Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro, Sala I · Causa I-22410-2026
Lo que resolvió el tribunal
I. Declarar admisible el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Patricia Miranda, en favor del condenado C. C. B., contra la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, Dra. Victoria Elias García Maañon, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión planteada (artículos 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 a contrario sensu , 498 y concordantes del CPP).
II. Confirmar el auto apelado en cuanto no hace lugar a la libertad condicional de C. C. B. ni a la incorporación del nombrado en el régimen abierto , de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 13 a contrario del CP; 100 y 119 a contrario de la ley 12.256; arts. 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.).
III. Por Mayoría revocar el punto II del auto impugnado la y, en consecuencia, conceder las SALIDAS TRANSITORIAS a C. C. B. por el plazo de 12 horas mensuales (sin contar las horas que le insuma el traslado de ida y vuelta de un lugar a otro), bajo la tutela de su pareja C. L. S., al domicilio ofrecido en autos sito en la calle Anasagasti nro. XXX de la localidad de Manuel Alberti, Partido de Pilar, como así también aquellas que la Jueza a quo estime corresponder, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4, 7, 67, 146, 147 y ccdtes. ley provincial 12.256, 106, 210 sgtes. y ccdtes. del CPP). …
I-22410-2026 "B. C. C. s/libertad condicional, salidas transitorias y régimen abierto" (E2)
A fin de resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa oficial del condenado C. C. B., Dra. Patricia Miranda, contra la resolución dictada en audiencia el día 5 de octubre de 2026 por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, Dra. Victoria Elias García Maañon, mediante la cual resolvió, en lo que aquí interesa: " I) NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD CONDICIONAL IMPETRADO EN FAVOR DE B. (A.), C. C. , de las demás circunstancias personales de conocimiento en autos, a tenor de lo expuesto en el considerando primero y lo normado por el art. 13 "a contrario sensu" y 14 inc. 10 del Código Penal. II) NO HACER LUGAR AL RÉGIMEN ABIERTO CON SALIDAS TRANSITORIAS IMPETRADO EN FAVOR DE B. (A.), C. C. , atento los motivos expuestos en el considerando segundo y de conformidad a lo establecido en los arts. 100, 119, 133, 146 y 147 de la Ley 12.256. (...)".
Sometida al acuerdo la presente incidencia y practicado el sorteo de rigor, resultó el siguiente orden de votación: QUINTANA - MARTINEZ (artículo 440 del CPP).
Seguidamente los Sres. Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible la impugnación planteada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
Que la parte recurrente resulta legitimada ex lege para la interposición del recurso en cuestión, poseyendo interés directo en su resolución, como surge de las constancias del presente. Asimismo, deviene adecuado el remedio impugnativo intentado en relación a la resolución atacada y jurídicamente posible por integrar el catálogo de pronunciamientos jurisdiccionales materia del recurso de apelación, conforme artículo 498 del Código de Procedimiento Penal.
Ha cumplido también la Defensa técnica con la indicación específica de los agravios que le causa la decisión del a quo, consignando su respectiva fundamentación.
En consecuencia, observados los presupuestos de legitimación subjetiva y objetiva a examinar, se advierten asimismo abastecidos los requisitos de tiempo, lugar y forma del presente por lo que, VOTO POR LA AFIRMATIVA (artículos 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 a contrario sensu y concordantes del C.P.P.).
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. QUINTANA, DIJO:
I. Que conforme surge de la presente, en fecha 5 de octubre de 2026, la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, Dra. Victoria L. Elias García Maañon, resolvió, en lo que aquí interesa: " I) NO HACER LUGAR AL INSTITUTO DE LIBERTAD CONDICIONAL IMPETRADO EN FAVOR DE B. (A.), C. C. , de las demás circunstancias personales de conocimiento en autos, a tenor de lo expuesto en el considerando primero y lo normado por el art. 13 "a contrario sensu" y 14 inc. 10 del Código Penal. II) NO HACER LUGAR AL RÉGIMEN ABIERTO CON SALIDAS TRANSITORIAS IMPETRADO EN FAVOR DE B. (A.), C. C. , atento los motivos expuestos en el considerando segundo y de conformidad a lo establecido en los arts. 100, 119, 133, 146 y 147 de la Ley 12.256. (...)".
Para así decidir, la Jueza a quo se refirió preliminarmente a la respuesta brindada por el Sr. Agente Fiscal, quien se opuso a la incorporación de B. a los institutos solicitados.
En tal sentido, la Magistrada estimó que correspondía examinar, con carácter previo, la evolución evidenciada por B. durante el cumplimiento de la pena y su grado de avance en el tratamiento penitenciario, a fin de determinar si se encuentran reunidas las condiciones que justifican su incorporación en los institutos pretendidos.
Consideró que la reflexión sobre el delito es todavía "incipiente" y que el interno reconoce un consumo problemático de cocaína sin haber recibido tratamiento. Señaló además que no terminó la primaria, que empezó a trabajar recién en febrero de 2026 y que hizo un solo taller.
Sobre la contención familiar, destacó tres cosas: la concubina se mostró reticente y dijo desconocer el delito, el domicilio está en la misma zona donde se cometieron los hechos y en la casa vive un hijo de 7 años, lo que en su interpretación compromete el interés superior del niño.
Respecto del régimen abierto, entendió que pasar directamente desde la modalidad limitada saltea etapas intermedias, y mencionó una reubicación por problemas de convivencia en la Unidad 39 en septiembre de 2025.
En consecuencia, resolvió no hacer lugar a la libertad condicional ni al régimen abierto con salidas transitorias. En cambio, incorporó al interno al régimen semiabierto de modalidad amplia, mantuvo sus actividades laborales y educativas y ordenó que se lo sume de inmediato a tareas de formación o capacitación. Por último, libró oficio a la Dirección General de Salud Penitenciaria para que reciba tratamiento psicológico por su consumo de cocaína, siempre que él preste su consentimiento.
II. Contra dicho pronunciamiento interpuso recurso de apelación la Sra. Defensora Oficial, Dra. Patricia Miranda, quien solicitó su revocación y la incorporación de B. a los regímenes pretendidos.
En sustento de su pretensión, señaló respecto de su asistido, la conducta ejemplar y concepto bueno sin sanciones disciplinarias, su trabajo en mantenimiento de espacios verdes y el recorrido educativo intramuros. También invocó el informe psicológico, que habla de reconocimiento del hecho y arrepentimiento. Respecto al domicilio ofrecido señaló el proyecto de trabajar como parquista.
Destacó que los dictámenes del Departamento Técnico Criminológico de la U46 fueron favorables: el Acta 399/2026 para las salidas transitorias y el régimen abierto, y el Acta 400/2026 para la libertad condicional.
Sobre la progresividad, dijo que no debe aplicarse de forma rígida ni mecánica, y que no puede exigirse el paso previo por el régimen semiabierto amplio si el régimen abierto cumple igual o mejor los fines del tratamiento. Sobre la contención familiar, sostuvo que el desconocimiento del delito por parte de la concubina no es un indicador objetivo de falta de contención ni un requisito legal.
III. Analizada la cuestión traída a estudio de esta Alzada, he de proponer al acuerdo confirmar la denegatoria de la libertad condicional y del régimen abierto solicitados en favor de C. C. B., por los motivos que a continuación paso a exponer.
En primer término y, tal como se desprende de autos, B. fue condenado, en fecha 23 de abril de 2025, a la pena de cinco (5) años de prisión, accesorias legales, costas y multa por el mínimo legal, por resultar coautor penalmente responsable del delito de tenencia de sustancias estupefacientes con fines de comercialización (hecho 1), tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de estupefacientes (hecho 2) y desobediencia (hecho 3). Asimismo, el agotamiento de la pena impuesta operará el 11 de diciembre de 2027.
Ahora bien, conforme a la solicitud de la Defensa de incorporar a su asistido a los institutos de la libertad condicional y régimen abierto con salidas transitorias, la Magistrada dispuso la confección de los respectivos informes por parte del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Por consiguiente, fueron recibidos por la a quo los informes que integran el legajo técnico criminológico del aquí condenado.
Creo oportuno destacar en primer lugar y respecto al valor vinculante de los informes del SPB, que, tal como he sostenido en anteriores precedentes de esta Alzada, la opinión técnica de las autoridades penitenciarias plasmada en los informes criminológicos queda sujeta siempre a contralor jurisdiccional, siendo los Jueces quienes tenemos la competencia para resolver respecto de la procedencia, o no, de los beneficios que pudieran corresponder a los detenidos; esto, más allá de la opinión o decisión de la autoridad administrativa, no resultando dichos informes vinculantes para los Jueces, sino un instrumento más a valorar al momento de decidir. De tal forma he votado en causa n.° 57.171 "Vivas, Claudia s/Incidente de Ejecución", con cita en este sentido del fallo "Silber" de la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I ("Silber, Manuel Alfredo s/ rec. de casación" causa nro. 3903, reg. 4913, rta. 19/03/2002).
Ha explicado la doctrina que la judicialización de la etapa de la ejecución penal es una consecuencia necesaria de la vigencia del principio de legalidad, y significa que los Jueces deberán controlar la vigencia de los derechos en el ámbito carcelario y que todas las decisiones de la etapa de ejecución que implican una alteración de la determinación de la pena, deben ser tomadas por un Juez, órgano jurisdiccional independiente de la Administración, en un proceso en el que se respeten las garantías del proceso penal (Conf. Marcos SALT, "Comentarios a la nueva ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad" (Nueva Doctrina Penal 1996/B, 1996, Ed. Del Puerto, p. 675).
Por lo expuesto, entiendo que son los Jueces de ejecución, no sólo aquéllos que deberán entender en todos los incidentes que se susciten en la ejecución de la pena, sino quienes deberán asimismo ejercer un control del cumplimiento de las garantías constitucionales en el ámbito penitenciario.
Aclarado ello, corresponde analizar los informes que integran el legajo técnico criminológico de quien aquí nos ocupa.
De ellos surge que B. evidencia un buen trato con el personal penitenciario, buena relación con sus iguales, no registra sanciones disciplinarias y es merecedor de una conducta calificada como Ejemplar 10 y un concepto Bueno.
Emerge que se desempeña laboralmente en mantenimiento de espacios verdes desde el 12 de febrero del actual. En lo relativo al área educativa, el mentado cursó el 1er ciclo del nivel primario en E.E.P.A N°721 desde 03/11/2025 hasta 05/12/2025 y actualmente se encuentra recursando 1er ciclo del nivel primario en E.E.P.A N° 721 desde 02/03/2026.
En punto al análisis de la capitalización de los dispositivos ofrecidos por el área educativa, entiendo su desempeño educativo no puede ser ponderado en forma aislada del resto de su particular situación. En efecto, de los informes se desprende que se insertó -medianamente- en el área educativa.
Del mismo modo, se encuentra desempeñándose en tareas laborales, por lo tanto no aparece un desaprovechamiento de las herramientas disponibles en el caso.
De manera concordante, en su evaluación, los integrantes del Grupo de Admisión y Seguimiento, estimaron que "...la persona privada de su libertad continúe observando los reglamentos carcelarios de forma positiva manteniendo su conducta institucional, capitalizando su tiempo de detención participando tanto de las propuestas tratamentales educativas como laborales en las que se encuentra incluido, obteniendo conocimientos y herramientas que resultan imprescindibles para desenvolverse socialmente una vez que recupere su libertad ...".
Finalmente, para el caso de egreso se ofrece como referente su pareja C. L. S.
En el informe ambiental, la entrevistada refirió que se encuentra en una relación de pareja con el encausado desde hace alrededor de 13 años, antes de la detención no vivía allí, tenía su casa y vivía solo. B. C., nació en Pilar, se crió con padres juntos y 6 hermanos.
Respecto a la vivienda, que tanto el terreno como la vivienda que habitan son de su propiedad, son 4 departamentos, ella reside en planta alta. El mismo está construido de material, cuenta con 2 dormitorios, cocina -comedor, 1 baño y patio. Presenta servicios de agua de bomba, luz eléctrica, gas envasado y pozo ciego.
A modo de conclusión se precisó que "...Dependerá del justiciable contar con las herramientas en lo personal para responder con compromiso a su externación. Se sugiere el acompañamiento del Patronato de Liberados en el medio amplio...". Asimismo, no puedo soslayar que de manera ambigua en dicho informe, se consignó que "...La entrevistada se muestra reticente a brindar...", es decir, la reticencia no es un dato objetivo, es una apreciación de la entrevistadora construida sobre la sola manifestación de desconocimiento, y no tiene sustento en otros elementos.
Asimismo, cabe destacar que su inclusión en un régimen de egresos transitorios en modo alguno se contrapone a la recomendación del Grupo de Admisión y Seguimiento de que mantenga su inserción en las áreas tratamentales de naturaleza laboral, porque puede continuar capitalizando las mismas y usufructuar del beneficio en trato que, como dije, no implica un regreso total al medio libre.
Tampoco surge de alguno de los informes confeccionados en autos, algún dato que señale una posible afectación hacia el "interés superior del niño", tal como lo señala la aquo en el pronunciamiento en crisis, precisamente por la presencia de N. B. de X años de edad, en otras palabras, los profesionales intervinientes no han consignado nada al respecto y tampoco aparece un desarrollo que motive el supuesto compromiso de dicho principio rector.
Por lo demás, en cuanto a la supuesta falta de implicancia subjetiva por parte del interno, llevo dicho que no corresponde exigir al condenado una determinada exteriorización de arrepentimiento, el reconocimiento de su responsabilidad penal o la manifestación de sentimientos específicos respecto de los hechos por los que fue condenado.
Sin perjuicio de lo expuesto, el desempeño institucional alcanzado hasta ahora intramuros no lo habilita para ser incorporado en la fase mas elevada de tratamiento penitenciario (régimen abierto), que es el estamento previsto para aquellos internos que han alcanzado un considerable nivel de autogestión (art. 119 a contrario de la ley 12.256).
O sea, resulta apropiado el inicio de su reincorporación al medio libre a la luz del tiempo que lleva privado de libertad y aquel que le resta en privación de libertad para agotar la pena a él impuesta, lo que ocurrirá en aproximadamente un año.
Bajo este contexto, considero que el interno logró abastecer los parámetros que sustenten la posibilidad de conceder las salidas transitorias. Las mismas deberán efectuarse bajo las siguientes condiciones, como así también las otras que el Juzgado a quo estime corresponder: el plazo de duración será de 12 horas mensuales (sin contar las horas que le insuma el traslado de ida y vuelta de un lugar a otro), bajo la tutela de su pareja C. L. S., al domicilio ofrecido en autos sito en la calle Anasagasti nro. XXX de la localidad de Manuel Alberti, Partido de Pilar.
Sin perjuicio de lo expuesto, no puede este Tribunal dejar de advertir que la resolución recurrida invoca -una vez más-, en apoyo de sus conclusiones, precedentes de distintas Salas de esta Cámara atribuyéndoseles transcripciones textuales que no figuran en pronunciamiento alguno (conf. citas realizadas con supuesto sustento en causas nros. 87284/II "Sosa", 21957/I "Narvaez", 37266/III "Bagnatori" y 36604/III "Heinze").
A ello se suma la cita del precedente "Giroldi" (CSJN, Fallos 318:514) como sustento de la constitucionalidad del art. 14 inc. 10 del Código Penal, cuando dicho fallo, dictado en el año 1995, versa -principalmente- sobre la jerarquía constitucional de los tratados "en las condiciones de su vigencia" conforme art. 75 inc. 22 de la Constitución sin desatender la posible responsabilidad del Estado en caso de inobservancia de los mismos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana como guía para interpretar los preceptos de la Convención (criterio que luego se extiende a las opiniones de la Comisión en "Bramajo") y la garantía de doble instancia (dejando de lado lo sostenido en el precedente "Jauregui"), en otras palabras, nada tiene que ver con el instituto de libertad condicional y es anterior en más de dos décadas a la Ley 27.375 que incorporó la obstante contenida en el Código Sustantivo.
Por consiguiente, la correcta invocación de la jurisprudencia no es un recaudo meramente formal: integra la fundamentación de las decisiones judiciales y hace a la confianza en el servicio de justicia. Por ello, corresponde exhortar a la señora Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental a que extreme los recaudos de verificación de las fuentes jurisprudenciales que invoque en sus pronunciamientos.
En consecuencia con lo expuesto, propongo al acuerdo CONFIRMAR el auto en crisis en cuanto no hizo lugar a la incorporación de C. C. B. en un régimen de libertad condicional y al régimen abierto, REVOCAR la decisión en cuanto no hacer lugar a su incorporación en el régimen de egresos transitorios y, en consecuencia, CONCEDER LAS SALIDAS TRANSITORIAS , solicitadas en favor del nombrado, en la modalidad y bajo las condiciones previamente reseñadas como así también aquellas que la Jueza a quo estime corresponder ES MI VOTO (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4, 7, 67, 146, 147 y ccdtes. ley provincial 12.256, 106, 210 sgtes. y ccdtes. del CPP).
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ, DR. MARTINEZ, DIJO:
Adhiero al voto de mi colega preopinante, doctor Quintana, por los mismos motivos y fundamentos, por lo que VOTO POR LA AFIRMATIVA. (Cfr. art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires).
Por ello, el Tribunal RESUELVE:
I. DECLARAR ADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Sra. Defensora Oficial, Dra. Patricia Miranda, en favor del condenado C. C. B., contra la resolución dictada por la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, Dra. Victoria Elias García Maañon, por los motivos expuestos al tratar la primera cuestión planteada (artículos 168 de la Const. Pcia. de Bs. As. y 439, 442, 446 a contrario sensu , 498 y concordantes del CPP).
II. CONFIRMAR el auto apelado en cuanto no hace lugar a la libertad condicional de C. C. B. ni a la incorporación del nombrado en el régimen abierto , de conformidad con los motivos expuestos en el considerando (arts. 13 a contrario del CP; 100 y 119 a contrario de la ley 12.256; arts. 439, 498 y ccdtes. del C.P.P.).
III. Por Mayoría REVOCAR el punto II del auto impugnado la y, en consecuencia, CONCEDER LAS SALIDAS TRANSITORIAS a C. C. B. por el plazo de 12 horas mensuales (sin contar las horas que le insuma el traslado de ida y vuelta de un lugar a otro), bajo la tutela de su pareja C. L. S., al domicilio ofrecido en autos sito en la calle Anasagasti nro. XXX de la localidad de Manuel Alberti, Partido de Pilar, como así también aquellas que la Jueza a quo estime corresponder, por los motivos expuestos en el considerando (arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 4, 7, 67, 146, 147 y ccdtes. ley provincial 12.256, 106, 210 sgtes. y ccdtes. del CPP).
IV. EXHORTAR a la señora Jueza a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental a que extreme los recaudos de verificación de las fuentes jurisprudenciales que invoque en sus pronunciamientos.
Regístrese, notifíquese electrónicamente al Fiscal y a la Defensa y actualícese el RUD. Devuélvase por Secretaría a los fines dispuestos en el punto III, encomendando a la instancia la notificación al imputado y las restantes notificaciones que pudieran corresponder. Sirva el presente de atenta nota de envío.
Firmas
Funcionario firmante: QUINTANA Oscar Roberto - JUEZ
Funcionario firmante: MARTINEZ Diego Efrain - JUEZ
Funcionario firmante: HERMIDA LOZANO Bernardo Luis - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 975-2026
Fin de la sentencia