Abriendo la norma
TOMO CLXIII - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.-
REGISTRO N° 10.200 FOLIO N° 041/045 PROT. ELECT. JR101 347I.261
Río Gallegos, 21 de agosto de 2026.-
La presente causa caratulada "B.F.N. S/ Lesiones Graves“ - Expte. N° 92233/24 - Apelación/Causa JR N° 10300/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 133/139vta., obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez Subrogante del Juzgado de Instrucción Nº Uno, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado F.N.B.C., en orden al delito de “Lesiones Graves Culposas Agravadas por ser consecuencia de la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor” (Arts. 45, 90 y 94 bis, primer párrafo del Código Penal de la Nación). Que a fs. 142/144., la defensa técnica apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 149/vta., habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., a fs. 153/155. Que, en virtud de una discrepancia advertida por esta Alzada sobre las constancias del legajo, y en atención a los planteos expuestos por la parte recurrente, a fs. 151 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 152 y vta., se adunó su dictamen.
Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. La defensa sostuvo que la resolución recurrida adolece de un vicio de fundamentación y arbitrariedad formal, al considerar que el a quo omitió ponderar constancias objetivas de la causa y aplicó de manera automática el principio de no compensación de culpas en sede penal.
En tal sentido, afirmó que el Magistrado excluyó por completo el análisis de la doctrina de la imputación objetiva, el principio de confianza y la autopuesta en peligro de la víctima, elementos que, a su juicio, inciden en la determinación del nexo causal y en la atribución penal del resultado lesivo a su representado.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. Del agravio referido a la arbitraria exclusión del comportamiento de la víctima – elevación del riesgo por falta de habilitación formal y técnica para conducir:
La defensa se agravió al sostener que el Sr. Juez Subrogante valoró como irrelevante el hecho de que el presunto damnificado circulara sin licencia de conducir, al considerar que dicha circunstancia se agota en una infracción administrativa, inocua para el proceso penal, en virtud del principio de no compensación de culpas en este fuero.
En tal sentido, afirmó que dicho razonamiento importa un severo error en la aplicación de derecho penal moderno, con argumentación en la teoría de imputación objetiva. En esa línea, postuló que la circunstancia de conducir sin habilitación técnica y psicofísica, sumada al alegado desconocimiento de las reglas elementales para conducir un rodado en la vía pública, aumentó el riesgo por encima de los límites permitidos. Sostuvo, asimismo, que la falta de idoneidad técnica se vincula directamente con el carácter embistente de la motocicleta, que se habría interpuesto en la línea de marcha del automotor.
Finalmente, indicó que el Magistrado omitió analizar si la impericia atribuida al conductor no habilitado, pudo constituir la verdadera causa eficiente de la falta de dominio de su motocicleta al arribar a la intersección semaforizada.
Que, adelantamos, estos primeros planteos serán rechazados.
En primer término, corresponde señalar que la circunstancia de que el damnificado circulara sin licencia de conducir no permite, por sí sola, tener por acreditada su falta de idoneidad técnica para conducir, ni mucho menos afirmar que dicha circunstancia haya constituido la causa determinante del resultado investigado.
En efecto, la ausencia de habilitación administrativa para conducir no se identifica necesariamente con una concreta impericia en el manejo del rodado, por lo que no resulta posible derivar, a partir de aquella sola circunstancia, la existencia de un riesgo jurídicamente relevante que permita desplazar la imputación efectuada al encartado.
En tal sentido, si bien la conducta de la víctima puede -eventualmente- ser considerada en el marco del análisis de la imputación objetiva, ello exige demostrar que aquélla creó o incrementó de manera jurídicamente relevante, el riesgo que finalmente se concretó en el resultado.
Por lo cual, no basta con invocar una infracción administrativa o una eventual falta de habilitación formal, sino que resulta necesario establecer su efectiva incidencia en la producción del hecho, circunstancia que no ha logrado demostrar la defensa en esta instancia.
Por otra parte, en concordancia con lo expuesto por el Sr. Juez Subrogante, no puede soslayarse que en el ámbito del derecho penal no resulta admisible una compensación de culpas, precisamente por el carácter público que ostenta la pena (Zurueta Federico A.; Incidencia de la conducta de la víctima en la imputación objetiva de los delitos culposos; LLNOA2015 (agosto), 739; TR LALEY AR/DOC/2596/2015).
En este marco, consideramos, es inadmisible la concurrencia de culpas pues, cada interviniente debe responder en función de su propia conducta y de la relación que ésta guarde con el resultado producido. Así, los tribunales se han pronunciado diciendo: “… la culpa de la víctima no permite compensar la culpa del autor, cuando ésta ha sido la causa determinante del hecho. ” (TSJ, Neuquén; 07/08/2012; K.,C.A. s. Homicidio culposo; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Neuquén; RC J 10239/13).
De manera concordante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, tiene dicho que: “ En materia penal las culpas no se compensan, cada uno de los sujetos partícipes en el hecho debe responder en la medida de su responsabilidad en la violación del deber de cuidado .. .” (TSJ, Santa Cruz; 22/09/2006; G.,J.D. s. Lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas).
Este criterio, por lo demás, ha sido sostenido de manera constante e invariable por esta Alzada, en los autos caratulados: “H.F.N. s/ homicidio culposo” Expte. Nº 18949/20, Apelación Nº 8393/23; “F.C.D s/ muerte en accidente de tránsito (resultara víctima)” Expte. Nº 78427/19, Apelación Nº 9041/24; “Comisaría Primera s/ investiga muerte en accidente de tránsito” Expte. Nº C-16059/24, Apelación Nº 9119/24; “Q.A.M. s/ lesiones culposas graves” Expte. Nº Q-79785/24, Apelación Nº 9595/25, y “B.A.C. s/ lesiones graves en accidente de tránsito” Expte. Nº 89688/24, Apelación Nº 10070/26, por citar algunas.
Ahora bien, dicho esto, y con la probabilidad que exige esta instancia, se encuentra suficientemente acreditada la relación de determinación entre la conducta atribuida al encartado y el resultado lesivo investigado. Ello fue expresamente analizado por el Magistrado en el punto II) de los considerandos del auto de procesamiento (fs. 137/vta. a 138), donde consideró que las lesiones graves sufridas por el damnificado se habrían producido como consecuencia del accionar negligente desplegado por el encartado, al concurrir dos factores determinantes: el exceso de velocidad y la conducción bajo los efectos del alcohol. Al respecto, cabe considerar que, el hecho de que la motocicleta haya revestido el carácter de embistente mecánico en el evento, no resulta suficiente para excluir la responsabilidad penal atribuida al imputado, en tanto lo relevante -a los fines de la imputación- no es únicamente determinar cuál de los rodados produjo materialmente el impacto, sino establecer si la conducta desplegada por el encartado importó una infracción al deber objetivo de cuidado y si ésta tuvo relación de determinación con el resultado finalmente producido, extremo que se encuentra, prima facie, acreditado.
De este modo, no se advierte la alegada omisión de tratamiento por parte del Magistrado, quien ponderó las circunstancias relevantes para establecer la existencia de una violación al deber de cuidado y su relación de determinación con el resultado. Por el contrario, concluyó que la observancia de las reglas de tránsito que imponían al imputado adecuar su conducción a las condiciones concretas de circulación, habría permitido evitar el siniestro, conclusión que esta Alzada comparte por encontrar adecuado sustento en los elementos probatorios incorporados al sumario.
En este aspecto, recordemos que los tribunales nacionales han sostenido: “El procesamiento del imputado debe ser confirmado, ya que la prueba reunida permite sostener, que, al menos las lesiones sufridas por la víctima fueron producto de la violación al deber objetivo de cuidado que le incumbía al acusado en la conducción vehicular.” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala I; 14/07/2023; E., E. J. s/ procesamiento; DPyC 2023 (noviembre), 230; Cita: TR LALEY AR/JUR/106638/2023).
Por lo expuesto, y encontrándose debidamente fundamentada la decisión recurrida en cuanto tuvo por acreditada, con el grado de probabilidad requerido para esta etapa, la violación al deber de cuidado y su relación de determinación con el resultado lesivo, corresponde rechazar el presente agravio.
III. Del agravio referido al defecto de investigación por omisión del examen toxicológico a la víctima – afectación al derecho de defensa y ruptura de la simetría probatoria: Que la parte recurrente alegó una flagrante violación a las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en juicio, al sostener que el órgano instructor omitió practicar un examen toxicológico y de alcoholemia al presunto damnificado al momento de su ingreso hospitalario, privando a su defensa -según su criterio- de una prueba que calificó como dirimente y de carácter perecedero.
En este sentido, argumentó la existencia de una orfandad probatoria derivada de una supuesta desidia investigativa, en tanto las constancias de cargo respecto de su asistido habrían sido recolectadas de manera inmediata, mientras que no se habría procedido del mismo modo respecto del examen de las condiciones psicofísicas del presunto damnificado. Afirmó que dicha omisión habría quebrantado la necesaria simetría probatoria.
De esta manera, señaló que la propia perito concluyó que la causa del siniestro obedeció a la omisión del deber de acatar la señal semafórica en rojo por parte de alguno de los conductores. Por ello, sostuvo que el conocimiento de las condiciones de discernimiento, reflejos y capacidad de reacción del Sr. S.N. resultaba vital para desentrañar el nexo de determinación. Concluyó que la falta de peritación sobre el presunto damnificado impedía descartar que un eventual estado de alteración psicofísica hubiera provocado su ingreso intempestivo al cruce.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
En efecto, la ausencia de un examen de alcoholemia o toxicológico practicado al damnificado no permite sostener, por sí sola, una insuficiencia investigativa con entidad para descalificar el pronunciamiento, máxime teniendo en cuenta, que las constancias médicas incorporadas al sumario dan cuenta de la extrema gravedad del estado en que aquél ingresó al nosocomio local -traumatismo grave de cráneo, compromiso cerebral, asistencia respiratoria mecánica y riesgo vital-, circunstancia que imponía darle prioridad a su inmediata atención y asistencia médica.
En otras palabras, la gravedad y urgencia del cuadro que presentaba la víctima al momento del hecho, permitieron contextualizar razonablemente la ausencia de la diligencia atacada.
De igual manera, la parte recurrente no logra demostrar que incidencia concreta tendría el dato de dicha prueba en la mecánica del hecho y en la atribución de responsabilidad efectuada para modificar el cuadro probatorio valorado por el Magistrado, limitándose a formular una hipótesis eventual acerca de un supuesto estado de alteración psicofísica de la víctima.
Por ello, corresponde rechazar los planteos formulados por la defensa, toda vez que no se advierte vulneración alguna a las garantías del debido proceso ni al derecho de defensa en juicio, ni tampoco una afectación a la necesaria simetría probatoria. En efecto, el agravio aquí introducido no habrá de prosperar.
IV. Del agravio referido a la falta de lógica en la valoración pericial – omisión del informe accidentológico respecto del estado del casco y del nexo de determinación de las lesiones graves:
Por otra parte, la defensa se agravió al considerar que la resolución puesta en crisis evidencia una arbitrariedad material manifiesta.
En efecto, sostuvo que el Magistrado subsumió la conducta de su asistido en el tipo penal de “Lesiones Graves Culposas Agravadas”, tomando como base causal directa el severo traumatismo encéfalo-craneano (TEC) grave con edema cerebral sufrido por el damnificado. No obstante, señaló que omitió confrontar críticamente las constancias materiales derivadas de los secuestros preventivos con los diagnósticos médicos, en tanto el casco de seguridad secuestrado en autos se hallaba, según afirmó, totalmente intacto, sin vestigios de roturas, raspaduras profundas ni deformaciones estructurales.
De esta manera, afirmó que la única conclusión válida, lógica y científicamente admisible que se desprendería del plexo probatorio sería, a su criterio, que al momento del accidente el presunto damnificado no llevaba colocado el casco de seguridad o que lo llevaba antirreglamentariamente desprendido, lo que equivaldría a su falta de uso.
Ante ello, advirtió que el uso del casco constituye una obligación legal imperativa impuesta por la Ley Nº 24.449, destinada a evitar o morigerar un eventual trauma craneal ante una caída.
En este contexto, sostuvo que el resultado típico que fundamentó el procesamiento -esto es, las lesiones graves derivadas del daño neurológico- habría sido consecuencia directa e inmediata de la “autopuesta en peligro del propio damnificado”, quien habría decidido transitar desprotegido, circunstancia que, a su entender, habría provocado la ruptura del nexo causal respecto de la conducta atribuida a su asistido.
Que en tratamiento del presente agravio, debemos decir, tampoco podrá prosperar.
En efecto, según los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las resoluciones resultan arbitrarias, cuando se apartan palmariamente de la solución propuesta por la ley, o carecen absolutamente de fundamentación (Fallos: 293:344; 274:462; 308:914; 313:62; 315:575).
En el caso que nos ocupa, el auto que se intenta poner en crisis se apoya en la correcta e integral valoración de la prueba reunida, a la luz de la sana crítica racional, habiéndose acreditado -en este tramo del proceso- tanto la materialidad del hecho como la autoría atribuida al imputado B.F.N.-
Ahora bien, aun en el supuesto de que la víctima hubiese llevado el casco de seguridad en forma indebida, tal extremo no resulta suficiente para tener por quebrantado el nexo causal ni para excluir, sin más, la responsabilidad que pudiera corresponderle al causante.
Ello, en virtud de que –reiteramos-, en materia penal no resulta admisible la compensación de culpas, de modo que la eventual imprudencia de la víctima no neutraliza la infracción al deber de cuidado atribuida al causante, sin perjuicio de la incidencia que aquella pudiera -eventualmente- tener al momento de ponderar la responsabilidad en materia civil. No obstante, esta Alzada comparte el criterio según el cual: “En materia penal, la culpa de la víctima no compensa la imprudencia o la negligencia determinante del hecho que haya habido de parte del autor, toda vez que carece de relevancia para determinar la responsabilidad, pues en el ámbito penal no se admite la compensación de culpas….” (Romero Villanueva Horacio J.; Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria. Anotados con jurisprudencia - 9a edición ampliada y actualizada -2021- ; Abeledo Perrot; pág. 17) En este contexto, la mera invocación de una eventual conducta desaprensiva del damnificado no permite, en esta etapa procesal, afirmar la ruptura del nexo de determinación, máxime cuando la defensa no demostró que la incidencia del uso – o no uso- irregular del casco sobre la entidad de las lesiones, excluya la relación causal entre la conducta desplegada por su representado y el resultado acaecido.
En consecuencia, los cuestionamientos efectuados no logran evidenciar la arbitrariedad alegada ni desvirtuar los fundamentos que sustentaron el procesamiento, por lo que el presente agravio habrá de ser rechazado.
Finalmente, esta Alzada coincide en un todo con el juicio de valor al que arribó el a quo en el decisorio cuestionado, entendiendo que la resolución se encuentra ajustada a derecho, debiendo confirmarse íntegramente el auto de procesamiento.
V. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VI. Señalamiento al Juzgado interviniente:
En otro orden de ideas, y atento a las facultades de superintendencia atribuidas a este Juez de Recursos, se exhorta a la instrucción a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el art. 197 del C.P.P. de la Provincia de Santa Cruz, específicamente a las disposiciones procesales referentes al tiempo de la tramitación en la investigación y a las pautas contenidas para solicitar una extensión en el plazo de instrucción.
Es que, sin perjuicio de no ser una causal que opere en detrimento de la consistencia respecto de los fundamentos de la resolución recurrida, advertimos que no se han respetado los tiempos que establece nuestro código de procedimiento en materia penal, lo que impone efectuar el presente señalamiento.
Ello, a fin de evitar que en lo sucesivo, transcurran meses enteros sin registrar actividad procesal en los expedientes, con la consecuente restricción de acceso a la justicia. En efecto, se advierte que desde el 18 de diciembre de 2025 al 11 de junio de 2026 –fecha en la que se registro la resolución apelada-, el expediente permaneció sin impulso procesal, evidenciando una prolongada e injustificada dilación en la tramitación de la causa. En efecto, la falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta a la Sra. Jueza subrogante extreme los recaudos a fin de erradicar procederes de tal naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: En virtud de la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo al correo electrónico [email protected], a sus efectos.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de procesamiento de fs. 133/139vta., en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN.
3. HACER SABER al Juzgado que interviene, lo señalado en el punto VI) de los considerandos que anteceden. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected].
6. Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia