Abriendo la norma
Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante y, por mayoría de opiniones concordantes, revocar in totum el pronunciamiento de grado, hacer lugar a la pretensión declarativa de certeza articulada por la actora y declarar con fuerza de verdad legal que Catalina Schwindt no resulta deudora -a partir de la fecha de publicación de la Ordenanza 16.897 de ningún tributo, tasa, contribución y/o gabela cuyo hecho imponible resulte y/o se defina a partir la titularidad registral y/o posesión del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19 del Partido de Tandil, mientras se mantengan las circunstancias de afectación a la esfera de disponibilidad del bien analizadas en la presente causa. Las costas de alzada se imponen en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Por mayoría de opiniones, y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C. [arts. 59 inciso 4 y 77 inciso 1 del C.P.C.A.], las costas de primera instancia se imponen a la Municipalidad de Tandil y a la Provincia de Buenos Aires, vencidas en contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. …
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Anexo único del Acuerdo S.C.B.A. n° 3975/2020, en Acuerdo, pronunciar sentencia única en la causa C-12766-AZ1E “SCHWINDT CATALINA C/ MUNICIPALIDAD DE TANDIL Y OTRO S/ PRETENSIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA-OTROS JUICIOS”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín, Riccitelli y Mora
I. Con fecha 15-3-2023, el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Azul rechazó la acción declarativa de certeza interpuesta por Sra. Catalina Schwindt contra la Municipalidad de Tandil y contra la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, impuso las costas a la actora en su condición de vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes conforme el siguiente detalle: (i) Dr. Leandro Luis Schwindt, la cantidad de treinta (30) Jus arancelarios, con más la adición de ley; (ii) Dr. Andrés Curcio y Dra. Anabella Ariztegui, la suma común de treinta (30) Jus arancelarios, con más la adición de ley; (iii) Dr. Fernando Lavecchia, abogado de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, en la cantidad de treinta (30) Jus arancelarios, con más la adición de ley. II. Mediante presentación del 15-3-2023, el Dr. Lavecchia apeló sus honorarios, por considerarlos escasos.
III. Con fecha 28-3-2023, el Dr. Schwindt, con invocación de la franquicia del art. 48 del C.P.C.C. en representación de la actora, interpuso recurso de apelación contra la sentencia. Asimismo, y para el caso que se confirme el pronunciamiento, planteó la nulidad de la regulación de honorarios. En subsidio, sostuvo que el proceso es susceptible de apreciación pecuniaria y recurrió las regulaciones de todos los profesionales intervinientes por considerarlas elevadas.
IV. Ingresadas las actuaciones a este Tribunal con fecha 10-4-2023, los autos fueron puestos a disposición del apelante por el plazo de cinco (5) días, a los fines de la presentación del respectivo memorial (cfr. art. 254 del C.P.C.C).
V. El 26-4-2023, el Dr. Schwindt, con mención de la franquicia del art. 48 del C.P.C.C. en representación de la actora, expresó agravios. Ello mereció la réplica de la Fiscalía del Estado y de la Municipalidad de Tandil (cfr. presentaciones del 5-5-2023 y 8-5-2023, respectivamente).
VI. Contestados los traslados conferidos, puestos los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad de los recursos y, en su caso, para dictar sentencia (cfr. res. del 11-5-2023), corresponde plantear y votar las siguientes
1. ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 15-3-2023?
Resuelto ello, 2. ¿Corresponde declarar abstractos los recursos de apelación deducidos por el apoderado fiscal, el 15-3-2023, y por la actora, con fecha 28-3-2023, contra la regulación de honorarios practicada por magistrado de grado?
A la primera cuestión planteada, dijo el señor Juez doctor Ucín:
I.1. El juez de la instancia dictó sentencia con el alcance indicado en los Antecedentes de este pronunciamiento.
Para decidir de ese modo, luego de relevar la posición adoptada por cada una de las partes, puntualizó que correspondía determinar sí existía una incertidumbre que exima a la accionante del pago de tasas municipales e impuesto provinciales.
Inicialmente, citó jurisprudencia de la Suprema Corte provincial y de este Tribunal referida a los lindes y recaudos de procedencia de la pretensión declarativa de certeza consagrada en el art. 12 inc. 4° del C.C.A.
Luego, destacó que el presente proceso tiene vinculación con la pretensión declarativa de certeza iniciada por otro propietario de los inmuebles alcanzado por las Ordenanzas n°s 16.897, 16.951 y 17.390. Empero, destacó que en los autos "Inza Hugo Cesar c/ Municipalidad de Tandil s/ Pretensión declarativa de certeza – otros juicios”, la incertidumbre alegada por el entonces actor no era respecto de su vínculo tributario, sino acerca del alcance de las normas municipales que limitaban su derecho de propiedad. Refirió que, en aquella causa, declaró la invalidez de las limitaciones y prohibiciones establecidas en el decreto nº 2317/2020, a la vez que sostuvo que la normativa cuestionada no tenía vicios de inconstitucionalidad. Por otro lado, reiteró que la Ordenanza nº 16.897/2020 no era una norma de inicio de un proceso expropiatorio (conf. art 17 de la Constitución Nacional). De ese modo, consideró “despejada” la cuestión suscitada.
Luego, señaló que “...el argumento de certeza de la actora, y no de carencia de ella, es que operada la expropiación (de manera directa o inversa) las obligaciones tributarias ceden o por caso no deben ser exigibles, tal como lo ha manifestado la SCBA "Payton S.C.A. contra Provincia de Buenos Aires. Expropiación inversa". Con ello en consideración, sostuvo que no existió proceso expropiatorio y, consecuentemente, descartó los planteos formulados por la actora sobre la base de ese instituto constitucional. Reiteró que el caso sub examine versaba sobre el ejercicio de potestades municipales y concluyó que no se verificaba una situación de incertidumbre en cuanto a la relación jurídica que unía tributariamente a las partes. Lo cual –señaló-, no importaba cercenar la posibilidad revisora de la actuación administrativa, en caso de hallarse presentes las condiciones procesales respectivas. Con todo, juzgó que la obligación tributaria de la actora no resultó modificada por la potestad expropiatoria del Municipio.
Finalmente, desestimó el reclamo contra la Provincia de Buenos Aires, en tanto no tuvo intervención en las limitaciones impuestas por las Ordenanzas nºs 16.897, 16.951 y 17.390 respecto del inmueble de la accionante, ni se le atribuyeron conductas restrictivas del derecho de propiedad. En ese orden, sostuvo que la demanda carecía de una imputación directa a la actuación del Fisco provincial, ni tampoco se esgrimieron razones que tornen incierto el vínculo tributario con la Provincia.
2. Contra esa decisión el representante de la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fundó mediante presentación electrónica del 26-4-2023.
2.1. Inicialmente, planteó la nulidad de la sentencia. Luego de citar doctrina y jurisprudencia en punto a la referida cuestión, afirmó que el juez de grado tergiversó lo postulado en la demanda, omitió el tratamiento de una cuestión esencial e incorporó conclusiones de otro proceso, sin explicar los razonamientos que lo condujeron a ello.
2.1.1. En ese orden, refirió que el magistrado interpretó que, del escrito de inicio, surgía la certeza de su parte respecto de la inexigibilidad de las obligaciones tributarias una vez operada la expropiación. Y, sobre esa base, rechazó la demanda por considerar que, en la especie, no medió expropiación.
Sostuvo que tales conclusiones no guardaban congruencia con lo postulado en la presentación liminar, pues allí no se refirió a la expropiación, sino a la desposesión del bien. Indicó que, en la causa “Payton”, la Corte provincial condenó a restituir los impuestos pagados desde la desposesión, mucho antes de concluido el proceso expropiatorio. Agregó que, en el citado escrito, postuló que las accionadas violaron la doctrina legal de la Corte, pues pretendieron el cobro de impuestos sobre un bien que inutilizaron por decreto, declararon de utilidad pública y sujeto a expropiación mediante ordenanza, a la vez que lo incluyeron como Zona Especial de Interés Ambiental, con la quita de los indicadores urbanísticos. Con ello en consideración, afirmó que no correspondía tributar respecto de un bien sobre el cual su titular no podía ejercer derecho alguno (cfr. art. 1941 del CCC). Asimismo, reiteró que el Municipio nunca efectuará actos materiales de posesión, puesto que logró la finalidad de conservar el ambiente en su estado actual mediante la declaración de utilidad pública y la prohibición de construcción en los lotes alcanzados por la medida.
Con todo, solicitó que, en virtud de la incongruencia señalada, se declare la nulidad de la sentencia.
