Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala IV · Causa 128.535
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisibles los recursos de Casación deducidos por los señores Defensores Particulares, doctores Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón en favor de C. B.e I. G. (recurso N° 128.535); los señores Defensores Particulares, doctores Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, en favor de S. N. P. (recurso N° 128.538); y por el Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camilo y Andrés Noetzly (recurso n° 128.541).
II. Rechazar por improcedentes los recursos impetrados por ambas defensas y por el Particular Damnificado, sin costas.
Artículos 1, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 453, 530, 531 y 532 del C.P.P.; 40, 41 y 84 del Código Penal.
III. Regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes, doctores J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; a los doctores Alejandro Roberto Montone T° XXXIX F° 14 C.A.L.P. y Juan Ángel Di Nardo T° XXXVII F° 96 C.A.L.P., en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; y a los doctores Adrián Rodríguez Antinao en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (45 jus) con más los aportes de ley; …
128535 - B., C.F. Y G. R. I. S/ RECURSO DE CASACION PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICIAL
Tribunal de Casación Penal CASACION"
IPP N° 0600-6-16
En la ciudad de La Plata, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Mario Eduardo Kohan y C. Ángel Natiello, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, para resolver en causas N° 128.535 de este Tribunal, caratulada: "B., C.F. y G., R.I. s/recurso de Casación” y acollaradas Nº 128.538 caratulada: “P.,S.N. s/recurso de Casación” y N° 128.541 caratulada: “H., G.; B., C.; G., R.I. y P., S. s/recurso de Casación interpuesto por Particular Damnificado”.
Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía observarse el orden: NATIELLO – KOHAN, procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes:
I. El Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial La Plata resolvió en causa Nº 5507 de su registro, con fecha 8 de septiembre de 2023 condenar a C. B., R. I. G. y S. P. a la pena de tres (3) años de prisión de ejecución condicional; y a G. H. a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales y costas; más la inhabilitación especial para todos ellos por el término de diez (10) años para ejercer el derecho de organizar eventos festivos de concurrencia masiva (superior a las diez personas) que requieran habilitación del estado nacional, provincial o municipal; por resultar todos ellos autores penalmente responsables del delito de homicidio culposo (artículos 26 y 84 del Código Penal).
II. Contra dicha resolución, los señores Defensores Particulares, doctores Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón (recurso nº 128.535) en representación de C. F. B.y R. I. G. denuncian, en primer lugar, arbitrariedad por parte del “a quo” al haber tenido por acreditada la coautoría de sus defendidos en el evento puesto en crisis (artículos 1, 210 y 373 del C.P.P.; 45 y 84 del Código Penal).
Cuestionan, básicamente, el rol otorgado por el sentenciante a sus asistidos -organizadores del evento-. Entienden que no se encuentra comprobada ninguna actividad de sus defendidos compatible con dicho rol, es decir, no formaban parte del grupo, ni publicitaron el evento. Señalan que no hubo “formal clausura” de la quinta, ni ninguna entrega de acta labrada a los organizadores. Con ello se demuestra que la intención de los inspectores era que prosiguiera la fiesta.
Asimismo, denuncian la inexistencia de nexo causal entre la muerte de la joven y las acciones desplegadas por sus defendidos. Consideran en ese sentido que hubo una “autopuesta en peligro” por parte de la víctima a partir del consumo voluntario de alcohol, estar cerca de la piscina e ingresar a la misma a sabiendas de no tener conocimientos de nado.
Finalmente, embaten contra la severizante de pena “situación de peligro de los restantes asistentes al evento” tenida en cuenta por el Tribunal (artículos 40 y 41 del Código Penal) al momento de fijar el quantum punitivo. Entienden, por todo lo expuesto, que por el beneficio de la duda (artículo 1º del C.P.P.) debe absolverse a sus defendidos.
Peticionan casación. Hacen reserva del Caso Federal (artículo 14 ley 48).
III. Por su parte, los señores Defensores Particulares doctores Alejandro Montone y Juan Ángel Di Nardo, en representación de S. N. P. (recurso nº 128.538), denuncian violación de lo prescripto en los artículos 1, 106, 210, 371 y 373 del C.P.P., en lo que respecta a la coautoría responsable de su asistido.
Concretamente, consideran que no se encuentra acreditado de ninguna manera el carácter de organizador del evento que el Tribunal le otorgara a su defendido para condenarlo.
Manifiestan que la decisión adoptada por el Tribunal fue realizada tomando de manera parcializada los testimonios rendidos en el debate. Alegan que si bien es cierto que en el boliche “737” -del cual fuera dueño S. P.- se llevó a cabo la preventa de entradas para la denominada fiesta “La Frontera”, de ello no puede inferirse con el grado de certeza que requiere un pronunciamiento, que su defendido haya sido parte de la organización.
Al igual que lo mencionado por la defensa de B.y G., consideran que existió por parte de la víctima una clara “autopuesta en peligro” de su vida, lo cual llevaría a determinar la falta de responsabilidad de su pupilo procesal. Señalan que a partir de los elementos reunidos en la causa, existe una deficiente actividad probatoria que no permitió desvirtuar de ninguna manera el estado de inocencia de su asistido (artículo 1 del C.P.P.). Peticionan casación. Del mismo modo que sus colegas, formulan reserva del caso federal (artículo 14 ley 48).
IV. El Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta, con el Patrocinio Letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, deducen recurso de casación (n° 128.541).
Denuncia que el Tribunal “a quo” ha efectuado una absurda valoración de la prueba, en franca violación a los arts. 209, 210 y 373 del C.P.P. Cuestiona la calificación legal adoptada por el sentenciante. Entienden que la conducta recaída sobre los aquí enjuiciados debió ser la de homicidio simple con dolo eventual (artículo 79 del Código Penal).
V. Con fecha 27 de diciembre de 2023 el señor Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta Curi, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, presentan escrito solicitando nueva pena respecto del imputado S. P..
En ese sentido, vienen a poner en conocimiento de este Cuerpo entendiendo que corresponde a esta Sala, evalúe como hecho nuevo, el nuevo dictado de una pena para el encartado S. P. teniendo en cuenta sus antecedentes condenatorios por haber sido condenado en el año 2012 por el Tribunal Criminal N° 2 de este Departamento Judicial, antecedentes que el Tribunal Criminal N°3 no tuvo en cuenta al momento de fijar el quantum punitivo de P. por el hecho de que no se encontraba la primer sentencia condenatoria informada al Registro Nacional de Reincidencia.
Asimismo, manifiestan que deberían unificarse dichas condenas a los efectos de dictar una pena única (artículo 58 del C.P.).
Con fecha 6 de junio de 2024, el doctor Alejandro Montone, defensor de confianza del imputado S. P., solicita se rechace la pretensión efectuada por el Particular Damnificado.
VI. Concedido los recursos por el “a quo”, las partes fueron notificadas de la radicación de la causa por ante esta Sala. VII. Cumplidos los trámites de rigor y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
1ra.) ¿Resultan admisibles los recursos de casación interpuestos? 2da.) En su caso: ¿Son procedentes los mismos?
3ra.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Entiendo que los recursos son admisibles pues además de haberse deducido en tiempo y forma, se dirigen a cuestionar una sentencia definitiva que, por su carácter condenatorio, genera agravio a los imputados y sus defensas, al igual que al particular damnificado (arts. 18 y 75 inc. 22 de la C.N.; 1.1, 8 inc. 2 ap. "h", 25 de la C.A.D.H.; 14 inc. 5 del P.I.D.C.P.; 421, 448, 450, 451, 453, 454 inc. 1º y ccdtes. del C.P.P.).
Voto por la afirmativa.
A la misma primera cuestión el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
I. En atención a la similitud de uno de los agravios traídos a consideración por ambas defensas Técnicas a este Tribunal (C. F. B.y R. I. G. -recurso N° 128.535- y S. N. P. -recurso N° 128.538-), respecto al modo por el cual el “a quo” tuvo por acreditado la coautoría de sus defendidos, propondré al Acuerdo el tratamiento conjunto de los mismos, a fin de evitar reiteraciones innecesarias e inútiles de argumentos.
Entiendo que los embates resultan una reedición de los argumentos que esgrimieran en el debate, y que han sido contestados con fundadas razones por el sentenciante. Los recurrentes debieron hacerse cargo de esos fundamentos y evidenciar su absurdo o arbitrariedad. Nada de ello ha acontecido.
No obstante, a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Casal, Matías Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa”, que formulara una interpretación armónica amplia del art. 456 del C.P.P.N., en armonía con los arts. 8. 2. h de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se sostuvo que resulta aplicable en nuestro derecho la doctrina que en el derecho alemán se conoce como la del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento, abandonando la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho, induciéndonos así al tratamiento de la presente, en tal sentido. Pero debo también aclarar que, ese ha sido el comportamiento de este Tribunal, desde hace años, dentro –claro está-, de la limitación obvia de quien no ha participado en el debate (cfr. Sala I –integración según ley 11.982-, causa n° 6165 “Rec. Fiscal” sent. del 5/VI/03, N° 8646 “Gianasi” sent. del 23/X/03, N° 9476 “Chiclana” sent. del 24/II/04).
La coautoría penal de los aquí juzgados se encuentra plena, suficiente y categóricamente acreditada, sin margen de absurdo ni arbitrariedad, en la extensa, detallada y minuciosa respuesta que dieran los juzgadores en la primera y segunda cuestión del veredicto, donde se valoró la numerosa prueba testimonial rendida en la inmediación que le es propia, complementada con la incorporada al debate sin violaciones legales.
II. a. Desde un primer prisma de análisis he de compartir la construcción que hiciera el sentenciante respecto de la coautoría imputada en los hechos a los aquí enjuiciados.
. La organización y difusión de una fiesta el 1 de enero de 2016. En una fecha imprecisa pero al menos una semana antes del 31 de diciembre de 2015, un grupo de cuatro personas a través de la red social Facebook y de la venta de entradas mediante relacionistas públicos, dieron a publicidad la realización de la denominada fiesta “La Frontera” bajo la consigna “El límite lo ponés vos”.
Para la fecha prevista del evento se contrató un seguro ante la Compañía Federación Patronal. En el mismo consta que se haría una reunión estimada en 4500 espectadores y se los aseguraría en distintos rubros, sin que se mencionara el uso de la pileta.
Dicho evento se llevaría a cabo el 1 de enero de 2016 en el predio ubicado en calle 520 entre 159 y 160 de la localidad de Melchor Romero, partido de La Plata.
En la publicación de mención se ofrecía también el traslado a través de micros en caso de no contar con movilidad para concurrir al evento. . La ausencia de habilitación y las clausuras.
La fiesta de mención no contaba con habilitación de la Municipalidad de La Plata para su realización.
En virtud de lo señalado los días 30 y 31 de diciembre de 2015 autoridades de la Dirección de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata mediante actas nros. 193.773 y 199.093 notificaron al ocupante de la vivienda de que se abstuviera de llevar a cabo el evento por carecer de habilitación.
No obstante, y pese a esta advertencia, los organizadores de la fiesta persistieron en su accionar y sin contar con el permiso de la autoridad de aplicación ni cumplir con los recaudos previsto en las ordenanzas municipales que regulan la materia dieron inicio al desarrollo de la fiesta en las primeras horas del 1 de enero de 2016.
Ante la masiva concurrencia de asistentes los cuales superaban las aproximadamente 2500 personas en la parte exterior del lugar, sin contar la cantidad de concurrentes que se encontraban en el interior del predio, personal de Control Urbano de la Municipalidad concurrió nuevamente al lugar, cerca de las 04.00 horas y volvió a notificar a cuanto al menos uno de los responsables de la fiesta de la clausura del evento, sin colocación de faja.
La medida no pudo ser efectivizada dada la gran cantidad de concurrentes, en su gran mayoría adolescentes que se encontraban tanto adentro como afuera del predio. En las inmediaciones del lugar pudieron constatar dos micros escolares y gran cantidad de vehículos que de dos cuadras antes se podían observar estacionados sobre la avenida 520. Pese a la clausura dispuesta la fiesta continuó sin ningún tipo de actividad por parte de los organizadores tendientes a suspenderla que ocasionó que a las 06.30 hs. volvieran los inspectores municipales y labraran las actas Nro. 57.734 y 192.067, sin colocación de fajas por los mismos motivos anteriormente expuestos.
En ninguna de las oportunidades se contó con apoyo de personal policial pese haberse puesto en conocimiento al Titular de la Seccional policial correspondiente a la zona.
. El lugar donde se desarrolló la fiesta “La Frontera”
La fiesta se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle 520 entre 159 y 160 de Melchor Romero.
Para ingresar al evento, se requería presentar una entrada la que se había adquirido previamente, dándose la opción de comprarla en el lugar, el cual presentaba vallas a los fines de facilitar el ingreso al predio. En el mencionado evento se vendían bebidas alcohólicas, se había contratado un DJ para pasar música, además de una persona que cumplía funciones de seguridad para el cuidado de los coches en un estacionamiento ubicado a unos metros del lugar.
Podía observar la presencia de gacebos, bancos, baños químicos, distintos escenarios y pantallas.
La fiesta contaba con un sector vip. Para acceder a este se debía pagar otra entrada diferencial, esta zona contaba con una pileta de 8 metros de ancho por 15 metros de largo, con una profundidad de 1.94 mts. Con agua o 2.13 sin agua, mientras que del lado menos profundo la profundidad era de 0.93 con agua y 1.12 sin agua.
Alrededor de la pileta había algunos puff para sentarse sobre un deck de madera.
El agua de la pileta estaba “negra”. No se advirtió la presencia de guardavidas, ambulancia o personal médico, pero sí de gente de seguridad encargada de controlar el acceso a dicha “zona vip”, cercado sólo por un vallado decorativo de madera y algunas sogas, que delimitaban ese sector. La gente que se encontraba allí, estaba sentada al borde de la pileta, en los puff. Otros se tiraban “bomba” o hacían acrobacias hacia el interior de la pileta.
. Las últimas horas de Emilia Uscamayta Curi Entre las 07.00 y las 07.30 hs., Emilia y su hermano Cristian concurrieron al evento de mención. En la fiesta Emilia tomó vodka con Speed.
Aproximadamente a las 08.15hs., Emilia fue vista sentada en un puff cerca de la pileta del lado menos profundo. Se la observó “pálida”, “dura”, “ida” y con su cuerpo inclinado para adelante.
Su hermano Cristian Pablo Uscamayta se retiró de la fiesta alrededor de las 09.30hs., y como no halló a su hermana se llevó las zapatillas y la remera que se encontraban cercanas a la pileta.
. La muerte de Emilia Uscamayta Curi El día 1 de enero de 2016, pasadas las 09.30 hs., se escucharon gritos en la zona de la pileta y un hombre sacó de la parte media de la piscina a Emilia.
Una joven que se encontraba en el evento llevó adelante maniobras de RCP logrando que la víctima expulsara agua y una espuma rosada, le sintió el pulso débil.
En ese momento se acercó un hombre con rastas que tomó de los pies a Uscamayta y se la llevó hacia la salida, mencionando este sujeto que allí había una ambulancia.
En la puerta el hermano de uno de los organizadores del evento tomó un taxi y se dirigió al Hospital de Melchor Romero. Durante el trayecto Emilia convulsionó.
. El ingreso de Emilia al Hospital de Melchor Romero Finalmente, Emilia ingresó a las 09.50 hs., Hospital de Romero sin vida, como consecuencia de haber sufrido insuficiencia respiratoria secundaria a asfixia por sumersión.
b. Las defensas de los aquí enjuiciados entienden y consideran que de las pruebas producidas en el juicio no se pudo establecer el rol de sus asistidos como organizadores del evento.
Sin embargo, considero que el Tribunal ha delimitado claramente cuáles elementos de prueba ha tomado y tendido en cuenta para tener por acreditada la participación de B., G., P. y H. como organizadores de la fiesta llevada a cabo en la localidad de Melchor Romero y en la que falleciera Emilia Eugenia Uzcamayta Curi.
Los testimonios valorados en el transcurso del debate -referidos a la organización de la fiesta- de Juan Agustín Di Martino, Maira Ayelén Armoa, José María Moccero, Estefanía Salvareze y Agustín Ochagavia Saintout, fueron contundentes y contestes al señalar que días previos a llevarse a cabo la fiesta, se dio publicidad de la misma a través de las redes sociales, comenzando de esa manera con la venta anticipada de entradas -preventa-.
A tales efectos, también contó el sentenciante con el testimonio de C. Alberto Alvelo, quien fue contratado por uno de los organizadores para el cuidado de los automóviles de las personas que concurrieron al evento. Y finalmente, el “a quo” valoró la extensa declaración de los funcionarios municipales e inspectores que participaron del procedimiento y la realización de las diferentes medidas tendientes a evitar el desarrollo de la fiesta, tanto el día de los acontecimientos como los días previos a la misma. Ahora bien, para comenzar a dar responde al agravio, similar de ambas defensas, el Tribunal de Juicio valoró el testimonio de Juan Agustín Di Martino quien manifestó ser relacionista público y trabajar en el boliche “737” ubicado en calle 46 entre 8 y 9 de la Ciudad de La Plata. Dijo que su función era la de vender entradas de preventa, que sus “jefes” eran G. H. y Sebastián P., y que si bien no sabía quiénes habían organizado la fiesta, él se limitó solamente a la venta mediante la entrega de pulseras tal como se lo habían indicado G. y Sebastián.
Maira Ayelén Armoa expresó que su trabajo consistió en promocionar y difundir la fiesta de fin de año en una casa quinta, el evento llevaba el nombre “La Frontera”, y que por la venta de entradas obtenía una ganancia.
Al serle exhibida su declaración, reconoció su firma y lo que había manifestado en su momento “sólo sé que un tal S. dueño de 737, un boliche de esta ciudad, era el organizador”.
Asimismo, el Tribunal procedió a dar lectura de otra porción de su declaración donde señaló: “a G. H. lo vi en la quinta, es ahí que lo conocí, pero no tuve un trato directo con él, sólo veía que entraba y salía de la casa quinta esa madrugada, si sé que es uno de los organizadores”.
También dijo “sé que estaba organizando, no traté con ellos directamente por las entradas…lo vi ese día del evento, entraba y salía, no tuve trato directo con él. Yo sé que me habían dicho que era uno de los organizadores”.
José María Moccero indicó que por intermedio de un conocido de nombre Jonathan Medina le ofrecieron vender entradas, que obtuvo un porcentaje de la venta de las mismas, pero no pudo explicar con exactitud para quien trabaja Medina.
Sin embargo, más allá de no poder dar en el debate ningún dato concreto respecto de quien había organizado la fiesta, previo reconocimiento de su firma, se le leyó su declaración prestada en sede judicial cuando sostuvo “en un tiempo Medina estuvo trabajando en el boliche 737”, y respondió “no lo recordaba puede ser, hace años no me acuerdo bien, no tuve más relación con él hasta que me lo crucé acá”.
En otro tramo de su declaración manifestó “tengo entendido que S. P. es dueño del boliche 737 de alguna vez que ido al boliche”.
También fue valorado el testimonio de Estefanía Salvareze, quien recordó que un día antes del evento le dieron entradas de la fiesta y que a uno de los organizadores lo apodaban “el Peke -G.-”.
A la testigo también se le leyó un tramo de su declaración -previo reconocimiento de su firma- donde mencionó “El Peke era el organizador de la fiesta, por lo que tengo entendido era uno de los principales”. Jonathan Medina refirió que para la época de la fiesta trabajaba en el boliche “737”. Hacía publicaciones en las redes sociales para promocionarla, y un día antes de llevarse a cabo el evento se apersonó en el lugar para filmarlo con un drone.
Pese a no dar muchos datos del evento, al igual que los restantes relacionistas públicos de la fiesta, y por falta de “precisión” del mismo, le leyeron su declaración prestada en sede judicial donde reconoció la misma y en la cual indicó “…Empezaron a hablar en diciembre de 2015 de organizar una fiesta. Elisandro Santos, G. H., ellos me propusieron vender entradas, luego de eso pasó un tiempo, dos semanas antes de la fiesta, G. H., apareció con un paquete y comenzó a repartir las preventas, una noche en el boliche “737”, aproximadamente me llevó 100 y salimos a venderlas con José María Moccero…”, “…G. me entregó las entradas, no sólo a mí, sino también a todo el grupo, además llevó las heladeras y los equipos de música, sillones del boliche 737 a la quinta donde se desarrolló el 1 de enero. P. organizaba todo junto con G. para la fiesta…”.
Luego, se le leyeron otros tramos de su declaración en la cual manifestó “…Fui unos días antes, ya que hablé con Peke G. por teléfono, para ver si había alguien en la quinta para poder ir a filmar, ya que me dedico a hacer filmaciones con drone…”.
A preguntas de la Fiscalía en cuanto a los roles que tenían cada uno de los organizadores manifestó “…el Peke G. me dio las consumiciones en la fiesta, y parecía que era el que coordinaba o dirigía todo porque era el que decía quien pasaba al “VIP” y además animaba hablando por micrófono; G. H. hablaba en la puerta, a B.no lo vi y P. no lo vi directamente”. Del mismo modo, Agustín Ochagavia Saintout reconoció haber vendido entradas para la fiesta, aunque no sabía quien la había organizado. No obstante no recordar ello, se le exhibió la documental obrante en la causa en la cual reconocía en la misma los flyers promocionales de la fiesta que publicitó en el grupo.
Al igual que los restantes testigos, también se procedió a leerle su declaración en la que le preguntaban si tenía conocimiento quienes habían organizado el evento respondiendo en ese momento “por comentarios de Nahuel y de oros chicos que se mueven en el ambiente de eventos, sé que organizaban dos muchachos llamados S. P. y G. H. a quienes conozco de cuando trabajé en el boliche “737”, porque eran los encargados de organizar la fiesta en ese lugar y yo pasé música ahí, por eso los conozco”. También manifestó haberle mandado un mensaje de WhatsApp a G.
H. cuando se había instalado el rumor de que se suspendía la fiesta, respondiéndole el organizador “sí, se hace”.
El Tribunal también expresó sus razones para avalar la sindicación de los imputados como organizadores del evento al considerar el testimonio efectuado por C. Alberto Alvelo, contratado como cuida coches en la fiesta, quien manifestó “…que la posibilidad de trabajar se la dio G. quien le pagó por el trabajo., en horas de la mañana al finalizar la fiesta. Agregó que ese día en la fiesta estaba junto a B.. Adunó que en horas de la mañana se encontraba en la playa de estacionamiento, cuando comenzaron a venir los dueños de los autos y le manifestaron que una chica había fallecido. Al consultarle si advirtió la presencia de ambulancias en el lugar manifestó que no”.
También fueron sopesados por el “a quo” los informes de los funcionarios Municipales intervinientes. Todos, en forma conteste, clara y precisa, manifestaron que llevaron a cabo diversas medidas tendientes a evitar la realización del evento.
En lo relevante, el 30 de diciembre de 2015 la Secretaría de Control Urbano notificó a Pablo Emanuel Alcaraz (electricista) en el domicilio de calle 520 entre 159 y 160 de que se abstuviera de llevar a cabo la fiesta. El 31 de diciembre de 2015, a las 16.05 horas se notificó a I. G., alias “Peque”, quien se identificó como responsable, que debía abstenerse de realizar eventos (fiestas) sin contar con el permiso municipal correspondiente.
Así, Marcelo Alejandro Vena, Inspector de Control Urbano, señaló que “respecto al evento denominado LA FRONTERA, esta unidad tomó conocimiento previo a su inicio. Se tomaron medidas preventivas para que la fiesta no se lleve a cabo. Se comisionó personal en dos oportunidades al domicilio y se notificó del impedimento a llevarla a cabo sin el correspondiente permiso labrando dos actas de comprobación notificando de ello (Acta de Comprobación nro. 193.773 fecha 31.12.15; 16.05 horas…)”. El día del evento se practicó Acta de Contravención N° 57.734 fecha 01.01.16; 04:12hs. Se notificó a C. B., en su calidad de responsable, la clausura preventiva, verificándose al momento de la inspección “la realización de una fiesta con ventas de entradas, gacebos múltiples, barra con expendio de bebidas alcohólicas, equipos de música a la intemperie, sin la autorización municipal correspondiente, por lo que se procedió a la clausura preventivo del evento, colocando para ello cinco fajas de clausura por carecer de apoyo policial para su desalojo.
Néstor Galarraga, quien a la fecha del hecho era funcionario municipal, realizó el acta de comprobación N° 162.067 el 1 de enero de 2016 en el domicilio perteneciente a C. B..
En ese sentido, sostuvo que llegaron hasta el lugar a bordo de dos patrullas municipales por falta de permiso para realizar la fiesta. En una de las patrullas estaba el director de Tránsito -Walter- y en la otro el director de Nocturnidad -Gerardo Joglio- y el de Seguridad -Emanuel Reyes-.
Dijo que luego de presentarse en la casa quinta, fueron recibidos por un individuo, S. P., uno de los organizadores, aclarando que lo supo porque “cuando habló con Reyes para ver que documentación tenia, él me comenta que el organizador es P.. Cuando finaliza de hablar con P., para ver como seguía el acta, si tenía papeles o no, él me comenta que uno de los organizadores es P.”.
Siguiendo con su relato, Galarraga mencionó que había tanto ruido que se alejó un segundo del grupo para poder observar mejor el lugar -la quinta-, y que al regresar, le preguntó a su compañero Emanuel Reyes si P. tenía el permiso correspondiente para realizar la fiesta, recibiendo como respuesta un rotundo no, por lo que en ese mismo momento comenzó a confeccionar el acta contravencional correspondiente.
También indicó que en ese momento apareció el dueño de la propiedad, C. B., quien los invitó a ingresar a la casa, accediendo a lo solicitado junto con uno de los directores de nombre Gerardo Gioia. Mientras se encontraban dentro de la morada, le hizo un par de preguntas a B., como si estaban cobrando entradas, vendiendo bebidas alcohólicas, recibiendo una respuesta afirmativa, por lo que dejó constancia de todo ello en el acta, agregando que en ningún momento, a pesar de todas la advertencias dadas, el aquí nombrado tomó medida alguna para que cesara la actividad del evento.
Respecto del horario, recordó que fue alrededor de las 04:00 hs. de la mañana, que volvió al lugar cerca de las 06:30 horas y que observó que el evento en ese horario aún continuaba, siendo imposible colocar la faja de clausura por la gran cantidad de personas que circulaban en la vía pública, acotando que “era riesgoso para mi integridad física”, “era un evento peligroso por la cantidad de personas que había, por la experiencia que tengo en la nocturnidad”.
En igual sentido se pronunció Jonathan Emanuel Reyes, Director del Área de Inspecciones Municipales de La Plata quien encomendó a los inspectores a su cargo que la fiesta no podía realizarse por falta de habilitación.
Manifestó que al arribar a la quinta, ingresó por el lateral de la misma “vimos que había gente en la esquina, que tiraron piedras para donde estábamos ingresando con el móvil y entramos por el lateral de la entrada”. Recordó que le manifestaron al dueño del lugar que iban a clausurarlo por falta de habilitación y se retiró del lugar porque había otros eventos que controlar.
Pero antes de partir, charló con S. P. “porque nos conocíamos de la noche, de tiempo atrás y me preguntó cómo andaba”.
También se le leyó, previo a reconocer su firma, un párrafo de su declaración en sede policial en la cual manifestó “sobre calle 159 o 160 esta esquina tiene otro acceso, por lo cual logramos ingresar al predio, nos entrevistamos con el señor B., que dijo ser el propietario de la quinta, el inspector constata la venta de entradas y no contaba con las medidas de seguridad…”, agregando “…el que se entrevistó fue el director de seguridad, dije nos entrevistamos porque fue un grupo grande el que fuimos, fue el director de nocturnidad que me dijo que era el propietario de la quinta”. c. Ahora bien, la materialidad ilícita tenida por acreditada, demuestra que tanto C. B., S. P., G. H. y R. G. formaron parte de la organización del evento para festejar año nuevo, fiesta desarrollada en la casa quinta del primero de los nombrados.
Y justamente esto sucedió en el presente. El órgano de mérito analizó el plexo probal arrimado al debate y de él surge que todos ellos formaron parte del equipo organizador.
De los elementos analizados no existe dato alguno que me permita degradar la tesis incriminante sostenida por el Ministerio Público Fiscal a lo largo del proceso y que tuviera una recepción favorable por el “a quo” en la sentencia que por este medio se recurre.
Bien explica el pronunciamiento en crisis, tanto la mecánica de los hechos y qué rol ejecutó cada uno de los aquí juzgados para que la fiesta se llevara a cabo.
La construcción de la autoría de los aquí enjuiciados tiene asidero fáctico y legal en la prueba testimonial reunida.
Veamos.
S. P. estuvo a cargo de la distribución de las entradas, para ello se valió de relacionistas públicos (RRPP) que retiraban las taquillas de su local comercial “737” y luego las vendían a cambio de la obtención de un porcentaje de las mismas.
Recordemos que Di Martino, relacionista público, señaló que P. era quien otorgaba entradas para su posterior venta; Agustina De Cándido sostuvo en sede judicial que “S. esa noche se le presentó como organizador”; Maira Armoa mencionó “sé que S. era el organizador y creo que organizó el after”, esto último en referencia al baile efectuado luego de concluida la fiesta en la casa quinta; Agustín Ochagavia Saintout dijo haber visto a P. en la fiesta -no ratificó en el debate lo dicho en sede judicial respecto a que S. era uno de los organizadores del evento-.
Lo dicho por Saintout, respecto de la presencia de P. la noche del evento, corrobora la versión de Néstor Galarraga, quien sostuvo que al llegar a la casa quinta para efectivizar la clausura “nos permitieron ingresar y se presentó uno de los organizadores de la fiesta, S. P.”, aclarando, lo sé porque “cuando hablo con Reyes para ver que documentación tenía, él me comenta que el organizador es P.”.
Los dichos de los relacionistas públicos y los efectivos municipales se complementan con al acta de procedimiento -incorporada por lectura válidamente- de la que surge que los funcionarios policiales se constituyeron en el nosocomio de Melchor Romero y se entrevistaron con Alejandro Fabián P. quien dijo ser hermano de S., uno de los organizadores de la fiesta y que estaba en ese lugar ayudándole a la víctima y que él sólo colaboró en el traslado de la mujer al Hospital.
El Tribunal escuchó el testimonio de los testigos ofrecidos por la defensa, Fabricio Bidegain, Sebastián N. Gismondi, Álvaro Vázquez, F. Martín Lapasta, Javier Liporacce, N. Peroni y Lucas Pollini.
Todos fueron contestes en señalar y confirmar que conformaban un grupo de amigos que se juntaban, entre otras cosas, a organizar fiestas electrónicas de carácter privado, sólo por diversión, y que las mismas eran difundidas por la red social Facebook.
También mencionaron, que una semana antes al día 1 de enero de 2016 se propusieron organizar una fiesta para recibir el año. Que ante la dificultad para conseguir locación, se contactaron con S. P. quien les consiguió una quinta ubicada en 17 y 518, ubicación que no fue revelada hasta unas horas antes para evitar su clausura.
Todos sostuvieron que P. participó de dicho evento, que permaneció allí toda la noche, como así también que lo conocían de los boliches. Respecto de estos testimonios, entiendo al igual que lo mencionado por el “a quo”, que el hecho de que “hipotéticamente” S. P. hubiese organizado y estado en otro evento, no le impidió ser organizador de la fiesta celebrada en la casa quinta propiedad de B., tal como lo quiso imponer el esforzado defensor, reeditando en esta sede su coartada defensista respecto de que su pupilo solamente pudo organizar un solo evento y en el cual estuvo toda la noche, queriendo deslindar de esa manera su responsabilidad en el hecho aquí ventilado.
Como fuerte presunción de su rol de organizador, el sentenciante valoró, a mi juicio correctamente, que P. resultó ser una de las personas que recibió y atendió a los efectivos municipales que se acercaron hasta la casa quinta para clausurar la fiesta.
Para sostener la autoría de C. B., el Tribunal valoró que era el poseedor -pertenece a un familiar directo- de la casa quinta donde se desarrolló el evento.
También consideró, para su vinculación, la cobertura de seguro contratada en la Compañía de Seguros Federación Patronal a su nombre, con una vigencia del 31 de diciembre de 2015 al 1 de enero de 2016. De dicha documentación surge que se recibió la suma en efectivo de $936,00 en concepto de anticipo del seguro solicitado, desprendiéndose de la misma que se esperaba una cantidad de espectadores de 4.500 a 5.000 personas, para el producto Fiesta/Baile Privado.
Sumado a ello, de la póliza en cuestión, que en dicha cobertura se requería habilitación por la autoridad competente y que sólo se cubría la responsabilidad civil a consecuencia de incendio, rayo, explosión, descarga eléctrica, no así por responsabilidad civil de pileta de natación. Es así que el acta de seguro que contrató ante la empresa Federación Patronal cobra singular relevancia, porque evidencia la posibilidad de riesgos, además de establecer -en forma estimativa- el número de concurrentes, personal empleado y los daños asegurados, entre lo que no figuraba el uso de pileta.
Al cuadro indiciario se agrega el contenido del acta de procedimiento, secuestro, comprobación e inspección ocular.
En ese sentido se secuestró en el lugar el celular de C. B.quien además firmó el 1/01/2016 a las 04.12 hs. y a las 06.25 hs. como uno de los responsables de la organización de la fiesta, las actas labradas por las autoridades municipales que se apersonaron hasta la casa quinta para clausurar el evento.
El contenido de las actas labradas no sólo reflejan su presencia en la fiesta, sino también, como responsable del evento.
Continuando con las actas contravencionales, el 1 de enero de 2016 a las 04:12hs., se notificó a C. B., en su calidad de responsable, la clausura preventiva, verificándose al momento de la inspección “la realización de una fiesta con venta de entradas, gacebos múltiples, barra con expendio de bebidas alcohólicas, equipos de música a la intemperie, sin la autorización municipal correspondiente".
Por lo expuesto se procedió a la clausura preventiva del evento. Los funcionarios municipales concurrieron nuevamente el 1 de enero de 2016 a las 06:25hs. y el Inspector Municipal Néstor Galarraga confeccionó el acta de comprobación N° 162.067 en el domicilio perteneciente a C.
B.observándose que en ese horario la fiesta continuaba su curso, siendo imposible colocar fajas de clausura por la gran cantidad de personas en la vía pública, expresando Galarraga en forma contundente los motivos por los cuales no pudo colocar las obleas por ser “riesgoso para mi integridad física”.
Se añadió también el informe realizado por Horacio Padra, quien en su carácter de Secretario de APR de la Municipalidad de La Plata expuso “que con fecha 4 de enero de 2016 que no existe habilitación comercial ni permiso provisorio para desarrollar eventos en la fiesta “La Frontera” como tampoco inicio de trámite para el desarrollo de actividad comercial alguna”. Recordemos también que uno de los oficiales inspectores municipales al arribar a la casa quinta fue recibido por C. B.quien lo invitó a ingresar al predio.
Una vez dentro, labró el acta correspondiente y le efectuó una serie de preguntas tales como si estaba cobrando entradas, vendiendo bebidas alcohólicas, respondiendo B.de forma afirmativa.
El cuadro fue completado con la declaración efectuada por María Lorena Buffone quien manifestó ser “la novia del dueño del lugar” además de mencionar quienes eran parte de la organización.
Así manifestó que: “… la casa donde se desarrolló el evento era de su novio C. F. B.…pero los organizadores, que están en la movida de los eventos y se encargaron de convocar a la gente son otros que se asociaron a él…uno es R. G., que se dedica a organizar eventos, otro se llama G., que venía arreglando desde hace una semana atrás con su novio para que la fiesta salga bien. Otro de los organizadores de llama S. o Santino… supuestamente ellos fueron los que se encargaron de traer todos los gacebos, bancos, sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta…que “no había guardavidas ni tampoco ambulancia en la puerta…tenía entendido que el encargado de traer los guardavidas y el servicio médico eran S. P. y G. H.…”.
Para determinar la autoría de R. I. “Peke” G., tuvo especialmente en cuenta el testimonio del testigo C. Alberto Alvelo, quien manifestó que fue contratado como cuidador de coches en un lugar que sirvió como playa de estacionamiento para las personas que asistirían a la fiesta con sus vehículos, aclarando que dicho espacio pertenecía al supermercado coreano que se hallaba en la esquina de la casa quinta.
En lo que aquí interesa, Alvelo señaló que la posibilidad de trabajar allí se la brindó G. quien previo a ofrecérselo, luego le pagó por sus servicios prestados esa noche.
Dijo que el pago fue realizado por el “Peke” en horas de la mañana del 1 de enero al finalizar la fiesta, agregando también haberlo visto junto a B..
Refirió también que en horas de la madrugada, mientras cuidaba los automóviles en el estacionamiento, comenzaron a llegar los respectivos dueños de los rodados y que alguno de ellos manifestaban a viva voz que una chica que se encontraba en la fiesta había fallecido.
Asimismo, a preguntas de la fiscalía respecto si advirtió la presencia de asistencia médica en el lugar -ambulancias-, señaló que no.
También sopesó el sentenciante como prueba inexcusable, el acta de comprobación -incorporada válidamente por lectura al debate- donde surge que I. G. fue una de las personas que recibió al personal del municipio el 31/12/2015 a las 16.04hs., identificándose para ello como responsable del lugar y firmando luego el acta labrada.
De los informes de los funcionarios municipales actuantes se desprende “el 31 de diciembre de 2015, a las 16.05 horas se notificó a I. G., alias “Peke”, quien se identificó como responsable, que debía abstenerse de realizar eventos (fiestas) sin contar con el permiso municipal correspondiente”.
Finalmente, los Magistrados de grado optaron por descartar los dichos vertidos por los acusados en las distintas etapas del proceso, debido a las inconsistencias detectadas, al ser comparados con la prueba de cargo existente en la presente causa, de la que surge a las claras la mendacidad de todos y la huera pretensión de obtener una mejor situación procesal, los que no solamente resultan solitarios y carentes de sustento, sino que además contradicen el resto del plexo probatorio sobre el que se apoya con justeza el fallo recurrido.
d. La crítica y la resistencia opuesta por ambas defensas se dirigen a mencionar que no hubo “formal clausura” de la quinta, ni ninguna entrega de acta labrada a los organizadores.
Sin embargo, de los testimonios de los funcionarios municipales señalados ut supra ha quedado contundentemente acreditado las diferentes medidas que se practicaron tendientes a evitar el desarrollo de la fiesta por parte de los delegados municipales y personal de Control Urbano, no sólo el día de los acontecimientos, sino también los días previos a su desarrollo. En cuanto a este punto, vale destacar lo señalado por el Tribunal respecto de las diferentes reuniones llevadas a cabo por los organizadores con gente del municipio y personal policial, donde les manifestaron que no se podía llevar a cabo la fiesta.
Asimismo, los funcionarios concurrieron al evento, donde fueron atendidos en la quinta por sus organizadores, a los fines de que los mismos desistieran con el desarrollo de la fiesta, labrando los agentes las actas contravencionales correspondientes y firmando los responsables del evento las mismas.
Sin embargo, más allá de haber concurrido los efectivos municipales antes de realizarse la fiesta y luego el mismo día del evento en al menos cuatro oportunidades, se siguió desarrollando de igual manera con el fatídico resultado conocido.
En lo relevante, el 30 de diciembre de 2015 la Secretaría de Control Urbano notificó a Pablo Emanuel Alcaraz (electricista) en el domicilio de calle 520 entre 159 y 160 de que se abstuviera de llevar a cabo la fiesta. El 31 de diciembre de 2015, a las 16.05 horas se notificó a I. G., alias “Peque”, quien se identificó como responsable, que debía abstenerse de realizar eventos (fiestas) sin contar con el permiso municipal correspondiente.
Marcelo Alejandro Vena, Inspector de Control Urbano, señaló que se tomaron medidas preventivas para que la fiesta no se lleve a cabo, comisionando personal en dos oportunidades a la casa quinta labrándose dos actas de comprobación y notificando de ello (Acta de Comprobación nro. 193.773 fecha 31.12.15; 16.05 horas).
Néstor Galarraga, quien a la fecha del hecho era funcionario municipal, realizó el acta de comprobación N° 162.067 el 1 de enero de 2016 en el domicilio perteneciente a C. B..
En ese sentido, sostuvo que llegaron hasta el lugar a bordo de dos patrullas municipales por falta de permiso para realizar la fiesta. Dijo que luego de presentarse en la casa quinta, fueron recibidos por un individuo, S. P., uno de los organizadores, y que al preguntarle si tenía el permiso correspondiente para realizar la fiesta, recibió como respuesta un no, por lo que en ese mismo momento comenzó a confeccionar el acta contravencional correspondiente.
En igual sentido se pronunció Jonathan Emanuel Reyes, Director del Área de Inspecciones Municipales de La Plata quien encomendó a los inspectores a su cargo que la fiesta no podía realizarse por falta de habilitación.
e. El órgano jurisdiccional posee amplia atribución para seleccionar los medios de prueba y para apreciarla, ya que tan sólo debe ajustar sus conclusiones a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común y sentido común cuya aplicación queda sometida a la rectitud, prudencia y sabiduría de los jueces (ver Carreras, Eduardo, “La sana crítica y el testimonio del coprocesado”, J.A., 15-1972, pág. 629; Cám. Fed. de Cap. Fed., Sala I, L.L., del 18/12/1995, f. 93.861 y conf. STJ DE FORMOSA, Causa: "Romberg, Hugo Ramón s/Instigación y participación sec. de homicidio doblemente calif.- Romberg, Carmen Alcira s/Participación necesaria de homicidio doblemente agravado- Benítez Ramírez, Cristóbal- López, Cándido Salvador s/ Homicidio" -Sentencia Nº 1618/02- de fecha 09/09/02) y es lo que se ha hecho en la presente.
Las reglas de la sana crítica que guían al juez en la valoración de las circunstancias fácticas, según Couture, son aquellas pautas del correcto entendimiento humano, contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y lugar, pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia.
Por su parte, Vélez Mariconde define al método de la sana crítica como aquél "…que deja al juzgador en libertad para admitir toda prueba que estime útil al esclarecimiento de la verdad (en principio, todo se puede probar y por cualquier medio), y para apreciarla conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la experiencia común…" (Vélez Mariconde, Alfredo, “Derecho Procesal Penal”, Bs. Aires, 1969, Ed. Lerner, Tº 1). Las críticas efectuadas por los recurrentes, se han centrado en una impugnación individual de cada elemento de cargo, endilgando a cada uno de ellos la ausencia de cualidad suficiente como para sustentar un pronunciamiento condenatorio. Sin embargo, tal proceder omite que la valoración del plexo probatorio radica en una premisa fundamental, cual es que, si bien las pruebas valoradas en forma aislada pueden tan sólo revestir un carácter indiciario, la confluencia de todas ellas en una misma dirección, revisten la idoneidad necesaria para alcanzar el estado de certeza necesario para avalar un temperamento condenatorio.
De lo transcripto hasta el momento resulta acertada la decisión a la que arribaron los sentenciantes, al quedar delimitados exactamente cuáles elementos de prueba tuvieron en cuenta a fin de dar por acreditados tales presupuestos.
Quien suscribe entiende que la sentencia cuestionada cumple con todos los recaudos legales, toda vez que aparece como debidamente fundada, en la que se desprende un encadenamiento válido de los distintos elementos de prueba reseñados, siendo posible controlar los motivos que inspiraron dicho pronunciamiento judicial.
Y es así que, sobre la base de esa fundamentación, éste Tribunal se encuentra habilitado para controlar tanto la correcta aplicación e interpretación de la ley como así también el defecto o la insuficiencia en las pruebas.
Sentado ello debo mencionar que no advierto falta de fundamentación legal, por lo que la sentencia cuestionada no se halla desprovista de apoyo legal, ni es el resultado de la mera voluntad de los Juzgadores, situación que se presentaría en el caso de encontrarnos ante una total ausencia de valoración sobre la prueba colectada y su fuerza convictiva, como así también la omisión de cualquier cita, consideración o premisa de la que se desprenda la conclusión a la que se arriba, impidiendo el debido control de las partes sobre la justicia de la resolución y su crítica recursiva ante éste Tribunal, cuestiones ambas que presuponen un decisorio fundado en el cual, además del derecho aplicado, pueda revisarse el iter lógico seguido por los sentenciantes para la formación de su convicción sincera respecto del hecho objeto del presente proceso.
Considero también que los planteos introducidos por los recurrentes no logran demostrar el absurdo y las violaciones alegadas lucen manifiestamente improcedentes; los que fueron respondidos por los magistrados de grado, sin que el quejoso se haga cargo de los fundamentos dados en la sentencia que por este remedio procesal se pretende cuestionar. Los argumentos utilizados por los impugnantes no constituyen más que una fragmentaria, parcial y subjetiva valoración de los elementos de prueba computados por el “a quo”, resultando los mismos insuficientes para demostrar la existencia de vicios graves y manifiestos que permitan descalificar el fallo como un pronunciamiento judicial válido, de modo tal que la sentencia atacada cumple con todos los recaudos legales, por lo que estimo que el material probatorio es suficiente para concluir en la responsabilidad penal de los encausados B., G. y P., no advirtiéndose apartamiento alguno a las reglas de la lógica y la experiencia.
V. Tampoco podré acoger favorablemente el también reeditado pedido de ambas defensas sobre la violación a las reglas de la teoría de la imputación objetiva y la supuesta “autopuesta en peligro de la víctima”. Los recurrentes sostuvieron que mediaba dicha razón, la que permitiría excluir la posibilidad de imputar a sus pupilos la muerte de Emilia Uzcamayta Curi.
Los defensores alegan que existió una ruptura del nexo causal que uniría la conducta de sus defendidos con el desenlace fatal de la muerte de Emilia, ya que ésta se autopuso en peligro al consumir alcohol de manera voluntaria arrojándose a la pileta pese a no saber nadar.
Las alegaciones defensistas, es decir, aquellas que refieren que la víctima eludió los controles para arrojarse en la piscina como así también la pretendida ausencia del deber de vigilancia por parte de todo el personal de seguridad o de los organizadores de la fiesta, apuntan a exculpar a los imputados a partir de la demostración de una violación de un deber de cuidado por parte de la víctima o terceros.
Preliminarmente, debo señalar que no existe prueba glosada al expediente que permita sostener la hipótesis de ambas defensas técnicas, por cuanto no se encuentra acreditado cómo se materializó el ingreso de Emilia al natatorio, es decir, si fue efectivamente voluntario y por sus propios medios, situación que desde mi punto de vista resulta irrelevante para la resolución del caso.
Así las cosas, dichos planteamientos resultan estériles desde que una hipotética violación al deber de cuidado por parte de la infortunada joven o de terceros no modificaría la solución en punto a la responsabilidad de los acusados en el suceso, fundado en su propia culpabilidad.
Ello es así, por cuanto, desde el plano objetivo, la tipicidad culposa requiere que exista una violación del deber de cuidado determinante del resultado y, desde lo subjetivo, la representación o la posibilidad de prever ese resultado. Dicho extremo es explicado con suficiencia por Zaffaroni, Alagia y Slokar, al señalar que "... la afirmación de la causalidad y de la violación del deber de cuidado, no se está aún en condiciones de afirmar la tipicidad culposa de la acción, porque restaría averiguar si el resultado está determinado por la violación normativa, o sea si media una conexión o nexo de determinación entre la antinormatividad y el resultado, también llamado en doctrina conexión de antijuridicidad, expresión esta última que denota claramente su sentido..”. “(Derecho penal, Parte General”).
Además de la relación causal en el tipo culposo debe en primer lugar existir una relación de determinación entre la imprudencia o negligencia y el resultado, de modo tal que la supresión mental hipotética de la infracción al deber de cuidado debe importar también la hipotética supresión del resultado.
En otros términos, el resultado debe derivar en forma directa de una elevación no permitida del riesgo, excluyéndose todos aquellos supuestos en los que una hipotética conducta alternativa conforme a derecho no hubiese bastado para evitar la lesión al bien jurídico.
Si bien no basta entonces con que se compruebe la relación de causalidad y una violación al deber de cuidado o una elevación no permitida del riesgo sino que resulta además indispensable acreditar que el resultado era al menos previsible y que se produjo como consecuencia directa y específica de la introducción de aquel riesgo prohibido; cuando tales extremos aparecen -como en el caso- debidamente acreditados, deviene para la tipicidad culposa irrelevante que la conducta imprudente o negligente de la víctima o de un tercero pueda también haber tenido injerencia en el suceso.
Llegan debidamente acreditadas la violación al deber de cuidado por parte del imputado y la relación de determinación entre el aumento indebido del riesgo y el resultado, apareciendo entonces intrascendente a los efectos de decidir la responsabilidad del mismo la eventual imprudencia de la joven o de terceras personas toda vez que ella no excluye los referidos extremos ni permite suponer que para el imputado la colisión pudo haber resultado imprevisible.
Y aun cuando, hipotéticamente excluida una eventual conducta imprudente de la damnificada pudiera suponerse que el resultado no se habría producido, o hubiera sido distinto, ello no obsta a que subsista el nexo de antijuricidad entre la imprudencia del imputado y el resultado producido, porque la supresión mental de este último aumento prohibido del riesgo importa también la de la colisión y su resultado.
Es que, en este supuesto de la imputación del comportamiento, una "autopuesta en peligro de la víctima" para que no sea imputable a un tercero que interviene cocausalmente en la creación o elevación de un riesgo, debe mediar un acto consciente y responsable de una persona que se expone a sí misma a un peligro.
En ese orden de ideas no sólo el comportamiento de la víctima resulta fundamento de la exclusión de imputación al tercero, sino también, es necesario que se aprecie que la participación de aquél no fue decisiva. Esta institución refiere a la relevancia que puede tener para la tipicidad de la conducta de un sujeto que en la realización de la misma haya intervenido de algún modo el sujeto que resulta lesionado posteriormente -la víctima- de ese comportamiento.
Esta intervención puede afectar a la calificación que merece la conducta del primer sujeto, eliminado su carácter típico, al entrar lo sucedido en el ámbito de responsabilidad de la víctima.
En definitiva, la “autopuesta en peligro de la víctima” podría definirse como aquella actividad desplegada por la víctima que genera un riesgo y que se funda en dos perspectivas la “autonomía” de las personas y la “responsabilidad” derivada de ésta.
“La imputación a la víctima supone la atribución del suceso arriesgado al ámbito de responsabilidad de ésta. Antes de examinar si procede esa atribución, sin embargo, es necesario determinar si la conducta del autor es irrelevante a los efectos de la tipicidad por otras razones de índole más general. Si la conducta del autor en relación con la cual aparece la conducta de la víctima está cubierta por un riesgo permitido o puede ser desvinculada del posterior desarrollo lesivo por no estar conectada objetivamente con éste (prohibición de regreso) no será necesario examinar si debe imputarse lo sucedido al ámbito de responsabilidad de la víctima, puesta que queda excluída la conducta del autor” (Conducta de la víctima e imputación objetiva en derecho Penal, 2001, Cancio Meliá).
En definitiva, lo que los señores defensores intentan con este agravio es poner en cabeza de la fallecida la responsabilidad del funesto hecho; por otras palabras, que el resultado final acaecido en autos no se produjo con motivo del comportamiento de sus asistidos, sino que tuvo como génesis el accionar descuidado del sujeto pasivo -la víctima-.
No es el caso de autos.
Conforme quedara acreditado el hecho en su faz dinámica, y lo que surge de los elementos ponderados en la causa, el nexo causal entre la conducta de los organizadores B., G. y P., y el deceso de la víctima se encuentra más que fundado.
Tal como lo menciona la señora Fiscal ante esta sede, tanto P., B.como G., se encontraban en una posición capaz de resguardar a los concurrentes a la fiesta del peligro que implicaba de por sí la existencia de una piscina en el evento.
Es más, todos los imputados conocían la casa quinta, las dimensiones de la pileta de natación, que se trataba de un evento multitudinario a realizarse un 1 de enero para festejar la llegada del año nuevo, que se iban a vender bebidas alcohólicas y que iba a durar hasta altas horas -incluía un after dance-, sólo vale recordar el lema o slogan del evento “el límite lo ponés vos”.
Ninguna medida de seguridad se adoptó en torno a ello y es aquí dónde se establece el nexo causal de antijuricidad entre la negligencia de los imputados y el resultado muerte.
La piscina no fue cercada, no se la vació e incluso no se dieron a conocer las zonas de su profundidad, ni que la misma se hallaba con agua embarrada. Tampoco contaba con salvavidas en su exterior ni mucho menos con servicio de guardavidas.
Sumado a ello, el personal de seguridad apostado en el lugar, destinado únicamente a controlar el ingreso en dicho “sector vip”, no evitó que parte de los concurrentes ingresara en la zona donde se encontraba emplazada la piscina, llegando incluso algunos de ellos a efectuar acrobacias antes de sumergirse en la misma o tirarse estilo “bomba”, agregándose a todo ello un factor de incremento del riesgo: la venta de bebidas alcohólicas en el interior del predio.
Recordemos el relato efectuado por el testigo Matías Beiras quien permitió determinar las condiciones en las que se desarrolló la fiesta manifestando en el debate que había concurrido con unos amigos al evento cerca de las 08:00hs. Que luego de “hacer cola” por varios minutos, pudo acceder al VIP el cual se hallaba ubicado en el sector donde se encontraba la piscina.
Indicó que en el lugar había “personal de seguridad para pasar a la pileta, no era guardavida ni nada de eso, era un patovica”, agregando en forma clara y contundente “no había servicio de guardavidas en el lugar”. De lo manifestado, entre otros muchos testimonios, se pudo establecer y corroborar que el lugar no contaba con medidas de seguridad adecuadas para la ocasión, no había médicos o ambulancias que permitieran colaborar profesionalmente evitando cualquier evento trágico como el sucedido.
Tal es así que Beiras señaló que cuando fue rescatada Emilia de la pileta, una de las chicas que estaba con él, Agustina De Cándido, fue la persona encargada de socorrerla en un primer momento, llevando adelante las maniobras de RCP y logrando que la joven expulsara agua y una espuma rosada.
Como se desprende de este relato, quien le hizo RCP a la víctima no fue ningún médico ni enfermero, fue una persona que se encontraba en la fiesta disfrutando y que como tenía conocimientos básicos para realizarle respiración cardio pulmonar, tuvo que asumir ese rol por falta de profesionales contratados por la organización.
De Cándido señaló que Emilia tenía los labios moradísimos y su pulso era muy débil, manifestando al igual que Matías Beiras que en el lugar “no había guardavidas ni médicos”.
Está más que claro que la conducta adoptada por los aquí enjuiciados lejos estuvo de acercarse a las reglas de la prudencia y que en ningún caso adoptaron medidas tendientes a, no sólo garantizar la seguridad de la gran concurrencia que se dio cita a la fiesta, sino por lo menos a disminuir los riesgos.
En ese sentido se expidió el Tribunal al señalar “si algo pudo ser demostrado durante el desarrollo del juicio es que los acusados lejos estuvieron de comportarse conforme su rol, siendo por demás negligentes y creando riesgos jurídicamente desaprobados que se concretaron en la muerte de la víctima. Ésta tenía derecho a que los organizadores del evento garantizaran el cumplimiento de medidas de seguridad asumidas contractualmente y exigidas por el Municipio. Nada de ello ocurrió”. Así entonces, se desprende claramente la infracción al deber de cuidado en que incurrieron los aquí imputados, pese a la nítida percepción del riesgo que surgía no sólo del contrato de seguro celebrado con la aseguradora Federación Patronal, sino también del anuncio a los participantes de que el evento contaría con el uso de una pileta -conforme la publicidad en la red social Facebook-.
Sin duda los encartados de autos, pese haber creado situaciones de riesgo por la cantidad de gente presente en el evento, no colocar salvavidas en la inmediación del natatorio, no contar con servicio de guardavidas ni con botiquín de primeros auxilios y menos aún con servicio de ambulancia -la víctima fue trasladada en automóvil particular al Hospital de Melchor Romero por el hermano de uno de los organizadores- no adoptaron medida alguna tendiente a evitar el resultado o bien disminuir la probabilidad de ocasionarlo, y ello derivó finalmente en el fatal desenlace, la muerte de Emilia. De esta manera, con todo lo actuado, quedó demostrada la inobservancia de la reglamentación vigente por parte de los acusados, no sólo de las medidas de seguridad exigidas por el Municipio (de ahí que los funcionarios intervinientes, tanto en días previos al evento anoticiaron que el mismo no podía llevarse a cabo, como la noche misma de la fiesta, donde intentaron clausular la finca, medida que finalmente no pudieron llevar a cabo), sino también de la ley provincial 14.798 que regula la formación y ejercicio del trabajo de la profesión de guardavidas, que determinar la política general en materia de dicho servicio de vigilancia en playas marítimas, fluviales, lagos, lagunas, naturales o artificiales, arroyos, canales, natatorios, piletas, muelles y/o espigones utilizados para prácticas deportivas y/o recreativas y/o en todo lugar en donde se practique o desarrolle actividades acuáticas, sean de carácter público o privado, con o sin fines de lucro, pertenecientes tanto a organismos estatales o municipales, como privados, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, entiendo que el accionar negligente de los imputados, que partió de una grave violación al deber objetivo de cuidado elevó el riesgo por encima de los límites legalmente permitidos, materializándose así en el resultado ocasionando: la muerte de Emilia Uscamayta Curi.
VI. Respecto a la aplicación del principio in dubio pro reo, el estado de duda debe darse en el proceso intelectivo del juez a la hora de juzgar y no en la interpretación efectuada por las partes. Y como se ha señalado supra, el a quo estimaron que la acreditación de los hechos y la participación y responsabilidad penal de los aquí procesados no ofrece duda alguna. A decir de la doctrina, “…el estado de inocencia del imputado sólo podrá ser quebrantado mediante una sentencia condenatoria. Para que ello sea posible, es menester que las pruebas obtenidas tengan, en cuanto a su eficacia, la aptitud suficiente como para hacer madurar en el estado intelectual del juez el pleno convencimiento de la existencia del hecho y de la participación del imputado en el mismo…” (“Tratado de Derecho Procesal Penal”, Eduardo Jauchen, T. II, pág.712/714, Ed. Rubinzal-Culzoni). ”El término “duda” significa primariamente “vacilación”, “irresolución”, “perplejidad”. Estas significaciones se encuentran ya en el vocablo latino dubitatis. En la dubitatio hay siempre, por lo menos, dos proposiciones o tesis entre las cuales la mente se siente fluctuante; va, en efecto, de una a otra sin detenerse. Por ese motivo la duda no significa falta de creencia, sino indecisión con respecto a las creencias” (Jairo Parra Quijano, “Más allá de la duda razonable” publicado en “La Prueba en el Proceso Judicial”, Asoc. Argentina de Derecho Procesal, Ed. Rubinzal-Culzoni).
Nada de esto ha ocurrido en el razonamiento del sentenciante. De lo enunciado surge claramente que los argumentos en los que los recurrentes fundan su reclamo encontraron en el fallo debido tratamiento, de lo que se deriva que los motivos esbozados están dirigidos a provocar un nuevo e improcedente examen de las piezas probatorias reunidas, toda vez que corresponde al Tribunal de mérito determinar el grado de convencimiento que aquéllas puedan producir.
Sólo se evidencia en ambas defensas una convicción diferente a la que arribara el Tribunal en el examen crítico de los medios probatorios que dan base a las sentencias, sin que, por otra parte, se logre demostrar el absurdo y la denunciada violación a las normas procesales que rigen la apreciación de la prueba.
Como corolario del análisis del fallo en crisis, tampoco observo la violación de ninguna otra garantía constitucional que pueda descalificar la validez de los mismos.
El “a quo” pudo delimitar el ámbito de lo prohibido, es decir, que para este juicio quedó comprobada la realización de una conducta riesgosa (es decir, más allá de los límites permitidos) que derivó en un riesgo jurídicamente desaprobado que, causalidad mediante, constituyó la realización del mismo (como nexo de determinación normativo) en la muerte de la víctima Uscamayta Curi.
Así las cosas, de los elementos de cargo oportunamente valorados, se evidencia que la conducta desarrollada por los inculpados abarcó desde un primer momento una inobservancia de la reglamentación vigente, que tiene en mira, precisamente, el garantizar la seguridad de los concurrentes, constituyendo ello una violación al deber objetivo de cuidado, que innegablemente elevó el riesgo de la actividad emprendida por encima de los límites permitidos, materializándose en el resultado imputado en calidad de coautores penalmente responsables a la totalidad de los encartados (En este mismo sentido, Rúa, Gonzalo Segundo, en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Baigún - Zaffaroni, Tomo 3, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, pp. 523 y siguientes; También en Terragni, Marco A., “El delito culposo”, Ed. Rubinzal - Culzoni, Santa Fe, ,1998).
Entiendo que la sentencia cuestionada cumple con todos los recaudos legales, toda vez que aparece como debidamente fundada, en la que se desprende un encadenamiento válido de los distintos elementos de prueba reseñados, siendo posible controlar los motivos que inspiraron dicho pronunciamiento judicial.
En esos términos, el “a quo” pudo llegar a la conclusión que las mentadas probanzas son suficientes para tener por acreditada dicha actividad, al tiempo que los recurrentes, al formular sus agravios, no logran conmover la decisión final a la que arribaran los Magistrados votantes. Los argumentos utilizados por los impugnantes no constituyen más que una fragmentaria, parcial y subjetiva valoración de los elementos de prueba computados por el sentenciante, resultando los mismos insuficientes para demostrar la existencia de vicios graves y manifiestos que permitan descalificar el fallo como un pronunciamiento judicial válido, de modo tal que la sentencia atacada cumple con todos los recaudos legales, por lo que estimo que el material probatorio es suficiente para concluir en la responsabilidad penal del encausado, no advirtiéndose apartamiento alguno a las reglas de la lógica y la experiencia (arts. 1, 106, 209, 210, 371 incs. 1 y 2, y 373 del Rito; 168 y 171 de la Constitución Provincial; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en función de lo normado por los arts. 1.1, 8 inc. 2 letra h) y 25 de la C.A.D.H.; y 14 inc. 5 del P.I.D.C.P).
VII. Desde ya adelanto que no acompañaré la pretensión del Particular Damnificado en lo que se refiere a la defectuosa elección del encuadramiento jurídico otorgado al hecho.
Es que, los magistrados intervinientes dieron a mi juicio un ajustado tratamiento a una cuestión de suma importancia, como es la de despejar adecuadamente si el accionar de los imputados en autos transitó el camino de la culpa o el dolo eventual -aquí solicitado-.
En este contexto el Tribunal de Juicio explicó que si bien tanto la Fiscalía como el Particular Damnificado pretendieron atribuirles a los aquí enjuiciados el homicidio de Emilia Uscamayta Curi a título de dolo eventual -artículo 79 del Código Penal-, no había elementos probatorios suficientes para sostener tal imputación, es decir, que no estuvo acreditado que los encartados se hayan representado ese resultado.
Tomando como base el hecho transcripto en el decisorio, habrá que determinar si el accionar desplegado por los encausados encuentra adecuación típica en el artículo 79 del Código Penal, conforme lo señalado por el Fiscal y el Particular Damnificado o en el 84 de dicho ordenamiento. A esta altura, no resulta ocioso memorar que “Dolo es la voluntad realizadora del tipo, guiada por el conocimiento de los elementos del tipo objetivo necesarios para su configuración. En el dolo, este conocimiento es siempre efectivo y recae sobre los elementos del tipo sistemático objetivo (incluyendo los elementos normativos de recorte) y también sobre los imputativos del tipo conglobante” (cfr. Zaffaroni, Eugenio R., Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro “Derecho Penal Parte General”, pág. 495, Ed. Ediar, Primera Edición).
Para estos autores habrá dolo eventual cuando, según el plan concreto del agente, la realización de un tipo es reconocida como posible, sin que esa conclusión sea tomada como referencia para la renuncia al proyecto de acción, dejando a salvo, claro está, que esa posibilidad se corresponda con los datos de la realidad. Se trata de una solución en la que se acepta seriamente la posibilidad de producción del resultado (cfr. pág. 500 y sus citas).
Entonces, para efectuar la mentada delimitación entre dolo eventual y culpa consciente, es menester evaluar si el autor del hecho asintió la realización del tipo penal prevista como posible o, si en cambio, confió en que la misma no iba a acontecer.
En el primer caso, el agente obra aceptando el posible resultado típico de su violación al deber de cuidado ("no no querer" en la doctrina alemana); en el segundo, encara su accionar confiando en la no producción de ese resultado, sea porque piensa evitarlo o por las circunstancias en que se desarrolla la acción.
El enclave del límite se encuentra en el aspecto volitivo de la acción. A su vez, la subjetividad del agente en el homicidio culposo se inserta en un marco distinto que en el doloso, por cuanto el tipo requiere que se trate de un resultado encuadrable dentro de los esquemas de la culpa en un sentido de previsibilidad, concepto éste que fija los límites subjetivos -mínimos- de la figura.
En el homicidio culposo está ausente en el ánimo del autor cualquier voluntad, directa o eventual de dañar a un tercero. La imputación del hecho no se funda aquí en la voluntad de dañar en alguna medida la persona ajena, sino en alguna de las formas de la culpa admitida por la ley (Cfr. Núñez, Ricardo C. "Tratado de Derecho Penal", Tomo III, Volumen I, Ed. Lerner, Córdoba, 1988).
De esta manera, de los distintos elementos de cargo oportunamente analizados, no es posible extraer la conclusión pretendida por el particular damnificado, al encontrarnos privados de prueba apta que permita sostener los extremos señalados.
Así las cosas, no se puede sostener que los acusados se hubiesen representado como posible el resultado luctuoso, y que ante tal posibilidad (de aquí el aspecto eventual del dolo) que hubiesen asentido la producción de la muerte o al menos actuado con indiferencia.
O sea, lo relevante es establecer, además de la previsión del resultado luctuoso, la toma de posición, actitud o acto interior del agente frente a lo que se ha representado, evidenciando un obrar desaprensivo o con desprecio, consintiendo así la eventualidad de la muerte.
Nada ello viene demostrado como consecuencia del plexo probatorio desarrollado durante el contradictorio.
Por ello, considero que subsunción legal de la conducta reprochada a los aquí imputados resulta correcta (artículo 84 del Código Penal).
VIII. Las Defensas de B.y G. embaten contra la severizante tenida en cuenta por el sentenciante “situación de peligro de los restantes asistentes al evento” a la hora de mensurar la pena de sus asistidos.
A mi juicio, al igual que el Tribunal, considero que la misma constituye una circunstancia agravante de la pena válidamente computable en los términos del art. 41 inc. 1 del C.P. por la extensión del peligro causado que implica.
El injusto se encuentra agravado en función de la concreta puesta en peligro de la vida y de la integridad física de muchas personas, tal como lo menciona el sentenciante al analizar el contexto del evento -concurrencia masiva de personas, pileta, expendio de bebidas alcohólicas y ausencia de guardavidas-.
Estas circunstancias y características en las que se desarrolló la fiesta hicieron que el peligro y el riesgo físico para los concurrentes resultara latente.
IX. El Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta Curi, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camillo y Andrés Noetzly, solicitan -como hecho nuevo- se fije en esta sede nueva pena respecto del imputado S. P. -causa 5507 del Tribunal Criminal N°3-, la cual debería unificarse con la pena fijada por el Tribunal Criminal N°2 -causa 4064-.
En ese sentido, señalan que el encartado fue condenado por el Tribunal Criminal N° 2 de este Departamento Judicial -causa N° 4064- con posterioridad a la finalización del juicio y dictado de la respectiva condena de P. en la presente causa N°5507, por lo cual no se pudo tener por computado los antecedentes condenatorios a los efectos de individualizar el monto de pena respectivo.
Asimismo, plantean la unificación de ambas condenas (artículo 58 del C.P.).
Ahora bien, entiendo que el nuevo motivo de agravio introducido por los señores Defensores del Particular Damnificado debe rechazarse por resultar extemporáneo.
En efecto, coincido plenamente con lo expresado por la Dra. Carmen Argibay en el conocido fallo "Casal" al delimitar los alcances de la garantía constitucional de doble instancia. Dijo allí que "... el carácter total de la revisión no implica per se que el examen que el tribunal del recurso realice respecto de la sentencia de condena deba ir más allá de las cuestiones planteadas por la Defensa. Ello así porque, al tratarse de un derecho que su titular ejerce en la medida que la sentencia le causa agravio, resulta incorrecto intentar derivar de la garantía en cuestión una exigencia normativa que obligue a controlar aquellos extremos del fallo que el recurrente no ha sometido a revisión del tribunal examinador".
Por lo demás, la doctrina citada que vengo sosteniendo de antaño (v. gr. causa nro. 8646 "Gianasi"), ha sido confirmada por la SCJBA en los precedentes P. 100.511, sent. del 24/II/2010 y P. 108.584, sent. del 17/II/2010.
En síntesis, aquello que no fue cuestionado en el recurso originario, llega firme ante esta Sede, no correspondiendo el tratamiento de aquellos puntos de la sentencia que la parte consintió, aunque sea tácitamente, pues el consentimiento implica conformidad (Cfr. Causa Nº 37.926 ex Sala I, entre otras).
Por todo lo expuesto, voto por la negativa.
A la misma segunda cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Voto por la negativa.
A la tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Natiello, dijo:
Visto el modo en que han quedado resueltas las cuestiones precedentes estimo corresponde: 1) declarar admisibles los recursos de Casación deducidos por los señores Defensores Particulares, doctores Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón en favor de C. B.e I. G. (recurso N° 128.535); los señores Defensores Particulares, doctores Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, en favor de S. N. P. (recurso N° 128.538); y por el Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camilo y Andrés Noetzly (recurso n° 128.541);
2. rechazar por improcedentes los recursos impetrados por ambas defensas y por el Particular Damnificado, sin costas por haber existido razón plausible para litigar (artículos 1, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 453, 530, 531 y 532 del C.P.P.; 40, 41 y 84 del Código Penal); 3) regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes, doctores J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; a los doctores Alejandro Roberto Montone T° XXXIX F° 14 C.A.L.P. y Juan Ángel Di Nardo T° XXXVII F° 96 C.A.L.P., en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; y a los doctores Adrián Rodríguez Antinao en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (45 jus) con más los aportes de ley; Ignacio Fernández Camillo veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (35 jus) con más los aportes de ley, y para Andrés Noetzly veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (7 jus) con más los aportes de ley, a todos por la labor desarrollada ante este Tribunal (artículos 1, 2 y 31 de la ley 14.967; 12 inciso a) del decreto ley 7741/71, en función de lo normado por el artículo 1° de la ley N° 8455, debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la ley N° 6716, modificado por el artículo 12 de la ley N° 10.268) y 4) tener presentes las reservas del Caso Federal oportunamente efectuadas (artículo 14 de la Ley 48).
Así lo voto.
A la misma tercera cuestión planteada el señor Juez, doctor Kohan, dijo:
Adhiero al voto del doctor Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, la Sala Cuarta del Tribunal resuelve:
I. Declarar admisibles los recursos de Casación deducidos por los señores Defensores Particulares, doctores Alfredo J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón en favor de C. B.e I. G. (recurso N° 128.535); los señores Defensores Particulares, doctores Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, en favor de S. N. P. (recurso N° 128.538); y por el Particular Damnificado, Edgar Emilio Jaime Uscamayta, con el patrocinio letrado de los doctores Adrián Rodríguez Antinao, Ignacio Fernández Camilo y Andrés Noetzly (recurso n° 128.541).
II. Rechazar por improcedentes los recursos impetrados por ambas defensas y por el Particular Damnificado, sin costas.
Artículos 1, 209, 210, 373, 448, 450, 451, 453, 530, 531 y 532 del C.P.P.; 40, 41 y 84 del Código Penal.
III. Regular honorarios profesionales a los letrados intervinientes, doctores J. M. Gascón, Miguel Ángel Molina y Alfredo M. Gascón, en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; a los doctores Alejandro Roberto Montone T° XXXIX F° 14 C.A.L.P. y Juan Ángel Di Nardo T° XXXVII F° 96 C.A.L.P., en la suma del veinticinco por ciento (25%), para cada uno de ellos, de lo regulado en la instancia (50 jus) con más los aportes de ley; y a los doctores Adrián Rodríguez Antinao en la suma del veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (45 jus) con más los aportes de ley; Ignacio Fernández Camillo veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (35 jus) con más los aportes de ley, y para Andrés Noetzly veinticinco por ciento (25%) de lo regulado en la instancia (7 jus) con más los aportes de ley, a todos por la labor desarrollada ante este Tribunal. Artículos 1, 2 y 31 de la ley 14.967; 12 inciso a) del decreto ley 7741/71, en función de lo normado por el artículo 1° de la ley N° 8455, debiendo procederse como lo determina el artículo 22 de la ley N° 6716, modificado por el artículo 12 de la ley N° 10.268.
IV. Tener presentes las reservas del Caso Federal oportunamente efectuadas.
Artículo 14 de la Ley 48.
Regístrese. Notifíquese y oportunamente radíquese electrónicamente en la instancia de origen.
MJBL
Fin de la sentencia