Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 29.070-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas por su orden.
2Confirmar la pena de comiso dispuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-90420327-APN-VOCXIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Agosto de 2023 Se reúnen los Vocales de la Sala “E” Dres. Juan Manuel Soria y Héctor Hugo Juárez, atento encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación, con la presidencia del vocal mencionado en segundo término, para resolver en los autos caratulados “AYALA TERESITA ADRIANA c/ DGA s/ RECURSO DE APELACIÓN” Expte. 29.070-A:
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Recurso de apelación: A fs. 9/13 se presenta la Sra. Teresita Adriana Ayala e interpone recurso de apelación contra la Resolución (AD BEIR) 420/2010 de fecha 27.12.10, dictada en las actuaciones SIGEA 12262-91-2010. Mediante dicha resolución se le imputó la comisión de la infracción prevista y penada en el art. 987 del Código Aduanero (“CA”), condenándola al pago de una multa de $33.820,53 y al comiso de la mercadería secuestrada. Manifiesta que surge de la factura de compra -agregada en los actuados aduaneros- que la mercadería cuestionada fue adquirida a la empresa Dulnes SA, la que sería eventualmente la responsable de la presunta infracción que se le imputa. Agrega que en la factura se encuentra consignado el número de despacho de importación y que la empresa importadora omitió consignar la aduana y la fecha de ingreso de la mercadería al país, siendo ello un mínimo error formal, una omisión involuntaria. Argumenta no tener que responder por la conducta endilgada por el servicio aduanero, habiendo actuado de buena fe y con lealtad comercial toda vez que en la documentación acompañada se encuentra demostrado que la mercadería se adquirió de acuerdo a las normas legales; agrega que sólo le es exigible acreditar la legitima introducción de la mercadería al importador o tenedor -que invoca haber importado la mercadería-. Alega haber adquirido productos que ya se encontraban nacionalizados, lo que hace que no se le pueda imputar la obligación tributaria de la infracción aduanera. Considera que la cuestión versa en dilucidar qué obligación tiene el comerciante minorista que vende mercadería que fue importada por un tercero, que cuenta tan solo con la factura de compra sin tener toda la documentación que respalda la operación aduanera. Cita jurisprudencia que hace a su derecho a los fines de argumentar su defensa. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, se deje sin efecto la sanción y se ordene la devolución de la mercadería secuestrada. No pide costas.
II. Contestación del traslado: A fs. 26/30 se presenta la representante fiscal, contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas SIGEA 12262-91-2010. Produce un relato de las actuaciones aduaneras, las que se inician a consecuencia del procedimiento realizado por personal de la División Investigación Control y Procedimiento Externo de la Región Aduanera Posadas el día 21.05.10 en el local tipo depósito de la actora. Señala que se verificó en dicha oportunidad el cumplimiento de los términos impuestos por el CA y el decreto 4531/65, solicitándole a la actora la documentación contable que acredite el legal ingreso al país bajo aval aduanero correspondiente de la mercadería del rubro bebidas alcohólicas de origen extranjero depositadas en el local.
Dice que en el acto de fiscalización, se identificó mercadería de origen y procedencia extranjera, sin que su titular tuviera el correspondiente respaldo documental que justificara la legal introducción al país y su tenencia, conforme lo establecido en el decreto 4531/65, art. 9 y configurándose prima facie la infracción prevista y penada por el art. 987 del CA. Realiza la negativa de rigor, transcribe el art. 987 del CA y manifiesta que el artículo citado presenta cuatro elementos típicos que hacen a su configuración 1) sujeto activo que tenga la mercadería en su poder (tenencia de la mercadería en sentido amplio), 2) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización (se trata de un local comercial), 3) que se trate de mercadería de origen extranjero y 4) que no se probare ante requerimiento del servicio aduanero, el lícito libramiento a plaza.
Continúa su argumento diciendo que todo ello consta en el acta labrada y que no fueron controvertidos tales extremos por la recurrente, que se excusó diciendo que le corresponde a la empresa importadora la prueba que se le exige y que ella realizó una adquisición de buena fe de la mercadería involucrada, soslayando las obligaciones que el régimen le impone (art. 1 decreto 4531/65). Manifiesta que el local en el que se encontraba la mercadería es utilizado como depósito, conforme surge del contrato de locación aportado y que de la documentación no surgen los datos correspondientes al año ni a la aduana por la que ingresó la mercadería, no pudiendo considerarse justificado su lícito libramiento a plaza.
Sostiene que la figura infraccional determina la inversión de la carga de la prueba, que se configura en cabeza del tenedor que deberá demostrar la legítima introducción de la mercadería, resultando únicamente válida la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. Cita doctrina, normativa y jurisprudencia aplicable. Ofrece como prueba los actuados aduaneros, efectúa la reserva del caso federal y solicita que se rechace la apelación, con costas.
III. Procedimiento ante la Aduana: De la compulsa de las actuaciones administrativas -SIGEA 12262-91-2010- resulta que se iniciaron con el acta denuncia 0324 de fecha 21.05.10 por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 987 del CA. A fs. 3/6 obran copias de las facturas de la mercadería y a fs. 7/8 copia del contrato de locación del local. A fs. 9/10 se presenta la Sra. Ayala y solicita la desintervención. A fs. 19 obra la liquidación de tributos. A fs. 20/21 se agrega las constancias de certificación de validez de los comprobantes emitidos, a fs. 22/25 prints de pantalla de la consulta Declaración Detallada y a fs. 26 print de pantalla de la consulta del nomenclador de la página de Tarifar.
A fs. 27 se realiza el detalle de mercaderías justificadas con factura comercial aportada. Con fecha 01.06.10 se dicta el informe 026/2010 (SECC. “V”) (fs. 28/29) y con fecha 08.06.10 se instruye sumario y se corre vista (fs.30/35), lo que se notifica a la parte con fecha 11.06.10 (fs.37). Obra a fs. 38 el acta lote 076/10 de fecha 15.06.10 y a fs. 39 el acta de entrega. A fs. 40/46 se formula el descargo. El 29.07.10 se dicta la providencia en la que se tiene por presentada a la parte, por evacuada la corrida de vista, se abre la causa a prueba y se ordena el pase a la Sección “V” a fin de que se produzca informe técnico sobre los despachos de importación citados en la documentación aportada (fs. 47); esta providencia se notifica el 03.08.10 (fs. 48).
A fs. 50, el 06.08.10, la Sección “V” produce el informe 039/10 (SECC “V”) en el que consta que las operaciones de importación declaradas en la nota expedida por Dulmes SA (fs. 45), no poseen los datos correspondiente al año ni aduana de registro por la que ingresaron las mercaderías tornando imposible determinar la validez de las DDT mencionadas, por lo que no se justifica su tenencia y se ratifican los valores. El 22.10.10 se clausura el periodo probatorio (fs. 51) y a fs. 53/56 la parte produce alegato. A fs. 58/63 se dicta la resolución 420/2010 (AD BEIR) apelada, fechada el 23.12.10 y notificada el 27.12.10 (fs. 64). A fs. 65 se tiene por notificada, firme y pasada en autoridad de cosa juzgada dicha resolución y el 23.02.11 se pone en conocimiento de la Sección G que se cuenta con la disponibilidad jurídica de la mercadería involucrada en autos, asimismo, se giran las presentes a los efectos de proceder al cobro de la multa (fs. 66), notificado a la parte con fecha 28.02.11 (fs. 71).
A fs. 72 se pone en conocimiento del servicio aduanero la interposición del recurso de apelación ante este tribunal, motivo por el cual se dicta la disposición 065/2011 AD BEIR de fecha 28.03.11.
IV. Proceso ante el Tribunal Fiscal: A fs. 31 se tiene por contestado el recurso, por agregadas las actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 42 se tiene por diligenciado el oficio ordenado y se provee oficio reiteratorio. A fs. 52 se hace efectivo el apercibimiento dispuesto a fs. 50, se tiene a la actora por desistida de la prueba y se declara cerrado el periodo probatorio. A fs. 55 se elevan los autos a la Sala “E" y a fs. 56 se llaman autos a sentencia.
V. Decisión del caso: El expediente se inicia por el recurso de apelación contra la Resolución (AD BEIR) 420/2010, mediante la que se condenó a la actora con el comiso de la mercadería y el pago de una multa por haber cometido la infracción del art. 987 del CA. La actora se agravia tanto de la comisión de la infracción que se le endilga como del comiso de la mercadería.
Con relación a la procedencia de la multa impuesta la ley 27.260 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el art. 56 del Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras ” del Libro II establece, en lo que importa, que: “...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha...”. La Resolución 3920/2016 en el art. 2, en lo que interesa, establece que: “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones” “Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)” “a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme.
Res 4007/2017). La Resolución 4007/17, en su art. 3 establece que: “El beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen (…) establecido en el Título II del Libro II de la Ley N°27.260 y reglamentada por la Resolución General N°3.920 y sus modificatorias, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 55 y en los Artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como a lo indicado en los artículos siguientes (…)”; en su art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales- cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas”, y en el art. 6 establece que: “Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha...”.
“...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N°22.415 y sus modificaciones”.
En la causa se imputó a la actora la comisión de la conducta prevista en el art. 987 del CA y siendo ello así, encontrándose reunidas las condiciones previstas en las normas antes aludidas y no existiendo obligación sustancial pendiente de ser regularizada -toda vez que la Aduana no ha intimado a la recurrente el pago de tributo alguno-, ni encontrándose firme la sanción, ella resulta condonada en los términos del art. 6 de la resolución 4007/2017, lo que corresponde declarar, con costas por su orden (cfme. art. 14 de la Res 3920/2016).
Corresponde examinar, por separado, los agravios de la recurrente relativos al comiso de la mercadería. El art. 7 de la Resolución 4007/2017: “Las penas de comiso no están alcanzadas por el beneficio de condonación por cuanto la autorización del libramiento de las mercaderías puede afectar, entre otros bienes jurídicos tutelados, la seguridad y la salud pública, la política industrial, la política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la protección del patrimonio artístico y la preservación del medioambiente”. Siendo ello así corresponde efectuar un examen sustancial de la cuestión controvertida a fin de decidir si corresponde confirmar o revocar el comiso.
La infracción del art. 987 del CA requiere tres elementos típicos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder;
2. que la finalidad de la tenencia sea comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero. Tales extremos se configuran en la especie y la recurrente no ha podido demostrar la legítima importación de la mercadería. En efecto, ha intentado probar su legítima introducción mediante las facturas de compra (fs. 11 y 16 de las act. adm.), insuficientes para demostrar tal extremo y ha ofrecido prueba librando sin éxito un oficio; se la tuvo por desistida de esa prueba atento no haber librado el último reiteratorio. Corresponde pues confirmar la sanción de comiso.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas por su orden.
2. Confirmar la pena de comiso dispuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas. El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
Que adhiero al voto precedente.
Que en virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE
1. Declarar condonada la multa impuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas por su orden.
2. Confirmar la pena de comiso dispuesta en la Resolución (AD BEIR) 420/2010 (SIGEA 12262-91-2010), con costas. Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos Aduaneros.
Suscriben los Dres. Soria y Juárez, por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ava. Nominación (art. 52 RPTFN y art.
1162 CA).
Date: 2023.08.04 12:30:22 -03:00 Date: 2023.08.04 12:41:38 -03:00 Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.08.04 12:41:39 -03:00
Fin de la sentencia