Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 11.965
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto [presentación electrónica del 10-2-2022], revocar el pronunciamiento del 27-12-2021, decretar la inconstitucionalidad del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 y su inaplicabilidad a la presente causa en el contexto aquí analizado y consecuentemente, declarar ilegítima la actuación estatal impugnada, acoger la demanda promovida por la firma Wayro SA contra la Municipalidad de Olavarría y declarar la nulidad del decreto 209/19, como así también de los decretos 733/19 y 1415/19 [conf. art. 103, Ord. Gral. 267/80]. Las costas de ambas instancias se imponen al Municipio enjuiciado en su objetiva condición de vencido [conf. arts. 274, CPCC; 51 inc. 1 -texto según ley 14.437- y 77 inc. 1, CPCA].
2Readecuar los honorarios correspondientes a la Dra. María José Vega -letrada apoderada de la actora-, por sus trabajos ante la instancia de grado, los que se fijan -por mayoría- en la suma equivalente a TREINTA Y DOS (32) JUS [conf. valor unidad arancelaria Acuerdo S.C.B.A. N° 4065/22, art. 1], con más los aportes de ley 6.712 e I.V.A. de corresponder [conf. arts. 274, CPCC; 1, 2, 14, 16, 22, 28, 44 -último párrafo- y ccdtes., ley 14.967; 12 y 16, ley 6.716].
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-11965-AZ1 “WAYRO INGENIERIA S.A. c. MUNICIPALIDAD DE OLAVARRÍA s. PRETENSION ANULATORIA”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Azul resolvió no hacer lugar a la demanda instada por Wayro Ingeniería SA, le impuso las costas del proceso y reguló honorarios en favor de los letrados intervinientes [cfr. sent. del 27-12-2021].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la firma actora el 10-2-2022 [replicado por la demandada el 3-3-2022], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. auto de Presidencia del 23-5-2022], corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1.1. El magistrado de grado rechazó la demanda entablada por la empresa Wayro Ingeniería SA contra la Municipalidad de Olavarría direccionada a que se declare la nulidad de los decretos 209/19, 733/19 y 1415/19 emitidos por el titular del Departamento Ejecutivo, por cuyo intermedio se dispuso –en el primero- adjudicar a Visan Ingeniería SA la obra “Construcción Nuevo Sector de Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal ‘Dr. Héctor M. Cura’” por aplicación del principio de prioridad reglado en el art. 156 bis del decretoley 6769/58, rechazar –en el segundo- el recurso de revocatoria interpuesto contra el acto antes referido y rechazar –en el tercero- el calificado por la Administración “recurso de revocatoria” contra el decreto 733/19, cuando –según se esgrime- el escrito presentado portaba el pedido de vista del expediente y de notificación del mentado acto. Ante tal pretensión, precisó que la cuestión a discernir radica en determinar si la aplicación del principio de prioridad fue –o no- legítima. Delineado el contrapunto, ponderó la incorporación del citado precepto al decreto-ley 6769/58 mediante la sanción de la ley 14.139, como así también los fundamentos de dicha decisión legislativa. En esa senda, esbozó que la finalidad de fomentar y priorizar la contratación de bienes y servicios locales otorga a la Administración municipal una facultad de opción discrecional que no está exenta de elementos reglados [hallarse domiciliado el oferente en la ciudad de Olavarría y que la prioridad establecida no supere el cinco por ciento (5%) en precios o valores la otra oferta] y conceptos jurídicos indeterminados [similares condiciones de precio y calidad] que la acoten y evite la arbitrariedad o irrazonabilidad en la decisión.
Desde esa perspectiva advirtió que el decreto 209/19 refleja que, según las consideraciones técnicas, económicas y jurídicas producidas por las dependencias intervinientes, tanto las ofertas de la firma actora como de Visan Ingeniería SA resultaban convenientes y que -en el casose verifican las condiciones necesarias para la aplicación del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58. Descripto ello, juzgó que la decisión impugnada no quebrantó el derecho a la igualdad pues tal garantía no impide que la legislación contemple en forma diferente situaciones que considere distintas, por lo que descartó cualquier reproche de ilegalidad a su respecto.
Desestimó también que el precepto citado carezca de operatividad o que su aplicación resulte contraria a los principios de publicidad, transparencia, legalidad y razonabilidad. Reiteró que el principio de prioridad en la contratación no es un instituto novedoso ni exclusivo de la Municipalidad de Olavarría, sino una estrategia pública de fomento a la producción local regulada para la contratación a nivel nacional, provincial y municipal. Deriva así que la actora, con sólidos antecedentes en la contratación pública, no podía desconocer su existencia al presentar su oferta, ni menos sostener -a la postre- la ilegalidad de su aplicación. Finalmente destacó que, hallándose inserta la norma cuestionada en la Ley Orgánica de las Municipalidades, el invocado argumento de que en el proceso licitatorio no se dio a conocer de antemano su posible aplicación no es suficiente para abastecer un reproche en tal sentido. Desestimó así toda necesidad de reglamentación de una norma que juzga suficientemente clara y precisa.
1.2. No conforme con lo sentenciado, la demandante interpuso recurso de apelación en su contra mediante la presentación electrónica del 10-2-2022.
Al emprender su crítica, censura que se considere que el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 resulte de aplicación directa, que otorgue una facultad de opción discrecional y que el Departamento Ejecutivo sea el titular de tal competencia. Esgrime que las normas nacionales y provinciales que legislan la materia contradicen tal criterio, pues los procedimientos de compras en esos niveles son regulados por las respectivas legislaturas. Entiende que a nivel municipal es necesaria su habilitación por la legislatura provincial y su reglamentación local. Juzga que ello encuentra recibo en el texto de la norma (al no portar una redacción imperativa como la consagrada a nivel nacional y provincial), en los fundamentos de la ley que la incorpora y en el obrar de otros Municipios que sancionaron ordenanzas para reglar tal principio. Apunta que el único elemento favorable a su vigencia directa es la ubicación sistemática de la norma en un capítulo referido a competencias del Departamento Ejecutivo, empero aduce que ello trasunta un error de técnica legislativa. Eventualmente postula que, de considerarse que tal facultad es del Intendente, su correcta interpretación indica que debe ser ejercida al momento del llamado a licitación, para así conjugar con los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, transparencia, legalidad, razonabilidad y debido proceso.
Agrega que de permitirse que los intendentes decidan su aplicación o no al momento de adjudicar, de un lado, se viola la igualdad ya que los empresarios no locales correrían en desventaja y, de otro, se aumenta la discrecionalidad y falta de transparencia, porque no es lo mismo que se decida antes de licitar si rige el principio, que una vez que se develaron las ofertas. Completa que la exégesis objetada favorece la opacidad al admitir que puede aplicarse o no el principio sin darse razones de ello. Reclama que la discrecionalidad debe conjugarse con los principios que rigen el procedimiento administrativo y la contratación.
Luego, tilda de arbitraria la sentencia al acusar que se omite meritar las hipótesis de interpretación volcadas en la demanda, solo se afirma que la norma confiere un válido poder discrecional al Intendente, sin referirse al reparto de competencias entre Provincia y Municipio, o entre los Departamentos Municipales, ni en qué etapa del procedimiento podría emplearse tal facultad. En similar sintonía, enrostra que el fallo porta una absurda fundamentación al no argumentar claramente que el principio regía en contra de su postulación. Aduce que, sin discernir si su aplicación puede ser discrecional, se la validó en informes técnicos que verificaron las condiciones de aplicación de la norma y que, propuesto a definir si el principio regía o no, se presupuso su vigencia.
Califica de absurdo el rechazo de su interpretación sistemática. Asevera que, acusada la vulneración de una serie de principios, la sentencia afirma que el principio de prioridad no es novedoso ni exclusivo de Olavarría y que la empresa no podía desconocerlo ni aducir la ilegalidad de su aplicación. Tilda de dogmático tal argumento, el que concibe no atinente a la conclusión alcanzada.
Ulteriormente, reprocha la imposición de costas a su cargo y se alza contra la regulación de honorarios practicada en favor de los letrados de la demandada.
1.3. Por su parte, mediante presentación electrónica del 3-3-2021, la Comuna replica tales agravios y solicita el rechazo del recurso interpuesto.
2. Examinar la pertinencia de los argumentos enarbolados por la impugnante requiere precisar previamente el derrotero administrativo que antecede al presente proceso y, luego, las posiciones antitéticas que las contendientes procuran hacer valer.
2.1. En esa labor, se verifica que la controversia de autos se traba con motivo del dictado del acto culminante de adjudicación –con sus posteriores que lo confirman- del procedimiento de selección llevado a cabo por la Municipalidad de Olavarría, en el marco del expediente administrativo N° 5316/18 “Licitación Pública N°54/18 ‘Construcción Nuevo Sector de Internación y Servicio de Gastroenterología en el Hospital Municipal ‘Dr. Héctor M. Cura’” [reservado por Secretaría –en copias certificadas- por auto del 10-10-2019], con el fin de celebrar el contrato para la provisión de la mano de obra y materiales necesarios para la construcción del nuevo sector de internación y de servicio de gastroenterología en el nombrado nosocomio [conf. art. 1 de las Especificaciones Legales Particulares –v. fs. 293, expte. adm. cit.-]. El cotejo del trámite de las actuaciones referidas permite observar, en lo que aquí resulta relevante y no ha devenido materia de disenso entre las partes, que del acta de apertura de sobres labrada el 18-12-2018 surge la presentación de tres oferentes interesados, a saber: i) Wayro Ingeniería SA; ii) Coinal SA; y iii) Visan Ingeniería SA [v. fs. 920]. Seguidamente, el 27-12-2018, el Subsecretario de Obras y Servicios Públicos informó –entre otras cuestiones- que: i) todas las empresas “cumplen aproximadamente con todos los porcentajes de incidencia”; ii) Visan Ingeniería SA y Wayro Ingeniería SA “han realizado trabajos para la secretaría de mantenimiento y obras públicas, mientras que la empresa Coinal S.A. nunca lo ha hecho”; iii) “Técnicamente los proponentes no presentan objeciones”; y que, iv) las dos primeras firmas cumplieron “eficazmente con los trabajos solicitados”, mientras que la tercera “Registra buenos antecedentes de trabajos para terceros” [v. fs. 923].
Luego, requerido dictamen legal respecto de la admisibilidad de las propuestas presentadas, la dependencia letrada interviniente expuso (en pieza cuya copia obrante en autos luce fragmentada a tenor de falta de correlatividad de su texto –v. fs. 925/927-) que los oferentes “han cumplido con la totalidad de los recaudos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares en el acto de apertura de sobres”, que “las ofertas presentadas por los proveedores … (d)evienen admisibles desde el aspecto técnico-legal” y que “se verifican las condiciones necesarias para la aplicación del Artículo 156 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades” [v. fs. 927].
El procedimiento prosiguió su curso con el análisis económico de las ofertas, en cuyo marco el Subsecretario de Administración concluyó que “resultan convenientes para las arcas de este Municipio las propuestas presentadas por Wayro Ingeniería S.A. y Visan Ingeniería S.A., no así la presentada por Coinal S.A.”, ello al meritar que frente al presupuesto oficial que alcanza la suma de $ 65.114.121,00: i) Wayro Ingeniería SA cotizó la suma de $ 63.640.118,01 registrando así una variación porcentual de -2,26%; ii) Coinal SA cotizó la suma de $ 83.997.216,00 registrando así una variación porcentual de 29%; y, iii) Visan Ingeniería SA cotizó la suma de $ 66.376.005,29 registrando así una variación porcentual de 1,96% [v. fs. 929].
El 10-1-2019, una vez ponderados tales dictámenes, la Dirección de Licitaciones consideró que “la propuesta correspondiente a la firma VISAN INGENIERIA S.A. se ajusta a las condiciones técnicas establecidas en las bases de la licitación y cumple con los requisitos legales exigidos”, postulando así que –de no existir objeciones por parte del titular del Departamento Ejecutivo- debería dictarse el decreto que disponga la adjudicación de los trabajos a la nombrada empresa [v. fs. 931].
El 17-1-2019, el Sr. Intendente Municipal emitió el decreto 209/19 a través del cual dispuso –en lo atinente- adjudicar a Visan Ingeniería SA la obra licitada en la suma cotizada por la adjudicataria, en un todo de acuerdo con las consideraciones volcadas por la Dirección de Licitaciones, las que fueron sustancialmente reproducidas [v. fs. 935]. Tal decisión fue notificada a la aquí accionante el 29-1-2019 [v. fs. 948]. Mediante presentación del 30-1-2019, la firma Wayro Ingeniería SA impugnó el mentado acto y argumentó –en prieta síntesis- que: i) las empresas oferentes no presentan objeciones; ii) no se indicó si el dictamen jurídico ha sido emitido por el órgano especializado en la materia; iii) “La incorporación efectuada por la ley 14.139 del art. 156 bis es inconstitucional, ya que viola los principios constitucionales de comerciar (art. 14 CN) e igualdad ante la ley (art. 16 CN)”; iv) se omitió considerar su “vasto antecedente en el Municipio de Olavarría y la zona, ya que viene haciendo obras desde hace más de una década”; v) “El decreto indica erróneamente que la oferta más conveniente para las arcas del Municipio es la de Visan S.A., cuando es notoriamente más elevada”; y que, vi) la adjudicación “resulta perjudicial a los intereses de la población” y “admite una mayor erogación del peculio estatal” toda vez que “la diferencia manifiesta es una erogación de $ 2.735.887,28 en exceso por sobre la mejor oferta” [v. fs. 953].
Dicho embate, tramitado como recurso de revocatoria, fue rechazado mediante decreto 733/19 del 18-2-2019, con fundamento en que: i) se dio “acabado cumplimiento a la previsión del ordenamiento administrativo municipal en cuanto prevé dictamen jurídico previo a la emisión de acto administrativo que afecte derechos de terceros”; ii) en cuanto respecta a la acusada inconstitucionalidad del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58, “la requisitoria efectuada a los fines de que … no aplique una normativa vigente y sancionada conforme el procedimiento legisferante provincial, resulta improcedente” ello en tanto “en nuestro sistema jurídico rige el control difuso de constitucional … a cargo de los jueces” y que, iii) la allí prevista “facultad –discrecional y limitada- del Departamento Ejecutivo requiere … una evaluación del mérito, oportunidad y conveniencia para su aplicación”, recaudo que -según se consideró a partir de los dictámenes previos y la motivación del actohabría sido observado ya que “fueron efectivamente tenidos en cuenta los factores mencionados por la recurrente –antecedentes, solvencia y esencialmente conveniencia para el erario municipal- habiendo concluido … receptar la prioridad de la localía” [v. fs. 965].
Tal decisión, más precisamente su parte dispositiva, fue notificada a la impugnante mediante Carta Documento librada el 27-2-2019 [v. fs. 966].
El 25-3-2019, el representante de la firma reclamante presentó nota a los fines de requerir la nulidad de la notificación antes referida, se le de vista de las actuaciones, se suspenda la ejecución de los decretos emitidos, ampliar los fundamentos de su recurso y solicitar la revocación de las decisiones pronunciadas; pieza cuyo rechazo se produjo a través del decreto 1415/19 del 9-4-2019, por entendérsela inadmisible a tenor de su extemporaneidad, el que fue notificado el 3-5-2019 [v. fs. 1/4, 6 y 7, Alc. 2018-5316-134064-1902, reservado por Secretaría –en copias certificadas- por auto del 10-10-2019].
2.2. Culminado de tal modo el procedimiento administrativo de referencia, el 18-7-2019, la firma Wayro Ingeniería SA instó el presente proceso con el objeto de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que declare la nulidad del decreto 209/19 y sus confirmatorios decretos 733/19 y 1415/19 [cfr. fs. 107/116].
Al relatar los antecedentes del caso, expuso –en lo que aquí concierne- que se presentó como oferente en la Licitación Pública Nº 54/18, en la que compitió con las empresas Coinal SA y Visan Ingeniería SA, habiendo presentado la oferta más baja, respecto de la cual la segunda oferta alcanzó una cotización 4,3% más elevada. Agregó que, si bien su oferta fue considerada admisible, en forma subrepticia se insertó un argumento que no formó parte de la compulsa, el cual consiste en que se verifican las condiciones necesarias para la aplicación del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 [ cfr. fs. 108].
En ese contexto plantea dos hipótesis de interpretación. De un lado, postula que el precepto citado no rigió en la licitación por cuanto el principio allí contenido otorga una facultad genérica a los Municipios para que decidan su aplicación, empero ello requiere de una ordenanza municipal que así lo declare y que reglamente sus aspectos esenciales, adicionando seguidamente que, de admitirse que su aplicación fuera resorte del Departamento Ejecutivo, debería determinarse su empleo en el llamado a licitación y formar parte del pliego respectivo. De otro, arguye que la hermenéutica implícita relativa a que tal norma tiene una vigencia latente en todas las licitaciones, cuyo alcance depende de la voluntad exclusiva y discrecional del intendente en la etapa de adjudicación, colisiona con el bloque normativo y constitucional aplicable [cfr. fs. 109/110].
Partiendo de esa base esgrime que, al tratarse de una potestad facultativa para los municipios, quien tiene la competencia para reglar su aplicación es el Concejo Deliberante (conf. art. 24, decreto-ley 6769/58). Ahonda en que la necesidad de su reglamentación se asienta en dos aspectos básicos: el porcentaje de la prioridad (hasta donde se decide utilizar el rango máximo del 5%) y la determinación del recaudo del domicilio o establecimiento comercial en el Partido en que se realice la contratación [cfr. fs. 110/111].
En paralelo sostiene que, de admitirse que es una facultad exclusiva del intendente, la aplicación realizada deviene nula por la vigencia de las normas que rigen las contrataciones, pues la falta de determinación y reglamentación del principio de prioridad antes de la licitación violentó los principios de i) concurrencia, por cuanto al no reglarse sus condiciones, se le impidió oponerse o controlar su aplicación;
ii) igualdad, pues de haber tenido conocimiento de la aplicación del principio -y en qué porcentaje-, podría haber ajustado su oferta previendo la presentación de empresas locales o verificar si cumplían los requisitos para ser así consideradas, máxime cuando le alcanzaba con disminuir su oferta en un 0,67% para quedar fuera del rango del 5%; iii) publicidad, por no darse a conocer de antemano la voluntad de aplicar el principio, ni su modo; iv) transparencia, ya que la discrecionalidad arrogada de optar –o no- por la aplicación del art. 156 bis, luego de verificar las ofertas imposibilita al oferente local requerir el ejercicio de la prioridad o, en su caso, al no local oponerse; v) legalidad, en tanto la aplicación a discreción colisiona con el sometimiento de la Administración a las normas referidas a las contrataciones; vi) razonabilidad, al quedar enteramente librado a la voluntad del Intendente decidir, sin reglas previas, y sin dar explicaciones, si aplica o no el principio; y, vii) debido proceso adjetivo, por cuanto su falta de reglamentación previa no permite a quién resulte perjudicado –por su aplicación o no– practicar su defensa [cfr. fs. 111/113 vta.]. En concordancia con dichas razones, arguye que los decretos censurados portan vicios elementales en su causa y objeto, por no fundarse en el derecho aplicable; de motivación, al no explicarse ni fundamentarse por qué se decide hacer uso del principio de prioridad, ni exponerse cuáles eran las razones de oportunidad, mérito y conveniencia contempladas; y –finalmente- en su procedimiento, por no haberse publicado la aplicación del principio con el llamado a licitación [cfr. fs. 113 vta./114 vta.].
Posteriormente amplió –en los términos del art. 32 del CPCA- los fundamentos de su demanda, profundizando su tesitura relativa a la falta de motivación y vicios que enrostra a los actos administrativos objetados [cfr. presentación electrónica del 28-10-2019].
2.3. La Municipalidad de Olavarría contradijo los argumentos vertidos por su contraria a través de la contestación de demanda materializada en la presentación electrónica del 28-5-2020.
Tras negar que el obrar estatal “colisione con el bloque normativo y constitucional aplicable” y que la aplicación del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 en la licitación examinada “contraríe los principios de igualdad, publicidad, concurrencia, transparencia, legalidad, razonabilidad y debido proceso adjetivo” [cfr. apdo “III.” –ptos. 20 y 29-], efectuó su relato de los antecedentes del caso [cfr. apdo “IV.”] y adujo que yerra la actora al entender que la sola circunstancia de presentar la “oferta más económica” le da derecho a exigir que la obra le sea adjudicada, pues juzgó que no siempre dicha oferta resulta la más conveniente a los intereses municipales, tal como opina que sucede en la especie al haberse fundado la decisión cuestionada en el principio de prioridad previsto para la adjudicación a contratistas locales por encontrarse reunidos los recaudos pertinentes [cfr. apdo. “IV.a.”].
En cuanto a la operatividad del citado precepto apuntó que, lejos de enunciar algún tipo de valor general, regula una situación de hecho específica y que ello no necesita más reglamentación que la prevista en su propio texto. Explicó que la norma confiere al Municipio la facultad discrecional -no reglada- de optar por dar prioridad a empresas locales por sobre las empresas de otras localidades cuando se verifiquen tres únicos requisitos: i) ofertas de personas físicas o jurídicas con domicilio o establecimiento comercial en el Partido, y ofertas de personas físicas o jurídicas con domicilio o establecimiento comercial fuera del Partido; ii) que sean de similares características en cuanto a precio y calidad; y, iii) que la priorizada no supere en más del 5% el precio ofrecido por el no beneficiario [cfr. apdo. “IV.b.”].
Precisó que tales recaudos se cumplimentaron a tenor de los domicilios de las firmas Wayro Ingeniería SA y Visan Ingeniería SA (fuera y dentro del Partido de Olavarría, respectivamente), que ambas postulaciones presentan similares características de precio y calidad y que la diferencia en los valores ofrecidos es del 4,29%, por lo que el Intendente aplicó el principio de prioridad y adjudicó la obra en favor de Visan Ingeniería SA en uso de las facultades discrecionales que le atribuye la norma. En esa sintonía esgrimió que la actora, cuando plantea una “colisión con el ordenamiento normativo”, confunde “discrecionalidad” con “arbitrariedad” sin reparar en que una facultad discrecional utilizada con los debidos fundamentos no deviene arbitraria [cfr. apdos. “IV.c.”, “IV.d.” y “IV.e.”].
Finalmente, concluyó en que no puede exigirse la adjudicación de la oferta más económica ya que no siempre la elección debe recaer en ese tipo de oferta, sino en la más conveniente. Aclaró que si bien el Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires dispone que si las ofertas presentan similares características de calidad se preferirá la de menor precio, el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 importa una flexibilización de tal principio, posibilitando el análisis de las ofertas desde un nuevo parámetro, esto es, si se trata de una empresa local o no. Con todo, derivó que los decretos cuestionados no portan vicio alguno [cfr. apdos. “IV.f.”, “IV.g.” y “IV.h.”].
2.4. Debe observarse también que habiendo sido citada la firma Visan Ingeniería SA en el carácter de tercero coadyuvante [conf. art. 10, CPCA] para que en el plazo de cuarenta y cinco (45) días -de creerlo oportuno- se presente a hacer valer sus derechos en estas actuaciones judiciales [cfr. res. del 6-11-2019], pese a haber sido notificada de tal emplazamiento [v. cédula anexa a la presentación del 3-3-2020], no compareció a tal fin.
2.5. El entuerto descripto devino zanjado por la sentencia de mérito, la que arriba puesta en crisis en virtud de los agravios ya reseñados [cfr. sent. del 27-12-2021 y presentación electrónica del 10-2- 2022].
3. En ese marco de controversia, lleva la razón la impugnante al blandir que la aplicación del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 en la “interpretación sostenida por la demandada y validada por el a quo, resulta contraria al bloque constitucional aplicable al caso” [cfr. presentación electrónica del 10-2-2022, pto. “II.2.b.”], reparo constitucional que hubo de empuñar oportunamente al promover su demanda [cfr. pto. “IV.2.b.” in fine –v. fs. 110-].
3.1. Para sustentar el aserto que antecede es menester comenzar por valorar el anclaje normativo que brinda sustento a la decisión administrativa impugnada.
En esa faena, se observa que a través de la ley 14.139 se incorporó el art. 156 bis al texto del decreto-ley 6769/58, el que establece que “En todos los procedimientos de contratación -Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso de precios o Contratación Directa- se podrá aplicar el principio de prioridad de contratación a favor de personas físicas o jurídicas con domicilio y/o establecimiento comercial en el Partido en que se realice la contratación, siempre que se configuren similares condiciones en cuanto a precio y calidad con respecto a ofertas realizadas por personas físicas y/o jurídicas con domicilio comercial y/o establecimientos comerciales en otros Partidos o jurisdicciones territoriales. La prioridad establecida no podrá superar en un cinco (5) por ciento en precios o valores a las ofertas presentadas por sujetos no beneficiarios del principio referenciado”.
Dicho agregado persigue una clara finalidad expresamente plasmada en los fundamentos de la ley, a saber: establecer un “régimen especial de compre municipal” que, orientado a constituirse en “instrumento motor de las economías locales”, “permita beneficiar a las empresas locales en todas las contrataciones que realicen las municipalidades”, con el apuntado propósito que “el beneficio se redistribuya en los respectivos municipios en que se aplique”, ello en orden a “canalizar, en la mayor medida posible, el poder de compra, inversión y gasto de los municipios en provecho de los sectores productivos de su propia jurisdicción, como una medida adicional que ponga el Estado municipal al servicio de la comunidad”.
El pronunciado objetivo fue parangonado por el legislador provincial –en la referida fundamentación de la norma- con aquellos regímenes establecidos a nivel nacional, mediante la –por entonces vigente- Ley 25.551 (denominada “Compre Trabajo Argentino”), que dispuso que un amplio espectro de órganos y entidades del Sector Público Nacional y otros sujetos particulares vinculados a la función administrativa - y sus respectivos subcontratantes directos- otorguen preferencia a la adquisición o locación de bienes de origen nacional en la contratación de provisiones y obras y servicios públicos; y a nivel provincial, a través de la ley 12.496 (“Del Compre Bonaerense”) que, modificación mediante del decreto-ley 7764/71 (“Ley de Contabilidad”), previó una serie de preferencias para empresas proveedoras de los productos, bienes y servicios requeridos con asiento principal de sus actividades o establecimiento productivo en la Provincia de Buenos Aires.
3.2. Es con apego a ese puntal precepto contenido en el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 que el titular del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Olavarría emitió el decreto 209/19 por cuyo intermedio resolvió –con estricta observancia de las conclusiones alcanzadas por la Dirección de Desarrollo Urbano, la Subsecretaría Legal y Técnica, la Subsecretaría de Administración y la Dirección de Licitaciones- adjudicar a la firma Visan Ingeniería SA la obra licitada con los alcances de la oferta por ella presentada [v. fs. 935/934, expte. adm. N° 5316/18].
La antedicha aplicación del mentado principio de prioridad zanjó la compulsa licitatoria cuyos contornos fácticos no constituye materia de disenso entre las contendientes. En precisión, tal como relata la accionante y cómo surge de las constancias administrativas incorporadas a estas actuaciones, no existe margen de duda respecto a que las áreas técnicas que produjeron sus informes previo al acto de adjudicación dictaminaron que: i) las propuestas presentadas por las firmas Wayro Ingeniería SA y Visan Ingeniería SA no presentan objeciones desde el punto de vista técnico; ii) ambas cumplieron con la totalidad de los recaudos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones al momento de la apertura de sobres y devienen admisibles desde el aspecto técnicolegal; iii) dichas propuestas resultan convenientes para las arcas municipales; y que, iv) respecto del presupuesto oficial de la obra -$ 65.114.121,00-, la oferta cotizada por Wayro ingeniería SA -$ 63.640.118,01- es menor en un 2,26%, mientras que la de Visan Ingeniería SA -$ 66.376.005,29- es mayor en un 1,96%, guarismos que arrojan un diferencial entre sí por la suma de $ 2.735.887,28 [v. fs. 923, 925/927 y 929, expte. adm. cit.].
Se divisa también que la motivación del decreto 209/19 no reproduce sino el contenido de lo dictaminado por la Dirección de Licitaciones, con idéntica transcripción de lo enunciado por la dependencia letrada interviniente (en cuanto expuso que se verifican las condiciones necesarias para la aplicación del art. 156 bis de la Ley Orgánica de las Municipalidades, al encontrar satisfechos los recaudos previsto en tal precepto) considerándose que la propuesta correspondiente a la firma Visan Ingeniería SA “resultaría la más conveniente por ajustarse técnicamente a los requerimientos del Pliego y cumplir con los requisitos legales exigidos” [v. fs. 934/935, expte. adm. cit.]. No menos relevante es aquella respuesta formalizada mediante decreto 733/19 a la impugnación efectuada por la demandante contra aquel anterior acto, oportunidad en la que el titular del Departamento Ejecutivo postuló la improcedencia de todo cuestionamiento constitucional en sede administrativa del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 y, luego, aseveró que el citado precepto le confiere una facultad discrecional que requiere de una evaluación del mérito, oportunidad y conveniencia para su aplicación, la que juzga cumplida por considerarse los dictámenes técnicos precedentes que se extendieron respecto de los antecedentes, solvencia y conveniencia para el erario municipal de la oferta adjudicada mediante la prioridad de la localía [v. fs. 964/965, expte. adm. cit.].
Ahora bien, el contrapunto que se registra en autos circunda –tal como brota de la reseña de las posiciones de las contendientes efectuada con anterioridad- en derredor a si el principio de prioridad previsto en el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 ostenta -o no- la vigencia y operatividad necesaria para regir en el procedimiento de licitación pública aquí ventilado y, en su caso, si su aplicación deviene legítima o si –por el contrario- colisiona con el bloque normativo aplicable al caso. El primero de tales interrogantes encuentra sencilla respuesta incluso a través de la más ligera lectura del ordenamiento jurídico provincial y de su complemento con las disposiciones contenidas en los pliegos que reglan el llamado a la licitación pública bajo escrutinio.
Inicialmente, la vigencia y operatividad del precepto normativo contenido en art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 [incorporado por ley 14.139 (B.O. N° 26.396 del 15-7-2010)] no encuentra escollo alguno que vede su aplicación en procedimientos licitatorios municipales tales como el que aquí se examina. En nada varía lo expuesto aquella hermenéutica propiciada por la reclamante en su escrito de demanda por la que, allende sugerir las condiciones necesarias que –en su visión- tornarían legítima la aplicación del principio de prioridad establecido (las que han de meritarse seguidamente), no aporta razones de mérito para evidenciar la falta de vigencia invocada [cfr. fs. 109/111 vta.].
Debe contemplarse también, como bien lo indicó la accionada en su contestación de demanda [cfr. presentación electrónica del 28-5-2020, apdo. “IV.e.” –párr. séptimo-], que en las denominadas “Especificaciones Legales Particulares” del Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para el procedimiento licitatorio en examen se estableció en su art. 2 inc. “b” que se considera parte de dicho cuerpo –entre otras normativas- a la Ley Orgánica de las Municipalidades, haciéndose expresa referencia a que “las disposiciones legales que no hubiesen sido expresamente modificadas por las Condiciones Legales Particulares conservan su validez y serán de aplicación a todos los efectos contractuales” [v. fs. 293, expte. adm. cit.].
Para más no debe perderse de vista que el representante de la firma demandante expresó por escrito –en carácter de declaración juradaque “ha examinado y acepta en un todo la documentación del legajo” [v. fs. 338, expte. adm. cit.], afirmación que –claro está- se proyecta respecto de tales previsiones, las que ratifican la aplicación al iter contractual de las reglas contenidos en el decreto-ley 6769/58.
Meritado ello, entonces, la enarbolada falta de vigencia y operatividad del referido precepto no puede ser receptada.
3.3. No obstante tal corolario, la postulación actoral luce atendible en aquel segmento en que se denuncia que la aplicación al caso del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 devino contraria al bloque normativo y constitucional aplicable al caso a tenor de los invocados principios de igualdad, publicidad y concurrencia que actúan como notas esenciales de todo procedimiento de selección de contratista estatal [cfr. fs. 110 y 111]. En atención al alcance de la impugnación empuñada en las presentes actuaciones, resulta ineludible rememorar aquellas premisas fundamentales que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha delineado en relación a la contratación estatal, ilustrando en ese cometido que el procedimiento de licitación pública ha sido instituido como regla general con el propósito de que la competencia entre las distintas ofertas permita a la Administración obtener los mejores productos al precio más conveniente, y tiende a evitar la existencia de sobreprecios [cfr. Fallos 329:5976].
Para el regular despliegue de tal mecanismo formal, se supo erigir como requisito fundamental la colocación de todos los proponentes en un píe de perfecta igualdad, siendo las cláusulas generales en que se fijan las condiciones, derechos y deberes del contratista de obligada observancia, a fin de que sobre esta base se determine -en el momento oportuno- cuál es la propuesta menos onerosa y más conveniente, de modo que pueda llenar los fines de su institución, cuáles son los de garantir que se ha procurado las mejores y más convenientes condiciones, los más bajos precios y las mayores seguridades en su concertación, ya que aquél -a diferencia de la persona privada- no obra por sí mismo sino por intermedio de sus representantes legales, cuya conducta es controlada por un procedimiento claro y formal (cfr. Fallos 179:249).
Por ello, a tono de presupuesto fundamental de la licitación pública, se predica la igualdad de posibilidades en la adjudicación del contrato y de ello se deriva que las condiciones deben ser las mismas para todos los competidores y debe darse preferencia a quien hace las ofertas más ventajosas [cfr. Fallos 303:2108].
En el esbozado marco conceptual, los principios básicos de los procedimientos públicos de selección, en especial, los de libre concurrencia e igualdad, no solo tienden a resguardar el derecho de los oferentes o participantes en procedimientos de ese tipo, sino también el interés público comprometido en la debida elección de quienes resultarán adjudicatarios (cfr. Fallos 327:4185).
Tampoco se soslaya que, como hubo de matizar la Suprema Corte de Justicia provincial, en las licitaciones públicas la elección de las ofertas dista de asimilarse a la mecánica determinación típica de una subasta o un remate, de modo que el menor precio no defina -de suyo- el resultado de la compulsa; ni sea el único y excluyente factor para adjudicar el contrato. Es que sin restar la importancia que indudablemente posee, su incidencia no excluye la posibilidad de inclinar la decisión hacia otro oferente, aunque hubiera cotizado una cifra superior, si concurren elementos que así lo justifiquen a tenor de pautas objetivas predeterminadas en los pliegos licitatorios (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causa B. 60.168 “Ebic S.A.”, sent. de 12-10-2005).
3.4. Esa última posibilidad, como es posible avizorar a partir de la lectura de los fundamentos que acompañan la sanción de la ley 14.139, es la que ha procurado habilitar el legislador provincial en favor de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires al incorporar el art. 156 bis al decreto-ley 6769/58, estableciendo por su intermedio un régimen de preferencia para las empresas locales con domicilio o establecimientos dentro de los límites territoriales del Partido en el que se desarrolle el procedimiento de selección de contratista correspondiente, con la declarada finalidad de promover que el beneficio resultante se redistribuya en los respectivos Municipios que hagan uso de dicha previsión. Empero, el ejercicio de tal habilitación normativa en favor de las Autoridades comunales no se halla despojado de condicionamientos, ni librado de observar aquellas reglas adjetivas que, previstas en el decretoley 6769/58 y en su reglamentario decreto 2980/00, prescriben -en la especie- el necesario cumplimiento de la licitación pública, la valoración fundada de la conveniencia de la oferta adjudicada, la previa determinación y publicación de las condiciones y reglas de la compulsa [conf. arts. 133, 134, 136 y 142, decreto-ley 6769/58] y establecen como principios generales a los que deben ajustarse las contrataciones los de:
i) razonabilidad de la propuesta para cumplir con el interés público y económico; ii) publicidad y transparencia que garantice la confianza de la sociedad; iii) promoción de la concurrencia y competencia; iv) rato igualitario de los oferentes; iv) selección de las adjudicaciones atendiendo justificadamente al concepto de oferta más conveniente al interés público, considerando calidad, costo y oportunidad; y, v) eficiencia y eficacia en el proceso de la contratación [conf. arts. 98 y 100, dec. 2980/00]. Dicho catálogo de disposiciones traduce, además de los cauces elementales para alcanzar satisfactoriamente los objetivos de todo trámite licitatorio (y, consecuentemente, el interés público comprometido en el caso), el reaseguro de las garantías constitucionales que deben observarse en favor de todos los potenciales interesados y participantes de la compulsa a la igualdad de trato y a la razonabilidad en la toma de las decisiones que puedan afectarlos [cfr. C.S.J.N. Fallos 310:2278; arts. 16 y 28, Constitución Nacional].
En efecto, ponderado -de un lado- el principio de prioridad cuya aplicación viene cuestionada en estas actuaciones y -de otro- aquel esquema de reglas direccionadas a garantizar la igualdad, concurrencia y publicidad en el marco del procedimiento de selección de contratistas, debe mediar –pues- una convivencia armónica entre los distintos postulados, a la que solo puede arribarse mediante una razonable aplicación que no priorice aisladamente un principio sobre el otro, en tanto no constituyen un fin en sí mismo, tratándose de instrumentos tendientes a garantizar –en su conjunto- la finalidad de interés público que persigue la licitación (cfr. argto. doct. esta Cámara causa C-6328-DO1 “Yeannes”, sent. de 29-3-2016).
Así, es pertinente rememorar que la Suprema Corte de Justicia provincial ha indicado que las cláusulas de preferencia que conforman los pliegos de bases y condiciones, en la medida que rompen el principio de igualdad que en tales procedimientos debe imperar, deben interpretarse con un criterio restrictivo (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causas B. 55.980, “Puente Roma S.A.”, sent. de 11-7-2000 y B. 58.527 “Ipar S.R.L.”, sent de 26-12-2012).
Y para desplegar tal estricto escrutinio en relación al alcance con que sería dable admitir –en su caso- el empleo del principio de prioridad aquí censurado, se vislumbra conveniente atender aquellos lineamientos trazados por el nombrado Alto Tribunal local en lo concerniente al diseño de las bases y condiciones del procedimiento de selección, en el que puede determinarse con mayor o menor precisión el alcance del juicio de mérito necesario para discernir su adjudicación, aunque bien la relativa indeterminación o laxitud de aquel juicio quedará significativamente acotada, porque la propuesta más meritoria o conveniente resultará de la aplicación de un mecanismo pautado, pues una vez aprobado dicho sistema de calificación y puesto en marcha el procedimiento selectivo no puede ser infringido sin afectación a las bases jurídicas a las que debe conformarse la voluntad administrativa, por cuanto el acto de adjudicación viene predeterminado de forma ineludible por los criterios de valoración de las ofertas contenidos en los pliegos [cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 56.663 “Molinuevo”, sent. de 10-10-2012].
Es con apego a tal anticipado marco de actuación que el facultativo empleo del principio de prioridad reglado en la Ley Orgánica de las Municipalidades debe ser desenvuelto toda vez que, a fin de posibilitar la más amplia concurrencia posible y una participación competitiva de todos los oferentes, el potencial impacto de la aplicación de tal prerrogativa debe ser conocido antes de la apertura de las ofertas de la licitación, para que tanto sus potenciales beneficiarios, como aquellos que no reúnen las condiciones para revestir tal calidad, puedan ajustar sus precios apreciando las reglas de la competencia, única forma de asegurar el principio de igualdad de los postulantes [cfr. doct. C.S.J.N., Fallos 304:422].
3.5. Lejos de observar tal precaución, el obrar municipal estatal impugnado traduce una mecánica y asistemática aplicación del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58, en claro menoscabo a los ya referidos principios de igualdad, concurrencia y publicidad, como se expondrá seguidamente.
Ante el atinado cuestionamiento formulado por la demandante en razón de que “al no haberse determinado y reglado la aplicación del principio de prioridad antes de la licitación” se violentaron tales principios [cfr. fs. 111 vta.], dando efectivas razones -ya reseñadas con anterioridadque evidencian el perjuicio ocasionado [cfr. fs. 111/113 vta.], mal puede la Comuna enjuiciada limitarse a postular que la citada norma “deviene operativa y plenamente aplicable al caso concreto” por entender que “las pautas para su correcta aplicación ya se encuentran establecidas en la propia norma”, que se verifica “el cumplimiento de todos los requisitos para la aplicación” y que la reclamante no puede desconocer que el mentado precepto “era parte de las reglas que regían la contratación” por cuanto “oportunamente ha prestado la conformidad con el pliego de bases y condiciones y normas aplicables a la licitación” [apdo. “IV.”, ptos. “b”, “c” y “e”].
La insuficiencia de dicha defensa surge patente pues, por fuera de la genérica referencia concerniente a que la Ley Orgánica de las Municipalidades se considera parte de las denominadas “Especificaciones Legales Particulares” del Pliego de Bases y Condiciones confeccionado para el procedimiento licitatorio escrutado [v. fs. 293, expte. adm. cit. -art. 2 inc. “b”-], no obra en pasaje alguno de tal cuerpo licitatorio ninguna referencia expresa que diera anticipada cuenta del modo cómo la Autoridad licitante echaría mano, de concurrir las circunstancias normativas que así lo permitieran, al principio de prioridad establecido en el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 [v. fs. 293/302, expte. adm. cit.] resguardando las notas esenciales del procedimiento de selección del cocontratante estatal.
Así, es prístino que el Municipio, a tenor de sus argumentos defensivos, halla en el art. 156 bis de la L.O.M. una habilitación legal solo atada a los límites contenidos en el propio precepto; esto es, una prerrogativa que cabe ser utilizada, a discreción en cada licitación, sin adicionales ataduras y que no demanda de ningún matiz reglamentario previo para asegurar que su activación no arroje un resultado para las arcas públicas irrazonablemente desequilibrado.
Menos aún resultaría factible acompañar la visión de la accionada en cuanto aduce que no era posible la estipulación anticipada de dicha pauta valorativa de preferencia, a materializarse a través del principio de prioridad en debate, por cuanto -a su juicio- previamente deben examinarse las ofertas a fin de corroborarse la presencia de los recaudos normativos que la habilitan [cfr. presentación electrónica del 28-5-2020, apdo. “IV.e.” -párr. séptimo-]. A diferencia de lo insinuado, no se trata de vaticinar una futura e irremediable aplicación del principio de prioridad establecido en la legislación provincial, sino -antes bien- de publicitar y determinar en la etapa germinal de la compulsa licitatoria, no solo la voluntad estatal de emplear, de resultar posible, un excepcional criterio de adjudicación disímil al que rige de modo general y habitual la determinación de la oferta más conveniente al interés público (a saber: la propuesta de menor precio) [conf. arts. 100 -incs. “a”, “c” y “f”-, 116 y 125, dec. 2980/00], sino también, en su caso, aquellas pautas que –de activarse la prioridad- no desincentiven la máxima concurrencia de oferentes y validen una solución para el procedimiento de selección sustentada en una ecuación equilibrada entre el sacrificio económico del erario municipal y la medida de fomento que el art. 156 bis de la LOM pretende instituir.
No requiere mayor esfuerzo advertir que, habiéndose omitido establecer en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación la más mínima referencia a la posible actuación de un principio que la legislación provincial tan solo establece como una excepcional facultad (pues no la erige en una regla de actuación estatal mandatoria), no cabe endilgar a los potenciales interesados en resultar adjudicatarios de la obra licitada, el deber de conjeturar -sin razón concreta que lo justifique- sobre la eventual y repentina articulación de un criterio de selección o evaluación de ofertas nunca antes aludido por la Autoridad licitante y que pudiera serle opuesto en su perjuicio, incluso cuando su propuesta sea la más conveniente en el esquema de análisis que, para dicho concepto indeterminado, la jurisprudencia y doctrina ha delineado. En esos casos, al haber obrado de buena fe, ningún reproche cabría serle formulado [cfr. CSJN Fallos: 314:491, a contrario].
Para más, si el referido grado de incertidumbre conspira ya contra el principio de publicidad y transparencia que debe regir en toda licitación pública municipal, no debe soslayarse la presencia de un precepto de las “Especificaciones Legales Particulares” del pliego que parece desautorizar una predisposición estatal a conferir prevalencia determinante a la pauta valorativa contenida en el art. 156 bis del decretoley 6769/58 para la adjudicación de la oferta más conveniente. En particular, el art. 44 -titulado “Cesión del contrato. subcontrato” del citado estatuto [al prever que “El Municipio no admite la cesión parcial o total del contrato, la subcontratación parcial o total de los servicios contratados y/o de los trabajos parciales atinentes a los mismos, ni de la asociación de la Contratista con terceros sin la autorización previa por escrito por parte del Municipio, bajo pena de rescindir el Contrato con pérdida de la garantía constituida. La responsabilidad por el cumplimiento de lo pactado para ellos sigue siendo de exclusividad del Contratista principal, asimismo los reclamos entre éste y su subcontratista le serán ajenos al Municipio” -v. fs. 301, expte. adm. cit.-] permite que aquel oferente que resulte adjudicatario de la obra licitada –mediante la aplicación de la prioridad del art. 156 bis de la LOM- pueda ceder -o subcontratar la ejecución- totalmente de los trabajos contratados a un tercero sin más limitación que la previa venia escrita por la Comuna, con absoluta prescindencia de aquel patrón objetivo fundado en la identidad del contratista seleccionado que habría de justificar el principio de prioridad objetado (en concreto: registrar domicilio o establecimiento comercial en el Partido en que se realice la contratación). Tal cláusula normativa, que desatiende categóricamente los fines que motivan -ab initio- el ejercicio de la prioridad en la puja licitatoria municipal, no compatibiliza en modo alguno con esta última pauta para la adjudicación de la obra pública de referencia.
Otro tanto podría decirse de lo acontecido durante el desarrollo de la ejecución del contrato con la empresa local adjudicataria. Aun cuando resulte cierto que al tiempo de evaluar las ofertas la propuesta de Visan Ingeniería S.A. estaba levemente por debajo del tope máximo del 5% del valor económico plasmado por la sociedad aquí actora en su oferta, pocos meses después de suscripto el contrato, el Municipio amplió el costo de obra en tres oportunidades [cfr. a fs. 1096/1097 por $ 831.130,49; a fs. 1123/1124 por $ 68.120,00; a fs. 1286 por $ 909.200,00, expte. adm. acollarado], con lo cual se acrecentó el impacto de la contratación sobre el erario municipal y, dicho sea, se superó aquel guarismo que no habría permitido el uso de la prioridad regulada por el art. 156 bis de la L.O.M., con un detalle no menor a ser sopesado: incluso si a la oferta de WAYRO INGENIERIA S.A. se le hubieren adicionado los montos de ampliación de contrato posteriores, su propuesta hubiera seguido siendo la más económica para las arcas municipales [réparese que la diferencia entre las ofertas de la sociedad actora y la postrer adjudicataria priorizada alcanzaba a $ 2.735.887,28 y las ampliaciones relevadas fueron de $ 1.808.450,49; en suma, la contratación con Wayro Ingeniería S.A. le hubiera ahorrado al fisco municipal la suma de $ 927.436.79 inclusive con las ampliaciones de la contratación]. Lo aquí plasmado es demostrativo de la aplicación distorsionada de aquello previsto en el art. 156 bis de la L.O.M., con manifiesta afectación de las notas esenciales del procedimiento licitatorio. En renglón aparte habría que examinar cuán potente es el impacto del art. 156 bis de la LOM en la concurrencia de oferentes a los procesos de selección, no ya desde el efecto que podría conducir al desinterés de participantes de extraña jurisdicción, sino con la mirada puesta en la potencial conformación de un único o reducido grupo de oferentes radicados en territorio municipal que obtengan –vía la aplicación de la prioridad examinada- la mayor parte de las contrataciones locales. De presentarse dicho escenario, bajo el ropaje de una norma de fomento, la aplicación mecánica del art. 156 bis de la LOM podría actuar como un disimulado artilugio de concentrado direccionamiento de recursos del erario público en beneficio de intereses particulares.
En suma, admitir la posición de aplicación mecánica del art. 156 bis de la LOM que la accionada esgrime en estas actuaciones implicaría consentir que en un etapa avanzada del procedimiento licitatorio –en la especie, con posterioridad al acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas- la Administración municipal repentinamente desempolve un criterio de adjudicación excepcional que desplace aquellas pautas esenciales de valoración para determinación de la postulación más conveniente al interés estatal, circunstancias que luce contraria a la debida tutela de los principios de igualdad, concurrencia y publicidad debe observar todo procedimiento de este tipo.
Sea dicho que la inobservancia de aquellos esenciales principios del procedimiento licitatorio no solo se despliega en desmedro de los oferentes que ingresaron oportunamente en la contienda (sea por no poder ajustar adecuadamente sus postulaciones en orden al repentino criterio blandido por el licitante, sea por encontrarse subrepticiamente con parámetros cuya previo conocimiento hubieran evitado su participación), sino que también es factible de materializar un perjuicio en todos aquellos sujetos que -de haber tenido noticia del novedoso temperamentoportarían un interés en concurrir a la compulsa cuya trámite avanzado ya no admite tal incorporación.
No debe soslayarse que, previa remisión a un precedente emanado de la Corte Suprema de Justicia Nacional en el que la flagrante extemporaneidad del criterio de valoración se erigió en causal de invalidez de lo resuelto en un concurso público (Fallos 334:1412), el Superior Tribunal provincial reputo inválida una decisión administrativa que distorsionó, de modo injustificado y extemporáneo, las pautas de evaluación aprobadas para todo el trámite de un procedimiento semejante (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 56.663 “Molinuevo”, cit.).
3.6. Los lineamientos vertidos y la falta de adecuación a su respecto de la conducta estatal censurada, adquieren mayor relieve incluso si se los contempla a la luz de las directivas que surgen de la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada mediante Ley 24.759) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada mediante Ley 26.097), instrumentos que -si bien abundan en previsiones de índole penal- contienen precisas indicaciones en materia de contrataciones públicas.
Puntualmente, a través de la Convención citada en primer término, celebrada con el declarado propósito de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción [conf. art. II, apdo. 1], los Estados Partes se comprometieron a considerar la aplicabilidad de medidas destinadas a crear, mantener y fortalecer “Sistemas… para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas” [conf. art. III, apdo. 5 -el subrayado no pertenece al texto original-].
Por su parte, el art. III, inciso 1 de la Convención demanda "asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones" con actos que lleven "a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios y en la gestión pública”. Es a partir de tal ordenamiento supranacional que Agustín Gordillo postula que la referida Convención, en dicha norma que asume como operativa, impone una obligación de resultado, cual es la eficiencia del gasto o inversión pública en la contratación estatal, por lo cual luego afirma que “…no existe, a partir de la CICC, discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos: El gasto innecesario o superfluo, el no cuidar los bienes públicos como si fueran propios, el realizar proyectos inútiles, todo ello encuadra en las prohibiciones de la CICC …”. Y remata con prosapia afirmando que “… no es requisito producir un perjuicio patrimonial al Estado (artículo XII) para que haya infracción a la CICC: la vieja austeridad republicana queda así muy emparentada a la honorabilidad que la norma jurídica supranacional impone como principio obligatorio de conducta personal …” [cfr. Gordillo, Agustín. “Un corte transversal al derecho administrativo: La convención interamericana contra la corrupción”, LL, 1997-E, 1091. Reproducido, con modificaciones, en la conferencia “La contratación administrativa en la Convención Interamericana contra la Corrupción,” en V Encuentro de Asesores Letrados Bonaerenses, La Plata, Asesoría General de Gobierno, 1998, pp. 101 a 119; ver en www.gordillo.com].
Por su lado, declamando análogo objetivo al antes referido [conf. art. 1], el digesto referido en segundo lugar dispone en su art. 9, al tratar lo relativo a la “Contratación pública y gestión de la hacienda pública”, que -de conformidad con los principios fundamentales del ordenamiento jurídico- se adopten las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces para prevenir la corrupción, debiéndose abordar, en lo que aquí interesa, i) la “difusión pública de información relativa a procedimientos de contratación pública y contratos, incluida información sobre licitaciones e información pertinente u oportuna sobre la adjudicación de contratos, a fin de que los licitadores potenciales dispongan de tiempo suficiente para preparar y presentar sus ofertas”; ii) la “formulación previa de las condiciones de participación, incluidos criterios de selección y adjudicación y reglas de licitación, así como su publicación”; y iii) la “aplicación de criterios objetivos y predeterminados para la adopción de decisiones sobre contratación pública a fin de facilitar la ulterior verificación de la aplicación correcta de las reglas o procedimientos” [conf. apdo. 1, ptos. “a”, “b” y “c” -el subrayado no pertenece al texto original-]. Con todo, cualquier línea hermenéutica que quepa realizar en torno al alcance, sentido y aplicación de normas que impacten en el resultado de una contratación administrativa, mal podría desoír los principios, propósitos y prohibiciones contenidos en las referidas Convenciones Internacionales acogidas por el derecho nacional, más cuando la finalidad última de dichos Acuerdos supranacionales es dotar de las más amplia transparencia en el uso de los recursos públicos, por lo que –como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 344:1411- media una necesidad de fortalecer en la práctica de las instituciones de la Administración la organización en torno al principio de transparencia que neutralice la lógica corporativa que ha constituido a lo largo del tiempo un rasgo distintivo del sistema.
Por ello, "… siempre que se trate de causas que involucren el manejo de fondos y bienes públicos, la decisión que corresponde adoptar debe estar determinada por un mayor rigor al apreciar los hechos, debiendo tenerse presentes los compromisos asumidos por el Estado Nacional al suscribir tratados con otros países, como con la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobadas por las leyes 24.759 y 26.097, cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional y que por ello, además, imponen su consideración por los magistrados de todas las instancias…” (cfr. dictamen de la Procuración General al que remitió la C.S.J.N. en Fallos 339:1628).
4.1. Llegado a este punto, no me desentiendo aquí que la accionada basa su planteo defensivo en la circunstancia de que la decisión administrativa atacada [en puridad, el decreto 209/19 y sus confirmatorios decretos 733/19 y 1415/19] no constituye sino la mera aplicación de un precepto normativo, el que cuenta con plena vigencia y operatividad a partir de su incorporación a la Ley Orgánica de las Municipalidades mediante la sanción de la ley 14.139, y con absoluta observancia de los recaudos allí establecidos.
A pesar de ello, tal posicionamiento encuentra suficiente embate a través de la denuncia de colisión de dicho precepto -en atención al ejercicio que le dispensó la enjuiciada- con el bloque normativo y constitucional aplicable al caso que formalizó la empresa demandante a tenor de las argumentaciones ya ponderadas en el apdo. “2.2.” del presente voto (a las que cabe remitir en honor a la brevedad) y que motivaron las consideraciones que anteceden.
Con tal piso de marcha, conviene ahora recordar que la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia a la que únicamente cabe acudir cuando no existe otro medio de salvaguardar un derecho o garantía amparado por la Constitución (cfr. C.SJ.N. Fallos: 256:602; 258:255; 302:166; 316:188, 1718 y 2624; 319:3148; 321:441 y 1888; 322:842 y 919; 324:920; 325:1922 y 330:855 y 5345, entre muchos otros).
Por ello, la invalidación de una norma por los tribunales solo cabría decretarse i) si la repugnancia con la cláusula constitucional es clara, manifiesta e indudable [causa A.959 XLII “Álvarez Moser, Juan c/Bianchini, Roberto”, sent. de 4-9-2007, por remisión al Dictamen de la Procuración General], ii) luego de un acabado examen del precepto [Fallos 328:4542 y 330:2981, por remisión en ambos casos a sendos Dictámenes de la Procuración General], para lo cual los magistrados: iii) deberán agotar todas las interpretaciones posibles antes de declarar la inconstitucionalidad [Fallos 328:1491], iv) autoimponiéndose la mayor mesura en tal faena [Fallos 327:5723] y evitando examinar la conveniencia o acierto del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus atribuciones [Fallos 327:5614; 328:1416; 328:91; 329:385; 329:4032 –por remisión al Dictamen de la Procuración General], salvo irrazonabilidad- o iniquidad [Fallos 328:566].
Sopesadas las señaladas directrices, debe abordarse el cuestionamiento constitucional articulado por la sociedad apelante ya desde los albores del trámite administrativo licitatorio. En esa labor debe tenerse presente que la tacha de inconstitucionalidad ensayada por la quejosa viene estructurada en orden al modo como ha sido aplicada la norma por la Autoridad Pública demandada.
Siendo ello así, cuando se emprende la faena de juzgar acerca de la inconstitucionalidad de una ley bien, bien vale recordar la preclara opinión del doctor Soria en el precedente de la Suprema Corte Provincial I. 2162 "Fernández" (sent. de 23-12-2003). Allí el Ministro nos recuerda que la regla del sistema enseña que la declaración de inconstitucionalidad tiene lugar cuando la aplicación de la norma al asunto particular es contraria a los principios, derechos y garantías consagrados por la Constitución (“unconstitutional statute as applied”), supuesto en el cual los efectos del pronunciamiento no operan más allá de la contienda. Solo por excepción se admite que una norma pueda ser declarada inconstitucional, no ya en virtud de su aplicación a un caso particular, sino per se cuando el vicio o infracción es patente o notorio (“unconstitutional statute on its face”), lo que demanda la demostración de la invalidez de la norma en cualquier circunstancia, por cuanto ante la inconstitucionalidad patente no le es dable a la Administración mantener o perseguir el acatamiento de la norma invalidada ya que ésta carece de efectos sin importar mayormente las circunstancias de su aplicación.
Al amparo de las preanunciadas reglas y excepción, ha de descartarse que el art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 pueda caracterizarse como unconstitutional statute on its face. La aplicación del principio de prioridad allí dispuesto, en la medida que luzca compatible con las notas esenciales que informan los procedimientos de selección de contratistas y no muestre resquicios por los que se cuelen decisiones contrarias a los propósitos y prohibiciones sentados en las Convenciones Internacionales contra la Corrupción, no siempre conllevará una menoscabo al principio de igualdad de trato entre oferentes que posibilita una real concurrencia en la compulsa ni lucirá como mecanismo de opacidad en la selección del contratista estatal, desoyendo las finalidades de transparencia y eficiencia en la asignación de los recursos públicos por las que bregan aquellas Convenciones Internacionales arriba citadas, incorporadas al derecho interno argentino.
El empleo de tal facultad administrativa, oportunamente reglada, puesta en conocimiento de todos los potenciales alcanzados por sus efectos y armonizada con las restantes disposiciones que rigen tal cauce formal, bien podría favorecer aquellos propósitos que animaron su inclusión en el régimen de contrataciones municipal, empero con adecuada observancia del cúmulo de principios y garantías que se incardinan a resguardar la eficacia del procedimiento licitatorio y el interés público comprometido. Así, mal puede alegarse la inconstitucionalidad del artículo examinado en toda circunstancia, pues habrá algún segmento en el que su apropiada aplicación no produce irremediablemente la indeseada afectación de los principios de igualdad, concurrencia y publicidad del procedimiento licitatorio ni un ineficiente uso de la renta estatal: v.g. cuando se prioriza al oferente local frente a un empate de ofertas en los aspectos técnicos y económicos; cuando la diferencia entre la oferta del priorizado y las de los otros participantes pueda ser caracterizada como de “bagatela” o cuando al activarse la prioridad, se invita al oferente local a igualar la oferta económicamente más ventajosa formulada por aquel que se radica en extraña jurisdicción.
Su desajuste constitucional, empero, se visualiza con patencia cuando mediante su literal hermenéutica, y sin su previa compatibilización con los lineamientos normativos y notas esenciales que deben prevalecer en todo procedimiento licitatorio, se hace un empleo mecánico y sorpresivo del mentado principio de prioridad y a partir de allí se justifica una erogación de recursos en exceso millonaria –como acontece en el caso-, no solo desvirtuando así la efectiva concurrencia y transparencia que debe encauzar el trámite de selección para corporizar el respeto al principio de igualdad [conf. art. 16, Const. Nacional], sino también obstaculizando la adopción de una resolución administrativa que finiquite de modo razonado y fundado aquel trámite formal que compromete tanto el interés público [en especial, la adecuada inversión de la renta pública, cuando es bien conocido el recurrente déficit fiscal para afrontar los cometidos estatales], como así también el particular de los partícipes e interesados en su intervención [conf. art. 28, Const. Nacional]. En suma, aquella excepcional facultad que la norma en examen atribuye a las Autoridades municipales –de interpretación restrictiva como se expusiera supra y siempre sujeta a no desoír las notas esenciales del procedimiento licitatorio y la relevancia del derecho convencional internacional en materia de contratación estatal transparente y eficiente-, fue elevada a la condición de regla de imperativa y automática observancia, en el modo como fue interpretada y aplicada al presente caso por la accionada (y luego respaldada en la sentencia en crisis); ello – en mi visión- entra en franca contradicción con los principios de igualdad, concurrencia y publicidad reglados en la materia en los arts. 133, 134, 136 y 142 del decreto-ley 6769/58 y 98, 100 y 126 del decreto 2980/00, los que ostentan anclaje constitucional en los arts. 16, y 28 de la Constitución Nacional y se encuentran reforzados por los propósitos perseguidos por la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada mediante Ley 24.759) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada mediante Ley 26.097).
En conformidad con tal juicio, es forzoso decretar la inconstitucionalidad del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 y su inaplicabilidad a la presente causa en el contexto aquí analizado, circunstancia que vuelve ilegítima la actuación estatal impugnada, torna procedente la demanda promovida por la firma Wayro SA contra la Municipalidad de Olavarría y, consecuentemente, impone declarar la nulidad del decreto 209/19, como así también de los decretos 733/19 y 1415/19 [conf. art. 103, Ord. Gral. 267/80].
4.2. Arribado a este punto, no puedo dejar de reseñar que la actora persigue la declaración de nulidad del Decreto Nº 209/18 “por el que no se adjudicó a mi representada la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVO SECTOR DE INTERNACIÓN Y SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DR. HECTOR M. CURA” [negrita agregada]. Desde allí y evitando lecturas que pudieran entenderse como contrarias a postulados superiores tales como el principio in dubio pro actione (cfr. doct. esta Cámara causa C-7916-AZ1 “Volkswagen Argentina S.A.”, sent. de 15-05-2018), he de desprender -aunque ello no está expresamente así peticionado- el objetivo mediato de la sociedad accionante en revertir aquella decisión para obtener el contrato administrativo en cuestión, ponderando especialmente que esta acción judicial fue articulada sin dilaciones desde que se agotara la vía administrativa y sin dejar de señalar que el avance en la celebración y ejecución del contrato con la empresa local tuvo lugar concomitantemente con el devenir de la impugnación administrativa de la actora [cfr. fs. 957/963 y 1057 del expte. adm.]. Desde tal perspectiva, daré, en las particulares circunstancias del caso, por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que se requiere para acudir a la jurisdicción en procura de la finalidad perseguida [cfr. mi voto en la causa C-7979-BB1 “Ingeniería en Sistemas S.R.L.”, sent. de 27-06-2019].
Dicho lo anterior, pecaría por omisión si no dijera que, en la especie, aquel objetivo público buscado con la contratación estatal que se motorizara mediante el procedimiento licitatorio en el cual fueron emitidos los actos administrativos que se juzgan ilegítimos, ha tenido principio de ejecución por parte de la empresa que resultó entonces adjudicataria de la obra [cfr. acta de inicio de obra y ampliaciones contractuales previamente relevadas en el expte. adm.].
Y desde allí, algunos podrían sostener que la declaración de nulidad propiciada por la sociedad actora sería de ninguna utilidad al tiempo de esta sentencia. Empero, he de plasmar en lo que sigue, las palabras del señor Juez doctor Soria volcadas en su voto en la causa de la S.C.B.A. registrada como A. 73.919 “Zarlenga” [sent. de 25-03-2022], para patentizar que el debate y resolución que propongo para el presente proceso no es en vano. El referido Ministro de la Suprema Corte Provincial nos ilustra:
“… Tanto en el derecho público como en el derecho privado, en resguardo del ordenamiento concurren diversas formas de reacción (preventivas, represivas, reparadoras, etc.) frente a las transgresiones a la juridicidad vigente. Una de ellas es la anulación (en tanto privación de los efectos propios de esas formas de obrar; v. Morello, Augusto M.; Ineficacia y frustración del contrato, 2da. Edición, Platense, La Plata, 2006, pág. 90, en especial nota 181). Hace tiempo se ha explicado que el resultado frente a la inobservancia de las normas asume formas variadas (Orgaz, Alfredo; La ilicitud, Córdoba, 1992, pág. 21 y sigs. En el mismo sentido, Enneccerus, Ludwig, Kipp, Theodor y Wolf, Martin; Tratado de derecho civil, Tomo I, vol. segundo, Barcelona, 1935, pág. 421) aun cuando la sanción más frecuente y más diferenciada que acompaña al acto ilícito es la de obligar a su autor al resarcimiento del daño causado (Orgaz, Alfredo; ob. cit., pág. 21). En el terreno de la invalidez, y en el de la inoponibilidad, la cancelación de la virtualidad perseguida por el acto viene a menudo acompañada de una consecuencia restitutiva (v.gr., arts. 1.050 y 1.052, Cód. Civil -ley 340- y 290, Cód. Civ. y Com.) y, en ciertos casos, dadas determinadas condiciones, otra de carácter indemnizatorio (arts. 1.056, Cód. Civil -ley 340- y 391, Cód. Civ. y Com.). … Quiere significarse con todo esto que cuando la reposición al estado anterior - aneja a la declaración de ilegitimidad del acto- se encontrare obturada de manera total o parcial, o no fuere plenamente realizable, en lugar de la retroacción de sus efectos, puede disponerse una medida o un conjunto de medidas, de análoga funcionalidad o bien de índole compensatoria. Aquella declaración cumplirá pues la función de título de un resarcimiento sustitutivo; un sucedáneo de la vuelta al estado de cosas preexistente que debería en principio provocar la anulación. Se compensará, así, el gravamen generado a un interés subjetivo (arg. arts. 1.056, 1.066, 1.068, 505 inc. 3, 1.204 y concs., Cód. Civ. -ley 340- y 391, 1.717 y sigs., 730, 731, 1.083, sigs. y concs., Cód. Civ. y Com.)…”.
Con todo, parafraseando al señor Juez doctor Soria, “… el hecho de que actualmente sea estéril anular el obrar de la demandada con un alcance plenamente restitutorio, no determina que el interés jurídico de [la sociedad actora] quede insatisfecho a todo efecto …”, más cuando la empresa supo anticipar a la administración comunal su intención de obtener una reparación si su eliminación del proceso licitatorio fuera declarada ilegítima [cfr. nota del 25-03-2019, punto V, a fs. 3 del Alc. 2018-5316-134064-1902], ello –claro está- en la medida que tal pretensión sea articulada y resulte procedente en derecho, tanto formal como sustancialmente.
5. Alcanzada tal conclusión y receptada la pretensión anulatoria instada por la firma actora, entonces, deviene inoficioso abordar las restantes postulaciones volcadas en el memorial en tratamiento en relación a la cuestión sustancial debatida, como así también los agravios enderezados contra la condena en costas y la regulación de honorarios contenidas en el fallo en crisis, las que han de ser adecuadas al resultado del presente pronunciamiento [conf. art. 274, CPCC].
A su vez debe dejarse aclarado que, a tenor de las consideraciones vertidas, se ha dado debido tratamiento a los planteos blandidos –en lo pertinente- por la parte accionada su escrito postulatorio, dando así andamiaje al principio de la apelación adhesiva (cfr. doct. esta Cámara causas V-1117-BB1 “Cortés”, sent. de 21-5-2009; C-3216-MP2 “Cardinali”, sent. de 16-4-2013; C-8304-BB1 “Asociación Civil Barrio Molina Campos”, sent. de 13-11-2018).
II. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto [presentación electrónica del 10-2-2022], revocar el pronunciamiento del 27-12-2021, decretar la inconstitucionalidad del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 y su inaplicabilidad a la presente causa en el contexto aquí analizado, circunstancia que vuelve ilegítima la actuación estatal impugnada, torna procedente la demanda promovida por la firma Wayro SA contra la Municipalidad de Olavarría y, consecuentemente, impone declarar la nulidad del decreto 209/19, como así también de los decretos 733/19 y 1415/19 [conf. art. 103, Ord. Gral. 267/80]. Las costas de ambas instancias deberían imponerse al Municipio enjuiciado en su objetiva condición de vencido [conf. arts. 274, CPCC; 51 inc. 1 -texto según ley 14.437- y 77 inc. 1, CPCA].
En atención a lo normado en el art. 274 del CPCC, deberán readecuarse los honorarios profesionales reconocidos por los trabajos de instancia de grado en favor de la letrada apoderada de la parte actora - Dra. María José Vega- sujetándose la estipulación al nuevo resultado de la contienda, para lo cual se considera que la presente causa no resulta susceptible de apreciación pecuniaria [conf. art. 44 último párrafo, ley 14.967], se le imprimió el rito del proceso ordinario del CPCA [cfr. res. del 6-11-2019] y que de las tres etapas en las que se divide tal sendero procesal [art. 28 inc. “a”, ley 14.967] solo cumplió tareas relevantes en la primera de ellas.
Siendo ello así y sopesando las pautas brindadas por el art. 16 del ordenamiento arancelario, el tiempo insumido en el proceso, el resultado obtenido y la solución desde la perspectiva del interés de la parte accionante, se fijan los honorarios correspondientes a la Dra. María José Vega -letrada apoderada de la actora-, por sus trabajos ante la instancia de grado, en la suma equivalente a DIECIOCHO (18) JUS [conf. valor unidad arancelaria Acuerdo S.C.B.A. N° 4065/22, art. 1], con más los aportes de ley 6.712 e I.V.A. de corresponder [conf. arts. 274, CPCC; 1, 2, 14, 16, 22, 28, 44 -último párrafo- y ccdtes., ley 14.967; 12 y 16, ley 6.716].
Se deja constancia que, a tenor de la condena en costas que se propone, no corresponde regular honorarios por los trabajos de primera instancia en favor de los apoderados estatales intervinientes conforme lo prescripto por el art. 203 del decreto-ley 6769/58.
A la cuestión planteada, doy mi voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Riccitelli a excepción de lo allí señalado en los apartados I.3.2. –párrafos quinto a noveno, inclusive- y I.3.5. –párrafo noveno-.
También excluyo de mi adhesión lo consignado en el apartado II. – párrafo tercero- concerniente a la regulación de honorarios de la letrada apoderada de la parte actora (Dra. María José Vega).
Al respecto, y definido el presente como un proceso ordinario de naturaleza no pecuniaria, corresponde remarcar que la actuación de la profesional se efectuó bajo la vigencia de la ley 14.967 (art. 28 inc. a) del citado cuerpo legal).
Considerando entonces que: (i) resulta de aplicación el artículo 44 - segundo párrafo- de la ley 14.967; (ii) la Dra. María José Vega se desempeñó como letrada patrocinante de la accionante (art. 14); (iii) desarrolló su labor en una única etapa del proceso y (iv) la pretensión incoada mereció recepción favorable, la retribución por sus tareas en la instancia de grado debe fijarse en la suma equivalente a treinta y dos (32) Jus -conf. valor unidad arancelaria Acuerdo S.C.B.A. N° 4065/22, art. 1-, con más los aportes de ley 6.712 e I.V.A. de corresponder -conf. arts. 274, CPCC; 1, 2, 14, 16, 22, 28, 44 -último párrafo- y ccdtes., ley 14.967; 12 y 16, ley 6.716- (cfr. arg. doct. esta Cámara causas C-9840-BB1 “Biscaychipi”, res. de 02-03-2021 –por mayoría-; C-10916-NE1 “Travel Rock S.A.”, sent. de 08-07-2021 –por mayoría-; C-11088-BB1E “Zaragoza”, res. del 07-09-2021 –por mayoría-; C-9093-MP2”
Calmejane”, res. del 21-09-2021 –por mayoría-).
En definitiva, con el alcance indicado, voto por la afirmativa. A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo: Adhiero al voto que abre el Acuerdo, con las exclusiones que el señor Juez doctor Ucín destaca en su voto y la solución que propone en materia de honorarios de la Dra. María José Vega.
Voto, en suma, por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto [presentación electrónica del 10-2-2022], revocar el pronunciamiento del 27-12-2021, decretar la inconstitucionalidad del art. 156 bis del decreto-ley 6769/58 y su inaplicabilidad a la presente causa en el contexto aquí analizado y consecuentemente, declarar ilegítima la actuación estatal impugnada, acoger la demanda promovida por la firma Wayro SA contra la Municipalidad de Olavarría y declarar la nulidad del decreto 209/19, como así también de los decretos 733/19 y 1415/19 [conf. art. 103, Ord. Gral. 267/80]. Las costas de ambas instancias se imponen al Municipio enjuiciado en su objetiva condición de vencido [conf. arts. 274, CPCC; 51 inc. 1 -texto según ley 14.437- y 77 inc. 1, CPCA].
2. Readecuar los honorarios correspondientes a la Dra. María José Vega -letrada apoderada de la actora-, por sus trabajos ante la instancia de grado, los que se fijan -por mayoría- en la suma equivalente a TREINTA Y DOS (32) JUS [conf. valor unidad arancelaria Acuerdo S.C.B.A. N° 4065/22, art. 1], con más los aportes de ley 6.712 e I.V.A. de corresponder [conf. arts. 274, CPCC; 1, 2, 14, 16, 22, 28, 44 -último párrafo- y ccdtes., ley 14.967; 12 y 16, ley 6.716].
Se deja constancia que, a tenor de la condena en costas decidida, no corresponde regular honorarios por los trabajos de primera instancia en favor de los apoderados estatales intervinientes conforme lo prescripto por el art. 203 del decreto-ley 6769/58.
3. Estese a la regulación de honorarios que, por las labores profesionales cumplidas en esta segunda instancia, se practica por separado.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente [conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 –t.o. Ac. 4039/21-]. Hecho, devuélvanse las actuaciones al órgano de origen, sobre el que pesa la carga de cumplimentar lo reglado por Resolución S.C.B.A. N° 2305/16 respecto de los honorarios aquí modificados.
A los efectos que corresponda se transcribe Articulo 54 Ley 14.967:- Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a éste podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) Reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.”
Fin de la sentencia