad de que el motivo invocado en la notificación de la decisión extintiva sea modificado en el futuro. Ni el trabajador en su demanda ni el empleador en la contestación podrán sumar nuevas causales a las que éste invocó en un despido disciplinario o aquél en un despido indirecto. Conduce a cristalizar los términos del debate judicial ulterior en torno a los hechos que oportunamente fueran expuestos. Pone de este modo una barrera infranqueable no sólo a las posibilidades fundantes y probatorias de las partes sino también a las investigativas del juez. Consolida, en definitiva, la predeterminación de los hechos controvertidos en juicio (cfr. Ackerman, Mario E.: “El Despido. Despido sin justa causa, disciplinario, indirecto, por falta o disminución de trabajo y por fuerza mayor”, 1ª ed. revisada, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2021, págs. 200/201).- Se advierte, además, que la documental incorporada por la demandada a foja 157 y sobre cuya base procuraba demostrar que Rojas había denunciado agresiones de Ávila con anterioridad al 26 de septiembre de 2016 no contiene referencia alguna a esta última.-
En consonancia con lo expuesto, asiste razón a la recurrente al sostener que se ha efectuado una incorrecta conjugación de los hechos con sus antecedentes. En conclusión y por los motivos expresados la sentencia recurrida debe ser descalificada.-
XII. Determinado el despido sin causa, ahora corresponde analizar los rubros que deberán abonarse a la actora, como así también los montos de referencia para que, en la instancia correspondiente, se practiquen las liquidaciones de acuerdo con lo aquí resuelto.-
En consideración a ello se reconoce a la actora el derecho a percibir los siguientes rubros: a) indemnización por antigüedad o despido (cfr. art. 245 de la LCT); b) indemnización sustitutiva de preaviso (cfr. art. 232 de la LCT); c) sueldo anual complementario proporcional segundo semestre 2016; d) vacaciones no gozadas año 2016 (cfr. art. 156 de la LCT); e) indemnización integración del mes de despido (cfr. art. 233 de la LCT). Estos ítems fueron peticionados por la actora a fs. 66.-
A efectos de fijar el monto salarial a partir del cual se calculará la indemnización establecida en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo se tomará la mejor remuneración normal y habitual devengada por la actora correspondiente al mes de julio de 2006, que asciende a la suma de pesos veinticinco mil cuatrocientos cincuenta y uno ($25.451), conforme fuera dispuesto en la sentencia de Primera Instancia. Cabe precisar que la cuantía indicada no fue objeto de agravio por ninguna de las partes intervinientes, por lo que se encuentra vedada su revisión y posterior modificación por parte de este Tribunal Superior de Justicia.- Para el cálculo del rubro previsto en el artículo 232 de la Ley de Contrato de Trabajo corresponde adoptar el criterio de “normalidad próxima”, lo que supone poner a la empleada en situación lo más cercana posible a aquella en que se hubiera encontrado si la rescisión no se hubiese operado y cuya resarcimiento tiene como base la remuneración que la trabajadora habría percibido durante el lapso de preaviso omitido (cfr. Herrera, Enrique - Guisado, Héctor C.: “Extinción de la relación de trabajo”, 2ª ed., actualizada y ampliada, Ed. Astrea, CABA, 2015, págs. 182/183), que en el caso concreto es de dos (2) meses (cfr. art. 231 de la LCT), conforme a la antigüedad de la accionante. Para su cálculo deberá tenerse en cuenta, además, el importe correspondiente al sueldo anual complementario del período respectivo.- Cabe precisar que no corresponde en esta instancia examinar los restantes rubros reclamados en la demanda que fueron rechazados en la sentencia emitida por el Magistrado de origen (cfr. foja 405), ante la ausencia de impugnación de parte de la actora.-
En cambio, corresponde evaluar la procedencia del incremento indemnizatorio previsto en el artículo 2° de la Ley Nº 25.323, que fue acogida favorablemente por el Juez de la Primera Instancia (cfr. foja 405), frente a lo cual la demandada se agravió en su recurso de apelación (cfr. fs. 412 vta./414). Ello así, toda vez que al resultar victoriosa en la anterior instancia, no se encontraba constreñida a replantear la cuestión ante esta instancia (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 585, Folio 3347/3353; Reg. 588, Folio 3368/3376).- En su escrito de apelación, la accionada sostuvo que la sentencia del juzgador era arbitraria, en tanto no existió una conducta premeditada de su parte tendiente a eludir el pago de las indemnizaciones. Aclaró, igualmente, que el despido obedeció a un incumplimiento de la trabajadora. Señala, por último, que la dependiente nunca intimó fehacientemente el reclamo de la indemnización que procura (cfr. fs. 413 vta./414).-
La finalidad de la norma precitada es sancionar a aquellos empleadores que: “…‘...sin motivo o causa válida - de conformidad a los términos del párr. 2° de la norma [Ley Nº 25.323] omitieran dar cumplimiento con la obligación de pago de las indemnizaciones debidas al trabajador, induciendo a éste a recurrir a la justicia a fin de percibir aquel pago...’...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXI, Reg. 698, Folio 4137/4146).-
Para obtener este incremento indemnizatorio resulta necesario que el trabajador intime a su empleadora para que le abone las indemnizaciones propias del distracto, y que, ante la conducta reticente de éste, deba iniciar las actuaciones judiciales tendientes al cobro de las indemnizaciones no abonadas oportunamente.-
En relación a la intimación que debe realizar el trabajador, podemos expresar que: “A los fines del progreso de la indemnización contenida en el art. 2 de la Ley 25.323, el reclamo de ‘indemnización’ opuesto a la carta documento donde se notificaba el despido, y que el trabajador rechazara por falsa, maliciosa e improcedente, basta para constituir en mora a la empleadora en relación a los resarcimientos derivados de la extinción del vínculo laboral.” (cfr. Sum., CNTrab., Sala I, “González Ariel Darío c/ Top Meat S.A. y otro s/ despido”, del 28/11/2012, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/67932/2012). Esta doctrina resulta aplicable a los presentes autos, en los cuales la actora ha intimado al pago de las indemnizaciones debidas, conforme surge de la prueba documental aportada por la propia demandada (cfr. foja 145).- Mediando, entonces, un despido indemnizable, la mora de la empleadora en el pago de las indemnizaciones enunciadas en el texto legal, la intimación pertinente de la trabajadora y la promoción de una acción judicial, es que corresponde condenar a la demandada al pago de la indemnización que establece el articulo 2º de la Ley Nº 25.323.-
Es pertinente señalar que este Tribunal no puede ingresar a analizar lo resuelto en la instancia de origen en materia de intereses, ya que al no ser objeto de agravio en el recurso de apelación de la parte demandada (cfr. fs. 410/414) y haber adquirido firmeza, deberá aplicarse la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina desde la fecha del distracto hasta el efectivo pago, tal como lo decidió el Juez de Primera Instancia (cfr. foja 405) (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 588, Folio 3368/3376 y XX, Reg. 685, Folio 3992/4000).-
XIII. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 441/453 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 434/438 vta.. Consiguientemente, se decide componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por la Sra. Laura Lorena del Valle Ávila, condenando a Casino Club S.A. a abonar a la nombrada las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en los Considerandos y en el término de diez (10) días, de quedar firme la presente.- Por aplicación del principio objetivo de la derrota, las costas en todas las instancias deben ser impuestas a la demandada perdidosa (art. 68 del CPCyC, por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 441/453 vta. y, en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 434/438 vta..-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda promovida por la Sra. Laura Lorena del Valle Ávila, condenando a Casino Club S.A. a abonar a la nombrada las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas señaladas en los Considerandos y en el término de diez (10) días, de quedar firme la presente.-
4. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora- en esta instancia, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-;, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1017S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 742 Folio N°: 4501/4508 Secretaría: 1
Fin de la sentencia