Abriendo la norma
TOMO: XXII REGISTRO:019 FOLIO: 187/199
Caleta Olivia, 21 de septiembre de 2026.
Estos autos caratulados: “B. A. O. S/ DAÑOS” Expte. Nº 44504/26, N° de Juzgado de Recursos 8582/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 120/121 vta., el Sr. Juez de Instrucción, decidió: “…1.-AMPLIAR LA RESOLUCIÓN DICTADA EN FECHA 29/05/2026, Registro 17-Tomo XVIII, Folio: 34/40 DECRETAR el PROCESAMIENTO CON PRISIÓN PREVENTIVA de B. A.
O., de demás circunstancias personales obrantes en autos, en virtud de lo establecido por el art. 289 y 295 del CPP, por encontrarlo "prima facie" autor penalmente responsable en orden al delito de AMENAZAS (Art. 149 bis, 45 y 55 del C.P.) decretando embargo sobre sus bienes hasta cubrir la SUMA DE PESOS QUINIENTOS MIL ($500.000.00) actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos cartera general (art. 499 y ccs. del C.P.P.)” Contra dicha resolución la Defensa a cargo de la doctora Sabrina Petersen, Letrada Adjunta de la Defensoría Pública Oficial de Las Heras, interpone recurso de apelación a fs. 126/127, motivándolo en dicho acto. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 131.
En esta instancia es mantenido a fs. 145 por la Sra. Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, doctora María Carolina Costes, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver.
II.-Al motivar el recurso la Defensa se agravia sosteniendo que las expresiones atribuidas a su defendido no fueron dirigidas a persona determinada y carecen de la idoneidad exigida por el tipo penal.
Indica la defensa que la resolución recurrida transcribe extensamente la doctrina aplicable al delito de amenazas y sin embargo omite confrontarla con la prueba que ella misma reseña. En efecto, la propia resolución exige que la amenaza sea proferida con el dolo de alarmar o amedrentar a otro, y que resulte inteligible como tal para el sujeto pasivo. Ninguno de esos extremos se verifica en autos.
Argumenta que, el Sr. H. R., al declarar en sede judicial, fue categórico: manifestó que cuando el sujeto amenazaba no sabía a quién amenazaba, y que no lo conocía. En idéntico sentido declaró la Sra. M. D. P., quien expresó que no sabía a quién se dirigía y que tampoco conocía a su defendido. Es decir que los dos únicos testigos presenciales coinciden en que las expresiones no estuvieron dirigidas a ellos ni a persona alguna en particular, sino que fueron gritos proferidos al voleo en la vía pública, a las cinco de la madrugada, por una persona que se encontraba sola y visiblemente alterada. Refiere la defensa que faltando la determinación del sujeto pasivo y el dolo específico de amedrentar a una persona concreta, la conducta resulta atípica. El delito de amenazas protege la libertad psíquica individual, y mal puede afectarse la libertad psíquica de quien no es destinatario del anuncio ni resulta identificado por el autor.
Sostiene que la circunstancia de que los vecinos hayan experimentado temor, es comprensible ante los gritos de un desconocido en la madrugada, pero no suple la ausencia del elemento subjetivo, que debe verificarse en cabeza del autor y no en la reacción de quien escucha. A lo sumo, el episodio configuraría una contravención por escándalo o disturbios en la vía pública, pero no el delito por el que se dispuso el procesamiento.
Por otra parte expresa la defensa que la resolución afirma que no concurren causales de inculpabilidad al mismo tiempo que ordena las pericias destinadas precisamente a establecerlas.
Refiere la defensa que el 06 de agosto de 2026, y por expresa disposición del Sr. Juez de Recursos, se ordenó requerir al médico psiquiatra del Cuerpo Forense Pericial de Caleta Olivia y al Cuerpo Pericial Psicológico local la realización, en forma urgente, de un examen sobre la persona de su defendido a fin de determinar si sus conductas, por la forma de comisión de los hechos y la actitud asumida, pueden tener un origen patológico que influya en su comportamiento o le imponga un esfuerzo que afecte la culpabilidad.
Pese a ello indica que ninguna de esas pericias se hubiera producido, y la resolución afirma dogmáticamente que de las pruebas reunidas no surge que el obrar del imputado pudiera quedar abarcado por supuestos de inculpabilidad. Se trata de una contradicción insalvable: no puede afirmarse la ausencia de una causal de inculpabilidad mientras se reconoce, en el mismo acto, la necesidad urgente de producir la prueba destinada a determinarla.
El razonamiento importa un prejuzgamiento y priva a la resolución de la debida fundamentación exigida por el artículo 116 del Código Procesal Penal de Santa Cruz, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido. Esa defensa refiere que de las propias constancias reseñadas en la resolución dan cuenta de un cuadro compatible con una alteración: una persona que a las cinco de la madrugada defeca en la vía pública, grita sola, patea portones de viviendas de personas a las que no conoce, y se niega a la extracción de sangre. La resolución describe esos extremos y no extrae de ellos consecuencia alguna. Lo que correspondía era aguardar el resultado de los informes ordenados y, recién entonces, resolver la situación procesal.
Por último expresa que la prisión preventiva carece de fundamentación autónoma y resulta desproporcionada respecto del delito por el que se dispuso el procesamiento. La resolución no contiene fundamentación autónoma alguna sobre los riesgos procesales: se limita a remitirse a lo dicho a fs. 48/54. La remisión a otra pieza procesal no satisface el deber de motivación, máxime cuando el encierro cautelar constituye la injerencia más grave del Estado sobre la libertad de una persona amparada por la presunción de inocencia.
Tampoco se ha efectuado juicio de proporcionalidad alguno. El delito de amenazas simples previsto en el primer párrafo del artículo 149 bis del Código Penal prevé una escala penal cuyo mínimo permite razonablemente prever, en caso de recaer condena, una pena de ejecución condicional, lo que descarta la necesidad del encierro preventivo. A ello debe sumarse que la prisión preventiva ya había sido dispuesta en la resolución del **/**/2026 respecto del delito de daños, de modo que la que ahora se decreta no agrega fundamento nuevo ni responde a riesgo procesal alguno verificado en concreto, sino que se limita a replicar mecánicamente lo ya resuelto. La prisión preventiva es de aplicación excepcional y restrictiva (arts. 3 y concordantes del C.P.P.), y solo procede cuando resulta absolutamente indispensable para asegurar los fines del proceso, extremo que aquí no se ha demostrado. III.-Establecido ello, debo ingresar en el análisis de los agravios esgrimidos por la defensa, quien solicitó se dicte la falta de mérito de su defendido en orden al delito de amenazas (art. 149 bis CP).
