Abriendo la norma
Cámara en lo Criminal de la 1º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver a B. I. G., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden a los delitos de usura agravada en concurso ideal con abuso de firma en blanco (arts. 175 bis tercer párrafo y 173 inc. 4º en función del art. 54 del Código Penal).
2Hacer CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a B. I. G. durante el proceso.
3Absolver a A. R. N., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden a los delitos de usura agravada en concurso ideal con abuso de firma en blanco (arts. 175 bis tercer párrafo y 173 inc. 4º en función del art. 54 del Código Penal).
4Hacer CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a A. R. N. durante el proceso.
5Disponer de los elementos secuestrados conforme arts. 503, ssgtes. y ccdtes. del C.P.P.
6INFORMAR a M. J. G. el estado del presente trámite y la situación procesal de los imputados, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 incisos “i”, “k” y “l” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
TOMO: CII REGISTRO: 3495 FOLIO: 030/035
Río Gallegos, 07 de setiembre de 2026.-
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Santa Cruz, bajo la Presidencia de la Dra. María Alejandra Vila, con las vocalías del Dr. Jorge Daniel Yance y del Dr. Carlos Enrique Arenillas -en carácter de Juez subrogante-, asistidos por la Secretaria Dra. Gabriela Mansilla a fin de dictar sentencia en autos caratulados: “B. I. G. Y A. R. N. S/USURA AGRAVADA EN CONCURSO IDEAL CON ABUSO DE FIRMA EN BLANCO” Expte. Nº 8847/24, y resolver la situación procesal de B. I. G., de apellido materno B., hija de J. H. (f) y de B. B. (v), de nacionalidad argentina, nacida el **/**/1964 en xxxxx, provincia de Santa Fe, instruida, de estado civil viuda, empleada, domiciliada en calle xxxxx N° ***, Barrio xxxxx de la localidad de Río Turbio, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***; y de A. R. N., de apellido materno N., hijo de J. L. (v) y de H. B. (f), de nacionalidad argentina, nacido el **/**/1972, en xxxxx, provincia de Tucumán, instruido, soltero, desocupado, domiciliado en calle xxxxx N° ***, Barrio xxxxx de la localidad de Río Turbio, titular del Documento Nacional de Identidad Nº **.***.***, quienes se encuentran asistidos por el Defensor Particular, Dr. Mario Andrés Maldonado, en tanto la acusación es representada por la Fiscal de Cámara, Dra. María Verónica Zuvic; de los que,
Que en las presentes actuaciones se le imputa a B. I. G. que “...el día **/**/2018, en el domicilio de la imputada sito en xxxxx N° *** del Barrio xxxxx de la localidad de Río Turbio, en el horario aproximado de las 17:15 horas, se habría realizado un pacto entre la denunciante M. J. G. y la imputada por el cual ésta le prestaría la suma de pesos diez mil ($10.000) a la Sra. M. J. G., monto cuyos intereses eran de $10.000 pagaderos en 5 cuotas de $4000 cada una, habiendo firmado al efecto 05 (cinco) pagarés por esos montos, dinero que necesitaba urgentemente para afrontar gastos por estudios médicos de su hija, situación que habría aprovechado la encartada. Posteriormente el día 20 de marzo del año 2018, se habría acreditado en la cuenta de la Sra.
M. J. G. la suma de pesos nueve mil trescientos ($9300), habiendo la denunciante realizado tres (03) pagos mediante transferencias bancarias, el primero el 16 de abril de 2018 mediante una transferencia bancaria por pesos cuatro mil ($4000). El segundo pago que correspondía al mes de mayo de 2018, no lo habría podido realizar; pero en el mes de agosto de 2018, habría realizado un pago de pesos diez mil ($10.000) con mas pesos un mil quinientos ($1500) en concepto de intereses, los que habrían correspondido a los meses de junio y julio, y un tercer pago por la suma de pesos cuatro mil ($4000) el día 12 de septiembre de 2018, que corresponderían al mes de agosto de 2018, totalizando la suma de pesos dieciocho mil ($18000).
Asimismo, en el mes de octubre del año 2018, B. I. G. se habría hecho presente en el lugar de trabajo de M. J. G. y le habría reclamado el pago de la deuda que mantenía, reconociendo la denunciante dicha deuda, firmando entonces seis (06) pagarés más en blanco. Al tiempo, la Sra. M. J. G. habría sido demandada judicialmente por el imputado A. R. N. - quien sería pareja de B. I. G.- por la suma de pesos sesenta mil ($60000), quien figuraría como beneficiario de los mencionados pagarés y, al ser notificada de la demanda, la denunciante habría reconocido su firma en los pagarés ejecutados, como los que habría firmado en blanco, y que presuntamente habrían sido llenados por los imputados por la suma de pesos diez mil ($10000) cada uno de ellos, los que habrían sido objeto de la demanda civil, haciendo de éste tipo de prácticas, una actividad desarrollada de manera habitual, lucrando usurariamente…".
Que al imputado A. R. N. se le atribuye que “…el día 17 de marzo de 2018, en el domicilio de la imputada sito en xxxxx N° *** del Barrio xxxxx de la localidad de Río Turbio, en el horario aproximado de las 17:15 horas, se habría realizado un pacto entre la denunciante M. J. G. y la imputada por el cual ésta le prestaría la suma de pesos diez mil ($10.000) a la Sra. M. J. G., monto cuyos intereses eran de $10.000 pagaderos en 5 cuotas de $4000 cada una, habiendo firmado al efecto 05 (cinco) pagarés por esos montos, dinero que necesitaba urgentemente para afrontar gastos por estudios médicos de su hija, situación que habrían aprovechado los encartados. Posteriormente el día 20 de marzo del año 2018, se habría acreditado en la cuenta de la Sra.
M. J. G. la suma de pesos nueve mil trescientos ($9300), habiendo la denunciante realizado tres (03) pagos mediante transferencias bancarias, el primero el 16 de abril de 2018 mediante una transferencia bancaria por pesos cuatro mil ($4000). El segundo pago que correspondía al mes de mayo de 2018, no lo habría podido realizar; pero en el mes de agosto de 2018, habría realizado un pago de pesos diez mil ($10.000) con mas pesos un mil quinientos ($1500) en concepto de intereses, los que habrían correspondido a los meses de junio y julio, y un tercer pago por la suma de pesos cuatro mil ($4000) el día 12 de septiembre de 2018, que corresponderían al mes de agosto de 2018, totalizando la suma de pesos dieciocho mil ($18000).
Asimismo, en el mes de octubre del año 2018, B. I. G. se habría hecho presente en el lugar de trabajo de M. J. G. y le habría reclamado el pago de la deuda que mantenía, reconociendo la denunciante dicha deuda, firmando entonces seis (06) pagarés más en blanco. Al tiempo, la Sra. M. J. G. habría sido demandada judicialmente por el imputado A. R. N. - quien sería pareja de B. I. G.- por la suma de pesos sesenta mil ($60000), quien figuraría como beneficiario de los mencionados pagarés y, al ser notificada de la demanda, la denunciante habría reconocido su firma en los pagarés ejecutados, como los que habría firmado en blanco, y que presuntamente habrían sido llenados por los imputados por la suma de pesos diez mil ($10000) cada uno de ellos, los que habrían sido objeto de la demanda civil, haciendo de éste tipo de prácticas, una actividad desarrollada de manera habitual, lucrando usurariamente…".
Que a fs. 307/308, la Letrada Adjunta de la Fiscalía ante esta Cámara propuso la omisión de debate en los términos del artículo 517 del Código de Rito, y atento las pautas mesurativas establecidas en los arts. 40 y 41 del C.P., solicitó se condene a B. I. G. y a A. R. N. a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso, en orden al delito de USURA AGRAVADA EN CONCURSO IDEAL CON ABUSO DE FIRMA EN BLANCO, previsto y reprimido por el art. 175 bis tercer párrafo, 54 y 173 inc. 4º del Código Penal más las costas del proceso (art. 29 inc. 3º del Código Penal).
Para merituar el monto de la pena ofrecida, el Ministerio Público Fiscal tuvo en cuenta las pautas mesurativas establecidas en los arts. 40 y 41 del Código Penal, entre ellas como circunstancias agravantes la naturaleza del hecho típico (delito contra la propiedad), las características de su realización, esto es habiendo intimidado a la denunciante en su propio lugar de trabajo y obligarla a firmar en dicha situación aquellos pagarés motivo de investigación y la escala penal prevista en abstracto para el delito enrostrado; y como circunstancias atenuantes haber estado sometidos a proceso durante toda la instrucción.
Que en atención a la propuesta fiscal, se celebraron las audiencias de omisión de debate, habiendo comparecido en forma virtual la imputada B. I. G. y el imputado A. R. N., ambos junto con su Defensor Particular, aceptando la propuesta de la Sra. Fiscal de Cámara (fs. 315 y 316, respectivamente), por lo que quedó expedita la vía para llevar adelante el juicio conforme lo prevé el art. 517 del Código Procesal Penal.
Que conforme lo establecido por el artículo 381 del Código Procesal Penal, la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial ha establecido el siguiente orden de tratamiento de las cuestiones traídas a despacho para resolver:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es admisible y procedente la propuesta de omisión de debate efectuada por la Fiscalía de Cámara?
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se encuentra acreditada la materialidad del hecho ilícito, la autoría y la consecuente responsabilidad penal de los acusados? TERCERA CUESTIÓN: En su caso, ¿Qué calificación jurídica corresponde otorgar a la conducta de los acusados en el hecho?
CUARTA CUESTIÓN: Finalmente, ¿Qué sanción corresponde imponer?
Que a la PRIMERA CUESTIÓN el Tribunal expresó:
De conformidad con el art. 517 del Código Procesal Penal, en las presentes actuaciones se han cumplido los requisitos legales exigidos para tornar viable la omisión de debate en el presente juicio.
En este sentido, las actuaciones cuentan con la propuesta formal por parte de la Fiscalía de Cámara y la correspondiente aceptación tanto del defensor interviniente como la de los imputados.
Conforme a las características del hecho, a la entidad del bien jurídico tutelado lesionado por el delito y a las condiciones personales de los imputados, a criterio de este Tribunal, la propuesta formulada por el Ministerio Público Fiscal se encuentra comprendida dentro del marco legal aplicable y no se advierte, en esta instancia, obstáculo alguno para su admisión, sin perjuicio del análisis que corresponde efectuar respecto de la materialidad, la autoría y la calificación jurídica.
Es por ello que este Tribunal por unanimidad resuelve en primer término decretar la omisión de debate y proseguir con el estudio de las demás cuestiones para el dictado de la sentencia en las presentes actuaciones. A la SEGUNDA CUESTIÓN, el Tribunal expresó:
Se iniciaron las presentes actuaciones con la denuncia radicada a fs. 1 y vta., por M. J. G., en la cual manifestó que el día 17 de marzo de 2018, alrededor de las 17:15 horas, concurrió al domicilio de B. I. G., en calle xxxxx N° *** del Barrio xxxxx de Río Turbio, con el propósito de obtener un préstamo de dinero para cubrir los gastos de derivación de su hija.
Indicó que tomó conocimiento de que B. I. G. era prestamista a través de compañeras de trabajo. Detalló que pactó con la imputada la entrega de un monto total de diez mil pesos ($10.000,00), con un interés de diez mil pesos ($10.000,00), resultando la deuda total asumida en veinte mil pesos ($20.000,00).
Sobre las condiciones del acuerdo, señaló que completó un formulario de contrato del cual no le entregaron copia, que B. I. G. le solicitó el recibo de haberes, copia del D.N.I. y de su C.B.U., y que completó y firmó unos pagarés por la suma de diez mil pesos ($10.000,00).
Asimismo, expresó que ese mismo día suscribió cinco (5) pagarés por la suma de cuatro mil pesos ($4.000,00) cada uno, debiendo abonarlos del 1 al 15 de cada mes, fijándose una multa de cincuenta pesos ($50) por día de atraso. Añadió que el 20 de marzo de 2018 se le acreditaron en su cuenta del Banco Santa Cruz N° **-****** la suma de nueve mil trescientos pesos ($9.300,00); esto es, setecientos pesos menos, que según le explicó B. I. G. se destinaban al pago de los papeles del banco.
Manifestó que para que la encartada le devolviera los pagarés, debía abonar las cuotas del préstamo. Así, realizó un primer pago el día 16 de abril de 2018, mediante transferencia bancaria por cuatro mil pesos ($4.000,00). En cuanto al segundo pago, correspondiente al mes de mayo de 2018, expuso que no pudo realizarlo en término, anoticiando de ello a B. I. G. vía telefónica. Refirió que en agosto de 2018 efectuó un pago total de diez mil pesos ($10.000,00), con mil quinientos pesos ($1.500,00) de intereses, imputándolo a los meses junio y julio de 2018, y un tercer pago por la suma de cuatro mil pesos ($4.000,00) el 12 de septiembre de 2018 correspondiente a agosto, todos mediante transferencias bancarias.
Aseguró que en octubre de 2018 Benítez se presentó en su lugar de trabajo a decirle que no le había pagado, que aún le adeudaba dos pagarés y que le aumentaría los intereses; ante lo cual, la denunciante aceptó firmarle seis pagarés en blanco.
Afirmó que el 8 de abril de 2019 recibió en su domicilio un mandamiento de intimación de pago y embargo por la suma de sesenta mil pesos ($60.000,00), más dieciocho mil pesos ($18.000,00) de intereses, en el marco de una demanda ejecutiva iniciada por A. R. N. - esposo de la imputada- , reconociendo su firma en las copias de los seis pagarés acompañados. Al ser consultada sobre el motivo por el cual firmó los títulos en blanco, explicó que se encontraba apurada en su lugar de trabajo, entregando la colación de los pacientes, y que le reconoció la existencia de una deuda a la encartada. No obstante, precisó que en ese momento no tenía claro cuánto era el monto total abonado - desconociendo que había pagado un total de dieciocho mil pesos ($18.000,00)- , motivo por el cual aceptó la firma en blanco de los títulos.
Finalmente, indicó saber que a sus compañeras de trabajo les ocurrió lo mismo, aportando sus datos filiatorios, y sostuvo haberse sentido estafada en su buena fe al haber solicitado un préstamo por diez mil pesos ($10.000,00), haber firmado pagarés en blanco y afrontar un reclamo judicial por sesenta mil pesos ($60.000).
Acompañó copia de las actuaciones judiciales de los autos caratulados “A. R. N. C/G. M.S/EJECUTIVO” Expte. N° A-7308/19 de trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio. Concretamente, adjuntó copia del mandamiento de intimación de pago y embargo, copia de la demanda ejecutiva, copia del DNI de A. R. N. y copia de seis pagarés. Igualmente, acompañó comprobantes de Sit Santa Cruz, resumen de movimientos de la cuenta bancaria N° **-****** y las copias de los cinco pagarés por la suma de cuatro mil pesos cada uno.
Al ser citada en sede judicial, M. J. G. ratificó la denuncia y aclaró que el acuerdo consistió en un préstamo de dinero por la suma de diez mil pesos ($10.000,00), debiendo devolver la suma total de veinte mil pesos ($20.000,00) en cinco cuotas de cuatro mil pesos ($4.000,00), pagaderas del 1 al 15 de cada mes, con un interés de cincuenta pesos ($50) por día de atraso. Cabe precisar que en la presente causa se les atribuye a los imputados B. I. G. y A. R. N. haber celebrado el 17 de marzo de 2018, en el domicilio de la primera, un mutuo con M. J. G. por la suma de diez mil pesos ($10.000,00), pactando la devolución de veinte mil pesos ($20.000,00) en cinco cuotas mensuales de cuatro mil pesos ($4.000,00) mediante la suscripción de cinco pagarés, aprovechándose de la situación de necesidad que atravesaba la nombrada para costear estudios médicos de su hija.
Asimismo, se les imputa que, luego de recibir pagos parciales por un total de dieciocho mil pesos ($18.000,00), B. I. G. se apersonó en octubre de 2018 en el lugar de trabajo de la damnificada para exigirle la cancelación del saldo, oportunidad en la que le hizo suscribir seis pagarés en blanco; cartulares que posteriormente habrían sido llenados por diez mil pesos ($10.000,00) cada uno y ejecutados judicialmente en el fuero civil por A. R. N. por la suma de sesenta mil pesos ($60.000,00), desplegando dicha actividad lucrativa de manera habitual.
Delimitado el objeto de la acusación y sentados sus antecedentes, habremos de adelantar que, por aplicación del principio in dubio pro reo consagrado en el art. 4 del C.P.P., la respuesta a la cuestión será negativa.
Ello es así por cuanto los extremos fácticos de la imputación no han alcanzado el grado de certeza que esta etapa exige para arribar a un juicio de reproche penal. La fragilidad del cuadro probatorio recabado impone seguir el mandato expresado en la norma.
Tal conclusión es el resultado de una valoración integral y armónica de las constancias reunidas en la causa, las cuales devienen insuficientes para acreditar la existencia de las conductas presuntamente usurarias y del abuso de la firma en blanco en los términos contenidos en la acusación. En efecto, la declaración de la damnificada, las copias de los cartulares, los comprobantes bancarios, la pericia caligráfica y la demanda ejecutiva, aun valorados conjuntamente, no permiten establecer con la certeza necesaria aquellos extremos ni la intervención atribuida a cada uno de los imputados. En este sentido, en primer lugar, corresponde destacar que las constancias reunidas dan cuenta de la existencia de una relación crediticia entre M. J. G. y B. I. G., aunque no permiten establecer con certeza que el contrato de mutuo se hubiera celebrado en las concretas condiciones invocadas por la denunciante. Las copias simples de los pagarés acompañados a fs. 29/31 resultan idóneas para dar cuenta de una relación documental, mas no, por sí solas, de los términos del acuerdo previo. Si bien la pericia caligráfica de fs. 200/206 corrobora que la firma estampada en los títulos pertenece a M. J. G. - extremo que la propia víctima reconoció- , no se ha incorporado probanza suficiente que permita determinar que tales pagarés encuentren su causa en el mutuo en las condiciones descriptas en la acusación.
En segundo lugar, del examen pormenorizado de la denuncia efectuada ante la Fiscalía de Instrucción de Río Turbio y del testimonio prestado en sede judicial, emergen ciertas imprecisiones e inconsistencias en las propias manifestaciones de la denunciante M. J. G.. Sus dichos sobre el acuerdo originario, los cartulares suscriptos y la dinámica de los pagos que afirma haber efectuado presentan diferencias que deben ser confrontadas con la documentación por ella misma aportada.
En efecto, la denunciante afirmó inicialmente que B. I. G. completó pagarés por la suma de diez mil pesos ($10.000,00) que ella suscribió, para luego sostener que ese mismo día firmó cinco (5) pagarés - también confeccionados por la imputada- por la suma de cuatro mil pesos ($4.000,00) cada uno, lo que totalizaría veinte mil pesos ($20.000,00).
Distinto es el segundo grupo de cartulares al que hizo referencia: los seis (6) pagarés que, según sostuvo, firmó en blanco varios meses después, cuando B.
I. G. se presentó en su lugar de trabajo para reclamarle el saldo que consideraba pendiente. Se trata, por tanto, de documentos correspondientes a un momento distinto de la relación relatada, por lo que su existencia no integra la inconsistencia antes señalada respecto de los pagarés vinculados al acuerdo originario.
De igual manera, mientras que la suma de las transferencias bancarias por ella acompañadas asciende a dieciocho mil pesos (ver fs. 18, 24 y 25), aseveró haber abonado diecinueve mil quinientos pesos ($19.500,00), existiendo una diferencia de mil quinientos pesos entre lo que aduce haber pagado y lo que emerge de la planilla de movimientos de su cuenta bancaria. Tal discordancia no basta, por sí sola, para descalificar su declaración, pero sí introduce una dificultad para reconstruir con precisión los pagos efectivamente realizados y el saldo que permanecía pendiente.
Tales imprecisiones se ven aun más obstaculizadas por la documentación acompañada a fs. 18, 24 y 25, compuesta por la suma de los montos transferidos en el orden de $18.000,00 que la denunciante dijo haber efectuado, no logrando la misma explicar el destino del monto de $1.500,00 que no se encuentra reflejado en aquellos movimientos.
Por otra parte, aun de aceptarse hipotéticamente que la deuda total asumida por la damnificada ascendía a veinte mil pesos ($20.000,00), tal como lo afirma al ser citada en sede judicial, las imprecisiones detectadas respecto de los pagos presuntamente realizados y lo que emerge de la planilla de movimientos bancarios resultan insuficientes para tener por acreditado este extremo de la plataforma fáctica de la acusación fiscal.
Por lo demás, tampoco obra en las actuaciones constancia alguna que acredite que las transferencias bancarias realizadas por la denunciante hayan tenido como destino cuentas cuya titularidad corresponda a los imputados B. I. G. o A. R. N. o a alguna persona a ellos vinculada. Si bien la acreditación de tales transferencias podría haber constituido un indicio de la existencia del acuerdo pactado, la falta de identificación del titular de la cuenta receptora priva a dichos movimientos bancarios de eficacia probatoria suficiente para vincular a los acusados con el cobro de las sumas.
Desde otra perspectiva, si tuviéramos por cierto que el mutuo se pactó en las condiciones señaladas por la acusación y que los intereses acordados ascendían a la suma de diez mil pesos ($10.000,00), la sola existencia del recargo nominal de un 100% sobre el capital no demuestra por sí misma la figura ilícita en cuestión. En efecto, aunque la suma resulte elevada, las imprecisiones en los dichos de la denunciante impiden evidenciar que los encartados hayan impuesto esa tasa mediante el aprovechamiento de la situación de necesidad, ligereza o inexperiencia invocada. Al no existir en la causa otros elementos probatorios que corroboren suficientemente ese extremo de la denuncia, persiste la duda respecto de este aspecto de la imputación.
Finalmente, respecto de la firma en blanco de los seis pagarés de diez mil pesos, este Tribunal debe arribar a la misma conclusión.
Si bien las copias xerográficas de los pagarés glosados a fs. 6/11 fueron sometidas a una pericia caligráfica (fs. 213/218), concluyéndose que las firmas allí insertas pertenecen a la damnificada, lo cierto es que no se practicaron - por los fundamentos que exhibe la perito interviniente- un estudio de cronología de tintas que permita determinar si el texto del documento y la firma fueron estampados en distintos momentos temporales, si existió un llenado posterior o si la grafía del cuerpo del documento corresponde a la mano escritora de alguno de los imputados.
La afirmación de la damnificada de haber firmado los pagarés en blanco, aduciendo que se hallaba apurada por encontrarse en horario laboral prestando servicios en el Hospital San Lucas de Río Turbio, constituye un elemento de prueba que debe ser ponderado juntamente con las restantes constancias. Sin embargo, no resulta suficiente para establecer con certeza las condiciones en que esos documentos fueron suscriptos ni, menos aún, la conducta abusiva atribuida a los imputados.
A mayor abundamiento, si bien la testigo V. G. M. confirmó que B. I. G. - a quien no conocía con anterioridad- un día se presentó en las instalaciones del nosocomio buscando a M. J. G., la nombrada no presenció reunión alguna entre ambas, como tampoco el intercambio verbal que habría tenido lugar o la firma de cartular alguno por parte de la supuesta víctima.
En la misma senda, la demanda ejecutiva interpuesta por A. R. N. acredita la posterior utilización de los seis pagarés para reclamar judicialmente su cobro. Sin embargo, tal circunstancia no permite establecer, por sí sola, que los títulos hubieran sido entregados en blanco, que luego fueran llenados ilegítimamente ni que A. R. N. conociera esas circunstancias. Máxime teniendo en cuenta la inexistencia de peritajes sobre los documentos originales - por haberse ordenado su destrucción en sede civil- y la ausencia de otros elementos probatorios que permitan reconstruir la hipótesis acusatoria.
Tampoco reviste eficacia convictiva suficiente el resultado del allanamiento practicado en el domicilio de los imputados. Si bien en dicha diligencia se procedió al secuestro de diversos pagarés, lo cierto es que ninguno se vincula a la denunciante ni al acuerdo dinerario que diera origen a las presentes actuaciones. Dicho hallazgo, por sí solo, no permite tener por acreditada la materialidad del hecho enrostrado ni la existencia del contrato usurario en el caso concreto de autos.
A idéntica conclusión arribamos con los informes del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Minería y de Familia de Río Turbio (fs. 177 y vta. y 238/239) y con las declaraciones testimoniales de los restantes testigos que manifestaron haber recibido préstamos de dinero por parte de la imputada y haber cancelado sus obligaciones o afrontado procesos ejecutivos promovidos por A. R. N. Y. por la hija de aquella (fs. 230/231, 233 y vta., 234/235). La habitualidad en la conducta - presuntamente demostrada por los procesos ejecutivos en trámite- , por configurar una agravante de la figura ilícita, exige la previa acreditación de que las operaciones computadas a tal efecto presenten las características ilícitas de la conducta investigada. La sola existencia de préstamos o procesos ejecutivos no resulta suficiente para demostrar tal circunstancia, por lo que las probanzas testimoniales y los informes remitidos por la autoridad judicial devienen ineficaces a esos fines convictivos.
Debe señalarse, asimismo, que la vinculación probatoria de ambos imputados no resulta idéntica. M. J. G. identifica a B. I. G. como la persona con quien acordó el préstamo y a quien atribuye haberse presentado posteriormente en su lugar de trabajo, circunstancia esta última corroborada parcialmente por el testimonio de V. G. M.. Respecto de A. R. N., en cambio, se encuentra acreditada su intervención posterior como ejecutante de los seis pagarés, mas no existen elementos suficientes que permitan ubicarlo en la celebración del mutuo originario o en el episodio ocurrido en el lugar de trabajo de la denunciante, ni establecer que hubiera intervenido en el eventual llenado posterior de los documentos o conocido las condiciones en que éstos habrían sido suscriptos.
De tal modo, el examen conglobado y conjunto de las probanzas incorporadas a la causa tampoco permite alcanzar el grado de certeza que una sentencia condenatoria exige. Los elementos reunidos no logran conmover la fragilidad probatoria analizada, persistiendo un estado de duda sobre los extremos de la conducta ilícita atribuida a los imputados.
En el caso de autos, las imprecisiones señaladas en la declaración de la denunciante, la ausencia de peritajes sobre los documentos originales, los testimonios e informes sobre el ejercicio de una actividad de préstamo, la existencia de procesos judiciales en el fuero civil promovidos por uno de los imputados y los comprobantes de movimientos bancarios sin evidente vinculación con aquéllos no conforman un plexo probatorio coherente y concordante que permita alcanzar la certeza requerida para condenar. En este orden de ideas, el estado de inocencia de los imputados exige que para poder llegar a una conclusión condenatoria se obtenga pleno convencimiento sobre los extremos de la acusación, resultado que en el presente caso se ve impedido por la acumulación de dudas sustanciales respecto del acaecimiento de los hechos en los términos atribuidos y de la concreta intervención de los encartados, que impiden superar el estándar de duda razonable exigido para arribar a un pronunciamiento condenatorio. Cabe aclarar que lo precedentemente afirmado no equivale a aseverar que los hechos sometidos a conocimiento de este Tribunal no hayan ocurrido, sino que, de acuerdo con la prueba producida, no pueden tenerse por acreditados con el grado de certeza exigido en esta etapa procesal.
Por ello, corresponde responder negativamente a la segunda cuestión. A la TERCERA cuestión el Tribunal dijo:
La respuesta negativa a la segunda cuestión torna abstracto el tratamiento de la calificación jurídica.
A la CUARTA cuestión el Tribunal dijo:
Conforme lo concluido precedentemente, no corresponde evaluar o determinar pena a imponer pero sí dictar la absolución de B. I. G. y de A. R. N. en orden a los delitos de usura agravada en concurso ideal con abuso de firma en blanco (arts. 175 bis tercer párrafo y 173 inc. 4º en función del art. 54 del Código Penal) por imperio de la duda (Art. 4º del CPP).
En su mérito, deberán cesar todas las restricciones a ellos oportunamente impuestas.
Debe, además, disponerse de los elementos secuestrados de conformidad con los arts. 503, ccdtes. y ssgtes. del C.P.P.
Además, deberá hacerse saber a M. J. G. del estado del trámite y la situación procesal de los imputados, ello en los términos de los artículos 73 inciso “b” del Código Procesal Penal, y 5 incisos “i”, “k” y “l” de de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
En virtud de la deliberación y el acuerdo que antecede y lo dispuesto por los artículos 4, 381, 382, 383, 385 y 517 del Código Procesal Penal, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial,
1. ABSOLVER a B. I. G., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden a los delitos de usura agravada en concurso ideal con abuso de firma en blanco (arts. 175 bis tercer párrafo y 173 inc. 4º en función del art. 54 del Código Penal).
2. HACER CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a B. I. G. durante el proceso.
3. ABSOLVER a A. R. N., de demás circunstancias de figuración en autos, en orden a los delitos de usura agravada en concurso ideal con abuso de firma en blanco (arts. 175 bis tercer párrafo y 173 inc. 4º en función del art. 54 del Código Penal).
4. HACER CESAR todas las restricciones legales oportunamente impuestas a A. R. N. durante el proceso.
5. DISPONER de los elementos secuestrados conforme arts. 503, ssgtes. y ccdtes. del C.P.P.
6. INFORMAR a M. J. G. el estado del presente trámite y la situación procesal de los imputados, ello en los términos de los artículos 73 inciso b del Código Procesal Penal y 5 incisos “i”, “k” y “l” de la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas víctimas de delitos.
7. REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE la presente; firme que sea, COMUNÍQUESE y REMÍTANSE los presentes actuados a la Secretaria de Ejecución a sus efectos.
Fdo: Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- Dr Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante- ante la Dra. Gabriela Mansilla - secretaria-.
Fin de la sentencia