Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9131 FOLIO Nº 104/108 PROT. ELECT. JR101809I.242
Río Gallegos, 11 de diciembre de 2024.-
La presente causa caratulada: “B.F.A. Y OTRAS S/ AMENAZAS, DAÑO Y LESIONES LEVES AGRAVADAS DENUNCIA” Expte. Nº B-76656/23, Apelación Nº 9285/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 79/83 y vta., obra glosado el auto dictado por el Sr. Juez subrogante del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Río Gallegos, quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de F.A.B., en orden al delito de “Amenazas, Lesiones Leves Agravadas en contexto de género -2 Hechos- en concurso real y Daño” (arts. 55, 149 bis, 89, 92, 80 incs. 1 y 11 y 183 del Código Penal de la Nación); y en el punto 2) trabó embargo sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de Pesos Cuatrocientos Mil ($ 400.000).- Que a fs. 86/89, los Dres. G.E.B. y C.E.A., defensa técnica particular, apelaron dicho auto -motivándolo-; a fs. 94 mantuvieron el recurso, y no habiendo presentado el memorial regulado en el art. 437 del CPP, quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que, en primer término, la defensa sostuvo que el pronunciamiento no ha realizado un lógico tratamiento de la cuestión planteada y –a su juicio- carece de fundamentos para sostener su postura, resultando contradictoria.-
Señaló que el auto apelado provoca el quebrantamiento de las reglas de la sana crítica en la evaluación de las pruebas.-
Indicó, que el pronunciamiento adolece de arbitrariedad por falta de un adecuado razonamiento y valoración de la prueba o valoración errónea o parcializada -su visión-.-
En tal sentido, aseguró que la valoración de los indicios y las presunciones fueron realizadas únicamente en contra y perjuicio de su defendido.-
En particular, advirtió la inexistencia de pruebas directas que configuren los delitos endilgados y, asimismo, negó que se hubiera comprobado que el imputado fuera autor material de los hechos, pues según dijo “…las pruebas no fueron valoradas parcialmente…” (textual del escrito recursivo fs. 87).-
En su primer agravio concreto (punto IV), adujo que el A Quo da como sentado el hecho manifestado por la denunciante, quien fue ella quién arañó y rompió el teléfono a su defendido, por lo tanto, esto debería ir acompañado de un examen victimológico, el cual no fue ordenado por S.S., es decir, que con el solo relato mendaz de la denunciante se lo imputa de amenazas, lesiones leves agravadas y daño, vulnerando el derecho de defensa, principio de legalidad y debido proceso, garantías que protegen a nuestro defendido, atento al principio de inocencia que debe imperar ante la escasés probatoria, e inclusive no fue localizado el testigo P..- Determinó que las imágenes donde muestra un teléfono celular, el mismo se encuentra dañado, pero no está comprobado que haya sido B. el autor.-
Continuando con sus críticas al auto de procesamiento, en el segundo agravio, criticó que no se llamó a dos testigos esenciales las Sras. M.P. y N.B., quienes estuvieron en el lugar -según los dichos de la denunciante-, vulnerándose los derechos y garantías constitucionales de B..-
Por su parte, en el punto V) del recurso incoado, hizo mención al principio de responsabilidad del hecho imputado, que no ha quedado determinado en la cabeza del Sr. B., ya que no se ha comprobado el delito que se le endilga.-
Asimismo, en el apartado VI) formuló reserva de caso federal, la que será tenida en cuenta oportunamente.-
Por último, objetó por excesivo y arbitrario el monto de embargo fijado, y pidió se disponga el sobreseimiento de su representado o, en su defecto, se dicte la falta de mérito.-
Citó doctrina en apoyo a su tesitura.-
Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Que ingresando al tratamiento de los agravios expresados por la parte apelante, debo decir que no le asiste razón en cuanto a que el auto impugnado sea arbitrario o no se ajuste a derecho, tal como sugiere la defensa .-
Es más, no se advierte que el auto apelado no hiciera un lógico tratamiento de la cuestión pues, en su análisis, el Magistrado comenzó valorando las declaraciones de la denunciante, tanto en la Oficina de Violencia Doméstica como en la sede de la Comisaría de la Mujer y la Familia. Seguidamente contrastó estos dichos con el resto del material probatorio, y logró tener por acreditados los ilícitos endilgados al imputado, claro está, con el grado de probabilidad que caracteriza esta instancia.- Respecto del razonamiento del Juez; la doctrina señala: “…la libertad del convencimiento no puede nunca degenerar en una facultad ilimitada de apreciación, sometida a un criterio personal… con el libre convencimiento la ley no quiere nunca autorizar juicios arbitrarios o caprichosos” (Florián, Eugenio, De las pruebas penales, Temis, Bogotá, 2002, t. I, pág. 365). En otras palabras, sus decisiones deben ser motivadas en las constancias de la causa, las que deben ser apreciadas según su convicción, pero siempre en forma respetuosa de la lógica, la experiencia y el sentido común.- Así, el diccionario de la Real Academia Española, define como arbitrario a todo aquello: “Sujeto a la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o a la razón”.-
Esta Alzada ya se ha expresado en reiterados pronunciamientos acerca que la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de considerar hechos y pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación. Circunstancias que no se observan en el caso.- En efecto, una resolución es arbitraria cuando carece de motivación. Lo arbitrario se opone a lo razonable, esto es: “…ser justo, moderado, prudente: todo aquello que puede ser resumido en arreglo a lo que dicte el sentido común…” (Nicolás Jorge Negri -Doctor en Ciencias Jurídicas-; “La argumentación jurídica en las sentencias judiciales”; Universidad Nacional de La Plata -Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales-, pág. 132).- En tal sentido, viene al caso señalar que, en las resoluciones judiciales: “La motivación configura una garantía de garantías, pues ella debe contener las razones de cada afirmación, atender los planteos de las partes y explicar por qué la decisión es legalmente correcta. Por su intermedio el juez describe y valora la prueba, mediante la cual establece los hechos objeto del proceso y define el derecho aplicable…” (Ferrajoli, Luigi; “Derecho y razón. Teoría del garantismo penal”; Ed. Trotta; pág. 378).- El pronunciamiento del Juez de Instrucción se presenta racional y fundado íntegramente en las pruebas recabadas en el legajo. En tal sentido, baste con tomar vista de la fs. 79 y vta., en el punto "DE LA QUE RESULTA", donde se enumeraron las piezas probatorias en que se apoyó para determinar la materialidad y autoría de los hechos en cabeza de F.A.B..-
Se advierte que el Magistrado dedica las fs. 79 vta./82 y vta. de los considerandos de la resolución recurrida, al tratamiento de la materialidad, a su autoría y se abocó a la calificación jurídica del hecho endilgado, habiendo en primer término efectuado un repaso y enumeración de las pruebas obrantes en autos, para luego iniciar el análisis y valoración de dichos elementos correlacionándolos a la luz de lo previsto por el art. 199 del CPP, por lo que corresponde desechar este planteo, pues no se observa la orfandad probatoria ni la falta de fundamentación en la actividad desplegada por la Instrucción.- No se es coincidente en la pretensión de arbitrariedad o que la misma sea contraria a los principios elementales del derecho, pues en su dictado se efectuó el análisis en conjunto de la prueba a la luz de la sana crítica racional, observándose las pautas previstas en los art. 115, 116 y 199 del CPP..-
La sana crítica racional, para la valoración de la prueba, se define como: “…un sistema de apreciación de los hechos y de las circunstancias fácticas de las figuras delictivas y de los hechos procesales, conforme a las leyes fundamentales de la lógica, de la psicología y de la experiencia social, que el juez debe respetar para asegurar la certeza de sus afirmaciones y la justicia de sus decisiones” (Navarro Guillermo Rafael – Daray Roberto Raúl; Código Procesal Penal de la Nación -análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editores; pág. 222).- En el auto recurrido, el a quo ponderó la totalidad de la prueba aunada a la causa, las cuales lo llevaron al dictado del resolutorio recurrido.-
Cabe recordar que, en este estadio no se requiere la certeza, sino la prevalencia de elementos incriminantes, como es el caso que nos ocupa, por eso no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan -al menos en esta etapa procesal- para acreditar el hecho, y la responsabilidad que "prima facie" le cabe al imputado en los mismos.-
Con acierto señala la doctrina que: "El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio". (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- En virtud de la cual, rechazaré este primer planteo.-
II. Por otro lado, consideramos, que las críticas dirigidas a la prueba reunida y su valoración, no alcanzan a conmover los sólidos argumentos desplegados por el juez de grado, aún teniendo en cuenta la primigenia etapa procesal que atraviesa la causa.-
En este sentido, la doctrina recomienda: “…valorar la prueba indiciaria en forma general, y no aisladamente, pues cada indicio, considerado separadamente, podrá dejar margen para la incertidumbre, la cual podrá ser superada en una evaluación conjunta” (Cafferata Nores, José Ignacio; “La Prueba en el Proceso Penal”; Editorial Lexis Nexis, pág. 221).-
Es así, que debemos decir que los elementos probatorios recabados resultarían ser suficientes para tener por acreditada la responsabilidad del imputado. En este sentido, advertimos que la disposición de prohibición de acercamiento de fs. 01, el informe policial de fs. 02/03 y 30 y vta., las actuaciones de la Oficina de Violencia Doméstica de fs. 05/13, los informes policiales de fs. 14/16 y vta., la denuncia de R.D.C. de fs. 17/19, el acta de constatación y las secuencias fotográficas de fs. 23/24, el certificado médico policial de fs. 25; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la materialidad y autoría que le caben al imputado.- En este sentido, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional para condenar a un imputado, se sostuvo: “La decisión que condenó al imputado en orden al delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género…, muestra una conclusión fundada y razonable respecto a la prueba concerniente a la intervención y responsabilidad que se asignó al imputado en la comisión del hecho, de acuerdo a las pautas de valoración probatoria, derivadas de la regla fundamental del estado jurídico de inocencia y de la regla legal de la sana crítica racional, pues para ello se tuvo en cuenta el testimonio de la víctima como principal elemento de cargo, aunque no es el único, en tanto también se consideró un informe médico donde de manera objetiva se describen las lesiones padecidas…” (CNCCyC; Sala I; 25/03/2021; O.
V., J. M. s/ lesiones leves; RDP 2021-8, 201; TR LALEY AR/JUR/11697/2021).- En tratamiento del agravio expuesto por la apelante en relación al testimonio de la denunciante, quien resulta ser la damnificada, debemos recordar aquí el valor que se le otorga a las declaraciones prestadas por la víctima (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) esta Alzada ya tiene dicho que la sola mención de que se trate de la persona damnificada (e incluso de sus familiares y/o amigos y/o allegados) no quita veracidad al testimonio que presta en la causa, debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma.- Que además, no debe perderse de vista la connotación de violencia de género que emerge de estos autos, y que ello, impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa.-
Siguiendo esta línea, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017).- De modo similar, la doctrina ha dicho: “… el valor probatorio del testimonio de la víctima en casos donde por su especial modo de comisión no puede ser corroborado por otros medios, no puede ser soslayado o descalificado dado que ello constituiría una forma de violencia institucional revictimizante, contraria a los parámetros internacionales en la materia…” (Ledesma, Ángela “El debido proceso penal”, Ed.
Hamurabi, Bs. As. 2016, pág. 106).- Que, en la presente causa, la materialidad de los hechos descriptos en la denuncia incoada, se encontraría suficientemente acreditada, conforme el certificado médico que constatan las lesiones leves sufridas por la víctima -fs. 25-, tal como le fueran imputadas al incuso, el informe de la OVD, que concluye en que existe riesgo medio en función de que: 1) las partes involucradas no convivirían en la actualidad, 2) el motivo de su presentación y el tipo de violencias que se habrían producido en el último episodio, 3) la probabilidad de que se susciten nuevos hechos o se agraven los existentes, de no mediar un tercero en el régimen de comunicación paterno filial y 4) los niños como posibles testigos y víctimas de violencia y la posible repercusión psico-emocional -fs. 09/11- y el acta de inspección ocular -fs. 23-, que describe el daño provocado en el celular -trizado la pantalla, específicamente el vértice derecho, en cuanto a su parte posterior, se encuentra doblado en su parte media- y las secuencias fotográficas que verifican el daño en el referido elemento.- Que dichos instrumentos resultan a todas luces elementos objetivos y relevantes en las constancias obrantes en autos que reflejarían la conducta ilícita, por considerar que se observa, analizado el contexto, la coherencia de las lesiones y los daños, con lo relatado por la víctima, siendo además que aquella sindica la autoría de los hechos en cabeza del imputado.-
Por último, atento al agravio que planteó la omisión de practicar las diligencias mencionadas -puntualmente que no se llamó a dos testigos esenciales y que no se logró localizar a P.-, debe decirse que en la presente investigación no se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, por lo que no puede responsabilizar a la Instrucción en este sentido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P..- Así, considero que el cuadro probatorio existente permite, por el momento, superar positivamente los cuestionamientos relativos a la credibilidad de la denuncia de la Sra. R., de conformidad a los elementos de cargo aunados a la causa y que fueran debidamente merituados por el Sr. Juez, motivo por el cual, lo planteado no tendrá acogida favorable.
III. Crítica al embargo: al inicio de su presentación (punto I), aseguró la defensa que el monto de embargo fijado sería excesivo y arbitrario.-
Que, no corresponde abordar este cuestionamiento pues, ésta crítica carece de fundamento, dado que no profundizó sus afirmaciones, limitándose su crítica a enunciar simplemente estos dos calificativos.-
IV. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuídas a este Juzgado de Recursos, tras el análisis de la presente causa, se advierte que si bien se ordenó dar intervención a la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 2, como surge de fs. 38, y habiendo contestado el Dr. J.G. titular de dicha dependencia judical, no asumió la representación complementaria de los menores de autos, la Defensoría Oficial de Niños, Niñas y Adolescentes Nº 1.- Sin perjuicio de ello, se recomienda al Juzgado instructor a dar estricto cumplimiento a las disposiciones procesales referentes a notificar la evolución del legajo y/o dar la debida intervención a la defensa complementaria desde el inicio, cuando estén comprometidos los intereses de personas menores de edad presuntamente víctimas de delitos (criterio asentado en la causa 8351/23).-
V. Reserva: la defensa formuló reserva de caso federal, la que se tendrá en cuenta en el momento procesal oportuno.-
VI. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
VII. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 79/83 y vta., por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por la defensa.-
3. HAGASE SABER a la Instrucción lo consignado en el punto IV) de los considerandos que anteceden.-
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. y al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaria firmante, Dra. Adriana I. Geyer, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia