Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 31156-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto es improcedente el recurso interpuesto en tanto constituye una mera reedición de las objeciones formuladas en instancias anteriores, sin hacerse cargo de rebatir cada una de las cuestiones que fueron detalladamente analizadas por el Tribunal Fiscal, tanto respecto de la prescripción como en cuanto a la determinación del tributo y las multas.
5Que, cabe recordar que la valoración del Tribunal Fiscal con relación a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, de ningún modo la actora ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión.
A lo expuesto cabe agregar que la oportunidad para producir las pruebas fue ante el Tribunal Fiscal por lo que si por su propia negligencia no las produjo ya perdió la oportunidad de hacerlo.
Todo lo expuesto determina la deserción del recurso en virtud de lo previsto en el art. 266 del CPCCN. Con costas (art. 68, primera parte del CPCCN). ASI SE RESUEL- VE.
6Que, en atención a la intimación cursada a fs. 807, pto. V, , sin que la parte actora haya cumplido con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $500 diarios a partir del quinto día de notificada la presente hasta tanto cumpla con la presentación de los datos necesarios para la determinación del tributo. …
—SALA IV-
CAF 58751/2019/CA2 AYBAR LUIS ALBERTO (TF 31156-i) C/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2023.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 180/182 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la excepción de prescripción articulada por la actora, con costas.
Para así resolver consideró que en el caso de autos el 26/10/2006 se había dictado la resolución 115/06 determinando el Impuesto al Valor Agregado de los períodos de marzo a diciembre de 2001, la que se encontraba apelada ante ese tribunal, surgiendo de las actuaciones de dicha causa que la vista que fija el art. 17 de la ley 11.683 fue corrida el 30/9/2005.
Por lo tanto, teniendo en cuenta la suspensión dispuesta en el art. 65 último párrafo de la ley 11.683, sólo cabía concluir que a la fecha del dictado de la resolución apelada (13/12/2007) la prescripción no se había operado, razón por la que correspondía rechazar tal excepción.
2. Que, en cuanto al fondo, a fs. 684/687 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones nº 267/2007, 849 y 850 del 2015 mediante las cuales se habían impugnado las declaraciones juradas respecto del IVA por los períodos fiscales 1/2000 a 2/2001 y se había determinado de oficio dicho impuesto estableciendo saldos a favor del organismo con más intereses y multas conforme los arts. 46 y 47 de la ley 11.683, Para así resolver efectuó las siguientes consideraciones:
a- En las actuaciones administrativas se habían detectado movimientos relativos a compras de divisas extranjeras celebradas entre el contribuyente y la entidad cambiaria Giovinazzo SA. Se había circularizado a dicha entidad, obteniendo como respuesta el detalle de las operaciones y copias de los boletos que acreditaban la compra de moneda extranjera, observándose que las transacciones habían sido canceladas contra entrega de cheques. Cabía destacar que de los movimientos de la empresa actora no se había observado que dichos instrumentos se correspondieran con los abonados a la casa de cambios. b- Si bien había ofrecido prueba informativa para avalar sus dichos se puso en evidencia la falta de interés por instar dicha probanza al haberse dado por decaída. Asimismo, cuando se le solicitó avalar sus manifestaciones respondío que no llevaba registros contables. Como corolario la información aportada de manera informal por la actora carece de total valor probatorio, no habiendo acreditado el origen de los valores canjeados en Giovinazzo SA. Tampoco justificó la supuesta actividad de intermediación financiera que había efectuado ni los valores depositados en sus cuentas bancarias o en las de su padre. Era mérito del contribuyente demostrar que no había incurrido en la omisión de ingresos, lo que no había sucedido en autos, al no lograr refutar la presunción aplicada por el ente fiscal.
c- Cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugna la demostración de los hechos.
d- En conclusión, al no obrar en autos constancias suficientes que permitan tener por acreditados sus dichos y teniendo en cuenta que la actora había ofrecido prueba que no había sido producida, resulta procedente la estimación efectuada por el Fisco, por lo que corresponde confirmar la resolución apelada al igual que las sanciones impuestas, atento la falta de elementos probatorios tanto en sede administrativa como ante el a-quo.
3. Que, la actora interpuso recurso de apelación contra las mencionadas sentencias y expresó agravios a fs. 699/673 vta., los que fueron contestados por su contraria a fs. 794/802 vta. En cuanto a la prescripción, sostiene que los plazos comenzaron a correr desde el 1/1/2001, por lo que habiendo transcurrido el plazo previsto en el artículo 56 de la ley 11.683 su parte se encontraba liberada definitivamente del cumplimiento de la obligación. Afirma que resulta de aplicación al caso el art. 3947 del CC. Plantea la nulidad del acto de determinación pues sostiene que se encuentra afectado su derecho de defensa al haberse denegado las pruebas que había ofrecido oportunamente.
Afirma además, que la resolución administrativa fue dictada por un contador público, por lo que debió contar con un dictamen jurídico previo.
En cuanto al fondo de la cuestión, sostiene que el contribuyente actuó como agente financiero de terceros con mandato de cobranza de valores recibidos por éstos y los fondos recepcionados en tal sentido poseían otro destino diferente al encomendado por el mandato y que fue desconocido por el Fisco.
Manifiesta en tal sentido que los funcionarios de la AFIP omitieron en forma deliberada la información y aclaraciones aportadas por el contribuyente en forma verbal y a través de terceros que indicaron que los valores depositados en las cuentas de AYBAR eran de propiedad de éstos y sólo se les había encomendado la gestión de cobranza mediante depósito bancario.
Sostiene que no se tuvo en cuenta que su parte manifestó que la información aportada por Giovinazzo SA, relativa a la venta de cheques para la compra de divisas era apócrifa.
—SALA IV-
CAF 58751/2019/CA2 AYBAR LUIS ALBERTO (TF 31156-i) C/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Aduce que el expediente administrativo se basa en presunciones sobre los hechos y los métodos utilizados por los inspectores violan los derechos amparados por la Constitución Nacional.
Se agravia de las sanciones aplicadas. Entiende que resulta de aplicación al caso el principio de “insignificancia o bagatela”, el cual establece que el juez podrá eximir de sanción al responsable cuando la infracción no revistiese gravedad.
Solicita que en su caso la conducta sea reencuadrada dentro de la figura de omisión y se reduzca al mínimo legal.
Finalmente, ofrece pruebas a los fines de acreditar sus dichos.
4. Que, en primer lugar, cabe señalar en cuanto al recurso de revisión y apelación limitada, que cualquiera de las partes puede interponerlo en el plazo de treinta días hábiles contados desde la notificación de la sentencia del Tribunal Fiscal. Dicho recurso debe limitarse a la mera interposición, sin sujetarse a formalidad alguna, salvo la de manifestar su intención de apelar. Vencido ese plazo, el recurrente tiene un término de quince días para expresar agravios.
En el caso de autos, la actora interpuso el recurso a fs. 699 vta./673 vta., fundándolo en ese mismo acto, cuando en realidad debió limitarse a su interposición, expresando agravios posteriormente.
A lo expuesto cabe agregar que el referido escrito reproduce en forma mecánica y literal el recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal, sin efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos desarrollados por dicho organismo.
Nótese en tal sentido que reitera el ofrecimiento de las mismas pruebas que habían sido ya ofrecidas ante el a-quo, debiendo destacarse al respecto que a fs. 246 se le había dado por decaido su derecho a producir la prueba pericial contable por su propia negligencia.
Cabe enfatizar que la crítica debe significar un ataque directo y pertinente a la fundamentación, tratando de demostrar los errores jurídicos y fácticos que pudiese contener, punto por punto, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a derecho, y el escrito debe bastarse así mismo.
Ello implica el estudio de los razonamientos del juzgador, resaltando las equivocadas duducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas e indicando las bases jurídicas.
Por lo expuesto es improcedente el recurso interpuesto en tanto constituye una mera reedición de las objeciones formuladas en instancias anteriores, sin hacerse cargo de rebatir cada una de las cuestiones que fueron detalladamente analizadas por el Tribunal Fiscal, tanto respecto de la prescripción como en cuanto a la determinación del tributo y las multas.
5. Que, cabe recordar que la valoración del Tribunal Fiscal con relación a la prueba y su suficiencia es una cuestión de hecho, reservada a ese organismo, que excede, en principio, el conocimiento que compete a esta Cámara y, en el caso, de ningún modo la actora ha probado que dicho tribunal hubiese incurrido en arbitrariedad en su decisión.
A lo expuesto cabe agregar que la oportunidad para producir las pruebas fue ante el Tribunal Fiscal por lo que si por su propia negligencia no las produjo ya perdió la oportunidad de hacerlo.
Todo lo expuesto determina la deserción del recurso en virtud de lo previsto en el art. 266 del CPCCN. Con costas (art. 68, primera parte del CPCCN). ASI SE RESUEL- VE.
6. Que, en atención a la intimación cursada a fs. 807, pto. V, , sin que la parte actora haya cumplido con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, aplíquense astreintes de $500 diarios a partir del quinto día de notificada la presente hasta tanto cumpla con la presentación de los datos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de ello, y a fin de no demorar el trámite del expediente, pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el pto. 10, in fine, de la acordada 20/92. ASI TAMBIÉN SE DECIDE.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
Marcelo Daniel Duffy Jorge Eduardo Morán Rogelio W. Vincenti
Fin de la sentencia