Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor todo lo expuesto, el agravio introducido no habrá de prosperar.
IV. Del agravio referido a la calificación legal:
La parte recurrente sostuvo que a su asistido se le atribuye la comisión de un delito doloso, agravado por el vínculo, por haber ocasionado lesiones leves en la persona de su hijo menor de edad, las que habrían implicado un tiempo de curación de siete (7) días.
En este sentido, se agravió al señalar que de las constancias de la causa no surge que dichas lesiones hayan sido efectivamente producidas por el imputado, ni tampoco elementos que permitan sostener la existencia de dolo, destacando la diferencia entre un obrar doloso y uno culposo.
En esa línea, reiteró que la delimitación del marco fáctico -en cuanto a tiempo, modo y lugar- constituye una función propia del órgano acusador, en tanto de ello depende la adecuada estructuración de la estrategia defensiva. Dicho de otro modo, sostuvo que si el Ministerio Público Fiscal no formula una imputación clara ni asigna una calificación legal concreta, la defensa se ve imposibilitada de ejercer eficazmente su derecho de contradicción.
Finalmente, argumentó que la sana crítica racional debe inexorablemente distinguirse de la libre convicción, y que, ante la falta de acreditación del origen y del agente productor de las lesiones, corresponde concluir – a su juicio- que no se encuentran acreditados los extremos de la imputación, debiendo estarse, en consecuencia, al principio in dubio pro reo. …
Firmado digitalmente por SANCHEZ Nelson Andres DN: SERIALNUMBER=CUIL 20219452781, C= AR, CN=SANCHEZ Nelson Andres Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.18 10:41:45-03'00' Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 Firmado digitalmente por GEYER Adriana Inés DN: SERIALNUMBER=CUIL 23275532754, C =AR, CN=GEYER Adriana Inés TOMO CLX - INTERLOCUTORIO - J.RECURSOS.- Razón: Doy fe de la exactitud e integridad de este documento Fecha: 2026.05.18 10:43:37-03'00' REGISTRO N° 10.024 Foxit PDF Reader Versión: 12.0.1 FOLIO N°012/018 PROT. ELECT. JR101 171I.261 Río Gallegos, 18 de mayo de 2026.-
La presente causa caratulada "B.S.J. S/ Dcia. Les.
Leves Agravadas por el vínculo“ - Expte. N° 17162/23 - Apelación/Causa JR N° 10109/26, venida a despacho para resolver y de la que,
Que a fs. 178/185vta., obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza Subrogante del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nº Uno con asiento en la localidad de Rio Turbio, que en su punto l) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado A.M.R. en orden al delito de Lesiones Leves agravadas por el vínculo (Art. 89, en función de los Arts. 92, 80, inc. 1 del C.P.A.) en aplicación de las Leyes 26.061, 3.062 y 26.378; en tanto qué en su punto II) trabó Embargo sobre los bienes del procesado (Arts. 499 C.P) hasta cubrir la suma de Pesos Un Millón Quinientos ($1.500.000).
Que a fs. 209/213vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada, no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P.-
Que, previo a todo trámite, y en atención a los planteos de nulidad expuestos por la parte recurrente, a fs. 222 se corrió en vista las presentes actuaciones a la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial, y a fs. 223/225 se adunó su dictamen. Que de esta forma, quedan los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
I. Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un perjuicio procesal irreparable.
Que, en pos de un adecuado tratamiento de los agravios expresados por la parte recurrente, consideramos conveniente enumerar las cuestiones a resolver.
II. De los planteos de nulidad:
En primer término, la parte recurrente introdujo un planteo de nulidad vinculado a la supuesta falta de una imputación válida por parte del Ministerio Público Fiscal, afectando el principio del debido proceso. En esa línea, sostuvo que la acusación carecería de legitimidad, en tanto el Ministerio Público Fiscal, al evacuar la vista (fs. 109), se habría limitado a requerir medidas probatorias y abordajes pertinentes, sin formular una imputación concreta respecto del imputado ni de la progenitora de la víctima –advirtió- toda vez que el menor de edad víctima de autos también refirió agresión materna.
A partir de ello, alegó la vulneración del principio de congruencia, señalando que la determinación de los hechos, su calificación legal y la individualización de los sujetos imputados, constituye una función propia del Ministerio Público Fiscal o de la parte querellante, no pudiendo válidamente emanar del juez de instrucción ni de la prevención policial. En ese marco, concluyó que el acto de declaración indagatoria se transforma en nulo de nulidad absoluta, por no encontrarse debidamente acreditados los extremos de la imputación.
En segundo término, la parte recurrente se agravió por la alegada afectación a la garantía de defensa en juicio, en razón de supuestas irregularidades en la designación y actuación de la defensa técnica.
Al respecto, indicó que habría recibido notificaciones en fechas 11/06/2024 y 23/10/2024 sin encontrarse formalmente designada como defensa, lo que -según sostuvo- generó confusión en torno a su intervención en el proceso. Asimismo, señaló, que recién fue designada en tal carácter el día 14/11/2024, sin haberse cursado una notificación previa de fecha 05/11/2024 mediante la cual se fijaba entrevista en Cámara Gesell para el día 19/11/2024, lo que le habría impedido participar de dicho acto procesal.
De igual manera, cuestionó la actuación del defensor anterior, quien -según afirmó- se encontraba en condiciones de excusarse desde el inicio (18/03/2024), pero continuó interviniendo sin realizar algún acto útil de defensa, máxime si se tiene en cuenta que se excuso previo a la realización de la entrevista en Cámara Gesell, no habiéndose apartado en tiempo oportuno.
Finalmente, sostuvo que su defendido careció de una defensa técnica eficaz durante un tramo relevante del proceso, lo que tornaría nulos los actos cumplidos por ese período.
Que, en abordaje a los presentes planteos expuestos por la defensa, corresponde integrar aquí los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones.
Así, en relación al planteo vinculado a la supuesta falta de imputación válida por parte del Ministerio Público Fiscal, manifestó que, del análisis integral de las actuaciones, se desprende que la presente investigación se inició por actuación preventiva a raíz de la denuncia formulada por la progenitora del menor de edad.
Señaló además, que lo invocado por la defensa resulta exigible únicamente cuando la denuncia es presentada directamente ante el Juez de Instrucción (art. 172 del C.P.P.) o ante el agente fiscal (art. 173 del mismo cuerpo normativo).
Advirtió entonces, que cuando la investigación se inicia a partir de la actuación preventiva –como en el caso que nos ocupa-, no existe exigencia legal de que el Ministerio Público Fiscal formule un requerimiento de instrucción en los términos pretendidos por la defensa como condición de validez del proceso, en tanto la noticia criminis y su delimitación fáctica surgen de las actuaciones iniciales.
A su vez, sostuvo que respecto al dictamen al que alude la defensa de fs. 109, el mismo fue emitido en función del contenido de una declaración testimonial recibida mediante el sistema de Cámara Gesell, de la cual surgían indicios de la posible comisión de otros hechos ilícitos por parte de una persona distinta de la aquí imputada.
En virtud de ello, el Ministerio Público Fiscal dispuso la promoción de una nueva investigación -conforme surge de fs. 110/vta., la cual se caratuló “MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE RÍO TURBIO S/ REQUIERE INSTRUCCIÓN” Expte. Nº 18352/2025-, lo que evidencia que dicho dictamen no guardaba relación con la delimitación de la imputación en el presente proceso.
En consecuencia, la Sra. Fiscal entendió que no se verifica afectación alguna al principio de congruencia ni vicio que invalide el acto de indagatoria, en tanto el imputado ha conocido de manera clara y precisa los hechos que se le atribuyen, pudiendo ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Por otro lado, en relación al restante planteo de nulidad, refirió que la nulidad pretendida respecto de las entrevistas realizadas mediante la técnica de Cámara Gesell tampoco podrá prosperar, por no advertirse la alegada situación de indefensión.
Ello así, toda vez que de las constancias de autos surge que el imputado fue debidamente anoticiado desde el inicio de la formación de la causa.
En efecto, evidenció que a fs. 09 obra acta de fijación de domicilio, y mediante decreto de fecha 15/02/2024 (fs. 13 y vta.) se dispusieron diversas medidas -entre ellas, informe socioambiental, extracción de fichas dactiloscópicas y requerimiento de documentación personal-, las que fueron efectivamente cumplidas conforme surge de fs. 60/70.
Asimismo, que se dispuso la intervención de la Defensa Pública Oficial a fin de garantizar el ejercicio del derecho de defensa, lo que se efectivizó en fecha 18/05/2024, asegurando desde entonces la asistencia técnica del imputado.
En este marco, se advierte que la Sra. Jueza de grado otorgó debida intervención a la defensa, notificándola con antelación suficiente de las medidas dispuestas, incluyendo la realización de las entrevistas en Cámara Gesell, con indicación de fecha y hora, sin que se verifique impedimento alguno atribuible al órgano jurisdiccional. En tal sentido, la eventual falta de participación de la defensa en determinados actos procesales no constituye, por sí sola, un supuesto de nulidad, en tanto no se advierte que ello obedezca a restricciones o irregularidades atribuibles al órgano jurisdiccional, ni que haya generado un perjuicio concreto al ejercicio del derecho de defensa. En igual sentido, del análisis integral de las actuaciones no se advierte la existencia de obstáculos concretos que hayan impedido el ejercicio de la defensa técnica por parte de la actual asistencia letrada desde su designación, aun cuando durante dicho período se llevaron adelante diversas medidas probatorias -tales como testimoniales, informes y pericias-, respecto de las cuales no surge constancia de limitaciones para su conocimiento, control o eventual intervención.
En tales condiciones, la Sra. Fiscal expuso que no se verifica un menoscabo efectivo al derecho de defensa que permita sustentar la nulidad pretendida.
Adicionalmente, y ya desde nuestra perspectiva, cabe recordar que esta Alzada –siguiendo los postulados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- sostuvo en numerosas resoluciones (Apelaciones Nros. 6770/20, 6916/21, 7643/22 y 7729/22, 9887/25, 9961/26, entre muchas otras) que, en materia de nulidades procesales, prima un criterio de interpretación restrictiva, y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable. Al respecto debemos decir que, a la luz de los fundamentos expuestos por la Sra. Fiscal –los que se comparten precedentemente-, no se advierte en el sumario la configuración de extremos o vicios que habiliten la declaración de nulidad pretendida por la defensa, toda vez que no se verifica ninguna afectación al debido proceso, como tampoco al principio de congruencia, ni un menoscabo al derecho de defensa en juicio.
Por todo lo expuesto, los agravios introducidos en este acápite no habrán de prosperar.
III. Del agravio referido a la arbitraria y parcial producción y valoración de la prueba:
La parte recurrente se agravió al sostener que la denuncia formulada por la Sra. B.J.S. presenta un relato con hechos genéricos, sin precisión de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, ni descripción concreta de las lesiones que habría sufrido el menor, como tampoco la individualización de su asistido como autor de los hechos. Señaló que, llamativamente, en oportunidad de ampliar o ratificar la denuncia -varios meses después-, la denunciante vasta detalladamente los hechos, consignando circunstancias fácticas puntuales, lo que -a su entender- torna inverosímil su relato.
En esa línea, sostuvo que el a quo tuvo por acreditada la autoría del imputado a partir de la declaración de la madre, el certificado médico y lo manifestado por el niño, sin haber efectuado un análisis crítico de tales elementos, máxime cuando la profesional interviniente no pudo determinar con qué elementos habrían sido producidas las lesiones constatadas.
Asimismo, advirtió que de diversos informes periciales obrantes en autos (fs. 30/34, 57/58 y 95) surge que la denunciante habría atravesado múltiples escenarios traumáticos a lo largo de su vida, como tabién que la problemática principal se sitúa en la relación entre los progenitores, y que existiría una enemistad pública y manifiesta de aquella hacia su asistido. Añadió que, según la profesional psicóloga que intervino respecto del menor, éste nunca le manifestó haber sufrido violencia física. Adicionalmente, sostuvo que en autos no se ha logrado establecer una imputación objetiva, en tanto el certificado médico no discrimina la data de las lesiones, ni su modalidad de producción, ni los elementos con los que habrían sido ocasionadas.
Finalmente, cuestionó la abundancia de informes sociales y provenientes de distintas instituciones incorporados al expediente, los que -a su perspectiva- robustecen innecesariamente el sumario, evidenciando así, a su criterio, una carencia de imputación objetiva.
Que iniciado el abordaje del presente agravio, adelantamos, el mismo será desestimado.
Señalamos que, del estudio y exhaustivo análisis del sumario y de la resolución recurrida, se advierte que en autos obran elementos de convicción suficientes que hacen presumir, con el grado de probabilidad propio de esta instancia procesal, la responsabilidad penal endilgada al incuso L.A.N.
Sentado ello, y en relación a las presuntas omisiones invocadas en materia de apreciación probatoria, creemos que la valoración realizada por la Magistrada interviniente es correcta, toda vez que en autos no sólo se cuenta con lla delcaración de la denunciante y el testimonio del menor de edad, sino que además se han diligenciado múltiples medidas probatorias (v.gr. informes periciales psicológicos, certificado médico, historia clínica, declaraciones testimoniales, entre otros) que valorados de manera armónica y conjunta, conforman un conglomerado indiciario suficiente para sustentar, con el estándar propio de esta etapa, la imputación formulada respecto del encartado. En efecto, de las constancias obrantes en el sumario surge con claridad la secuencia fáctica investigada. Al respecto, la denunciante manifestó que el día del hecho, se encontraba en local comercial “La Anónima”, y al visualizar al encartado y a su hijo menor, éste expresó su deseo de retirarse del local en compañía de ella. No obstante, al arribar a su domicilio, observó lesiones en la humanidad de su hijo, notando contusiones en el cuello y en las orejas, advirtiendo que no sería la primera vez que el progenitor le entrega a su hijo en aquellas condiciones.
Posteriormente, en oportunidad de ampliar su relato, la progenitora se limitó a responder sobre lo que fue consultada y, en base a ello, relato más circunstancias que rodean el hecho que fuera objeto de investigación.
Debido a ello, consideramos, el argumento de la defensa respecto de que la denunciante amplía detalladamente sus dichos –meses después- deviene irrelevante, toda vez que el hecho de que la denuncia no contenga un relato exhaustivo sobre las circunstancias del hecho, no resulta –por sí sola- suficiente para descalificar la credibilidad de la progenitora. En efecto, creemos que, en este tipo de procesos, es habitual que los relatos se amplíen o se precisen más detalles con el devenir de la investigación, a medida que se incorporan elementos de juicio.
Por otro lado, en relación a la autoría material de las lesiones constatadas en los certificados médicos, advertimos dichas probanzas han sido debidamente analizadas y valoradas por la Magistrada de instrucción -criterio que compartimos- en lo atinente a la acreditación de la materialidad de los hechos que aquí se investigan, sin que de ningún modo hayan sido utilizadas como único fundamento para atribuir la autoría del hecho típico al encartado.
Sin perjuicio de ello, y en concordancia con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían desarrollado los hechos, entendemos que el criterio adoptado por la Sra. Jueza Subrogante resulta acertado, en tanto el certificado médico constituye un elemento objetivo y relevante dentro del plexo probatorio reunido en autos, en la medida en que, analizado en su contexto, permite advertir la coherencia existente entre las lesiones constatadas y los dichos de la denunciante y de la víctima menor de edad, así como con los restantes testimonios e informes incorporados al proceso, los que resultan suficientes para sustentar la hipótesis acusatoria en esta instancia.
