Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el auto que obra glosado a fs. 18/21 vta. del presente incidente, del incidente, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2Tener presente la reserva de Cuestión Federal, que fuera articulada por la parte recurrente. 3)
TOMO CXLIV – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 9164 FOLIO Nº 192/194 PROT. ELECT. JR101013I.251
Río Gallegos, 20 de enero de 2025.
La presente causa caratulada: “B.C. S/ HURTO EN GRADO DE TENTATIVA (INCIDENTE DE EXCARCELACIÓN)” - Expte. N° 16.298/24 - Causa JR N° 9340/24, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 18/21 vta. Del incidente obra glosada la resolución dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° Uno, con asiento en Pto. San Julián; quien en el punto 1º) del decisorio, denegó la solicitud de excarcelación solicitada a favor de C.B. Que a fs. 25/27 vta., el Dr. A.L.R., defensor oficial de la imputada, apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 32, y no habiendo presentado el memorial previsto por el art. 437 del CPP, quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa interpone el recurso de apelación en contra del auto que deniega la excarcelación de su asistida, por considerar que el a quo no ha fundado su rechazo en las acciones o hechos que creen en el nombrado el temor, para que justifique medida de restricción adoptada, sino que se limitó a manifestar que la imputada constituye un riesgo procesal, cuestión que no se encuentra probada por ningún medio. Expresa que luego se basa en la falta de arraigo porque su asistida no tiene trabajo estable que la afinquen al lugar del hecho.
Considera que no existe razón para no otorgar a su defendida su inmediata excarcelación, pues se corresponde con los requisitos legales para otorgarla.
Agrega, que la encarcelación cautelar resulta ser una excepción y no la regla, ello a tenor que la presunción de inocencia que goza cualquier ciudadano sometido a investigación es un principio de raigambre constitucional.
Manifiesta que la autoridad penitenciaria ha trasladado a su asistida a más de 350 km. de su centro de vida, de su hogar, del domicilio de su familia, de la presencia de sus hijos menores de edad y se produjo el agravamiento de su salud resultando unas varias intervenciones quirúrgicas. Resalta la ley 24.660 y tratados internacionales sobre el derecho de los detenidos de mantener sus relaciones familiares y afectivas. Entiende que el traslado de B. afecta la dignidad de la persona pues las relaciones con el exterior son una necesidad esencial de todo ser humano, considerándola una pena accesoria, pues le genera un sufrimiento que va más allá de la sanción que se encuentra cumpliendo de forma preventiva, vulnerándose con ello el principio de intrascendencia de la pena, debiendo garantizarse el interés superior del niño. Sostiene que no puede priorizarse la aplicación de un criterio minoritario, jurisprudencial y a la postre ilegal, como la teoría de la reiterancia para cuartar el derecho a la libertad de su asistida, sin basarse en normativa específica alguna o siquiera efectúa una valoración real de las posibles alternativas a la prisión preventiva. Arguye que no puede caer en cabeza de la imputada la omisión estatal de crear instalaciones de detención adecuadas para personas de género femenino y que por ello deba ser trasladada a 360 km. de sus seres queridos, agravando ello de forma objetiva sus condiciones de detención.
Por ello solicita su libertad provisoria o en su defecto sea trasladada de forma inmediata al centro de vida de su grupo familiar.
Hace reserva de Cuestión Federal.
Ingresando en el abordaje de los agravios formulados por el recurrente, y habiendo efectuado la lectura de las razones desplegadas por el magistrado en el resolutorio atacado, adelanto que he de confirmar el temperamento adoptado por el a quo. Como bien lo establece la jurisprudencia: “El encarcelamiento cautelar durante el proceso penal –así como toda otra medida coercitiva procesal-, sólo puede proceder para asegurar sus propios fines, estos son la averiguación de la verdad y la actuación de la ley penal”. (Maier, Derecho, I-522; Roxin, Derecho procesal, 257 Cafferata Nores, Garantías y sistema constitucional, RDP, 2001-1.129, Ziffer, Acerca de la invalidez del pronóstico de pena, LL, 2000-C-611, entre otros). Es decir, que se restringe la soltura anticipada en tanto pueda presumirse que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer sus investigaciones.
En este sentido, fueron tales las hipótesis abordadas en el auto recurrido, y entre otros, los que dieron fundamento al a quo para arribar a la decisión de rechazar la petición incoada.
Es por ello, que no encontramos ausencia de fundamentación en dicho auto, como lo referenciara el recurrente.
En el presente caso, tras haberse corrido la correspondiente vista, el Sr. Agente Fiscal dictaminó que no existen razones con la entidad suficiente por las cuales beneficiar a B., debiendo rechazarse el planteo de excarcelación.
El Ministerio Público hizo alusión a la cantidad de causas ya elevadas a la Cámara Criminal, que la tienen a B. como imputada, demostrando su desapego a las reglas de conducta mínima que debe tener cualquier sujeto de derecho. Establece que ante tal cantidad de causas a la espera de juicio, seguramente se tornaría efectiva la presunta condena por el hecho reprochado, lo que presenta un serio peligro de fuga por temor a una sentencia condenatoria futura. Por su parte, el a quo, compartiendo lo dictaminado por el Ministerio Público, consideró insuficientes las manifestaciones de la defensa a los fines de la adopción de un temperamento diferente a la vía escogida en los autos principales, por cuanto no han variado las circunstancias tenidas en cuenta al resolver a su respecto.
Sobre el particular, el magistrado reiteró los fundamentos expuestos al denegar la excarcelación de B., donde tras analizar diversas hipótesis, como la pena en abstracto en función del tope establecido en el art. 299 del ordenamiento procesal penal, y la carencia de antecedentes condenatorios, en función de la modalidad prevista por el art. 26 del CP., hace mención de las condiciones personales de la incusa, en cuanto a que si bien cuenta con domicilio en la localidad e hijos a cargo, no cuenta con bienes de fortuna ni trabajo estable. Continúa con su análisis sobre los procesos judiciales en contra de la imputada, mencionando un beneficio de suspensión de juicio a prueba otorgado por la Excma. Cámara en lo Criminal de la Pra. Circ., considerando la seria posibilidad que la incusa se dé a la fuga.
Sumado a ello, la conducta desplegada por B. de total desapego a la norma, que puede colegirse de la causa 16.269/24, en donde fuera excarcelada, y a los días incurre nuevamente en su conducta delictual, ocasión en la que es aprehendida in fraganti delito.
Todo ello lo lleva a considerar que ante el avance del proceso, y la cuantía cargosa, tendría serias razones para profugarse y así evitar la aplicación de la ley sustantiva.
Resalta la situación de haberle otorgado a las incusas medidas de coerción menos gravosas, las que fueron subestimadas por la nombrada, teniendo como resultado su detención in fraganti por el delito investigado en los autos principales.
Por lo cual no se observa que no se haya valorado la posibilidad de posibles alternativas a la prisión preventiva, pero ante el accionar desplegado por la encartada, de total desapego a las normas, las mismas fueron descartadas por el a quo.
En cuanto a lo referido por la defensa sobre su estado de salud, como lo expresara el magistrado, obran informes médicos en los cuales indican que la interna B. fue dada de alta del nosocomio local en fecha 11/12/24 con indicación de medicación y curaciones por el lapso de 10 días (los que fueron iniciados en fecha 10/12/24), habiéndosele hecho entrega de insumos de higiene y cuidado personal. Por lo cual, no se observan los extremos aludidos por la defensa en cuanto a un agravamiento de su salud, ni que se hayan conculcado sus derechos.
De esta manera el a quo brindó las razones por las que consideró que no resulta procedente la concesión del beneficio excarcelatorio, razón por lo cual esta Alzada no lo considera arbitrario.
Coincidimos con la defensa en la incolumnidad del principio de inocencia de toda persona sometida a juicio, pero como lo expresa el precepto legal, el mismo no se verá afectado, cuando distintas circunstancias hagan presumir que se intentará burlar la acción de la justicia.
Se considera que los fundamentos del magistrado constituyen pautas válidas para valorar el peligro de fuga y entorpecimiento del proceso por parte de la imputada; por lo que debo desechar los cuestionamientos de la defensa, por no alcanzar a conmover los argumentos dados por el magistrado en su resolución. Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en relación a un planteo similar; dijo: “...Los ordenamientos procesales penales facultan a los magistrados competentes a denegar la concesión del beneficio excarcelatorio cuando exista presunción fundada que la persona encausada intentará eludir la acción de la justicia, o bien entorpecer la investigación, resultando potestativo del juez valorar las circunstancias particulares que forman su convencimiento...”. (TSJ, Santa Cruz; 14/06/2007; “Díaz, José Ignacio y otro s. Hurto de ganado menor calificado - Recurso de queja”; Sumarios Oficiales Poder Judicial de Santa Cruz; RC J 645/13). Cabe destacar que esta Alzada hubo de confirmar recientemente la resolución de procesamiento con prisión preventiva, en los autos caratulados: "B.C. s/ Hurto en grado de tentativa", Expte. Nº 16.298/24, Apelación Nº 9206/24, donde los fundamentos de su único agravio expuesto, resultan ser coincidentes con los aquí planteados. En función de lo analizado, comparto el criterio asumido por el Juez de grado, entendiendo como suficientes las razones invocadas por el mismo para mantener la privación de la libertad de la imputada, razón por la cual no prosperarán los agravios en tratamiento. En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal de Justicia de la provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente, remítase copia digitalizada bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web. Por lo expuesto, de conformidad con las normas legales citadas, y en mi carácter de Juez subrogante de Recursos, RESUELVO: 1) CONFIRMAR el auto que obra glosado a fs. 18/21 vta. del presente incidente, del incidente, en cuanto ha sido motivo expreso y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
2. TENER PRESENTE la reserva de Cuestión Federal, que fuera articulada por la parte recurrente. 3) REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE. 4) Firme que sea REMÍTASE copia digitalizada al correo electrónico [email protected]. 5) Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
ycm Dr. MARCELO H. BERSANELLI JUEZ SUBROGANTE Dra. YANINA C. MERCADO Jefa de Despacho A/C SECRETARIA Juzgado de Recursos 1ª Circ. Judicial
Fin de la sentencia