Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 6502
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por "General Motors de Argentina S.R.L." y "Milenaria S.A."; y en consecuencia, revocar la sentencia apelada, rechazando las pretensiones deducidas en contra de las mismas por Jorge Omar Azar y Gabriela Schroeder (art. 40 ley 24.240).
II. Desestimar la apelación interpuesta por la parte actora (art. 40 ley 24.240).
III. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
Expte. n°: JU-6502-2021 AZAR JORGE OMAR Y OTRO/A C/ GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------ En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores JUAN JOSE GUARDIOLA, RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-6502-2021 caratulada: "AZAR JORGE OMAR Y OTRO/A C/ GENERAL MOTORS DE ARGENTINA SRL Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. En fecha 12/9/2022 la jueza titular del Juzgado de primera instancia n°2, Dra. Daniela Karina Ragazzini, dictó sentencia, por la que hizo lugar a las pretensiones deducidas por Jorge Omar Azar y Gabriela Schroeder contra "General Motors de Argentina S.R.L." y "Milenaria S.A.", condenando a estas últimas a pagar a aquellos: a] la suma que la "Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina" informe como valor de mercado de un vehículo marca Chevrolet, modelo S10 2.8 TD 4x2 tipo pick up, cabina doble, año 2019, al momento del efectivo pago, en concepto de reintegro del valor total de la unidad adquirida, debiendo los accionantes restituir el vehículo defectuoso; b] la suma de $150.000 en concepto de indemnización del daño moral; c] la suma de $ 300.000 en concepto de daño punitivo, y c] la suma de $ 100.000 en concepto de indemnización de la privación de uso; todos ellas con más intereses. Finalmente, impuso las costas a la parte demandada y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, la sentenciante de origen se expidió acerca de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes, a raíz de la rotura del motor de la camioneta Chevrolet fabricada por "General Motors de Argentina S.R.L.", que les fuera vendida por "Milenaria S.A.".
II. Contra este pronunciamiento, interpusieron sendas apelaciones: el Dr. Santiago Andrés Bertamoni, en su carácter de apoderado de "Milenaria S.A.", en fecha 14/9/2022; los accionantes en fecha 15/9/2022; y el Dr. Juan Manuel Sampietro, en carácter de apoderado de "General Motors de Argentina S.R.L.", en fecha 15/9/2022; recursos que, concedidos en relación, recibieron fundamentación por vía de los memoriales presentados en fechas 27/9/2022, 30/9/2022 y 3/10/2022.
III. En la primero de tales memoriales, el Dr. Bertamoni se agravió por la responsabilidad atribuida a "Milenaria S.A.", así como por la sumas de condena, a las que tildó de excesivas.
IV. En el segundo memorial, los actores cuestionaron: en primer lugar, la forma en que se ordenó determinar el reintegro del valor de la unidad adquirida; en segundo lugar, la orden de reintegro de la camioneta deteriorada; en tercer lugar, la declaración de caducidad de la garantía; en cuarto lugar, la falta de valoración de la actitud temeraria y maliciosa de las demandadas; en quinto lugar, los montos fijados por la indemnización del daño moral y por el daño punitivo; y finalmente, el rechazo de la indemnización reclamada por la privación de uso.
V. En el último de dichos memoriales, el Dr. Sampierto se agravió por la responsabilidad atribuida a "General Motors de Argentina S.R.L.", así como por los montos en que fueron determinados el daño punitivo y la indemnización del daño moral.
VI. Corrido traslado de los memoriales reseñados precedentemente, se recibieron las siguientes contestaciones: en fecha 13/10/2022, la formulada por el Dr. Bertamoni en representación de "Milenaria S.A."; en fecha 18/10/2022, la formulada por el Dr. Sampietro en representación de "General Motors de Argentina S.R.L."; y en fecha 25/10/2022, la formulada por los actores; solicitando en todas ellas que se declare la deserción o, en su defecto, se rechace la apelación de la contraria.
VII. Radicado el expediente en esta Cámara, previo dictamen del Fiscal de Cámaras y rechazo del hecho nuevo planteado por las demandadas, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las apelaciones en condiciones de resolver.
VIII. En tal labor, paso al tratamiento de los diversos agravios.
Preliminarmente, dejo sentado ninguno de los memoriales presentados, adolece de la insuficiencia técnica que se achacan mutuamente los actores y las demandadas; razón por la cual, corresponde el rechazo de las respectivas solicitudes de declaración de deserción (arts. 260 y 261 CPCC).
1. Sentado ello, comienzo abordando los agravios dirigidos por las personas jurídicas demandadas contra la responsabilidad que les fue atribuida.
a] A tal efecto, considero útil recordar:
i. Que la sentenciante de origen receptó las pretensiones introducidas por los accionantes.
Para adoptar tal decisión, inicialmente enmarcó el presente caso en el régimen del Código Civil y Comercial y en el de la ley 24.240, haciendo hincapié en que, entre las partes, existió una relación de consumo, ya que los actores adquirieron la camioneta como destinatarios finales, en beneficio propio y de su grupo familiar, independientemente del carácter de comerciante de Jorge Omar Azar.
Seguidamente, destacó que las obligaciones de la terminal automotriz no finalizan con la entrega de la camioneta, sino que debe garantizar al comprador que podrá gozar de la misma conforme a su destino y naturaleza, debiendo responder por los defectos ocultos que la hiciesen impropia para su uso, o que disminuyan considerablemente su utilidad.
Sostuvo que, desde el punto de vista contractual, el consumidor tiene acción contra el fabricante, en virtud de que las modalidades de fabricación y comercialización de los productos, conforman una estructura contractual plurilateral integrada por una sucesión de contratos de compraventa, generalmente de adhesión, cuyo objetivo es que lleguen al consumidor. Resaltó que el artículo 40 de la ley 24.240, adopta un criterio de responsabilidad objetiva, estableciendo que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor, y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.
Señaló que no se encuentra controvertido que los actores adquirieron una camioneta marca Chevrolet, en la concesionaria "Milenaria S.A.", ni tampoco que respecto de dicho rodado se pactó entre aquellos y "General Motors de Argentina S.R.L.", una garantía por el término de tres años o 100.000 kilómetros.
Dijo que, de acuerdo a lo que surge de la pericia mecánica y también reconocieron los actores, al momento de la falla en el motor de la camioneta, tanto la garantía contractual como la legal, estaban caducas, por no haber realizado aquellos los distintos servicios técnicos oficiales en talleres autorizados por la fabricante.
Continuó diciendo que, no obstante la caducidad de la garantía, los actores no reclamaron el cumplimiento de la misma, sino la indemnización de los daños y perjuicios derivados de un vicio de origen en la camioneta. Expuso que para determinar la existencia de dicho vicio, resultan relevantes las distintas campañas, obligatorias para las concesionarias, referidas a todos los vehículos Chevrolet modelo S10, modelo 2019/2020, entre los que se encontraba el adquirido por los accionantes.
Destacó que en dichas campañas se hizo mención a la obligación de efectuar la revisión de tales unidades, por el posible incremento del nivel de aceite del motor, tanto a las no entregadas a los clientes, como a aquellas que ya lo habían sido, con independencia del kilometraje, de la concesionaria vendedora, del propietario, y de que se presentare o no la carta de aviso. Subrayó que tales campañas resultan ser un llamado de atención, convocándose a los propietarios de los vehículos de un determinado modelo, debido la existencia de una falla de fábrica específica, que atenta contra su rendimiento o seguridad.
Asignó relevancia al dictamen del perito ingeniero mecánico, en el que, en cumplimiento de la medida para mejor proveer ordenada, manifestó que la camioneta adquirida por los actores fue incluida en la campaña del año 2019 habiendo sido revisada en fecha 23/1/2019, con anterioridad a que sea entregada a los actores; en tanto que la campaña convocada en fecha 18/5/2020, ya entregada la camioneta, no fue realizada, como consecuencia de la falta de información a sus titulares.
Enfatizó en que la falla sufrida por el motor de la camioneta, corroborada con la pericia mecánica, se condice con la descripta en las distintas campañas, de lo que surge que, más allá de que la campaña de fecha 17/1/2019 le fue realizada, la camioneta presentó problemas de fábrica desde un principio. Siguió exponiendo que la convocatoria de una nueva campaña efectuada en el año 2020, demuestra la insuficiencia de las campañas anteriores, de lo que se infiere que los vehículos continuaban con el problema.
Añadió que la necesidad de realización de las mencionadas campañas, independientemente del kilometraje del vehículo, o de la asistencia a los servicios técnicos oficiales, demuestra que, más allá de encontrarse o no amparado el cliente por la garantía legal o contractual, igualmente debían ser convocados a realizar no sólo la actualización del software, sino también con el plan de educación del cliente.
Manifestó en que lo acontecido con la camioneta, no es imputable a los actores, ya que, aunque ellos realizaron los servicios técnicos en talleres no autorizados por la fabricante, lo hicieron dentro de los periodos y kilometrajes recomendados en la guía del propietario y con un lubricante adecuado. Expresó que la vendedora y la fabricante, en razón de su especialización y profesionalidad, debieron advertirles a los compradores, el estado real del vehículo, pero fueron negligentes en su deber de suministrar información cierta, clara y detallada, máxime, cuando los desperfectos no eran observables a simple vista, sino que requerían un examen cuidadoso.
Concluyó en que, probada la existencia de un vicio o defecto de fábrica, fueron los accionados quienes incumplieron con su obligación de hacer entrega a los actores, de un vehículo en las debidas condiciones de funcionamiento y seguridad, debiendo responder solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados.
ii. Que ambas personas jurídicas demandadas se agraviaron por la responsabilidad que les fue atribuida.
En similares términos, sus respectivos apoderados basaron sus agravios en los siguientes argumentos:
* Que la decisión impugnada es fruto de un razonamiento equivocado, contradictorio, ficticio, en violación a la sana crítica, en el que se hace una desacertada valoración de la prueba producida y de la conducta de los actores, cuyo incumplimiento contractual fue la causa de que el funcionamiento del motor se vea afectado.
* Que la sentenciante no comprendió correctamente los conceptos vertidos en la pericia mecánica; error que la llevó a tener por cierto un hecho inexistente, tal como que un vicio en el motor de las camionetas como la vendida a los actores, dio lugar a una campaña de difusión para alertar a los compradores.
* Que del informe pericial mecánico se desprende que las comunicaciones de "General Motors de Argentina S.R.L." a las concesionarias, apuntaban a la corrección de parámetros de combustible y a la actualización del software, que tenía como fin la reprogramación del módulo de control del motor, por la modificación en los cortes de biodisel, motivadas en decisiones del Estado Nacional.
* Que el perito ingeniero mecánico explicó que las comunicaciones de "General Motors S.R.L." a las concesionarias no se emitieron por vicios de fabricación en las camionetas, sino por fallas detectadas durante la realización del servicio técnico de las mismas.
* Que el perito ingeniero mecánico expuso, en primer lugar, que si los actores hubieran realizado los servicios técnicos en los talleres autorizados; con la operativa de control que en ellos se realiza, se hubieran detectado las irregularidades en el funcionamiento del motor, previniéndose las fallas; y en segundo lugar, explicó que la ausencia de un historial de control, hace imposible determinar cuáles fueron las causales del deterioro del motor.
* Que la actualización del software sólo se realiza cuando la unidad es llevada a talleres autorizados por la fabricante; por lo que, si los actores hubieran cumplido con tal carga, el software se hubiera actualizado para depurar el motor y éste no se hubiera dañado.
* Que el razonamiento de la sentenciante resulta contradictorio, por dos motivos: el primero, porque inicialmente consideró fundado el dictamen pericial, pero luego se apartó del mismo, dando por cierta la existencia de un defecto de fábrica que el experto ni siquiera insinuó; y el segundo, porque pese a que consideró que la garantía del vehículo caducó por falta de cumplimiento de los servicios obligatorios establecidos por la fabricante, responsabilizó a las demandadas.
* Que, como surge de las declaraciones testimoniales, la carga de cumplir los servicios técnicos en talleres oficiales de la marca, importa un uso y costumbre de público y notorio conocimiento.
* Que la cláusula que impone la realización de los servicios técnicos en talleres autorizados, no fue declarada nula, y la sentenciante, apoyándose en ella, tuvo por perdidas tanto la garantía legal como la contractual. * Que resulta erróneo el encuadre jurídico de este caso en el supuesto del artículo 40 de la ley 24.240, ya que el mismo requiere la existencia de un vicio de la cosa, ausente en la camioneta en cuestión, cuyo deterioro se produjo porque los actores no siguieron el plan de mantenimiento programado, omisión que provocó la ruptura del nexo causal.
b] A fin de resolver estos agravios, cabe mencionar que arribó firme a esta instancia revisora, por falta de agravios sobre el punto, que la vinculación anudada entre los actores y las demandadas, queda enmarcada en el ámbito de la relación de consumo, derivada de un contrato de consumo (arts. 3 ley 24.240; 1092 y 1093 CCyC).
En el marco de esta especial relación, la obligación principal asumida por las demandadas, consistía en la entrega de una camioneta en perfectas condiciones de uso, sin defectos que la tornen impropia para su destino. El incumplimiento de esta obligación, compromete la responsabilidad de las demandadas, de naturaleza objetiva, en virtud de lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 24.240.
Este artículo adopta una posición de marcada tutela para el consumidor, consagrando la responsabilidad objetiva y solidaria de todos los proveedores intervinientes en la cadena de comercialización, por los daños sufridos por aquel, a causa del riesgo o vicio de la cosa o del servicio comercializados. Por lo tanto, al tratarse de una responsabilidad objetiva, los sindicados como responsables, para liberarse, deben demostrar que la causa del daño les ha sido ajena.
A la luz de las pautas expuestas precedentemente, resulta relevante señalar que con los dictámenes periciales presentados por el perito ingeniero mecánico Horacio Luis Killinger en el expediente n° 6675/2020 "Azar, Jorge Omar y otro/a c/ General Motors de Argentina SRL y otro/a s/ Diligencias preliminares", quedó probado el daño alegado por los accionantes, ya que surge de tales dictámenes que el día 6/10/2020, el motor de la camioneta comprada por los accionantes quedó severamente deteriorado, a causa del incremento del nivel de aceite del cárter y de la interrupción del proceso de regeneración. Este experto se expidió a través de los dictámenes presentados en fechas 2/8/2021, 4/8/2021 y 30/8/2021 en el aludido expediente sobre diligencias preliminares, y en todos ellos hizo hincapié en que, a fin de preservar el buen funcionamiento del motor de la camioneta, resultaba trascendente no sólo cumplir con las recomendaciones vertidas en la guía del propietario, sino también efectuar los controles, inspecciones y servicios técnicos en talleres autorizados por la fabricante.
Específicamente en el dictamen de fecha 2/8/2021, el ingeniero Killinger expuso que “...la unidad no cumplió los servicios de mantenimiento y cambio de fluidos y lubricantes, en concesionaria de la marca, que quedaran registrados en la Guía del Propietario (última parte); motivo por el cual no se posee un historial de posibles fallas que se detectaran, en cada uno de dichos servicios. Asimismo, el vehículo no fue sometido a la Campaña de actualización del software del ECM – EURO V – S10...debe tenerse en cuenta que lo que se chequea en un service, en concesionaria, no es solamente el cambio del aceite, sino los otros controles de funcionamiento del motor, tales como inyectores, turbo, estado del filtro de partículas...Como los servicios no se realizaron en concesionario de la marca, se carece de todo registro de las irregularidades que pudiera haber padecido el motor, tales como el aumento del nivel de aceite del cárter, y/o el funcionamiento de los inyectores...De haberse realizado los services en concesionarias de la marca (como lo exigen esta y todas las marcas, para asegurar el período de garantía), no sólo se tiene una mayor certeza del control de la unidad, sino el asesoramiento del propietario, sobre cómo prevenir lo que está indicado en la Guía del Propietario...En los services, se detectan esas irregularidades y corrigen, siendo fundamental el asesoramiento al propietario de la unidad...” (ver respuesta a los puntos 5, 7, 8 y 9 de la parte actora, el entrecomillado encierra copia textual).
En el dictamen de fecha 4/8/2021 también dijo que “...se presume que en los services realizados en las concesionarias, la operativa de control mencionada, debería haber detectado las irregularidades que se constataron en la inspección...” (ver respuesta al punto 5 de la demandada, el entrecomillado encierra copia textual).
En el dictamen de fecha 30/8/2021 sostuvo que "...Interpretando que de haber sido monitoreada la unidad en concesionaria, se hubiera detectado la existencia de posibles fallas...la falta de control en concesionaria, que es única para cada marca, es el único medio de prevenir fallas en la unidad...Considerando lo explicado precedentemente, las fallas producidas y el desconocimiento del uso que realizara el usuario de la unidad (por ejemplo, la reiteración de la interrupción de la regeneración de partículas, con el consecuente aumento en el nivel de aceite del cárter, que fuera constatado), podría haberse evitado el desenlace producido...los services no constan exclusivamente del cambio de aceite, sino del control de todos los parámetros, que se realiza a través del escaneado, y las consecuentes recomendaciones a los usuarios...quienes realizaron el desarmado y control del motor, verificaron (captura de pantalla) la ausencia de cumplimento de la campaña, que apuntaba a la corrección de parámetros de combustible agregado para la regeneración...el emisor de la comunicación es la fábrica de los vehículos y los destinatarios son los concesionarios de la marca. Por lo que cuando un vehículo es llevado para el service, o en su defecto, cuando concurre por alguna falla, del software salta automáticamente lo realizado sobre la unidad y lo pendiente de realizar..." (ver respuestas a los puntos 5.c1, 5.c2, 5.c6, 5.c9, 9a, 10 de la parte actora, el entrecomillado encierra copia textual).
En coincidente sentido, y en reiteradas oportunidades, el perito Killinger manifestó que, al no constar registro alguno de operaciones y controles realizados en la camioneta en cuestión, no resulta posible determinar las causas que desembocaron en la rotura del motor (ver dictamen de fecha 30/8/2021, respuestas a los puntos IV.c y 4.a).
Por otra parte, cabe señalar que el perito ingeniero Killinger, en su presentación de fecha 30/8/2021,17.55 horas, informó que el día de la inspección del vehículo, el actor Azar le entregó el manual del propietario; razón por la cual, resulta lógico presumir que el mismo y su litisconsorte tuvieron la posibilidad de estar informados respecto de los distintas circunstancias referidas.
Analizando, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, este dictamen pericial, del que no encuentro motivos válidos para apartarme, por estar sólidamente fundado en los conocimientos propios de la incumbencia profesional del experto (arts. 384 y 474 CPCC), concluyo en que los accionantes no acreditaron, como era su carga hacerlo, que la rotura del motor de la camioneta haya sido causada por un defecto de fabricación (art. 375 CPCC).
Como lógico corolario de la conclusión antedicha, emerge que este caso queda excluido del régimen de responsabilidad objetiva de los proveedores por el vicio de la cosa comercializada, establecido en el artículo 40 de la ley 24.240; exclusión normativa que deriva en la liberación de las personas jurídicas demandadas.
En nada modificaría esta liberación de responsabilidad, la circunstancia de que se tuviera por acreditado que la camioneta presentaba algunas irregularidades en su funcionamiento por la interrupción del proceso de regeneración de partículas; ya que, en tal caso, tales irregularidades no hubieran constituido causa adecuada del deterioro del motor, porque la relación causal entre aquellas y éste, hubiera quedado interrumpida por el hecho de los accionantes; quienes, al no realizar los servicios técnicos programados en talleres autorizados por la fabricante, abortaron el cumplimiento de las campañas de recall, con la que podrían haberse corregido las dificultades aludidas (ver dictamen de perito Killinger de fecha 2/8/2021, respuestas a los puntos 9 y 10 de la parte actora).
Finalmente, cabe acotar que, en este caso, no ha quedado demostrada ninguna circunstancia especial por la que pudiera considerarse abusiva la imposición contractual de realización de los servicios técnicos programados en talleres autorizados por la fabricante; ya que con la misma no se desnaturaliza la obligación de las prestadoras, ni tampoco se limita su responsabilidad (art. 37 ley 24.240).
Adoptando un criterio coincidente, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en un precedente de similares características, sostuvo que “...La relación jurídica entre el fabricante y adquirente debe analizarse desde la óptica de la responsabilidad por productos elaborados prevista en el art. 40, LDC; debiendo acreditar las demandadas el uso indebido o la culpa del adquirente para liberarse de responsabilidad; lo que aquí considero demostrado con la no realización del “service” previsto para los 15.000 km.; por lo cual considero que las demandadas, en este caso particular, acreditaron uno de los supuestos previstos para que se produzca la caducidad de la garantía...resulta justo que ante la asunción de la responsabilidad por la garantía que extiende el fabricante del automotor -dada la importancia económica de ello-, le permite exigir que los controles que se realizan en los "service" de mantenimiento como el establecido para los 15.000 km, sean en lugares predispuestos por aquel, exigencia que a mi juicio no viola el equilibrio contractual, ni vulnera los derechos del consumidor..." (ver sentencia de fecha 27/08/2013 recaída autos “Robles, Karina Vanesa y otros c/ General Motors Argentina S.R.L. y otro s/ordinario”, TR LALEY AR/JUR/60705/2013). c] La atribución de este incumplimiento contractual a los accionantes, confiere virtualidad el agravio incluido en la apelación por ellos deducida, dirigido contra la declaración de caducidad de la garantía.
Esta impugnación se sustenta en la imposibilidad de efectuar los servicios técnicos en algún taller autorizado por "General Motors de Argentina S.R.L.", por no existir ninguno de ellos en la localidad de Lincoln, en la que tuvo lugar la compra bajo análisis.
Adelanto que este agravio no puede ser abordado; ya que, de hacérselo, se quebrantaría el principio de congruencia en la Alzada.
Vale recordar que, no alcanza con que una cuestión haya sido planteada en la apelación, para que el tribunal de alzada quede habilitado a expedirse; sino que, a tal efecto, se requiere además que la misma esté contenida en los escritos que conformaron la relación procesal.
Esta directiva está fijada en los artículos 266 y 272 del Código Procesal, de los cuales surge que en la sentencia de segunda instancia se examinarán las cuestiones de hecho y de derecho sometidas al magistrado de origen, siempre que hubiesen sido materia de agravios; y también que la cámara de apelación no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión de aquel (conf. Azpelicueta-Tessone, "La Alzada. Poderes y deberes", pág. 176/177). Partiendo de esta plataforma, cabe mencionar que en el relato de los hechos contenido en la demanda, los actores, si bien manifestaron que les fue engañosamente informado que en el taller de la concesionaria demandada iban a poder realizar los servicios técnicos, en ningún momento adujeron la imposibilidad de realizarlos en un taller oficial de otro lugar.
Recién al expresar agravios, aludieron a la imposibilidad de realizar los servicios técnicos en un taller autorizado por la fabricante.
Si se admitiera este novedoso argumento introducido en el memorial recursivo, quedaría alterada la causa de la pretensión, sustentada exclusivamente en la existencia de un vicio de fabricación de la camioneta. Pero, aún soslayando este valladar procesal, tampoco podría receptarse este planteo, ya que en la demanda se expuso que Jorge Omar Azar era dueño de un comercio de venta minorista de artículos de bazar, actividad comercial en virtud de la cual, cada quince días iba en la camioneta a la ciudad de Buenos Aires, para comprar mercaderías.
Es evidente que, si hacía frecuentemente tales viajes, podría haber realizado el servicio técnico en la Ciudad de Buenos Aires o en otra ciudad (por ejemplo, Junín), y reclamar a la concesionaria, los gastos que tal desplazamiento le hubiera ocasionado.
Además, los servicios que, según los dichos de los propios actores, se le hicieron a la camioneta en un taller no autorizado, fueron realizados en fechas 17/6/2019 y 7/1/2020; es decir, con anterioridad a la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-2019 (ver DNU 297/2020 del 19/3/2020); razón por la cual, era posible trasladarse con la camioneta a otro lugar.
En consecuencia, lógico es concluir en que no quedó probada la causa impeditiva del traslado a otro lugar, para cumplir con los servicios técnicos. Como forzoso corolario de lo expuesto precedentemente, se impone la revocación de la sentencia, y consiguientemente, el rechazo de las pretensiones objeto del presente proceso (art. 40 ley 24.240).
2. Lo decidido previamente, me exime del tratamiento de los agravios expuestos, tanto por la parte actora como por las demandadas, en relación a los reclamos indemnizatorios y de aplicación de daño punitivo.
IX. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Revocar la sentencia apelada, y consiguientemente, rechazar las pretensiones deducidas por Jorge Omar Azar y Gabriela Schroeder contra "General Motors de Argentina S.R.L." y "Milenaria S.A." (art. 40 ley 24.240).
En cuanto a las costas, pudiendo los accionantes haberse razonablemente creído con derecho al reclamo indemnizatorio formulado, se imponen en el orden causado, las correspondientes a las dos instancias (art. 68 CPCC).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por "General Motors de Argentina S.R.L." y "Milenaria S.A."; y en consecuencia, revocar la sentencia apelada, rechazando las pretensiones deducidas en contra de las mismas por Jorge Omar Azar y Gabriela Schroeder (art. 40 ley 24.240).
II. Desestimar la apelación interpuesta por la parte actora (art. 40 ley 24.240).
III. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por "General Motors de Argentina S.R.L." y "Milenaria S.A."; y en consecuencia, revocar la sentencia apelada, rechazando las pretensiones deducidas en contra de las mismas por Jorge Omar Azar y Gabriela Schroeder (art. 40 ley 24.240).
II. Desestimar la apelación interpuesta por la parte actora (art. 40 ley 24.240).
III. Las costas de ambas instancias se imponen en el orden causado (art. 68 CPCC); difiriendo la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los de primera instancia (art. 31 LH).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia