Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Lomas de Zamora · Causa 62155
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaLos fundamentos y citas legales que anteceden, el Tribunal del Trabajo Nº 1 de Lomas de Zamora, en los autos " AYALA ADALBERTO CARLOS C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL - 62155 " , RESUELVE:
I. R echazar el planteo de inconsitucionalidad del art. 7 y 10 ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561 (art. 1, 17, 18, 28 CN, art. 12 LRT, SCBA 17/4/2024 C 124.096 "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS")..
II. Desestimar el rubro referido a daño psicológico por carecer de causa legal que lo justifique (art. 375 C.P.C.C. y art. 726 del Código Civil y Comercial).-
III. Hacer lugar a la demanda instaurada referida al siniestro del día 24/11/2024 , condenando a PROVINCIA ART S.A., a abonar al actor dentro de los diez días de notificada la sentencia, la suma de pesos $10.522.638,00 tomándose en cuenta el ingreso base ($1.735.158,93 ) , multiplicado por cincuenta y tres veces el mismo; multiplicado por el porcentaje de incapacidad sufrido (7,43%); por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad que tenía la actora a la fecha de toma de conocimiento (42 años). (arts. 12,13 y 14 de la ley 24557).
A ello deberé adicionarle la prestación suplementaria regulada en el art. 3 de la ley 26.773 vigente a la fecha del siniestro, por la suma de $2.104.527,00.
Comprende la suma total de $12.627.165,00 (arts. 11, 12, 14 de la ley 24557, art. 3 y 17 ley 26.773). …
En Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. 3971/20) , se reúnen en la Sala de Acuerdos los Señores Jueces de este Tribunal, Doctores Gustavo Daniel Budnik, Maria Eugenia Larequi y Lelia Bibiana Rinaldi; y presente el Actuario, a efectos de dictar sentencia en la causa caratulada " AYALA ADALBERTO CARLOS C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL - 62155 " .-
El Tribunal resuelve seguir siguiente órden de votación: Dres. Budnik, Larequi, Rinaldi.- , y plantear la siguiente cuestión:
UNICA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA UNICA CUESTION EL DR. GUSTAVO DANIEL BUDNIK DIJO:I) ANTECEDENTES:
1. A fs. 1 se presenta la Dra. CLAUDIA MONTERO en carácter de apoderado del actor iniciando demanda contra PROVINCIA ART S.A., por accidente de trabajo.-
Refiere que su poderdante se desempeñó bajo las órdenes de su empleador, describiendo los antecedentes temporales, salariales y profesionales. Destaca que el día 24/11/2024 en ocasión de encontrándose realizando sus tareas, sufrió un accidente.
Indica que dicho siniestro generó secuelas físicas y psicológicas incapacitantes.
Solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 7 y 10 de la ley 23.928 y art. 4 de a ley 25.561.
En función de ello deduce la presente acción, la funda en derecho, ofrece pruebas, practica liquidación y peticiona el progreso de la demanda, con costas.-
2. A fs. 5 se presenta el Dr. SANTIAGO TREZZA SILVA en carácter de apoderada de la demandada, y contesta la presente acción.
Reconoce la existencia de póliza de seguros de riesgos del trabajo, la recepción de la denuncia del siniestro, el otorgamiento de prestaciones hasta el alta médica y la tramitación de la instancia administrativa previa ante SRT.
4. Producidas diligencias varias y los dictámenes encomendados, pasan los autos al Acuerdo del Tribunal a fs. 55.-
II. RESOLUCION:
1. Atento el tenor de los extremos que surgen del escrito constitutivo de la legitimada pasiva, debemos concluir que no existe controversia respecto de la existencia del vínculo laboraticio ni del acaecimiento del siniestro que conforma el presente debate. Ello así en tanto se ha reconocido expresamente la existencia de póliza lo cual conlleva necesariamente la existencia de una relación laboral que sea objeto de cobertura. En consonancia con lo descripto precedentemente, la demandada ha reconocido particularmente la recepción de la denuncia del accidente, así como también haberle dado las prestaciones específicas que la ley establece hasta el alta médica y también la tramitación de las actuaciones administrativas , lo cual autoriza a tenerlo por cierto tanto la existencia del vínculo como el acaecimiento del siniestro.
2. En cuanto a la existencias de secuelas físicas incapacitantes, debe estarse a lo informado por el perito médico actuante, en el dictamen obrante en autos a fs. 36, de donde surge que la parte actora detenta LUMBALGIA CON LIMITACION FUNCIONAL y CERVICALGIA CON LIMITACION FUNCIONAL que le genera un 7,43% de la total obrera. Asimismo, en el dictamen referido el experto establece la vinculación causal del siniestro denunciado y las patologías identificadas.-
Respecto de la existencia de secuelas psicológicas incapacitantes, el perito actuante en su dictamen de fs. 44 ha erradicado la existencia del mismo.
3. Sentado ello, estimo que existen elementos suficientes para acoger favorablemente la pretensión referida a la daños físicos reclamados en los términos del régimen prestacional dinerario previsto en le ley 24.557, con las modificaciones introducidas por la ley 26.773 (art. 11, 12, 14 y ccdtes. ley 24557, art. 3 y 17 ley 26.773 ).-
Deberá, en cambio, desestimarse el rubro referido a daño psicológico y tratamiento psicológico; habiendo incumplido la actora la carga que sobre ella recaía de acreditar su existencia, careciendo por ello de causa legal que lo justifique (art. 375 C.P.C.C. y art. 726 del Código Civil y Comercial).-
4. Como Base de cálculo, entonces, estimo que debe estarse a la suma de $1.735.158,93 monto que resulta ingreso base mensual acreditado por el dictamen pericial contable de fs. 31 y el parámetro legal de determinación contenido en el art. 12 de la ley 24.557.
Ello así, en tanto la actualización de las cotizaciones mínimas a través del indice RIPTE previsto en los arts. 8 y 17 de la ley 26.773, arroja una cotización económica de la incapacidad laborativa inferior a la resultante de utilizar el ingreso base correspondiente al trabajador.
En este punto es preciso destacar que la finalidad de la ley 26.773 ha sido actualizar periódicamente los pisos mínimos de indemnización por infortunios o enfermedades laborales previstos en el Decreto 1694/09. Asi lo ha considerado el Máximo Tribunal de la Nación al resolver que "la ley 26773 dispuso el reajuste mediante el índice RIPTE de los "importes" a los que aludían los arts. 1, 2 y 4 del decreto 1694/09 exclusivamente con el fin de que éstas prestaciones de suma fija y pisos mínimos reajustados se aplicaran a las contingencias futuras" (CSJN Espósito Dardo Luis C/ Provincia ART S.A. S/ Accidente 7 de junio de 2016), destacando en tal sentido que tales criterios han sido recogidos por el Superior en la causa L. 118.532 "GODON PABLO DAVID C/ PROVINCIA ART S.A. S/ DIFERNCIA INDEMNIZACION" del 5 de abril de 2017.-
5. Por lo antes expresado, considero corresponde hacer lugar a la demanda entablada por el actor por las secuelas físicas padecidas con origen al siniestro de 24/11/2024 , contra PROVINCIA ART S.A. por la suma de pesos $10.522.638,00 tomándose en cuenta el ingreso base ($1.735.158,93 ) , multiplicado por cincuenta y tres veces el mismo; multiplicado por el porcentaje de incapacidad sufrido (7,43%); por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad que tenía la actora a la fecha de toma de conocimiento (42 años). (arts. 12,13 y 14 de la ley 24557).
A ello deberé adicionarle la prestación suplementaria regulada en el art. 3 de la ley 26.773 vigente a la fecha del siniestro, por la suma de $2.104.527,00.
Comprende la suma total de $12.627.165,00 (arts. 11, 12, 14 de la ley 24557, art. 3 y 17 ley 26.773).
6. Seguidamente, y a efectos de abocarnos al tratamiento de inconstitucionalidad formulado por la parte actora, procederemos al test de constitucionalidad del principio nominalista legalmente receptado en el art. 7 y 10 de la ley 23.928 y art. 4 de a ley 25.561, conforme los principios y razonamientos elaborados por el Superior en el precedente C 124.096 "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS" a efectos de determinar la validez constitucionalidad de dicha normativa.
Liminarmente debo señalar que la SCBA (ver considerando 9 y 17. b.) ha destacado que impugnación constitucional se ciñe a la identificación de una diferencia de valor en el crédito de tal magnitud que permita concluir que la aplicación de dicho principio haya constituido una violación al derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y cctes. CN).
Adicionalmente, estimo oportuno agregar que el Superior ha señalado que la declaración procede solo cuando no sea de posible subsanación a partir de la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del capital (ver considerando 17.a.).
A ello se suma que el precedente no ha impuesto formula o parámetro alguno para arribar a una conclusión económica distinta de la modalidad nominalista, sino que pone un cabeza del juez establecer el mecanismo de preservación del crédito, estableciendo principios orientativos para proceder a dicha evaluación, entre ellos la equidad, la interdicción abuso de derecho y del enriquecimiento si causa y el esfuerzo compartidos entre otros (ver considerando 17.d.).
Partiendo de tales recomendaciones, es importante tener en cuenta que en el caso de marras (y a diferencia del antecedente resuelto en el precedente referido), nos encontramos frente a un régimen indemnizatorio tarifado cuyas bases legales para determinar el quantum del capital no se encuentra comprendido dentro de la impugnación constitucional del principio nominalista.
No encontrándose en juzgamiento la validez constitucional del sistema tarifado de la LRT, considero que la única diferencia de valor comprendida en el planteo es aquella que pudiera surgir por el daño moratorio, es decir, el accesorio generado por el lapso de tiempo transcurrido entre la finalización del vínculo y el dictado de la sentencia que reconoce el derecho del trabajador.
En el caso de marras, si procedemos a integrar al capital, a partir del 24/11/2024 (fecha del siniestro), y la fecha del decisorio, con intereses calculados conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, (arts. 137, 149 y 276, L.C.T., modificada por las leyes 23.311 y 23616; 7, 8, 9, 10 y 13, ley 23928; 1, 4, 8, dec. 529/91; 509 y 768, Código Civil y Comercial; art. 11 ley 27.348) los intereses devengados en tal periodo se deberían liquidar en la suma de $9.105.170,00 (arts. 137, 149 y 276, L.C.T., modificada por las leyes 23.311 y 23616; 7, 8, 9, 10 y 13, ley 23928; 1, 4, 8, dec. 529/91; 509 y 768, Código Civil y Comercial; art. 11 ley 27.348)
Importaría en consecuencia el total de la condena en favor del actor a cargo de la demandada la suma total de $21.732.335,00 al 18/11/2026.-
Consecuentemente, estimo que el confronte de tales valores debe hacerse de acuerdo al índice RIPTE publicado a la fecha de la sentencia, que se refiere precisamente a la evolución de las remuneraciones que constituyen la base de cálculo indemnizatorio de los créditos laborales.
Es decir, confrontar la evolución de la tasa legal, como se desarrolló en el párrafo precedente, con la evolución de dicho índice.
Ello así toda vez que coloca en situación de igualdad al demandante respecto de todo otro dependiente de iguales antecedentes que padezca la misma afectación de derechos en la actualidad y, adicionalmente, evitaría la posibilidad de que por aplicación de indice alguno se conceda una indemnización de monto mayor a la que le correspondería al trabajador indemnizado sin haber transitado el juicio, lo cual constituiría un enriquicimiento sin causa.
Conforme la evolución del RIPTE desde la fecha del siniestro, el valor actualizado del monto de capital de sentencia conforme el último índice publicado a la fecha de éste decisorio asciende a la suma de $21.659.735,00, monto inferior al que resulta de la tasa legal.
Sentado ello, en la actualización mediante los mecanismos legales vigentes, no se constatan los antecedentes del precedente citado ni diferencia de valor en el crédito de tal magnitud que permita concluir que se ha constituido una violación al derecho de propiedad del reclamante y que no permite proveer una tutela judicial eficaz del trabajador y consecuentemente, corresponde rechazar el planteo de inconsitucionalidad del art. 7 y 10 ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561 (art. 1, 17, 18, 28 CN, art. 12 LRT, SCBA 17/4/2024 C 124.096 "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS")..
7. De compartirse tales criterios correspondería:
I. R echazar el planteo de inconsitucionalidad del art. 7 y 10 ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561 (art. 1, 17, 18, 28 CN, art. 12 LRT, SCBA 17/4/2024 C 124.096 "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS")..
II. Desestimar el rubro referido a daño psicológico por carecer de causa legal que lo justifique (art. 375 C.P.C.C. y art. 726 del Código Civil y Comercial).-
III. Hacer lugar a la demanda instaurada referida al siniestro del día 24/11/2024 , condenando a PROVINCIA ART S.A., a abonar al actor dentro de los diez días de notificada la sentencia, la suma de pesos $10.522.638,00 tomándose en cuenta el ingreso base ($1.735.158,93 ) , multiplicado por cincuenta y tres veces el mismo; multiplicado por el porcentaje de incapacidad sufrido (7,43%); por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad que tenía la actora a la fecha de toma de conocimiento (42 años). (arts. 12,13 y 14 de la ley 24557).
A ello deberé adicionarle la prestación suplementaria regulada en el art. 3 de la ley 26.773 vigente a la fecha del siniestro, por la suma de $2.104.527,00.
Comprende la suma total de $12.627.165,00 (arts. 11, 12, 14 de la ley 24557, art. 3 y 17 ley 26.773).
Dicha suma debe ser integrada, a partir del 24/11/2024 (fecha del siniestro), y hasta su efectiva cancelación, con intereses calculados conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (arts. 137, 149 y 276, L.C.T., modificada por las leyes 23.311 y 23616; 7, 8, 9, 10 y 13, ley 23928; 1, 4, 8, dec. 529/91; 509 y 768, Código Civil y Comercial; art. 11 ley 27.348)
De tal manera, los intereses devengados desde el 24/11/2024 hasta el 18/11/2026 se deberán liquidar en la suma de $9.105.170,00.-
Importa en consecuencia el total de la condena en favor del actor a cargo de la demandada la suma total de $21.732.335,00 al 18/11/2026.-
IV. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 24 ley 15.057)
En función de las labores desarrolladas, las etapas procesales cumplidas, en atención a no haberse celebrado la audiencia de vista de causa y por los rubros de progreso, regular los honorarios de la Dra. CLAUDIA MONTERO, letrada apoderada de la actora, en el valor de 38,63 Jus arancelarios, que al día de la fecha equivalen a en la suma de $2.180.000,00; y los del Dr. SANTIAGO TREZZA SILVA letrado apoderado de la demandada, en el valor de 26,58 Jus arancelarios, que al día de la fecha equivalen a en la suma de $1.500.000,00; con más los aportes del 10% e I.V.A. (art. 15, 16, 21, 22, 24, 26, 28 inc. H ley 14.967) .-
En función de las labores desarrolladas y su trascendencia en la resolución del presente pleito regular los honorarios de los peritos médico, psicólogo y contador en la suma de $860.000,00; cada uno de ellos, con más las respectivas adicionales legales y destacando que su labor ha sido necesaria para la solución del pleito, en los términos del art. 476 del CPCC (arts. 175 y 195 ley 10620, art. 27 ley 13948, art. 1255 Código Civil y Comercial ).-
ASI LO VOTO.
Los Dres. Larequi y Rinaldi, por análogas consideraciones y conforme las particularidades del caso en tratamiento, votan en el mismo sentido que el Dr. Budnik.
Con lo que terminó el acuerdo, firmando los Señores Jueces, por ante mi de lo que doy fe.-
Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. 3971/20).
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Los fundamentos y citas legales que anteceden, el Tribunal del Trabajo Nº 1 de Lomas de Zamora, en los autos " AYALA ADALBERTO CARLOS C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL - 62155 " , RESUELVE:
I. R echazar el planteo de inconsitucionalidad del art. 7 y 10 ley 23.928 y art. 4 de la ley 25.561 (art. 1, 17, 18, 28 CN, art. 12 LRT, SCBA 17/4/2024 C 124.096 "BARRIOS HECTOR FRANCISCO Y OTRA C/ LASCANO SANDRA BEATRIZ Y OTRA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS")..
II. Desestimar el rubro referido a daño psicológico por carecer de causa legal que lo justifique (art. 375 C.P.C.C. y art. 726 del Código Civil y Comercial).-
III. Hacer lugar a la demanda instaurada referida al siniestro del día 24/11/2024 , condenando a PROVINCIA ART S.A., a abonar al actor dentro de los diez días de notificada la sentencia, la suma de pesos $10.522.638,00 tomándose en cuenta el ingreso base ($1.735.158,93 ) , multiplicado por cincuenta y tres veces el mismo; multiplicado por el porcentaje de incapacidad sufrido (7,43%); por el coeficiente que resultara de dividir el número 65 por la edad que tenía la actora a la fecha de toma de conocimiento (42 años). (arts. 12,13 y 14 de la ley 24557).
A ello deberé adicionarle la prestación suplementaria regulada en el art. 3 de la ley 26.773 vigente a la fecha del siniestro, por la suma de $2.104.527,00.
Comprende la suma total de $12.627.165,00 (arts. 11, 12, 14 de la ley 24557, art. 3 y 17 ley 26.773).
Dicha suma debe ser integrada, a partir del 24/11/2024 (fecha del siniestro), y hasta su efectiva cancelación, con intereses calculados conforme la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación (arts. 137, 149 y 276, L.C.T., modificada por las leyes 23.311 y 23616; 7, 8, 9, 10 y 13, ley 23928; 1, 4, 8, dec. 529/91; 509 y 768, Código Civil y Comercial; art. 11 ley 27.348)
De tal manera, los intereses devengados desde el 24/11/2024 hasta el 18/11/2026 se deberán liquidar en la suma de $9.105.170,00.-
Importa en consecuencia el total de la condena en favor del actor a cargo de la demandada la suma total de $21.732.335,00 al 18/11/2026.-
IV. Imponer las costas a la demandada vencida (art. 24 ley 15.057)
En función de las labores desarrolladas, las etapas procesales cumplidas, en atención a no haberse celebrado la audiencia de vista de causa y por los rubros de progreso, regular los honorarios de la Dra. CLAUDIA MONTERO, letrada apoderada de la actora, en el valor de 38,63 Jus arancelarios, que al día de la fecha equivalen a en la suma de $2.180.000,00; y los del Dr. SANTIAGO TREZZA SILVA letrado apoderado de la demandada, en el valor de 26,58 Jus arancelarios, que al día de la fecha equivalen a en la suma de $1.500.000,00; con más los aportes del 10% e I.V.A. (art. 15, 16, 21, 22, 24, 26, 28 inc. H ley 14.967) .-
En función de las labores desarrolladas y su trascendencia en la resolución del presente pleito regular los honorarios de los peritos médico, psicólogo y contador en la suma de $860.000,00; cada uno de ellos, con más las respectivas adicionales legales y destacando que su labor ha sido necesaria para la solución del pleito, en los términos del art. 476 del CPCC (arts. 175 y 195 ley 10620, art. 27 ley 13948, art. 1255 Código Civil y Comercial ).-
Hágase saber a la ART que conforme el art. 17 de la ley 27.348 todas las prestaciones dinerarias e indemnizaciones que se liquiden administrativa o judicialmente, deberán ser depositadas en la "cuenta sueldo" del respectivo trabajador, creada en virtud de lo establecido en la ley 26.590 y normativa complementaria y siempre que aquella se encuentre disponible.
Hágase saber al actor a que deberá comunicar a la ART demandada entidad y sucursal Bancaria; CBU ; Número de cuenta y CUIL bajo su titularidad a la cual se transferirán los fondos que le correspondieren.-
Hágase saber a la demandada que la limitación prevista en el art. 277 de la LCT no rige para el pago de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos.-
Hágase saber a los profesionales que deberán comunicar al obligado al pago los datos de cuenta bancaria de su titularida d para percibir los emolumentos pertinentes y que habiendo concluido su labor deberán emitir y entregar a la demandada la factura pertinente en el plazo de ley a efectos de percibir sus honorarios en la cuenta de su titularidad (Art. 1 inc. B, Art. 13 Res. AFIP 1415/03 y art. 33 Ley 11.683).-
Hágase saber a la parte obligada al pago que deberá acreditar en autos la efectivización de las transferencias por los créditos reconocidos en la presente resolución, bajo apercibimiento de darle curso a las medidas ejecutivas que eventualmente promuevan los interesados (art. 12 ley 11.653).
A rtículo 54 de la ley 14.967: " Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.-
EXPEDIENTE AYALA ADALBERTO CARLOS C/ PROVINCIA A.R.T. S.A. S/ ACCIDENTE DE TRABAJO - ACCION ESPECIAL - 62155
Liquidación practicada al 18 de noviembre de 2026, a cargo del demandada:
Tasa de Justicia..............................................$200.000,00
Sobretasa........................................................$10.000,00
Capital ............................................................$ 12.627.165 ,00
Intereses..........................................................$9.105.170,00
Honorarios let. actora Dr.MONTERO...............$2.180.000,00
10% Caja de Previsión.....................................$218.000,00
Honorarios let. dda Dr...TREZZA......................$1.500.000,00
10% Caja de Previsión......................................$150.000,00
Honorarios per. medico.....................................$860.000,00
10% Caja de Previsión.......................................$86.000,00
Honorarios per. psicólogo..................................$860.000,00
10% Caja de Previsión.......................................$86.000,00
Honorarios per. contador....................................$860.000,00
10% Caja de Previsión.......................................$86.000,00
TOTAL..............................................................$28.828.335,00
Importa la precedente liquidación la suma de pesos veintiocho millones ochocientos veintiocho mil trescientos treinta y cinco.
Secretaría, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. 3971/20) .-159.696
Firmas
Funcionario firmante: BUDNIK Gustavo Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: LAREQUI Maria Eugenia - JUEZ
Funcionario firmante: RINALDI Lelia Bibiana - JUEZ
Funcionario firmante: ALEGRE Silvia Lorena - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 2406-2026
Fin de la sentencia