Abriendo la norma
Cámara Civil de la 1º Circunscripción
TOMO CXXVIII - INTERLOCUTORIO REGISTRO N°17.904 FOLIO N°05/09 PROT. ELECT. A10159I.201
Río Gallegos, 17 de noviembre de 2020.-
Estos autos caratulados: "B----- Y----- G----- s/inscripción tardia por fallecimiento", Expte. Nº 13059/18 (18.541/20), venidos al Acuerdo para resolver, y;
I. Viene a tratamiento de este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la Srta. Y----- G----- B----- a fs. 44/46 contra la resolución dictada a fs. 42 y vta., que declara la inadmisibilidad formal de la demanda rechazándola in limine.-
La Srta. Y----- G----- B----- se presenta con debido patrocinio letrado y solicita se proceda a inscribir el fallecimiento de su hija, ocurrido el ... de ... de ... en el Hospital ... (H...), conforme lo previsto en el art. 60 de la ley Nº 26.413, del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, y se otorgue el respectivo certificado de defunción (v. fs. 7/8).- Relata que tras encontrarse en la semana 34 de gestación, debió ser sometida a una intervención quirúrgica en el nosocomio local para extraérsele del útero el feto sin vida, resultando como posibles causas de defunción el desprendimiento de la placenta y la poli-malformación fetal (v. fs. 7).-
Explica que tras dicha práctica médica fue su intención gestionar la inscripción de la defunción fetal y la cremación del cuerpo, actos administrativos que se fueron dilatando en el tiempo y que acabaron requiriendo la intervención judicial para su formalización, por haber caducado el plazo previsto legalmente para dicha inscripción (v. fs. 7 y vta.).- Que a fs. 9 se corre vista del planteo al Ministerio Público Fiscal, quien dictamina favorablemente a fs. 10.-
Que fs. 11 se provee prueba informativa ofrecida, incorporándose copia de la Historia Clínica de la actora (v. fs. 15/39).-
Que a fs. 40 pasan en vista los presentes al Ministerio Pupilar para su debida intervención, dictaminando a fs. 41 sin objeciones que formular.-
Que a fs. 42 y vta. el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera Instancia de Familia Nº Dos, fundando su razonamiento en el art. 21 del Código Civil y Comercial de la Nación, teniendo por “claramente constatado que no hubo alumbramiento dado que el feto ya había [sic] se encontraba fallecido...” (f. 42, 6º p.), acaba declarando formalmente inadmisible la demanda, y ordena su rechazo in limine.-
Contra la resolución dictada a fs. 42 y vta. se presenta recurso de apelación (v. fs. 44/46).-
Específicamente, el embate argumental recursivo se dirige a cuestionar el razonamiento seguido por el Sr. Juez a quo, al ceñirse férreamente a la interpretación del art. 21 del C.C. y. C.N., planteando disquisiciones acerca del comienzo de la existencia de una persona y la consolidación de los derechos con el nacimiento, perdiendo de vista el objeto de la presente demanda, cual es la obtención de la autorización judicial para inscribir la defunción fetal del nasciturus y expedición de la certificación respectiva (v. fs. 45).- Tras conceptualizar la muerte fetal (v. fs. 44 vta.), repasa la recurrente el procedimiento previsto por la ley Nº 26.413 para la registración de las defunciones fetales, e insiste en su aplicación al presente caso (v. fs. 44 vta./45).-
Que a fs. 69/70 obra dictamen del Sr. Agente Fiscal ante la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, pronunciándose a favor de lo peticionado por la Srta. B-----.-
Que a fs. 74 y vta. se expide el Sr. Defensor ante la Excma. Cámara de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial entendiendo debe hacerse lugar a la demanda.-
Que a fs. 75, pasan los presentes al Acuerdo.-
En el libelo de inicio puntualmente se especifica como objeto de la pretensión “...se dicte sentencia ordenando se inscriba en el Registro Civil la defunción de la niña en cuestión y se otorgue el certificado de defunción.” (v. fs. 8).-
Al momento de analizar la resolución en crisis de fs. 42 y vta. se observa una incomprensión configurativamente sustancial en la mens iudex en relación con el objeto procesal demandado.-
Así, los fundamentos esgrimidos por el a quo para rechazar in limine la demanda se cimientan en aspectos doctrinales y teóricos respecto a la existencia de la persona humana, basándose en el art. 21 y concordantes del C.C. y C.N. soslayando abiertamente lo verdaderamente pretendido por la Srta. B-----, cual es la autorización judicial para inscribir la defunción fetal del nasciturus, conforme lo previsto por la ley Nº 26.413.- En su razonamiento, el Sr. Juez de grado ingresa en un terreno analítico-decisional que lo ubican al margen del objeto pretendido. Lacónicamente y con acierto la demandante lo advera en la pieza recursiva al decir: “El objeto de la demanda es obtener la autorización judicial para proceder a la inscripción del fallecimiento de mi hija, mas no se trata de discutir desde cuándo comienza la existencia de una persona y los derechos que tal condición le deparan […]. Esta parte entiende que el feto nacido sin vida no es sujeto de derechos y obligaciones, y que carece de personalidad jurídica, por lo que no es el foco de la discusión como así tampoco resulta ser el de disponer de los restos humanos para su sepultura sino el mero hecho fáctico de o la inscripción del nacimiento sin vida del feto…” (v. fs. 45 y vta.).- Como corolario de acápite, y sin cortapisas, se verifica un desvío en el razonamiento del a quo, pues se detiene a analizar el comienzo de la existencia de la persona humana y la consolidación de los derechos con el nacimiento, a la luz del C.C. y C.N., temática ostensiblemente excluida del objeto de la presente acción.-
En el ámbito constitucional, los Tratados Internacionales incorporados por el art. 75 inc. 22 CN, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) en su art. 4º, y la Convención sobre los Derechos del Niño, en los arts. 1º y 6º, garantizan la vida desde el momento mismo de la concepción. Y el mismo art. 75 inc. 23 de la C.N. pone en cabeza del Congreso “dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo”.- En armonía el Código Civil y Comercial de la Nación, reafirma en su art. 19 que: “la existencia de la persona humana comienza con la concepción” y el art. 21 establece que: “todos los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos cuando la persona nace con vida. Si no nace con vida se considera que la persona nunca existió…”.- De esta última norma precitada se desprende que si bien es real que para el Derecho argentino no puede considerarse persona -stricto sensu- el óbito fetal, pues la condición del nacimiento con vida no resultaría verificada, ello en modo alguno significa que no haya existido preocupación por parte del legislador para dar tratamiento a su existencia.- Atendiendo a la dolorosa realidad que les toca atravesar a los padres que sufren la muerte de su hijo en el útero materno, la Ley Nº 26.413, intitulada del REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS, dispuso específicamente registrar las defunciones fetales sin importar la edad gestacional ni el peso del mortinato al momento de la interrupción del embarazo, con el objetivo estadístico de concentrar información para el diseño de políticas de Salud Pública y también para evitar, en lo posible, dichas muertes (ver fundamentos ley 26.413).- Tras lo señalado, y centrándose este Tribunal en los contornos precisos del petitum, entonces corresponderá detener el análisis del articulado aplicable al caso.-
El artículo 1º enumera un listado detallado de los actos a inscribirse en los registros Nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma, incluyendo específicamente a las “defunciones fetales” (art. 1 in fine).-
Por su parte, y con precisa adecuación al sub lite, el art. 40 establece que: “Si del certificado médico surgiera que se trata de una defunción fetal se registrará la inscripción en el libro de defunciones” (el subrayado es propio).-
Más adelante, el art. 60 hace referencia al plazo y procedimiento para la registración de la defunción fetal. Reza: “Dentro de los DOS (2) días hábiles del fallecimiento, deberá hacerse su inscripción ante el oficial público que corresponda al lugar en que ocurrió la defunción. Transcurrido este plazo y hasta el plazo máximo de SESENTA (60) días podrá por resolución o disposición de la dirección general autorizarse su inscripción, cuando existieren motivos fundados. Vencido dicho plazo la inscripción deberá ser ordenada judicialmente”.- Así, de las normas reseñadas irrumpe ostensiblemente la decisión del presente caso: sin cortapisas la mencionada ley, al abocarse al tratamiento de las defunciones, estableció que el fallecimiento de una criatura en el vientre materno debe ser inscripto en el libro de defunciones.-
En el siglo XIX el clásico tratadista alemán Ludwig Enneccerus enseñaba que en el ejercicio lógico mental de interpretación de las normas jurídicas resulta necesario esclarecer el sentido, y precisamente aquel que resultará decisivo para la vida jurídica, y por tanto, para la resolución judicial (cfr. ENNECCERUS, L., KIPP, T., WOLFF, M. Tratado de Derecho Civil, T. I, traducido del alemán por Blas Pérez Gonzalez y José Alguer, Bosch, Barcelona, 1981, 197).- Como contrapunto a lo parafraseado se erige soberanamente uno de los grandes aforismos latinos recogidos por la literatura jurídica, y es aquel que rubrica: ‘In claris non fit interpretatio’, lo cual significa que ante una realidad de normas claras e inequívocas no cabe lugar la interpretación, sino sólo su aplicación.- Todo ello sirve de losa fundamental al razonamiento de este Tribunal en el sub lite, pues la contundencia y claridad de las prescripciones transcriptas precedentemente de la ley Nº 26.413 no dejan margen a cavilaciones ni dudas en la resolución.-
De la síntesis resultante del elenco normativo enunciado y de las circunstancias fácticas verificadas en autos no surgen argumentos ni motivaciones válidas algunas que pudieran vedar la autorización judicial de inscripción solicitada por la Srta. B------ en relación al óbito fetal acaecido en fecha 21 de agosto de 2018.- La providencia de fs. 42 y vta. debe ser revocada, pues resulta manifiesta la confusión en que incurre el juez de grado al momento de comprender el objeto procesal, a lo que se suma la meridiana claridad de las normas regulatorias específicas del mortinato previstas en la ley Nº 26.413, y que dan expresa respuesta a lo peticionado por la accionante.-
VII. En virtud de todo lo razonado y expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de apelación planteado por la Srta. Y----- B----- a fs. 44/46 y, en consecuencia, revocar la providencia dictada a fs. 42 y vta., ordenando al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas la inscripción de la defunción fetal tal como fuera solicitada por la actora, en los términos de los arts. 40, 60 y concordantes de la ley Nº 26.413.-
Por ello, y habiéndose cumplimentado con la intervención del Sr. Fiscal a fs. 69/70 y del Sr. Defensor Público Oficial a fs. 74 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial,
2. Revocar la providencia de fs. 42 y vta., haciendo lugar a la demanda, y ordenando al Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas la inscripción de la defunción fetal tal como fuera solicitada por la Srta. Yohana Gisel Blanda, en los términos de los arts. 40, 60 y concordantes de la ley Nº 26.413. Ofíciese.-
Se deja constancia que el Sr. Presidente no vota en el presente caso atento existir opinión coincidente de los restantes miembros de la Cámara conforme lo establece el art. 44 de la Ley N° Uno, (texto según Ley N° 2345).-
Fdo. Eduardo G. López – Presidente, Carlos E. Arenillas – Juez, Diego M. Lerena – Juez, ante mí: Cecilia F. Cambón – Secretaria.-
Fin de la sentencia