2.1.2. Sentado lo anterior, adujo que la decisión puesta en entredicho omitió el tratamiento de una cuestión esencial.
Recordó que en la demanda planteó que el Municipio incurrió en una grave violación al principio de igualdad ante las cargas públicas pues, conforme se reconoció en la causa “Inza Hugo Cesar c/ Municipalidad de Tandil s/ Pretensión declarativa de certeza” de trámite por ante el mismo Juzgado, en anteriores oportunidades se declaró la utilidad pública de un inmueble pero, a diferencia de lo ocurrido en el caso sub examine, se suspendió el cobro de tributos municipales hasta tanto la propiedad del bien se transfiera a la Comuna (cfr. art. 4º de la Ordenanza nº 11.276). Para más, destacó que, al formular su responde, el Municipio de Tandil reconoció que la suspensión prevista en la referida Ordenanza nº 11.276 obedeció a una expresa solicitud de los propietarios de los inmuebles involucrados.
Sostuvo que el pronunciamiento en crisis soslayó el análisis del planteo de violación al referido principio constitucional no obstante que, en un caso análogo, la Municipalidad obró de modo contrario a lo acontecido en la especie (dejó de percibir las gabelas involucradas). Lo cual –sostuvo- ponía en evidencia que no se trataba de una simple norma urbanística.
2.1.3. Desde una perspectiva diversa, refirió que la sentencia dictada no se autoabastecía pues, sin bridar fundamento alguno, remitió a lo resuelto en la citada causa “Inza” e incorporó planteos defensivos de las demandadas que no surgían de las presentes actuaciones.
En tal sentido, señaló que carecía de toda relación con el thema decidendum la infundada incorporación de lo resuelto por el juez de la instancia en aquella oportunidad, en cuanto a que “...la ordenanza 16897/2020, por su propia redacción, por los elementos de los que carece, por la competencia que delega, por la interpretación que hace los representantes del municipio e incluso por las posibilidades que ha dicho la jurisprudencia local, no es una norma que inicie un proceso expropiatorio (Conf. art 17 de la Constitución nacional)...”. Postuló que, de ese modo, el a quo infringió el principio de congruencia de forma ostensible, puesto que no tuvo en consideración los hechos y argumentos jurídicos expresados por las partes en sus presentaciones liminares.
2.2. En subsidio, y para el caso que se desestime el planteo de nulidad de la sentencia, expuso los restantes agravios.
2.2.1. Inicialmente, reiteró que el pronunciamiento de grado se fundó en la sentencia dictada en la causa “Inza”, pero sin brindar fundamento alguno para ello; lo cual, por un lado, impedía formular una crítica concreta y razonada contra lo resuelto en la especie. Y, por otro, exigía cuestionar la sentencia dictada en otro expediente, que, a la fecha de la presentación, fue recurrida ante esta instancia por ambas partes. Con ello en consideración, se remitió a los fundamentos vertidos por la actora en la apelación articulada con fecha 30-3-2023 en aquella causa. Luego, sostuvo que la decisión le causó agravio, toda vez que la Ordenanza nº 16.897/20 mal podría considerarse una mera regulación urbanística como indicó el magistrado, dado que declaró la utilidad pública del bien, lo sujetó a expropiación y afectó definitivamente sus derechos al prohibir toda construcción en el lote baldío.
2.2.2. Consideró que la afirmación “...por su propia redacción, por los elementos de los que carece, por la competencia que delega, por la interpretación que hace los representantes del municipio e incluso por las posibilidades que ha dicho la jurisprudencia local, no es una norma que inicie un proceso expropiatorio (Conf. art 17 de la Constitución nacional). Esta convicción despeja la cuestión planteada...” carecía de todo sustento.
Recordó que, de conformidad con la doctrina de la Suprema Corte provincial que citó, la literalidad es la primera pauta de interpretación a la que debe estarse. Destacó que la Ordenanza en cuestión declaró, de modo expreso, la utilidad pública del bien y lo sujetó a expropiación, sin que resulte necesario acudir a otro método hermenéutico. Apuntó que la declaración de utilidad pública constituye el acto de inicio del proceso expropiatorio.
Indicó que tampoco resultaron expuestos con claridad “..los elementos de los que carece...” el precepto expropiatorio. Agregó que la sentencia pareció confundir los elementos del referido instituto con los de una “norma que inicia un proceso” respectivo.
Del mismo modo, cuestionó las referencias formuladas por el juez anterior sobre “...la competencia que delega...” y respecto de “la interpretación que hace los representantes del municipio”, las cuales reputó imprecisas.
Subrayó que lo resuelto no era congruente con lo planteado por el Municipio al contestar la demanda, al afirmar que “…la sola “declaración de utilidad pública” que por ahora sólo habilita al Departamento Ejecutivo a iniciar “alguna” de las diversas operatorias legales vigentes para adquirir las parcelas de interés de la comunidad. De hecho, algunas podrán ser adquiridas mediante compraventa, otras mediante una permuta, alguna quizás donada, etc., y finalmente, quizás solo eventualmente, alguna sea adquirida mediante el procedimiento de la expropiación, cuando se opte por dicha vía –que aún no es el caso–…”.
En su parecer, la declaración de utilidad pública no solo surgía de la letra de la mentada norma local sino que, para más, al contestar la demanda, el Municipio admitió que la norma lo habilitó a adquirir el bien por la vía que elija y en el momento que estime oportuno. En sentido similar, añadió que el sitio web del Concejo Deliberante se informó que “...el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad que 600 lotes emplazados en el cerro sean declarados de interés público sujeto a expropiación, medida tendiente a resolver a favor de la comunidad una larga disputa por el uso de ese espacio, clave para el pueblo de Tandil por motivos sociales y ambientales.”
Con todo, sostuvo que el juez de grado cometió un equívoco al sostener que la Comuna no pretendió iniciar un procedimiento expropiatorio. Remarcó que, en la causa “Inza”, se planteó la inconstitucionalidad del precepto municipal con sustento en lo resuelto por esta Cámara en las causas C-1935-DO1 “Macchi”, sent. del 9-2-2011 y A-9715-DO1 “Ecoplata”, sent. del 5-5-2020. Destacó que, a pesar de esos antecedentes, la sentencia en crisis consideró que la Ordenanza no entrañó una expropiación. Para más, refirió la opinión de doctrina respecto de la diferencia existente entre una restricción administrativa y una expropiación como la que -en su criterio- existió en la especie.
2.2.3. Seguidamente, manifestó que el juez de la instancia también incurrió en un error interpretativo y de derecho al considerar que no se trataba de una “ordenanza expropiatoria propiamente dicha” con sustento en que la norma habilitaba, además de expropiar, a adquirir el dominio mediante otras operatorias. Afirmó, al respecto, que nuestro ordenamiento jurídico no admitía que, luego de la declaración de utilidad pública, la adquisición del bien quede sujeta a la operación que estime oportuna el Departamento Ejecutivo.
Por el contrario, sostuvo que el instituto constitucional de la expropiación era el único medio jurídico que permitía armonizar los intereses públicos y privados, evitando lesionar los derechos de propiedad de particulares por razones de utilidad pública. Así, concluyó que, al admitir la posibilidad de concretar una operación de compraventa o permuta luego de la declaración de utilidad pública, el sentenciante desconoció el procedimiento de expropiación previsto en la ley 5708.
2.2.4. En cuanto al rechazo de la acción promovida contra la Provincia de Buenos Aires, señaló que también resultaba de aplicación lo decidido por el Superior Tribunal de la Provincia en la causa “Payton”, pues la imposibilidad de ejercer el pleno derecho de dominio debía asimilarse a la desposesión. En ese sentido, afirmó que con la declaración de utilidad pública el Municipio consiguió el fin perseguido, esto es, evitar que se desarrollen construcciones en el inmueble. Por tal razón, reiteró que la Comuna nunca efectuará actos materiales de posesión sobre aquel. De ese modo, y dado que, por aplicación de la norma dictada, la Municipalidad logró que los terrenos permanezcan en condición de baldíos, los impuestos provinciales deberían correr la misma suerte que los municipales. Y ello, pues -conforme lo entendió-, no correspondía exigir el pago de gabelas sobre un bien declarado de utilidad pública y sujeto a expropiación, “usufructuado” por el Estado municipal. Consideró irrazonable que, iniciado el proceso expropiatorio, afectados definitivamente los derechos del particular, privado de ejercer las facultades que confiere el derecho de dominio, deba continuar abonando tributos al Estado (sea municipal, provincial o nacional).
2.2.5. Por último, y para el caso que no se recepten los planteos precedentes, se opuso a la condena en costas y solicitó se la exima totalmente. Adujo que, mientras su pretensión se sustentó en la doctrina de la Suprema Corte provincial, el derecho constitucional de igualdad y las normas dictadas por el Municipio, el a quo rechazó la demanda sobre la base de considerar que no existió una norma expropiatoria, sino una mera regulación urbanística.
3. Sustanciados los fundamentos del recurso de apelación (cfr. res. del 27-4-2023), la Fiscalía de Estado y la Municipalidad de Tandil solicitaron su rechazo (cfr. presentaciones del 5-5-2023 y 8-5-2023).
II. El recurso prospera, con el alcance que se establece a continuación.
1. La señora Schwindt promovió acción declarativa de certeza con el propósito de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que “ …despeje el estado de incertidumbre generado ante el devengamiento continuo de ´impuesto inmobiliario´, ´tasa retributiva de servicios públicos´, ´tasa vial´, ´tasa para la salud´, ´fondo de inversión vial urbana´, ´obras de alumbrado público´, ´tasa complementaria de protección ciudadana´ y cualquier otro impuesto” en relación al bien de su propiedad…” designado catastralmente como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19, que se encuentra en la zona denominada como “Villa del Lago” en Tandil.
En ese orden, requirió que se declare si le corresponde, o no, tributar cualquier tipo de impuesto en relación al referido bien, desde que fueron prohibidas las construcciones y/o desde que fue declarado de utilidad pública por el Municipio y sujeto a expropiación. A su vez, y para el supuesto de que ello no le corresponda, solicitó que se declare la inexistencia de deuda, desde la fecha en la que, por decreto, se prohibieron las construcciones o, subsidiariamente, desde que se declaró de utilidad pública, y se ordene al Municipio a la Provincia de Buenos Aires que emitan el libre deuda desde ese momento y se abstengan de cualquier tipo de reclamo en relación a esos períodos y por cualquier tributo. Todo anterior, con costas a la contraparte.
2.1. Resulta menester recordar que la pretensión declarativa de certeza tiene por finalidad primordial obtener una declaración judicial que ponga fin a un estado de incertidumbre sobre la existencia, modalidades o alcances de una relación jurídica, en aquellos casos en los que esa falta de certeza pueda producir un perjuicio o lesión actual al actor (argto. doct. S.C.B.A. causas I. 68.205 “Defensor ante el Tribunal de Casación Penal”, res. del 22-IV-2005; B. 68.876 “Gualco”, res. del 13-XII-2006; esta Cámara causas G-1111-DO1 “Calmejane”, sent. de 23-VI-2009;
V-1334-BB1 “Castell”, sent. del 5-XI-2009; G-963-MP1 “Saralegui”, sent. del 25-XI-2009).
De manera que, conforme lo resuelto el Superior Tribunal provincial, la existencia de una duda acerca de alguno de esos extremos constituye un requisito sine qua non para la procedencia de este cauce procesal (cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 64.445 “Cámara Argentina de Agencias de Turf”, res. de 2-IV-2003; B. 65.546 “Bingo King S.A.”, res. de 20-VIII-2003; B.64.101 “Van Riel”, res. de 27-X-2004).
De tal modo, la pretensión de sentencia meramente declarativa no persigue propiamente la constitución de derechos o la condena del demandado, sino el esclarecimiento de una determinada situación jurídica que luce incierta o carente de certeza (cfr. doct. S.C.B.A. causa B. 66.031 “Shell”, sent. del 13-IV-2011; doct. esta Cámara causa C-6705-MP2 “Tulsa Tierras Urbanizaciones Loteos S.A.C.I.F.I.”, sent. del 18-X-2016).
2.2. Con apego a las pautas reseñadas, se advierte que la situación de incertidumbre planteada por la actora, si bien enfocada en su condición jurídica en tanto contribuyente del Impuesto Inmobiliario y de las tasas municipales que gravan el bien de su propiedad, tiene su origen (y de allí su perplejidad) en el contexto suscitado, respecto de este último, a partir del dictado, por parte del Municipio de Tandil, de la Ordenanza nº 16.897 y otras normas vinculadas.
En tal sentido, la accionante relató que, con fecha 7-11-2019, el Intendente de esa ciudad prohibió las construcciones por un plazo de ciento ochenta días en la totalidad de la Chacra 150 –con algunas pocas excepciones-, dentro de la cual se encuentra su parcela. Interdicción que -según expuso- se prorrogó por otros ciento ochenta días. Añadió que, posteriormente, mediante Ordenanza nº 16.897 del 25-6-2020, el Honorable Concejo Deliberante de Tandil declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación su inmueble y otras parcelas de la Chacra 150. Indicó que esa norma exhortó al Departamento Ejecutivo para que se suspendan los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes, respecto de aquellas parcelas cuya adquisición de dominio se declaró de utilidad pública, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión. Agregó que, luego, fueron dictadas las Ordenanzas nº 16951 y nº 17390 por las cuales se incluyó a la Chacra 150 como Zona Especial de Interés Ambiental, con el retiro los indicadores urbanísticos a las parcelas declaradas de utilidad pública y la imposibilidad de una futura urbanización de la zona.
Afirmó que el complejo normativo dictado por la Comuna provocó la indisponibilidad de los inmuebles hasta tanto el Municipio adquiera la propiedad, circunstancia que no quedó sujeta a un plazo no determinado. Manifestó que, al tratarse de un terreno baldío respeto del cual rige una prohibición de construcción, su derecho de dominio sobre aquel resultó afectado definitivamente.
Para más, indicó que, en un caso análogo, en el que se declaró de utilidad pública y sujetó a expropiación un bien, el Municipio suspendió el cobro de tasas municipales hasta tanto la Comuna obtenga la propiedad del inmueble (cfr. Ordenanza nº 11.276).
En ese marco, cabe colegir que la sanción de la Ordenanza municipal y las normas posteriores provocaron en la accionante una situación de incertidumbre respecto de su situación fiscal como contribuyente de los tributos provinciales y municipales que gravan el bien inmueble de su titularidad.
El propósito de la accionante no ha sido otro que obtener un pronunciamiento jurisdiccional que despeje el estado de incerteza “ …generado ante el devengamiento continuo de ´impuesto inmobiliario´, ´tasa retributiva de servicios públicos´, ´tasa vial´, ´tasa para la salud´, ´fondo de inversión vial urbana´, ´obras de alumbrado público´, ´tasa complementaria de protección ciudadana´ y cualquier otro impuesto” en relación al bien de su propiedad…” alcanzado por las normas municipales antedichas, a la vez que declare si le corresponde o no tributar cualquier tipo de gabela en relación a aquel atento la afectación sufrida en su derecho de propiedad.
Tal es la duda planteada por la actora y cuyo esclarecimiento corresponde a esta Cámara.
2.3. Delimitado, entonces, el contexto sobre el cual se estructura la controversia, se impone dilucidar, inicialmente, la legitimidad de la normativa involucrada en la especie.
Y, en ese orden, resulta menester advertir que el sustrato de la cuestión aquí examinada no difiere -en lo sustancial- de aquel que fue examinado recientemente en la causa C-12865-AZ1 “Inza”, sent. del 4-07-2023, en la cual este Tribunal “ …declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza N° 16.897 (en cuanto declaró la utilidad pública y sujeción a expropiación del inmueble catastralmente identificado como… y de las limitaciones al dominio contenidas en las Ordenanzas N° 16.951 y N° 17.390 [en tanto, entroncadas en lo dispuesto por la Ordenanza N° 16.897, estatuyan restricciones que importen la ablación de cualquiera de los componentes esenciales del derecho de propiedad sobre el mentado fundo]”.
Habida cuenta que el núcleo del marco de incertidumbre planteado por la accionante, en cuanto a su situación tributaria, se deriva, básicamente, de los efectos y alcances de la referida normativa local en relación a la condición jurídica de su inmueble, corresponde reproducir, en lo pertinente y con las modulaciones y añadidos propios de la situación sub examine, los argumentos brindados en aquella ocasión.
2.3.1. En tal sentido, y de modo preliminar, corresponde reseñar, brevemente, el marco normativo municipal involucrado en la especie. Así, la Ordenanza n° 16.897, de fecha 25-06-2020, dispuso: “... art. 1°: Declárese de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de esta Municipalidad, mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal, de los inmuebles identificados en el anexo I que forman parte de la presente Ordenanza correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E del Partido de Tandil (103), exceptuada la Fracción III ...”. El art. 3 de la citada norma consignó expresamente que “...
conforme lo establecido en el artículo 77º inc. a de la carta Orgánica Municipal modificado por la Ley Nº 13.101, se reconoce a la presente carácter de ley en sentido formal y material ...”.
Finalmente, el art. 4 ordenó al Departamento Ejecutivo que “... suspenda los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes, en las parcelas cuya adquisición de dominio se declara de utilidad pública en el artículo primero de la presente Ordenanza, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión ...”.
Seguidamente, la Ordenanzas n° 16.951 de fecha 03-09-2020 -y su modificatoria n° 17.390 de fecha 25-11-2021- afectaron como Zona Especial de Interés Ambiental [ZEIA] a los espacios parcelarios correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E del Partido de Tandil (103), exceptuada la Fracción III.
