Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal, Sala V
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el presente hábeas corpus originario interpuesto por Á. O. B. (arts. 405, ss. y cc. del CPP).
II. Hacer lugar parcialmente a la acción intentada, con los alcances y límites fijados al tratar la segunda cuestión, haciendo cesar la prohibición que pesa sobre Á. O. B. respecto del perímetro de exclusión de doscientos metros alrededor de todo lugar de carácter laboral, de estudio o de esparcimiento y todo otro sitio, al que en forma habitual o circunstancial concurra la Sra. I. S. G. S., debiendo abstenerse absolutamente de generar situaciones que conlleven a una proximidad que permita el contacto físico inmediato; ello mientras se encuentre vigente la medida autosatisfactiva sobre la que se agravia B. Asimismo y respecto al domicilio de aquella, deberá abstenerse de permanecer o transitar por la cuadra que corresponde al número … de la calle C. de Junín, sobre ambas veredas. Sin costas al peticionante. Arts. 18, 43 y cc de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 405, 530, ss y cc del C.P.P.
C. 62676
En la ciudad de La Plata, a los 28 días del mes de enero del año dos mil catorce, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires a cargo de la feria judicial, doctores Martín Manuel Ordoqui y Jorge Hugo Celesia, para resolver en la presente causa Nº 62.676, caratulada “B., A. O.
S/ HABEAS CORPUS”.
Practicado el sorteo de ley, resultó en la votación que debía observarse el siguiente orden: ORDOQUI - CELESIA (art. 451 del C.P.P).
Se presenta ante esta sede Á. O. B., por derecho propio, con el patrocinio de la Dra. V. P., articulando acción de hábeas corpus originario por ante este Tribunal, conforme el escrito que luce a fs. 3/6, mediante la cual denuncia que su libertad ambulatoria, de culto y de trabajo como así también su intimidad se están viendo limitadas a partir de medidas dispuestas en la causa radicada en la fiscalía N° 9 del Departamento Judicial de Junín. Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este Tribunal decidió plantear y votar las siguientes:
Primera: ¿Resulta admisible, por ante esta instancia, el hábeas corpus impetrado?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor juez doctor Ordoqui dijo:
Desde sus comienzos, esta Sala sostuvo que el habeas corpus interpuesto directamente ante este Tribunal resulta, en principio, formalmente inadmisible salvo que existan cuestiones excepcionales –que fueron enumeradas oportunamente- que impongan una intervención inmediata del Tribunal (cfr., entre otras, TCPBA, Sala V, c. 55.273). Hemos afirmado también, siguiendo una línea de interpretación pacífica de la Corte Federal, que en materia de hábeas corpus las resoluciones deben atenerse a las circunstancias existentes en el momento de ser dictadas (cfr. TCPBA, Sala V, c. 55.324; CSJN, Fallos: 321:3646 y sus citas del considerando 5° del voto mayoritario).
Desde la perspectiva señalada, y tomando en cuenta las circunstancias alegadas por el accionante, es posible que la medida dictada por el fuero competente pueda, en su realización práctica, estar excediendo la proporcionalidad que necesariamente debe existir entre aquella y el objeto que se pretende tutelar. Si ello fuese así, podría configurarse un supuesto de arbitrariedad desde que, en todo caso, se estaría infringiendo un principio recogido en esta materia (art. 7 de la ley 12.569 [texto según ley 14.509]; art. 12, id y cc.); de allí que por esa razón, sumado al hecho de que la restricción impuesta podría estar afectando irrazonablemente otros derechos constitucionales, estimo que corresponde ingresar al análisis sobre el fondo de la cuestión planteada.
En consecuencia, propongo declarar la admisibilidad de la acción constitucional aquí impetrada (arts. 405, ss. y cc. del CPP.
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo: Adhiero al voto del Dr. Ordoqui, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Ordoqui dijo:
Previo a todo, debo destacar que el letrado interviniente ha incurrido en un error de impresión en el punto IV del libelo en tratamiento, pues evidentemente se refiere a otro asunto. Ello no obstante, la causa petendi de la acción se desprende claramente del resto del escrito, extremo que me permite pasar por alto el error citado.-
En su petición, el interesado refiere que la medida dictada en su perjuicio es lesiva del debido proceso, que resulta infundada, carente de prueba y, en otro andarivel, la medida resulta innecesaria.
Luego, dirigiendo su crítica a los efectos del decisorio, afirma que el mismo lesiona derechos constitucionales, limitando su libertad ambulatoria, de culto y derecho al trabajo.
También se agravia de medidas dictadas en la I.P.P., en cuanto se habrían intervenido sus teléfonos y que, en definitiva, se trata de una persecución judicial en su perjuicio.
Anuncia que evalúa iniciar acción penal en contra de la Sra. G. S. y su madre, por falsa denuncia y da su versión del sustento fáctico que motivó la medida que ataca.
Bien, cabe aclarar aquí cierta confusión. Si bien he propuesto abrir esta acción por entender que en cierta forma toca derechos constitucionales del denunciado, dicha apertura no implicará en modo alguno anticipar evaluaciones o criterios respecto de la investigación que lleva adelante la Fiscalía interviniente, pues, salvo expresas excepciones, dicho quehacer debe ser revisado por los mecanismos ordinarios ante el Juez de Garantías y en su caso la Exma. Cámara con competencia territorial en Junín. Por otro lado, el agravio vinculado a la carencia probatoria, arbitrariedad y falta de fundamento de la medida autosatisfactiva no es materia de la presente acción, pues su revisión ha sido canalizada conforme a derecho ante la Exma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Departamental.
Ello sentado y, a los fines de resolver en esta acción autónoma de habeas corpus, se requirió a la instancia la remisión de la I.P.P. 8104/13 (U.F.I. Nro. 9) y el expediente JU8543/2013, en trámite por ante el Juzgado de Familia Nro. 1, ambos del Departamento Judicial de Junín.
Con ambas piezas a la vista, advierto que en la I.P.P., aún a pesar de una copiosa actividad por parte de la Sra. Fiscal, aún no se ha procedido a citar al imputado en los términos del artículo 308 del C.P.P., extremo que me permite concluir que por ahora no se han llegado a reunir los elementos suficientes o indicios vehementes a los que refiere la norma citada en su primer tramo. Esto al día 17 del corriente, fecha en que el legajo fuera remitido a esta sede.
Advierto al estudiar el expediente civil que ha sido en éste donde se dictó la medida autosatisfactiva que agravia al quejoso, concretamente resuelta el 28 de noviembre de dos mil trece y que obra a fs. 13/15 de los autos citados.
No obstante, excitada la jurisdicción de este Tribunal mediante la acción de habeas corpus que inicia estos actuados, corresponderá pronunciarse sobre las lesiones invocadas a la fecha de su promoción, sin retrotraer los efectos de la misma al origen del litigio. Ello conforme a lo resuelto por el Superior Federal (ver fallo citado precedentemente). Analizadas las actuaciones en conjunto, por su comunidad objetiva y subjetiva, puedo concluir que el dictado de la medida autosatisfactiva, tuvo por objeto asegurar la integridad física y sicológica de la denunciante en un momento determinado del presente conflicto. Luego, cumpliéndose con la ley, se hizo saber al Ministerio Público de tal circunstancia para que en el marco de sus atribuciones investigue la posible comisión de un ilícito. En el caso, amenazas.
Así las cosas, y como lo anticipara, a pesar la gran actividad desarrollada por la U.F.I. 9, aún no se advierten elementos probatorios suficientes para citar a B. a prestar declaración. También se advierte que los Magistrados intervinientes han dispuesto una custodia policial activa a favor de la denunciante, ello a fin de aventar la concreción de las hipotéticas amenazas. Advierto entonces un Estado presente en la tutela de la integridad de la denunciante.
En otras palabras, las decisiones judiciales adoptadas han resultado eficaces para neutralizar un hipotético peligro, si este realmente existiera. Ahora bien, más allá de ello, me veo en la obligación de tratar la cuestión traída por el accionante. La vulneración al derecho de transitar libremente, ejercer su culto, el trabajo o su actividad comercial. Resulta dificultosa la tarea de los Jueces cuando se enfrentan intereses constitucionales de las partes en un asunto y éste está llamado a equilibrarlos.
Pondré por encima de todo valor la necesidad de tutelar la integridad física y síquica de la denunciante y luego, la razonabilidad de las restricciones que pesan sobre el denunciado.
No tengo duda alguna respecto que la interdicción dispuesta en el punto 1) del resolutorio resulta por demás razonable y en si misma encierra el principio rector sobre el que se basarán luego las restricciones particulares.
Igual temperamento me inspira en relación al punto 2) del mismo, pues prohibir el ingreso de B. al domicilio de la denunciante (C. … de Junín), oficia de concreta garantía de cumplimiento de la primera. No habré de utilizar el mismo criterio valorativo respecto de la interdicción relativa a “…y todo otro lugar de habitual concurrencia, sea laboral, de estudio, de esparcimiento en que se encuentre la accionante…” con mas los doscientos metros en que se prohíbe transitar o permanecer respecto del domicilio de aquella.
En el primer supuesto, en virtud que la norma individual dictada por la Magistrada -si bien detallada- en la realización práctica del derecho se topa con una situación práctica difícil de sobrellevar. Pues, la enunciación genérica de los sitios no permite al denunciado saber con antelación a que lugares no podría concurrir.
Tampoco parece razonable que la prohibición de la sentencia pueda mutar constantemente según el lugar donde se encuentre la actora. Pues, en la vida diaria se desarrollan interacciones permanentes entre lugares habituales y circunstanciales de concurrencia. Muchos de estos cambios pueden resultar fruto de cuestiones aleatorias.
No se aparta de ninguna regla lógica imaginar a B. instalado en un sitio en principio lejos de G. S. y que aún sin moverse del lugar, por el mero hecho de aproximarse al mismo la actora, haga que aquel incurra en la desobediencia de una disposición judicial.
Respecto al segundo punto, los doscientos metros de restricción sobre el domicilio de la denunciante, en los que se le ha prohibido transitar o permanecer, también a mi criterio parecen desproporcionados respecto del valor jurídico a tutelar. La distancia mencionada, desarrollada sobre el ámbito espacial del domicilio de la denunciante, se transforma en un vasto lugar que excede el ámbito razonable de protección. Mas aún el caso de autos, cuando a juzgar por los dichos de la denunciante, no ha sido la proximidad física el medio utilizado para realizar las hipotéticas amenazas y, por otro lado, contar esta última con un servicio de custodia policial en su domicilio.
Así, este segmento de la resolución no parece superar el umbral de razonabilidad judicial suficiente para ser cumplido por el interdicto. De hecho, el estado de desconocimiento posicional que genera el resolutorio, ajeno al arbitrio del denunciado, complota en forma directa al razonable ejercicio del derecho constitucional amenazado, es decir, el de transitar libremente. Si bien no es materia abordable por esta acción, cabe destacar que al limitar el derecho constitucional citado, va de suyo que en la práctica también se resienten sus similares a la libertad de ejercer el comercio lícito, el trabajo y eventualmente la práctica del culto.
En definitiva, lo que propongo al acuerdo es un esfuerzo por conjugar los derechos constitucionales de ambas partes a través de una resolución que, a la vista de cómo se vienen dando los sucesos, ponga en cauce la cuestión, adecuando la medida dictada.
Por las argumentaciones vertidas, propicio se haga lugar parcialmente a la acción intentada, con los alcances y límites fijados precedentemente. Es decir, haciendo cesar la prohibición que pesa sobre Á. O. B. respecto del perímetro de exclusión de doscientos metros alrededor de todo lugar de carácter laboral, de estudio o de esparcimiento y todo otro sitio, al que en forma habitual o circunstancial concurra la Sra. I. S. G. S., debiendo abstenerse absolutamente de generar situaciones que conlleven a una proximidad que permita el contacto físico inmediato; ello mientras se encuentre vigente la medida autosatisfactiva sobre la que se agravia B. Respecto al domicilio de aquella, deberá abstenerse de permanecer o transitar por la cuadra que corresponde al número … de la calle C. de Junín, sobre ambas veredas.
Sin costas al peticionante.
Así lo voto.
Arts. 18, 43 y cc de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 405, 530, ss y cc del C.P.P.
A la misma cuestión planteada, el señor juez doctor Celesia dijo: Adhiero al voto del Dr. Ordoqui, en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal de Casación Penal a cargo de la Feria Judicial por unanimidad R E S U E L V E:
I. DECLARAR ADMISIBLE el presente hábeas corpus originario interpuesto por Á. O. B. (arts. 405, ss. y cc. del CPP).
II. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la acción intentada, con los alcances y límites fijados al tratar la segunda cuestión, haciendo cesar la prohibición que pesa sobre Á. O. B. respecto del perímetro de exclusión de doscientos metros alrededor de todo lugar de carácter laboral, de estudio o de esparcimiento y todo otro sitio, al que en forma habitual o circunstancial concurra la Sra. I. S. G. S., debiendo abstenerse absolutamente de generar situaciones que conlleven a una proximidad que permita el contacto físico inmediato; ello mientras se encuentre vigente la medida autosatisfactiva sobre la que se agravia B. Asimismo y respecto al domicilio de aquella, deberá abstenerse de permanecer o transitar por la cuadra que corresponde al número … de la calle C. de Junín, sobre ambas veredas. Sin costas al peticionante. Arts. 18, 43 y cc de la Constitución Nacional, 20 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 405, 530, ss y cc del C.P.P.
Regístrese, adelántese mediante fax lo resuelto a la UFI N° 9 y al Tribunal de Familia del Departamento Judicial Junín, devuélvanse a la instancia los expedientes requeridos, notifíquese a la Defensa y al Ministerio Público Fiscal y devuélvase para el cumplimiento de las notificaciones pendientes.
FDO.: MARTIN MANUEL ORDOQUI – JORGE HUGO CELESIA
Ante mí: Rafael Alejandro Laderach
Fin de la sentencia