Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa A-846/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Daniel Aybar en PE39437-2020 y su ampliación de PE55933-2021, OTR00001074.pdf contra la Provincia de Santa Cruz.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: A-846/20-TSJ Sentencia N°: 1150 Actor: AYBAR HÉCTOR DANIEL Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 13/06/24 TOMO XIX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1150 FOLIO Nº 3743/3757 PROT. ELECT. TSS1 007 C.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 13 días del mes de junio de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “AYBAR HÉCTOR DANIEL C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMNISTRATIVA”, Expte. Nº A-846/20-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 2º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, 3º) Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Dr. Fernando Miguel Basanta, 5º) Dr. Daniel Mauricio Mariani; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
I. Que mediante PE39437-2020 se presenta el Dr. Eduardo Díaz Razmilich en el carácter de gestor procesal del Sr. Héctor Daniel Aybar y promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de que se declare la nulidad de las actuaciones sumariales tramitadas en el ámbito de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, identificadas como Expte. JP - “C” 4603/17. Aclara que la nulidad pretendida ha de extenderse al Decreto N° 1148/20, a través del cual el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la cesantía del Sr. Aybar (cfr. PE cit., pág. 1).-
Relata que el Sr. Aybar se desempeñaba como funcionario de la Policía Provincial, con el grado de Oficial Principal, con prestación de servicios en la Sección Fuerzas Especiales de la ciudad de Caleta Olivia y que, en ese contexto, el 21 de diciembre de 2016 se llevó a cabo una celebración interna con un número reducido de asistentes -pertenecientes a la fuerza policial- en una dependencia oficial, de la que participó el Sr. Aybar (cfr. PE cit., pág. 2).-
Manifiesta que en esa reunión social no ocurrió nada que pudiera constituir falta disciplinaria o conducta antirreglamentaria y que: “No obstante, un año después -y debido probablemente a algún resentimiento o disconformidad con el Sr. Aybar- una subordinada realizó una supuesta ‘revelación’ de algo que relató como un suceso ocurrido durante aquel evento, y que habría implicado una conducta indebida por parte de Aybar…” (cfr. PE y pág. cits.).-
Luego de describir pormenorizadamente los antecedentes del sumario (cfr. PE cit., págs. 2/4), señala que existen cuatro vicios que lo nulifican: (i) ha operado la prescripción; (ii) se ha violado el derecho a ofrecer y producir prueba; (iii) se ha quebrantado la regla de subordinación de las actuaciones administrativas a las judiciales en lo que refiere a la existencia -o node los hechos investigados; y (iv) se incurrió en un exceso de punición y desigualdad de trato frente a similares conductas (cfr. PE cit., pág. 4).-
Afirma que el plazo de prescripción de un año -contemplado en la normativa que rige la cuestión- comenzó a correr el 11 de mayo de 2019, fecha en la cual el Jefe de Policía emitió el último acto encaminado a señalar la existencia de una falta, y que para el 11 de mayo de 2020 la acción disciplinaria se debía tener por prescripta. Sobre esta base, indica que el Decreto Nº 1148/20 del 25 de septiembre de 2020 resulta inoficioso y nulo por falta de causa (cfr. PE cit., pág. 5).-
Al denunciar violación del debido proceso, explica que el Sr. Aybar ofreció distintas pruebas en la instancia administrativa, que no fueron mencionadas por el instructor sumarial y rechazadas por el Consejo de Disciplina. Agrega que con ello procuraba interrogar nuevamente a los testigos que declararon durante la etapa en la que su parte no había tenido acceso a las actuaciones, dado que sus dichos eran contradictorios y habían sido producto de presiones y amedrentamientos. Igualmente, dice que ofreció mensajes de texto y el testimonio de una persona ajena a la fuerza policial que participó del evento y que podría haber revelado importante información. En consecuencia, solicita la nulidad de todo lo actuado con base en dichos presumiblemente falsos y la inconstitucionalidad del artículo 98 del Decreto Nº 2091/72, en cuanto dispone que la negación a la prueba ofrecida será resuelta por la autoridad que ordenó el sumario, sin recurso alguno (cfr. PE cit., págs. 5/6).-
Alega que el supuesto abuso sexual que Aybar habría cometido para con una subordinada nunca fue corroborado en sede judicial y que, aunque parezca increíble, fue tenido por cierto en el procedimiento administrativo, operando como base de la sanción impuesta a la postre; a esta circunstancia la califica como una incongruencia que nulifica al Decreto Nº 1148/20, por fundarse en hechos inexistentes y por falta de causa (cfr. PE cit., pág. 7).- Postula exceso de punición y desigualdad de trato.
En punto a ello, refiere que otros cuatro asistentes a la reunión consumieron bebidas alcohólicas y que únicamente Aybar recibió la máxima sanción, mientras dos de los otros participantes obtuvieron sanciones menores y los restantes no fueron penalizados. Dice que estamos ante una evidente discriminación que choca con lo preceptuado por el artículo 9º de la Constitución Provincial y que genera la nulidad del Decreto Nº 1148/20 (cfr. PE cit., págs. 7/8).- Ofrece prueba (cfr. PE cit., pág. 8).-
Ulteriormente, el Dr. Eduardo Díaz Razmilich amplia demanda agregando prueba documental, consistente en una Escritura Pública del 22 de diciembre de 2020, en la que el Sr. José Gabriel Tula realiza una manifestación espontánea en la que revela la coacción y violencia moral a la que fue sometido por sus superiores para declarar contra el Sr. Aybar en el sumario (cfr. PE55933-2021, OTR00001073.pdf).-
Mediante PE67743-2021, ESC00010628.pdf se presenta el Sr. Aybar y ratifica todo lo actuado por el Dr. Eduardo Díaz Razmilich, en su calidad de gestor procesal.-
A través de PE129200-2021 se corre traslado de la demanda, su ampliación y documental acompañada, a la Provincia de Santa Cruz quien contesta en PE367545-2022, COD00002882.pdf.- En materia de prescripción, invoca los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (en adelante RRDP) e indica que los hechos investigados ocurrieron el 21 de diciembre de 2016, mientras que las actuaciones sumariales se iniciaron el 10 de noviembre de 2017 con motivo de un informe elevado por el Subcomisario Alejandro Ríos en el mes de octubre de 2017, por lo que no transcurrió el plazo de prescripción de un año. Dice que de acuerdo con el artículo 15 del RRDP los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la prescripción de la acción y que deben considerarse como tales a todas las actuaciones del procedimiento administrativo encaminadas a señalar la existencia de una falta. En este contexto, afirma que entre la Disposición N° 370 de la Jefatura de Policía y el Decreto Nº 1148/20 el expediente administrativo no estuvo paralizado, enunciando a tales efectos distintos actos (cfr. PE cit., págs. 3/6).-
Al replicar las consideraciones vertidas por el actor en torno a la garantía del debido proceso, recuerda que el Consejo de Disciplina -en el marco de las actuaciones sumariales- rechazó la producción de las pruebas ofrecidas por el Sr. Aybar, dado que no había acompañado un nuevo interrogatorio para los testigos que ya habían declarado con anterioridad. Expresa, de igual modo, que en este proceso el accionante no indicó cuáles serían las nuevas preguntas que se vio impedido de realizar en el procedimiento administrativo ni qué datos nuevos podrían aportar, por lo que -a su juicio- no puede reputarse que haya cumplido el requisito de expresar el perjuicio sufrido a los fines de sustentar la nulidad que pretende. Agrega que idéntica situación se presenta con respecto a la persona ajena a la fuerza policial a la que alude el actor (cfr. PE cit., págs. 6/9).-
En otro orden, aclara que el Sr. Aybar no fue sancionado en sede administrativa por la comisión de un delito contra la integridad sexual de una subordinada, sino por haberse alcoholizado en una dependencia policial, por haberse quitado la ropa, recostarse en la cama en la que se encontraba durmiendo una subordinada y haber permitido que el personal a su cargo consuma bebidas alcohólicas en exceso en el lugar de trabajo. Remarca, de todos modos, que una misma conducta puede no configurar ilícito alguno en el campo penal pero aún así generar responsabilidad administrativa (cfr. PE cit., págs. 9/10).-
Respecto al exceso de punición y desigualdad en el trato al que se alude en la demanda, puntualiza que la conducta de los restantes miembros de la fuerza presentes el 21 de diciembre de 2016 no fue la misma, debiéndose tomar en consideración, asimismo, que el actor era la persona a cargo de la dependencia policial, lo que implicaba que no sólo debía cumplir sino también hacer cumplir los deberes de conducta esperables. Sigue diciendo que de él dependía el control de los actos de sus inferiores en la escala jerárquica y se esperaba de su parte un desempeño ejemplar (cfr. PE cit., págs. 10/13).-
Por otra parte, niega la veracidad de la totalidad de las manifestaciones efectuadas por el Sr. Tula en el acta de manifestación acompañada en la ampliación de demanda. Manifiesta que el ex agente Tula no fue el principal testigo del sumario y poco aportó al esclarecimiento de los hechos investigados; amén de ello, expone que el hecho de que sus dichos hayan sido aportados ante escribano público no le aportan mayor valor probatorio, a la luz de lo dispuesto por el artículo 312 del Código Civil y Comercial de la Nación (cfr. PE cit., págs. 13/14).-
Ofrece prueba (cfr. PE cit., pág. 14).-
En PE379769-2022, CVI00009313.pdf contesta vista el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien dictamina que la demanda instaurada es formalmente admisible, pudiendo avocarse este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones.-
Se ordena la apertura a prueba y se proveen las ofrecidas por las partes (cfr. PE395576-2022).-
Certificada la producción de la prueba, se dispone la clausura del término probatorio y se ponen los autos a disposición de las partes para alegar (cfr. PE377315-2022); habiendo hecho uso de ese derecho únicamente la parte actora, en PE600928-2022).- En PE645822-2022 se llamó autos para sentencia, pasando a estudio en PE663095-2022.-
II. Tal como han quedado expuestas las posiciones de las partes y reseñados los antecedentes del caso, la cuestión a dilucidar consiste en determinar si las actuaciones sumariales tramitadas en el ámbito de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Cruz, identificadas como Expte Nº 4603-C/17, así como el Decreto Nº 1148/20, mediante el cual el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la cesantía del Oficial Principal de Policía Héctor Daniel Aybar, resultan ajustados a derecho.-
Del expediente administrativo (cuya copia ha sido agregada en soporte papel mediante PE138752-2021) surgen las siguientes circunstancias relevantes para la comprensión y decisión de la causa:
1. El 23 de octubre de 2017 el Jefe de la Sección de Fuerzas Especiales de Zona Norte elaboró un informe en el que detalla que mantuvo una entrevista con la Cabo Primera Pérez, quien le había comunicado su voluntad de no pertenecer más a esa dependencia producto de una experiencia que tuvo lugar en noviembre de 2016. En esa fecha, según le habría relatado Pérez, se realizó una reunión social en una dependencia policial, en la que ella “tenía unas copas de más” (sic), por lo que se recostó a dormir; allí, el Oficial Principal Aybar primero “se metió en la cama” (sic) donde estaba ella, siendo exhortado a levantarse por otros compañeros, y luego fue sorprendido intentando trabar la puerta de la habitación en la que se encontraba (cfr. fs. 3/4).-
2. En base al informe precedente, el 10 de noviembre de 2017 se le instruyó sumario administrativo al Oficial Principal Aybar, a efectos de establecer fehacientemente las responsabilidades administrativas y/o disciplinarias que pudieran recaerle o endilgársele (cfr. foja 5).-
3. Mediante Disposición N° 1565-D.1-“C”/2017 emitida el 11 de noviembre de 2017 se suspendió provisoriamente al Oficial Principal Aybar (cfr. foja 14).-
4. El 13 de noviembre de 2017 se le notificó a Aybar el inicio de las actuaciones sumariales (cfr. foja 15).-
5. Se tomó declaración testimonial a personal policial presente al momento de los hechos (cfr. fs. 18/19 vta., 54/56 y vta., 63/65, 67 y vta., 89 y vta., 92/93, 94 y vta.).-
6. El 16 de noviembre de 2017, luego de compulsar el libro de guardia, el Jefe de la Sección de Fuerzas Especiales de Zona Norte aclaró que el hecho ocurrió en realidad el 21 de diciembre de 2016 (cfr. foja 23).-
7. Se adjuntaron diversas constancias a partir de las cuales se desprende que el Jefe de la Sección de Fuerzas Especiales de Zona Norte se encontraba usufructuando licencia anual ordinaria al momento de los hechos, quedando a cargo de esa dependencia el Sr. Aybar (cfr. fs. 73/77).-
8. Se anexaron los antecedentes de servicio del Sr. Aybar, de los cuales emerge la imposición de sanciones disciplinarias, consistentes en días de arresto y apercibimiento (cfr. fs. 86/88).-
9. El 9 de diciembre de 2017 se puso en conocimiento del Sr. Aybar las pruebas recolectadas en el procedimiento, las faltas que se le imputan y los derechos que le asisten, v.gr. designar un abogado defensor e indicar las pruebas que estime oportunas (cfr. fs. 97/98).-
10. El 11 de diciembre de 2017 se elevaron las conclusiones sumariales (cfr. fs. 102/105).-
11. El 27 de febrero de 2018 se levantó la reserva del sumario (cfr. foja 113).-
12. El 28 de febrero de 2018 se dio vista de las actuaciones al Sr. Aybar, en los términos del artículo 98º del RRDP (cfr. fs. 116).-
13. El 1 de marzo de 2018 el Sr. Aybar designó defensores (cfr. foja 119).-
14. A fs. 125/152 el Sr. Aybar formula su descargo.
En esa oportunidad -entre otras pruebas- solicitó que se cite a todo el personal que había prestado declaración testimonial en las actuaciones así como a la Sra. Juana De Leon e, igualmente, se acompañó como prueba documental capturas de pantalla de su celular.-
15. Mediante Disposición Nº 537 -D.G.P.-“C”/2018 el Jefe de Policía desestima un planteo de nulidad del Sr. Aybar y constituye el Consejo de Disciplina a los efectos de investigar su conducta (cfr. fs. 168/169).-
16. El 29 de junio de 2018 se concretó una audiencia ante el Consejo de Disciplina, en los términos del artículo 250 del RRDP, en la que el Sr. Aybar efectuó su alegato e incorporó prueba escrita, consistente en capturas de pantalla de una charla que mantuvo con un compañero así como publicaciones periodísticas que darían cuenta de su profesionalismo (cfr. fs. 180/227).-
17. El 5 de julio de 2018 el Consejo de Disciplina emite su opinión, en los términos del artículo 253 del RRDP, considerando que la conducta del Oficial Principal Aybar infringía el artículo 9º de ese régimen, con los agravantes estipulados en los incisos 1º, 2º, 5º, 6º y 8º del artículo 41 y, en consecuencia, solicita su cesantía (cfr. fs. 228/231).-
18. El 16 de octubre de 2018 el Consejo de Disciplina ratifica su anterior informe y desestima el pedido del Sr. Aybar de interrogar nuevamente a los testigos, en función de que no acompañó los pliegos de interrogatorio que permitan modificar la valoración; a ello, le aduna el hecho de que los testimonios fueron contundentes y específicos, siendo, por lo tanto, innecesaria su ampliación (cfr. fs. 238/242).-
19. A fs. 243/244 emite dictamen la Dirección General de Asuntos Legales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.-
20. El 11 de mayo de 2019 el Jefe de Policía emite la Disposición Nº 370-D.G.P.-“C”/19 que propicia por ante el Poder Ejecutivo Provincial el dictado del instrumento legal pertinente, decretando su cesantía (cfr. foja 249 y vta.).-
21. A través de la Disposición Nº 644-D.G.P.-“R”/2018 el Jefe de Policía sancionó a dos suboficiales, por haber ingerido alcohol mientras se encontraban de servicio, el día 21 de diciembre de 2016 (cfr. foja 263 y vta.).-
22. A foja 274 luce agregado oficio del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Caleta Olivia en el cual se comunica que la causa penal generada a instancia de la denuncia penal de Yesica Pérez se encontraba archivada desde el 9 de mayo de 2019.-
23. A fs. 288/296 vta. obra dictamen emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Ministerio de Seguridad y a fs. 302/303 vta. hace lo propio la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de ese ministerio.-
24. Finalmente, el 25 de septiembre de 2020 el Poder Ejecutivo Provincial dictó el Decreto Nº 1148/20 declarando cesante al Oficial Principal Aybar, por trasgresión al artículo 9º del RRDP, agravado por el artículo 41, incisos 2º, 5º, 6º, 7º y 8º del RRDP, en concordancia con los artículos 47, incido d), y 62, inciso a) de la Ley N° 746 (cfr. fs. 314/316).-
III. Inicialmente corresponde examinar el planteo de prescripción que esgrime el accionante, puesto que: “Cuando la acción disciplinaria por el transcurso del tiempo se encuentra prescripta, no corresponde ingresar a ponderar sobre la existencia o inexistencia de la falta disciplinaria…” (cfr. Ivanega, Miriam M., “Cuestiones de potestad disciplinaria y derecho de defensa”, 1ª ed., Buenos Aires, Rap, 2010, pág. 113).-
En términos generales, es preciso tener en cuenta que: “La prescripción es una institución de orden público destinada a mantener el orden y poner un límite al término para el ejercicio de los derechos. Interesa al orden público y al orden jurídico evitar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y ella responde a la necesidad social de no mantener las relaciones de derecho sin definirse dentro de un plazo prudencial y de respetar situaciones que deben considerarse consolidadas por el transcurso del tiempo” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIV, Reg. 920, Folio 2717/2731).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la finalidad de la prescripción reside en la conveniencia general de concluir situaciones inestables y dar seguridad y firmeza a los derechos (cfr. Fallos: 313:173; 318:1416), agregando que se trata de una institución creada para dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos (cfr. Fallos: 232:654); se trata, en definitiva, de un instrumento de seguridad, que impide que los conflictos humanos se mantengan indefinidamente latentes (cfr. Fallos: 266:77).- En el ámbito del derecho administrativo sancionador podría definirse como una institución jurídica por la cual el transcurso del tiempo genera ciertos efectos, respecto del ejercicio de la facultad punitiva por parte de la Administración Pública en relación con los particulares (cfr. Morán, Marcos, “Derecho administrativo sancionador: Prescripción y plazo razonable”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online:
AR/DOC/4893/2012). Es un límite al poder punitivo que obedece a la pérdida de interés social en perseguir determinadas conductas luego del transcurso de un considerable período de tiempo. Cumple un papel relevante tendiente a preservar el derecho de defensa al impedir que las personas tengan que afrontar acusaciones en las cuales los hechos básicos hayan quedado oscurecidos por el transcurso del tiempo. También resulta importante para minimizar el peligro del castigo estatal por situaciones acaecidas en un pasado lejano (cfr. Gusman, Alfredo S., “Las Sanciones Administrativas”, 1ª ed., Buenos Aires, Ad-Hoc, 2022, pág. 122).-
El RRDP prevé un sistema sancionatorio específico, en el que se incluyen expresas previsiones concernientes a la prescripción de dicha potestad, por lo que la solución a la cuestión denunciada por el accionante debe buscarse en esa fuente normativa.-
Como principio general, el artículo 13 del RRDP establece el plazo de un año para la prescripción de la acción disciplinaria, salvo para los supuestos contemplados en los artículos 16º y 17º. El primero de ellos dispone que: “La acción disciplinaria que nace como consecuencia de un hecho que al mismo tiempo constituye ‘prima facie’ delito, podrá ejercitarse mientras no haya prescripto la acción penal resultante de ese hecho”.
Complementando lo anterior, el artículo 17º estipula que: “No prescribirá la acción disciplinaria cuando el delito se hubiera cometido desde la función policial, y el autor o los autores hubieran logrado su impunidad por encubrimiento, negligencia o falta de celo de sus superiores. Esta disposición alcanzará a los superiores nombrados, en cuanto a su responsabilidad disciplinaria”.- El cómputo del plazo de prescripción comienza desde el día en que se cometió la falta, si fue instantánea o desde el que cesó de cometerse, si fue continua, conforme lo preceptúa el artículo 14.-
También se contempla que el cronómetro de la prescripción se detenga, bien para luego reactivarse desde el mismo lugar (suspensión), bien para reactivarse pero volviendo al principio (interrupción). Así, el artículo 18 indica que: “El proceso judicial, suspende la prescripción disciplinaria administrativa.”, y el artículo 15 instituye que: “Los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la prescripción de la acción…” y aclara que: “…Al efecto se considerarán actos del procedimiento disciplinario a todo trámite encaminado a señalar la existencia de una falta, aunque aún no se hubiera iniciado sumario o información administrativa”.-
En el supuesto bajo juzgamiento, el accionante persigue la declaración de prescripción de la acción disciplinaria sosteniendo -centralmente- que el plazo comenzó a correr el 11 de mayo de 2019 y se completó un año después, por lo que al momento de dictarse el decreto que lo declaró cesante (25 de septiembre de 2020) la acción disciplinaria ya había prescripto (cfr. PE39437-2020, pág. 5).-
Para sustentar su postura, argumenta que el último trámite encaminado a señalar la existencia de la falta fue la Disposición N° 370 -D.G.P.-“C”/19 (del 11 de mayo de 2019) que propicia por ante el Poder Ejecutivo Provincial el dictado del instrumento legal pertinente decretando su cesantía y advierte que la Disposición Nº 1.302 -D.G.P.-“C”/19 (del 19 de noviembre de 2019) que resolvió un recurso de reposición no representa un avance o un acto impulsivo interruptivo del curso de la prescripción (cfr. PE y pág. cits.).-
De su lado, la autoridad demandada resiste el pedido de prescripción bajo el amparo de lo dispuesto en los artículos 13, 14 y 15 del RRDP (cfr. PE367545-2022, COD00002882.pdf, págs. 3/4).-
Los litigantes coinciden en que los hechos que desencadenaron las actuaciones en sede administrativa tuvieron lugar el 21 de diciembre de 2016 (cfr. PE39437-2020, pág. 2 y PE367545-2022, COD00002882.pdf, pág. 4), debiendo reputarse entonces que el plazo de prescripción se inició aquél día (cfr. art. 14 del RRDP). Por su parte, la orden de instrucción del sumario fue adoptada el 10 de noviembre de 2017 (cfr. foja 5 del expte. adm.), por lo que para esa fecha no había transcurrido el lapso de una año que contempla el artículo 13 del RRDP para el ejercicio de la acción disciplinaria. Conforme lo autoriza el artículo 15, incluso, debe tenerse en cuenta que el informe del 23 de octubre de 2017 confeccionado por el Jefe de la Sección de Fuerzas Especiales de Zona Norte -a través del cual se exteriorizan las diversas faltas que se habrían cometido el 21 de diciembre del año anterior- reviste fuerza interruptiva de la prescripción disciplinaria. Para aquél entonces tan sólo había transcurrido poco más de diez meses.- Tampoco se verifica la inactividad que señala el accionante en PE39437-2020, pág. 5, entre el 11 de mayo de 2019 y el 25 de septiembre de 2020.-
El 11 de mayo de 2019 el Jefe de Policía, a través de la Disposición Nº 370-D.G.P.-“C”/19, le atribuyó carácter grave a la conducta del Sr. Aybar en los términos del artículo 9º del RRDP, con los agravantes contemplados en los incisos 2º, 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 41. Como corolario de ello, propició ante el Poder Ejecutivo Provincial el dictado del acto administrativo pertinente tendiente a declarar su cesantía (cfr. foja 249 y vta. del expte. adm.). Esto último finalmente sucedió el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que el Poder Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Nº 1148/2020 (cfr. fs. 314/316).-
Como bien lo pone de relieve la demandada (cfr. PE367545-2022, COD00002882.pdf, págs. 5/6), durante ese lapso temporal se llevaron adelante pasos ineludibles del procedimiento administrativo.-
Tal como fuera anticipado, el artículo 15 del RRDP estipula que los actos del procedimiento disciplinario interrumpen la prescripción de la acción disciplinaria, entendiéndose como tales a todo trámite encaminado a señalar la existencia de una falta.- La Cámara Nacional Federal Contencioso Administrativo en el plenario: “Navarrine, Roberto Héctor y otros c/ BCRA s/ Resol. 208/05”, al interpretar la expresión: “actos y diligencias de procedimientos inherentes a la sustanciación del sumario”, precisó que: “…son aquellos que revisten carácter jurídicamente relevante para conducir en forma regular a una conclusión válida respecto de la responsabilidad imputada…Ellos demuestran indudablemente la continuidad en el ejercicio de la acción punitiva…lo mismo cabe sostener respecto de la actividad desplegada para notificar aquellos dispositivos en cuanto comportan diligencias inherentes a su eficacia…” (cfr. Cám. cit., www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/21608/2012).- Adicionalmente, cabe tener presente que: “El instituto de la prescripción…debe admitirse con carácter restrictvo.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1043, Folio 3250/3255). Se ha sostenido, en esta senda, que: “…en el ámbito disciplinario administrativo…prima lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del servicio público que conviene con el adecuado mantenimiento de la disciplina…y que la doctrina que condujo…a proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria, lleva por las mismas razones a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten.” (cfr. Fallos: 310:316 y Procuración General del Tesoro de la Nación, Dictamen: 235:210).-
Desde este enfoque, es dable advertir que luego del 11 de mayo de 2019 se observan diversos actos de procedimiento que impulsaron el trámite, dieron vida al procedimiento y exteriorizaron la voluntad de llevar adelante la persecución estatal, procurando hacer avanzar el sumario hacia su destino natural. Debe adjudicárseles esta impronta a la notificación de la Disposición N° 370-DGP-“C”/19 realizada al interesado el 16 de julio de 2019 (cfr. fs. 278) y a los diversos dictámenes obrantes en las actuaciones administrativas, tales como el de la Dirección General de Asuntos Legales de la Policía de la Provincia de Santa Cruz del 25 de julio de 2019 (cfr. fs. 282), de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Judiciales del 27 de febrero de 2020 (cfr. fs. 288/296 vta.) y de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos del 26 de marzo de 2020 (cfr. fs. 302/303 vta.), ambos del Ministerio de Seguridad y al de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación del 8 de julio de 2020 (cfr. fs. 309/313), todos actos preparatorios que sirvieron para la elaboración del acto decisorio final.-
Los actos y diligencias enunciados suponen el ejercicio de la pretensión punitiva por parte de la autoridad estatal y, en consecuencia, impidieron la configuración de la prescripción alegada por el demandante.-
IV. En segundo término, el accionante pretende la nulidad del sumario, refiriendo que se ha trasgredido su derecho a ofrecer y producir prueba, ya que no se le permitió interrogar nuevamente a los testigos que declararon en el sumario ni se citó a una persona ajena a la fuerza policial que propuso como testigo; asimismo, tilda de inconstitucional al artículo 98 del RRDP (cfr. PE39437-2020, págs. 5/6).-
Estrechamente vinculado con lo anterior, en su ampliación de demanda presenta prueba documental, consistente en una escritura pública, en la que el Sr. José Gabriel Tula realiza una manifestación espontánea en la que alude a la coacción y violencia moral a la que fue sometido por sus superiores para declarar contra el Sr. Aybar en el sumario (cfr. PE55933-2021, OTR00001073.pdf).- La garantía del debido proceso se encuentra reconocida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en el artículo 8.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, norma que integra nuestro bloque de constitucionalidad, conforme la incorporación efectuada por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.-
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que las formas o normas sustanciales de la garantía de defensa deben ser observadas en todo tipo de procesos, sin que corresponda diferenciar causas criminales, juicios especiales o procedimientos seguidos ante tribunales administrativos (Fallos: 237:193; 240:160; 310:1797; 312:1042 y 316:2940).-
En ese orden de ideas, este Tribunal Superior sostuvo en varios precedentes -refiriéndose al procedimiento administrativo- que la citada garantía implicaba tener leal conocimiento de las actuaciones administrativas, y la efectiva posibilidad de exponer las razones de sus pretensiones y defensas, antes de la emisión del acto (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos VIII, Reg. 557, Folio 1530/1541; IX, Reg. 621, Folio 1731/1734; XI, Reg. 755, Folio 2128/2134; XV, Reg. 977, Folio 2969/2983; XVI, Reg. 1014, Folio 3116/3138).-
El estricto respeto del debido proceso adjetivo adquiere particular relevancia en materia sancionatoria, al encontrarse en juego el ejercicio del poder punitivo del Estado. En virtud de ello, la aplicación de toda sanción debe, indefectiblemente, estar precedida de un procedimiento administrativo conducido en legal forma, en el cual se haya garantizado el derecho de defensa del imputado.-
Refiriéndose particularmente al procedimiento administrativo disciplinario, este Alto Cuerpo afirmó que: “...en todo sumario administrativo debe ponerse énfasis en si el imputado comprendió cuál era la conducta reprochable que se le endilga, si pudo brindar las explicaciones correspondientes, si tuvo la oportunidad de ofrecer la prueba que hace a su descargo, si se explayó sobre las particularidades de lo sucedido.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 977, Folio 2969/2983 cit.), agregando en aquella oportunidad que: “...el derecho de defensa del imputado no se limita sólo a la posibilidad de audiencia; sino que comprende la facultad de intervenir en el proceso y la de llevar a cabo en él todas las actividades necesarias para poner en evidencia la falta de fundamento de la acusación administrativa” (cfr.
Sentencia cit.).- Este Alto Cuerpo, en otras oportunidades, puso de resalto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo “Baena” le había dado un alcance amplio al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1. y 8.2. de la Convención, inclusive en materia administrativa. En particular, se estableció que ella comprendía: “…los derechos a ser oído, ofrecer pruebas, que éstas se produzcan, controlar su producción, alegar sobre el mérito de toda la prueba, y que la decisión que se adopte sea fundada, es decir, que ella sea el resultado de la ponderación de todos los antecedentes del caso.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XIII, Reg. 891, Folio 2589/2599 y XVIII, Reg. 1097, Folio 3512/3521).- El derecho bajo análisis se encuentra también expresamente reconocido en la Ley de Personal Policial (Ley Provincial Nº 746), que en su artículo 66 prevé que: “El personal policial a quien se le imputara una falta disciplinaria grave, tiene derecho a obtener su investigación actuada y ejercer su defensa por escrito o su descargo, aporte de pruebas y solicitud de diligencias y decisiones.
Cuando la decisión del superior interviniente fuese estimada injusta o errónea, podrá pedirse revocatoria, y de subsistir la situación, apelarse ante otros superiores competentes, siguiendo la vía jerárquica correspondiente y guardando las formas, modales y temporales que exige la reglamentación”. A su turno, el RRDP en su artículo 98 estipula, en su parte pertinente, que: “En este estado del sumario la instrucción dará vista por cinco (5) días corridos al imputado para que formule su defensa y ofrezca la prueba necesaria. La instrucción recibirá por escrito todas las pruebas aportadas u ofrecidas, dando cumplimiento a las que estime procedentes. La negación a la prueba ofrecida será resuelta por la autoridad que ordenó el sumario sin recurso alguno…”.-
Ahora bien, “…con independencia de lo que establezca el régimen sancionatorio específico, el imputado siempre goza del derecho de ofrecer y producir prueba de descargo, en tanto…se trata de un derecho garantizado a nivel constitucional y convencional, cuyo ejercicio puede ser regulado -en forma razonablepor la normativa aplicable, pero no puede ser cercenado.”, por lo que es dable aseverar que: “…en el marco de todo procedimiento sancionador el imputado tiene derecho: (i) a ofrecer prueba; (ii) a que la prueba ofrecida sea producida, en la medida en que fuera pertinente; (iii) a controlar la prueba producida en el marco del sumario; y (iv) a presentar alegatos una vez concluido el período probatorio.” (cfr. Sanguinetti, Juan Carlos, “La prueba en el procedimiento administrativo sancionador”, www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/2472/2022).- En el supuesto de marras, el accionante postula que ofreció prueba en todas las instancias administrativas en las que estuvo habilitado para hacerlo, particularmente en su descargo y en su alegato ante el Consejo de Disciplina, y arguye que este último organismo las rechazó sin ofrecer motivación. En particular, señala que su intención era obtener una nueva declaración de los testigos que oportunamente habrían brindado su testimonio en el sumario así como de una persona ajena a la fuerza policial que había estado presente en parte de los sucesos denunciados, a tenor del pliego propuesto por su defensa (cfr. PE39437-2020, págs. 5/6).- Frente a ello, cabe poner de resalto que durante el trámite del procedimiento disciplinario no se verificó una absoluta negativa de las probanzas ofrecidas por el Sr. Aybar, circunstancia que es soslayada en su escrito postulatorio. La simple lectura de las actuaciones sumariales permite advertir la incorporación de prueba documental aportada por él en su descargo de fs. 125/152 y en su alegato de fs. 180/227 del Expte. Adm. cit., consistentes en acreditaciones de diversas capacita- ciones profesionales y notas periodísticas.-
En contraposición a lo afirmado por el accionante, no existen constancias en el citado Expediente Administrativo que acrediten que el sumariado haya incorporado un pliego interrogatorio. Adicionalmente, se advierte que la prescindencia de otros elementos probatorios se afincó en su impertinencia, decisión que fue explícitamente justificada por el Consejo de Disciplina.- En su resolución de fs. 238/241 ese órgano sostuvo:
“…Con relación a la prueba aportada obrante a foja (192) captura de pantalla de Whatsapp, donde el identificado como ‘Pichichen’, resulta ser el Cabo 1ro. Pimenta; la misma se desestima en virtud que en el expediente obra a foja (92 y 93), declaración testimonial del Cabo 1ro. Pimenta, cuya valoración es superior a la prueba aportada, porque el testimonio se efectuó bajo juramento de Ley […] Asimismo este Consejo de Disciplina no hace lugar al requerimiento solicitado por el causante respecto de recepcionar nuevamente testimonio a los involucrados en virtud de las siguientes circunstancias: Que al momento de solicitar un nuevo testimonio de los involucrados, el cual refiere a mas (sic) precisamente a los Cabos Primero Allolio Pimenta y Cabo Tula, no acompaño (sic) el pliego de preguntas que permita modificar la valoración de los testimonios del hecho investigado, no obstante este Consejo entiende que los testimonio (sic) de los causantes son contundentes y especifico (sic) en su totalidad sobre el hecho sucedido no siendo necesario ampliaciones del mismo para tomar la decisión por este Consejo entendiendo que igualmente no modificaría en nada dichos testimonios…” (cfr. foja 241 del expte. adm.).-
Si bien la regla debe ser la admisibilidad de los medios probatorios, tal como se adelantó, para que la prueba ofrecida por el sumariado sea producida es menester que sea pertinente. “En el marco de un procedimiento sancionador debe considerarse que una prueba es pertinente cuando sirve para fundamentar los argumentos exculpatorios o destruir los planteamientos de la acusación…” (cfr. Sanguinetti, Juan Carlos, ob. cit., www.informacionlegal.com.ar. Cita Online:
AR/DOC/2472/2022).-
A lo anterior, se suma que el actor al argüir la nulidad de las actuaciones sumariales -con base en la supuesta conculcación de su derecho a ofrecer y producir prueba- omite indicar cuál es el perjuicio sufrido. No enuncia -siquiera lacónicamente- cuáles serían los interrogantes que se ha visto privado de realizar, a fin de evaluar concretamente su conducencia para dirimir la litis. Menos aún individualiza a la persona ajena a la fuerza policial que habría presenciado parte de los hechos imputados.-
El Máximo Tribunal del país ha considerado que la desestimación de prueba ofrecida por el imputado en sede administrativa no conlleva una violación al derecho de defensa si el impugnante no explicó en su recurso, concretamente, de qué pruebas se ha visto privado y la incidencia que ellas habrían podido tener para modificar la resolución impugnada (Fallos: 278:280; 310:360).-
En línea coincidente, se ha indicado que quien pretende una declaración de nulidad: “…deberá expresar el perjuicio sufrido y el interés que procura subsanar con la declaración. Ambos presupuestos deben ser fehacientemente demostrados, [y]a que si bien es preciso que la irregularidad haya colocado a la parte en estado de indefensión, tal indefensión no debe responder a una formulación teórica como es la alegación de la imposibilidad genérica de ejercer el derecho de defensa en juicio, sino que debe concretarse con mención expresa y precisa de lo que se vio privado de oponer…la mera invocación de que se ha violado la defensa en juicio no satisface ni suple la exigencia de indicar cuál es el perjuicio sufrido y las defensas o pruebas que no pudo producir y en qué medida tales defensas o pruebas pueden modificar la solución dada por el juez…” (cfr. Cámara de Apelaciones en lo Civ. Com. y Min. Sala 1 San Juan in re: “Cordero, Praxedes s. Amparo por mora administrativa”, Sentencia del 25/07/1996. Cita online: RC J 5947/07).-
Es decir no procede la nulidad pretendida cuando quien la invoca no indica de qué manera las defensas o pruebas de las que dice haber sido privado a consecuencia del trámite impuesto, habrían tenido eficacia para revertir el sentido de la voluntad administrativa, en la hipótesis de haber sido meritadas. Ello es así, porque como ha dicho este Tribunal Superior, aun cuando el procedimiento administrativo pudiera eventualmente adolecer de alguna deficiencia, no han ocurrido las circunstancias excepcionales que se configuran cuando ha mediado un flagrante atentado al derecho de defensa determinado genéricamente por la comprobación de deficiencias insusceptibles de corregirse en la oportunidad que el actor tiene de defenderse, probar y alegar en juicio pleno (cfr. Tomo XV -Contencioso Administrativo-, Reg. 977, Folio 2969/2983, voto mayoritario).-
El accionante afirma que las únicas declaraciones que dieron los testigos fueron en base al interrogatorio concretado por el instructor sumarial en una etapa en la que su representado todavía no tenía acceso a sus actuaciones, bloqueándose toda posibilidad de que mediante un nuevo interrogatorio pudieran revelar la verdad. Expresa, que los deponentes fueron presionados y amedrentados por la superioridad para que declararan como lo hicieron aunque le impidieron probarlo (cfr. PE39437-2020, págs. 5/6).-
Las diversas alegaciones del actor resultan apodícticas, es decir, pretenden fundarse en sí mismas, sin traer elementos de juicio objetivos y verificables que apoyen su particular criterio. Todo se reduce a una divergencia subjetiva, infructuosa a los fines de patentizar una actuación caprichosa de la autoridad administrativa.-
Resultan de extensión al supuesto bajo juzgamiento las aseveraciones ya vertidas por este Cimero Tribunal en un antecedente que sometía a escrutinio judicial un sumario llevado adelante contra un policía que finalmente fue cesanteado. En esa oportunidad, se sostuvo: “No constituye óbice a lo expuesto, el hecho de que la prueba testimonial obrante en el Expediente Administrativo…se produjo sin el control de la aquí actora. Ello no le resta valor probatorio ni mucho menos viola el principio de defensa en juicio, pues en el proceso contencioso administrativo los justiciables pueden ofrecer todas las pruebas que estimen convenientes, dado que…es pacífico criterio de este Alto Cuerpo que el régimen de la prueba aplicable a este tipo de proceso -donde este Excmo.
Tribunal se erige como primera y única instancia- no sufra restricciones y se estructure sobre la base del principio de amplitud probatoria con el objeto de lograr el esclarecimiento de los hechos para arribar a la verdad real que originó el acto administrativo…La actora al tomar oportuna intervención, haciendo uso de aquel principio rector, pudo haber ofrecido en este proceso a los testigos… a fin de interrogarlos con la amplitud que estimara conveniente respecto de la manera en que ocurrieron los hechos…Entonces el actor, por no haber procedido del modo indicado debe cargar con las consecuencias de su obrar discrecional” (cfr. Tomo XVI -Contencioso Administrativo-, Reg. 1014, Folio 3116/3138, voto mayoritario).- Bajo este orden de ideas, se advierte que la incorporación de prueba documental anexada en su ampliación de demanda en nada modifican las consideraciones hasta aquí vertidas, ni resultan suficientes por sí mismas para evidenciar la configuración de algún vicio durante el trámite administrativo.
Las manifestaciones vertidas por el Sr. Tula ante notaria pública -a través de las cuales alude a coacción y violencia moral durante su declaración en el sumario- no aportan mayores referencias tendientes al esclarecimiento de los hechos investigados por la autoridad administrativa. Cabe recordar que, a tenor de lo dispuesto por los artículos 296 y 312 del Código Civil y Comercial de la Nación, la fe pública no se extiende a la sinceridad de las declaraciones realizadas ante el notario (cfr. Clusellas, Eduardo Gabriel -Coordinador-, “Código Civil y Comercial Comentado, Anotado y Concordado”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Astrea, 2015, T. 1, pág. 751). En punto a ello, se ha indicado que: “…lo único que goza de fe pública es el hecho de que [las partes] dijeron tal cosa pero no el contenido de tales dichos.” y que: “…Cuando el artículo [312] dice que el ‘valor probatorio se circunscribe a los hechos que el notario tiene a la vista, a la verificación de su existencia y estado’ quiere decir que respecto a todo aquello que el notario cumplió en forma personal o percibió por sus sentidos […] Con respecto a las manifestaciones de los intervinientes en el acto que el escribano pueda volcar en el documento, éste hace plena fe del hecho de que fueron pronunciadas, ya que esto es lo que el funcionario ha oído…” (cfr.
Lorenzetti, Ricardo Luis -Director-, “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2015, Tomo II, págs. 154, 220/221).-
Tampoco resulta de recibo el planteo de inconstitucionalidad que introduce el actor relativo al artículo 98 del RRDP, quien al sustentar su pedido se limita a sostener: “…por contradecir frontalmente la garantía del debido proceso adjetivo, solicitamos se declare la inconstitucionalidad del Art. 98 del Decreto 2091/72 (RRDP) en cuanto dispone que ‘…la negación a la prueba ofrecida será resuelta por la autoridad que ordenó el sumario sin recurso alguno…’…” (cfr. PE39437-2020, pág. 6).-
Este discurrir argumental exhibe una manifiesta carencia de fundamentos que la tornan inhábil para el fin que persigue; toda vez que resulta indispensable precisar de qué modo la norma impugnada habría quebrantado la garantía constitucional cuya tutela se procura.-
Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho, ante planteamientos como el que estamos analizando: “No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido…‘la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio’…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1062, Folio 3345/3350).-
La declaración de inconstitucionalidad de una norma configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que se requiere inexcusablemente la demostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (cfr. Fallos: 256:602; 258:255; 316:188; 316:1717; 316:2624; 321:441; 321:1888; 322:842; 322:919; 324:920 y 325:1922, entre muchos otros; TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1070, Folio 3383/3396). De allí proviene la mayor exigencia en torno a los requisitos que debe observar quién procura la declaración de inconstitucionalidad de una norma.-
El éxito de una impugnación de carácter constitucional requiere, necesariamente, la exposición del modo en que la norma cuestionada quebrantaría las cláusulas constitucionales invocadas, tarea que ha omitido por completo el actor, ni tampoco ha expresado cuál es el perjuicio que concretamente le causa.- En definitiva, para que pueda ser atendido un planteo de tal índole, debe tener -en lo que cuenta- un sólido desarrollo argumental que no exhibe el presente, lo que conduce indefectiblemente a su rechazo.-
V. El actor -al describir el íter del sumario administrativo- asevera que el Juzgado de Instrucción N° 1 con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, en el que tramitaron los autos caratulados: “Juzgado s/ Instrucción (HDA)” (Expte. Nº 66.661/17), comunicó a la instrucción sumarial que la causa en la que se investigaba en sede judicial el hecho por el que se labrara el sumario se encontraba archivada (PE39437-2020, pág. 4). Bajo ese orden de ideas, en el acápite que rotula como “La causa judicial y su incidencia”, sostiene que si en sede judicial se concluye que un hecho nunca ocurrió, no puede tenerse por existente en sede administrativa. Dice que tal premisa se infiere a partir de una interpretación a contrario sensu del artículo 3º del RRDP (cfr. PE cit., págs. 6/7).-
Afirma que el supuesto delito de abuso sexual que habría cometido para con una subordinada no fue corroborado en la instancia judicial pero que, increíblemente, fue tomado como hecho probado y base para la sanción impuesta. Por tal motivo, a su juicio el decreto que declaró su cesantía deviene nulo por falta de causa. (cfr. PE cit., pág. 7).-
Corresponde advertir, de inicio, que no existe prueba trasladada en este punto; es decir, ninguna de las partes ha incorporado al presente proceso copias del expediente penal aludido.-
En el sumario administrativo obra una declaración testimonial de la Cabo Primero Pérez (cfr. fs. 63/65), en la que relata que en noviembre o diciembre de 2016, luego de haberse concretado un curso, se llevó adelante una celebración en la que ella se embriagó y decidió irse a dormir en una habitación de la dependencia policial. Explicó que al día siguiente un compañero le comentó que en esa oportunidad Aybar se había metido desnudo en la cama en la que ella estaba durmiendo. También recordó una vez finalizada la reunión social fueron a su casa y que allí Aybar forcejeó con ella y la besó sin su consentimiento. En este marco, comunicó que era su deseo radicar la denuncia judicial ante la instrucción policial, para no tener que presentarse ante otra unidad y relatar nuevamente los hechos, lo que fue concretado a fs. 68 y 70.- A foja 274 del Expte. Adm. citado luce agregado oficio del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad de Caleta Olivia en el cual se comunica que la causa penal generada a instancia de la denuncia penal se encontraba archivada desde el 9 de mayo de 2019.-
No se acercaron mayores elementos de juicio que permitan determinar las razones por las que en esa oportunidad se determinó el archivo de la causa judicial tramitada en el fuero penal, ya sea porque el hecho investigado no constituía delito o no se podía proceder (cfr. art. 187 del CPP), lo que conspira evidentemente contra los intereses del actor.-
Por fuera de lo anterior, debe señalarse que asiste razón a la demandada al sostener que: “Aybar no fue sancionado en sede administrativa por la comisión de delito alguno contra la integridad sexual de una subordinada…No se investiga en sede administrativa la comisión o presunta comisión de delitos…una misma conducta puede no implicar ilícito alguno del derecho penal pero sí responsabilidad administrativa. En el caso de autos, el hecho de que un Oficial Principal alcoholizado y desvestido se acueste en la cama en la que se encuentra durmiendo una miembro de la fuerza de inferior jerarquía (Cabo) que había consumido alcohol en exceso en presencia y con el aval de su superior es una falta disciplinaria grave, por más que no constituya delito penal.” (cfr. PE367545-2022, COD00002882.pdf, págs. 9/10).-
Miriam M. Ivanega, siguiendo a Eugenio R.
Zaffaroni, explica que en materia penal el concepto de injusto es entendido prevalentemente como norma objetiva de valoración, a partir de la que, en consideración a la función principal del derecho penal de protección de bienes jurídicos, importa definir la lesión o puesta en peligro de esos bienes que al Estado interesa proteger. En cambio, el injusto disciplinario se identifica con la norma subjetiva de determinación, pues el derecho disciplinario apunta hacia el establecimiento de directrices o modelos de conducta, consagrando deberes, cuya transgresión comporta la comisión de falta disciplinaria. Y con cita de Enrique Sayagués Laso, sigue diciendo que la sanción disciplinaria no excluye la penal, ni ésta a aquélla, pues tutelan órdenes jurídicos distintos y persiguen finalidades diferentes: una la de asegurar el buen servicio administrativo y la otra, la represión penal. En esa interpretación, el bien jurídico tutelado en el régimen disciplinario enmarcado en el derecho administrativo sancionador es la correcta prestación del servicio por parte de la Administración Pública. Por ello, la naturaleza del régimen disciplinario no comporta el castigo de actos delictivos, sino la sanción aplicable al agente por incumplimiento de un deber impuesto por relaciones jurídicas creadas estatutariamente (cfr. autora y ob. cit., “Cuestiones de potestad disciplinaria…” cit., págs. 48/50).-
En el marco de una suspensión preventiva dispuesta en un sumario, en virtud de un procesamiento en una causa criminal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que: “…dada la independencia existente entre los sumarios administrativos y el proceso penal…el sobreseimiento provisional… resulta irrelevante” (Fallos: 314:489).-
Por su parte, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal ha indicado que: “…las actuaciones labradas ante las autoridades policiales -sumario administrativo-, no configuran una persecución penal…las competencias de ambas instancias no se superponen, contando cada una, en su ámbito, con fines propios y a la vez disímiles entre sí.” (cfr. cám. cit., “A., R. G. s/ procesamiento”, del 03/12/2015, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/65804/2015).- En la misma línea se ha expedido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa B. 64.843 “González, Marta Noemí c/ Municipalidad de General Paz s/ Demanda contencioso administrativa”.-
En esa oportunidad, el Juez Torres sostuvo: “…los elementos de convicción acumulados en el sumario administrativo deben apreciarse con criterio de responsabilidad administrativa y no penal. En principio, corresponde juzgar la conducta de un agente en el ámbito del derecho administrativo de modo independiente respecto a la valoración que podría ella merecer al ser enjuiciada en el marco de otros ordenamientos jurídicos, aunque en ciertos supuestos por las particulares circunstancias de la causa, lo resuelto en éstos posea una relevancia tal que amerite su oportuna ponderación…En cuestiones vinculadas a la potestad disciplinaria de la Administración en materia de empleo público, el pronunciamiento de la Administración es independiente del dictado en el ámbito judicial. Ello así, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero, y de la especial finalidad de la función de contralor administrativo…la decisión judicial que declara la absolución o sobreseimiento no impone a la autoridad administrativa idéntica conclusión respecto a las faltas investigadas en su jurisdicción. En estos supuestos, la sentencia penal solo podrá influir en la decisión del Poder Administrador en orden a los hechos específicamente acreditados durante el proceso judicial, mas no respecto a la interpretación que los jueces hicieran de ellos. En su caso, los hechos objetivos probados judicialmente deberán ser analizados, interpretados y calificados por la autoridad administrativa en el ámbito de su competencia…Es que los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción en el ejercicio del poder disciplinario administrativo difieren, obviamente, respecto del grado de prueba indispensable para condenar penalmente por la comisión de un delito. Por ello, aunque los actos juzgados en el fuero penal pudieran suponerse improbados o atípicos, ello de ningún modo obliga a pareja solución en la jurisdicción contencioso administrativa…”.-
A su turno, el Juez Petiggiani recordó que: “…la doctrina remarca como diferencias entre el poder disciplinario y el poder punitivo penal las siguientes: el primero se fundamenta en la particular sujeción a la organización administrativa…el bien jurídico tutelado por el poder disciplinario es el buen orden y decoro de la propia Administración; es un poder de carácter facultativo -potestad-; y finalmente resulta irrelevante el aspecto subjetivo de la infracción cometida para su aplicación…Por el contrario, el poder punitivo penal se funda en la sujeción general que todos los habitantes de un Estado tienen respecto de este; por lo tanto, es monopolizado por el Estado y constituye en consecuencia una de las funciones esenciales del mismo: la jurisdicción; el bien jurídico tutelado viene dado por los derechos naturales y sociales de las personas reconocidos legislativamente, de acuerdo al principio de legalidad; su ejercicio es obligatorio; y, por último, la culpabilidad es un elemento determinante de especies en el ilícito penal…”. Asimismo, dijo que: “…la sentencia absolutoria dictada en sede penal -aun cuando tuvo por demostrado el hecho que dio motivo a la sanción disciplinaria- no resulta vinculante para la Administración… Es decir que…la diferencia de naturaleza entre la sanción penal y la administrativa -con su ya referida independencia- determina lógicamente que numerosas conductas puedan constituir faltas disciplinarias sin ser delitos…los elementos de convicción que bastan para imponer una sanción disciplinaria, dentro de la potestad propia del poder administrador, difieren respecto del grado de prueba indispensable para condenar en sede penal por un delito…el pronunciamiento de la Administración es independiente del judicial en caso de absolución o sobreseimiento en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro fuero y de las distintas finalidades de las responsabilidades disciplinaria y penal…”.-
La Procuración General del Tesoro de la Nación se ha pronunciado en la misma dirección. En su Dictamen 253:113 sostuvo que: “…el sumario administrativo disciplinario es, en principio, independiente de la causa penal que se origine en los mismos hechos […]. El sobreseimiento definitivo de los agentes públicos en sede penal no obsta a que se valore su conducta en sede administrativa, y a que se les apliquen sanciones correspondientes de acuerdo con las constancias del sumario administrativo. El sobreseimiento penal de un agente público no hace cosa juzgada para la Administración cuando se debe a la falta de encuadramiento en una figura penal”. En sentido análogo también ha expresado que: “…la absolución en el orden judicial no significa inculpabilidad administrativa porque el hecho de que no concurra delito punible, no supone la inexistencia de responsabilidad o falta administrativa y ello es así si se tiene en cuenta que el poder disciplinario de la administración tiene presente no solo el aspecto delictual sino también el netamente administrativo, cuya zona de responsabilidad es mucho más extensa” (Dictamen 108:34).-
En razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados que se ha descripto, el artículo 3º del RRDP estipula que: “Desde el punto de vista disciplinario, la conducta del personal se juzgará, exclusivamente, de acuerdo con estas disposiciones y con independencia de otras decisiones de otras Autoridades en aspectos que a ellas competan; pero no podrá contestarse en lo administrativo la existencia de hechos o la culpabilidad, tenidos por probados en juicio criminal.”, lo que se robustece con el artículo 179 del mismo régimen, en cuanto dispone que: “La resolución condenatoria puede dictarse en cualquier momento sin esperar la resolución judicial, cuando hubiere suficientes elementos para el juicio administrativo”.-
Teniendo en consideración las razones hasta aquí vertidas resulta claro, entonces, la inviabilidad de la hermenéutica sugerida por el accionante en torno al artículo 3º del RRDP. No parece razonable forzar la interpretación de la letra de la norma, extendiéndola a un supuesto diferente al que se ha tenido en miras, máxime cuando el propio reglamento prescribe que sus normas deben interpretarse teniendo en consideración que su finalidad es afirmar y mantener la disciplina (cfr. art. 4°). Adicionalmente, cabe tener presente que el oficio glosado a fs. 274 del sumario administrativo en modo alguno refiere a la existencia de hechos o a su culpabilidad, ciñéndose exclusivamente a informar que la causa se ha archivado, sin aportar mayores elementos, lo que habla a las claras de lo inapropiado de forzar la asimilación sugerida por el demandante.-
En virtud de lo expuesto, ha de arribarse a la conclusión de que el archivo de la causa penal no puede considerarse válidamente como demostrativo de un supuesto vicio en el elemento causa del acto administrativo que dispuso su cesantía.-
VI. En otro orden de ideas, el accionante alega exceso de punición y desigualdad de trato. Dice que otros cuatro asistentes al evento consumieron bebidas alcohólicas y que incluso dos de ellos (Pérez y Tula) estaban totalmente ebrios y perdieron momentáneamente el conocimiento. Resalta que, en este contexto, únicamente su parte recibió la máxima sanción, mientras dos de los otros participantes obtuvieron sanciones menores y los restantes no fueron penalizados. Expresa que esta circunstancia configura un supuesto de discriminación que colisiona con el artículo 9° de la Constitución Provincial y que genera la nulidad del Decreto Nº 1148/20 (cfr. PE39437-2020, págs. 7/8).-
En el ámbito disciplinario la Administración obra ejerciendo, en principio, atribuciones propias que se encuentran en el marco de su zona de reserva como consecuencia de la división de poderes, de modo que compete al organismo que ejerce atribuciones de tal naturaleza apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar la sanción; de lo que se sigue que la potestad revisora del Poder Judicial comprende el control de legitimidad y razonabilidad, ya que se trata de una facultad discrecional de la Administración (Fallos: 304:1335; 306:1792), por manera que en el ejercicio de dichas potestades ha de reconocerse a la autoridad de aplicación una razonable amplitud de criterio de valoración de los distintos factores implicados (Fallos: 305:102 y 311:2128). La graduación de la sanción según la apreciación de la gravedad de las faltas cometidas traduce el ejercicio de facultades discrecionales, propias de la administración. Es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (Fallos: 304:721; 305:1489; 306:126).-
Conteste con el criterio enunciado, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que la estimación de la gravedad del hecho y la graduación de la sanción aplicable son atribuciones propias y discrecionales de la Administración, ajenas, en principio, a los Tribunales de justicia, en tanto se encuadren en las disposiciones legales vigentes y no medie arbitrariedad (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo X, Reg. 706, Folio 1971/1976); “…la Administración es el único juez de la sanción, resultándole ajeno al Poder Judicial censurar la discrecionalidad con la que ella cuenta en este aspecto, discrecionalidad que debe respetarse siempre que no se trasciendan los límites de lo legalmente autorizado o su ejercicio no sea irrazonable, debiendo ser la revisión judicial interpretada con criterio excepcional o restrictivo” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 969, Folio 2926/2934).-
La intensidad con que se castigan las infracciones del ordenamiento estatutario que rige los deberes y derechos del funcionario debe ser proporcional a la gravedad de la perturbación que la falta ocasiona en el funcionamiento del servicio (Fallos: 329:3617).-
Este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…al momento de graduar la sanción, la administración debe considerar, la perturbación en el servicio, reiteración de los hechos, y la jerarquía alcanzada. Siendo la actuación de la administración viciada cuando existe exceso de punición. Tal vicio…se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena dispuesta y el comportamiento que motivó su aplicación…”, agregando que: “En la determinación de la sanción a imponer, cuando el ordenamiento jurídico autoriza al órgano a elegir entre varias alternativas punitivas la más ajustada a las circunstancias del asunto en análisis, radica el ejercicio de la discrecionalidad o libertad de apreciación de las faltas con que cuenta la Administración, para ejercer su potestad disciplinaria. Y, ante el cuestionamiento judicial, incumbe al accionante acreditar la ilegitimidad, irrazonabilidad o exceso de punición en el ejercicio de tal facultad…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 969, Folio 2926/2934 cit.), vicio que se concreta ante la falta de concordancia o proporción entre la pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación (cfr. Marienhoff, Miguel S., “El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/16525/2001).-
Es en la determinación de la sanción a imponer donde radica el ejercicio de la discrecionalidad o libertad de apreciación de la entidad de las faltas con que cuenta la autoridad administrativa para ejercer su potestad disciplinaria. Y si bien ello no excluye de revisión la medida adoptada, incumbe al demandante acreditar la ilegitimidad, irrazonabilidad o exceso de punición en el ejercicio de tal facultad (cfr. SCBA, “Gallo, Gladys Viviana c/ Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial) s/ Demanda contencioso administrativa”, causa B.64.841del 23/06/2021).-
El control judicial de la graduación de la sanción en el supuesto bajo juzgamiento amerita ponderar las singularidades de la relación de empleo público entablada. Ello así, por cuanto el Sr. Aybar era Oficial Principal en actividad y ostentaba, en consecuencia, estado policial, lo que conlleva como deber esencial la sujeción al régimen disciplinario policial (cfr. art. 28, inc. a) de la Ley Nº 746).-
En torno al estado policial, el máximo tribunal del país ha sostenido -en reiteradas oportunidades- que presupone el sometimiento de su personal a las normas que estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública, sobre la base de la disciplina y la subordinación jerárquica (Fallos: 261:12; 303:559; 320:147). Estas últimas adquieren una singular importancia dentro de las fuerzas de seguridad, erigiéndose como dos principios que deben iluminar todo el accionar de sus miembros, y que hunde sus raíces, tanto en la forma piramidal de organización que estas fuerzas observan, como en la delicada misión que les fue encomendada al cuidar las vidas y los bienes de los ciudadanos, siendo, además, las depositarias del monopolio de la fuerza pública (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVI, Reg. 1014, Folio 3116/3138 cit., voto mayoritario).-
La Ley Nº 746, en su artículo 49, estipula que:
“Toda sanción disciplinaria debe ser, impuesta en relación a la naturaleza y gravedad de la falta cometida y a las circunstancias de lugar, tiempo, medio empleado y modo de ejecución, como así también del número y calidad de personas afectadas y/o presentes en la ocasión. Para graduación de las sanciones se analizará también la personalidad y antecedentes del responsable; y en particular, su conducta habitual, educación e inteligencia, y los destinos en que prestó servicios”. Similar contenido normativo exhibe el RRDP en sus artículos 38 y 39, remarcando en su artículo 40 la discrecionalidad de la potestad disciplinaria, al establecer que: “La clase y extensión del castigo queda librado al prudente arbitrio del superior que lo impone, dentro de los límites que señala este Reglamento”.- De la lectura integral y armónica de las disposiciones enunciadas precedentemente se advierte que: “…aun considerando la existencia de cierto margen de discrecionalidad para la graduación de una sanción disciplinaria, esta solo podrá ser considerada válida en tanto guarde un razonable grado de proporcionalidad con la gravedad de la falta cometida y la afectación al bien jurídico tutelado, puesto que, de lo contrario, bien por exceso o defecto de severidad, no se perseguiría adecuadamente la finalidad de preservar la disciplina y los valores inherentes a la función policial.” (cfr. Goldman, Diego H., “¿Rigen las garantías del derecho penal en los regímenes disciplinarios de las fuerzas policiales y de seguridad?”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online:
AR/DOC/4301/2017).-
Durante la instrucción del sumario quedó acreditado que el 21 de diciembre de 2016, luego de la finalización de un test de Cooper, se realizó un asado en una dependencia oficial, y en esa ocasión Aybar consumió alcohol en exceso y exteriorizó conductas inapropiadas, como ponerse a bailar sin ropa y recostarse en la misma cama en la que se encontraba reposando la Cabo Primera Pérez. En ese estado de cosas, se retiró del lugar en un móvil oficial hasta el comando radioeléctrico, donde abordó un vehículo particular, en compañía de Allolio y Pérez, para dirigirse al inmueble de esta última; allí, Aybar mediante el empleo de fuerza física la sujetó y besó sin su consentimiento (cfr. fs. 102/105). Las circunstancias agravantes, a su vez, fueron minuciosamente detalladas por el Consejo de Disciplina, quien puso de resalto que la indisciplina fue cometida en frente de otros suboficiales y que en ese momento Aybar era quien ostentaba el mayor grado jerárquico. Ponderó, asimismo, los perjuicios causados y las alteraciones que ese evento provocó con posterioridad en la conducta de Pérez (cfr. fs. 228/242).-
De este modo, la autoridad administrativa consideró que Aybar incurrió en falta grave, en los términos del artículo 9º del RRDP, aplicando los siguientes agravantes contenidos en el artículo 41: afectación al prestigio de la Institución (inc. 2º); producción de la falta en presencia de subalternos (inc. 5º); el mayor grado jerárquico de quien la cometa (inc. 6º); el carácter de Jefe de la Dependencia (inc. 7º); y el perjuicio causado a un subalterno (inc. 8º) (cfr. fs. 249 y vta. y 314/316).-
Frente a ello, el actor no logra desvirtuar la razonabilidad de la actuación administrativa. El marco normativo habilitaba a la autoridad pública a la imposición de la medida expulsiva finalmente adoptada (cfr. arts. 47, 61 y 62 de la Ley N° 746 y arts. 19, 20, 34 y 35 del RRDP). No se aprecia exceso de punición, sino que -por el contrario- la cesantía aplicada a Aybar luce proporcionada a la entidad de las faltas comprobadas, con ajuste a los recaudos de graduación anteriormente enunciados.-
Menos aún se advierte desigualdad de trato o que se haya configurado un supuesto de discriminación.-
La garantía consagrada por el artículo 16 de la Constitución Nacional no importa otra cosa que impedir distinciones arbitrarias, inspiradas en un propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases (Fallos: 327:2435; 328:4542; 329:4570, entre muchos otros). Es que el elevado fin que domina este principio es el derecho de todos a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos: 328:2829, 4044 y 329:2986).- En su construcción argumental el accionante se desentiende del concepto de igualdad anteriormente descripto. No se consta la “igualdad de circunstancias” que pregona, en virtud de que los demás efectivos policiales ostentaban una jerarquía menor y fueron sancionados por inconductas que no guardan estricta sintonía con las que -a la postre- provocaron la medida expulsiva que le fuera impuesta.-
Al igual que Aybar, el Cabo Primero Pimenta y el Cabo Tula fueron sancionados por consumir bebidas alcohólicas el día de la reunión, aunque únicamente recibieron veinte días de arresto (cfr. PE466652-2022, ESC00085723.PDF). Empero, bailar y recostarse desnudo en la misma cama en la que se encontraba descansando la Cabo Primera así como besarla sin su consentimiento fueron comportamientos atribuibles exclusivamente al accionante y que no exigen mayores inferencias interpretativas para advertir su gravedad en comparación con las inconductas de los otros dos efectivos policiales. Por su parte, los sargentos Allolio y Pérez también fueron sancionados con una cantidad inferior de días de arrestos, aunque no se ha logrado aportar mayores evidencias en torno a las circunstancias fácticas que provocaron estas últimas medidas disciplinarias (cfr. PE565022-2022, ESC00107786.pdf).- Por fuera de lo anterior, adquiere capital significación a la hora de comprender el distingo en el ejercicio del poder disciplinario la mayor jerarquía que ostentaba Aybar. Al momento de suscitarse los hechos era Oficial Principal y estaba a cargo de la Sección Fuerzas Especiales Zona Norte, puesto que el Oficial Principal Ríos se encontraba usufructuando licencia (cfr. fs. 73/77). Consiguientemente, mayor era su deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas.-
Debe tenerse en cuenta que la subordinación jerárquica policial no deriva tanto de un orden piramidal entre los órganos u “oficios” de las distintas unidades sino de una especial subordinación concatenada entre los titulares del mando. Es decir que se trata de relaciones de subordinación que se entablan no entre órganos ni oficios de mando sino entre personas, determinadas por el grado jerarquía y disciplina van siempre de la mano, son dos caras de la misma moneda. De ese modo, el juego conjunto de una jerarquía personalizada y una disciplina despersonalizadora arroja como resultado un nivel de sujeción exponencialmente mayor que el que se da entre los funcionarios públicos civiles y los asalariados privados (cfr. García, Héctor O., “Sindicalización en las Fuerzas Armadas y de Seguridad”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/265/2014). Estas premisas son recogidas por el RRDP al considerarse, por ejemplo, falta grave la omisión de reprimir actos indebidos de subalternos (art. 11, inc. 14) o considerar como agravantes el hecho de que la falta se produzca en presencia de subalternos o la mayor jerarquía del agente sancionado (art. 41, incs. 5º y 6º).-
En razón de ello, la indisciplina de Aybar no es asimilable a las faltas en la que incurrieron los subalternos que se encontraban a su cargo. De él dependía el control de los actos de sus inferiores en la escala jerárquica y, sobre todo, de él se esperaba un desempeño que sirviera de ejemplo para quienes se encontraban a su cargo.-
VII. En definitiva, de conformidad con los fundamentos vertidos hasta aquí, teniendo en consideración los hechos que originaron la investigación administrativa, las pruebas recogidas durante la instrucción del sumario disciplinario y las defensas intentadas por el actor, se advierte que la cesantía aplicada luce ajustada a derecho.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto por la negativa.-
Los Dres. Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Daniel Mauricio Mariani, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento lo expresado en la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Daniel Aybar en PE39437-2020 y su ampliación de PE55933-2021, OTR00001074.pdf contra la Provincia de Santa Cruz; imponiéndose las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600; y difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Paula Ernestina Ludueña Campos, Alicia de los Ángeles Mercau, Fernando Miguel Basanta y Daniel Mauricio Mariani, adhieren al pronunciamiento propuesto por la Dra. Reneé Guadalupe Fernández.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente
Río Gallegos, 13 de junio de 2024.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, Reneé Guadalupe Fernández, Fernando Miguel Basanta y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazando la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Sr. Héctor Daniel Aybar en PE39437-2020 y su ampliación de PE55933-2021, OTR00001074.pdf contra la Provincia de Santa Cruz.-
3. Difiriendo la regulación de honorarios del letrado interviniente -por la parte actora-, hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
4. Regístrese y notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007C.241 Tomo: XIX Sentencia: 1150 Folio N°: 3743/3757 Secretaría: 1
Fin de la sentencia