Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 93.188
Lo que resolvió el tribunal
I. No admitir la intervención en carácter de amicus curiae del Centro de Estudios Sociales y Legales y de Innocence Project Argentina.
II. Casar la sentencia recurrida y absolver a O. A. B. y a C. I. G. en orden al hecho que fuera calificado como homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.
III. Declarar prescripta –prima facie– la acción penal en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2 tercer párrafo, CP) respecto de O. A. B.; y al no contar esta Sede con los informes pertinentes para decretar la extinción de la acción de modo definitivo, remitir copia de la presente a la instancia de origen a fin de que, recabadas las planillas de antecedentes de los órganos correspondientes, se pronuncien definitivamente sobre el punto.
IV. Disponer la inmediata libertad de O. A. B. y C. I. G., quienes se encuentran detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, encomendando su instrumentación al Tribunal Criminal n°1 de La Matanza, a quien se le librará el ofiicio del caso.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;
8.2. inc. e y h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2, 3.e y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo del Código Penal; 1, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 459, 460 y 463 del Código Procesal Penal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 26589-17 c. 93.188
En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces designados para integrar la Sala V de este Tribunal de Casación Penal, Manuel Alberto Bouchoux y Mario Eduardo Kohan a los efectos de dictar sentencia en la causa N° 93.188 caratulada “B. O. A. y G. C. I. s/recurso de casación”, conforme al siguiente orden de votación:
BOUCHOUX - KOHAN.
I. Con fecha 3 de septiembre de 2018, el Tribunal Criminal n°1 del Departamento Judicial de La Matanza condenó a O. A. B. y C. I. G. a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego; y a O. A. B. por resultar, además, autor penalmente responsable del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso material (arts. 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, segundo párrafo y 189 bis inc. 2 tercer párrafo, CP).
II. El 11 de junio de 2020, esta Sala –con otra integración– resolvió, por mayoría, rechazar el recurso de casación impetrado por la defensa oficial de los acusados y confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Criminal n°1 de La Matanza.
III. Posteriormente, en fecha 3 de junio de 2024, se pronunció la Suprema Corte de Justicia en la causa P. 137.543-RC, "B., O. A. Y G., C. I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.188 del Tribunal De Casación Penal, Sala V". En aquella oportunidad, el máximo tribunal bonaerense estableció que al momento de resolver el recurso de casación interpuesto contra la sentencia definitiva, este Tribunal incurrió en un deficitario examen de los agravios introducidos por la defensa en aquella oportunidad. Consideró, en consecuencia, que la respuesta brindada por este Tribunal fue genérica y sin hacer pie en los concretos planteos de la parte vinculados con la declaración del testigo Maffuche y a la ausencia de otros elementos probatorios de entidad suficiente para acreditar la participación de sus asistidos en el hecho bajo juzgamiento.
Desde ese norte, citó lo expuesto por el juez Carral, quien en aquella oportunidad, en su voto en disidencia, argumentó que los planteos de la defensa contra el testimonio del testigo Maffuche eran de vital importancia al constituir aquella pieza procesal la principal fuente de prueba sobre la que se ha justificado la responsabilidad de O. A. B. y C. I. G.. En ese marco de análisis, señaló que la mera reproducción de los fundamentos brindados en la instancia anterior, sin abordar los embates llevados por la asistencia técnica de los acusados, no satisface el estándar de revisión amplia de la sentencia condenatoria, advirtiendo que el fallo recurrido prescindió de dar una respuesta adecuada conforme los agravios que habían sido llevados a esta sede y que resultaban conducentes para la decisión.
A mayor abundamiento, consideró que tampoco recibieron un adecuado tratamiento las versiones exculpatorias de la defensa, que la llevaron a reclamar la aplicación del beneficio de la duda en la decisión final; las cuales encontraron fundamento en una alegada defectuosa investigación policial que habría descartado la intervención de otras personas en el hecho, con fuerte apoyo en la pericia de levantamiento de rastros y el resultado negativo que su cotejo habría arrojado con las huellas dactilares de sus asistidos.
En base a los lineamientos desarrollados, el Superior hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la defensa, casó la sentencia de esta Sala y devolvió las actuaciones a este Tribunal para que –debidamente integrado– dicte un nuevo pronunciamiento a fin de resguardar el derecho al recurso de los imputados (art. 8.2 h, CADH).
IV. Devuelta la jurisdicción a este Tribunal y conferidos los traslados en los términos del artículo 458 del Código Procesal Penal, se pronunció la Fiscal Adjunta de Casación, Daniela Bersi, y se remitió al memorial presentado con fecha 13 de diciembre de 2019, propiciando el rechazo de la impugnación realizada por la defensa; a su vez se expidió, la Defensora Adjunta de Casación, Ana Julia Biasotti y solicitó se deje sin efecto la sentencia en crisis y se absuelva a C. I. G. y A. O. B. respecto del hecho I. Paralelamente, peticionó se decrete la extinción de la acción penal respecto del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (hecho II) y el correspondiente sobreseimiento de A. O. B..
V. En fecha 11 de marzo de 2025, se llevó a cabo la audiencia de contacto por Microsoft Teams con la presencia de O. A. B. y C. I. G., asistidos por el Dr. Bruno Falco, relator de la Defensoría de Casación, quienes expusieron sobre sus circunstancias personales y sus condiciones de detención.
VI. Cumplimentadas así las vistas correspondientes, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se acordó plantear y resolver las siguientes:
Primera: ¿Corresponde admitir la intervención en carácter de amicus curiae del Centro de Estudios Sociales y Legales y de Innocence Project Argentina ante este Tribunal?
Segunda: ¿Se encuentra extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil?
Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
Mediante resolución de fecha 26 de diciembre de 2024, esta Sala dispuso tener presente lo expresado por distintos organismos particulares que se presentaron ante este tribunal en carácter de “Amigos del Tribunal”. En el caso del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se presenta Paula Litvachky, apoderada y Directora Ejecutiva, y Diego Morales, Director del Área de Litigio y Defensa Legal, con el patrocinio letrado de Agustina Lloret, de Tomás Ignacio Griffa y la participación de Paulina Bur Campostrini, quienes, luego de una serie de argumentaciones, concluyeron que el cuadro probatorio sobre el que se buscó sustentar la condena del acusado C. I. G., se encuentra compuesto por prueba endeble, contradictoria e insuficiente.
En primer lugar, sostuvieron que la autoría y participación de G. en los hechos por los que resultó condenado se produjo, azarosamente, a partir de su detención sin orden judicial a la que le siguió una requisa personal (también sin orden judicial) por hechos que nada tienen que ver con el delito por el que se lo acusó y luego condenó. Postulan que luego de su extraña detención, prosiguió el testimonio del cuestionado testigo Maffuche, que fuera valorado en forma sesgada, recortada y parcial por parte del tribunal, en una clara búsqueda por confirmar datos endebles que no tuvieron ninguna corroboración objetiva en otros elementos de prueba. A mayor abundamiento, hicieron hincapié en el controvertible accionar policial derivado de una serie de irregularidades entre las que se encuentran líneas inexploradas y deficiencias en la investigación que llevaron al direccionamiento arbitrario de la investigación hacia C. I. G., sin importar su completa ajenidad a los hechos objeto de imputación. En función de lo expuesto, el organismo solicitó se realice una nueva revisión de la sentencia en crisis y se dicte la absolución de C. I. G..
Por su parte, “INNOCENCE PROJECT ARGENTINA", representado por su presidente Carlos Manuel Garrido, con el patrocinio letrado de la abogada Micaela Prandi, se presentó ante esta sede señalando, inicialmente, que la teoría del caso de la defensa partió de la denuncia de una causa armada por parte de personal policial. En razón de lo cual, los sentenciantes debieron tomar esta hipótesis como punto de partida a la luz del análisis crítico de las “tareas investigativas de la policía” que incluían la ausencia de testimonios que las corroboren, la participación de un informante de la policía sin identificación clara y las detenciones de G. y B. sin orden judicial y bajo circunstancias irregulares.
Postula que, en un carril contrario, el tribunal omitió tal análisis y le otorgó una preponderancia injustificada a la única prueba de cargo, ignorando una serie de circunstancias que tornaban inverosímil su testimonio y descartando sin explicación razonable los demás elementos probatorios que demostraban la falta de vinculación de G. y B. con los hechos bajo juzgamiento.
A modo de síntesis, concluyeron que la sentencia condenatoria no satisface las exigencias de valoración y fundamentación suficientes, con la consiguiente merma de los estándares del debido proceso y del in dubio pro reo; solicitando la revocación de la condena dictada respecto de O. A. B. y C. I. G..
Ahora bien, la petición no puede ser acogida de manera favorable. En primer lugar, se advierte que a lo largo de sus exposiciones ambos organismos no alcanzan a demostrar una opinión como las que prevé la ley 14.736, sino que sus planteos se caracterizan exclusivamente en ser una defensa directa de los imputados que no excede su interés individual en la decisión.
Lo que aquí sostengo encuentra además apoyo en la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia, en fecha 21 de abril de 2024, al desestimar la solicitud efectuada por Innocence Project, análoga a la presente, por estimar que la decisión puesta en consideración no trascendía el interés de las partes ni se encontraba involucrado algún supuesto de naturaleza colectiva o interés general que justifique la intervención solicitada. De todas maneras, en atención a lo decidido por el máximo tribunal bonaerense en la causa P. 131.094, no corresponde admitir la intervención en carácter de amicus curiae de los organismos mencionados ante esta sede en función de la ley 14.736 (publicada en B.O. de 15-IX- 2015), cuyo artículo primero establece que la intervención en tal carácter solo podrá efectuarse ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
Por lo que a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el juez KOHAN dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el juez BOUCHOUX expresó:
Corresponde analizar la petición de extinción de la acción penal introducida por la Defensora de Casación en su memorial con relación al hecho II calificado como portación ilegal de arma de fuego de uso civil (arts. 189 bis inc. 2, párrafo cuarto, CP), la cual debe proceder.
Ello así, por cuanto se advierte que ha transcurrido el plazo legal previsto por el artículo 67 inciso e del Código Penal en relación a la figura contemplada en el artículo 189 bis inciso 2, párrafo tercero del mismo cuerpo legal para considerar, prima facie, prescripta la acción penal seguida a O. A. B. por el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil, al configurar el último acto interruptivo que registra la presente causa el dictado de la sentencia condenatoria emanada por el Tribunal Criminal n°1 de La Matanza en fecha 3 de septiembre de 2018.
En virtud de lo cual debe declararse –prima facie– prescripta la acción penal en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2, tercer párrafo, CP) respecto de O. A. B., dejando supeditada su declaración definitiva al tribunal de instancia una vez recabados los informes que le permitan expedirse sobre el punto de modo definitivo.
Por lo que a la segunda cuestión VOTO POR LA AFRIMATIVA A la segunda cuestión planteada, el juez KOHAN dijo:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, en igual sentido y por los mismos fundamentos, y también me pronuncio por la AFIRMATIVA. A la tercera cuestión planteada, el JUEZ BOUCHOUX dijo:
I. Decididas las cuestiones previas, corresponde abordar los agravios introducidos por la defensa técnica en el recurso de casación a la luz de los estándares erigidos por la Suprema Corte de Justicia en la presente causa (causa P. 137.543-RC, "B., O. A. Y G., C. I. s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 93.188 del Tribunal De Casación Penal, Sala V").
Del libelo recursivo se advierte que la defensa controvierte, en primer orden y como agravio principal, el razonamiento seguido por el tribunal de la instancia anterior para dar por acreditada la materialidad ilícita propuesta por el Ministerio Público Fiscal y la consiguiente participación de sus defendidos en el hecho I.
Sobre esta primera cuestión, es necesario señalar que el tribunal tuvo por acreditado que: “…alrededor de la hora 0:30 del día 19 de junio de 2017 a la altura catastral 5.200 de la Avenida Crovara de la localidad de Isidro Casanova de este Ptdo. de La Matanza, A. O. B. y C. I. G., interceptaron la camioneta marca Toyota modelo Hilux dominio MXY-587, que se encontraba detenida, con sus balizas encendidas y su conductor Oscar Simón Valiente Cuevas a bordo y mediante intimidación con una pistola calibre 9 mm. no habida, trataron de reducirlo. Ante ésto el nombrado Valiente Cuevas reinició la marcha ante lo cual le efectuaron por lo menos un disparo con el arma señalada. Uno de los cuales ingresó en la región paraesternal izquierda, a la altura del cuarto espacio intecostal, con orificio de salida en el hemitórax derecho, lineal axiliar posterior, a la altura del noveno espacio intercostal. Lo que le provocó lesión de cuarta costilla izquierda, lesión de mediastino, lesión de pleura derecha, lesión de lóbulo inferior derecho y lesión parrilla costal derecha. Provocando a la víctima hemotórax derecho y hemo- mediastino, que le produjo un shock hipovolémico, producto de la pérdida brusca y masiva de sangre descompensación hemodinámica e insuficiencia respiratoria, que le causaron la muerte. Siendo la trayectoria del proyectil letal de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha. De inmediato los citados B. y G. fueron hasta donde chocó la aludida camioneta, y tras romper el vidrio del lado del conductor se apoderaron de la billetera del damnificado que contenía dinero en efectivo, un celular, un GPS, lentes de sol, una biblia evangélica. Tras lo cual se dieron a la fuga hacia el pasillo del costado del Monoblock 19”.
Para arribar a tal conclusión, ponderó en primer lugar la prueba integrada al debate (autopsia de fs. 332/340; informe de defunción del Registro Provincial de las Personas de fs. 35 y copia de fs. 28) que daba cuenta del fallecimiento de Oscar Simón Valiente Cuevas y de las causales de muerte; y el acta de levantamiento de rastros de fojas 114/117 que documenta la incautación de un proyectil compatible con el calibre 9 mm dentro de la camioneta, una vaina servida calibre 9 mm en la cinta asfáltica y dos cartuchos completos del mismo calibre sobre la vereda.
De otro lado, valoró los testimonios prestados en ocasión de celebrarse la audiencia de debate, de los cuales extrajo la información en razón de la cual concluyó, posteriormente, que los hechos se produjeron de conformidad a la hipótesis fiscal y que los acusados participaron en aquel en grado de coautores.
Así, en la primera cuestión del veredicto, el tribunal valoró la declaración brindada por Christofer Emanuel Maffuche, transcribiendo varios extractos de su declaración. Sobre la secuencia histórica de los eventos sometidos a juzgamiento, expuso que el testigo estaba sentado frente del barrio 17 de Marzo, ocasión en la cual escuchó el acelerador de una camioneta y un golpe que choca; momento exacto en el que observó a O. A. B. salir corriendo desde el lado de la camioneta hacia la villa armado y a C. I. G. correr para el "Barrio 500". Como dato de interés, expuso el tribunal que de acuerdo a los dichos del testigo, el arma que portaba B. esa noche era un revólver 38 y el Pelado G. “una similar a la que usa la policía”. Por otro lado, expuso el a-quo que el testigo refirió en un tramo de su declaración que la familia de B. lo amenazó para que cambie su testimonio, que lo llevaron a declarar en más de una oportunidad y que constantemente le enviaban mensajes refiriéndole que “le iban a mandar a los pibes de Puerta de Hierro y los iban a matar a todos”, en virtud de lo cual, el testigo manifestó, no querer olvidarse de lo que observó aquella noche por miedo a que le suceda algo.
Como elementos periféricos del caso, los magistrados ponderaron las declaraciones de los efectivos policiales Leandro Sebastián Tillería y Edgardo Germán Reno, quienes oportunamente le tomaron declaración a Maffuche y quienes dieron cuenta de lo nervioso y asustado que estaba el testigo ya que “había tenido problemas con la familia de uno de los acusados”, quienes “sabían de su presencia y lo iban a matar”.
Finalmente, como elemento de corroboración, el tribunal valoró el testimonio de Esteban Flores Rodríguez que, a su criterio, coincidía en lo sustancial con el testimonio de Maffuche. Así, el testigo Flores Rodríguez relató durante el debate que aquella noche salió de inmediato de su vivienda, tras el corte de luz provocado por la colisión de la camioneta contra el pilar de electricidad situado al lado de su vivienda. Al egresar de su vivienda, observó a una persona cerca del vehículo, quien manifestaba que era el tío de la persona de la camioneta; luego, vio como esta persona rompió el vidrio del lado del conductor -aclarando el testigo que entendió que le estaba robando al ocupante de la camioneta- y, acto seguido, huyó corriendo junto a otro individuo en dirección al kiosco ubicado frente a su casa.
Entiende el tribunal que el contenido de esta última declaración: “...coincide puntualmente con lo dicho sobre el particular por Maffuche, con la salvedad de que este último, debido a su posición más cercana, pudo observar hacia dónde se dirigió cada uno posteriormente”.
Ello establecido, el tribunal concluyó que además del dato de prueba extraído del testimonio de Maffuche, del plexo probatorio emergen otros dos indicadores de culpabilidad: el secuestro en poder de A. O. B. de un revólver calibre 32 largo al día siguiente al hecho -calibre inmediatamente inferior al 38- en referencia a aquella que hipotéticamente portaba la noche de los hechos, y en relación a C. I. G., el intento de fuga de la Comisaría de San Alberto.
Concatenando estos tres indicios, y en base a lo reseñado anteriormente, el tribunal consideró que durante el debate ha quedado acreditada la existencia de los hechos en su exteriorización material y la participación de los procesados en los términos propuestos por la acusación. De otro lado, la defensa concurrió al juicio oral y mantuvo una hipótesis alternativa a la de la acusación, en virtud de la cual brindó una posible explicación a la imputación dirigida contra sus asistidos, denunciando una investigación irregular por parte del personal policial de la Comisaría de San Alberto –exclusivamente direccionada hacia B. y G.– en la cual se omitieron otras líneas de investigación surgidas en los albores de la investigación.
En lo que aquí interesa, aquella hipótesis explicaba la extraña aparición del testigo Maffuche en la comisaría días después del hecho, cuyo testimonio fue sustancialmente cuestionado por la defensa a partir de diferentes aspectos (posible interés y condiciones de percepción, entre otras) que se materializaron en las diversas inconsistencias y contradicciones en las que incurrió el testigo durante su declaración, y en la falta de corroboración objetiva de su relato en otros elementos de prueba.
II. Como punto de partida, es importante señalar que la finalidad prioritaria de la actividad probatoria en el proceso penal es la averiguación de la verdad y ello supone que los enunciados fácticos que describen los hechos que se declaran probados sean verdaderos (es decir, se correspondan con la realidad) y, a la vez, que no se declaren como probados enunciados que son falsos.
La labor de revisión, implica llevar a cabo un control acerca de la corrección de las inferencias realizadas en una sentencia, precisamente en el sentido de si las premisas (explícitas o implícitas) brindan suficiente apoyo inductivo a las conclusiones.
En vista de ello, es posible detectar un primer déficit argumentativo del veredicto sometido a revisión en relación a las proposiciones fácticas utilizadas para arribar a la sentencia de condena. Es que, de una simple lectura se observa que el tribunal utiliza tres premisas - como indicios o indicadores de culpabilidad- en virtud de las cuales concluye, aunque sin exhibir el razonamiento probatorio ni el proceso inferencial correspondiente, que los hechos se produjeron de la manera propuesta por el acusador y que sus coautores resultan ser O. A. B. y C. I.
G..
Las premisas utilizadas resultan ser las siguientes: los acusados salieron corriendo portando armas del lugar donde quedó detenida la camioneta de la víctima luego de su impacto; al día siguiente al hecho, O. A. B. portaba un arma de fuego similar a la que el día anterior llevaba consigo mientras que C. I. G. llevaba una similar a la que utiliza la policía (calibre 9 mm); finalmente, que el coimputado C. I. G. intentó fugarse de la Comisaría de San Alberto luego de ser aprehendido por personal policial.
Inicialmente, advierto que las últimas dos proposiciones fácticas utilizadas en el proceso inferencial de manera implícita -pues reitero que no fue exhibido el proceso lógico para arribar a la conclusión final-, no pueden tenerse por válidas. En efecto, el testigo Maffuche dijo durante su declaración que solo observó a B. armado, sin brindar las características del arma que, en teoría, portaba (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:08:48; testigo: yo salgo a ver y veo, lo veo a A. que sale corriendo para el lado de la villa con un fierro en la mano; fiscal: ¿qué es un fierro?; testigo: un arma).
En realidad, lo expuesto por el testigo en relación a que B.
portaba un arma de calibre 38, sin perjuicio de no coincidir con aquella secuestrada en su poder (calibre 32) ni aquella utilizada en el hecho fue en otra oportunidad, en ocasión en que el fiscal lo interroga para que diga qué armas portaban los acusados las veces que el testigo, refirió, los vio armados en diferentes oportunidades (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto: 00:11:57; fiscal: si puede precisar qué tipo de armas portaban estas personas cuando usted los veía armados; testigo: A. una vez andaba con un 38; fiscal: ¿A. tenía un 38?; testigo: sí y el pelado andaba con un arma, no sé qué arma es esa; fiscal: ¿cómo es, la que usa la policía, la que usa (...)?; testigo: la que usa la policía).
Es conclusión, la premisa utilizada por el a-quo que, en sus palabras, configura un indicador de culpabilidad relativa a que B. portaba, al día siguiente al hecho, un arma similar a aquella que, de acuerdo al testigo Maffuche, tenía la noche de los hechos, es incorrecta.
Similar abordaje debe asignarsele al indicio de culpabilidad extraído del intento de fuga por parte de C. I. G. luego de su aprehensión. Es que, la generalización utilizada implícitamente por el a-quo, pues –reitero– en ningún momento ha exhibido su razonamiento probatorio ni el proceso lógico para arribar a la conclusión final (dato de prueba, inferencia o cadena de inferencias y hecho probado), configura una generalización endeble y con bajo grado de probabilidad; la cual pierde la poca fuerza convictiva que de por sí detenta al ser analizada dentro del contexto en que se produjo la aprehensión del imputado.
En efecto, resulta un hecho no controvertido que la noche del 22 de junio de 2017 C. I. G. no fue detenido por el homicidio de O. S. V. N., sino hipotéticamente por el delito de tenencia de estupefacientes para consumo personal (fs. 191/192, 195/196, 199/200) a raíz de una aprehensión, tal como desarrollaré más adelante, sin orden judicial, sin motivación suficiente y sin mediar razones de urgencia. En esas condiciones, la aprehensión y posterior intento de fuga de G. de ningún modo puede traducirse en un indicio de culpabilidad respecto del hecho acontecido el 19 de junio de 2017. En definitiva, la inferencia utilizada por el a-quo de manera implícita para completar el proceso inferencial (quién intenta fugarse es culpable del hecho por el cual se encuentra detenido), además de configurar una generalización endeble y con bajo grado de probabilidad, no se condice con el caso particular, en la medida en que G. no se encontraba en aquel momento aprehendido por el homicidio de O. S. V. C.
.
A partir de lo expuesto, la única premisa que puede tenerse como válida dentro de aquellas utilizadas por el a-quo en la sentencia para arribar a la sentencia de condena resulta ser aquella relativa a que los acusados fueron vistos –en el caso de B. portando un arma de fuego– cerca del lugar donde quedó detenida la camioneta de la víctima y salieron corriendo de las cercanías del escenario delictual luego de su colisión. Efectuada esa salvedad, corresponde ahora analizar la fuente de prueba de la cual se extrajo esa proposición fáctica fundamental en virtud de la cual se arribó a la sentencia de condena.
Pues, ello se vincula indefectiblemente con el primer agravio introducido por la defensa con relación a la fracción del veredicto que le atribuye responsabilidad a sus defendidos utilizando como prueba esencial de cargo la declaración del testigo Christofer Emanuel Maffuche, esgrimiendo diversos argumentos en virtud de los cuales el tribunal ha omitido ponderar que se trata de un testimonio mendaz y endeble que no guarda relación con los restantes elementos de prueba producidos e integrados al debate oral.
III. Previo a controlar el razonamiento que hizo el tribunal de la instancia sobre el testimonio en cuestión, corresponde efectuar algunas aclaraciones.
III.1. En primer orden, y tal como expuse en otra oportunidad, no sobra recordar que la cuestión relativa a que la prueba de signo acusatorio se construya a partir de un único elemento de calidad, no se traduce en un obstáculo absoluto para arribar a un temperamento de condena, en tanto, la valoración concreta de la prueba sirva para alcanzar el grado de convicción necesario.
Sin embargo, esto no significa que la libertad de valoración, lejos de la prueba sujeta a tasa, esté libre de reglas que la rigen, en tanto la sana crítica exige un razonamiento que ofrezca una explicación plausible, coherente, ausente de contradicciones y en línea con los postulados de la ciencia, la psicología y la experiencia general (c. 135.259 "Frias", sent. del 23-III-2025).
En lo que se refiere a la coherencia y credibilidad de la declaración testimonial, hay que valorar que ésta no resulte fantasiosa, que no presente ambigüedades o vaguedades y que sea coherente -condición que en ocasiones se denomina corroboración interna-, esto es, que no presente contradicciones entre sus distintas partes (Vázquez, Carmen y Fernández López, Mercedes, "La valoración de la prueba testifical" en Ferrer Beltrán, Jordi [Coordinador]; Manual de Razonamiento Probatorio, 1ra Edición, México, 2022, pág. 336).
Relativo a este punto, resulta oportuno recordar que nuestra jurisprudencia, mantiene un criterio que se apoya en tres elementos fundamentales para la apreciación de la credibilidad del testigo:
1. La ausencia de incredibilidad subjetiva.
2. La verosimilitud.
3. La persistencia en la incriminación.
Culminado este primer filtro, será necesario respaldar el contenido de la declaración, esto es, los datos de prueba extraídos del testimonio, en otras pruebas. En consecuencia, la información proporcionada debe ser tamizada desde los controles internos y especialmente se debe confrontar con el potencial explicativo del resto de las pruebas, para entonces entender cuál es su específica capacidad de rendimiento (TCPBA, causa “Schwartz, Analía Veronica s/ Recursos de Casación interpuesto por Particulares Damnificados y Fiscal”, sent. 27-II-2018).
III.2. Tal como sostiene el impugnante, Christoffer Emanuel Maffuche, es el único testigo que coloca a los acusados en las inmediaciones del escenario de los hechos en el momento posterior a su acaecimiento y como tal configura la fuente principal sobre la que se ha justificado la autoría penalmente responsable del ilícito cometido el 19 de junio de 2017.
Entonces, asiste razón a la defensa en torno a que las críticas efectuadas contra el testimonio de Maffuche debieron ser especialmente abordadas por a-quo, pues tal como lo sostiene el tribunal en la sentencia “es su testimonio en el que se funda la culpabilidad” de los acusados en el hecho.
Pese a la dimensión de las críticas esgrimidas por el defensor público contra el testimonio de Maffuche al momento de presentar su alegato final, el tribunal ha soslayado tales cuestionamientos y se ha limitado a realizar una apreciación general de todas las declaraciones testimoniales que tuvieron lugar durante el debate, concluyendo que aquellas: “...no tienen fisura alguna, que permitan cuestionarlas. Máxime cuando se armonizan entre sí, y que todos los testigos respondieron con fulminante inmediatez a sus interrogatorios, declararon de manera fluida, prístina, ricas en detalles, coincidentes en lo gestual, actitudinal y conductual. Por lo cual son creíbles, merecen fe y generan certeza”.
De la transcripción efectuada se advierte que el tribunal se limitó a afirmar que los testimonios producidos durante el debate resultaron creíbles y generaron certeza, sin fundar tal apreciación y, por consiguiente, sin exhibir el razonamiento probatorio por el cual arriba a esa conclusión. En este punto, interesa destacar como apreciación inicial, la sugestividad que reinó durante todo el examen directo ejecutado por el Agente Fiscal; aspecto denunciado por la defensa y advertido por este Tribunal en ocasión de analizar el registro audiovisual relativo al debate oral. Bajo este prisma de análisis, es importante señalar que la ley 14.543 que estableció el juicio por jurados en nuestra provincia reguló con precisión y con impronta adversarial la producción de la prueba durante el litigio y también –en lo que ahora importa– incorporó una detallada regulación del distinto modo en que se debe examinar y contraexaminar a los testigos, distinguiendo con absoluta claridad la distinta lógica que rige la producción de la prueba propia y el control de la que propone la contraparte. En lo que aquí interesa, la ley dispone –para el procedimiento con jurados– que, en el caso del examen directo, la parte que propuso la prueba no podrá efectuar preguntas sugestivas ni indicativas, estableciendo –en cambio– que en el contraexamen posterior sí se podrán realizar preguntas sugestivas.
El fundamento de tal distinción radica en que la prueba es de la parte y se la trae al juicio porque sirve a su teoría del caso. En ese marco, el testigo será por regla amigable para el litigante que lo propuso y asequible a afirmar aquello que este tipo de formulación le indica (Baytelman, A. y Duce, M., Litigación penal. Juicio Oral y Prueba, Santiago, Universidad Diego Portales, 2004).
En consecuencia, la razón de ser de la prohibición de realizar preguntas sugestivas durante los exámenes directos, salvo determinadas excepciones que no se presentan en el caso (preguntas preliminares, subjetividad irrelevante, sugestión para negación y el supuesto de testigo hostil), se vincula con limitar el ingreso de información poco confiable y de baja calidad que, en definitiva, es introducida por el litigante y no por el testigo como fuente principal de información.
No obstante, la regulación del juicio técnico tiene la impronta propia de los sistemas mixtos tributarios de la primera ola de reformas procesales penales emprendida en nuestro país luego del retorno a la democracia, y por ello conserva todavía, en el marco de una reforma –la de 1998– marcadamente acusatoria, algunos resabios inquisitivos, entre los que se destaca la regulación de la prueba testimonial que se aleja de una concepción contradictoria y adversarial del proceso penal.
En efecto, recién en el año 2013 la ley 14.543, a la par que estableció el juicio por jurados y reguló con claridad el examen y contraexamen para este procedimiento, modificó la norma general del artículo 101 del ritual eliminando la disposición del texto original que establecía la prohibición genérica de realizar preguntas sugestivas, limitación que -como se explicó- tiene lógica solamente en relación a los testigos propios.
Nuestro máximo tribunal tiene dicho que en la interpretación de las leyes debe comenzarse por la ley misma, adoptarse como pauta hermenéutica a la sistemática y confrontar el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse entonces de tal manera que las disposiciones armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (conf. causas "Álvarez", sent. de 28-IX-2016 y B. 67.395, "Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A.", sent. de 20-IX-2017). Desde esta perspectiva interpretativa, el novedoso modelo regulatorio establecido para el juicio por jurados, debe operar como base dogmática que sirva para darle contenido a la ley vigente (art. 360, CPP), pues ante la ausencia –actual– de una regulación concreta en el juicio técnico que establezca las reglas de las preguntas y repreguntas (examen y contraexamen), corresponde interpretar las directrices del artículo 342 inciso 4 –en este específico punto– como criterio rector a la hora de analizar el modo de interrogar y contrainterrogar a los testigos en el procedimiento común.
Se impone seguir ese camino por ser el más compatible con la garantía constitucional de la defensa en juicio y más específicamente con el derecho a la confrontación (arts. 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.2.f. de la Convención Americana de Derechos Humanos, 18 y 75 inc. 22 Constitución Nacional), en la medida que la distinción, al permitir las preguntas sugestivas solamente en el contraexamen, habilita una oportunidad real y potencialmente eficaz de controlar la prueba de cargo, aspecto central del principio de contradictoriedad.
Efectuada estas salvedades, y solo a fines ilustrativos, transcribiré algunos pasajes del interrogatorio donde el acusador, mediante sus preguntas sugestivas, incorpora información que hasta ese momento el testigo no había mencionado o, en algunos casos, había mencionado en distinto orden:
- (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto: 01:09:00) Fiscal: antes de ver el choque y verlo a A. corriendo con un fierro, ¿escuchó disparos?; testigo: eh…sí; fiscal: ¿cuántos escuchó?; testigo: no, creo que uno o dos; fiscal: uno o dos, osea, escuchó uno dos disparos después, según su relato, la acelerada; testigo: sí; fiscal: después, que la camioneta choca escucha; testigo: claro; fiscal: ¿hay algunos negocios ahí por la zona?; testigo: hay un kiosquito; fiscal: ¿y hay algún otro, un lavadero o estacionamiento?; testigo: ¿un estacionamiento?, no, al frente creo que hay una gomería o una carnicería, no me acuerdo bien, hace mucho que pasó esto.
- (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto: 01:11:12) Fiscal: y a los otros días, ¿qué se comentaba los otros días en la villa?; testigo: que el pelado y el A. habían matado a un pizzero; fiscal: que el pelado y el A. habían matado a un pizzero.
- (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto: 01:22:08) Fiscal: ¿y usted dónde estaba con relación a la camioneta?; testigo: eh, yo estaba…; fiscal: la camioneta que estaba ¿mirando para San Justo o mirando para el otro lado?; testigo: mirando, osea yendo para…para aquel lado, para el lado de Crovara; fiscal: para el lado de Crovara y Cristianía, muy bien, ¿y usted dónde estaba con relación a la camioneta?; testigo: y yo estaba en la otra esquina; fiscal: en la otra esquina, a una cuadra, ¿y estas dos personas que usted vio correr que las identificó por qué vereda corrían, o corrían por la calle, por donde corrían?; testigo: por la avenida 17 de marzo, uno corrió por la avenida 17 de marzo.
- (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:23:05) Fiscal: señor, usted que habitualmente va a la villa ¿sabe a qué se dedican estas personas?; testigo: ¿quién?; fiscal: los dos que usted nombró; testigo: a rastrear ahí adentro; fiscal: ¿qué es rastrear? si le puede ilustrar al tribunal; testigo: robar a las personas que entran a comprar; fiscal: osea, estos dos sujetos roban a las personas que entrar a comprar, ¿con qué modalidad?; testigo: mmm; fiscal: puede ser con violencia, con armas; testigo: con violencia; fiscal: con intimidación; testigo: si, les pegan o cuando tienen un fierro los agarran a cañazos.
- (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:24:34) Fiscal: ¿esta circunstancia se acuerda precisamente?; testigo: sí por el miedo que tengo que me hagan algo no me quiero ni olvidar; fiscal: no se quiere olvidar por el miedo que le hagan algo, en virtud de las amenazas que recibió; testigo: sí. - (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:25:02) Fiscal: ¿Se acuerda de lo que me dijo el otro día en la fiscalía a mi?; testigo: ¿qué?; fiscal: cuando lo estaban notificando, mi secretaria; testigo: ¿qué?; fiscal: quién lo había llevado a la fiscalía; testigo: ¿quién me había llevado a la fiscalía?; fiscal: claro, yo le dije que me llamó la atención a mí, cómo estas personas lo traen...; testigo: la familia de A..
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:07:02) Fiscal: ¿y en la fiscalía?; testigo: ¿qué?; fiscal: se acuerda cómo empezó, ¿qué empezó diciendo usted en la fiscalía?; testigo: eh ¿cuándo?; fiscal: ¿quién lo atendió a usted en la fiscalía?, la última vez hace poquito; testigo: ay, no me acuerdo; fiscal: lo atendió una chica morocha, que estaba yo ¿que empezó diciéndole usted?; testigo: que yo no había visto nada; fiscal: ¿y por qué empezó…?; testigo: porque tenía miedo; fiscal: muy bien, ¿y cuándo se decidió a…mire a los jueces que evalúan su relato…; testigo: cuando lo vi entrar, cuando usted me dijo eso que iba a ir preso por…; fiscal: no, ¿qué le dije? si mentía; testigo: sí; fiscal: bueno explíquele a los jueces que le dije yo; testigo: él me dijo que yo podía ir preso si yo mentía; fiscal: ¿y ahí que pasó? yo le dije las penas de falso testimonio…; testigo: claro y yo agarré y le dije, como le dije a usted, no ¿por qué? si ellos me están amenazando, pasa que tengo miedo, yo no quiero que me lastimen.
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:08:42) Fiscal: ¿le puede contar al tribunal lo que me contó a mi, del celular, lo de los mensajes?; testigo: A. me mandaba mensajes amenazándome, diciendo que me iban a matar, que iban a mandar a los pibes, a Claudio.
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:10:14) Fiscal:
usted dijo que estaba en Crovara e Islas Malvinas; testigo; sí; fiscal: ¿cuánta distancia hay ahí?; testigo: una cuadra; fiscal: ¿una cuadra sobre qué vereda? o mide ¿o usted cómo mide las cuadras?; testigo: esquina por esquina; fiscal: de esquina a esquina muy bien; testigo: sí está a una cuadra; fiscal: ¿desde dónde estaba usted hasta donde estaba la camioneta se veía bien?; testigo: sí, se veía todo; fiscal: ¿estaba iluminado?; testigo: sí; fiscal: ¿y por la entrada que ingresaron al barrio estas personas se veía bien también?; testigo: si.
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:11:57) Fiscal: si puede precisar qué tipo de armas portaban estas personas adónde usted los veía armados; testigo: A. una vez andaba con un 38…el pelado andaba con un arma, no sé qué arma es esa; fiscal: ¿cómo es, la que usa la policía, la que usa (...)? testigo: la que usa la policía; fiscal: ¿usted al pelado lo conoce de alguna actividad deportiva?; testigo ¿eh?; fiscal: si hizo deporte alguna vez con el pelado en algún momento?; testigo: no, pero una vez correo que yo lo crucé en una cancha que él jugaba contra un equipo que son amigos míos.
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:17:27) Fiscal: ¿y estas personas para dónde corrieron? porque usted dice que venían de la camioneta; testigo: sí, bueno, A. pasa por el kiosco pasa derecho; pregunta defensor: ¿los dos venían de la camioneta? porque antes dijo de G. otra cosa; fiscal: claro tiene razón el defensor, usted dijo que a uno lo vio armado; testigo: sí, a A. que salió de la camioneta corriendo.
- (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:20:45) Testigo: A.
pasó por adelante del kiosco siguió derecho y el otro entró por el pasillo; fiscal: pero entonces venía del lado de la camioneta por lo que usted está diciendo; testigo: y si; fiscal: los dos venían del lado de la camioneta; testigo: y si, fiscal: entonces que quede constancia; testigo: yo no dije que no; fiscal: no, recién dijo que lo vio nada más a…; testigo: no, yo lo vi entrar corriendo; fiscal: pero entonces usted a los dos los ve venir de la camioneta; testigo: sí; fiscal: muy bien.
Efectuada la reseña que antecede y más allá de que la defensa no efectuó objeción y posterior protesta respecto de todas y cada una de las preguntas sugestivas cuya consecuente respuesta ingresó al debate oral, es pertinente indicar, sin embargo, que la serie de preguntas sugestivas efectuadas por el Agente Fiscal en ocasión de ejecutar su interrogatorio, habilitó el ingreso de información de baja calidad que, para más, luego fue utilizada por el tribunal de manera primordial para fundar la sentencia de condena aquí cuestionada, con afectación de las reglas de valoración de la prueba de nuestra ley ritual (art. 210, CPP).
Independientemente de la salvedad expuesta, advierto que -de todas maneras- el testimonio sobre el cual se apoya la acusación dirigida a los acusados contiene diversas inconsistencias que han debilitado la coherencia y credibilidad del relato. En este contexto, recordemos que la primera crítica esbozada por el defensor público se dirige a desacreditar el testimonio de Maffuche por las condiciones de percepción en las que, hipotéticamente, el testigo observó a los acusados salir corriendo del lugar de los hechos e ingresar al barrio de emergencia.
En efecto, resulta un hecho no controvertido que al momento de visualizar aquello que depuso durante el debate, el testigo se encontraba bajo los efectos de los estupefacientes. De acuerdo a lo expuesto por Maffuche, se encontraba frente al barrio “17 de Marzo” consumiendo pasta base, circunstancia que –reconoció el propio testigo– afecta su percepción y memoria. Lo que aquí sostengo, emerge del examen directo ejecutado por el fiscal, quien específicamente le preguntó al testigo si el consumo de pasta base le impide recordar con precisión las cosas, a lo que el testigo respondió que sí, que le “bloquea la mente”; aunque también manifestó que recuerda “más o menos” este suceso por “el miedo que le genera olvidar” (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:24:07).
Otro de los aspectos introducidos por la defensa que se vincula con las condiciones de percepción del testigo tiene que ver con la ubicación geográfica desde donde hipotéticamente observó la secuencia delictiva, pues de acuerdo a sus dichos, se encontraba aproximadamente a una cuadra del lugar donde colisionó la camioneta de la víctima. Si a ello le sumamos otras circunstancias señaladas por éste y profundizadas durante el testimonio de Esteban Flores Rodríguez, lo cierto es que al momento de visualizar a los acusados, no solo se encontraba bajo los efectos de la pasta base y a una cuadra de distancia, sino que era de noche y la zona estaba mal iluminada.
De acuerdo a lo esgrimido por la defensa, la sumatoria de las circunstancias desarrolladas tuvieron un impacto negativo en las condiciones de percepción del testigo, lo cual se ilustra en las inconsistencias y contradicciones en las que incurre durante todo su relato. Pues, además de las cuestionables condiciones de percepción apuntaladas, el testigo incurrió en diversas contradicciones que, desde ya adelanto, no fueron meritadas por el a-quo.
La primera inconsistencia que surge del relato del testigo, en palabras del defensor, se vincula con el lugar desde el cual observó la secuencia delictiva. Al comienzo de su declaración, Maffuche dijo no recordar las calles en las que se encontraba, lo que motivó al defensor público a hacer uso de las declaraciones previas para evidenciar una omisión (declaración de fojas 223/224); ocasión en la cual el testigo dijo que se encontraba en la intersección entre la Avenida Crovara y la calle Islas Malvinas, circunstancia que, luego del procedimiento de reconocimiento de la declaración previa, confirmó se encontraba en esa ubicación. Sin embargo, al serle exhibidas fotografías del lugar del hecho para que confirme su ubicación, el testigo no pudo afirmar que ese haya sido el lugar desde donde captó la secuencia descripta (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:15:40).
Lo mismo acontece respecto del lugar en el cual se encontraba detenida la camioneta de la víctima, a la que el testigo sitúa "al frente del lavadero que posee un portón amarillo"; cuando ello de ningún modo puede ser así, pues de acuerdo al croquis de fojas 12/13, el lavadero con portón amarillo se encuentra situado a una distancia de cien metros del lugar donde quedó situada la camioneta. Por lo demás, cuando le exhiben las fotografías solicitadas previamente por el fiscal (fs. 14/15), respecto al lugar donde quedó detenida la camioneta, el testigo refiere que no se acuerda que haya sido en ese lugar (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 1:21:29). En otro tramo de la declaración, en ocasión en que el fiscal vuelve a insistir en la ubicación desde la cual observó a los acusados correr, el testigo le responde: “vio la foto que usted me mostró, donde estaba el portón amarillo, ese es el lavadero que está al lado de la distribuidora, ahora me acordé”, haciendo referencia a la fotografía previamente exhibida y anexada a fojas 14/19. Evidenciada una nueva contradicción, el fiscal le pregunta nuevamente la distancia existente entre la intersección entre las calles Islas Malvinas y Avenida Crovara –donde hipotéticamente se encontraba– y el lavadero con portón amarillo, a lo que el testigo responde: una cuadra (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:10:10).
A fin de despejar la duda, el fiscal lo invita a realizar un plano con el propósito de que marque su ubicación exacta así como la distancia existente entre aquella y el lugar donde colisionó la camioneta, ocasión en la cual el testigo finalmente reconoce que no está "bien seguro" que sea una cuadra (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:14:45).
En un carril opuesto a lo sostenido por el tribunal, lo cierto es que el testigo no incurrió en una mera equivocación al brindar el nombre de las calles, sino que directamente admitió no estar seguro del lugar desde donde percibió la secuencia delictiva así como tampoco pudo precisar la distancia que había entre él y la camioneta de la víctima; dato de suma relevancia que debió ser analizado para evaluar si definitivamente pudo percibir lo que declaró.
En similar sentido, cuando el testigo narra la secuencia relativa al hecho expone que inicialmente siente el acelerador de una camioneta, luego un golpe que choca (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:07:53); sin embargo a continuación y producto de las preguntas indicativas del fiscal, varía el orden de los sucesos (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto 01:09:00; fiscal: antes de eso, antes de ver el choque y verlo a A. corriendo con un fierro, ¿escuchó disparos?; testigo: sí; fiscal: ¿cuántos escuchó?; testigo: no, creo que uno o dos; fiscal: osea, escuchó uno dos disparos después, según su relato, la acelerada; testigo: si; fiscal: después, que la camioneta choca escucha; testigo: claro).
Lo expuesto cobra relevancia al cotejar su relato brindado en juicio con las declaraciones previas de Maffuche que obran en la investigación penal preparatoria, las cuales corresponde analizar en la medida en que, además de haber sido utilizadas como herramientas de litigación durante el juicio, y si bien el artículo 366 del ritual dispone que las piezas de la investigación penal preparatoria "no podrán ser utilizadas para fundar la condena del imputado", nada impide su valoración, si ello contribuye a debilitar la prueba de cargo en contra de los imputados (TCP, Sala I, causa 55.741 caratulada "I., R. D. s/recurso de casación", rta. 13.06.13).
Al momento de prestar declaración en la comisaría, el testigo expuso que primero escuchó un estruendo fuerte "una especie de frenada" (fs. 223/224), luego se asoma para ver qué sucedía y recién allí escucha tres detonaciones; a diferencia de lo esgrimido en ocasión de prestar declaración en la fiscalía (fs. 254/255), donde aclara que primero escuchó los disparos y luego la frenada así como que el motivo de confusión se debió "al mambo de las drogas".
Las inconsistencias del relato del testigo responden, a criterio del impugnante, a las problemáticas condiciones de percepción bajo las cuales observó la secuencia (efectos del consumo de pasta base, oscuridad, poca iluminación y la distancia) que ni siquiera le permitieron apuntalar el lugar desde el cual percibió la secuencia delictiva o, eventualmente, pueden vincularse con otro aspecto que forma parte de la teoría del caso de la defensa que será desarrollado en el acápite siguiente. Sea cual sea el origen o la explicación de las inconsistencias evidenciadas, el tribunal prescindió de todo análisis al respecto, cuando ello resultaba un aspecto trascendental, pues recordemos que Christoffer Emanuel Maffuche es el único testigo que coloca a los acusados en las inmediaciones del escenario de los hechos en el momento posterior a su acaecimiento y, tal como reconoce el tribunal, constituye la fuente principal sobre la que se ha justificado la participación de B. y G. en el hecho, en la medida que la prueba de cargo descansa en lo que Maffuche observó aquella noche.
Además de las cuestiones relativas al lugar y a la secuencia temporal del suceso delictivo, el testigo incurre en otras contradicciones y omisiones. Por ejemplo, al narrar la conversación que tuvo con su amigo "Braian", a quien le comentó que la noche de los hechos había observado correr a O. A. B. sin mencionar nada con respecto al coimputado G., a quien sí incluyó en la "corrida" en ocasión de prestar declaración en la comisaría y en la audiencia de debate (Archivo 01 - Juicio B. - G..wmv, minuto, 01:12:15).
Otra de las circunstancias que repercuten en la credibilidad del testimonio de Maffuche y que no fue abordada por el a-quo se vincula con la confusa versión sobre el modo en el que conoció a C. I. G.. El testigo dijo que jugó un partido de fútbol con unos amigos, destacando el defensor que eso no puede ser cierto ya que su defendido posee una prótesis en la pierna que le impide realizar deportes de contacto. En el caso de O. A. B., en el inicio de su testimonio, refirió que lo conoce del barrio porque “lo habrá verdugeado un par de veces”. Lo expuesto cobra relevancia si lo conectamos con otro tramo de la declaración del testigo donde, a preguntas del acusador, Maffuche destacó que él resultó damnificado en uno de los hechos de robo cometidos hipotéticamente por los acusados (Archivo 02Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00:19:40).
Entonces, el propio testigo reconoce que existía una enemistad previa con los acusados, principalmente con B., que debió ser tenida en cuenta al momento de apreciar la credibilidad de su testimonio a causa de las relaciones problemáticas que el testigo mantenía con los acusados. Ahora, con el propósito de intentar sustentar la credibilidad del testigo, luego de esta innegable serie de evidentes inconsistencias, contradicciones y omisiones, el tribunal transcribe diferentes pasajes de la declaración donde Maffuche hace referencia a las amenazas que hipotéticamente sufrió por parte de O. A. B. y su familia, circunstancia que, tal como pregona la defensa, tampoco ha podido comprobarse.
Es que, el testigo refiere que el acusado estando detenido le enviaba mensajes amenazándolo para que cambie su declaración, sin embargo, al ser preguntado por estos mensajes de semejante entidad, Maffuche manifestó que no los tenía ya que el día anterior “a su abuela se le cayó el teléfono”. Ello sumado a que, tal como esgrime la defensa, en la época en la que hipotéticamente recibía los mensajes amenazantes, se encontraba prohibida la utilización de aparatos de telefonía celular en las unidades penitenciarias y no constan actuaciones disciplinarias o sanciones contra B. por tales motivos.
Sobre las restantes amenazas esgrimidas por parte de la madre y el hermano de B., más allá de no verificarse dicha circunstancia en otros elementos de prueba, se observa que pese al tenor de los hechos referidos, ni siquiera se ha radicado denuncia al respecto.
Más allá de lo expuesto, le asiste razón al recurrente cuando señala que, de todas maneras, la voluntad del declarante relativa a "no querer olvidar" a causa de las amenazas, no resulta un argumento razonable para sostener el valor convictivo de su testimonio ni -por consiguiente- para soslayar las problemáticas condiciones de percepción bajo las cuales, hipotéticamente, percibió la secuencia delictiva. Circunstancias a las que se añade un relato impreciso, contradictorio, inconsistente que, para más, no encontró corroboración en ningún otro elemento de prueba disponible Las razones expuestas me llevan, también en este punto, a censurar la valoración probatoria realizada por el juzgador (art. 210, CPP).
III.3. A las severas falencias argumentativas en torno a la valoración del mentado testimonio sobre el cual se erigió la sentencia de condena, cabe agregar que el tribunal tampoco se hizo cargo de los embates de la defensa dirigidos a demostrar que la declaración de Maffuche no encontraba apoyatura en el restante plexo probatorio producido e integrado al debate oral.
Como antes indique, la credibilidad del testigo no puede dirimirse porque así le parezca al tribunal, sino porque lo manifestado por aquel es concordante con datos adquiridos en fuentes probatorias diversas. La mera seguridad del juez no es suficiente donde el resultado objetivo de la prueba no permite una conclusión racional sobre la autoría de los acusados. Las impresiones brindadas por la inmediación a los jueces son inocuas si no se motI. (c. 123.391 "Pachelo", sent. del 18-II-2025).
Ahora bien, en un carril diametralmente opuesto, con base en expresiones dogmáticas y sin contenido, los magistrados esgrimieron que el testimonio de Maffuche: “...concuerda en lo esencial con el de Esteban Flores Rodríguez, dueño de la casa donde colisionó la camioneta Toyota Hilux que observó el preciso momento en el cual dos personas rompen el vidrio de la camioneta, cuando ya estaba detenida e incrustada sobre el poste de luz y luego se fueron corriendo 'para el costado del monoblock 19'...”.
Yerra el tribunal, en la medida en que el testimonio bajo examen no incluía la circunstancia de que los acusados corrieran juntos y se fueran juntos. Por el contrario, Maffuche especificó que mientras a B. lo vio salir corriendo desde el lugar donde colisionó la camioneta, a G. no lo vio salir corriendo de allí, ni cerca de ella; situación que luego el fiscal intentó enmendar, nuevamente, con diversas preguntas sugestivas y argumentativas que llevaron al testigo a referir que ambos venían “del lado de la camioneta”; aunque asiste razón al defensor en cuanto marca que inicialmente y en varios pasajes de su declaración, el testigo dijo que solo B. venía del lado de la camioneta.
Más allá de lo expuesto, Maffuche fue claro al referir que los acusados se fueron hacia lugares diferentes: mientras B. -quien corría más adelante- ingresó al barrio Puerta de Hierro; G. se dirigió hacia un pasillo finito al lado de un kiosco "para la 500". Ello, a diferencia del testigo Esteban Flores Rodríguez que especificó que los sujetos a los que observó cometiendo el ilícito ingresaron juntos por el costado del "Monoblock 19". Sobre este punto, el tribunal nuevamente intentó enmendar la inconsistencia y señaló que el relato de Flores Rodriguez: "...coincide puntualmente con lo dicho sobre el particular con Maffuche, con la salvedad que este último por su visión más cercana vio hacia donde luego se dirigió cada uno" .
Sin embargo, asiste razón a la defensa en que la conclusión del tribunal sobre este punto se aparta de las constancias de la causa. Es que, Maffuche dijo que primero B. pasó por el kiosco y corrió hacia la villa, mientras que a G. lo observó después ingresando por el pasillo al lado del kiosco (Archivo 02Genomi.wmv, minuto 00:17:17). Por su parte, de acuerdo al contenido del acta de debate, Flores Rodriguez explicó que tomando como referencia el lugar donde colisionó la camioneta, enfrente estaba el Monoblock 19 y que los dos sujetos se metieron en la calle que queda al costado de ese Monoblock.
Establecido lo anterior, señala la defensa que cualquiera sea la ubicación de todas las refrendadas por Maffuche durante su testimonio, lo cierto es que siempre se mantuvo a la izquierda del lugar donde colisionó la camioneta, tomando como referencia el mismo punto de vista que el testigo Flores Rodriguez en cuanto refirió que "la 500" quedaba a una cuadra y media, enfrente y hacia la derecha (Archivo 02Genomi.wmv, minuto 01:16:45). Por consiguiente, es incorrecto el razonamiento del tribunal que intenta explicar la inconsistencia entre ambos testimonios, a partir del fraccionamiento del relato de Flores Rodriguez, con sustento en que Maffuche tuvo una visión más cercana que le permitió observar hacia dónde se dirigieron G. y B..
Otro aspecto que impide relacionar el contenido de ambos testimonios resulta ser la secuencia temporal de los hechos, pues mientras Maffuche refiere que escucha el acelerador de una camioneta, luego un golpe que choca e inmediatamente observa a B. salir corriendo para el lado de la villa con un arma y a G. correr para otro lado, el testigo Flores Rodriguez manifiesta que al escuchar una colisión, se corta la luz y egresa de su casa. Sin embargo, no observa inmediatamente a dos personas salir corriendo, lo cual coincidiría temporalmente con la secuencia relatada por Maffuche, sino que al salir a la vereda, Flores Rodriguez observa la siguiente secuencia delictiva: a dos personas al lado de la camioneta revisando a la víctima –como sostiene el fiscal en su alegato–, mientras una de ellas –que se hacía pasar por el tío de la víctima– rompe el vidrio del lado del conductor y, luego de toda esta secuencia, observa que estas personas salen corriendo, reitero, juntas e ingresan al costado del "Monoblock 19". Del cotejo entre las dos declaraciones se extraen diversas conclusiones: en primer orden, que el único testigo presencial de los hechos fue Esteban Flores Rodríguez y no Cristofer Emanuel Maffuche que, en el mejor de los casos, solo divisó la secuencia inmediatamente posterior al evento delictivo. Sus relatos no coinciden en términos temporales ni secuenciales, pues ambos afirmaron ver hacia donde salieron corriendo los dos sujetos y fueron divergentes al respecto, pues Flores Rodríguez fue contundente al afirmar que ambos ingresaron juntos al costado del "Monoblock 19", mientras que Maffuche observó a B. ingresar al barrio Puerta de Hierro y a G. entrar a un pasillo que está al lado de un kiosco que va "a la 500".
Ello establecido, resulta menester atender a un dato trascendental introducido por el impugnante al momento de finalizar su alegato y traído a esta instancia de revisión: el único testigo presencial de los hechos, Esteban Flores Rodríguez, quien depuso durante el debate que observó a los dos sujetos mientras, como él dijo, revisaban a la víctima mientras uno de ellos estallaba el vidrio de la camioneta, en ningún momento reconoció –ni en el debate oral ni durante la investigación– a O. A. B. y a C. I. G. como los autores del hecho.
Tal como sostiene la defensa, a diferencia del testigo Maffuche, Esteban Flores Rodríguez estuvo varios segundos al lado de la camioneta observando a estos sujetos, no se encontraba bajo el efecto de ningún estupefaciente y, sin embargo, no pudo reconocer a B. y a G. como aquellos que esa noche encontró cometiendo el ilícito contra Oscar Simón Valiente Nievas. Pese a su trascendencia, nada de ello fue abordado en el fallo recurrido que, a esta altura, es posible concluir prescindió de dar una respuesta adecuada a todos y cada uno de los planteos introducidos por el defensor público que resultaban, sin lugar a dudas, conducentes para la decisión final del caso.
Ello, en la medida en que al descartar el testimonio de Flores Rodriguez como elemento de corroboración, toda la prueba de cargo se reducía al testimonio de Maffuche, frente a la ausencia de otra evidencia que permita extraer datos de prueba que vinculen a los imputados con el hecho sometido a juzgamiento.
En definitiva, en el escenario de prueba invocada por el tribunal de mérito, y luego del desarrollo del acervo probatorio efectuado hasta aquí, es posible concluir que el proceso inferencial que compone la cadena de justificación efectuado por el a-quo está incompleto, con afectación de lo reglado por el rito para valorar la prueba (art. 210, CPP). Es que, la única proposición fáctica valida utilizada por el tribunal para arribar a la conclusión final (los acusados salieron corriendo del lugar donde colisionó la camioneta), además de provenir de una fuente endeble –por los motivos desarrollados en los párrafos que anteceden–, no encuentra respaldo en otras fuentes de información y, por ende, no alcanza para formar una convicción inequívoca sobre la participación de B. y G. en los hechos.
IV. Concatenado con lo antes dicho, solo resta abordar el restante agravio de la defensa vinculado con la omisión del tribunal de grado en valorar debidamente la teoría del caso sustentada por la defensa estrechamente relacionada con las irregularidades en la investigación denunciadas en la causa.
V. 1. Al finalizar la etapa de prueba, el esmerado defensor público, dedicó la mayor parte de su alegato final a esgrimir las razones por las cuales considera que la acusación dirigida contra sus asistidos responde a una causa armada por parte del personal de la Comisaría de San Alberto, a la luz de un minucioso análisis de la prueba producida e integrada al debate oral y en función de diversos argumentos que incluían la ausencia de elementos de prueba idóneos que permitan destruir la presunción de inocencia que amparaba a sus defendidos.
Como primer indicio que abona la teoría del caso relativa a un irregular procedimiento policial y a una investigación defectuosa por parte del personal de la Comisaría de San Alberto, el defensor argumentó en torno a las aprehensiones, a su criterio, ilegales realizadas contra O. A. B. y C. I. G.. En este marco de análisis, es importante señalar que concurrieron al debate a prestar declaración los efectivos policiales que llevaron a cabo las aprehensiones de ambos imputados. Así las cosas, Miguel Ángel Rodríguez, efectivo policial de la Comisaría de San Alberto no fue claro al explicar los motivos por los cuales procedió a la aprehensión de O. A. B., alegando un estado de “susto” por parte de éste al verlos que culminó con su persecución, requisa y posterior aprehensión dentro de una casa abandonada.
Respecto de C. I. G., concurrieron al debate Gastón Tejada Gatica y Edgardo Germán Reno, oficial de policía y segundo jefe de la Comisaría de San Alberto respectivamente, quienes ni siquiera se interesaron en explicar el motivo que los habilitó a proceder a la aprehensión del causante sin orden judicial.
En efecto, ambos numerarios de la Comisaría de San Alberto refirieron que en ocasión de llevar a cabo un operativo de automóviles que consistía en identificar a sus conductores y requerirles documentación de los vehículos, un auto se detuvo en un kiosco, dos personas se bajaron y volvieron a ingresar, quienes retomaron su trayecto y pasaron por el lugar donde se realizaba el control vehicular. Los efectivos mencionan que como “les pareció sospechoso” empezaron a seguir al vehículo, pese a que ni siquiera lo habían detenido oportunamente, le dieron la voz de alto e hicieron descender a sus tres ocupantes que en todo momento acataron las órdenes impartidas.
Sin mencionar el requerimiento de algún tipo de documentación personal o relativa al vehículo, los policías declararon en la audiencia de debate que practicaron sobre C. I. G., quien ni siquiera conducía el vehículo, una requisa personal –sin esgrimir motivo alguno para proceder de esa manera– a quien le incautaron estupefacientes en escasa cantidad; en virtud de lo cual, lo trasladaron a la comisaría para iniciar actuaciones por tenencia de estupefacientes.
A preguntas de la defensa para que expliquen cuál fue el motivo de la aprehensión, los efectivos policiales ni siquiera intentaron esbozar una explicación –procedente o no– que justifique su proceder. Entre ambos operarios, sin embargo, existió una discordancia, pues, en el caso de Gastón Tejada Gatica, mencionó que previo a su aprehensión, ya habían recibido información relativa a que “el pelado” –en referencia a G.– se encontraba vinculado al "homicidio del pizzero"; sin embargo, Edgardo Germán Reno fue claro al mencionar que su aprehensión se produjo previo a estar vinculado al homicidio, por los motivos expresados.
Independiente de la discordancia entre los efectivos policiales sobre la vinculación previa del acusado a la investigación, asiste razón a la defensa en que, al menos la aprehensión –sin orden judicial y sin esgrimir razones de urgencia– ejecutada por parte de personal de la Comisaría de San Alberto respecto de C. I. G., fue llevada a cabo sin respetar las previsiones del ritual y a espaldas de los estándares internacionales para proceder a una aprehensión sin orden judicial (CIDH, caso Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina, sent. de 1-9-2020).
Si bien la ilegalidad de la aprehensión llevada a cabo contra C. I. G. se produjo en el marco de otra investigación que no fue objeto de juzgamiento en la presente y que, además, no repercute en la validez del plexo probatorio valorado en la sentencia puesta en crisis, sí configura un indicio que abona la teoría del caso de la defensa vinculada a las irregularidades en las que incurrieron los mismos efectivos policiales que, luego, realizaron las "tareas investigativas" que les permitieron vincular a los acusados –aprehendidos de manera previa a su vinculación bajo circunstancias irregulares– con el homicidio de O. S. V. N..
Además, robustece la teoría defensista en relación a una investigación direccionada, desde sus inicios, contra G. y B.. Pues bien, sin existir razones suficientes para que el fiscal solicite la detención de los nombrados, pues hasta ese entonces solo contaban con rumores –sin poder precisar su fuente– sobre su aparente participación en el suceso delictivo (fs. 29 y 186 de la principal), ambos fueron aprehendidos los días posteriores al hecho, sin orden judicial y, en el caso de G., sin estar habilitados para hacerlo, paradójicamente, por aquellos oficiales de la Comisaría de San Alberto que se encontraban abocados a la investigación del homicidio de Valiente Cuevas.
A ello, debe adunarse el trato recibido por C. I. G. en la comisaría, quien luego del intento de fuga, fue ferozmente golpeado por personal policial de aquella comisaría; circunstancia que logró ser corroborada a partir del testimonio de Alejandro Quintana brindado en la audiencia de debate. El testigo, quien se encontraba detenido en la misma celda que C. I. G., además de haber declarado sobre su aprehensión y requisa, a su criterio, ilegal llevada a cabo por personal de la Comisaría de San Alberto la misma noche y bajo el mismo modus operandi que aquella practicada sobre G., también dio fe que este último fue golpeado aquella noche por los efectivos policiales. No obstante, nada de ello fue abordado en la sentencia de condena.
Otra de las cuestiones introducidas por la defensa para acreditar la irregularidad de la investigación también omitida por el a-quo en el veredicto, se vinculaba con una línea de investigación originada en los albores de la investigación que direccionaba las sospechas hacia otros posibles autores y que no fue explorada. En ese contexto, el efectivo Gastón Tejada Gatica reconoció que la primera información relativa al hecho obtenida "de un informante que tenían en el barrio Puerta de Hierro", vinculaba el homicidio de Valiente Nievas con “El Gordo Alan” y “Jonatan Ezequiel Romero”, dato de prueba que también se extrae del testimonio del efectivo Miguel Ángel Rodriguez, quien también se expidió sobre la fuente de información al referirse a un “muchacho que pasaba información” apodado "Puper".
Resulta llamativo el dato introducido en esa ocasión por el efectivo Tillería, quien al ser consultado si alguna vez escuchó nombrar al “Gordo Alan”, respondió que sí, que lo ha escuchado nombrar y que son “apodos que se investigan, porque el barrio en sí es peligroso”. La persona mencionada también resulta conocida, al parecer, por el propio testigo Maffuche, quien al referirse al hermano de B. llamado Alan, y a preguntas específicas del fiscal, dijo que éste no tiene nada que ver con el "gordo Alan" (Archivo 02 Genoni 27-08-18.wmv, minuto 00.04.45).
Finalmente, contamos con el testimonio de Miguel Hernán Charra, quien oportunamente prestó declaración ante esta Sala a tenor de lo normado en el artículo 457 del ritual, quien al momento del impacto de la camioneta, manifestó que vio pasar a tres personas corriendo hacia los pasillos del barrio, portando armas de fuego, a las que identificó como Sánchez, Bazán y Romero, el mismo apellido que aquel apuntado por "Puper" al inicio de la investigación.
En consonancia con lo anterior, de las planas de los llamados al 911 (fs. 367) integradas al debate, obra el registro de una llamada efectuada la noche y en el horario de los hechos, precisamente en la dirección relativa al hecho (calle Crovara y Don Segundo Sombra) en la cual una persona de sexo femenino informa que tres masculinos armados intentaban robar un auto y dispararon. Esta persona, cuyo número telefónico y dirección quedó registrado y obra en la causa, tampoco fue convocada a prestar declaración. Asiste razón a la defensa en que tratándose un delito de tal envergadura y siendo estos nombres los primeros que aparecieron en los albores de la pesquisa, resulta cuestionable que no haya sido explorada esa línea de investigación; tan cuestionable como el temperamento del tribunal que, nuevamente, prescindió de dar una respuesta a esta cuestión fundamental, pese a que no fue alegado algún impedimento ni se conoce ninguna situación excepcional que explique las razones por las cuales los preventores eligieron no seguir esta línea de investigación.
Otras de las cuestiones que no ha quedado clara es la forma en la cual Maffuche se presenta espontáneamente en la comisaría y quién le toma declaración testimonial. Así, el oficial Leandro Sebastián Tillería comienza su declaración refiriendo que fue él quien le tomó declaración a Maffuche y la rubricó, pues en ese momento se desempeñaba como jefe de policiales y mencionó que mientras redactaba la declaración, la iba narrando y luego la firmó. Sin embargo, al final del debate se presentó Edgardo Germán Reno y dijo ser él quién le tomó declaración al testigo y hasta reconoció haber sido quien “tipeó” la declaración, incurriendo en una clara contradicción advertida incluso por el propio Agente Fiscal, quien a continuación intentó enmendar el error, pues el oficial Reno terminó refiriendo, luego de serle exhibida la declaración previa, que el oficial Tillería también estuvo presente durante la declaración.
Una adicional circunstancia, al menos extraña, de la presente causa, tiene que ver con las fotografías de los acusados obtenidas por el personal de la Comisaría de San Alberto que no fueron aportadas por el testigo Maffuche, sino por un tal “Braian Buche”, tal como surge de lo transcripto en la parte superior de la fotografía anexada al expediente a fojas 33. Ahora bien, si hipotéticamente la policía vincula a B. y a G. con el homicidio de Valiente Nievas a partir del testimonio espontáneo de Maffuche, cómo es que previo a ello contaban con imágenes de los acusados provenientes de un tal “Braian” o “Pupper", quienes sorprendentemente, no fueron llamados a prestar declaración en la causa.
V. 2. A partir del análisis expuesto en los acápites anteriores es posible concluir que, en el presente caso, tuvo lugar lo que se conoce como visión del túnel. En efecto, los efectivos policiales de la comisaría de San Alberto se aferraron a una única hipótesis que vinculaba a los acusados con el hecho ocurrido el 19 de junio de 2017. Las diligencias investigativas llevadas a cabo por los agentes se orientaron exclusivamente a confirmar dicha hipótesis, omitiendo deliberadamente aquellas otras que involucraban a otras personas con la investigación o que podrían haber aportado información de interés.
Resultan ilustrativas aquí las reflexiones del juez Celesia sobre la visión del túnel, la cual se refiere: "...al efecto de reducir el ámbito de una investigación, enfocándose hacia un solo objetivo, una premisa, creencia o hipótesis. El sesgo de confirmación, por su parte, se refiere al efecto que lleva a los agentes del sistema a aferrarse a dicho objetivo, premisa, creencia o hipótesis y buscar, producir, interpretar y filtrar la evidencia de manera tal que respalde dicha creencia y se ignore o subestime cualquier evidencia que contradiga o sugiera que aquella podría ser incorrecta...". (TCPBA, causa “Schwartz, Analía Veronica s/ Recursos de Casación interpuesto por Particulares Damnificados y Fiscal”, sent. 27-II-2018). La visión del tunel aparece como una forma tendenciosa de emprender una investigación, centrándose en una sola línea de averiguación, lo que va acompañado de un sesgo de confirmación que lleva a desestimar otras posibles hipótesis, todo lo que además de afectar negativamente la calidad de la pesquisa, repercute también en las decisiones de los operadores judiciales.
En el caso, esta visión tuvo inicialmente un impacto directo en la actuación del fiscal de instrucción, quien tampoco impulsó la investigación de las líneas alternativas que surgieron en las etapas iniciales del proceso, fundamentalmente, de aquella que vinculaba a Ezequiel Romero y “el gordo Alan” con el suceso delictivo. Ello derivó en un claro sesgo de confirmación, el cual lo llevó a interpretar la información disponible –por ejemplo, aquella extraída del testimonio de Maffuche– como una prueba sólida y altamente incriminatoria, cuando en realidad, tal como se argumentó en los párrafos precedentes, dicha valoración no se sostenía y, por el contrario, resultaba imprescindible profundizar la investigación a fin de obtener nuevos elementos probatorios que permitieran verificar la hipótesis fáctica derivada de ese testimonio.
En definitiva, la sobrestimación de las pruebas existentes – producto del sesgo de confirmación– condujo al fiscal no solo a omitir la exploración de otras líneas de investigación sino también a no profundizar aquella tendiente a robustecer la acusación en contra de los acusados. Este sesgo, que permeó toda la investigación, se trasladó naturalmente a la valoración probatoria realizada por el juzgador. En efecto, el a-quo analizó los elementos probatorios únicamente a la luz de la hipótesis fiscal, concluyendo sesgadamente que los mismos eran concordantes con ella cuando, en realidad, no lo eran.
Así, el tribunal seleccionó solo una parte de la información producida en el debate, interpretándola de modo tal que resultara consistente con la hipótesis de la acusación, mientras que desestimó –o directamente ignoró, en algunos casos, con afectación del art. 371 segundo párrafo del rito– los argumentos contra el testimonio de Maffuche como así aquella información extraída de otros elementos de pruebas que la contradecían o la debilitaban.
El análisis probatorio del tribunal para sostener la verosimilitud de un testimonio que además de ser endeble, contradictorio e inconsistente no encontró corroboración objetiva en otros elementos de prueba independiente, fue una consecuencia directa de la visión del túnel y del sesgo de confirmación que caracterizó toda la investigación.
Precisamente, la información extraída de todo el plexo probatorio desarrollado hasta aquí (aprehensiones ilegales, mención de informantes de la policía que no se presentaron a declarar, líneas de investigación inexploradas, inconsistencias y contradicciones de los efectivos policiales sobre cómo vincularon a B. y a G. a la investigación, entre otras), es lo que condujo al defensor a esgrimir que la vinculación de sus asistidos con la presente causa obedecía, en realidad, a una deficitaria e irregular investigación, de acuerdo a la cual, la policía direccionó la investigación contra G. y B. comenzando por detenerlos por circunstancias que nada tienen que ver con el delito por el que se los acusó, y los “empapeló” para así también poder cerrar la investigación relativa al homicidio acaecido el 19 de junio de 2017. Objetivo que lograron llevar a cabo a propósito de la aparición de un testigo que los ubicó en el lugar preciso donde se produjeron los hechos, en una clara búsqueda por confirmar datos endebles que no lograron tener ninguna corroboración objetiva en otros elementos de prueba. Desde ya, advierto que el hecho de que ninguno de estos interrogantes haya sido abordado por el tribunal de mérito, pese al contexto de irregularidades manifiestas en el que la defensa artículo sus reclamos, debilita indefectiblemente la fundamentación de la condena dictada (arts. 210, 371 y concordantes, CPP).
V. 3. Sin embargo, la teoría del caso de la defensa no culminó allí, pues el esmerado defensor continuó su alegato desarrollando todos aquellos aspectos extraídos de las pruebas objetivas practicadas en la causa que desvinculaban a sus defendidos con el homicidio de O. S. V. C..
Tal como surge de las pericias integradas al debate, la policía científica recolectó huellas dactilares del auto de la víctima, pues de acuerdo al testigo Rodríguez, uno de los sujetos que acometió contra él, rompió el espejo de su vehículo, mientras que ambos revisaron a la víctima. Las huellas dactilares recolectadas fueron sometidas a cotejo y sin embargo arrojaron datos negativos respecto de los acusados B. y G.; lo mismo aconteció con las muestras de manchas hemáticas halladas en el escenario delictivo. Ello, al igual que el arma y las municiones secuestradas en poder del acusado B., que tampoco coincidieron con aquellas halladas en el lugar del hecho. Escenario de orfandad probatoria que culmina con el dato incontrastable que configura el hecho de que los acusados no hayan sido reconocidos por el testigo Esteban Flores Rodríguez que, reitero, observó el preciso momento en el que dos personas acometían contra la víctima. Enmarca en el segundo déficit apuntado más arriba la circunstancia de que el a-quo tampoco haya valorado estos aspectos que, asiste razón a la defensa, sujetaban la ajenidad de sus defendidos con los hechos juzgados. Es que, pese a ser varios los datos de prueba que se extraen del plexo probatorio producido e integrado al debate que abonaban su conclusión, de una lectura de la sentencia condenatoria, se observa que el tribunal a-quo descartó aquella hipótesis de los hechos bajo el entendimiento de que: “...las versiones de lo acaecido los empapelados denotan que todas sus argumentaciones fueron un pueril intento de mejorar sus harto comprometidas situaciones procesales”, pese a que, reitero, el esmerado defensor dedicó prácticamente todo su alegato final a argumentar sobre este aspecto a propósito de un minucioso análisis de la prueba producida e integrada al debate oral y en función de diversos argumentos que incluían la ausencia de elementos de prueba idóneos que permitan destruir la presunción de inocencia que ampara a sus asistidos.
En este cuadro argumental, si bien es cierto que ambos acusados declararon durante el debate y, en el caso de C. I. G., su entonces pareja también lo hizo a fin de corroborar su versión de los hechos, concluir que los únicos elementos de prueba que contradicen la hipótesis acusatoria resultan ser lisa y llanamente sus “versiones” volcadas en el debate oral, resulta un temperamento, a todas luces, arbitrario y desligado de las circunstancias del caso.
VI. Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que:
“...resulta decisivo que el juez, aún frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, mantenga una disposición neutral y contemple la alternativa de inocencia seriamente, esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Desde esta perspectiva, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional puede ser vista, en sustancia, como el reverso de la garantía de imparcialidad del tribunal” (CSJN, causa CS001/2018 "Rojas, Lucía Cecilia; Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado”, sent. de 26/12/2019, Fallos: 342:2319).
Sobre esta cuestión, es importante señalar, porque se vincula con el motivo por el cual la Suprema Corte de Justicia revocó la sentencia dictada oportunamente por este tribunal revisor, que el adecuado cumplimiento de la garantía de revisión integral de la sentencia derivada del artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el marco del debido proceso legal, conlleva indefectiblemente a analizar el modo en que el tribunal de mérito trató -o soslayó tratar- los indicios vinculados a una investigación irregular y defectuosa por parte de los agentes policiales que estuvieron a cargo de la investigación (CSJN, "Recurso de hecho deducido por la defensa de Jorge Enrique G. Nieva en la causa G., Jorge Enrique s/ recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley en causa n° 43.787 y 43.793", sent. de 8/10/2020, Fallos 343:1181). En el caso bajo análisis, teniendo en cuenta que la defensa propuso una hipótesis de los hechos que encontró apoyo en el plexo probatorio, el a-quo debió exhibir su razonamiento –desarrollado a través del proceso lógico– en virtud del cual, descartó la hipótesis invocada por la defensa o, al menos, debió explicar por qué no correspondía analizarla a la luz de la aplicación de la duda razonable (arts. 1, 210 y 371, CPP). En este contexto, es importante destacar la íntima relación que existe entre la garantía del artículo 8.2 h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el beneficio de la duda, pues: “...frente a hipótesis de hecho contrapuestas, en el derecho procesal penal el in dubio pro reo y la prohibición del non liquet (arg. Fallos: 278:188) imponen el tratamiento diferente de tales alternativas, a partir del cual, en definitiva, el juez tiene impuesto inclinarse por la alternativa fática que resulta más favorable al imputado (...). En este sentido, corresponde recordar que tanto ese principio como el del in dubio pro reo -ambos de transcendencia en el caso- guardan una estrecha relación con la presunción de inocencia constitucional…” (CSJN, CSJ1497/2013 "Carrera, Fernando Ariel s/ causa n° 8398", sent. de 25-10-2016, Fallos: 339:1493).
El análisis desarrollado hasta aquí permite concluir que el tribunal de grado ha incurrido en evidentes deficiencias argumentativas omitiendo aspectos fundamentales introducidos por la defensa que hacían al adecuado estudio del material probatorio de la causa, afectando el principio de inocencia y relegando el principio constitucional favor rei y su corolario in dubio pro reo, al no haber abordado la hipótesis de los hechos presentada por la defensa de O. A. B. y C. I. G. conforme a tales garantías. En tales condiciones, el pronunciamiento apelado exhibe graves vicios de fundamentación que lo descalifican como un acto jurisdiccional válido con arreglo a la doctrina sobre arbitrariedad, al no constituir una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (CSJN, Fallos: 297:100; 311:948 y 2402, entre otros).
Bajo esas condiciones, entiendo que el análisis de la prueba en su conjunto de ningún modo conduce inequívocamente a la conclusión incriminatoria propuesta por la acusación y recogida por el a-quo en la sentencia. Defectos e irregularidades durante la investigación, aprehensiones irregulares, mención de informantes de la policía que no se presentaron a declarar, líneas investigativas inexploradas, vinculación de otras personas con el hecho no descartadas, inconsistencias y contradicciones de los efectivos policiales sobre cómo vincularon a B. y a G. a la investigación; acusación sustentada en un testimonio único y endeble carente de respaldo en los restantes elementos de prueba; pericias que excluyen la participación de los acusados en el evento delictivo (informe de cotejo de huellas dactilares), y el hecho incontrovertible de que el único testigo presencial no ha podido reconocer a los acusados como aquellos que observó la noche del 19 de junio de 2017, resultan todos ellos aspectos conducentes para arribar a la decisión final en la medida en que impiden alcanzar el grado de certeza exigido en esta instancia procesal. En consecuencia, dado que el análisis parcial e incongruente del caso resulta incompatible con la necesaria certeza que requiere toda sentencia de condena corresponde –por aplicación del principio in dubio pro reo–, dejar sin efecto la sentencia recurrida en relación al hecho I, asumir competencia positiva y dictar la absolución de C. I. G. y O. A. B. (arts. 1, 459 y 460, CPP).
No sobra añadir que, siendo que resulta la segunda vez que la causa transita por esta instancia, corresponde que este tribunal adopte una decisión definitiva, teniendo en cuenta además que C. I. G. y O. A. B. se encuentran detenidos cautelarmente hace más de siete años, y en consideración del derecho que tiene toda persona imputada a obtener un pronunciamiento que defina su situación procesal y ponga término al estado de sospecha, mediante una sentencia que establezca su situación frente a la ley penal (CSJN, causa CS001/2018 "Rojas, Lucía Cecilia; Jara, Ricardo Omar; Vázquez, Cristina s/ homicidio agravado”, sent. de 26/12/2019, Fallos: 342:2319).
En atención a lo resuelto, entiendo que el tratamiento de los restantes agravios vinculados con la calificación atribuida a los hechos y el monto de pena impuesto, deviene abstracta.
Por ello, en atención a las consideraciones formuladas, propongo dejar sin efecto la sentencia recurrida y absolver a O. A. B. y a C. I. G. en orden al hecho calificado como homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego (arts. 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo, CP; art. 1, 210, 371 y 373, CPP).
En consecuencia, entiendo que corresponde casar la sentencia recurrida y absolver a O. A. B. y a C. I. G. en orden al hecho calificado como homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego, disponiendo en consecuencia su inmediata libertad, encomendando su instrumentación al Tribunal Criminal n°1 de La Matanza a quien se le librará el oficio del caso (arts. 18 y 75 inc. 22, CN; 8.2. inc. e y h, CADH; 14.2. 3.e y 5 PIDCP; 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2, segundo párrafo, CP; 1, 210, 371,373, 448, 450, 451, 459, 460 y 463 del CPP).
ASÍ LO VOTO.
A la tercera cuestión el juez KOHAN dijo:
Voto en igual sentido que el juez Bouchoux y por sus mismos fundamentos.
ASI LO VOTO
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. No admitir la intervención en carácter de amicus curiae del Centro de Estudios Sociales y Legales y de Innocence Project Argentina.
II. Casar la sentencia recurrida y absolver a O. A. B. y a C. I. G. en orden al hecho que fuera calificado como homicidio criminis causae en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.
III. Declarar prescripta –prima facie– la acción penal en orden al delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil (art. 189 bis inc. 2 tercer párrafo, CP) respecto de O. A. B.; y al no contar esta Sede con los informes pertinentes para decretar la extinción de la acción de modo definitivo, remitir copia de la presente a la instancia de origen a fin de que, recabadas las planillas de antecedentes de los órganos correspondientes, se pronuncien definitivamente sobre el punto.
IV. Disponer la inmediata libertad de O. A. B. y C. I. G., quienes se encuentran detenidos bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense, encomendando su instrumentación al Tribunal Criminal n°1 de La Matanza, a quien se le librará el ofiicio del caso.
Rigen los artículos 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional;
8.2. inc. e y h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14.2, 3.e y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 45, 55, 80 inc. 7, 166 inc. 2 segundo párrafo del Código Penal; 1, 210, 371, 373, 448, 450, 451, 459, 460 y 463 del Código Procesal Penal.
Regístrese, notifíquese y remítase al tribunal de origen.
SG
Fin de la sentencia