Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9669 FOLIO Nº 024/028 PROT. ELECT. JR101518I.251
Río Gallegos, 29 de septiembre de 2025.-
Los presentes autos caratulados “B.D.A. S/ Robo en Grado de Tentativa” - Expte. Nº 26.380/23 - Apelación Nº 9820/25, venidos a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 87/91, obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la cuidad de Rio Gallegos, que en su punto 1º) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado D.A.B. en orden al delito de “Robo en grado de Tentativa (dos hechos) en concurso real con Daños” (Arts. 45, 164, 42, 55, 183 del C.P).
Que a fs. 93/96vta., la defensa apeló dicho auto -motivándolo en esa misma ocasión- siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 102 (cód. validación: bd4eccc3), y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Seguidamente se abordarán los agravios propuestos por la parte recurrente.
1. La defensa insta el sobreseimiento por prescripción de la acción penal por el delito de daño a fin de consagrar el derecho a obtener un pronunciamiento en plazo razonable.
Se agravia por considerar que ha transcurrido el plazo previsto en el art. 62 inc.2 del C.P. que refiere que la acción penal prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: “...2° después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito…”.
Explica que se ha procesado a su defendido por el delito de daño cuyo máximo de pena asciende a un año, siendo que el hecho se habría producido el día 28 de enero de 2023 habiéndose efectuado el acto declaración indagatoria en fecha 22 de abril de 2025, es decir a más de dos años de ocurrido el hecho sin que existan motivos Aclara, que si bien el C.P. estipula en su art. 67 que el plazo de la prescripción se interrumpe con el primer llamado efectuado a una persona en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria y este llamado se produjo el 30 de octubre de 2023 y que, el mismo debe tratarse de un acto que exteriorice la intención de hacer comparecer al imputado de forma tal que haga operativa la suspensión. Que en autos la citación fue notificada al imputado (fs.50) el día 01/11/23, y recién fue remitida al juzgado el día 21/11/23, es decir veinte días después de ser diligenciada y con la audiencia vencida. Y posteriormente, el Juzgado se tomó casi tres meses para agregar la diligencia en autos (ver fs. 51) y hacer un nuevo llamado, ya habiendo transcurrido el año desde el hecho y por lo tanto encontrándose prescripto el delito de daño. Alude a la garantía a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas deriva del art. 18 de la C.N. y de los Tratados Internacionales referidos en ella (arts. 7°, inc. 5, y 8°, inc. 1, C.A.D.H.); y cita jurisprudencia para apoyar su postura, solicitando que se decrete la prescripción por el delito de daños.
Atento lo planteado por la recurrente advierto que, luego de un análisis de los plazos referidos, la acción penal se encontraría vigente.
Entendemos que si el delito se llevó a cabo con fecha 28/01/2023, el primer llamado a indagatoria se realizó el 30/10/2023 y considerando que la figura atribuída al imputado es “Daños”, art. 183 del C.P (quince días a un año de prisión) advierto que la fecha de prescripción del mismo es el 30/10/2025, ello teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 62 inc. 2 del Código Penal: “...Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito (…) no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años…”. Por otra parte se deja expresa constancia que, al ser una situación que no llama a equívocos, por ser categórico el contenido de la norma sobre el plazo mínimo para la extinción de la acción penal por prescripción, estaríamos incurriendo, sin ambages, en un doble dispendio jurisdiccional si se hubiese ordenado la vista fiscal para que se expida en relación a esta cuestión de orden público que en forma grosera se aprecia como inviable por desconocimiento de la norma. En respuesta a la morosidad judicial señalada -agraviándose la recurrente por la vulneración al derecho de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable- advertimos, tras efectuar un repaso de los actos procesales, que dicha demora se debió a las reiteradas incomparecencias del imputado. Se observa que dentro del mismo año de acaecido el ilícito se llevaron a cabo las diligencias probatorias pertinentes y se ordenó el llamado a indagatoria, obrando constancia de notificación del imputado con fecha 01/11/2023 -a fs. 50-, quien no asistió a la misma y en consecuencia dilató la tramitación del acto procesal por el lapso de 12 meses, ello tras reiterados llamados a prestar declaración indagatoria (fs. 51, 53, 54, 58) y finalmente decretar la reserva de las actuaciones (fs. 64), en tanto se llevaba a cabo la averiguación de su paradero, solicitada a fs. 61vta. Por otro lado, se debe destacar que no se registró en el expediente presentación alguna de la defensa, en procura de agilizar el trámite durante los plazos de inactividad que hoy señala.
Así pues, entiendo que la acción penal se encuentra vigente al día de la fecha por lo que no correspondería desvincular al imputado de las actuaciones. En consecuencia el presente agravio no prosperará.
2. Como segundo agravio, la defensa plantea que del informe de fs. 01 se desprende que la persona aprehendida "...se encontraba en aparente estado de ebriedad…” surgiendo de esto varios indicios, entre ellos que el acta de fs. 03 no se encuentra suscripta por su defendido. También que de la certificación médica de fs.11 surge que B. refiere haber consumido alcohol, y que si bien el facultativo interviniente expresa que no tiene aliento etílico, requiere evaluación con análisis toxicológico. Asimismo, señala que los agentes policiales al momento de su aprehensión refirieron que evidenciaba estado de ebriedad, entendiendo que todo ello indicaría que su defendido no se encontraba con sus facultades mentales en condiciones de normalidad al momento del hecho. Que, el art. 34 del C.P. contempla esta condición al expresar que no son punibles quienes no hayan podido al momento del hecho comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.
Agrega que la persona demorada no habría podido llevarse consigo objeto alguno, pues no logró dirigir sus acciones al momento de verse perseguido como tampoco pudo brindar sus datos, evidenciando un estado de alteración compatible a un estado de inconsciencia circunstancial como se da en los estados de embriaguez.
Refiere sobre la intoxicación etílica y solicita el sobreseimiento de B. por resultar inimputable.
Daré inicio al desarrollo de este agravio mencionando que la inimputabilidad no se presume (es decir, que no es la regla) y que guarda un carácter excepcional. Asimismo, que “...nuestra legislación no contempla la llamada `imputabilidad disminuida´ sino que solamente es causa de exculpación la verdadera imposibilidad de comprender los actos al momento que se llevan a cabo o dirigir las acciones conforme a esa comprensión...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 3º, 28/12/1990 en “Reyes, Leonardo”) y que “...el imputable disminuido o semi imputable es penalmente responsable mientras no se demuestre que haya atravesado por un verdadero estado de inconsciencia...” (C. Nac. Crim. y Corr., Sala 2º, 30/4/1985 en autos “Giuffrida, Rosario H.”). Sentado ello, surge de estos actuados que las circunstancias en las que habrían acaecido los hechos permiten presumir que el mismo no tenía su consciencia anulada al momento del ilícito.
En primer término, debemos aclarar que el simple consumo de alcohol no anula la consciencia, ni implica automáticamente una alteración significativa de las capacidades psíquicas o cognitivas de una persona.
Que si bien, la defensa señaló que el imputado habría ingerido bebidas alcohólicas, el accionar de éste permite presumir de que tenía cabal consciencia para manejarse. En este sentido, surge de autos que el imputado habría ingresado al predio de una vivienda atravesando un cerco perimetral el cual resultó dañado y doblado, y posteriormente habría intentado ingresar a una vivienda forzando una puerta, dañando la misma, al igual que un ventiluz y una ventana. También habría trizado los vidrios de un rodado de propiedad de una de las damnificadas. Asimismo, al advertir la presencia de los agentes, el imputado emprendió la huida, siendo alcanzado momentos después, ante tal situación manifestó falsamente ser vecino del lugar, señalando una vivienda como su supuesto domicilio, lo cual fue rápidamente desmentido por los agentes.
Cabe destacar que, conforme surge de los informes policiales, también mintió respecto de su edad, afirmando ser menor, y que, al inicio del hecho, le había dicho a una vecina que se encontraba allí en calidad de mecánico, reparando un automóvil. Que, bajo este lineamiento se infiere que el despliegue del encartado consistente en trizar vidrios, traspasar un cerco perimetral, forzar cerraduras, dañar mobiliario o instalaciones y mentir reiteradamente con el objetivo de eludir su responsabilidad, son acciones que exigían cabalmente cierta coordinación psicomotriz. Es decir, las situaciones referidas permitirían aseverar -al menos con el grado de probabilidad exigido para esta etapa procesal-, que a pesar que la defensa plantea que el Sr.
B. se encontraba bajo los efectos de alcohol, el referido se hallaba en pleno uso de sus facultades mentales pudiendo comprender la criminalidad de sus acciones y dirigirlas. Que, ello resulta suficiente para descartar la aparente falta de comprensión del acto ejecutado, tanto a partir de lo manifestado por los policías como del hecho de que el acta de aprehensión no fue firmada por el imputado, argumento que fue utilizado con el objeto de liberarlo de responsabilidad En efecto, se ha dicho que “...Si, pese a la intoxicación bajo la que se encontraba, el sujeto activo mantuvo un comportamiento adecuado al manejo de las relaciones causales necesarias para el logro de los fines delictivos y de su posterior impunidad, pudiendo comprender su comportamiento y dirigirse de igual manera, la inconsciencia alegada no era de grado suficiente como para conformar un estado de inimputabilidad...” (C.
Nac. Crim. yCorr., Sala de feria, 21/11/1999, `Arco González, Edgardo´). En este momento del análisis, cabe destacar lo expuesto por el Sr. Juez, quien se pronunció sobre el tema a fs. 89 vta., señalando: “...siendo la imputabilidad presupuesto de la culpabilidad resulta vital destacar que en los presentes actuados no existen elementos que permitan inferir que al momento del hecho, el imputado no hubiere podido comprender la criminalidad de los mismos o dirigir sus acciones en consecuencia; este extremo de la imputación no ha sido objeto de controversia entre las partes…” Por último, he de señalar que el Art. 34 del C.P. reviste un carácter excepcional: es necesaria su acreditación en el caso concreto.
La mera presunción de ingesta de alcohol no alcanza para hacer aplicable la norma exculpatoria sino que es menester que produzca la imposibilidad de comprender la criminalidad de sus actos o dirigir sus acciones.
Por todo lo mencionado el presente agravio no podrá prosperar.
3. Por último, la defensa alega orfandad probatoria, indicando que en autos no existe una sola prueba que permita referir que los daños que se imputan en el resolutorio existieron.
Señala que el croquis de fs. 07 carece de referencias específicas que no pueden desprenderse del acta de inspección ocular, cuya ortografía resulta de dificultosa lectura, impidiendo a la defensa poder refutar cada una de las circunstancias narradas en la misma.
Plantea, que no se han adjuntado fotografías que puedan determinar el daño que se imputa, ni se ha descripto la forma en que se ha efectuado el mismo, en qué circunstancia, con qué elemento, si se encontraron restos de vidrios, cuál era su ubicación, etc. Tampoco se han acompañado filmaciones u otro elemento que permita acreditar que, en el caso de haberse constatado los daños, los mismos se hubieran efectuado en el momento de los hechos y por el imputado. Que, lo mismo ocurre con el delito de robo en grado de tentativa, es decir, si no se encuentra probado el daño que diera lugar a la figura de robo y no de hurto, menos se encuentra acreditado ni siquiera de forma indiciaria, que existió la voluntad de su defendido de quedarse con algún bien/objeto ajeno.
Refuerza ello con la declaración de las supuestamente damnificadas, quienes a fs. 08 y 09 destacan que no observaron faltantes.
Finalmente, destaca la recurrente que el resto del plexo probatorio se completa con el testimonio del personal policial interviniente, que sólo pueden referir a las actuaciones posteriores a los supuestos hechos, y por lo tanto, no aportan elementos de convicción para sustentar la teoría y el nexo causal que se intenta imputar en autos.
Así, la defensa reitera el pedido de sobreseimiento y en su caso el dictado de la falta de mérito en los términos del art. 292 del C.P.P. de su defendido.
Dando abordaje al presente agravio, mediante el cual la defensa solicita que se decrete falta de mérito atento a la ausencia de elementos de convicción, debo decir que, en autos obran piezas de prueba suficientes a fin de determinar no sólo la materialidad del hecho sino también la responsabilidad del imputado, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia procesal.
En efecto, la existencia de los daños imputados se corroborarían mediante el acta de inspección ocular de fs. 04/05 del que surge: “…observando un rodado marca Ford Focus, color bordo, dominio XXX, observando en el lado derecho (vista del observador) el vidrio trizado (…) procedemos a continuar por la parte fondo de la vivienda, constatando una ventana de doble hoja con sus vidrios trizados, lindante a esta se encuentra otro ventanal de doble hoja, con uno de sus vidrios trizados…”, compleméntandose esto con el croquis ilustrativo de fs. 07, el cual refiere sobre la ubicación de las viviendas y sus respectivos daños. En este punto, cabe señalar que el agravio relativo a la supuesta imposibilidad de la defensa de refutar las circunstancias narradas en el acta de inspección ocular -debido a la dificultad de lectura derivada de la calidad de la ortografía- queda descartado. En efecto, si la defensa se vio afectada por la ilegibilidad del acta, pudo haber solicitado su transcripción o, alternativamente, consultar el auto de procesamiento, encontrándose plasmado su contenido a fs. 88/vta., en forma íntegra. Tampoco compartimos lo argumentado respecto de la supuesta precariedad del croquis ilustrativo, pues esta Alzada considera que dicho instrumento resulta suficiente para facilitar la interpretación de lo consignado en el acta de inspección ocular y permite una mejor comprensión de la ubicación y características del daño.
Continuando con las pruebas que integran el plexo probatorio, también se cuenta con las declaraciones de las damnificadas: la Sra. E.A. quien a fs. 08/vta., quien refirió que vecinos la alertaron sobre una persona que estaba intentado ingresar a su vivienda, constatando una vez en el lugar, daños en la estructura de la puerta como en el ventiluz del baño. Por su parte, la Sra A.M.V. manifestó a fs. 09/vta., que el personal de la Alarma le informó que se activó el sensor, y que al arribar al lugar constató que dos ventanas de la parte fondo se encontraban con los vidrios trizados al igual que los videos del rodado. De igual modo, la agente B.C.A. a fs. 33/vta, brindó una versión detallada de la noche de los hechos, señalando que un masculino, posteriormente identificado como B., salió del lugar en el momento en que ocurrieron los hechos, lo que permite presumir su vinculación con los daños ocurridos.
En cuanto a la omisión de incorporar fotografías al expediente, filmaciones u otros elementos que permitan la visualización de los daños entendemos, en primer lugar que los elementos incorporados son suficientes a fin de acreditar la materialidad del hecho. Por otro lado, denotamos que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P. Finalmente, sobre el agravio que plantea que el delito de robo no se encuentra probado -argumentando que al no haberse probado el daño tampoco se puede comprobar éste- entendemos que, por el contrario, todo indicaría que el imputado ingresó con ánimo de sustraer bienes de valor, y que ello se habría visto frustrado ante el arribo del personal policial.
Que, si bien las damnificadas manifestaron no observar faltantes también reconocieron los daños como la intencionalidad del imputado de adueñarse de bienes de su propiedad. En este sentido, surge de la declaración de la Sra. A.E. a fs. 08vta. “...para intentar ingresar a mi vivienda a través de los accesos que mencione en mi declaración, donde hubieron de doblar los caños del ventiluz del baño, como así también sacar de eje la puerta de acceso principal a través de perforar el hormigón de la pared donde está colocada la puerta...". PREGUNTADO: Para que diga si constató el faltante de elementos. CONTESTA: "...No, no alcanzaron a ingresar, dado que se le dio inmediato aviso a la policía quien acudió rápidamente...".
En efecto, advertimos que el imputado no habría podido consumar el hecho por causas externas a su voluntad. Que, nos encontraríamos frente a la comisión de un robo, atento a la violencia ejercida sobre las cosas al momento de delinquir, por lo que éste argumento, esgrimido por la defensa, también debe descartarse. Resulta pertinente señalar que a fs. 76, 78, 81, 82, 84 obran una serie de procesamientos en cabeza del imputado por delitos de robo y hurto, consumados como en grado de tentativa. Que, si bien los mismos no pueden ser considerados como antecedentes penales -propiamente dichos- por no haberse dictado condenas firmes sobre dichos ilícitos, los mismos resultan relevantes como indicios que permiten evidenciar la animosidad del imputado, pues se evidencia que éste habría estado involucrado a situaciones similares.
Asimismo, debo recordar que el auto de procesamiento es “…un juicio de probabilidad (CNCP, Sala III, ED, 187-1237; CCCF, Sala I, DJ, 2001-2-322; CCC, Sala IV, JA, 1995-IV-573), que no requiere, por tanto, certidumbre apodíctica (CCCF, Sala I, 2001-B-110; CF Corrientes, LL Litoral, 2001-1036; CF Bahía Blanca, DJ, 2001-2-883; CCC, Sala I, DJ, 2001-3-333) y que importa el reconocimiento del mérito de la imputación (Clariá Olmedo, Tratado…., t. IV, p. 351).” (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 2º edición, Hammurabi, José Luis Depalma Editor, tomo II, pág. 896). Asimismo, (...) no debe olvidarse que la resolución de mérito en los términos del artículo 306 del código de rito constituye un pronunciamiento meramente provisional, que no causa estado y que resulta reformable, aún de oficio, en cualquier momento de la instrucción ante la incorporación de nuevas pruebas…” (CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A, “Legajo de Apelación en L.A.R. s/ Infracción Ley 23.737 (ppal.
Ruíz, Nicomedes)”, expediente Nro. FRO 43206/2017/9/2/CA5, FRO 43206/2017/9/2/CA5). Así las cosas, entiendo que las pruebas reunidas hasta el momento detentan la idoneidad suficiente para traspasar la barrera del Art. 289 del C.P.P., por lo que el presente agravio tampoco prosperará.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 87/91, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia