Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Absolver de PENA a B. A. I. J., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO EN POBLADO Y EN BANDA - art. 167 inc. 2° del Código Penal- , por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2Dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
LIBRO: XCIX REGISTRO: 3448 FOLIO: 234/236
RIO GALLEGOS, 08 de julio de 2026.
Que se reúne en acuerdo la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Santa Cruz, presidida por la Dra. María Alejandra Vila, e integrada por el vocal - titular- Dr. Jorge Daniel Yance y el vocal Dr. Carlos E. Arenillas - subrogante-, actuando como secretaria la Dra. Gabriela Mansilla, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “B. A. I. J. S/ ROBO EN POBLADO Y EN BANDA” Expte. Nº 7327/22, y definir la situación procesal de B. A. I. J., hijo de B. L. H. y de V. Y. D., argentino, nacido el **/**/2004, en Río Gallegos, Santa Cruz, soltero, alfabeto, albañil, domiciliado en calle DIRECCION_1 de esta ciudad, DNI N° **.***.***, quien se encuentra asistido por el Defensor Oficial, Dr. Emin Charif Sat, estando la Fiscalía de Cámara a cargo de su titular, Dra. María Verónica Zuvic, y en representación del Ministerio Complementario la Dra. Natalia Barría y:
Que en las presentes actuaciones ha recaído sentencia en fecha **/**/2024, conforme consta a fs. 236/239, mediante la cual se declaró la responsabilidad penal de B. A. I. J. en orden al delito de robo en poblado y en banda, previsto en el art. 167 inc. 2° del Código Penal. En esa oportunidad, conforme lo dispuesto por la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , se difirió el análisis relativo a la necesidad de imponer pena hasta contar con informes actualizados de antecedentes, evaluación psicológica y psiquiátrica, y un amplio informe socioambiental.
Teniendo en cuenta que se ha agregado la documental y la información necesaria, la presente causa se encuentra para dictar sentencia, fijando este Tribunal las siguientes cuestiones a tratar:
PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es necesario imponer pena al imputado en orden al delito por el cual se declaró su responsabilidad penal?
Al respecto el Tribunal dijo:
A fs. 244 se ordenó realizar un amplio informe socio ambiental respecto del imputado, se requirió los antecedentes actualizados al Departamento Judicial Policial y la realización de una pericia en los términos del art. 71 del CPP. Agregados que fueron dichos informes a fs. 273/274 vta., 287/289 vta. y 291/292 vta., se corrió vista a las partes, a los fines que se expidan con relación a la aplicación de sanción en la presente causa.
La Dra. María Verónica Zuvic a fs. 294/vta. mencionó “...las conductas llevadas a cabo con sterioridad a las presentes, habiendo ésta vindicta efectuado una propuesta de juicio abreviado en torno a B. A. I. J., en autos caratulados “A. G. S. S/Robo Simple -dos hechos- robo agravado por haber sido cometido con escalamiento -cuatro hechos- y robo agravado por el uso de armas en grado de tentativa -un hecho- todo en concurso real y B. E. L. S/Robo Simple -tres hechos-, robo agravado por haber sido cometido con escalamiento -tres hechos- y robo en grado de tentativa -un hecho- todo en concurso real” Expte. 8834/24…”.
Asimismo valoró del informe social, que B. A. I. J. no se encuentra inserto en el sistema formal de trabajo y que estuvo alojado en el Dispositivo Penal Juvenil, del informe psicológico resaltó que posee capacidad para estar en un proceso penal y destacó que no se encuentran actualizados los antecedentes penales del mismo.
Por todo ello, solicitó se le imponga una pena de un año y tres meses de prisión en suspenso, más las costas del proceso.
Posteriormente, a fs. 296/297 vta. el Dr. Sat a cargo de la defensa del imputado, cuestionó que cómo si no se encuentran actualizados los antecedentes penales, es decir si es incierto el resultado del tratamiento tutelar, se puede arribar a la conclusión de que es necesaria la aplicación de la sanción penal.
Y añadió “...si bien mi asistido no cuenta con un trabajo estable y en blanco, se desempeñaba laboralmente en tareas de albañilería, desde la temprana edad de 15 años, además con relación al aspecto educativo manifestó tener la intención de retomar los talleres laborales de electricidad y carpintería de la escuela Domingo Savio. Que del análisis de los escasos elementos obrantes en autos, respecto a su tratamiento tutelar, se desprende que las estrategias adoptadas hacia la resocialización del joven han sido escasas o prácticamente inexistentes…”.
Finalmente concluyó: “…con relación a delitos cometidos por menores de edad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Mendoza y otros vs. Argentina” ha establecido en forma particular el derecho a la vida digna y a la integridad personal, la prohibición de penas crueles, inhumanas y degradantes, y el derecho de los adolescentes a medidas de justicia especializada, con finalidad de reinserción social…”.
Destacó que la aplicación de la pena es una respuesta proporcional al juicio de reproche por la conducta realizada y en consecuencia solicitó la absolución de pena de B. A. I. J. “...teniendo en cuenta que es el propio estado el encargado de velar por políticas públicas destinadas a brindar un tratamiento tutelar a los jóvenes que delinquen y su desidia no puede recaer en un menor, a lo que se le adiciona que la condena de un menor no cumple un fin en sí mismo…”. Asimismo, conforme surge de fs. 299/vta., la Dra. Natalia Barria en su carácter de representante complementaria manifestó "...teniendo en consideración que la posible imposición de pena conforme lo sugerido por la agente fiscal podría acarrear mayores consecuencias disvaliosas contrarias a los fines de la integración social que surge de la ley 22278 y desde una mirada de convencionalidad conforme previsiones del art. 40 de la CDN que en igual sentido persigue idénticos fines y propósitos, se sugiere absolver al joven B. A.
I. J. de la aplicación de pena conforme lo dispuesto en el art. 4 último párrafo de la ley 22278…”.
Previo a ingresar al análisis de los informes incorporados, corresponde efectuar una precisión relevante. La causa mencionada por la titular del Ministerio Público Fiscal en sustento de su pedido de pena no registra como imputado a B. A. I. J., sino a su hermano, B. E. L.. Por esa razón, tales actuaciones no pueden ser valoradas en perjuicio del joven aquí sometido a decisión, pues ello importaría trasladarle consecuencias derivadas de un proceso ajeno. En consecuencia, ese extremo no constituye una base válida para afirmar la necesidad actual de imponer pena en esta causa.
Del informe socioambiental elaborado por la perito Silvia Hernández surge que B. A. I. J. no finalizó sus estudios secundarios y que, si bien actualmente no cuenta con una inserción laboral formal, refirió desempeñarse en tareas vinculadas al rubro de la construcción desde temprana edad. También manifestó su intención de continuar con las capacitaciones ofrecidas por la Escuela Domingo Savio, en particular en los talleres de electricidad y carpintería. La profesional destacó, además, que durante la entrevista presentó una actitud colaborativa y predispuesta, desarrollándose el encuentro en un clima adecuado.
Asimismo, del informe psicológico incorporado se desprende que presenta un nivel intelectual dentro de los límites normales, con capacidad de razonamiento acorde a su nivel sociocultural, sin indicadores sugestivos de retraso mental ni de deterioro intelectual, y con capacidad para comprender y actuar en el marco de un proceso penal.
A ello se suma que del informe de antecedentes obrante en autos no surge que B. A. I. J. registre condenas penales. Esta circunstancia adquiere particular relevancia, pues el pedido de imposición de pena formulado por la Fiscalía se apoyó principalmente en la referencia a una causa posterior que, conforme fue aclarado, no corresponde al joven aquí juzgado, sino a su hermano. Descartado ese extremo, no subsiste un dato objetivo que permita afirmar que la imposición de pena resulte actualmente necesaria.
En este punto corresponde recordar los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Maldonado”, en cuanto sostuvo que la pena impuesta a una persona por un delito cometido mientras era menor de edad debe responder a una finalidad preponderantemente resocializadora, conforme lo estipulado en el art. 40 inc. 1° de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, el Máximo Tribunal señaló que la “necesidad de la pena” prevista en el régimen de la Ley 22.278 no puede ser equiparada a la gravedad del hecho ni a criterios de peligrosidad, sino que debe vincularse con la finalidad de promover la reintegración social del joven y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.
Bajo tales parámetros, no corresponde imponer pena por la sola gravedad del delito por el cual se declaró la responsabilidad penal, ni por consideraciones abstractas de prevención general. La decisión debe centrarse en si, al momento de resolver, la sanción conserva una finalidad concreta, útil y necesaria en función de la evolución personal del joven, de los informes incorporados y de las circunstancias verificadas en autos.
En el caso concreto, B. A. I. J. cometió el hecho durante su minoridad, circunstancia ya establecida al declararse oportunamente su responsabilidad penal bajo el régimen de la Ley 22.278. Por ello, el análisis debe mantenerse dentro del marco propio del sistema penal juvenil, orientado por los principios de especialidad, mínima intervención y finalidad socioeducativa.
Los informes agregados no permiten concluir que la imposición de una pena resulte actualmente necesaria. Por el contrario, dan cuenta de un joven sin condenas registradas, con referencias de actividad laboral informal, con voluntad de retomar espacios de capacitación y sin indicadores psicológicos que revelen una necesidad específica de intervención punitiva.
Tampoco puede perderse de vista lo señalado por la defensa y por la Representante Complementaria en cuanto a que las estrategias institucionales desplegadas durante el tratamiento tutelar aparecen limitadas. Esa insuficiencia estatal no puede traducirse, sin más, en un fundamento para imponer pena, pues ello desnaturalizaría la finalidad del régimen penal juvenil y trasladaría al joven las consecuencias de una intervención estatal deficitaria.
Por todo ello, y de conformidad con lo dictaminado por la Defensa y la Representante Complementaria, corresponde concluir que no se encuentra acreditada la necesidad actual de imponer pena a B. A. I. J. por el hecho cometido durante su minoridad y respecto del cual ya se declaró su responsabilidad penal.
SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Al respecto el Tribunal continuó diciendo:
Por todo lo expuesto, oídos los Ministerios Públicos y por aplicación del art. 4 inc. 3° in fine de la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , corresponde prescindir de la imposición de pena y, en consecuencia, absolver de pena a B. A. I. J. en orden al delito de robo en poblado y en banda - art. 167 inc. 2° del Código Penal- , por el cual oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
Asimismo, corresponde dejar sin efecto las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
En virtud de la deliberación del acuerdo que antecede y conforme lo estipulado por los arts. 382 y 383 del CPP y el art. 4 inc. 3° in fine de la Ley 22.278 - texto según Ley 22.803- , la CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL;
1. ABSOLVER DE PENA a B. A. I. J., de las demás circunstancias personales obrantes en autos, en orden al delito de ROBO EN POBLADO Y EN BANDA - art. 167 inc. 2° del Código Penal- , por el que oportunamente se declaró su responsabilidad penal.
2. DEJAR SIN EFECTO las medidas cautelares que subsistieren en autos, librándose las comunicaciones pertinentes a los registros correspondientes.
3. REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE y, una vez firme, REMÍTASE a la Secretaría de Ejecución a sus efectos.
Fdo. Dra. María Alejandra Vila - presidenta- Dr. Jorge Daniel Yance - juez- y Dr. Carlos Enrique Arenillas - juez subrogante ante la secretaria Dra. Gabriela Mansilla.
Fin de la sentencia