Abriendo la norma
TOMO CLXIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.300 FOLIO Nº 128/130 PROT. ELECT. JR101 448I.261
Río Gallegos, 02 de octubre de 2026.-
La presente causa caratulada: “B.F.A. S/ SU MUERTE", Expte. Nº 88.272/23 Apelación/Causa JR Nº 10394/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 24 y vta. del presente incidente, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, Dra. Y.J.B., quien en el punto 1) rechaza el sobreseimiento definitivo de P.E.B.T., en orden al delito de "Homicidio Culposo" (art. 84 del Código Penal).-
Que a fs. 26/30, la defensa particular apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 34/35 y vta. sostuvo el recurso ante esta Alzada habiendo renunciado al plazo del art. 437 del C.P.P..- Que a fs. 37, se ordenó correr en vista las actuaciones a la Sra. Fiscal ante la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial; cuyo dictamen luce a fs. 38 y vta..-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
I. Inicialmente, la defensa realizó un racconto de los hechos y plazos de la instrucción.-
Indicó que la resolución apelada mantiene a su asistido sometido a proceso penal pese al dictamen liberatorio del Ministerio Público Fiscal; constituye un interlocutorio que causa gravamen irreparable (art. 432 CPP); agregó que prolonga indefinidamente el sometimiento a proceso de una persona nunca indagada.-
Señaló que la resolución se aparta de la petición de sobreseimiento formulada por el Ministerio Público Fiscal en ejercicio de la acción pública (art. 319 inc. 4° CPP), sin identificar un solo elemento de prueba nuevo, ni una sola circunstancia no ponderada por el fiscal, que justifique el apartamiento.- Alegó que toda resolución jurisdiccional debe bastarse a si misma en la exposición de las razones de hecho y de derecho que la sostienen (art. 18 CN; art. 199 del CPP, que impone la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica racional); no individualiza qué diligencia probatoria pendiente y respecto de qué hecho controvertido, obsta a la desvinculación de B.T..-
Citó doctrina avalando su postura.-
Argumentó que la resolución apelada no examina el nexo de riesgo; no dice, ni surge de las constancias de la causa, que la intervención de B.T. en materia de seguridad, de haber existido el deber que se le atribuye hubiera evitado la caída de B.; sin ese nexo, no hay imputación objetiva posible, cualquiera sea el juicio que merezca la conducta de otros intervinientes en la obra.- Se agravió diciendo que la resolución no se hace cargo de ninguno de los elementos reunidos en la causa y valorados por el propio MPF para sustentar su dictamen.- Reiteró acerca de la demora en los plazos de instrucción.-
Quedan así las cuestiones a resolver.-
Que, ingresando al tratamiento de los planteos deducidos por el apelante, adelantamos, no obtendrán favorable acogida.-
En primer término, corresponde señalar que le asiste razón a la defensa en cuanto advierte demora en la instrucción y en el dictado de la resolución recurrida, en tanto la misma ha sido emitida una vez excedido el plazo previsto por el art. 197 del C.P.P..-
No obstante, advertimos, que dicha circunstancia si bien resulta reprochable, no resulta idónea para afectar la validez del acto jurisdiccional, en tanto dicho plazo reviste carácter meramente ordenatorio y no perentorio, por lo que su inobservancia no acarrea la nulidad de las actuaciones ni la pérdida de la facultad jurisdiccional.-
En efecto, se ha sostenido que “…los plazos procesales cuando se trata de cumplir actividad indispensable para el desarrollo del proceso -la desplegada por los sujetos públicosjamás pueden ser perentorios sino meramente ordenatorios: su inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber o de la facultad no cubiertos en tiempo útil, sino que sólo pueden dar origen a sanciones disciplinarias… pero jamás veda un desempeño que está legalmente fijado…. Por eso la circunstancia de que no se haya solicitado prórroga en la forma prevista por el art. 207 (C.P.P.N.) no acarrea la nulidad de las actuaciones… su inobservancia no afecta la `capacidad del juez´, pues no se relaciona con la aptitud para ejercitar la función; tal incumplimiento no acarrea la nulidad de las actuaciones posteriores…” (D´Albora, ob. cit., págs. 376/377 y 248) (Criterio seguido en Apelaciones Nros. 10061/26; 10077/26, entre otras).- De igual manera, aún siendo cierto y notorio el tiempo transcurrido en autos, la doctrina y jurisprudencia han señalado que, el plazo previsto en el art. 197 del C.P.P. es simplemente ordenador del proceso, y “su incumplimiento, por tanto, no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal ni de nulidad de las actuaciones. [CCC, Sala V, LL, 1994-C-529; CNPE; Sala B, LL, 1998-F-679; JA; 1998-III-474, DJ, 1999-1_321]” (Guillermo Rafael Navarro - Roberto Raúl Daray: Código Procesal Penal de la Nación – análisis doctrinal y jurisprudencial-; ed. Hammurabi José Luis Depalma Editor; pág. 203).-
En consecuencia, si bien el agravio vinculado al exceso temporal resulta atendible en cuanto a la verificación de la demora -causa iniciada en el mes de agosto de 2023-, lo cierto es que no configura un vicio invalidante del resolutorio recurrido.- Continuando con el análisis de lo planteado en el recurso interpuesto, es dable precisar, que el dictamen emitido por el Ministerio Público Fiscal en el marco del trámite previsto por el artículo 317 del Código Procesal Penal de Santa Cruz no reviste carácter vinculante para el Juez de Instrucción. En la estructura de nuestro digesto procesal, el/la Juez/a Instructor/a actúa como director/a de la investigación y titular de la jurisdicción en la etapa sumarial (Arts. 185 y 186 del CPP). La vista previa al Ministerio Público Fiscal y a la querella exigida por el artículo 317 del digesto ritual constituye una garantía destinada a resguardar la bilateralidad y la opinión de las partes acusadoras, pero no ata ni condiciona el criterio del/la magistrado/a cuando este/a estime/a que la desvinculación definitiva no resulta procedente.- Si bien la titularidad de la acción penal pública corresponde al Ministerio Público Fiscal, el dictado o rechazo del sobreseimiento constituye un "acto eminentemente jurisdiccional", cuyo control de legalidad y valoración probatoria es potestad exclusiva del/la juzgador/a.-
Recordemos que el sobreseimiento cierra de manera definitiva e irrevocable el proceso (Art. 318 del CPP), requiriendo para su dictado un grado de certeza fundada sobre la concurrencia de alguna de las causales taxativas contempladas en el artículo 319 del Código de rito. Dicho estado de certeza resulta de todo punto de vista incompatible con un escenario donde el/la magistrado/a atisba elementos de sospecha suficientes que justifican convocar al encausado a prestar declaración indagatoria (Art. 278 del CPP).-
Sobre el particular, se ha sostenido que: “El dictado de sobreseimiento resulta incompatible con la duda, máxime cuando ella proviene de una incompleta investigación” (C. Nac. Casación Penal, Sala 1ª, LL 2000-E-341; en idéntico sentido, esta Alzada en Causa Nº 10.188/26, entre otras); dictar una resolución liberatoria e irrevocable de forma previa a receptar la declaración indagatoria del imputado implicaría clausurar intempestivamente la investigación, privando al proceso de un acto central donde el propio encausado ejerce formalmente su derecho de defensa material y aporta su versión de los hechos.- Por su parte, la Magistrada, en oportunidad de expedirse al respecto, expresó que: "...si bien el art. 317 del C.P.P. establece como regla general que el sobreseimiento podrá ser dictado en cualquier estadio de la instrucción, no siendo la indagatoria presupuesto jurídico para la procedencia de aquél, sino que la existencia de una imputación concreta contra una persona individualizada determina la viabilidad del instituto, sin embargo no puede dejar de advertirse que los elementos reunidos a la fecha resultan insuficientes para cerrar en forma definitiva el proceso iniciado, en base a que existe un acontecimiento investigado que aún no cuenta con el grado de esclarecimiento necesario en virtud de la extrema gravedad que reviste, encontrándose en plena etapa de producción probatoria..." -fs. 24 y vta.-.-
De igual manera, la Sra. Fiscal de Cámara se expidió a fs. 38 y vta.: "...la certeza negativa requerida para el sobreseimiento no puede alcanzarse de forma prematura sin el agotamiento de la etapa instructoria, máxime considerando que se investiga si cabe alguna responsabilidad de los imputados en el fallecimiento del Sr. B.. En ese sentido, el sobreseimiento pretendido implicaría el cierre definitivo de la causa, lo que podría implicar una vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima..."; criterio que compartimos.-
En consecuencia, habiendo la A Quo evaluado que la investigación no se encontraba agotada y que correspondía oír al imputado mediante indagatoria, el rechazo del sobreseimiento —aun frente a la opinión del fiscal de grado— se encuentra plenamente legitimado en derecho, garantizando la búsqueda de la verdad real y el debido proceso.-
Por lo expuesto, el agravio analizado no habrá de prosperar.-
II. Reserva del Caso Federal y de acudir ante Organismos Internacionales: Que habiendo formulado el recurrente expresa reserva del caso federal y de acudir a Organismos Internacionales, para el caso que no se hiciera lugar a sus pretensiones, se tendrá presente para el momento oportuno.-
III. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
IV. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por ello, oída la Sra. Fiscal ante las Excmas.
Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 24 y vta. de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. TENER PRESENTE la reserva del caso federal formulada por el recurrente.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia