Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 6810
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar el fallo de grado con el alcance indicado en el apartado III) del voto que concitó adhesión. Imponer las costas de ambas instancias a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-; art. 77 del C.P.C.A.; art 274 del C.P.C.C.).
2Atento el nuevo resultado del pleito, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en el fallo de grado en beneficio de los letrados del Municipio demandado (art. 203 del decreto ley 6769/58) y, a su vez, readecuar los honorarios regulados a la letrada de la parte actora por las labores cumplidas ante la primera instancia, fijando los estipendios profesionales de la Dra. María Laura Magnaterra -por su actuación en la instancia de grado- en la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 1.856,00) –equivalente a cuatro (4) jus cfr. art. 1° del Acuerdo S.C.B.A. N° 3803 del 06-VI-2016-, con más los aportes de ley [arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 44 inc. a) y concordantes del decreto ley 8904/77; arts. 12 inc. “a” y 16 de la ley 6.716].
3Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 02 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-6810-AZ1 “RED LINK S.A. c. O.M.I.C. OLAVARRIA s. PRETENSIÓN ANULATORIA – OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora y Riccitelli, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul rechazó la demanda anulatoria interpuesta por Red Link S.A. contra el acto administrativo dictado por la Oficina de Información al Consumidor de la Municipalidad de Olavarría (Res. N° 16 del 06-10-2011), que en el marco del expediente administrativo N° 485/2009 le impuso una sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000,00) por la infracción de la normativa que protege los derechos de los consumidores y usuarios (en concreto, el art. 42 de la C.N. y arts. 5 y 40 de la Ley 24.240) y por la transgresión de las Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (más precisamente aquellas identificadas como “A 3390” y “A 3244”), más la suma de pesos quince ($ 15,00) en concepto de costas por la actuación administrativa. Impuso las costas del proceso a la actora vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A.) y reguló honorarios (cfr. fs. 268/278, sent. del 22-04-2016).
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 283/294 por la actora (cfr. proveído de fecha 13-9-2016, fs. 337), y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. El juez de grado rechazó íntegramente la pretensión anulatoria incoada por la parte actora, con el alcance indicado en la sección Antecedentes, a la que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
Luego de relevar las posiciones de cada litigante y repasar aquellas normas jurídicas -tuitivas de los derechos de consumidores y usuarios- que considera relevantes para resolución del caso, definió el contorno de la litis advirtiendo que correspondía analizar el acto administrativo impugnado desde la transcendencia que cabía otorgarle a la prestación del servicio como deber fundamental a cargo del proveedor.
Abocado a dicha tarea, se inclinó por la legitimidad del acto administrativo sancionador emitido, por cuanto afirmó que los supuestos vicios achacados por la actora confrontan con el deber de prestación del servicio, el cual –adelantó- fue incumplido por la empresa accionante.
Para así decidir, recordó que el denunciante se comunicó con Red Link S.A. con el objeto de poner en su conocimiento que había olvidado la tarjeta de débito en el cajero automático y evitar, así, que se genere un perjuicio ante la posible extracción de dinero por parte de terceros. Con ello en miras, entendió que una completa y adecuada prestación del servicio hubiera evitado, a través de una solución idónea, los perjuicios que sufrió el usuario en razón de las extracciones de dinero efectuadas posteriormente generadas.
En tales términos, rechazó la demanda inclinándose por la legitimidad del acto administrativo impugnado.
2. La parte actora, disconforme, deduce recurso de apelación y funda a fs. 283/294.
2.1. Niega –a contramano de lo resuelto en el fallo de grado- haber incumplido con la prestación del servicio, por cuando alega que la conclusión a la que allí se arribó carece de todo respaldo probatorio apuntalándose, únicamente, en las manifestaciones del denunciante. Así, la recurrente critica que el a quo haya tenido por cierto que el usuario intentó comunicarse a Red Link S.A.
–obteniendo un resultado negativo- con anterioridad a la denuncia telefónica efectivizada bajo el N° 214888 y que dicha demora en la atención haya impedido concretar la inhabilitación de la tarjeta en forma oportuna y, consecuentemente, evitar las extracciones de dinero que sufrió el denunciante. En apoyo de su postura, recuerda que el Municipio demandado reconoció en la audiencia celebrada 11-06-2014 la documental agregada a fs. 15 vta., por medio de la cual se acompañó al sub lite -en formato digital (CD-ROM)- la grabación de denuncia telefónica N° 214888. Luego de transcribir dicha comunicación, aduce que de esta es posible desprender: i) que sucedido el hecho, es falso que el denunciante se haya intentado comunicar inmediatamente con Red Link; ii) que concretada la denuncia –la cual afirma que se materializó con posterioridad a las extracciones efectuadas por un tercero por un total de pesos un mil doscientos ($ 1.200,00)- la empresa obró en debida forma inhabilitando la tarjeta. Con ello en miras, manifiesta que en la instancia conciliatoria no arribó a ningún acuerdo, por cuanto la imprudencia con la que actuó el usuario del servicio impide la devolución del dinero extraído ilícitamente por terceros.
Asimismo y teniendo en cuenta lo anterior, afirma que tampoco existió una violación a la obligación de seguridad consagrada en el art. 5 de la Ley 24.240.
2.2. También se agravia de que el juez de grado no haya considerado la ruptura del nexo causal por culpa de la víctima como eximente de responsabilidad en los términos de la última parte del art. 40 de la Ley 24.240. En tal sentido, recuerda que el propio denunciante reconoció que olvidó la tarjeta de débito –de titularidad de su esposa- en el cajero automático en el cual operó, advirtiendo tal circunstancia recién cuando -ya de regreso- arribó a su hogar.
Por otro lado, refuerza su postura afirmando que no existió deficiencia alguna en la prestación del servicio por parte de Red Link, pues sostiene que el cajero funcionó normalmente (en concreto puntualiza que no existió un caso de retención del plástico) y que la inhabilitación de la tarjeta se efectuó con el llamado del denunciante, el cual –según remarca- no se habría realizado inmediatamente sino una hora después de sucedido el hecho.
De tal forma, entiende que las circunstancias apuntadas liberan a la empresa de cualquier responsabilidad y que ello no podría verse afectado por la situación de vulnerabilidad o debilidad en la que se encuentran inmersos los consumidores en su carácter de tales.
2.3. Por último, se duele de la imposición de costas que a su exclusivo cargo decidiera el a quo y solicita que las mismas sean distribuidas en el orden causado de conformidad a lo estipulado por el art. 51 inc. 1° -segunda parte- del C.P.C.A..
3. La Comuna demandada contestó el traslado del recurso de apelación a fs. 314/318 y solicitó su rechazo.
II. El recurso es de recibo.
1. En primer lugar, y antes de cualquier análisis respecto del recurso interpuesto, es necesario recordar que desde el 1º de Agosto de 2015 [conf. art. 7 ley 26.994, modif. por ley 27.077], se encuentra en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación [Ley 26.994]. En virtud de ello, corresponde liminarmente determinar qué ley –conforme su aplicabilidad en el tiempo-, debe ser utilizada para resolver la cuestión.
En tal sentido, es del caso señalar que el art. 7 del nuevo Código determina que: “a partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo”.
De tal modo, al consagrar el principio de “aplicación inmediata de la ley” –que supone aplicación de las nuevas normas para el futuro y con posterioridad a su vigencia-, el art. 7 del nuevo ordenamiento vigente descarta su aplicación retroactiva salvo excepciones puntuales. Así, se halla vedada –en principio- la aplicación de las nuevas leyes a situaciones o relaciones jurídicas ya constituidas, o a efectos ya producidos, agotados o extinguidos, por lo que, la nueva ley rige para los hechos que están in fieri o en curso de desarrollo al tiempo de su sanción y no para las consecuencias de los hechos pasados que quedan sujetos a la ley anterior, pues juega la noción de consumo jurídico [conf. doct. S.C.B.A. Ac. 85.886, sent. del 30-VI-2004; C. 101.610, sent. del 30-IX-2009, C. 104.168, sent. del 11-V-2011; entre muchas otras]. Ahora bien, a la luz de lo expuesto cabe determinar si casos como el presente, en el que se persigue la revisión de una sanción impuesta por un organismo municipal por aplicación de preceptos propios del Estatuto de los Consumidores y Usuarios, en ejercicio de competencias expresamente atribuidas –cfr. Ley 24.240, modif. por Leyes 26.994 y 27.077; arts. 79, 80, 81, 82 y ccdtes. de la ley 13.133, y sus modif.; cfr. arg. doct. esta Cámara causa 1680-MP “Juzgado Nº 4 del Tribunal de Faltas del Partido de General Pueyrredon”, res. del 4-III-2010]-, debe resolverse con apoyatura en la normativa ahora derogada o si deviene de aplicación la nueva preceptiva del Código Civil y Comercial de la Nación.
Y ya dando una respuesta al tema, estimo que tanto el acto dictado en sede administrativa así como la totalidad del proceso impugnatorio posterior se desenvolvió en forma previa a la entrada en vigencia de la Ley 26.994, por lo que debe prevalecer la normativa que rigió en dicho interregno [cfr. arg. doct. esta Cámara causas P-1990-MP1 “Fisco c. Speroni”, res. del 3-IX-2015; C-6146-MP1 “Swiss Medical S.A.”, sent. del 17-III-2016].
2. Despejada tal cuestión, y a fin de una mejor comprensión de la solución que finalmente propondré, estimo acertado precisar los contornos de los hechos que dieron origen al presente caso.
De las actuaciones administrativas N° OMIC/0485/2009 que en este acto tengo a la vista, se desprende que con fecha 03-11-2009 el Sr. Héctor A. Cavalieri formuló una denuncia ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor de la Municipalidad de Olavarría, dirigida contra el Banco de la Nación Argentina y Red Link S.A. en base a los siguientes hechos: i) que con fecha 30-10-2009 –aproximadamente a las 20:48 horas el denunciante se dirigió a la sucursal del Banco de la Nación Argentina sita en la intersección de las calles Vicente López y Belgrano de la ciudad de Olavarría a los efectos de realizar una extracción de dinero –a través de los cajeros automáticos que se encuentran instalados en dicha entidad financiera- con la tarjeta de débito titularidad de su esposa María del Carmen Ciprés; ii) que luego de realizar la operación y una vez que arribó a su domicilio, el Sr. Cavalieri advirtió que había olvidado la tarjeta de débito en el cajero con el cual operó, razón por la cual si bien regresó inmediatamente a la sucursal bancaria no logró recuperar el plástico; iii) que ante dicha situación manifestó que inmediatamente llamó a la empresa Red Link S.A. -al número telefónico 011-4317-1480- para informar sobre la pérdida de la tarjeta aunque remarcó que, como nadie lo atendía, recién logró comunicarse con la operadora Mónica López a las 21:53 horas, la cual le tomó la denuncia y le informó que con posterioridad a la extracción por él realizada (v. fs. 39) tuvieron lugar dos extracciones de dinero más por un total de pesos mil doscientos ($1.200,00); iv) que a los efectos de llevar adelante la denuncia policial que efectuó con fecha 31-10-2009 (v. fs. 37/38), requirió sin éxito las filmaciones de la sucursal, debido a que la operadora que lo atendió le habría informado que las cámaras no funcionaban hacía diez días y que tampoco existía en la puerta de acceso un lector que identifique las tarjetas que ingresan (cfr. denuncia obrante a fs. 36 y documentación de fs. 37/39).
2.1. Transcurrido el derrotero procedimental de rigor, con fecha 06-10-2011 la Secretaría de Asuntos Legales y Administración General del Municipio demandado dictó el acto cuestionado por la accionante, a través del cual resolvió aplicar a Red Link S.A. una sanción de multa de pesos cinco mil ($ 5.000,00) por haber constatado la violación a lo dispuesto por el art. 42 de la C.N, los arts. 5 (protección al consumidor) y 40 (responsabilidad solidaria) de la Ley 24.240 así como por la transgresión de las Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina (más precisamente aquellas identificadas como “A 3390” y “A 3244”), más la suma de pesos quince ($ 15,00) en concepto de costas por la actuación administrativa.
Para fundamentar su decisión -en lo que aquí concierne- señaló: i) que analizando el sistema de responsabilidad por daños que diseña la Ley de Defensa al Consumidor se desprende -por un lado- el carácter objetivo de la responsabilidad del proveedor en todos los casos regidos por ella y -por otro- una interpretación ceñida de su art. 10 bis permitiría inferir que la única causal eximente válidamente esgrimible por el proveedor es el caso fortuito o fuerza mayor, descartando así la posibilidad de que éste invoque el hecho (o culpa) del tercero o de la víctima para liberarse de responsabilidad por daños; ii) que el Sr. Cavalieri, en su carácter de usuario protegido por la Ley 24.240, utilizó el servicio con el consentimiento de su esposa –titular de la tarjeta de débito- en razón de que aquel no solo poseía el plástico y la clave secreta para operar sino porque además su cónyuge ratificó expresamente lo actuado por él durante la instancia administrativa, situación que confirma un “uso y costumbre” que se encontraría justificado en el carácter ganancial que el art. 1272 del Código Civil (t.a.) le otorgaría a los frutos civiles de la profesión, trabajo o industria de ambos cónyuges; iii) que la falta de filmaciones en las instalaciones del cajero –al momento en que sucedieron los hechos- genera un incumplimiento por parte del prestador en cuanto a la obligación de seguridad del servicio, prevista expresamente en la normativa del B.C.R.A., por lo que mal podría pesar la responsabilidad sobre el denunciante; iv) que en virtud del art. 42 de la C.N. –el cual en su parte pertinente manda a proteger la seguridad e intereses económicos de consumidores y usuarios- y del art. 40 de la Ley 24.240 –que establece la responsabilidad solidaria de aquellas empresas que comparten una finalidad económica común- corresponde hacer responsable del daño producido en forma concurrente a Red Link S.A. [cabe precisar que con fecha 18-11-2011 la Autoridad de Aplicación dictó en el mismo expediente administrativo otro acto sancionatorio a través del cual le impuso una multa de pesos seis mil ($ 6.000,00) al Banco de la Nación Argentina (v. fs. 144/147)] [v. fs. 136 a 141].
2.2. Conforme el contexto descripto, debo aclarar que han arribado firmes a esta instancia revisora las siguientes circunstancias: i) que luego de realizar una extracción de pesos setecientos noventa ($790,00) entre las 20:49 y las 20:50 horas del día 30-10-2009, el Sr. Cavalieri advirtió –al momento en que arribó a su domicilio- que había olvidado la tarjeta de débito n° 4398183845695036 en el cajero del Banco de la Nación Argentina en el cual había operado recientemente, razón por la cual si bien habría regresado de inmediato a dicha sucursal, no logró recuperar el plástico; ii) que dos minutos después de la operación bancaria llevada a cabo por el denunciante, terceros realizaron –exactamente a las 20:52 horas del mismo día- dos extracciones de la cuenta titularidad de su cónyuge [la primera de pesos trescientos ($ 300,00) y la segunda de pesos novecientos ($ 900,00)] por un total de pesos mil doscientos ($ 1.200,00) (v. fs. 16, 36, 37/38, 42 y 119); iii) que a las 21:48 horas al lograr comunicarse con el n° 011-4317-1480 el denunciante informa lo sucedido y la operadora de Red Link S.A. –de nombre Mónica López- procede a inhabilitar la tarjeta de débito en cuestión, quedando registrada la denuncia bajo el n° 214888 (cfr. grabación de la comunicación telefónica incluída en CD-ROM a fs. 16, cuyo contenido fue reconocido a fs. 192 por el Municipio demandado en ocasión de la audiencia celebrada el 11-06-2014 a los fines previstos por el art. 41 del C.P.C.A.)
3. Seguidamente, y en forma previa a emprender el abordaje de los agravios volcados en el memorial bajo tratamiento, resulta conveniente que efectúe un repaso de aquella normativa que el Municipio demandado reputa transgredida por la aquí accionante.
En primer lugar, recuerdo que el art. 42 de nuestra la C.N. establece –en lo que aquí interesaque “…Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos…”.
Asimismo, la Ley 24.240 en su artículo 5° determina que “…las cosas y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso, no presenten peligro alguno para la salud o integridad física de los consumidores o usuarios…” mientras que en su art. 40 -incorporado por el art. 4º de la Ley Nº 24.999 B.O. 30/7/1998- precisa que “…si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena…”.
Por último, cabe resaltar que, por un lado, la Comunicación del B.C.R.A. “A 3390” -de fecha 21-12-2001- fija las medidas mínimas de seguridad en las entidades financieras –más precisamente en su punto 5.1.3.2. obliga a aquellas sucursales con cuyos cajeros automáticos funcionen las 24 horas a contar con un dispositivo que permita registrar imágenes- y que, por otro, a través de la norma identificada como “A 3244” -de fecha 04-04-2001- se enuncian una serie recomendaciones, dispuestas por la Autoridad Financiera, para el uso de los cajeros automáticos (v. fs. 69/78).
4. Sin más preámbulos, analizaré las circunstancias del caso a la luz de las premisas precedentemente expuestas, adelantando desde ahora que -en los términos que pasaré a exponer-, asiste razón a la empresa recurrente en su pretensión.
4.1. Con relación al deber de seguridad [protección al consumidor, art. 5 de la Ley 24.240], el funcionario municipal lo consideró quebrantado por la sociedad actora con una construcción argumental rayana con el dogmatismo. Ninguna mención a circunstancias concretas, alegadas y probadas por la denunciante sobre el riesgo cierto o la lesión a su salud o seguridad física, se formula empero en el acto administrativo enjuiciado ni tampoco en la sentencia de primera instancia al abordarse esta problemática, por fuera de la solitaria alusión –sin mayores precisiones- a una supuesta falta de prestación del servicio a la que el a quo recurrió para avalar la sanción pecuniaria impuesta a Red Link S.A.
Tiene dicho esta Cámara en la causa C-4234-AZ1 "Rutas al Sur S.A." [sent. de 19-XII-2013] que más allá de la concurrencia de un perjuicio material, lo cierto es que de no hallarse debidamente configurado el ilícito administrativo reprochado –poner en riesgo con peligro cierto la salud y seguridad del consumidor o usuario-, el acto administrativo sancionador asentado sobre tal premisa es irregular y pasible de anulación judicial por estar afectado en sus elementos objeto y motivación (art. 5 Ley N° 24.240 y 103 segundo párrafo y 108 de la Ord. gral. 267/80).
Por ello, sin prueba efectiva sobre circunstancias suficientemente demostrativas de desprotección de la salud o integridad física del consumidor o usuario, mal puede juzgarse presente una violación al deber instituido por el art. 5 de la Ley 24.240, cuando en el sub lite solo se encuentra acreditado que el denunciante sufrió un perjuicio de carácter estrictamente económico [v. fs. 16, 36, 37/38, 42 y 119]. Así, entiendo que la imputación de quebrantamiento del deber instituido por el art. 5 de la Ley 24.240 formulado por la funcionaria municipal es producto de un razonamiento administrativo dogmático, sin anclaje técnico ni fáctico que lo descalifica, tornando irregular el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria nacida para tutelar el derecho del consumo.
4.2. Sentado lo anterior y visto –de un ladoel entramado fáctico que exhibe el sub examine y –de otro- los escasos fundamentos expuestos por el sentenciante de grado para arribar al pronunciamiento en crisis, entiendo pertinente realizar una precisión preliminar.
He de recordar, en primer lugar, que son varias las entidades que pueden participar en el complejo negocio multilateral de los cajeros automáticos, razón por la cual conviene identificar brevemente el rol que cada una de ellas asume para luego poder analizar la responsabilidad derivada de los daños que podrían ocasionarse por la utilización de dichos dispositivos tecnológicos.
Consecuentemente y ciñéndome estrictamente a los hechos que subyacen de las presentes actuaciones, encuentro que las entidades que participaron directa o indirectamente en la prestación del servicio de cajero automático aquí controvertido, resultan: (i) el Banco de la Provincia de Buenos Aires -como parte integrante de la relación de consumo que lo vincula con la cónyuge del denunciante por ser ésta titular de una caja de ahorro a través de la cual percibe sus haberes jubilatorios- (v. fs. 30 y 130); (ii) el Banco de la Nación Argentina por presentarse como titular de la sucursal bancaria y propietario del cajero automático involucrado en los hechos que motivaron la denuncia (v. fs. 36, 37/38, 39 y 118); (iii) Red Link S.A. como administradora de la red de cajeros automáticos a la cual pertenece el dispositivo desde el cual se efectuaron las extracciones de dinero (v. fs. 36, 37/38, 39 y 121).
Conforme lo reseñado supra el sistema de responsabilidad por los daños que pudieran padecer consumidores o usuarios si el mismo resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio -establecido a partir de los arts. 42 de la Constitución Nacional y 40 de la la Ley de Defensa al Consumidor-, ostenta carácter objetivo y, por tal motivo, habilita a responsabilizar solidariamente a todos los operadores económicos que participan en la prestación del servicio, con prescindencia de que hayan tenido algún comportamiento determinado. Desde tal atalaya y atendiendo a que los fondos depositados en la caja de ahorro perteneciente a la Sra. Ciprés se vieron disminuidos debido a las dos (2) extracciones que terceras personas efectuaron –ilícitamente- por un total de pesos mil doscientos ($1.200,00), es que la funcionaria municipal consideró que tanto Red Link S.A. como el Banco de Nación Argentina eran responsables por el daño material ocasionado a la titular de la cuenta [v. actos administrativos sancionatorios obrantes a fs. 136/141 y 144/147)].
Ahora bien, llegado a este punto, resulta necesario advertir que si bien –por un lado- la empresa apelante no controvierte ante esta instancia revisora (por lo menos no lo hace expresamente) su carácter de operador económico que participa en la prestación del servicio bancario de cajero automático, configurando así la responsabilidad solidaria que -en los términos del art. 40 de la Ley de Defensa al Consumidor- le endilga la funcionaria municipal (v. fs. 138/139), por otro, en cambio, se agravia de que el a quo no haya considerado la ruptura del nexo causal por culpa de la víctima como eximente de responsabilidad de conformidad con la última parte la norma antes indicada. A ésta última cuestión me abocaré a continuación.
4.3. Liminarmente, debo manifestar que disiento con aquel argumento a través del cual la funcionaria municipal sostiene que una interpretación del sistema de responsabilidad por daños de la Ley 24.240, ceñida a su art. 10 bis, permitiría inferir que la única causal eximente válidamente esgrimible por el proveedor es el caso fortuito o fuerza mayor, descartando así la posibilidad de que éste invoque el hecho (o culpa) del tercero o de la víctima para liberarse de la responsabilidad por daños.
No acompaño tal postura por cuanto la propia letra del artículo 40 del Estatuto del Consumidor dispone la liberación, total o parcial, mediante la prueba de que la causa del daño ha sido ajena al imputado, lo cual es acertado tratándose de una imputación objetiva. En orden a llevar adelante tal faena deben aplicarse las reglas generales de los arts. 901 a 906 del C.C. (t.a.) y –en lo que aquí interesa- respecto de la culpa de la víctima, habrá de estarse a su hecho más que a su culpa (cfr. art. 1111 del C.C. (t.a.) [cfr. argto. doct. LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”, Rubinzal Culzoni, 2009, segunda edición actualizada págs. 537 y 538], razón por la cual considero más apropiado referirme –en el caso- al “hecho del damnificado” siguiendo la terminología utilizada por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1729 de la Ley 26.994).
En otras palabras, la relación causal es presumida por la norma; colocando en cabeza del proveedor la prueba de su ruptura mediante el hecho del damnificado, de un tercero por quien no hay un deber de responder o en el caso fortuito o fuerza mayor. Tampoco he de perder de vista que la C.S.J.N. in re “Ledesma María Leonor c. Metrovías S.A.”, sent. del 22-04-08, fija una especial pauta orientadora para el juzgamiento del “hecho del damnificado” como eximente de la responsabilidad por daños en la relaciones de consumo. Allí el Máximo Tribunal de la Nación recuerda que “…los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial…”.
Ahora bien, atendiendo a las especiales circunstancias verificadas en el sub lite (oportunamente reseñadas en el punto “II.2.2.” este voto y a las cuales me remito en honor a la brevedad), me encuentro en condiciones de concluir –sin temor a equivocarme- que el hecho del damnificado, consistente en el olvido de la tarjeta de débito dentro del cajero automático en el cual operó, es un acto que –por sí solo- tiene aptitud para configurarse en una eximición de responsabilidad en favor de la aquí accionante. Para arribar a tal conclusión, deviene imprescindible resaltar que la falta que se le imputa al damnificado no es consecuencia de una omisión previa o deficiente prestación del servicio por parte de Red Link S.A..
Ello es así porque: (i) la pericia técnica informática producida durante el procedimiento administrativo –la cual no fue controvertida por el Municipio demandado- determinó que el día 30-10-2009 el cajero en el que se efectuaron las extracciones no registró anomalía alguna, funcionando normalmente (v. dictamen del Ing. Ricardo Mulle a fs. 121); (ii) cabe remarcar –de modo especial- que al denunciante no se le cayó o simplemente olvidó la tarjeta de débito dentro las instalaciones del cajero automático sino que, en rigor de verdad, despojado de la más mínima diligencia, olvidó el plástico dentro del dispositivo electrónico dejando la sesión abierta a cualquier operación, circunstancia que –por obvias razones prácticas propias de la dinámica de este particular servicio bancario- permite seguir realizando transacciones por un muy breve lapso de tiempo, hasta que –llegado el caso- el sistema detecta la ausencia de órdenes y procede a cerrar automáticamente la sesión, reteniendo el plástico para evitar que terceras personas puedan seguir operando.
Con ello en miras, resulta razonable sostener que la falta de activación de esta última medida de seguridad no obedeció a una deficiencia en el funcionamiento del servicio, sino más bien a que las dos (2) extracciones ilícitamente realizadas por terceras personas tuvieron lugar casi en forma simultánea al momento en que el denunciante se retiró del cajero automático (nótese que la última transacción del Sr. Cavalieri tuvo lugar a las 20:50 horas y las extracciones efectuadas por terceros sucedieron a las 20:52 horas); y (iii) aun teniendo como cierto que dicho día no funcionaron los dispositivos que registraban las imágenes del cajero (filmaciones) lo indiscutible es que no vislumbro como dicha deficiencia podría haber contribuido a que el usuario olvidara el plástico dentro del cajero y dejara –asimismo- la sesión u operación abierta, mas precisamente con la clave secreta ingresada.
Sin perjuicio de lo anterior, aun considerando que el incumplimiento de la obligación de registrar las imágenes de lo sucedido en el cajero automático impidió que el denunciante pudiera llevar a buen puerto la denuncia penal del ilícito que sufrió, lo concreto es que la regulación específica del Banco Central de la República Argentina (v. primer párrafo del punto 5.1 de la Comunicación “A” 3390 obrante a fs. 70 y primer párrafo del punto 11.1.1. de la Comunicación “A” 3244 obrante a fs. 74) coloca la mencionada carga –así como otras recomendaciones- en cabeza de las entidades financieras propietarias de los cajeros automáticos (en el caso el Banco de la Nación Argentina), razón por la cual mal podría reprocharse en este aspecto omisión alguna a Red Link S.A. o pretender extenderle –en los términos del art. 40 de la Ley 24.240- una condena solidaria en razón de la mencionada deficiencia.
4.4. A mayor abundamiento, debo resaltar que no obran en la causa elementos de juicio que permitan tener por cierto que el denunciante –una vez que regresó a la sucursal bancaria y verificó que la tarjeta ya no estaba allí- no haya logrado comunicarse inmediatamente con Red Link S.A. para realizar la denuncia correspondiente, pues –según aduce en su presentación de fs. 36- en el n° 011-4317-1480 nadie habría atendido sus llamados en forma previa a la comunicación que efectivamente concretó a las 21:48 hrs. del día 30-10-2009 y que finalmente derivó en la inmediata inhabilitación de la tarjeta (v. fs. 16, 36, 37/38 39, 42 y 119). La carga de demostrar dicho extremo fáctico corría por cuenta de quien lo alegaba, por aplicación de las reglas generales en la materia. No es posible, en las circunstancias de autos, invocar la doctrina de la distribución dinámica de la carga de la prueba (cfr. arg. doct. S.C.B.A. causa C. 118.280 “J., V.F.”, sent. del 4-III-2015), toda vez que se trataba de un hecho negativo respecto del cual, claramente, la empresa no estaba –ni por asomo- en mejores condiciones de cara a su acreditación (cfr. doct. esta Cámara en la causa C-5881-AZ1 “Bahía Automotores S.A.”, sent. del 06-X-2015).
Para más, lo cierto es el denunciante recién advirtió el olvido de la tarjeta de débito una vez que al terminar su última transacción –a las 20:50- se retiró de la sucursal y arribó finalmente a su domicilio, hecho que permite inferir que sucedió luego de las 20:52 horas, es decir en forma posterior a que tuvieron lugar las extracciones del dinero por parte de terceros. En otras palabras, ni aun habiendo Red Link S.A. inhabilitado la tarjeta en forma simultánea al momento en que el Sr. Cavalieri advirtió su olvido, hubiese sido posible que la empresa actora le brindara una solución que evitase el daño material ya consumado como consecuencia de su propio olvido.
5. Las razones hasta aquí expresadas son de por sí suficientes para descalificar el acto sancionatorio dictado por la autoridad municipal, en cuanto consideró impropiamente que la firma actora violentó la normativa que protege los derechos de los consumidores y usuarios (en concreto, los arts. 5° y 40° de la Ley 24.240) e incumplió las regulaciones del Banco Central de la República Argentina relacionadas al caso (más precisamente las Comunicaciones “A 3390” y “A 3244”).
6. En atención a la solución que propongo al Acuerdo, el tratamiento de los restantes agravios postulados deviene inoficioso (argto. esta Cámara causa C-4478-MP1 “Lemoine y Bossardt”, sent. del 22-IV-2014 -y sus citas-).
7. Con lo hasta aquí expuesto, doy por cumplimentados aquellos postulados que –ante este tipo de supuestos- tornan operativa la figura de la llamada adhesión implícita a la apelación (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-II-2009; doct. esta Cámara causas C-2476-MP1 “Alvarez”, sent. de 29-XII-2011; C-2202-MP2 “Martijena”, sent. del 12-IV-2012; C-4099-AZ1 “Casas de Malaga”, sent. del 09-VI-2014; C-5048-BB1 “Pizarro”, sent. del 07-IV-2015), lo que –consecuentemente- me autoriza a proponer la revocación de lo resuelto por el juez de grado sobre el particular.
III. Si lo expuesto es compartido, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación deducido por la parte accionante y, en consecuencia, revocar totalmente el pronunciamiento de grado, acoger la demanda articulada y declarar la ilegitimidad de la Resolución municipal enjuiciada.
Las costas de ambas instancias deberían imponerse a la accionada en su objetiva condición de vencida (arg. art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-; art. 274 del C.P.C.C.). Atento el nuevo resultado del pleito correspondería, por imperio de lo establecido por el art. 274 del C.P.C.C. (art. 77 del C.P.C.A.), corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en el fallo de grado en beneficio de los letrados del Municipio demandado (art. 203 del decreto ley 6769/58). Por su lado, sugiero readecuar los honorarios regulados a la letrada de la parte actora por las labores cumplidas ante la primera instancia, fijando los estipendios profesionales de la Dra. María Laura Magnaterra –por su actuación en la instancia de grado en la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 1.856,00) –equivalentes a cuatro (4) jus cfr. art. 1° del Acuerdo S.C.B.A. N° 3803 del 06-VI-2016-, con más los aportes de ley [arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 44 inc. a) y concordantes del decreto ley 8904/77; arts. 12 inc. “a” y 16 de la ley 6.716].
Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Riccitelli, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, vota a cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la actora y revocar el fallo de grado con el alcance indicado en el apartado III) del voto que concitó adhesión. Imponer las costas de ambas instancias a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –t.o. ley 14.437-; art. 77 del C.P.C.A.; art 274 del C.P.C.C.).
2. Atento el nuevo resultado del pleito, dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en el fallo de grado en beneficio de los letrados del Municipio demandado (art. 203 del decreto ley 6769/58) y, a su vez, readecuar los honorarios regulados a la letrada de la parte actora por las labores cumplidas ante la primera instancia, fijando los estipendios profesionales de la Dra. María Laura Magnaterra -por su actuación en la instancia de grado- en la suma de pesos MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 1.856,00) –equivalente a cuatro (4) jus cfr. art. 1° del Acuerdo S.C.B.A. N° 3803 del 06-VI-2016-, con más los aportes de ley [arts. 1, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 44 inc. a) y concordantes del decreto ley 8904/77; arts. 12 inc. “a” y 16 de la ley 6.716].
3. Por los trabajos de segunda instancia, estese a la regulación de honorarios que por separado se efectúa.
Regístrese, notifíquese y oportunamente por Secretaría devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen, sobre quien pesa la carga de cumplir con lo ordenado en la Resolución S.C.B.A. N° 2305/2016 en torno a los honorarios de instancia aquí modificados.
ROBERTO DANIEL MORA
Juez de Cámara VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELIO HORACIO RICCITELLI Juez de Cámara PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia