Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-2224/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 854.-
2Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 662/669.-
3Casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 635/646 revocandola en forma parcial y exclusivamente en cuanto a los intereses.-
4Componer positivamente la litis y, en consecuencia, dispo- ner que al capital de condena se le aplicarán los intereses conforme lo dispuesto en el apartado V de los Considerandos.-
5Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hu- biera sido motivo de agravios.-
6Imponer las costas de esta instancia a los actores y a la demandada en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada parte (art. 71 del CPC y C).-
7Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: A-2224/18-TSJ Interlocutorio N°: 654 Actor: AVILEZ NANCY ESTHER Y OTRO Demandado: ESTADO PROVINCIAL Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 04-11-2019 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 654 FOLIO Nº 3759/3767 PROT. ELECT. TSS1 015 S.191
Río Gallegos, 4 de noviembre de 2019.-
Los presentes autos caratulados: “AVILEZ NANCY ESTHER Y OTRO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº A-10.372/03 (A-2224/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación for- mulada por la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien a foja 854 expre- sa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha inte- grado el tribunal que dictó la sentencia de fs. 635/646 vta. y la resolución interlocuto- ria de fs. 691/694”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magis- trada, el haber dictado la sentencia impugnada que viene a este Tribunal Superior de Justicia con motivo de la casación, se encuadran en la normativa impuesta por el ar- tículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, en segundo lugar, arriban las presentes actuaciones a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia con motivo del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, a fs. 662/669, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obran- te a fs. 635/646 vta. que rechazó la apelación de la demandada y confirmó la senten- cia de Primera Instancia.-
Este último hizo lugar a la demanda interpuesta por Nancy Es- ther Avilez, Norberto Alejandro Podestá y Melina Quillen Podestá contra el Estado de la Provincia de Santa Cruz; y condenó a este último a abonar a los actores la suma de pesos tres millones setecientos diecisiete mil ciento cuarenta y tres con veintisiete centavos ($3.717.143,27); discriminados de la siguiente manera: a) a favor de Melina Quillen Podestá, la suma de pesos dos millones cuarenta y nueve mil ochocientos cin- co con cuarenta y dos centavos ($2.049.805,42) ($1.880.805,42 en concepto de daño material y $169.000 por daño moral); b) a favor de la Sra. Nancy Esther Avilez, la su- ma de pesos un millón seiscientos diecisiete mil trescientos treinta y siete con ochenta y cinco centavos ($1.617.337,85) (integrada por $1.567.337,85 en concepto de daño material y $50.000 en concepto de daño moral); c) a favor del Sr.
Norberto Alejandro Podestá la suma de pesos cincuenta mil ($50.000.-) en concepto de daño moral (cfr. fs. 577/590 vta.). Todo ello con más los intereses que serán calculados de la siguiente forma: “a) para el daño material: corresponde establecer la tasa pasiva de uso judicial que publica el Banco Central de la República, desde la fecha del evento dañoso (5 de mayo de 1.997) y hasta la fecha de la sentencia (ello, reitero, debido a que el cálculo del monto indemnizatorio se realizó utilizando valores actualizados a la fecha de sen- tencia). A partir de la sentencia [del 6 de mayo de 2014] y hasta la fecha de pago se aplicará la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (ello, a los fines de no desvirtuar el valor reparador de la sentencia); b) para el daño moral: deberá aplicarse la tasa pasiva de uso judicial que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del evento da- ñoso (5 de mayo de 1997) y hasta el 31 de diciembre 2001.
A partir del 1 de enero de 2002 y hasta la fecha de pago se aplicará...la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento (ello, reitero, a los fines de no desvirtuar el valor reparador de la sentencia y en función de que su cuantificación se ha efectuado al momento del hecho dañoso).” (cfr. foja 590).- En el recurso de casación, el apoderado de la demandada plan- tea que en la sentencia que se ataca existe quebrantamiento de formas; violación y aplicación errónea de la ley; y manifiesta arbitrariedad (cfr. foja 662).-
Afirma que el quebrantamiento de formas deviene como consecuencia de que dogmáticamente se sostiene que no se ha afectado el principio de con- gruencia al hacerse lugar al rubro daño material, multiplicando varias veces lo solici- tado y de acuerdo a lo que el Juez entendió debía ser la petición; apartándose de lo peticionado por los actores (cfr. foja 664 vta.). Agrega: “Y no se ha afectado para V. E. tal principio porque los actores utilizaron la formula 'o lo que resulta de las prue- bas a producirse en autos.' Y esto no es así.” (cfr. foja cit.).- Expresa que la cosa demandada debe ser designada con toda exactitud, (cfr. art. 308 del CPC y C). Sobre el particular señala que los actores pro- movieron la demanda precisando su pretensión y determinando cualitativamente la misma; y la forma en que esa determinación se hizo. Pero, entiende, que ha existido una decisión ultra petita que implica una violación al principio de congruencia (cfr. fs. 665/666). Sobre esto última afirma que: “Conceder más de la forma en que lo hace el juez, porque a él le parece acotada la fórmula utilizada por los actores, es una vio- lación a dicho principio y por supuesto al derecho de defensa.” (cfr. foja 666).- Argumenta que el Juez denostó la petición de las partes, para asumir él ese rol (el de actor), con lo cual se afectó la imparcialidad en el caso (cfr. foja 666 vta.).-