En primer término, y conforme las constancias de las presentes actuaciones se encuentra acreditado que el día **/**/2026, a las 05.15 hs., el Sr. B. A. O., se constituyó en la calle xxxxx xxxxx N° ***, de la Ciudad de Las Heras. Asimismo, en ese contexto fáctico el imputado de autos, profirió gritos que podrían ser considerados amenazas, en dirección a la vivienda frente a la que estaba parado, habiendo dudas sobre la seriedad de las mismas. Ahora bien, insiste nuevamente la Defensora en su exposición, que su defendido se encuentra sumido en el consumo de alcohol, lo que no le permitiría dirigir su persona, que las acciones por el desplegadas y que originaron las presentes actuaciones, fueron la consecuencia del accionar irresponsable e impulsivo de un sujeto que bajo los efectos del alcohol y medicamentos no podía dirigir racional e intencionalmente sus acciones, ni representarse las consecuencias de las mismas.
En los autos “A., S. E. S/ ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, LESIONES, AMENAZAS Y VIOLACIÓN DE DOMICILIO” Expte. Nº A-35036/22, N° de Recursos 6808/22, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Heras, sostuve: “…Que el imputado haya tomado alcohol dista considerablemente a que se encuentre envuelto en un estado de intoxicación alcohólica que no le permita comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Sobre el particular la dogmática ha entendido que: "La embriaguez alcohólica. En los casos de intoxicación aguda es determinante el grado de perturbación de la consciencia, que debe ser grave, lo cual en el caso de embriaguez alcohólica se conoce como embriaguez completa.
Según la concentración de alcohol en sangre, se determina la posibilidad o la certeza de la embriaguez completa. De cualquier forma no pueden tomarse esos índices como determinantes sin valorar la resistencia individual al tóxico, que depende de una gran variedad de factores (acostumbramiento, ingesta de medicamentos, patología, emociones, etc.). Tampoco debe descartarse la embriaguez patológica, producida por una pequeña ingesta de alcohol y que suele obedecer a una patología previa, como en los enfermos alcohólicos o neurológicos. Uno de los criterios para cuantificar la perturbación de la consciencia es la memoria; siendo muy pormenorizada no se compadece con la embriaguez completa, aunque es compatible con el recuerdo detallado de algunas de las circunstancias más esenciales del hecho, puesto que la memoria parcial es relativamente frecuente en casos de incuestionable embriaguez completa..." (Conforme MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL, EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, ALEJANDRO ALAGIA, ALEJANDRO SLOKAR EDITORIAL EDIAR, PÁGS.
560 Y 561)”
Respecto de lo expresado, entendemos que las condiciones personales del imputado no pueden ser atendibles como causal de inculpabilidad, lo que existen dudas es sobre la seriedad de las amenazas proferidas. En primer lugar, de los testimonios de la policía que procedió a su aprehensión y los testimonios de las víctimas de autos, puede colegirse que el Sr. B. A. O. había ingerido bebidas alcohólicas, se desconoce en qué cantidad, pues aún cuando le quisieron efectuaron extracción de sangre para determinar ello, el mismo no prestó su consentimiento.
Si bien no se ha establecido, a través de un examen psicológico o psiquiátrico, que el encartado pueda cometer hechos como el juzgado en autos, existen, por la forma de comisión de los hechos y la actitud asumida por el imputado, la posibilidad que sus conductas tengan un origen en el consumo de alcohol y/o sustancias prohibidas, que si bien le permiten comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, influyan en su comportamiento.
Señala la apelante, que se trataría de una persona que se encontraba al momento de cometer los hechos aquí atribuidos bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, limitado en su pleno raciocinio, pues se trata de un estado capaz de frustrar la capacidad de entendimiento de cualquier ser humano y anular la capacidad de controlar los impulso y emplear cualquier freno inhibitorio y consecuentemente dirigir sus acciones, así, podemos entender que nos encontramos ante un ser humano con problemas de adicción, pero entendiendo que esta adicción no le impide comprender la criminalidad de sus actos, tal y como se señalara supra.
La inimputabilidad por un trastorno mental transitorio provocado por el alcohol, que le haya impedido comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones, no tiene solo referencia a que el sujeto activo haya ingerido bebidas alcohólicas, pues entonces todos los delitos cometidos por personas que consumieran bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia psicoactiva, serían inimputables.
Ello se deduce y se infiere, al igual que el dolo, en la mecánica y trayectoria de los hechos desplegados. Lo primero que debemos descartar es la imposibilidad de dirigir sus acciones.
El alcoholismo, es un flagelo social que impacta en gran parte, lamentablemente, de la población mundial, sin embargo ese impacto no se refleja directamente en los índices de delitos. No puede, como pretende la defensa, hacerse un traslado simplificado de alcohol igual violencia igual falta de consciencia del acto criminal que se desarrolla.
Ahora bien, no obstante entender que el imputado en autos, pudo dirigir sus acciones certeramente, cabe interrogarse si éstas tuvieron un destinatario específico y si se cumplen en el caso de marras, los requisitos del tipo objetivo sistemático del delito de AMENAZAS, es decir la seriedad de las mismas, conforme lo prescripto en el art. 149 bis del CP.
Respecto a la delimitación de la figura delictiva, cabe señalar que en los autos caratulados “M. L. A./ Denuncia Amenazas” Expte. Nº M-27740/19, N° de Recursos 6421/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "En este orden se ha señalado que: "El criterio que hace políticamente imputable la amenaza surge de la influencia que esta ejerce sobre el ánimo de la persona amenazada porque el temor despertado por ella obra de tal suerte que hace que se sienta menos libre y se abstenga de muchas cosas que sin el temor habría realizado tranquilamente, o realice otras que sin él no habría ejecutado. Es por todo ello que debemos decir que el delito de amenazas contiene un sentido ilícito que incide directamente sobre la libertad de determinación del sujeto pasivo, perturbando su tranquilidad espiritual de manera tal que sus actos y conductas quedan limitados por aquellas turbaciones en el seno de la consciencia individual de quien las padece" (Conforme CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO, Parte Especial Tomo I, Editorial Rubinzal-Culzoni Editores, Pág. 677). En la coacción la obligación de hacer esta explícita en la intimidación y el sujeto pasivo se halla frente a la necesidad de elegir entre dos males, perfectamente determinados por el sujeto activo; "Para imponerse de tal modo, el sujeto activo presenta su exigencia como condición para no producir un mal" (Conf. CNCCorr. Sala VII, Villalba. 18-11-2005). En el caso de marras, lo relatado por el denunciante no excede del anuncio de un mal grave e inminente del que no puede inferirse la obligación de abandonar el trabajo que relata el impugnante como cuestión novedosa en su líbelo recursivo. Por lo tanto debo concluir que el hecho que se investiga se encuentra reprimido por las penas prescriptas por el Art. 149 bis del C.P. la cual no excede en su máximo de 2 años de prisión.".-
Sobre el alcance típico de las formas y modalidades del delito en análisis, en los autos caratulados “R. D.
R./AMENAZAS CALIFICADAS Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO” EXPTE. Nº R-55.895/22, N° DE JUZGADO DE RECURSOS 6934/23, PROCEDENTES DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PICO TRUNCADO,
sostuve que: "El Defensor Particular motiva y desarrolla sus agravios de forma suficiente, en relación a una incorrecta valoración del plexo probatorio por parte del Sr. Juez de Instrucción, sin embargo al momento de resolver la situación procesal del imputado, efectúa un análisis pormenorizado de cada una de las declaraciones testimoniales que la defensa intenta, infructuosamente, interpretar a su favor, minimizando el hecho vivido por las víctimas. Así a fs. 5, H. O. manifiesta en sede policial que sin motivo aparente una persona se acerca hacia la ventanilla del auto y los apunta con un arma de fuego al tiempo que les dice: "¿Ustedes son los que nos entraron robar?", que se sintió amedrentado porque en todo momento los apuntaba con el arma.
Ello se explica claramente, porque y si bien la conducta claramente es amenazante desde lo gestual como así la interpelación violenta, lo que por sí mismo es información suficiente para acreditar el tipo objetivo sistemático sumado al dolo, además O. es quien busca a la autoridad policial. Si hubiese entendido O. la conducta del procesado como la interpreta la defensa, es decir como un simple diálogo, no se explica por qué en el momento en que son abordados intempestiva y agresivamente por el autor con un arma de fuego calibre nueve milímetros con mira infraroja, acudió en busca de auxilio a la autoridad policial. Por otra parte a fs. 22 el testigo A. M. se pronuncia en igual sentido en cuanto a la exhibición del arma y los términos vertidos aunque no manifestando el temor evidenciado por su compañero.
A su turno, el funcionario policial A. G., quien fue interceptado por O. expresa a fs. 35 que el testigo le hace mención a las amenazas vertidas por el encartado y la utilización de un arma de fuego. Posteriormente en sede judicial O. ratifica a fs. 50/51 la versión primigenia, aunque respondiendo al ser preguntado si sintió temor: "...no, porque como no le hice nada no tengo porque tener miedo" y renglón seguido aclara que el hecho de ser apuntado con un arma, da miedo, pero no pánico, "... un poco de miedo pero no tanto" para culminar con la declaracion manifestando que no le interesa proseguir con la instrucción porque no quiere tener problemas ni que tampoco tengan problemas. Asimismo se cuenta con la declaración testimonial de C.
C. quien a fs. 54 dice que en el interior de su departamento, el encausado, sin motivo alguno saco un arma de fuego y comenzó a decirle que él no estaba solo, quedando impresionada, manifestando temor y afectando de tal manera su libertad, que emprendió la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Al ratificar su declaración en sede judicial, la testigo depone a fs. 57 que no sintió el hecho como una amenaza, pero si como una advertencia; que los primeros días sintió temor y que no quería quedarse sola en la casa. Este escenario permite visualizar el contexto violento que tuvo la conducta desplegada por el hoy procesado, y como la misma impactó sobre todas las víctimas tras el temor evidenciado.
Las conjeturas a las que arriba la defensa en relación a la intención impresa en la conducta del encartado, solo pueden ser observadas con posterioridad al hecho y no al momento de su acontecer. Si bien O. menciona que no sintió pánico, y que no debería sentir temor porque no hizo nada, se visualiza como una expresión de deseo o como un pensamiento racionalizado que no se evidenció al momento de los sucesos, tal y como se señalara supra al buscar el auxilio de la autoridad policial. A ello se suma que luego de observar todo el suceso y la afectación que el mismo le provocó, allende justificar la posición del comerciante, manifiesta su deseo de que nadie tenga problemas a raíz de la denuncia, con la clara finalidad de evitar represalias.
En relación a C. C. si bien en su ratificación efectúa un distingo entre la amenaza y la advertencia, quitando entidad a la conducta del imputado, lo cierto es que cualquiera sea la terminología utilizada, ambos son dos significantes o "nombres" de un mismo concepto, y tienden a socavar el espíritu libre de la persona destinataria de la intimidación. Todos los testigos al momento de los hechos manifiestan de una u otra forma el miedo que padecieron y que no se debió solo a los términos vertidos por el imputado, sino a toda la conducta desplegada. No siempre las verbalizaciones tienen la aptitud para infligir el temor que exige la figura típica, pues en el caso como el de marras la exhibición del arma de fuego tiene entidad suficiente -de manera silenciosa- para lograr una constricción en el espíritu y la libertad de autodeterminación del sujeto pasivo.
Así se ha sostenido que: "Los modos más simples para amenazar están representados por la expresión verbal o escrita y aún por gestos, cuando éstos fueran aptos e inequívocas en el sentido de provocar la alarma característica de la figura... El poder de alarmar o amedrentarse manifiesto cuando para amenazar se emplea cualquier arma. Tanto el puñal como una cadena o garrote, aunque no sean de fuego, son armas que poseen una significación intimidante". (La negrita es de mi autoría) (Conforme Alejandro Tazza CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. PARTE ESPECIAL. SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA. TOMO I Págs. 683 y 686) En el mismo sentido y sobre el particular, la dogmática ha entendido que: "La doctrina sostiene que...la amenaza debe ser grave y que se anuncie con seriedad, y además que sea posible, ya que si faltan estas características, no es posible amedrentar.
La seriedad tiene relación directa con el daño anunciado. Así también el mal que se anuncia debe ser posible, ello implica que el daño pueda realmente ocurrir... La amenaza debe ser injusta, ello implica que el daño amenazado no tiene por qué ser soportado por la víctima... La amenaza es grave, cuando el mal amenazado posee entidad suficiente. La gravedad debe darse objetivamente...En cuanto a los medios de comisión se aceptan el oral, el escrito o con gestos, ya que lo importante es que el sujeto haga llegar de alguna manera la amenaza a su víctima. La amenaza, agrega Creus, debe resultar inteligible como amenaza para el sujeto pasivo". (La negrita es de mi autoría) (Conforme DONNA EDGARDO ALBERTO, "DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL" T.
IIB, ED. RUBINZAL CULZONI, 2007, pág. 248/249).- Es decir que toda la conducta desplegada la que comienza con el acercamiento intempestivo con un arma de fuego, el hecho de esgrimirla en contra de las dos víctimas que se encontraban dentro del auto, increparlas acusándolos de haber cometido un delito en su contra, con la clara finalidad de tomar revancha por ese hecho munido de un arma de fuego, la exhibición que le realizó a C. C. de la misma, además de señalarle que el estaba actuando por los hechos que supuestamente sufrió, preguntándole si la misma no tenía algo que ver, dan cuenta a las claras de los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo. A la hora del análisis fáctico, no puede perderse de vista que lo expresado verbalmente estaba sustentado físicamente con el apuntar hacia la humanidad de las víctimas o advertir que tenía un arma de fuego, mediante su exhibición.
Cuando se esgrime o exhibe un arma de fuego aunque no se manifiesta nada en concreto, si esa gestualidad se dirige a una persona, es claro que el mensaje de las acciones físicas implica el anuncio o advertencia de la posibilidad concreta de su uso. Eso es una amenaza en términos jurídicos-penales. En cuanto a la falta de intención que esgrime el letrado defensor, a la luz del análisis de la mecánica fáctica descripta e imputada, no permite establecer una autoría que no sea la de dolo directo. Las personas amenazadas en primer lugar se encontraban sentadas en un automóvil en actitud de espera, por lo tanto no hubo de parte de éstas actos, conductas o acciones que hubiesen posibilitado un error en el autor de la apreciación de los hechos, salvo que el éste considere que cada automóvil que se detenga y estacione en las cercanías de su comercio, es un potencial "delincuente", lo que es insostenible e irracional.
Lo cierto es que, si tuvo alguna duda, debió llamar a la autoridad policial, pues estas personas no estaban realizando ninguna conducta. Y menos aún sostener que la conducta de exhibir el arma a C. C. fue un incumplimiento de un deber de cuidado, pues luego de amenazar con el arma a los ocupantes del auto, la guarda entre sus ropas, y al dirigirse a ella, se la exhibe con la finalidad de dejarle claro la seriedad de sus amenazas. Es claro que la intención del autor fue, en todo momento, amedrentar y afectar la libertad de las víctimas. La jurisprudencia ha sostenido que: "El tipo penal de amenazas contiene un elemento subjetivo del tipo caracterizado por el propósito que tiene el autor de infundir un temor, alarma o zozobra en el ánimo del sujeto pasivo.
Por ello, desde esta aspecto subjetivo se requiere que el autor conozca que amenaza y que quiere hacerlo, pero con el fin de alarmar o amedrentar a un tercer". (Conf. CNCCorrec. Sala VI, Alfil del 14/8/2007, c. 32689)".-
Y finalmente, en los autos caratulados: “R., N. I. S/ DCIA. VIOLENCIA DE GÉNERO” Expte. Nº 31815/22, N° de Juzgado de Recursos 7294/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Caleta Olivia, sostuve que: "Los términos proferidos por el Sr. R. al Sr. V., han cumplido la finalidad que el autor perseguía esto era amedrentar a sus hijas, el procesado realizo intencionadamente la figura descripta en el Art. 149 bis del C.P, teniendo pleno conocimiento de que tales dichos iban a llegar al destinatario (sus hijas), dado que a quien le manifestó estos, era amigo de toda la vida de R.N. y de E. hijas de quien los artículo. El medio por el cual se transmite las amenazas no encuentra limitación alguna en la ley penal, pues pueden ser realizadas a través de cualquier canal en donde, el anuncio de un mal grave e inminente, pueda llegar a sus destinatarios.
Además, la propia ley penal agrava la conducta cuando para formalizar las mismas, el autor se vale del uso de armas, o lo hace de manera anónima. La Defensa desacredita el testimonio del Sr. V., y señala que al ser amigo de ambas víctimas (H. R.), el mismo tiene interés en la resolución de la causa a su favor. Hay un error al valorar el testimonio del Sr. V. de esta manera, pues él no solo es testigo, sino que, además, es utilizado como “medio” para cometer el delito, pues el autor, conociendo plenamente la relación entre éste y sus hijas, se vale de la misma para hacer efectiva su amenaza. Ahora bien, aquí el medio no es parte del actuar delictual del autor, en el sentido que solo transmite la amenaza por un obrar guiado en un principio ético elemental, que es decirle a una persona, que otra quiere atentar contra su vida, descartándose una participación o coautoría, como claramente lo reconoce la Defensa al señalar la relación de amistad.
Estamos ante el supuesto de una autoría mediata. Lo que además, permite afirmar la seriedad y gravedad de la misma, pues si no hubiese sido efectiva, el Sr. V. posiblemente le hubiera quitado trascendencia, pero, al contrario de lo que sostienen tanto la Dra. M. como el Dr. L., la misma tuvo la entidad suficiente para amedrentar y alarmar al Sr. V. y luego a las hermanas R., sin dejar de expresar que, además, profirió amenazas contra su ex esposa. El contexto de violencia familiar y de género, contribuye, claramente, a sostener la viabilidad de la amenaza como serie y grave, por lo que el bien jurídico de ambas víctimas ha sido afectado. Ello así, pues el Sr. R. no ha proferido solo maltrato verbal y psicológico a la madre de ambas víctimas, sino, conforme surge de la información agregada en autos, la ha materializado en perjuicio de ésta.
Esta situación le otorga al mal anunciado, no solo seriedad y gravedad, sino también la posibilidad efectiva que se concrete y la gobernabilidad del mismo en cabeza del autor de la amenaza. Por otro lado, el informe de la OVD es terminante en la asignación del riesgo, y éste, según el equipo interdisciplinario, es altísimo, por lo que, de toda la información agregada, surge claro la seriedad de las amenazas proferidas a sus hijas, valiéndose del Sr. V. como medio de transmisión de las mismas. En este sentido, la dogmática, ha señalado que: “La amenaza puede ser realizada por cualquier medio. Ella puede consistir en una expresión escrita u oral, figurativa o simbólica. La primera de ellas ocurre cuando el autor expresa "te voy a matar" o le envía una carta, misiva o correo electrónico a la víctima con el anuncio de un mal real, futuro e injusto.
Ejemplos de la segunda se presentan cuando el autor utiliza ademanes que tienen el inequívoco significado de anunciar dicho mal, por ejemplo, el ademán de pasarse la mano o el dedo índice por el cuello, o adoptar con la mano la forma de un arma de fuego. Por último, la forma simbólica aparece cuando el autor utiliza dibujos u objetos que tienen un claro sentido amenazante, por ejemplo, el envío de un proyectil, un ataúd, una corona funeraria, anuncio del fallecimiento o sepelio de la víctima, etc. En algunos casos es posible afirmar la presencia de una amenaza idónea en función de la condición o cualidad de la víctima, por ejemplo, el uso de una cruz gamada o símbolo relacionado con la dictadura nacionalsocialista alemana respecto de la víctima judía … El autor puede realizar la amenaza de manera directa o indirecta, dependiendo en su caso de la inmediatez entre aquel y la víctima.
Perfectamente puede presentarse el caso en que la amenaza sea comunicada por un tercero”. (La negrita es de mi autoría) (Conforme CÓDIGO PENAL: PARTE ESPECIAL, TOMO II / Rubén Enrique Fígari director Abelardo M. Manzano Coordinador. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: La Ley, 2021, pág. 164).- En los autos caratulados “R. D. R. S/AMENAZAS CALIFICADAS Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO” EXPTE. Nº R-55.895/22, N° DE JUZGADO DE RECURSOS 6934/23, PROCEDENTES DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE PICO TRUNCADO, sostuve que: "El Defensor Particular motiva y desarrolla sus agravios de forma suficiente, en relación a una incorrecta valoración del plexo probatorio por parte del Sr. Juez de Instrucción, sin embargo al momento de resolver la situación procesal del imputado, efectúa un análisis pormenorizado de cada una de las declaraciones testimoniales que la defensa intenta, infructuosamente, interpretar a su favor, minimizando el hecho vivido por las víctimas.
Así a fs. 5, H. O. manifiesta en sede policial que sin motivo aparente una persona se acerca hacia la ventanilla del auto y los apunta con un arma de fuego al tiempo que les dice: "¿Ustedes son los que nos entraron robar?", que se sintió amedrentado porque en todo momento los apuntaba con el arma. Ello se explica claramente, porque y si bien la conducta claramente es amenazante desde lo gestual como así la interpelación violenta, lo que por sí mismo es información suficiente para acreditar el tipo objetivo sistemático sumado al dolo, además O. es quien busca a la autoridad policial. Si hubiese entendido O. la conducta del procesado como la interpreta la defensa, es decir como un simple diálogo, no se explica por qué en el momento en que son abordados intempestiva y agresivamente por el autor con un arma de fuego calibre nueve milímetros con mira infraroja, acudió en busca de auxilio a la autoridad policial.
Por otra parte a fs. 22 el testigo A. M. se pronuncia en igual sentido en cuanto a la exhibición del arma y los términos vertidos aunque no manifestando el temor evidenciado por su compañero. A su turno, el funcionario policial A. G., quien fue interceptado por O. H. expresa a fs. 35 que el testigo le hace mención a las amenazas vertidas por el encartado y la utilización de un arma de fuego. Posteriormente en sede judicial O. H. ratifica a fs. 50/51 la versión primigenia, aunque respondiendo al ser preguntado si sintió temor: "...no, porque como no le hice nada no tengo porque tener miedo" y renglón seguido aclara que el hecho de ser apuntado con un arma, da miedo, pero no pánico, "... un poco de miedo pero no tanto" para culminar con la declaración manifestando que no le interesa proseguir con la instrucción porque no quiere tener problemas ni que tampoco tengan problemas.
Asimismo se cuenta con la declaración testimonial de C. C. quien a fs. 54 dice que en el interior de su departamento, el encausado, sin motivo alguno saco un arma de fuego y comenzó a decirle que él no estaba solo, quedando impresionada, manifestando temor y afectando de tal manera su libertad, que emprendió la búsqueda de un nuevo lugar donde vivir. Al ratificar su declaración en sede judicial, la testigo depone a fs. 57 que no sintió el hecho como una amenaza, pero si como una advertencia; que los primeros días sintió temor y que no quería quedarse sola en la casa. Este escenario permite visualizar el contexto violento que tuvo la conducta desplegada por el hoy procesado, y como la misma impactó sobre todas las víctimas tras el temor evidenciado.
Las conjeturas a las que arriba la defensa en relación a la intención impresa en la conducta del encartado, solo pueden ser observadas con posterioridad al hecho y no al momento de su acontecer. Si bien O. menciona que no sintió pánico, y que no debería sentir temor porque no hizo nada, se visualiza como una expresión de deseo o como un pensamiento racionalizado que no se evidenció al momento de los sucesos, tal y como se señalara supra al buscar el auxilio de la autoridad policial. A ello se suma que luego de observar todo el suceso y la afectación que el mismo le provocó, allende justificar la posición del comerciante, manifiesta su deseo de que nadie tenga problemas a raíz de la denuncia, con la clara finalidad de evitar represalias.
En relación a C. C. si bien en su ratificación efectúa un distingo entre la amenaza y la advertencia, quitando entidad a la conducta del imputado, lo cierto es que cualquiera sea la terminología utilizada, ambos son dos significantes o "nombres" de un mismo concepto, y tienden a socavar el espíritu libre de la persona destinataria de la intimidación. Todos los testigos al momento de los hechos manifiestan de una u otra forma el miedo que padecieron y que no se debió solo a los términos vertidos por el imputado, sino a toda la conducta desplegada. No siempre las verbalizaciones tienen la aptitud para infligir el temor que exige la figura típica, pues en el caso como el de marras la exhibición del arma de fuego tiene entidad suficiente -de manera silenciosa- para lograr una constricción en el espíritu y la libertad de autodeterminación del sujeto pasivo.
Así se ha sostenido que: "Los modos más simples para amenazar están representados por la expresión verbal o escrita y aún por gestos, cuando éstos fueran aptos e inequívocas en el sentido de provocar la alarma característica de la figura... El poder de alarmar o amedrentarse manifiesto cuando para amenazar se emplea cualquier arma. Tanto el puñal como una cadena o garrote, aunque no sean de fuego, son armas que poseen una significación intimidante". (La negrita es de mi autoría) (Conforme Alejandro Tazza CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA COMENTADO. PARTE ESPECIAL. SEGUNDA EDICIÓN ACTUALIZADA. TOMO I Págs. 683 y 686) En el mismo sentido y sobre el particular, la dogmática ha entendido que: "La doctrina sostiene que...la amenaza debe ser grave y que se anuncie con seriedad, y además que sea posible, ya que si faltan estas características, no es posible amedrentar.
La seriedad tiene relación directa con el daño anunciado. Así también el mal que se anuncia debe ser posible, ello implica que el daño pueda realmente ocurrir... La amenaza debe ser injusta, ello implica que el daño amenazado no tiene por qué ser soportado por la víctima... La amenaza es grave, cuando el mal amenazado posee entidad suficiente. La gravedad debe darse objetivamente...En cuanto a los medios de comisión se aceptan el oral, el escrito o con gestos, ya que lo importante es que el sujeto haga llegar de alguna manera la amenaza a su víctima. La amenaza, agrega Creus, debe resultar inteligible como amenaza para el sujeto pasivo". (La negrita es de mi autoría) (Conforme DONNA EDGARDO ALBERTO, "DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL" T.
IIB, ED. RUBINZAL CULZONI, 2007, pág. 248/249).- Es decir que toda la conducta desplegada la que comienza con el acercamiento intempestivo con un arma de fuego, el hecho de esgrimirla en contra de las dos víctimas que se encontraban dentro del auto, increparlas acusándolos de haber cometido un delito en su contra, con la clara finalidad de tomar revancha por ese hecho munido de un arma de fuego, la exhibición que le realizó a C. C. de la misma, además de señalarle que el estaba actuando por los hechos que supuestamente sufrió, preguntándole si la misma no tenía algo que ver, dan cuenta a las claras de los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo. A la hora del análisis fáctico, no puede perderse de vista que lo expresado verbalmente estaba sustentado físicamente con el apuntar hacia la humanidad de las víctimas o advertir que tenía un arma de fuego, mediante su exhibición.
Cuando se esgrime o exhibe un arma de fuego aunque no se manifiesta nada en concreto, si esa gestualidad se dirige a una persona, es claro que el mensaje de las acciones físicas implica el anuncio o advertencia de la posibilidad concreta de su uso. Eso es una amenaza en términos jurídicos-penales. En cuanto a la falta de intención que esgrime el letrado defensor, a la luz del análisis de la mecánica fáctica descripta e imputada, no permite establecer una autoría que no sea la de dolo directo. Las personas amenazadas en primer lugar se encontraban sentadas en un automóvil en actitud de espera, por lo tanto no hubo de parte de éstas actos, conductas o acciones que hubiesen posibilitado un error en el autor de la apreciación de los hechos, salvo que el éste considere que cada automóvil que se detenga y estacione en las cercanías de su comercio, es un potencial "delincuente", lo que es insostenible e irracional.
Lo cierto es que, si tuvo alguna duda, debió llamar a la autoridad policial, pues estas personas no estaban realizando ninguna conducta. Y menos aún sostener que la conducta de exhibir el arma a C. C. fue un incumplimiento de un deber de cuidado, pues luego de amenazar con el arma a los ocupantes del auto, la guarda entre sus ropas, y al dirigirse a ella, se la exhibe con la finalidad de dejarle claro la seriedad de sus amenazas. Es claro que la intención del autor fue, en todo momento, amedrentar y afectar la libertad de las víctimas. La jurisprudencia ha sostenido que: "El tipo penal de amenazas contiene un elemento subjetivo del tipo caracterizado por el propósito que tiene el autor de infundir un temor, alarma o zozobra en el ánimo del sujeto pasivo.
Por ello, desde esta aspecto subjetivo se requiere que el autor conozca que amenaza y que quiere hacerlo, pero con el fin de alarmar o amedrentar a un tercer". (Conf. CNCCorrec. Sala VI, Alfil del 14/8/2007, c. 32689)".- Teniendo presente la información agregada en autos, y las pautas de hermenéutica para subsumir la conducta en los elementos del tipo objetivo sistemático de la figura delictiva que se desprende del art. 149 bis del C.P., cabe concluir que el delito de amenazas ha quedado perfectamente configurado". Y en los autos caratulados “CANO, DEVORA M. S/Dcia. ” Expte. Nº 33863/23, N° de Recursos 7204/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 2 Caleta Olivia, sostuve que: “En este sentido, para un correcto análisis, debemos contextualizar la conducta denunciada.
El estado en la red social y de comunicación, del cual tomó conocimiento la hija del denunciado, está vinculado, directamente, con los conflictos y el ejercicio de violencia de género realizado con anterioridad y que motivara la colocación del dispositivo dual. Es decir que, y aún prescindiendo que el denunciado no hiciera referencia a su expareja, alude directamente al fotografiarse y hacer referencia al dispositivo. Claro que el mismo en su publicación, no refiere directamente a la denunciante, pero claramente, allende la utilización de un significante génerico “milico”, hace referencia a la actual pareja, por lo tanto la violación de la libertad afecta a éste último y de manera vinculada, a la Sra.
Cano. La ley no impone restricciones sobre el medio, y en el caso, el contexto de violencia de género anterior, es referido en la fotografía y en la referencia al dispositivo dual”. Así las cosas y sobre este andamiaje jurídico entiendo que, a la fecha, los términos intimidatorios proferidos por B. A. O. la noche de los hechos motivo de instrucción, no se ha podido determinar persona alguna a quien estuvieran dirigidos, siendo expresiones que, en principio, pareciera que buscaban desactivar la mirada de los testigos y no generarles temor por un mal o daño futuro, lo que le quitaría, en principio, el requisito de seriedad a las mismas.
En este sentido, debo resaltar que no existe prueba alguna recabada en autos que acredite fehacientemente que Bilbao busco amedrentar a alguno de los ocupantes de la casa, solo hay prueba que en el estado en que se encontraba visiblemente alterado profirió términos intimidatorios sin direccionar los mismos a persona determinada.
Sobre el alcance de la falta de mérito, en los autos caratulados “C. L. E. S/ Lesiones calificadas ” Expte. Nº 31997/21, N° de Recursos 6471/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Las Heras, sostuve que: "En este andamiaje, cabe señalar que existen distintos "estados intelectuales del Juez respecto de la verdad" (como señala José I. Cafferatta Nores y Maximiliano Hairabedian, en la obra "La Prueba en el proceso penal" Editorial Abeledo Perrot, págs. 6, ss. y cc.) y ellos establecen la posibilidad de dictar actos jurisdiccionales distintos. En este sentido, los autores mencionados señalan: "Certeza: Ya dijimos que la verdad es algo que esta fuera del intelecto del Juez, quien solo la puede percibir subjetivamente como creencia de haberla alcanzado.
Cuando esta percepción es firme se dice que hay certeza, la cual puede ser definida como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. La certeza puede tener una doble proyección: positiva (firme creencia de que algo existe) o negativa (firme creencia de que algo no existe; pero estas posiciones, (certeza positiva y certeza negativa) son absolutas. El intelecto humano, para llegar a esos extremos debe generalmente recorrer un camino, debe ir salvando obstáculos en procura de alcanzar esa certeza. Y en este tránsito se van produciendo estados intelectuales intermedios, los cuales suelen ser denominados duda, probabilidad e improbabilidad..." Este estado intelectual es el exigido por las leyes de rito para dictar sentencia.
Continuan los autores citados: "Duda: entre la certeza positiva y la certeza negativa, se puede ubicar a la duda en sentido estricto, como una indecisión del intelecto puesto a elegir entre la existencia o la inexistencia del objeto sobre el cual se esta pensando, derivada del equilibrio entre los elementos que inducen a afirmarla y los elementos que inducen a negarla, todos ellos igualmente atendibles. O, más que equilibrio, quiza sea una oscilación, porque el intelecto es llevado hacia el "sí" y luego hacia el "no", sin poder quedarse en ninguno de estos extremos, sin que ninguno de los dos polos, ni el positivo ni el negativo, lo atraiga suficientemente como para hacerlo salir de esta indecisión pendular.
La "impotencia" conviccional de la prueba de cargo para justificar racionalmente la íntima convicción del Juzgador sobre la culpabilidad del imputado es equiparable a la duda en sus efectos benéficos para éste... Probabilidad: habrá probabilidad, en cambio, cuando la coexistencia de elementos positivos y negativos permanezca, pero los elementos positivos sean superiores en fuerza conviccional a los negativos; es decir, que aquellos sean preponderantes desde el punto de vista de su calidad para proporcionar conocimiento. Cuando los elementos negativos son superiores a los positivos, (desde el mismo punto de vista) se dice que hay improbabilidad (o probabilidad negativa)...". La probabilidad positiva es la que se requiere para el dictado del auto de procesamiento, existiendo dudas y causas de probabilidad negativa, se impone el dictado de auto de falta de mérito.
Al comentar el art. 309, similar al art. 292 de nuestro ordenamiento procesal, el Dr. FRANCISCO j. D´ALBORA, en su obra "CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION COMENTADO"
Editorial Abeledo Perrot, señala que: "La falta de mérito es una situación intermedia entre el sobreseimiento definitivo (art. 334) y el procesamiento (art. 306). En ajustado fallo, la CNCP, sala I, lo distingue por la certidumbre requerida para sobreseer, cuya ausencia debe canalizarse a través de este instituto. Se trata de una resolución sobre el mérito inicial de la imputación que se inclina por una conclusión no afirmativa de su existencia o de su inexistencia; por ende, no es conclusiva del proceso. Cuando los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento y, a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado – lo que haría procedente su sobreseimiento (art. 336, incs. 2º, 3º y 4º)–, el juez debe disponer la falta de mérito.
Cuando luego de su dictado no progresó la pesquisa para autorizar el procesamiento, corresponde sobreseer; por eso no compartimos los reparos expuestos por Quevedo Mendoza, que propicia el retorno al sobreseimiento provisional o la instauración de la prórroga extraordinaria . Su consecuencia no es más que un simple corolario del deber de sujeción del imputado al proceso. Si el imputado se encuentra en detención (art. 283), debe ponérsele en libertad con el solo recaudo indicado en el giro final. En cambio, tanto la aprehensión (arts. 284 y 287) como el arresto (art. 281) no tienen vínculo alguno con esta resolución; simplemente se les hará cesar cuando no se conviertan en detención. Es atribución exclusiva del juez a cargo de la instrucción y genera un estado de libertad vinculada a los fines del proceso penal.
Supone el auto que lo decide (art. 122), que debe ser motivado, bajo pena de nulidad (art. 123) ; requiere su notificación (art. 142), lo que descuenta la constitución de domicilio en el caso de que se comparezca sin hallarse encarcelado (art. 145). El imputado –detenido o libre– debe estar a disposición del juez de la causa; se dificultaría tal sujeción si, al encontrarse en libertad, no contara con un sitio donde puedan comunicársele las resoluciones para cumplir actos que requieran su presencia (art. 149)...".- Sobre este piso, y conforme lo desarrollado supra, podemos afirmar que no existe mérito para el grado de probabilidad positiva necesario para procesar ni elementos de convicción para dictar su sobreseimiento, por lo que corresponde dictar Auto de Falta de Mérito (art. 292 del C.P.), hasta tanto surjan nuevos elementos que permitan modificar la situación actual en cualquiera de ambos sentidos explicitados.".-
Nótese, que el encartado en autos, solo grito y arrojo la piedra al verse observado por los vecinos que no comprendían que estaba pasando, lo que me hace presumir en principio genera dudas sobre la entidad y seriedad de los términos proferidos y su eventual subsunción en el delito de amenazas.