Esa categorización importó que: (i) “cada zona se deberá preservar en su estado natural y proteger la integridad del paisaje de su área de influencia sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control, atención del visitante y las que se adopten para la conservación, cuidado y uso racional de sus componentes” (v. art. 2 Ord. n° 17.390 modificatorio de la Ord. n° 16.951); (ii) “... se prohíbe toda explotación económica con excepción de las vinculadas al desarrollo turístico y actividades educativas y culturales, las que en todos los casos se ejercerán con sujeción al Plan Especial de Manejo ...” (v. art. 2 Ord. n° 17.390 modificatorio de la Ord. n° 16.951) y; (iii) se eliminan todos los indicadores urbanísticos con excepción a aquellas parcelas “cuya adquisición de dominio no haya sido declarada de utilidad pública por la Ordenanza N° 16.897 y modificatorias” (v. art. 2 Ord. n° 17.390, modificatorio de la Ord. n° 16.951).
2.3.2. De la precedente reseña surge, entonces, que el art. 1 de la Ordenanza n° 16.897 declaró de “utilidad pública la adquisición del dominio” por parte de la Municipalidad del bien inmueble de la actora y habilitó, para ello, diversos mecanismos legales, entre los que expresamente refiere al instituto expropiatorio. A la vez que, como dato no menor, el art. 3 de la mentada norma municipal, con referencia a la previsión contenida en el artículo 77º inc. a) de la Ley Orgánica de la Municipalidades (L.O.M.) modificado por la ley 13.101, puntualmente explicitó que “... se reconoce a la presente carácter de ley en sentido formal y material ...”.
De modo que la Ordenanza n° 16.897, en tanto dispuso: (i) la declaración de utilidad pública; (ii) la sujeción a expropiación como mecanismo legal apropiado para adquirir el dominio del inmueble del actor y; (iii) que se la deberá considerar como una “ley en sentido formal y material”, evidencia, a diferencia de lo postulado por el sentenciante de grado, la evidente voluntad expropiatoria por parte del Municipio. Ello no importa soslayar que la defensa técnica municipal postula que tal voluntad expropiatoria no existe en el caso y que, en definitiva, toda la actividad procedimental posterior de las autoridades municipales se direccionó a implementar alguna de las otras “operatorias” referidas en el art. 1 de la Ordenanza n° 16.897 (tales como el mecanismo de permuta) y no a efectivizar el proceso expropiatorio propiamente dicho; empero, además de puramente voluntarioso, el posicionamiento defensivo expuesto por el Municipio al contestar la demanda lejos se encuentra de modificar o alterar el contenido de un acto emanado del Departamento Deliberativo municipal que, como ya anticipara, dejó expedita la puesta en marcha del mecanismo expropiatorio.
2.3.3. En ese contexto, y dado que el propio art. 3 de la Ordenanza n° 16.897 atribuye el carácter de “ley en sentido formal y material” a la referida norma, corresponde delimitar, por un lado, los específicos alcances del término “ley” en su acepción constitucional; esto es, para el presente caso, definir qué tipo de acto emanado de un poder público es aquel cuya emisión exigen los artículos 17 y 31 de los textos constitucionales nacional y provincial, respectivamente, como recaudo habilitante para el ejercicio de la potestad expropiatoria por parte del Estado. Y, por el otro, una vez establecida tal cuestión, deberá determinarse si la Ordenanza municipal n° 16.897 resulta equiparable a una ley, en los términos de la presente controversia, entendida esta última en aquella acepción constitucional.
A esos fines, en el citada causa C-12685-AZ1 “Inza” se siguieron las principales líneas argumentativas elaboradas por este Tribunal en los precedentes C-1935-DO1 “Municipalidad de Maipú c. Macchi”, sent. del 9-02-2011 y A-9715-DO1 “Ecoplata S.A.”, sent. del 05-05-2020 por guardar sustancial analogía con la cuestión allí examinada; cuya reiteración, en esta oportunidad, resulta pertinente.
2.3.4. En ese sentido, y tal como surge del propio texto del artículo 17 de la Constitución Nacional, la expropiación fue concebida por el constituyente como una limitación al derecho de propiedad. Al amparo de tal previsión, el Estado se encuentra habilitado para privar de la propiedad de algún bien, unilateralmente, a quien resulta ser su titular, indemnizándolo previamente y siempre que tal proceder encuentre fundamento en la utilidad pública de aquel declarada por ley. Este instituto, típicamente iuspublicista, configura una de las más intensas formas de exteriorización de la potestad estatal, en tanto desapropia a través de un acto compulsivo y prescindiendo del consentimiento del afectado. Su existencia se justifica, de una parte, en el carácter relativo que ostentaría la propiedad privada y, de otra, en la consagración del bien común como finalidad del Estado.
Por otro lado, implica el cercenamiento de un derecho que, concebible como atributo inherente a la propia naturaleza del hombre, es expresamente reconocido por el orden constitucional junto a otras libertades fundamentales del individuo (argto. art. 14 C.N; Fallos 145:307, entre muchos otros) y consagrado como objeto de especial tutela, asegurándose su inviolabilidad, tanto en lo atinente a la titularidad misma del derecho -que solamente puede ser alterada bajo las condiciones que establece expresamente la Constitución (argto. art. 17 C.N.)- como a su ejercicio –que se ajustará a las leyes que lo reglamentan, aun cuando éstas no podrán alterarlo (argto. art. 28 C.N.) ni someterlo a condiciones que resulten arbitrarias o generadoras de privilegio-.
En ese orden, cabe entender entonces que, cuando el artículo 17 de la Constitución Nacional exige al Estado expropiante (como recaudo ineludible para proceder a la legítima ablación de un derecho que el propio texto fundamental consagra y tutela con la referida entidad) el dictado de una ley que declare la utilidad pública del bien o conjunto de bienes que será objeto de desapoderamiento, utiliza el término “ley” en un sentido propio y específico del ordenamiento constitucional que (más allá de la pregonada dicotomía entre las acepciones “material” y “formal” del vocablo a las que refiere el art. 3 de la Ordenanza N° 16.897) implica que el acto del cual surja tal calificación debe emanar de aquel órgano al cual el Constituyente ha atribuido la potestad legislativa y resultar de un procedimiento desarrollado en su seno, en ejercicio de tal potestad y de conformidad con las pautas rectoras que fija la Ley Suprema para la “formación y sanción de las leyes” (v. Const. Nac, Segunda Parte, Cap. V del Título I -arts. 77 y sgtes.-).
2.3.5. Cabe señalar, a su vez, que, por ser una institución de derecho público que importa el ejercicio de facultades que no han sido objeto de delegación expresa de las provincias en la Nación, aquella también encuentra también recepción en los textos constitucionales locales. Así, con redacción semejante a la del ya citado art. 17 de la Carta Nacional, el art. 31 de la Constitución provincial establece que “… la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada…”.
En igual sentido, el procedimiento expropiatorio podrá ser reglado legislativamente tanto en el ámbito federal como por las provincias (en sus respectivos ámbitos territoriales), teniendo plena validez las previsiones constitucionales locales, como también las leyes generales o particulares de expropiación que sancionen las legislaturas provinciales, en la medida en que se adecuen a las condiciones establecidas en la Constitución Nacional (argto. arts. 5, 31 y 121 C.N).
Ante tales premisas, cabe afirmar que la expropiación podrá ser dispuesta tanto por el Estado Nacional como por una provincia (aunque, en este último caso, solo podrá tener por objeto bienes situados en la respectiva jurisdicción), siendo competente para efectuar la calificación de utilidad pública y ordenar aquélla el órgano que, dentro de cada una de las respectivas esferas del esquema gubernativo federal, se encuentre habilitado constitucionalmente para sancionar leyes.
Vale aclarar, finalmente, que si bien la expropiación solamente puede ser dispuesta por ley nacional o provincial, los sujetos activos de la expropiación (sujetos expropiantes) no serán, necesaria y únicamente, la Nación o las provincias, desde que la ley puede atribuir ese carácter a los municipios, entidades autárquicas, empresas nacionales o provinciales, o concesionarios de obras y servicios públicos, entre otros. Empero, en todos estos casos, siempre será necesaria la previa sanción de una ley del Congreso o de la legislatura provincial que califique la utilidad pública.
2.3.6. Siguiendo los lineamientos expuestos hasta aquí, corresponde señalar que, aun cuando la Municipalidad accionada se encontraría eventualmente habilitada para ser sujeto activo de la expropiación, ha invocado como norma que contendría la calificación de utilidad pública del inmueble afectado (con su consecuente declaración en torno a la voluntad de expropiarlo) únicamente a la Ordenanza n° 16.897, no existiendo, al presente, una ley provincial que contenga una declaración en tal sentido.
Y si bien es cierto que, como expresamente lo contempla el art. 3 de la Ordenanza n° 16.897, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Municipalidades (L.O.M.) otorga a las ordenanzas municipales el mentado carácter de “leyes en sentido formal y material”, no es menos cierto que ello resulta notoriamente insuficiente para dar andamiento a la potestad expropiatoria de la Comuna, en tanto mal podría atribuirse al citado precepto aptitud para brindarle a aquellas ordenanzas entidad de “leyes” en el sentido en que tal término es utilizado en el texto constitucional. Así, reconocer al referido art. 77 de la L.O.M. (y, en su caso, al citado artículo 3 de la norma local sub examine) alcances suficientes como para colocar a las Ordenanzas –a partir de la modificación introducida por el art. 70 de la ley 13.101- en el mismo rango que la “ley” a la que refieren los arts. 17 de la Carta Magna y 31 de la Constitución provincial, importaría poco menos que admitir que una ley de rango inferior a la Constitución (en el presente, la citada ley 13.101) habría tenido virtualidad para ampliar el concepto constitucional de “ley”, extendiéndolo a aquellos actos emanados de los cuerpos deliberativos que integran la estructura orgánica de los Municipios; lo que patentizaría una indebida asunción de facultades propias del poder constituyente por parte de un poder constituido.
Pues, más allá de los alcances que correspondiera dar a la pretendida equivalencia entre ordenanzas municipales y leyes “en sentido formal y material” reconocida por el mentado art. 77 de la L.O.M, queda descartada toda interpretación de dicho precepto encaminada a vislumbrar en él una equiparación entre los actos emanados de los cuerpos deliberativos municipales y las “leyes” entendidas en la acepción constitucional del término (esto es, actos emanados del poder legislativo a través del procedimiento fijado por el constituyente al efecto), desde que tal inteligencia, además de no encontrar sustento en la letra de la norma analizada, implicaría, como quedó expuesto, darle a ésta un sentido incompatible con el orden constitucional vigente.
Adviértase, para más, que la propia Carta Magna local, en su artículo 161 inc. 1°, contempla en forma separada ambas categorías normativas, de modo que es el propio texto constitucional el que advierte la presencia de supuestos diferenciables; los que, más allá de las similitudes que pudieran presentar en su faz material (en tanto actos generales e impersonales del Estado -entendido en un sentido ampliosusceptibles de habilitar la instancia originaria de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia Provincial), poseen diversa condición y mal podrían ser equiparados en términos constitucionales. No cabe suponer, pues, que se haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al redactar el texto de la Norma Fundamental y establecer la distinta entidad que poseen ambos estamentos normativos.
Y tal distinción, por cierto, también puede colegirse de la redacción dada por el constituyente al artículo 193 inc. 3° del mismo texto constitucional (conf. doc. esta Cámara causa C-10033-BB1 “Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales”, sent. del 29-06-2023). A todo ello se añade, de un lado, el pronunciamiento de la Suprema Corte de la Provincia en la causa B. 78.225, “Blasi”, res. del 29-09-2022, en la cual estimó, a propósito de la redacción dada al artículo 77 de la L.O.M. por la ley 13.101, en punto a que las ordenanzas serán consideradas “leyes en sentido formal y material”, que era menester “desechar una lectura asistemática de la aludida referencia legislativa …”, esto es, descartar el empleo de “un criterio ceñido y literal del señalado dispositivo de la LOM, fruto de una mirada aislada de los enunciados implicados”; en tanto “la propia Constitución de la Provincia diferencia a las leyes de las ordenanzas. Lo hace con nitidez en el citado art. 161 inc. 1°”.
Para agregar, luego, que en la determinación del “ …significado del concepto jurídico señalado [ley] ha de partirse inexorablemente del contenido prescriptivo establecido en el ordenamiento positivo. En nuestro caso, la expresión referida se ubica en una precisa categoría o especie de pronunciamiento estatal. Es aquella que engloba a las normas sancionas como leyes por el órgano específico (la Legislatura) y según el procedimiento expresamente previsto al efecto por el ordenamiento constitucional”.
Y, del otro, lo recientemente fallado, de modo concordante en punto a esa cuestión, por esta Cámara en la causa C-10033-BB1 “Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales”, cit).
En definitiva, y de acuerdo a lo señalado hasta aquí, resulta plausible concluir que la Ordenanza n° 16.897 no podría equipararse a una ley declarativa de utilidad pública en el sentido propio de la manda contenida en los textos constitucionales nacional y provincial (arts. 17 y 31, respectivamente).
2.4. Por otra parte, no se soslaya que el artículo 58 de la L.O.M. establece que “… corresponde al Concejo autorizar las expropiaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y en la ley vigente que rija la materia…”; empero, tal precepto otorga al Departamento Deliberativo municipal la potestad de “autorizar” las expropiaciones de conformidad con las pautas constitucionales que rigen el instituto en cuestión. Y a la luz de las consideraciones expuestas en el apartado precedente, solo cabe entender que la autorización a la que refiere el citado precepto es que será el Concejo Deliberante el que autorice a los órganos comunales competentes (en los casos en que el Municipio sea sujeto activo de la expropiación de un determinado bien cuya utilidad pública y afectación a tal fin hayan sido declaradas previamente por ley provincial), para que procedan a impulsar el procedimiento realizando los actos propios de su específica competencia.
A mayor abundamiento, desde que el criterio para interpretar una cuestión es antes que nada aquel que está a las palabras de la ley (argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 69.271, "Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires", sent. del 29-02-2000), cabe señalar que el mentado art. 58 de la L.O.M., en su primer párrafo, faculta al mencionado Organo a “autorizar expropiaciones”, mas no a “decretar la utilidad pública y someter bienes a expropiación por tal causa”.
Siguiendo tal orden de ideas, no se omite que, en el segundo párrafo de la norma examinada, el legislador evidenció la diferencia entre ambas atribuciones y su inclusión dentro de una y otra órbita del poder público (municipal y provincial, respectivamente): nótese que, por un lado, faculta al Departamento local a autorizar la expropiación de fracciones de tierra a fin de subdividirlas y venderlas a particulares para fomento de la vivienda propia y, por otro (en el mismo párrafo), la propia ley realiza la declaración genérica de utilidad pública de tales tierras (v. art. 58, párr. 2° Ley Orgánica de las Municipalidades).
2.5. De lo hasta aquí expuesto surge entonces que la Ordenanza n° 16.897 porta los vicios denunciados por el actor en su escrito de inicio. No conmueve tal aserto la circunstancia de que esa norma contemple, además de la expropiación, otros mecanismos alternativos de adquisición del dominio pues, en cierto punto -y como bien lo hace notar el actor- tal técnica normativa, respecto de cuyo acierto no se hace juicio de valor alguno, propone un abanico de posibilidades (permuta - compraventa – donación) que la accionante claramente no recepta y que, a la postre la coloca en la condición de zozobra respecto de su titularidad del bien en cuestión y la situación tributaria que lo alcanza. Por fuera de todo lo expuesto, cabe poner de resalto que, en forma conjunta con la declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de la chacra en la que se encuentra enclavado -entre otros- el inmueble de la actora, la Municipalidad diagramó (mediante las Ordenanzas n° 16951 y n° 17.390) diversas limitaciones administrativas a la propiedad privada sobre ese mismo sector sujeto a expropiación por la Ordenanza n° 16.897 e invocó, para ello, fines de naturaleza medioambiental. Sin desconocer que tanto la Constitución Nacional como la provincial reconocen el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y que es deber de las autoridades locales proveer a la protección del patrimonio natural, no lo es menos que ello no implica que automáticamente deba predicarse la razonabilidad de la regulación. Así, en el caso de marras se advierte un esquema regulatorio harto complejo en el cual el Municipio, primeramente, declaró mediante la tantas veces citada Ordenanza n° 16.897 la utilidad pública de la adquisición del dominio de numerosos bienes inmuebles entre los que se encuentra el de la demandante y establece múltiples mecanismos para efectuar su cometido (voluntarios algunos: compraventa, permuta y/o donación), coactivo el restante (la expropiación, para la cual, como ya me explayara, carece de competencia).
Seguidamente, ya declarada la utilidad pública de esos bienes y la sujeción a expropiación, el Municipio dictó las Ordenanzas n° 16.951 de fecha 03-09-2020 (y su modificatoria n° 17.390 de fecha 25-11-2021) mediante las cuales se procedió a afectar como Zona Especial de Interés Ambiental [ZEIA] a tales inmuebles, lo que implicó la expresa prohibición de realizar cualquier actividad económica (con excepción de las vinculadas al turismo y previa venia de la autoridad) así como la eliminación de todos los indicadores urbanísticos con la consecuente imposibilidad de materializar construcción alguna sobre tales predios. El examen en su conjunto de la regulación ambiental reseñada expone entonces una patente irrazonabilidad e incoherencia por parte de la autoridad pues, primeramente la Ordenanza n° 16.897 declaró la utilidad pública y abrió una instancia de negociación (la posibilidad de adquirir el dominio del inmueble por conducto de la compraventa y/o permuta) aunque dej´ó aclarado que esos bienes también quedan sujetos a expropiación y, meses después, aniquiló prácticamente el derecho de propiedad de la actora al “prohibir” toda actividad económica (excepto las turísticas) y eliminar la posibilidad de materializar construcción alguna en el predio.
Esta estructura normativa (configurada por las Ordenanzas n° 16.951 y n° 17.390) terminó, en definitiva, de agravar la situación de la accionante (consumada a partir de la sanción de la Ordenanza n° 16.897) pues, se la colocó en la indeseada disyuntiva de: (i) aceptar alguna de las propuestas de negocio (compraventa – permuta) que le ofrezca el Municipio y/o (ii) tolerar la sujeción a expropiación de su bien por quien carece de atribuciones constitucionales y legales para ello; todo con el agravante de que las limitaciones urbanísticas posteriores a la sanción de aquella norma declarativa de utilidad pública vacían prácticamente de contenido económico el bien, pauperizando su precio (sea que se determine por vía de negociación -compraventa, permuta, etc.- o en el marco de la ley 5708 de expropiación).
Tal proceder, aunque apuntalado en fines loables como resulta ser la tutela del ambiente, lejos de generar certeza conllevaron una situación de indeterminación y zozobra en cuanto a la extensión actual y a la perspectiva a futuro del derecho de propiedad que la demandante ostenta sobre el bien comprometido en autos, así como respecto del alcance de la relación tributaria generada con el Fisco a partir de las gabelas que gravan al mentado inmueble (argto. doc. CSJN in re CSJ 3162/2004 “Coihue SRL c. Provincia de Santa Cruz s. acción declarativa de inconstitucionalidad y daños y perjuicios”, sent. de 18-11-2021).
2.6. En función de lo expuesto, considerando que del escrito de demanda surge que la accionante consideró vulnerado su derecho constitucional de propiedad como consecuencia de las restricciones derivadas de la normativa municipal precitada (v. pto. III) se impone declarar la inconstitucionalidad de la Ordenanza nº 16.897, en cuanto declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de autos, así como de las limitaciones al dominio contenidas en las Ordenanzas n° 16.951 y n° 17.390, en tanto entroncadas en lo dispuesto por la Ordenanza n° 16.897 estatuyan restricciones que importen la ablación de cualquiera de los componentes esenciales del derecho de propiedad sobre el mentado fundo. (cfr. esta Cámara, causa C-12685-AZ1E “Inza”, cit.).
Como secuela de declaración de inconstitucionalidad de la referida normativa y la consecuente eliminación de las restricciones al pleno ejercicio del derecho de dominio impuestas por aquella, se establece que no corresponde eximir a la accionante del pago del Impuesto Inmobiliario, ni de las tasas municipales que gravan el inmueble objeto de autos. A partir de las conclusiones precedentes, se ha dado debido tratamiento a la totalidad de los planteos de las demandadas, cumpliendo con el principio de la apelación adhesiva (cfr. doct. esta Cámara causa C-4234-BB1 “Rutas al Sur S.A.”, sent. de 19-12-2013).
III. En función de lo expuesto, he de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante, y revocar la sentencia de grado, haciendo lugar a la pretensión declarativa de certeza articulada por la accionante. Consecuentemente, se declara la inconstitucionalidad de la Ordenanza nº 16.897, en cuanto declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de autos, así como de las limitaciones al dominio contenidas en las Ordenanzas n° 16.951 y n° 17.390, en tanto entroncadas en lo dispuesto por la Ordenanza n° 16.897 estatuyan restricciones que importen la ablación de cualquiera de los componentes esenciales del derecho de propiedad sobre el mentado fundo. Asimismo, y como secuela de la declaración de inconstitucionalidad precedente, se establece que no corresponde eximir a la accionante del pago del Impuesto Inmobiliario y las tasas municipales que gravan el inmueble objeto de autos.
Atento el modo como fue resuelta la cuestión, correspondería imponer la totalidad de las costas de la instancia de origen a la Municipalidad de Tandil en su objetiva condición de vencida (cfr. art. 274 del CPCC, art. 51 inc. 1º y 76 del CCA). Asimismo, las costas de Alzada deberían imponerse a ambas demandadas (cfr. art. 51 inc. 1º del CCA, texto según ley 14.437).
Atendiendo al resultado propuesto, correspondería ejercer la facultad prevista por el art. 274 del CPCC, considerando que la pretensión deducida por la accionante es susceptible de apreciación pecuniaria.
Cabe recordar que una causa judicial resultará a los fines regulatorios “susceptible de apreciación pecuniaria” si, considerando el objeto inmediato reclamado –sobre el cual recaerá necesariamente la sentencia de mérito-, se le puede otorgar un valor económico cuantificable en dinero (cfr. argto. doct. Hitters, Juan Manuel – Cairo, Silvina; “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Editorial Abeledo Perrot, págs. 214/215), siendo intrascendentes, a tal efecto, los motivos que pudieron conducir a su promoción, los cuales, en definitiva-, son ajenos al juicio y, por tanto, no son aptos en su connotación económica para ser considerados en los términos del art. 21 de la ley 14.967 como el “monto del proceso (cfr. esta Cámara, causas A-4479-MP2 "Grupo del Sur S.A.", sent. del 10-12-2013; A-3707-DO0 "Logística La Serenísima", sent. del 12-03-2015; C-10843-MP2 “Ferrara” y C-10845-MP2 “Leivo”, ambas del 01-06-2021; C-6785-MP2 "Vespa", sent. del 3-3-2022). En efecto, la nota de patrimonialidad no solo está presente en aquellos juicios en los que se procura un resarcimiento económico o el cobro de una suma de dinero; también será susceptible de apreciación pecuniaria aquel proceso cuyo propósito sea neutralizar, como ocurre en autos, el obrar de la Administración del que surgiera un explícito contenido patrimonial, entendiendo como tal a la expresión de voluntad de los órganos pertinentes de percibir una suma de dinero (arg. doct. C.S.J.N. in re “Alpesca S.A. c. Provincia de Santa Cruz s. Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”, causa A. 1985. XL. ORI, sent. de 11-7-2007; esta Cámara causa C-9129-AZ1 “Nikro S.A.”, sent. del 31-10-2019; C-6785-MP2 "Vespa", cit.).
En el caso, la actora pretendió se esclarezca si, a partir de la situación jurídica derivada de la sanción de las Ordenanzas nºs 16.897, 16.951 y 17.390 le corresponde, o no, abonar el Impuesto Inmobiliario provincial y las tasas municipales que recaen sobre el inmueble, a cuyo fin acompañó las pertinentes boletas de la Tasa retributiva por servicios Públicos de la Municipalidad de Tandil por la suma total de $1741,88 (anticipos 1y 2 de 12) y del Impuesto Inmobiliario Básico, por la suma de $45.823,30. En tal contexto, el planteo en punto a la exigibilidad de los referidos tributos, que formó parte de las pretensiones que introdujo el actor en su libelo inicial, materializa una pretensión de contenido económico, en la que se identifica con nitidez el propósito del accionante de obtener una declaración jurisdiccional favorable a sus intereses patrimoniales (cfr. causa C-9946-BB1 “Capaccionni”, sent. del 27-9-2022, por mayoría).
Consecuentemente, tomando como base regulatoria la suma de $47.565,18, correspondería fijar -a cargo de la Municipalidad demandadapor los trabajos realizados ante la instancia los estipendios profesionales del Dr. Leandro Luis Schwindt -en su carácter de letrado patrocinante de la parte accionante- y del Dr. Fernando Lavecchia –apoderado de la Fiscalía de Estado- en la suma equivalente a siete (7) JUS para cada uno (art. 1º Ac. SCBA N° 4108/23), monto al que deberá adicionarse el correspondiente aporte de ley [conf. arts. 1, 10, 16, 21, 22, 44 y ccdtes., ley 14.967; arts. 12 y 16 de la ley 6716] e I.V.A. si correspondiere. No se regulan honorarios a los Dres. Andres Curcio y a la Dra. Anabela Aristegui por su actuación como apoderados por la parte accionada en la instancia atención a lo normado por el art. 203 del decreto ley 6769/58. Así lo voto.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. Con norte en evitar reiteraciones innecesarias, doy aquí por reproducido lo consignado en los apartados I y II, puntos 1., 2.1, 2.2. y 2.3.1. del voto del señor Juez doctor Ucín.
Y ateniéndome a los límites que impone el respeto al principio de congruencia, habré de resolver el caso dentro del exclusivo objetivo pretendido por la parte actora que, huelga reiterarlo, consiste en que se “ …despeje el estado de incertidumbre generado ante el devengamiento continuo de ´impuesto inmobiliario´, ´tasa retributiva de servicios públicos´, ´tasa vial´, ´tasa para la salud´, ´fondo de inversión vial urbana´, ´obras de alumbrado público´, ´tasa complementaria de protección ciudadana´ y cualquier otro impuesto” en relación al bien de su propiedad…” designado catastralmente como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19, que se encuentra en la zona denominada como “Villa del Lago” en Tandil.
2. El recurso prospera.
2.1. Liminarmente debe reseñarse que la actora en su pretensión no ha formulado un cuestionamiento de constitucionalidad o de legalidad del entramado normativo municipal del que da cuenta el apartado II, punto 2.3.1. del voto del colega ponente, al que remito. Por el contrario, dando por válidas tanto la declaración de utilidad pública del inmueble de su propiedad como las posteriores amplias restricciones de uso, ambas medidas emanadas del Deliberativo de la Comuna demandada, la accionante persigue que la jurisdicción dilucide si su posición jurídica como consecuencia de dichas medidas es equiparable a aquel escenario evaluado por la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa C. 93.459 "Payton S.C.A.", sent. de 17-09-2008 y, de darse respuesta afirmativa, si por ello debería quedar exceptuada del pago de las gabelas identificadas en el escrito de inicio.
a. Respondiendo a sendos interrogantes, de un lado, me inclino por juzgar que en la especie se presenta un supuesto asimilable al fallado en el caso "Payton".
Detecto en la causa un esquema regulatorio harto complejo en el cual el Municipio, primeramente, declaró mediante la Ordenanza n° 16.897 la utilidad pública de la adquisición del dominio de numerosos bienes inmuebles entre los que se encuentra el de la pretensora y establece múltiples mecanismos para efectuar su cometido (voluntarios algunos: compraventa, permuta y/o donación), coactivo el restante (la expropiación). Seguidamente, ya declarada la utilidad pública de esos bienes y la sujeción a expropiación, el Municipio dictó las Ordenanzas n° 16.951 de fecha 03-09-2020 (y su modificatoria n° 17.390 de fecha 25-11-2021) mediante las cuales se procedió a afectar como Zona Especial de Interés Ambiental [ZEIA] a tales inmuebles, lo que implicó la expresa prohibición de realizar cualquier actividad económica (con excepción de las vinculadas al turismo y previa venia de la autoridad) así como la eliminación de todos los indicadores urbanísticos con la consecuente imposibilidad de materializar construcción alguna sobre tales predios.
En suma, la actora se enfrentó a una turbación relevante en la propiedad, por acción de la autoridad pública que conlleva la privación del bien. En tales supuestos, merced al propio obrar de la autoridad estatal se sustrae el bien y se afecta la esfera de disponibilidad de su propietario. Al verificarse tales circunstancias habrá que establecerse el momento en que se produjo la actuación perturbadora conforme a las peculiaridades de cada caso, bien entendido que ese momento no ha de ser, en principio, previo a que se declare el bien de utilidad pública [cfr. voto del señor Juez doctor Soria en la causa "Payton" citada; resaltado agregado].
En el caso, la declaración de utilidad pública del bien de la accionante mediante la Ordenanza 16.897 importó una innegable turbación del derecho de propiedad, pues a partir de allí según los propios términos de la norma, dicho inmueble estuvo sometido al futuro y temporalmente incierto desapoderamiento por parte del Municipio. Y si a lo anterior se le adiciona las posteriores extensas restricciones de uso adoptadas a partir de la Ordenanza 16.951, la esfera de disponibilidad de la demandante, en la práctica, quedó totalmente abolida. En suma, el accionar estatal provocó una restricción temporalmente ilimitada al derecho de propiedad que por su entidad materializa la desposesión [cfr. voto del señor Juez doctor Soria en S.C.B.A. causa A. 69.571, "Dreyer", sent. de 14-10-2009].
De similar modo que lo verificado en la causa "Payton" [en ella se consideró que la desposesión del bien tuvo lugar cuando el Fisco requirió la suspensión del lanzamiento en el juicio de reivindicación que el propietario inició contra los ocupantes del bien, sujetos en beneficio de los cuales se sanción la ley que sujetó a utilidad pública el inmueble, cfr. voto del Señor Juez Pettigiani y adhesiones de los señores Jueces Genoud, Hitters y Soria], aquí fue el continuado accionar municipal de limitar por Ordenanzas la disponibilidad y uso pleno del inmueble de la actora, lo que bien vale sea equiparado a una desposesión a los fines perseguidos en esta pretensión declarativa de certeza, a tenor de la excesiva, atemporal e insuperable turbación experimentada sobre el derecho de propiedad de quien acciona.
b. Merced a la precedente conclusión, la respuesta al segundo interrogante también se extrae de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia en la causa "Payton". En dicho precedente, la Casación provincial reconoció el derecho del expropiado a que se le devolvieran los impuestos que hubo oblado en razón de la titularidad del bien declarado de utilidad pública, desde la fecha que consideró privado de la disponibilidad del inmueble y/o desde que se produjo la turbación y ello así lo hizo apuntalada en la aplicación del instituto del enriquecimiento sin causa, "... que no tolera que alguien se beneficie injustamente a expensas de otro e impone la necesidad de restituir".
Subsumiendo el caso en el referido encuadramiento jurisprudencial, no cabe otra solución que declarar con fuerza de certeza que la actora, respecto del inmueble designado catastralmente como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19, que se encuentra en la zona denominada como “Villa del Lago” en Tandil, no resulta deudora -a partir de la fecha de publicación de la Ordenanza 16.897 de ningún tributo, tasa, contribución y/o gabela cuyo hecho imponible resulte y/o se defina a partir la titularidad registral y/o posesión del mentado bien.
Sea dicho -respondiendo a la defensa provincial entroncada en el art. 111 del Código Fiscal [t.o. 2011], que la desposesión -a partir de la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia en la causa "Payton"- ya no cabe ser leída unívocamente como aquella derivada de un mandato judicial emitido en el marco de un juicio expropiatorio; en ciertos casos, según las circunstancias alegadas y comprobadas, una turbación profunda de las notas esenciales del derecho de propiedad por parte del Estado, luego de una declaración de utilidad pública del bien, cabe ser equiparada a una toma de posesión administrativa que dispare, entre otros posibles reclamos, la exención tributaria respectiva, dado que el beneficiario último de la afectación a la esfera de disponibilidad del fundo es el sujeto estatal que formuló aquella declaración de interés público en apoderarse de un bien privado y que, art. 177 del Código Fiscal mediante, no se encuentra obligado a tributar.
2.2. Aunque con lo hasta aquí expresado se brinda suficiente respuesta a los reparos sustanciales blandidos por las co-accionadas en torno a la procedencia de la pretensión, no paso por alto que en sendas contestaciones de demanda se esgrimieron cuestionamientos a la admisibilidad formal de la vía elegida por la actora.
No comparto la crítica.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia provincial en la causa A. 73.108 "Giorno S.A.", sent. de 31-05-2021, validó una pretensión declarativa de certeza en materia tributaria al observar que en la acción promovida se hubo acreditado la necesidad de que un pronunciamiento judicial determine el alcance de una relación jurídica -cuestionamiento que excede la mera especulación o consulta- en una controversia concreta, con un grado de afectación a un interés legítimo de quien acciona suficientemente directo y con lesión específica, procurando conjurar los efectos de un acto en ciernes por parte de la parte demandada. Seguidamente, ahondó el Máximo Tribunal, que dicha situación se muestra capaz de haber generado un estado de incertidumbre sobre el punto discutido, más allá de cuál sea la convicción personal de las partes que participan de este litigio, aspecto que para definir la admisibilidad de la vía intentada no reviste mayor relevancia. Hogaño nos enfrentamos a un litigio con todas las notas esenciales que ha sopesado la Suprema Corte de Justicia provincial en el precedente citado.
Obsérvese que las demandadas, a lo largo de sus respondes, han esgrimido con denuedo que no habría mediado ni expropiación ni desposesión del bien de titularidad de la actora, con motivo de la política urbanística-ambiental adoptada por la Comuna de Tandil en torno al área geográfica de Villa del Lago. Desde esa plataforma, sendas accionadas repelen la visión sostenida por la actora al respecto, para luego, como derivado lógico, razonar que la todavía titular registral del bien resulta deudora de gabelas de distinta esencia empero entroncadas en el hecho imponible de la propiedad o posesión de la parcela [cfr. contestación de demanda de la Municipalidad, negativas 8, 9, 10, 14, 15 y apartado V.3.iii; contestación de demandada de la Provincia, apartado IV.2., subpuntos a) y b)].
En contrapunto, la accionante planteó ante la jurisdicción los efectos que, en los hechos, generaron las normas municipales tantas veces citadas en este voto, respecto de las notas esenciales de su derecho de propiedad. Puede extraerse de su exposición, sin forzamiento, la incertidumbre que la aqueja: si se entiende que aquellas decisiones municipales de política urbano-ambiental corroen hasta el casi aniquilamiento su derecho de propiedad sobre el inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19, entonces, ninguna obligación fiscal que nazca enraizada en su titularidad registral o su posesión del bien podría serle exigida, pues ello importaría un enriquecimiento sin causa de los entes estatales. Los párrafos precedentes denotan que la pretensión no persigue que la jurisdicción responda ante un planteo meramente consultivo o especulativo; por el contrario, la incertidumbre sobre la relación tributaria que vincula a la actora con las demandadas como derivada del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19, se patentiza frente a las posiciones antagónicas que los litigantes poseen respecto de los efectos -directos e indirectosderivados de las Ordenanzas 16.897, 16.951 y 17.390 del Municipio de Tandil en relación al grado de disponibilidad y uso del fundo por parte de su propietaria registral.
Saldada con fuerza de verdad legal dicha controversia [lo que se hiciera en el punto 2.1.(a) de este voto], también cabría disiparse la ausencia de certeza sobre la exigibilidad de tributos vinculados a la titularidad o posesión del bien [lo que se llevara a cabo en el punto 2.1.(b) de este voto].
En suma, aquellos planteos de las codemandadas sobre la inadmisibilidad formal de la pretensión deben ser desestimados.
2.3. Por aplicación del art. 274 del C.P.C.C. [arts. 59 inciso 4 y 77 inciso 1 del C.P.C.A.], las costas de primera instancia se imponen a la Municipalidad de Tandil y a la Provincia de Buenos Aires, vencidas en contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Asimismo, siendo que el objeto de la pretensión de declaración de certeza radica en un pronunciamiento judicial que considere a la actora no deudora de todo tributo, tasa, contribución y/o gabela cuyo hecho imponible resulte y/o se defina a partir la titularidad registral y/o posesión del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19 del Partido de Tandil, y teniendo en cuenta que no se ha definido en la demanda suma alguna comprensiva de aquellas obligaciones tributarias que estarían alcanzadas por la presente declaración, corresponde considerar al presente proceso como insusceptible de apreciación económica, por lo que la regulación de honorarios por trabajos de instancia se debe efectuar siguiendo los parámetros del art. 44 último párrafo de la ley 14.967 [aplicable al caso según doct. S.C.B.A. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 08-11-2017]. Dicho ello, cabe tener en cuenta que el proceso transitó según el rito del proceso sumario [cfr. proveído del 26-05-2022], que se abrió a prueba [según proveído del 05-09-2022] -por lo que se transitaron las dos etapas previstas en ela rt. 28 inciso b) de la ley 14.967 a los fines arancelarios-, la complejidad jurídica del asunto y el resultado obtenido, favorable a los intereses patrimoniales de la parte actora, juzgo adecuado reconocer estipendios a quien asistió como patrocinante a la accionante -Dr. Leandro Luis Schwindt- en el equivalente a TREINTA Y CINCO [35] JUS -valor unidad arancelaria según Acuerdo S.C.B.A. N° 4124/2023, art. 1 $ 13.860,00, vigente al tiempo de la presente regulación-, con más aportes de ley e I.V.A. de corresponder [arts. 1, 2, 14, 15, 16, 28 inciso b), 44 último párrafo, 54 y ccdtes de la ley 14.967, art. 12 y 16 ley 6716].
III. En resumen, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación de la parte actora, revocar in totum el pronunciamiento de grado, hacer lugar a la pretensión declarativa de certeza articulada por la actora y declarar con fuerza de verdad legal que Catalina Schwindt no resulta deudora -a partir de la fecha de publicación de la Ordenanza 16.897 de ningún tributo, tasa, contribución y/o gabela cuyo hecho imponible resulte y/o se defina a partir la titularidad registral y/o posesión del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19 del Partido de Tandil, mientras se mantengan las circunstancias de afectación a la esfera de disponibilidad del bien analizadas en la presente causa. Las costas de alzada deberían correr en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Por aplicación del art. 274 del C.P.C.C. [arts. 59 inciso 4 y 77 inciso 1 del C.P.C.A.], las costas de primera instancia se deberían imponer a la Municipalidad de Tandil y a la Provincia de Buenos Aires, vencidas en contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. Asimismo, corresponde reconocer estipendios a quien asistió como patrocinante a la accionante -Dr. Leandro Luis Schwindt- en el equivalente a TREINTA Y CINCO [35] JUS -valor unidad arancelaria según Acuerdo S.C.B.A. N° 4124/2023, art. 1 $ 13.860,00, vigente al tiempo de la presente regulación-, con más aportes de ley e I.V.A. de corresponder [arts. 1, 2, 14, 15, 16, 28 inciso b), 44 último párrafo, 54 y ccdtes de la ley 14.967, art. 12 y 16 ley 6716].
Así lo voto.
El señores Juez, doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota a la primera cuestión planteada en idéntico sentido.
A la segunda cuestión planteada, dijo el señor Juez doctor Ucín:
I.1. Atento el resultado dado a la primera cuestión votada, los recursos de apelación deducidos por el apoderado fiscal el 15-3-2023 y la actora con fecha 28-3-2023 contra la regulación de honorarios practicada en la instancia devinieron abstractos.
2. Como reiteradamente recuerda la Suprema Corte de Justicia provincial, no es función de la judicatura emitir opiniones abstractas, ya que los jueces no están habilitados para hacer declaraciones teóricas o generales, debiendo limitarse en la sentencia a resolver el “caso” que se ha sometido a su decisión, en el que el interés de quien acciona debe subsistir al momento de dictarse la sentencia (cfr. doct. SCBA causas B. 69.134, “Intendente Municipal de La Plata”, sent. del 23-07-2008; B. 63.874 “Municipalidad de Vicente López”, sent. de 27-11-2013). Y es ese interés es el que, a tenor de lo expuesto supra, juzgo desaparecido en la especie, lo que impone declarar abstracto el tratamiento de los recursos deducidos contra la regulación de honorarios que, en virtud de la respuesta brindada a la cuestión anterior y lo dispuesto en el art. 274 del CPCC, quedó sin efecto (cfr. doct. esta Cámara causas C-3819-NE1 “Bejiro”, sent. de 18-06-2013; C-10794-BB1E “Bosco”, sent. de 29-06-2021).
II. Por las razones expresadas, propongo al Acuerdo declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducidos por el apoderado fiscal el 15-3-2023 y la actora con fecha 28-3-2023 contra la regulación de honorarios practicada en la instancia, atento haber perdido virtualidad. Las costas de Alzada deberían imponerse en el orden causado, atento lo que aquí se decide (art. 51 inc. 1°, 2da. parte del CCA -texto según ley 14.437).
Voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
Los señores Jueces, doctor Riccitelli y doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, votan a la segunda cuestión planteada por la afirmativa. De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la accionante y, por mayoría de opiniones concordantes, revocar in totum el pronunciamiento de grado, hacer lugar a la pretensión declarativa de certeza articulada por la actora y declarar con fuerza de verdad legal que Catalina Schwindt no resulta deudora -a partir de la fecha de publicación de la Ordenanza 16.897 de ningún tributo, tasa, contribución y/o gabela cuyo hecho imponible resulte y/o se defina a partir la titularidad registral y/o posesión del inmueble identificado como Circunscripción 1, Sección E, Chacra 150, Manzana 150 m, Parcela 19 del Partido de Tandil, mientras se mantengan las circunstancias de afectación a la esfera de disponibilidad del bien analizadas en la presente causa. Las costas de alzada se imponen en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Por mayoría de opiniones, y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C. [arts. 59 inciso 4 y 77 inciso 1 del C.P.C.A.], las costas de primera instancia se imponen a la Municipalidad de Tandil y a la Provincia de Buenos Aires, vencidas en contradicción [art. 51 inciso 1, segundo párrafo del C.P.C.A., t.o. ley 14.437]. Asimismo, se fijan los estipendios a quien asistió como patrocinante a la accionante -Dr. Leandro Luis Schwindt- en el equivalente a TREINTA Y CINCO [35] JUS -valor unidad arancelaria según Acuerdo S.C.B.A. N° 4124/2023, art. 1 $ 13.860,00, vigente al tiempo de la presente regulación-, con más aportes de ley e I.V.A. de corresponder [arts. 1, 2, 14, 15, 16, 28 inciso b), 44 último párrafo, 54 y ccdtes de la ley 14.967, art. 12 y 16 ley 6716].
3. Teniendo en cuenta lo resuelto en el punto anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso de apelación deducidos por el apoderado fiscal el 15-3-2023 y la actora con fecha 28-3-2023 contra la regulación de honorarios practicada en la instancia.
4. Estese a la regulación de honorarios por trabajos de Alzada que se practica por separado.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente conforme art. 10 Anexo único del Acuerdo 4013/21 –t.o. Ac. SCBA 4039/21- y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
Fin de la sentencia