Agrega que la remisión “a lo que en más o en menos resulte” sólo permite corregir la expresión nominal de la condena para ajustarla al poder adquisitivo del signo monetario, sin que pueda variarse el valor intrínseco del capital reclamado (cfr. foja 667). Afirma que: “...si el daño se estimó en suma líquida, sea al tiempo de la causación o de la demanda, la estimación de la parte marca el poder in- trínseco del dinero reclamado como capital; la sentencia sólo puede pronunciar la condena en el límite de ese valor intrínseco traduciéndolo a expresión nominal actual: de expresarlo en cifra nominal, que convertida a valores del tiempo de la demanda exceda el capital pretendido por ésta, cae en ultra petita. El fundamento está dado por el principio dispositivo que preside el proceso civil y el de congruencia...” (cfr. foja cit.).- Aduce que la fórmula “lo que en más o en menos resulte” es aplicable cuando el daño no puede determinarse en sus justos alcances o cuando uno de los rubros a los que estaba sujeto a comprobación con la prueba a rendirse. Su- puestos que, estima, no se dan en el caso, ya que el daño estaba establecido desde el inicio, no sujeto a prueba alguna (cfr. foja 667 vta.).-
En atención a lo expuesto, considera que se le han afectado garantías reconocidas en el artículo 18 de la Constitución Nacional, así como el derecho de propiedad (cfr. foja cit.).-
Agrega que si la determinación del daño se hace al momento de la sentencia no se entiende por qué los intereses, sean a la tasa que fueran, se aplican desde que ocurrió el evento dañoso. Luego expresa: “Más aún, la fórmula utilizada por el Juez prevé en sí misma el interés a aplicar, con lo cual, resulta que además de ésta suma, se condena al pago de otra desde aquél momento.” (cfr. foja 668). Entien- de que esta circunstancia es un exceso, que potencia significativamente el monto de la condena y se genera así un enriquecimiento sin causa que vulnera el derecho de pro- piedad de la demandada (cfr. foja cit.).- Advera que resulta un exceso aplicarle intereses en forma retroactiva a partir de una base actualizada (cfr. foja 668).-
Afirma que: “De prosperar esta postura se daría el caso de exi- gir montos dinerarios actualizados de manera retroactiva, a los cuales incluso además conforme surge de la sentencia se le aplicarán intereses a tasa pasiva, lo que generaría una doble imposición o indexación, una suerte de anatocismo encubierto.” (cfr. foja cit.).-
Señala que si se pretende aplicar la formula “Vuoto” no se la puede desnaturalizar con la aplicación de intereses en forma retroactiva (cfr. 668 vta.).-
Añade que en esta cuestión (intereses) el Juez ha adoptado una posición que no le fue pedida: “...pero adaptándola de forma tal que la misma resulta otra cosa. Cuestión ésta además que es arbitraria, por no ser una derivación razonada del derecho vigente.” (cfr. foja cit.).-
Plantea que de esa forma se vulnera el artículo 7 de la Ley Nº 23.928, que prohíbe la actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas; cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deu- dor (cfr. foja cit.).-
Insiste en señalar que si la deuda ha sido actualizada, en modo alguno puede aplicársele intereses en forma retroactiva (cfr. foja cit.).-
Mantiene la impugnación acerca de la tasa activa, postula que es doctrina de este Tribunal Superior de Justicia la aplicación de la tasa pasiva y cali- fica de arbitraria a la sentencia (cfr. foja cit.).-
Reitera la reserva del caso federal (cfr. foja 669).-
A foja 829/830 este Alto Cuerpo hizo lugar al recurso de queja interpuesto por el Estado Provincial y declaró mal denegado el recurso de casación. Se puso los autos a disposición de las partes, conforme lo estatuido en el actual artí- culo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- haciendo uso de esa facul- tad la parte actora, quien por los argumentos que allí esgrime solicita el rechazo del recurso de casación (cfr. fs. 837/840).-
A fs. 843/848, formula dictamen el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien, por los fundamentos que esgrime y a los que nos remitimos brevitatis causae, concluye que se deben rechazar todos los agravios, con excepción del tipo de tasa de interés. Respecto de esta última cuestión postula que se debe aplicar la tasa pasiva.-
Por su lado, el Sr. Defensor General ante el Tribunal Superior de Justicia opinó que debía rechazarse el recurso de casación (cfr. fs. 850/851).-
A foja 860 se llaman autos para sentencia y a foja 863 pasan a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordi- naria provincial articulada por la demandada ésta se desarrolla por los carriles impug- nativos previstos en los artículos 2 y 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Con carácter previo a ingresar en el análisis de aquellas cuestio- nes, es menester determinar cuál es la legislación aplicable al sub lite en atención a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.-
Las normas jurídicas tienen una vigencia limitada en el tiempo. Las mismas regulan hechos, situaciones y relaciones jurídicas que tienen una ubica- ción temporal. En función a las particularidades del caso se debe determinar la legis- lación que las disciplinará. En el sub lite el momento crítico transcurre del 3 al 5 de mayo del año 1997, fecha en que se produjo la mala praxis en perjuicio de Melina Quillen Podestá y su nacimiento, esto surge de la Pericia del Médico Neurólogo agre- gada en copia a fs. 416/426 vta.. En dicha época se encontraba en vigor el derogado Código Civil, aprobado por la Ley Nº 340. Recién el 1º de agosto de 2015 entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. art. 7 de la Ley Nº 26.994).- Lo tocante a la aplicación de la ley en relación al tiempo lo resuelve el artículo 7 del Código Civil y Comercial, que dispone: “A partir de su entra- da en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situacio- nes jurídicas existentes.
Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden pú- blico, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.- En atención al texto trascripto se sigue que las leyes, en principio, sólo operan hacia el futuro y que no tienen efecto retroactivo (cfr. art. 7 del CC y C) (cfr. Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso (Directores): “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Título Preliminar y Libro Primero”, Info- jus, Buenos Aires, 2015, págs. 22/32).
Es decir que tienen aplicación inmediata. Pero ¿qué quiere decir aplicación inmediata?, la Profesora Aída Kemelmajer de Carlucci nos ilustra al respecto: “El efecto inmediato es el efecto propio y normal de toda ley: ella se aplica inmediatamente después de haber sido sancionada. Es el sistema que ya tenía el Código Civil argentino. Consiste en que la nueva ley se aplica a: (i) las rela- ciones jurídicas y situaciones jurídicas que se constituyan en el futuro; (ii) las exis- tentes, en cuanto no estén agotadas; (iii) las consecuencias que no hayan operado to- davía. O sea, la ley toma a la relación ya constituida (por ej., una obligación) o a la si- tuación (por ej., el matrimonio) en el estado en que se encontraba al tiempo en que la ley nueva es sancionada, pasando a regir los tramos de su desarrollo aún no cumplidos.
Los cumplidos, en cambio, están regidos por la ley vigente al tiempo en que se desarrollaron. Del mismo modo, si antes de la vigencia de la ley nueva se han produ- cido ciertos hechos aptos para comenzar la gestación de una situación según la vieja ley, pero insuficiente para constituirla (o sea, la situación o relación está in fieri), en- tonces rige la nueva ley.” (cfr. aut. cit.: “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2015, pág. 29/30).- Por lo tanto la legislación de fondo que regula este caso es el derogado Código Civil y la legislación complementaria vigente durante los días 3 al 5 de mayo de 1997, al menos para la determinación, imputación y valuación del daño.
Esta solución también es abonada por los dichos de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, quien nos ilustra: “Doctrina y jurisprudencia coinciden en que la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico dañoso…” (cfr. aut. y ob. cit.: pág. 100).-
Sin embargo, respecto de la determinación de los intereses (que son una consecuencia de la relación jurídica que gravita en torno a la mala praxis de marras) debemos arribar a otra solución en cuanto a la legislación aplicable, pues una porción de los mismos se devengaron mientras regía el derogado Código Civil y parte con el nuevo Código Civil y Comercial. Entonces para calcular los intereses que co- rrieron hasta el 31 de julio de 2015 se utilizará el derogado Código Civil, pues era la ley que regía hasta ese momento; ya que el nuevo Código Civil y Comercial no tiene aplicación retroactiva. Pero para los intereses que corren a partir del 1º de agosto de ese año se empleará el Código Civil y Comercial (en razón de su aplicación inmediata), ya que la nueva ley rige los tramos del desarrollo de la relación jurídica aún no cumplidos: los intereses por la mora del deudor desde la última fecha indicada (cfr. art. 7º del CC y C).- Esta solución es avalada por lo decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a saber: “Al respecto, cabe observar que la entrada en vigor del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha posibilitado su aplicación tanto a las relaciones y situaciones jurídicas futuras, como a las existen- tes a la fecha de su entrada en vigencia, tomándolas en el estado en que se encontraban -rigiendo los tramos de su desarrollo no cumplidos-, así como también a las con- secuencias no consumadas de relaciones y situaciones jurídicas constituidas bajo el amparo de la antigua ley (conf. art. 7 y concs., Cód.
Civ. y Com.). En materia de in- tereses, ello importa el empleo de las nuevas tasas legales para calcular los accesorios del capital, devengados en períodos posteriores a su entrada en vigencia, en tanto no se encuentren cancelados...Se trata de consecuencias no agotadas de tales relaciones jurídicas habidas entre acreedor y deudor, respecto de las cuales la aplicación de la nueva norma resulta inmediata. Así, ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la distinta regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulte- rior de ésta...” (cfr. “D., E. M. contra L., P. S.. Incidente de aumento de cuota alimen- taria”, del 29/08/2017.
Causa LP C 120103 S).- En síntesis, los intereses devengados desde hecho dañoso, acae- cido entre el 3 al 5 de mayo de 1997, y hasta el 31 de julio de 2015 se deben estimar conforme al viejo Código Civil. En cambio, desde esta fecha hasta la del efectivo pa- go, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.-
Consecuentemente, sirviéndonos de la legislación apuntada es que se resolverá el sub lite.-
IV. Que zanjada la cuestión de la legislación llamada a resol- ver el caso sub examine, por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Pará- grafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir algún supuesto de quebrantamiento de forma, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados.-
En lo tocante a la alegada vulneración del principio de congruencia se debe recordar que la misma: “…aparece entonces como coherencia o co- rrespondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido.” (cfr. Jorge Guillermo Enderle: “La Congruencia Procesal”, Rubinzal - Culzoni Editores, Santa Fe, 2007, pág. 57. En el mismo sentido TSJ Santa Cruz, Tomo XIV, Sentencia, Reg. 491, Folio 2678/ 2697). Con idéntico criterio, este Tribunal Superior de Justicia lo ha definido en los siguien- tes términos: “…el principio de congruencia -que debe estar presente en las sentencias- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, de conformidad al art. 34, inc. 4to. y 164, inc. 6to. del C.P.C. y C., sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas…” (cfr. Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327).- Sobre el particular este Alto Cuerpo ha dicho que: “...Ha denunciado el recurrente que la sentencia del a quo viola el principio de congruencia. El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetra- do por los litigantes (ne eat iudex ultra petita), o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez...” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/3678).- En atención a expuesto, se debe adelantar que es improcedente el ataque al fallo por estimarlo una sentencia ultra petita en lo vinculado al rubro da- ño material, pues la Excma. Cámara de Apelaciones decidió correctamente sobre este tema en atención al contenido de la demanda.-
Sobre esta cuestión acertadamente se expidió la Alzada al decir: “Considero que no se ha afectado el principio de congruencia al hacerse lugar a una suma adecuada al rubro solicitado, si el accionante expresó en su escrito de demanda que su pretensión se ajustará a la prueba a producir...Así, conceder más de lo pedido no importa incongruencia por ultra petita, ya que la utilización de '...o lo que en más resulte de la prueba a producir...' y '...debiendo ajustarse estas últimas a la prueba a producir' (v. fs. 58) habilita al Magistrado a estimar el quantum indemnizatorio en atención a la índole de la afección sufrida, pues no se encuentra obligado por la suma requerida tanto para el caso de que aquélla resulte ser mayor o menor a la reconocida.
Además, no debe olvidarse que estamos en presencia de una deuda de valor.” (cfr. fo- ja 639).- Es que la conocida formula “de lo que en más o en menos resul- te de la prueba a producirse” habilita al juzgador a fijar un indemnización atendiendo a los valores vigentes al momento de dictar sentencia, aunque sea superior al presu- puestado prima facie en la demanda. Más teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la interposición de esta, el 19 de septiembre de 2003, el dictado de la senten- cia de primera instancia (6 de mayo de 2014), y el efecto erosivo de la inflación sobre el signo monetario argentino. Téngase presente que los actores estimaron su indemni- zación por daño material tomando como base para su cálculo el sueldo promedio de la Administración Pública Provincial en valores vigentes al año 2003 (cfr. fs. 62 vta. y 63).
Se constata, entonces, que con la fórmula de marras los actores han querido evitar que su pedido monetario se quedara inmovilizado en las cantidades indicadas en la demanda y habilitar la posibilidad de lograr una justa composición en función de las pruebas colectadas en el proceso. Con este criterio la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que la incorporación en la demanda de la expresión de estilo “o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producir”: “...es incorporada a los escritos de inicio de los procesos en los que se reclama indem- nización con el evidente propósito de sujetar la cuantía de la eventual suma condena- toria a las resultas de la prueba a producirse.
Ningún impedimento legal existe para que así se peticione, por tanto no infracciona el principio de congruencia el pronun- ciamiento que en tales condiciones fija una suma dineraria mayor o menor a la esti- mada tentativamente en la postulación liminar.” (cfr. “Fabiani, Laura c/ Di Nunzio, Daniel s/ Acción de reivindicación”, del 07/05/2014. Causa LP C 99055 S).- También se pueden extrapolar al sub lite lo afirmado por el Ci- mero Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, que consideró que no se transgrede el principio de congruencia: “...cuando la fijación del quantum queda librada, como lo tiene dicho esta Corte, a lo que 'en más o en menos', resulte de la prueba (art. 163 inc. 6, C.P.C.; conf.
Ac. 42.935, sent. del 4-VI-1991, en 'Acuerdos y Sentencias', 1991-II-9; Ac. 53.743, sent. del 5-XII-1995, en 'Acuerdos y Sentencias', 1995-IV, 575; Ac. 65.214, sent. del 4-III-1997; Ac. 67.732, sent. del 24-II-1998). Por lo demás sabido es que la determinación del monto de este rubro depende en principio del arbi- trio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido sin que sea necesaria otra precisión, siendo su valoración cuestión de hecho irrevisable por la Corte, salvo su- puesto de que resulte absurdo o irrazonable (conf. Ac. 68.210 sent. del 22-XII-1999).” (cfr. SCBA, “Marti, Pablo Fabián c/ Core y/o Roldán Manuel y/o quien resul- te propietario s/ Daños y perjuicios”, del 23/04/2003.
Causa LP AC 81476 S).- Paralelamente, se advierte que en la demanda se solicitó que se condenara al Estado Provincial por daño material en función de la mala praxis pade- cida por la entonces niña Melina Quillén Podestá, en unos términos lo suficientemen- te amplios como para considerar congruente la sentencia de autos. Concretamente se pidió una cifra, calculada al 19 de septiembre de 2003, pero se aclaró, como ya se in- dicó, que la misma podía variar en atención a la prueba a producirse y que se debía ajustar en atención a la misma (cfr. foja 58).
Específicamente, los actores expresaron, en su libelo de inicio, que: “...venimos a iniciar demanda por daños y perjuicios contra el Estado Provin- cial...por la suma de pesos ochocientos ochenta y nueve mil ($889.000) o lo que en más resulte de la prueba a producir, correspondiendo la suma de $269.200 a daño mo- ral de los tres actores, y la suma de $338.400 a daño patrimonial correspondiente a Melina, y $287.000 de daño patrimonial de la Sra. Nancy Esther Alvarez, debiendo ajustarse estas últimas a la prueba a producir.” (cfr. foja 58). Luego expresan: “Y el daño V.S. es cierto, real y efectivo. Basta con ver a Melina para constatarlo. El sufri- miento fetal agudo le produjo muerte neuronal, acarreándole problemas de salud de todo tipo.
Melina es una niña que a los seis años de edad no se sienta sola, no controla esfínteres, no habla, solo balbucea, y que tiene certificada una incapacidad total y per- manente de un 80 %, conforme surge de la documental que se acompaña, pues padece calcificaciones cerebrales derivadas de la parálisis y triparesia espástica.” (cfr. foja 61 vta.). Asimismo bajo el título de “Daño Material” sostiene: “La integridad física tiene en sí un valor apreciable en dinero, que en el caso de autos, al haber resultado un desmedro definitivo equivalente al total de su capacidad es para nuestra hija, valorando el problema desde una perspectiva puramente económica - un daño supe- rior al de la pérdida de la vida, porque en esta última hipótesis el Juzgador debe ate- nerse a los daños sufridos por los herederos de la víctima, normalmente con posibili- dad de proveer a su propio sustento, en tanto que en el caso nuestra hija ha perdido toda la aptitud futura de hacerlo.
Melina no tendrá jamás la posibilidad de obtener in- gresos, dependiendo de por vida para su sustento de terceros [...] Obviamente la edad de la víctima y la circunstancia de que no realizara actividad remunerada no pueden constituir un impedimento para que se le reconozca una indemnización acorde a la in- capacidad sufrida. Ello pues la disminución de la capacidad no debe medirse exclusi- vamente por la capacidad de ganancia, sino por la anulación de toda posibilidad de obtenerlas mediante la actividad que podría desarrollar en su vida si fuera normal, y de la proyección que las secuelas del infortunio tengan para su personalidad integral [...] [Melina] Siempre dependerá de terceros, y los servicios de terceros tienen un va- lor, que no es hoy cuantificable, pero que ha de tenerse en cuenta al momento de re- sarcir el daño.
Para el cálculo de la incapacidad total y permanente de un menor como mi hija Melina, resulta razonable efectuarlo sobre la base de multiplicar el salario promedio, por la cantidad de meses que transcurran desde que el menor adquiere ca- pacidad laboral legal (18 años) hasta la edad también legal para jubilarse (65 años). Esto implica que si tomamos un sueldo promedio estimado de $500, en 564 meses, arroja un monto de $ 282.000. Esta suma debe ser incrementada en un 20 % aten- diendo a lo expuesto respecto a la total incapacidad de Melina para valerse por sí mis- ma, lo que desde luego como quedara dicho tiene un valor económico diferencial [...] A ello debe sumarse el daño patrimonial sufrido por los suscriptos.
En el caso de la madre, Nancy debe dedicar su vida completa a su hija, perdiendo absolutamente la posibilidad de efectuar trabajo remunerado alguno, pues su trabajo es la atención de la niña. La dedicación a la niña es completa, pues además de los tratamientos médi- cos, la niña debe concurrir a terapia, a natación, a fisioterapia, etc., debiendo asimis- mo calcularse en el daño patrimonial lo que la madre deja de producir, estimando el lucro cesante también en el salario promedio de la administración pública provincial para una categoría media, que estimo también en $ 500, ascendiendo el monto total de los salarios que hubiere percibido en $ 282.000.” (cfr. fs. 62/63).- En atención a lo peticionado en la demanda, la Excma.
Cámara de Apelaciones confirmó una condena suficiente para satisfacer una reparación inte- gral -dentro de lo humanamente posible- de los perjuicios padecidos por los actores. Concretamente, la Alzada se expresó en los siguientes términos: “El derecho constitu- cional a la reparación integral del daño es emplazado como resultado de una construc- ción jurisprudencial de nuestro cimero tribunal...la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el principio alterum non laedere tiene raíz constitucional en el art. 19 de la Cons- titución Nacional y que su vulneración ofende el sentido de justicia que los tribunales deben afianzar, conforme lo dispone el preámbulo de la Carta Magna.” (cfr. foja 639 vta.).- La Alzada para confirmar el monto indemnizatorio fijado por daño material emplea una fórmula que tiene en cuenta el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia (refiere a la Resolución 4/2013 del Consejo Na- cional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil) equivalente a tres mil seiscientos pesos ($3.600) (cfr. foja 641 y vta.).
Asimismo aclara que la de- terminación del daño se enmarca en un litigio por deudas de valor: “...en el que se pretende la declaración de certeza hecha por un juez, que legitime la titularidad del crédito y fije el quantum valorativo. Así, mientras en la deuda de dinero, el objeto del juicio que la procura, refiere a un monto determinado que no es objeto de valoración judicial que pueda ser variado por el juez, en las deudas de valor, la participación del juez en la ponderación del valor asume una función mucho más preponderante, que es, pues la determinación del monto en dinero a satisfacer que se declara en el deciso- rio.” (cfr. fs. 641 vta./642).- Estimamos que la solución propuesta por la Excma.
Cámara de Apelaciones de intentar lograr una reparación plena es correcta y encuentra también sustento en el criterio postulado por este Tribunal Superior de Justicia. Sobre la cues- tión hemos dicho: “El art. 19 de la Constitución nacional establece el principio gene- ral que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero, el alterum non laedere. Ese arraigo constitucional ha sido reconocido por la Corte Suprema de la Na- ción (Fallos: 308:1118, 1144, 1109; ED, 120-649). La violación de este principio na- turalmente depara como consecuencia una reparación que debe ser plena o integral, vale decir justa, porque no sería acabada indemnización si el daño quedara subsistente en todo o en parte (Fallos: 283:213, 223).
Pero con independencia de ese sustento constitucional y paralelamente, esta garantía se encuentra consagrada por los tratados. Por la vía de lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional, con fuerza y jerarquía superior a las leyes, contamos por de pronto con lo que estatuye el art. 21 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: 'Ninguna per- sona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización jus- ta'. Paralelamente, el art. 5 del mismo cuerpo supralegal ampara el derecho a la inte- gridad personal al expresar que 'Toda persona tiene derecho a que se respete su inte- gridad física, psíquica y moral'…” (cfr. Sentencia, Tomo XIX, Reg. 636, Folio 3657/ 3678).- En atención a lo expuesto, se puede afirmar que el rubro “daño material” fue peticionado con una laxitud que habilitó al juez de grado a calcularlo de modo tal de lograr una reparación integral de los actores, a través de una fórmula ma- temática de cálculo de indemnización.
Así las cosas, no puede considerarse como to- pe de la pretensión a la cifra postulada en la demanda a valores de septiembre de 20- 03. Ergo el agravio sobre esta cuestión debe ser rechazado, sin perjuicio de lo que se expone en los siguientes puntos.-
V. Que los intereses, como ya adelantamos, se calcularán en función de lo estatuido tanto en el viejo Código Civil, respecto de los devengados hasta el 31 de julio de 2015; como en el nuevo Código Civil y Comercial por los que corrieron desde el 1º de agosto de 2015, hasta el efectivo pago.-
El evento dañoso quedó consolidado el 5 de mayo de 1997, con el nacimiento de Melina, y desde esa fecha se debe responder por los intereses mora- torios. Estos son: “...aquellos que se deben en caso de mora del deudor en el cumpli- miento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, se encuen- tra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. Los intereses moratorios, en conse- cuencia, constituyen la indemnización de tal daño y requieren para su admisión que el incumplimiento le sea imputable al deudor. En el Código de Vélez se encontraban re- gulados en el art. 622, y en el CC y C por el art. 768...” (cfr. Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Piccaso (Directores), “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Infojus, Buenos Aires, 2015, Tomo III, pág. 59).- Por consiguiente se deben determinar los intereses moratorios que deberá soportar el condenado. En el viejo Código Civil están previstos en el ar- tículo 622, el que establece en lo que aquí interesa que: “El deudor moroso debe los intereses que estuviesen convenidos en la obligación, desde el vencimiento de ella. Si no hay intereses convenidos, debe los intereses legales que las leyes especiales hubie- sen determinado. Si no se hubiere fijado el interés legal, los jueces determinarán el in- terés que debe abonar.”.-
En el caso que nos ocupa, indemnización por daños y perjuicios en razón de una mala praxis, no existe interés legal ni convencional que discipline la cuestión, por lo tanto quien es llamado a fijar la tasa de interés es el Tribunal de la causa.-
Por su lado, el nuevo Código Civil y Comercial regula el tema en el artículo 768 del CC y C, que reza: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuer- den las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.”.-
Sobre los intereses moratorios en el Código Civil y Comercial se ha dicho en doctrina que: “El art. 768 del CC y C mantiene en términos generales análoga redacción al antiguo art. 622 del Código de Vélez, en los incs. a) (convenio de partes) y b) (ley especial). El inc c) introduce una modificación: Ante la falta de previsión de tasa de interés moratorio fijada por norma (convencional o legal) la mis- ma se determina 'por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central'. Este inciso ha suscitado dudas en la doctrina y la jurisprudencia en tanto po- dría interpretarse que las tasas judiciales son ahora fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tal interpretación no resulta acertada -a mi modo de ver- y ello encuentra explicación en los Fundamentos del Anteproyecto donde se lee: 'No se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998 porque se con- sidera que hay supuestos de hecho muy diversos y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso' (cfr.
Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci; 'Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vi- gente. Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del Poder Ejecutivo Nacional', Ed. Astrea, Bs. S (sic)., 2015, pág. 245). Va de suyo, que quien adopta la solución más justa para el caso sólo pueden ser los jueces. Otro fundamento puede encontrarse en el art. 767 del CC y C en cuanto faculta a los jueces a establecer la tasa de intereses compensatorios, a falta de tasa fijada por las partes o por los usos y costumbres. La doctrina mayoritaria entiende que es el juez quien fija la tasa pero limitada -ahora, por el nuevo Código- al amplio abanico de las diversas tasas que fija el BCRA (Así, se dictaminó en la XXV Jornadas Nacionales de Dere- cho Civil de Bahía Blanca, 2015, cuya Comisión 2 sostuvo, por mayoría el siguiente despacho 'la previsión del art. 768 inc. c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará.
Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá ser utilizadas por el juez en esta tarea'). En igual sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Buenos Aires ('Cabrera, Pablo David”, 15/06/2016) y también el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ('Masi, Alberto c. Rosli', 01/11/2016).” (cfr. SCJ Mendoza, sala segunda: “Citibank N.A. en J: '28.144 Lencinas, Mariano c/ Citibank N.A.P s/ Despido' p/ Rec. Ext. De Inconstit-Casación”, del 30/10/2017. CUIJ: 13-00845768-3/1((010404-28144)). Compartimos este último criterio, por lo tanto, nos serviremos de una tasa bancaria del Banco Central de la República Argentina para compensar a los actores por la mora en el pago de las indemnizaciones que le son de- bidas.- También utilizaremos la misma tasa de interés respecto del período anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial, en función de la potestad que tienen los jueces de determinar los intereses moratorios según el artículo 622 del Código Civil.-
Analizaremos ahora los intereses aplicados al rubro “daño material”, sin perjuicio de que varias de las afirmaciones servirán para determinar el in- terés a utilizar en la condena por daño moral.-
Ahora bien, se deben tener en cuenta dos datos vinculados con la determinación del “daño material”. Primero, que el mismo se fijó a valores actuali- zados al momento del fallo de primera instancia, 6 de mayo de 2014, lo que fue rati- ficado por la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. fs. 577/590 y 635/ 646 vta.). En segundo lugar, que se encuentra prohibida la indexación de deudas. Al respecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Bedino”, recordó que: “…la ley 25.561 si bien deroga el régimen de convertibilidad impuesto por la ley 23.928, no modifica en lo sustancial los artículos 7º y 10 de esta última (ver art. 4º de la ley 25.561), por lo que se mantiene la prohibición de actualización monetaria, inde- xación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa.” (cfr.
Fallo 340:341) .- Jorge Mosset Iturraspe propone descomponer la tasa de interés en sus dos elementos: el fruto civil del capital y la prima por depreciación (constituida por el resto de la tasa), por lo tanto sostiene que el reajuste sobre el monto cubre la prima por depreciación y, entonces, los intereses sobre la cantidad global deben redu- cirse al mero fruto civil del capital (cfr. aut. cit. y Miguel A. Piedecasas: “responsabi- lidad por Daños - Ley 26.994”, Tomo I, pág. 474). Por lo tanto, cabe hacer una excepción a la aplicación de tasas activas en los casos de deudas de valor, en los cua- les, al momento del fallo, se liquide en dinero el monto fijado a valores actuales. En estos casos los intereses deben liquidarse a razón de una tasa de interés puro, puesto que las tasas activas -y aun las pasivas- incluyen entre sus componentes una prima por desvalorización de la moneda (cfr.
Eduardo C. Méndez Sierra, “Obligaciones Di- nerarias”, Ed. El Derecho., Buenos Aires, pág. 240). En este orden de ideas la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en un voto emitido en el marco de un plenario de la Supre- ma Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, recordó que si la suma de condena es un valor fijado al momento de la sentencia o contiene cláusulas de reajuste legal- mente autorizadas, desde la mora hasta esa decisión devenga una tasa pura, y de la sentencia en adelante, corresponde la tasa bancaria (cfr. “Aguirre Humberto c/ OSEP p/ Ejec. Sentencia s/ Inc. Cas.”, del 28/05/2009, Expte. Nº 93.319, Fallo plenario, Causa L.S. 405.086, www2.jus.mendoza.gov.ar).- Estimamos entonces que en supuestos de montos actualizados al momento del fallo, la utilización de la tasa pura desde la fecha del hecho dañoso (desde cuando comienza a correr la mora del deudor) es la herramienta más razonable y la que se debe emplear en el sub lite.-
Si se emplearan tasas bancarias (pasivas o activas) que han sido determinadas teniendo en cuenta el fenómeno inflacionario, se produciría una distor- sión que alteraría el significado económico de la sentencia; y significaría una repoten- ciación del capital de condena y un enriquecimiento sin causa de los actores. Esta po- sición es la que actualmente esgrime la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los fallos “Vera, Juan Carlos” (cfr. Causa LP C 120536, del 18/04/ 2018) y “Nidera S.A.” (cfr. Causa LP C 121134, del 03/05/2018). Conforme este cri- terio, cuando el quantum de condena se determine a valores actuales, los intereses moratorios sobre el crédito deben liquidarse utilizando una tasa pura del seis por cien- to (6%) anual a devengarse desde que se ha producido el perjuicio y hasta el momen- to que se ha tenido en cuenta para la valuación del mismo (en este caso la sentencia de primera instancia, del 6 de mayo de 2014, cfr. foja 577).- De allí en adelante, estimamos que debe aplicarse la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina. Tasa que ha sido uti- lizada por este Alto Tribunal en sus precedentes: Sentencia, Tomo XVI, Reg. 559, Folio 3163/3171, del 18/12/2013 y Sentencia, Tomo XVII, Reg. 579, Folio 3303/ 3311, del 02/09/2014. Tasa que además es una de las posibles a aplicar dentro del abanico de opciones que permite el artículo 768, inciso c) del CC y C.-
El fundamento para optar por la tasa pasiva, en vez de la activa, lo explicita el Cimero Tribunal Bonaerense, que sostuvo: “…la denominada tasa 'ac- tiva' tiene incorporado -además de lo que corresponde al 'precio del dinero'- un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la inter- mediación de capitales y que obviamente no pesa sobre la actora. Costo que, en nues- tra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero. En sustancia, si el interés previsto en el art. 622 del Código Ci- vil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumpli- miento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acree- dor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasi- va vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad.” (cfr. SCBA, “Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, del 31/08/1993. Causa LP Ac 49439). Hacemos nuestras estas reflexiones.- El mismo criterio se ha reiterado en la causa “Ricart, Eduardo Valentín c/ Madrid, Jorge Daniel y otros s/ Daños y perjuicios” (cfr. SCBA, Causa LP C 120650 S, del 12/07/17).-
Asimismo en relación a la tasa pasiva se ha dicho: “…si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación…necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad…” (cfr.
SCBA: “Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido”, del 21-10-2009, Causa LP L 94 446 y “Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios”, del 29-06-2011, Causa LP L 105756, opinión del Juez Pettigiani). Esto último ocurre, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado.- En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades finan- cieras cobran por los prestamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA: “Cardo- zo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, del 31 -08-1993, Causa LP Ac 49439 y “Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa”, del 18-06-2014, Causa LP B 58903, opinión del Juez Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de “escorias” (cfr. Alberto D. Molinario: “Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas”, E.D., Tomo 43, pág. 1155/1180), como ser: el cos- to de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (enca- je); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
María E. Kabas de Martorell: “Tratado de Derecho Bancario”, Ed. Rubinzal Culzoni, 2011, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que, para rechazar su aplicación, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha enten- dido que esos: “…componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso.” (cfr. SCBA: “Ginossi”, cit.).”.- En síntesis, para el cálculo de intereses por el “daño material” se aplicará una alícuota del seis por ciento (6%) anual desde el momento del hecho dañoso, 5 de mayo de 1997, y hasta la fecha del dictado de la sentencia de primera instancia, 6 de mayo de 2014 (oportunidad tenida en cuenta para la valuación de la deuda).
De allí en más, se utilizará la tasa pasiva promedio mensual del Banco Cen- tral de la República Argentina, hasta la fecha del efectivo pago.-
Llegados aquí se debe fijar la tasa por el “daño moral”. Con tal propósito debe tenerse en mente que su importe se cuantificó al momento del hecho dañoso por la sentencia de primera instancia, lo que fue confirmado en la Excma. Cá- mara de Apelaciones (cfr. fs. 590 y 635/646 vta.). Entonces, por las consideraciones expuestas, al capital de condena se le debe adicionar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina desde el momento del hecho dañoso (5 de mayo de 1997) hasta la fecha de su efectivo pago.-
Conforme el criterio sentado en este considerando, el agravio de la demandada tiene resultado parcialmente favorable.-
VI. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación articulado a fs. 662/669 por la demandada, y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 635/646 vta., revocándola exclusivamente en cuanto a los intereses. Componer positivamente la litis y disponer que se calcularán los intereses conforme lo dispuesto en el apartado V de los Considerandos.-
Debe confirmarse la sentencia recurrida en todo lo demás que hubiera sido motivo de agravio.-
En atención a que lo resuelto fue parcialmente favorable a las pretensiones del Estado Provincial, las costas en la presente instancia serán impuestas en razón del cincuenta por ciento (50%) para cada parte, por aplicación de lo dispues- to en el artículo 71 CPC y C, difiriéndose la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las le- yes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Por todo ello, y oído que fueran el Sr. Agente Fiscal y el Sr. Defensor General, el Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 854.-
2. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la Provincia de Santa Cruz, a fs. 662/669.-
3. Casar parcialmente la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 635/646 revocandola en forma parcial y exclusivamente en cuanto a los intereses.-
4. Componer positivamente la litis y, en consecuencia, dispo- ner que al capital de condena se le aplicarán los intereses conforme lo dispuesto en el apartado V de los Considerandos.-
5. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que hu- biera sido motivo de agravios.-
6. Imponer las costas de esta instancia a los actores y a la demandada en razón de un cincuenta por ciento (50%) para cada parte (art. 71 del CPC y C).-
7. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 654 Folio N°: 3759/3767 Secretaría: 1
Fin de la sentencia