Amén de ello, es dable resaltar que el hecho de que B. A. O. se encontrara allí esa noche parece fortuito y no premeditado, toda vez que según surge del testimonio de la víctima H. E. R., las partes de autos no se conocían y nunca lo habían visto, así expresó en su testimonio en Sede Judicial (fs. 32) ... Cuando ya no escucho al pibe, entonces salgo y veo que en la esquina estaba el muchacho y estaba forzando las rejas de la casa de xxxxx N° ***, después veo que sigue como para la vuelta de la esquina -hacia la derecha-, llega la policía ... Lo que yo había visto de las cámaras es que ese hombre salió del boliche de la esquina y ahí se dirigió hasta enfrente de mi casa, cuando amenazaba, la verdad que no se a quien amenazaba, además que a ese hombre no lo conocíamos. ... Con respecto a las amenazas que profería el sujeto, la verdad que no se a quien iba dirigida, al muchacho no lo conozco, tuve temor por mi familia ...". Surge claro del testimonio vertido en autos, que víctima y victimario no se conocían y que el sujeto pasivo, que aparentemente sería H. R., no sintió que los términos intimidatorios fueran dirigidos hacia él, sino que su temor se funda en una cuestión de haber sido Bilbao detenido por los eventos producidos en la puerta de su domicilio, ya que no habría intencionalidad y motivo direccionado del accionar del encartado en autos.
Sobre este piso, y conforme lo desarrollado supra, podemos afirmar que no existe mérito para el grado de probabilidad positiva necesario para procesar ni elementos de convicción para dictar el sobreseimiento, por lo que corresponde dictar Auto de Falta de Mérito (art. 292 del C.P.), hasta tanto surjan nuevos elementos que permitan modificar la situación actual en cualquiera de ambos sentidos explicitados.
IV.-Ahora bien, atento lo resuelto en los presentes en fecha **/**/2026, por este Juez de Recursos, y no constando de autos que se haya dado cumplimiento a ninguna de las recomendaciones efectuadas, debo señalar, una vez más, que en el presente el imputado B. A. O., registra antecedentes en los autos caratulados “B. A. O. S/ Homicidio simple en grado de tentativa” Expte. Nº 28462/19-B, N° de Recursos 5712/19, en los que recayó condena, y de los que no consta circunstancias en autos. En otro orden, surge de las constancia de autos, que B. A. O. registra otra causa en trámite, caratulada "C. C. y otro S/AMENAZAS CALIFICADAS" Expte. N° 43259/25-C, en la que se le habría impuesto normas de conducta que no cumplió.
Finalmente, como ya exprese en oportunidad de expedirme respecto del delito de daños oportunamente imputado y procesado, se infiere que varias de las conductas antijurídicas del imputado B. A. O., se inician en el consumo problemático de alcohol.
Es por ello que reitero que, previo a analizar cualquier medida a seguir en los presentes, debe realizarse un examen psicológico y psiquiátrico, que informe sobre la salud mental del encartado en autos Bilbao, por la forma de comisión de los hechos y la actitud asumida, la posibilidad que sus conductas tengan un origen patológico, que, si bien le permitirían “prima facie”, comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, influyan en su comportamiento o le impongan un esfuerzo que afecte la culpabilidad.
Como ya cite anteriormente lo que sostuve, en los autos caratulados: “P. J. D. S/ Hurto” Expte. Nº P-39.454/24, N° de Juzgado de Recursos 7557/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras, sostuve que: "IV.-En base a lo expuesto por la Defensa, respecto de la compulsión que padecería su asistido, entiendo que, y a los fines de despejar cualquier duda sobre la culpabilidad del mismo, deberá realizarse en autos una pericia psiquiátrica, a los fines de establecer si el Sr. P., teniendo en cuenta los siguientes factores: a) Antecedentes familiares; b) escolaridad; c)trabajo; tiempo de ocio; d) Alcoholismo y/o adicción a otras drogas, e) Vida Intelectual; f) Rasgos Psíquicos; g)Rasgos psicosociales, tiene compulsión o impulsión a realizar conductas como las reprochadas en autos, y cuál es el grado de esfuerzo para contener las mismas si es que puede realizarlo, conforme los recursos psicológicos y la estructura de personalidad con que cuenta el imputado, relacionándolos siempre con los factores indicados."
En base a ello, entiendo que una vez realizada la junta médica-psicológica de manera inmediata, deberá valorarse la morigeración de la detención cautelar. Asimismo, deberá darse intervención y remitirse copia certificada de los presentes al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de la Localidad de Las Heras, a fin de que a través de la aplicación de la ley de Salud Mental y en el marco de sus facultades, determinen las medidas a adoptar respecto del encartado de autos, su protección y la terceros.
V.-PRISIÓN PREVENTIVA
En relación al pedido que se revoque la prisión preventiva en orden al delito de amenazas dispuesta a fs. 120vta./121, teniendo en cuenta la falta de mérito, deberá evaluarse de manera urgente, una vez finalizado el estudio dispuesto en el acápite anterior, la morigeración de la detención cautelar en la presente causa sin que repercuta sobre idéntica medida dictada o a dictarse en actuaciones donde se investiguen delitos más graves.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos;
I.-REVOCAR el resolutorio de fs.120vta./121, DECLARAR que NO EXISTE MÉRITO PARA PROCESAR NI PARA SOBRESEER a B. A. O., en orden al delito de AMENAZAS (art. 149 bis, 45 y 55 del CP) II.-Hacer saber al Sr. Juez de Instrucción que deberá dar cumplimiento a las pericias ordenadas de manera inmediata y en base a su resultado, analizar la procedencia de una morigeración de la detención cautelar del acusado. Cumplido, extráiganse copia de las presentes y previa certificación Actuarial remítanse las mismas al Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Las Heras a fin que se disponga el abordaje del imputado, conforme los parámetros de la ley de Salud Mental. III.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Las Heras.- Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia