Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a A. B. S. S., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de Encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por la condición de funcionaria pública de la autora - artículo 277, inciso 1.º, apartados a y d, en función del inciso 3.º, apartados a y d, del Código Penal- , por resultar atípica la conducta atribuida.
2Hacer CESAR todas las restricciones procesales oportunamente impuestas a A. B. S. S. durante el proceso.
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3449 FOLIO: 237/244
Río Gallegos, 08 de julio de 2026
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con las vocalías del Dr. Marcelo Bersanelli y de la Dra. Marcela Del Valle Quintana, ambos por subrogancia legal, Secretaría a cargo de la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en autos caratulados: "A. B. S. S./ENCUBRIMIENTO AGRAVADO POR TRATARSE EL HECHO PRECEDENTE DE UN DELITO ESPECIALMENTE GRAVE Y POR LA CONDICIÓN DE LA AUTORA DE FUNCIONARIO PÚBLICO” Expte. Nro. ****/25 y resolver la situación procesal de A. B. S. S., de apellido materno B., hija de N. D. y de M. L., argentina, nacida el **/**/1988 en la ciudad de El Calafate, casada, alfabeta, policía, con domicilio en DIRECCION_1 de El Calafate; titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quien se encuentra asistida por su defensor particular, el Dr. Tomás Ireneo Rodríguez; representa la acusación estatal la Sra. Fiscal ante esta Cámara, la Dra. María Verónica Zuvic. Y;
Que en las presentes actuaciones se le imputa a A. B. S. S. que “...habría omitido denunciar en su tiempo oportuno y ante la autoridad competente los hechos en los cuales su hija A. A. A. Á. habría sido víctima, los que tuvieron lugar desde el año 2017 en fechas aún indeterminadas, en circunstancias en que residía en el domicilio sito en calle DIRECCION_1 de El Calafate, Cuando A. B., padre de la niña se retiraba a su trabajo y su hija A. A. A. Á. quedaba bajo la custodia de su pareja G. L. S., quien en reiteradas oportunidades cuando la niña se iba a bañar le habría manifestado que sólo se lave la cabeza, que él le lavaría el cuerpo, circunstancias en las cuales habría aprovechado para realizarle tocamientos inverecundos en todo el cuerpo incluyendo zonas genitales y pechos, en otra oportunidad y cuando se estaba cambiando en su habitación, la llamaría con la excusa de que le acerque cosas y cuando se encontraba en la habitación le habría dicho que se suba a su falda para mostrarle el celular, como así también la habría puesto boca abajo en el piso recostándose sobre ella y habría realizado movimientos pélvicos, también la habría puesto contra la puerta de espaldas y se habría apoyado contra la joven A. A. A. Á. y habría realizado movimientos pélvicos. Asimismo, en una oportunidad y mediante un juego que consistiría en vendarle los ojos e introducirle diferentes objetos en la boca para que adivinara de qué elementos se trataría, le habría introducido su pene en la boca de la niña y al ésta notar que era un objeto extraño y despertando sospechas, se habría quitado la venda, momentos en los que G.
L. S. se habría dado vuelta y efectuado el cierre de la cremallera de su pantalón aduciéndole a A. A. A. Á. que se trataba de la nariz de su peluche y ante la inquisición de la misma le habría manifestado que era el dedo, todo ello en contra de la voluntad de la niña A. A. A. Á., habiendo tenido pleno conocimiento de los hechos de los cuales su hija resultaría víctima...”. Que a fs. 203/205 se agregó la propuesta de omisión de debate en los términos del artículo 517 del Código de rito remitida desde la Fiscalía de Cámara, en la que se estimó que conforme las pautas de los artículos 40 y 41 del Código Penal, en caso de dictarse fallo condenatorio respecto de la imputada en orden al delito de encubrimiento agravado (art. 277 inc. 1° a y d en función del inciso 3° a y d del CP), correspondería imponer un monto de pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso (art. 26 del CP), además del pago de las costas del proceso (art. 29 inc. 3ro del CP). Por su parte, a fs. 209 y 215/vta, tanto el defensor como la imputada aceptaron la propuesta, por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal. Asimismo, a fs. 217/218 se agregaron los alegatos interpuestos por el Dr. Rodríguez, en los que consideró que las pruebas reunidas no permiten acreditar con el grado de certeza requerido los elementos subjetivos del tipo penal endilgado, es decir, que su pupila hubiera tenido real conocimiento de los supuestos hechos de los cuales fuera víctima su hija y que hubiera omitido dolosa o deliberadamente denunciarlos.
Luego se refirió a que las probanzas “...hacen alusión a una alta conflictividad familiar, en las cuales se veían inversas la niña A. A. A. A. y su progenitora...” respecto de la que estimó no resulta claro el motivo de la imputación en razón de que las declaraciones producidas dan cuenta de que no tenía conocimiento de los hechos; en ese sentido destacó el de M. B., abuela de la pretensa víctima de los hechos supuestamente encubiertos y madre de la imputada, quien “...además manifestó que a su madre S. A. no le había contado nada de todo esto, porque no le tenía confianza y porque ella nunca le cree nada de lo que dice...”.
A ello agregó que si bien de algunos informes y testimonios sí lo hacen, o al menos refieren “...cierto sentimiento de desprotección, desconfianza, descreimiento para con ella...”, no alcanzan para determinar con grado de certeza que los hechos a los que refieren los profesionales intervinientes hayan configurado un delito, máxime cuando se acreditó que fueron “...complejos, diversos y cruzados...”.
En relación a esta última aseveración, sostuvo que el informe obrante a fs. 22 dio cuenta de la alta conflictividad pluriofensiva en la que se encontraban inmersas su defendida y los menores, además de confirmar la inexistencia de dolo deliberado de omitir denunciar.
Finalmente, hizo la salvedad de que si bien consideraba inocente a A. B., la pena de 3 años propuesta “resulta excesiva y desproporcional”, injustificada en términos abstractos y en concreto en razón de las circunstancias que rodean al caso, de las que destacó la inexistencia de antecedentes penales en cabeza de su defendida y su ininterrumpida sujeción al proceso. Cumplidos que fueran estos actos procesales, quedan las presentes actuaciones aptas para analizar y resolver, en primer término, respecto de la aceptación de la omisión de debate y de la procedencia del límite de la condena estimada por la Fiscalía ante esta Cámara; de resultar procedente la propuesta, la situación procesal de la encartada A. B. S. S.. Y;
Que en función de lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Son admisibles y procedentes la propuesta de omisión de debate y el límite de la condena estipulada por la Sra. Fiscal de Cámara?
Que a la primera cuestión el Tribunal expresó:
Se han cumplido los requisitos legales establecidos en el artículo 517 del Código Procesal Penal para tornar viable la procedencia de la omisión de debate en el presente juicio en razón de que las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Sra. Fiscal de Cámara y la correspondiente aceptación y conformidad tanto del defensor interviniente como de la propia imputada.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales de la encartada, a criterio de este Tribunal, el monto de pena solicitado por la Sra. Fiscal de Cámara -para el caso de recaer sentencia condenatoria- resulta admisible y adecuado.
Debe precisarse que la conformidad prestada por la imputada y su defensa se circunscribe a la utilización del procedimiento previsto por el artículo 517 del Código Procesal Penal y no importa admisión de responsabilidad penal. El Tribunal conserva la facultad de absolver o condenar según la valoración autónoma de las constancias incorporadas, con el único límite de no superar, en caso de condena, la pena requerida por la acusación.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las otras cuestiones para dictar sentencia en los presentes actuados.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentran acreditadas las circunstancias fácticas relevantes para resolver la imputación atribuida a A. B. S. S.?” Al respecto, el Tribunal dijo:
Que a fines de facilitar el abordaje y comprensión de la pesquisa que dio lugar a la presente, se estima pertinente tomar como punto de partida lo que surge de las copias del Expediente “Á. M. V. s/ Denuncia Presunto Abuso Sexual”, radicado bajo el número ****/20 en los registros del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de El Calafate, que a su vez contenía reproducciones del legajo “Defensoría Pública Oficial de El Calafate c/A. S. S. y otro s/Medidas de Abordaje Intrafamiliar”, Expte. 5357/19 que oportunamente tramitara ante el Juzgado con competencia en el fuero familiar de El Calafate.
El mencionado trámite se inició con motivo de la denuncia judicial radicada en sede policial -y luego ratificada en la sede instructora a fs. 07-por M. Á., -expareja de la imputada, relación fruto de la que nació la damnificada de autos, A. A. A. Á.-, en la que a fs. 6, entre otros, refirió tocamientos hacia su hija, respecto de los que “con anterioridad ya había radicado trámite escrito en contra de S. G., por una situación similar”.
A su denuncia se sumó la declaración que se incorporó a fs. 8, en la que D. A., hermana de la imputada, si bien no se expidió concretamente respecto de la imputación de autos, relató cómo la tarde anterior su sobrina le contó una situación similar sufrida de parte del hermano de G. L. S., respecto de la cual “...lo protegía más que a ellas...” (en referencia también a la M., hermana de la damnificada) y que se sentía muy desprotegida por su madre, a quien todavía “...no le había comentado nada...” porque “...se sentía muy desprotegida...”, pero sí a sus amigos.
De su relato se destaca, además, la manifestación de la niña en la que, en franco llanto, dijo que “...su madre la tenía amenazada a ella, que no la dejaba hablar con nadie, ni usar el teléfono...”.
Conviene hacer un paréntesis en este punto a fines de destacar la posible controversia respecto de la apreciación de este último testimonio. Por un lado, el artículo 226 del Código Procesal Penal prevé la prohibición de que una variedad de sujetos (cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos) declaren en contra de, en este caso, la imputada, para lo que fija una excepción que no se ve cumplida en la presente. En este caso, es claro que el objetivo que con dicho impedimento persigue la norma es la protección de la cohesión familiar, enfoque con el que “deben resolverse los posibles conflictos interpretativos que puedan plantearse en la aplicación de la norma y en la fijación de sus límites” (Navarro-Daray, Código Procesal Penal de la Nación, t. 1, pág. 609, Hammurabi, 2004; en: Prohibición de declarar contra parientes (Art. 242 CPPN). Presuntos dichos de la madre contra su hijo volcados en la declaración de un agente policial. Apertura a prueba del incidente, Revista Pensamiento Penal).
Sentado el objetivo de la norma, del análisis de las presentes se desprende, en concordancia con lo que la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dispuso en los precedentes “Martínez, Vicente” (reg. 1718/2018, del 28/12/2018) y “Arzamendia y otro” (reg. 1596/2020, del 18/6/2020, jueces: Llerena y Rimondi), al momento del hecho investigado en la presente el vínculo familiar ya se encontraba afectado, por lo que la protección, en el presente caso, deviene perenne.
Dichas disfuncionalidades se vieron además plasmadas en las constancias del expediente del fuero de la Familia, de los que se desprenden el dictado de medidas precautorias de exclusión del hogar respecto de G. L. S. y el inicio de la intervención del organismo administrativo de protección de las infancias, de la que a fs. 99 se destaca el ambiente hostil en el que se desarrolló la crianza de A. A. A. Á., caracterizado por incumplimientos de los regímenes de visita impuestos y malos cuidados parentales.
Por otra parte, no puede desatenderse la situación de triple vulnerabilidad de la menor damnificada, evidenciada en su condición de mujer menor de edad víctima de hechos de Violencia de Género, modalidades respecto de las que el Estado Argentino ha comprometido su responsabilidad internacional en aras de eliminarla en todas sus formas.
A tales fines, la Convención de Belem do Pará y la jurisprudencia en la materia introducen como principio rector el abordaje jurídico bajo una perspectiva de género, que se constituye en un baremo ineludible de la sana crítica racional con la que el órgano decisor debe abordar el análisis conjunto, armónico e integral del plexo conviccional recogido por la instrucción, desprendiéndose de esta inteligencia que las mujeres víctimas de violencia gozan en el proceso judicial de un estándar de protección superior producto de las peculiares condiciones que definen su estado de vulnerabilidad, viéndose reflejado esto último, por ejemplo, en las manifestaciones respecto de la dinámica de violencia en la que se encontraba sumida exteriorizadas por la damnificada al momento de declarar.
Por otra parte, la vulnerabilidad de la joven se ve acentuada en razón de su edad al momento de producción del hecho, recogida esta condición por el art. 19 de la Convención de los derechos del Niño que insta a los Estados parte a adoptar las medidas que sean apropiadas para proteger a los niños contra todo abuso, agregando que las medidas no deben circunscribirse solo a programas de prevención sino que comprende todas las que propendan a "...la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial..."; asimismo, en su artículo 12.2 reconoce el derecho que las infancias deben tener “...oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño...”.
En este sentido, "Las garantías de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana deben aplicarse a la luz de la especialidad que el propio Pacto de San José ha reconocido a la materia de infancia y adolescencia, en el sentido de proteger reforzadamente los derechos de niños” -CIDH, Opinión Consultiva 17/2002-.
Termina de conformar la triple vulnerabilidad de la joven el hecho de que la presunta comisión de la presente tuvo como motivo un hecho cierto, al que luego nos referiremos, cometido por la pareja de la acusada y del que ella había sido víctima. Esta condición se ve amparada por la Ley 27.372 sobre Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos -y su Decreto Reglamentario N° 421/2018-, que adecuó los parámetros de derecho interno a los que surgen de las resoluciones 40/34 y 60/147 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (aprobadas respectivamente el 29 de noviembre de 1985 y el 16 de diciembre de 2005 bajo las etiquetas “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder” y “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”), que establece similares medidas de protección a las explicadas en los párrafos que anteceden.
Además de las mandas que se desprenden de la referida normativa, resulta de especial interés para la resolución de la presente el artículo 3 de la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que recepta varios de esos preceptos, prevé especialmente que “Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros”.
En efecto, es clara tanto la normativa nacional como convencional en que, en el presente caso, debe optarse por tener en cuenta el testimonio de D. A.. A igual conclusión se debe llegar al analizar el testimonio de M. B., madre de D. A. y A. B. S. S. -y, consiguientemente, abuela de la damnificada- cuyo testimonio de fs. 11 fue coincidente con el de aquella en cuanto a que relató que esa misma tarde contó en llanto que su madre no le creía nada de lo que decía respecto a los tocamientos que sufría por parte de los hermanos S.. Sumado a ello, a fs. 28 vta. surge otra constancia que confirma los dichos de los familiares de la niña; del informe fechado **/**/2019 surge que, en el marco de la intervención se dio a las autoridades escolares, se anotició a la imputada de los hechos sufridos por su hija; además, en la foja siguiente consta la efectiva toma de conocimiento de A. B. S. S. del contenido del informe en la sede del Juzgado de Familia.
La relevancia de dicha constancia excede la mera acreditación de una intervención institucional, pues constituye un elemento objetivo e independiente de los restantes testimonios que demuestra que la imputada tomó efectivo conocimiento de las manifestaciones efectuadas por la niña respecto de situaciones de abuso sexual. De este modo, la acreditación del conocimiento no depende exclusivamente de los dichos de A. A. A. Á. ni de las referencias de sus familiares, sino también de actuaciones institucionales formalmente notificadas a la encartada.
Además, de la escucha de la declaración de la entonces niña que se obtuvo bajo formato Cámara Gesell se advierte una descripción de los hechos cometidos por G. L. S., seguida por diversas manifestaciones respecto de la actuación de su madre.
En la primera, explicó que primer le habló a su tía y luego a su madre, quien no le creyó, por lo que la joven “se puso a llorar”; que al día siguiente, habló con su agresor junto a su madre, y recibió como respuesta de parte de ambos que era algo “normal”, luego de lo que les pidió perdón a ella -con un abrazo “demasiado fuerte” que le hizo doler- y su madre.
Asimismo, recordó que tampoco había hecho nada en ninguna de las tres agresiones que había subido (ya que, a las agresiones sufridas por parte de los S. también se sumaba otra anterior, cometida por un “abuelo del corazón”); “Ni con el abuelo de Gallegos ni con G. S. hizo nada... dejó que salga un poquito, no hizo nada”, refirió.
Corolario de sus dichos resultó su apreciación final de G. L. S. en la que dijo “ya no la veo como madre, porque ella no me defendió las tres veces, no hizo nada”.
En el informe labrado al respecto, surgieron diversos indicadores de confiabilidad de los dichos de la niña, como una estructura lógica esperable, elaboración inestructurada, detalles de tiempo, espacio e interacciones (que incluyeron detalles periféricos y referencias a su estado mental subjetivo); en base a ello, la profesional que intervino estimó que el testimonio presentaba “las garantías esperables de fiabilidad discursiva” y se correspondió con la gestualidad corporal A. A. A. A. que mantuvo a lo largo de la entrevista, además de lo que consignó los pasajes en los que la niña refirió que su madre tenía conocimiento de los hechos y la desprotección que sintió de su parte.
Por todo ello, se dictó su eventual procesamiento y, de posterior trámite ante esta Cámara, se condenó a G. L. S. a la pena de diez años de prisión en orden a los abusos sufridos por A. A. A. Á., ello el marco del Expediente N° ****/22, caratulado "G. L. S. s/abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal; ambos calificados por resultar un grave daño a la s/salud mental de la victima, por ser cometido por una persona encargada de su guarda (esposo de su progenitora) y contra una menor de 18 años, aprovechándose de la situación de convivencia preexistente"; dicha condena se encuentra firme a la fecha del dictado de la presente.
Así las cosas, entiende el Tribunal que el plexo probatorio reunido en autos permite tener por comprobados, con el grado de certeza que requiere la presente instancia, los extremos materiales y de autoría enrostrados a A. B.
S. S..
Esta conclusión se basa, en primer lugar, en el dictado de una sentencia condenatoria motivada en los hechos que tuvieron como víctima a A. A. A. Á. y que se consignaron en la acusación; a ellos se sumó la concordancia que puede apreciarse tanto entre los relatos de la joven ante D. A. -quien destacó el sentimiento de desprotección de la niña- y de M. B. -a quien sí refirió los hechos cometidos por G. L. S. y las restricciones que le imponía- con su declaración bajo formato Cámara Gesell, en la que claramente sindicó que la imputada “no hizo nada” (además de otras dos veces) cuando le había comentado lo sucedido.
En ese sentido, el contundente y detallado relato que la joven brindó se sostuvo a lo largo del tiempo y fue verosímil; ello se vio además en su externalización de los hechos anteriormente sufridos en su establecimiento escolar, del que cabalmente se notificó a su madre según las constancias obrantes a fs. 28 vta y 29.
Ahora bien, corresponde destacar la errónea valoración que la defensa esgrimió en su alegato final respecto de que parte de las testimoniales agregadas (como por ejemplo, la de la abuela de la joven) hacen referencia a que la imputada no tenía conocimiento de los hechos, de cuya lectura se desprende, a las claras, que el hecho al que hacen referencia los dichos de B. son los presuntamente cometidos por A. S. y no por G. L. S.; a mayor abundamiento, idéntica referencia hizo el padre de A. A. A. Á., quien “ya había radicado trámite escrito (en) contra de S. G.”.
Sin perjuicio de ello, comparte el Tribunal las apreciaciones de la defensa de que los sentimientos de desprotección que evidenció la niña no alcanzan para conmover, por sí mismos, el estado de inocencia de su defendida, pero debe entenderse que constituyen un indicio periférico que, sumado a la demás prueba valorada, permite evaluar la existencia o no de una compatibilidad entre el relato de la joven y los indicadores de trauma que exhibió, lo que en este caso respalda su credibilidad, máxime cuando esta declaración se produjo en el marco de un testimonio directo coherente, corroborado por una pericia psicológica y compatible con las consecuencias de un hecho de abuso sexual infantil.
Por las razones expuestas, corresponde tener por acreditadas las circunstancias fácticas relevantes para resolver la imputación formulada: la existencia del delito precedente, el vínculo de A. B. con la víctima, el conocimiento que se le atribuye respecto de las manifestaciones efectuadas y la ausencia de una denuncia penal promovida por ella en ese contexto. La determinación de si esas circunstancias satisfacen los elementos típicos del delito de encubrimiento mediante omisión de denuncia será examinada en la cuestión siguiente.
TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta de la acusada en el hecho?
Que el encuadre jurídico oportunamente efectuado por el Agente Fiscal al momento de requerir la elevación de los presentes, luego sostenido por la Fiscal ante esta Cámara, fue encubrimiento agravado (art. 277 inc. 1° a y d en función del inciso 3° a y d del CP); por su parte, la defensa alegó la inexistencia del dolo requerido por la figura enrostrada.
Al respecto, este Tribunal ha de diferir con la postura de la representante de la vindicta pública, por cuanto la figura típica enrostrada a la imputada constituye un delito especial propio, por lo que para su configuración exige la existencia de un sujeto activo especial, que en el presente caso se trata de un funcionario público encargado específicamente de promover la persecución penal (por ejemplo, un Fiscal).
En ese sentido, tiene dicho la doctrina que "La norma se dirige a un autor determinado o determinable que no denunciare la perpetración de un delito o no individualizare al autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. Se trata, pues, de la policía provincial y federal, gendarmería nacional, como así también el Ministerio Público” (Parma C., Álvarez Doyle D., Mangiafico D. Derecho penal. Parte especial, 2ª ed. Argentina: Hammurabi, 2023, pág. 757"), y "... el tipo penal prescripto en el inc. 1º, ap. d) del art. 277... son delitos de pura omisión y especiales propios. Autores... solo pueden ser aquellos funcionarios públicos que pueden y deben promover la acción penal, esto es: integrantes de las fuerzas policiales, fiscales y jueces" (De Langhe, M. Código Penal t. 5. Argentina: Hammurabi, 2025, pág. 558).
Asimismo, dicha solución ha sido adoptada por precedentes de la jurisprudencia nacional en hechos similares al investigado en autos; por ejemplo, se ha resuelto que “... la obligación de denunciar a que alude el art. 277, inciso 1.º, apartado «d», del Código Penal, debe encontrar origen en la ley, a punto tal que los progenitores pueden no instar la acción penal, sin perjuicio de que el Ministerio Público Fiscal actúe de oficio... no surge de la Sección Segunda, Título 3 sobre patria potestad del Código Civil ni de otra norma, un imperativo legal que obligue a los progenitores a denunciar en estos supuestos...” (CNACC, Sala VII, del voto del Dr. Mariano Scotto en autos “TCE”, **/**/2015, MJ-JU-M-92361-AR).
La circunstancia de que A. B. S. S. se desempeñará como integrante de una fuerza policial no modifica, por sí sola, la solución. El tipo penal no se satisface con la mera calidad funcional abstracta, sino que exige que la omisión recaiga sobre una persona que, por expresa imposición legal y en razón de la función ejercida en el caso concreto, estuviera obligada a promover la persecución penal del delito.
En el presente proceso, la imputación no atribuye a A. B. S. S. haber recibido la información en ejercicio de una función policial, con motivo de una intervención institucional, ni en el marco de un deber funcional específico de actuación. El reproche formulado se vincula con su condición de madre de la víctima y con los deberes de cuidado derivados de esa relación familiar. Tales deberes pueden generar consecuencias en otros ámbitos, pero no bastan para integrar el sujeto activo calificado requerido por el artículo 277, inciso 1.º, apartado d, del Código Penal.
Por tales razones, se considera que dicha norma no consagra un deber genérico de denunciar en cabeza de cualquier persona que hubiera tomado conocimiento de un delito, sino que reprime la omisión de quienes, por expresa imposición legal y en razón de la función pública que desempeñan, se encuentran obligados a promover la persecución penal.
En ese marco, dado el alcance que tanto la doctrina como la jurisprudencia han reconocido al tipo penal, la calidad de la encartada no satisface la exigencia propia de un sujeto activo calificado -como se ha dicho, funcionarios públicos con competencia específica para impulsar la acción penal- requerida; a ello se suma que de la normativa vigente no surge un imperativo legal que obligue a los progenitores a formular denuncia penal por hechos supuestamente cometidos contra sus hijos.
La circunstancia de que, conforme al régimen vigente, los delitos contra la integridad sexual cometidos contra personas menores de edad puedan ser investigados de oficio no altera la conclusión anterior. La procedencia oficiosa de la acción penal habilita la actuación estatal sin necesidad de instancia privada, pero no transforma a cualquier particular - ni siquiera a los progenitores- en sujeto activo del delito previsto por el artículo 277, inciso 1.º, apartado d, del Código Penal.
La cuestión decisiva no consiste en determinar si el Ministerio Público podía promover la investigación, sino si la imputada se encontraba jurídicamente obligada, en los términos estrictos del tipo penal, a promover la persecución penal. Esa exigencia típica no puede ser sustituida por deberes generales de protección, cuidado o acompañamiento derivados de la responsabilidad parental.
En consecuencia, y a la luz de lo merituado el Tribunal considera que, más allá de cualquier reproche extrapenal que pudiera merecer su omisión, la conducta enrostrada a A. B. S. S. no encuentra adecuación en la figura prevista por el apartado “d” del inciso 1 del art. 277, por lo que debe ser calificada como atípica.
CUARTA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde adoptar?
Al respecto, el Tribunal dijo:
Que, conforme lo concluido al tratar la cuestión anterior, la conducta atribuida a A. B. S. S. no satisface las exigencias típicas del delito previsto por el artículo 277, inciso 1.º, apartado d, del Código Penal, ni de las agravantes postuladas por la acusación.
En consecuencia, corresponde absolverla en orden al delito de encubrimiento agravado por el que fue acusada, por resultar atípica la conducta atribuida.
En su mérito, deberán cesar todas las restricciones procesales oportunamente impuestas a su respecto.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 381, 382, 383, 386 y 517 del Código Procesal Penal, con la firma de dos miembros del Tribunal por resultar su voto coincidente y haberse acogido al beneficio de la jubilación la Dra. Marcela Quintana, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial:
1. ABSOLVER a A. B. S. S., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de Encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por la condición de funcionaria pública de la autora - artículo 277, inciso 1.º, apartados a y d, en función del inciso 3.º, apartados a y d, del Código Penal- , por resultar atípica la conducta atribuida.
2. HACER CESAR todas las restricciones procesales oportunamente impuestas a A. B. S. S. durante el proceso.
3. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE; firme que sea la presente, REMITASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Marcelo Bersanelli - juez subrogante- ante la secretaria Dra. Gabriela Mansilla.
Fin de la sentencia