Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 49.436-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 314.779 (Pesos trescientos catorce mil setecientos setenta y cuatro) equivalente a 51,10 (cincuenta y uno con 10/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 786.946 (Pesos setecientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y seis) equivalente a 127,75 (ciento veintisiete con 75/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inciso b) y 51 de la Ley Nº 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021)de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-103893784-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 28 de Octubre de 2021 al Valor Agregado”
En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. 49.436-I caratulado “AYALA, ANDRES ORLANDO s/recurso de apelación – Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 24/ 38 Andrés Orlando Ayala interpone recurso de apelación en los términos del art. 76 inc. b) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998. y mod.) contra la Resolución N 151/2018 (DV RSAL) de fecha 26 de octubre de 1018 dictada por la Jefa (int) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Salta de la AFIP-DGI por la que se determinó su responsabilidad personal y solidaria por la deuda mantenida por la contribuyente Perterser S.R.L. en el Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2016 a 12/2016, con más intereses resarcitorios y se difirió la aplicación de sanción en los términos del art. 20 de la ley N 24.769.
Explica que el ajuste practicado reconoce origen en la impugnación de créditos fiscales considerados improcedentes que según el ente fiscal provenían de comprobantes emitidos por proveedores apócrifos, de facturas con numeración ya emitida a otros sujetos y de la utilización indebida de créditos fiscales originados en el pago de Contribuciones de Seguridad Social.
En su defensa sostiene que la validez de las facturas surgía de las autorizaciones emitidas por la AFIP, siendo este el único control que se le puede exigir al contribuyente y resalta que además se reunieron elementos suficientes para acreditar la realidad de las operaciones celebradas entre los proveedores y Perterser S.R.L. Insiste en que el Fisco Nacional trata de trasladar su negligencia en el control sobre la legitimidad de las facturas ya que la detección de la supuesta calidad de apócrifo fue posterior a los hechos, lo que resulta contrario a la teoría de los actos propios.
Agrega que aportó prueba sobre el transporte y la recepción de la mercadería, sin que sea válido la mera descalificación de las facturas cuando se acreditó la veracidad de las operaciones por otros medios que desvirtúan el carácter de apócrifos de los proveedores.
Critica el accionar fiscal al descartar la documentación en base a la no probada “incapacidad económica” de los proveedores sin realizar un análisis concreto de los hechos, al afirmar que la realidad de las operaciones es indiscutible en razón de que la mercadería fue adquirida y los servicios fueron recibidos al ser necesarios para la prestación de sus servicios.
Sobre los pagos cuestionados, manifiesta que resulta frecuente el rechazo de cheques en la actividad empresarial.
Considera que la mera formalidad de poseer un cargo es insuficiente para atribuir su responsabilidad solidaria, lo que resulta contrario al principio de razonabilidad. Afirma que sólo tiene conocimientos técnicos relacionados con el objeto de la actividad de Perterser S.R.L. -perforación, reparación y terminación de pozos petrolíferos, gasíferos y acuíferos- y dada las condiciones inhóspitas en que la misma se desarrolla siempre ha actuado de buena fe.
Por último, ofrece prueba documental y por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada pide que se deje sin efecto la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 50/57vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso deducido en autos.
Manifiesta que los conceptos y montos intimados a la deudora principal tienen origen en la detección de créditos fiscales relacionados con proveedores apócrifos, provenientes de facturas con la misma numeración emitida a distintos sujetos, que no cumplen con las condiciones estipuladas en al art. 12 de la ley de IVA, improcedentes según el Decreto 814/01 y otros provenientes de proveedores que desconocieron las operaciones.
Hace saber que las obligaciones impositivas determinadas a Perterser S.R.L. mediante Resolución N 92/2018 (DV RSAL) se encuentran firmes y consentidas mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 1/2016 a 12/2016 al conformar los saldos a ingresar.
Expone que la responsabilidad solidaria del recurrente se verifica con el Acta de Asamblea General Ordinaria del 21/8/2015 al ser elegido como gerente de la firma junto con los Sres. José Pablino Aramayo, Carlos José Ruiz y Ramón Chávez. En ese sentido se desempeñaba en representación de la sociedad Peterser S.R.L. al poseer el cargo de socio gerente al momento en que se generaron las obligaciones tributarias.
Indica que al momento de inicio de la inspección el recurrente se identificó en su carácter de socio gerente, y luego su apoderado expresó que la función de administración y disposición de los fondos de la sociedad en el año 2016 la llevaban a cabo los cuatro socios en forma indistinta. Ello unido a otros elementos permitió acreditar que el Sr. Ayala desempeño sus funciones con todos los atributos inherentes al cargo e intervino en forma personal y directa como representante de la firma durante las actuaciones fiscalizadoras, sin que haya aportado probanza alguna que demuestre la imposibilidad de cumplir en debida forma sus deberes fiscales.
Insiste en que el Sr. Ayala no demostró que no investía la representación de la firma o que no dispuso de las facultades necesarias para cumplimentar las obligaciones impositivas.
Fundamenta el ajuste practicado y agrega que la deudora principal conformó el mismo mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas.
Pide que se confirmen los intereses resarcitorios al haber sido calculados según lo dispuesto en el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y al no haberse expresado agravios.
Por último, por los argumentos desarrollados y la jurisprudencia citada pide que se dicte sentencia confirmando la resolución recurrida en todas sus partes, con costas. Formula reserva del caso federal.
III. Que por PV-2021-95733179-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y por IF-2021-100372802-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para dictar sentencia.
IV. Que corresponde resolver si la resolución dictada se ajusta a derecho, analizando la procedencia de la extensión de responsabilidad del Sr. Andrés Orlando Ayala por el incumplimiento de Perterser S.R.L. en el pago de su deuda tributaria en el Impuesto al Valor Agregado.
Que el artículo 8° en su inciso a) de la ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.) establece -en su parte pertinente- que: “Responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo, y si los hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: a) todos los responsables enumerados en los primeros cinco (5) incisos del art. 6º cuando, por incumplimiento de sus deberes tributarios, no abonaran el debido tributo, si los deudores no cumplen la intimación administrativa de pago para regularizar su situación fiscal dentro del plazo fijado por el segundo párrafo del artículo 17 . No existirá sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria con respecto a quienes demuestren debidamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos que sus representados, mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con sus deberes fiscales.”
A lo que cabe agregar que el art. 17 de la ley de procedimiento fiscal dispone que en, en todos los casos en que pretenda hacerse efectiva la responsabilidad solidaria, deberá sustanciarse el procedimiento de determinación de oficio reglado en dicho artículo.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Brutti, Stella Maris (TFN - 14.814-I - ac. 14.815-I/15.157-I) c/DGI” del 30/03/2004 (Fallos: 327:769) señalo: que la resolución mediante la cual se hace efectiva la responsabilidad solidaria sólo puede ser dictada por el organismo recaudador “una vez vencido el plazo de intimación de pago cursado al deudor principal. Sólo a su expiración podrá tenerse por configurado el incumplimiento del deudor principal, que habilita -en forma subsidiaria- la extensión de la responsabilidad a los demás responsables por deuda ajena”...” para luego agregar “....que en el ordenamiento de la ley 11.683... se resguarda el derecho de defensa de las personas a las que el ente fiscal pretende endilgar responsabilidad por la deuda de un tercero, al establecerse que, a tal fin, el organismo recaudador debe sujetarse al procedimiento de determinación de oficio establecido en el art. 17 de la ley 11.683 (conf. párrafo quinto del artículo citado), lo que implica -además de la necesaria observancia de las reglas que lo conforman que la resolución respectiva pueda ser objeto de apelación ante el Tribunal Fiscal -tal como sucedió en la especie- permitiendo al responsable formular con amplitud ante ese organismo jurisdiccional los planteos que considere pertinentes a su derecho.” Que dicha doctrina es reiterada por el Máximo Tribunal en la causa “Bozzano, Raúl José (TF 33.056-I) el DGI” de fecha 11/02/2014 al agregar que “la norma transcripta no requiere el carácter firme del acto de determinación del tributo al deudor principal, sino únicamente que se haya cursado a éste la intimación administrativa de pago y que haya transcurrido el plazo de quince días previsto en el segundo párrafo del art. 17 sin que tal intimación haya sido cumplida. La conclusión expuesta resulta acorde con la doctrina establecida por el Tribunal en el precedente “Brutti” (Fallos: 327:769).”.
Que teniendo en consideración el criterio plasmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes mencionados, el recaudo necesario para extender la responsabilidad solidaria se encuentra cumplido en el caso en examen, ya que mediante la Resolución N° 92/2018 (DV RSAL) del 20/07/2018 se determinó la obligación tributaria del deudor principal, Perterser S.R.L., la que fue debidamente notificada el 23/07/2018, conforme se desprende la resolución ahora recurrida. Que en la resolución ahora recurrida se deja constancia que tal acto se encuentra firme y consentido mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas del Impuesto al Valor Agregado de los períodos fiscales 01/2016 a 12/2016 presentadas el 25/08/2018 y el 29/08/2018, conformando los saldos a ingresar determinados de oficio.
Asimismo, se deja constancia que al hacerse efectiva la responsabilidad solidaria la intimación de pago al deudor principal se encontraba incumplida, por lo que resulta procedente que el ente fiscal inicie el procedimiento de determinación de oficio con relación al responsable solidario.
V. Que ello así, corresponde analizar los presupuestos fácticos y jurídicos que habilitan la responsabilidad solidaria del aquí recurrente.
Que en la responsabilidad solidaria concurren dos obligaciones distintas, una que es la obligación principal a cargo del contribuyente y otra accesoria y de carácter subsidiario, que es la que garantiza el responsable, que ello es así porque su responsabilidad tiene por causa el incumplimiento de los deberes tributarios impuestos a los directores, gerentes, administradores o representantes de la sociedad, responsabilidad que surge con posterioridad a la verificación del hecho imponible y a raíz de la conducta del responsable del impuesto; se basa en el principio jurídico de la culpa, requiriéndose para ser hecha efectiva que el deudor (la sociedad) no cumpla la intimación de pago (Conf. CNACAF, Sala IV, “Club Atlético Adelante Asoc. Civil y Deportiva (TF 15.567-I) c/DGI”, sentencia del 15/7/1999).
Que en el caso bajo análisis, conforme se desprende de las actuaciones administrativas al iniciarse la inspección a la firma Perterser S.R.L., el apoderado informó que la administración y disposición de los fondos la llevan a cabo los cuatro socios, entre los que se encuentra el aquí recurrente (fs. 9, Legajo Antecedentes, Cuerpo 1, Impuesto a las Ganancias, act. adm.).
Que entre la documentación aportada al personal actuante se encuentra el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 21/08/2015 de la que se desprende que las autoridades de la firma quedan constituidas por los socios gerentes titulares que allí se mencionan, entre los que se encuentra el Sr. Ayala Andrés Orlando. Así también se agrega un Poder General de Administración que fuera otorgado por los cuatro socios gerentes, entre los que se encuentra el Sr. Ayala (fs. 32/33 y 12/13vta., Legajo Antecedentes, Cuerpo 1, Impuesto a las Ganancias, act. adm.).
Que entre otros de los elementos reunidos por la inspección que dan cuenta de la intervención del recurrente en la gestión de la deudora principal se encuentran copias de cheques certificados por el Banco de la Nación Argentina y Banco Más Ventas que fueron suscriptos por el Sr. Ayala como socio gerente de Perterser S.R.L., lo que denota que poseía el manejo de las cuentas bancarias de la sociedad (Legajo Antecedentes, Cuerpos 1 y 2, Impuesto a las Ganancias, act. adm.)
Durante la inspección a la deudora principal el Sr. Ayala cumplió con lo requerido al informar sobre su funcionamiento mediante la presentación de una Multinota, lo que demuestra que conocía sobre su administración y organización, en consonancia con su carácter de socio gerente, al haber tenido una intervención personal y directa durante la fiscalización.
Que lo mencionado da cuenta que la intervención del recurrente no se limita a aspectos técnicos de la operatoria comercial de la sociedad, como el sostiene, sino que muy por el contrario lo expuesto pone de relieve que ejercía las atribuciones y funciones propias de su condición de socio gerente, sin que ningún elemento en autos de cuenta de una imposibilidad de obrar o cumplir con las obligaciones tributarias a su cargo.
VI. Que corresponde a los responsables solidarios aportar la prueba irrebatible y concluyente para desvirtuar la responsabilidad atribuida desde el punto de vista subjetivo en razón del cargo ostentado, la que recae sobre aquellos que administren o dispongan de los bienes sociales, encontrándose obligados a cumplir con los deberes tributarios a su cargo y a ellos les alcanza la responsabilidad por los hechos u omisiones en que incurrieren, derivando de su conducta la solidaridad con los deudores de gravámenes que establece la ley. Que por lo tanto, el responsable debe desarticular la responsabilidad solidaria imputada desde su actuación en la sociedad, lo que no ha sucedido en autos, ya que el carácter formal de responsable solidario surge del Acta de Asamblea General Ordinaria mencionada, y si bien invoca en su defensa argumentos que hacen a los fundamentos del ajuste practicado a la deudora principal, no ha aportado elementos ni medios probatorios que avalen que no poseía el manejo y administración de los fondos sociales en orden a no poder cumplir correctamente con los deberes tributarios a su cargo.
Que por lo tanto, el recurrente resulta responsable solidario por los montos que el Fisco Nacional oportunamente reclamo a la sociedad Perterser S.R.L en concepto de Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 01/2016 a 12/2016.
VII. Que el recurrente no ha planteado agravios con relación a los intereses resarcitorios reclamados, por lo que al haber sido calculados según el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. en 1998) cabe disponer la confirmación de los mismos.
VIII. Que por lo expuesto, corresponde confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas. Las Dras. Gómez y O´ Donnell dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Que en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en todas sus partes, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, fijándolos para la representación procesal en la suma de $ 314.779 (Pesos trescientos catorce mil setecientos setenta y cuatro) equivalente a 51,10 (cincuenta y uno con 10/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria- y por el patrocinio letrado, la suma de $ 786.946 (Pesos setecientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y seis) equivalente a 127,75 (ciento veintisiete con 75/100) UMA -Unidad de Medida Arancelaria-, los que quedan a cargo de la recurrente teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 29, 44 inciso b) y 51 de la Ley Nº 27.423, la Acordada N° 21/21 (01/10/2021)de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Decreto N° 1077/2017. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2021.10.28 09:37:56 -03:00 Date: 2021.10.28 09:58:09 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.10.28 13:17:54 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.10.28 13:17:55 -03:00
Fin de la sentencia