Finalmente, respecto a las objeciones vinculadas a la problemática existente entre los progenitores, y la falta de de informacion respecto del certificado médico, tampoco logran desvirtuar –por sí solas- la entidad de los elementos de cargo reunidos en relación a la responsabilidad penal que, en este estadío, le cabe al imputado. Asimismo, en relación a la exuberancia de informes periciales, corresponde advertir a la defensa que los mismos forman parte de un plexo probatorio consecuente del deber de investigación amplio y suficiente respecto de los hechos denunciados, máxime en los casos que la víctima es un menor de edad en extrema vulnerabilidad.
De este modo, creemos, los cuestionamientos de la defensa se limitan a expresar una disconformidad con lo expuesto por la a quo, sin lograr demostrar la alegada arbitrariedad o parcialidad en la valoración de la prueba.
Por todo lo expuesto, el agravio introducido no habrá de prosperar.
IV. Del agravio referido a la calificación legal:
La parte recurrente sostuvo que a su asistido se le atribuye la comisión de un delito doloso, agravado por el vínculo, por haber ocasionado lesiones leves en la persona de su hijo menor de edad, las que habrían implicado un tiempo de curación de siete (7) días.
En este sentido, se agravió al señalar que de las constancias de la causa no surge que dichas lesiones hayan sido efectivamente producidas por el imputado, ni tampoco elementos que permitan sostener la existencia de dolo, destacando la diferencia entre un obrar doloso y uno culposo.
En esa línea, reiteró que la delimitación del marco fáctico -en cuanto a tiempo, modo y lugar- constituye una función propia del órgano acusador, en tanto de ello depende la adecuada estructuración de la estrategia defensiva. Dicho de otro modo, sostuvo que si el Ministerio Público Fiscal no formula una imputación clara ni asigna una calificación legal concreta, la defensa se ve imposibilitada de ejercer eficazmente su derecho de contradicción.
Finalmente, argumentó que la sana crítica racional debe inexorablemente distinguirse de la libre convicción, y que, ante la falta de acreditación del origen y del agente productor de las lesiones, corresponde concluir – a su juicio- que no se encuentran acreditados los extremos de la imputación, debiendo estarse, en consecuencia, al principio in dubio pro reo. Citó doctrina en respalto a su postura.
Que iniciado el abordaje del aludido agravio, pese al esfuerzo de la defensa, tampoco habrá de prosperar.
Debemos decir que del estudio y exhaustivo análisis de la resolución recurrida, se observa que la instrucción explicó con sólidos fundamentos e indicación de las piezas probatorias en que lo sustenta, la razón que la llevó a encuadrar provisoriamente los hechos en lo dispuesto por el art. 89, en función de los arts. 92, 80, inc. 1 del digesto penal. En cambio, de los argumentos de la defensa se advierte que su planteo constituye una mera disconformidad con la conclusión a la que arriba la Sra. Jueza Subrogante, sin lograr controvertir lo decidido. Por consiguiente, y siendo criterio de esta Alzada –en concordancia con reiterados dictámenes de la Sra. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de Apelaciones-, que la calificación legal no es pasible de revisión en esta instancia procesal, este agravio no prosperará.
Ello así, toda vez que los hechos imputados resultan ser de naturaleza netamente "provisoria" a lo largo del proceso, pudiendo ésta variar, en su caso, al momento del requerimiento de elevación a juicio y asimismo en el juicio propiamente dicho, hasta el dictado de la sentencia; siempre y cuando no se modifique el hecho imputado en sí, dado que afectaría el principio de congruencia. (Criterio asentado en las Apelaciones N° 8013/22, 7813/22, 8190/23, 8370/23 y 8488/23, entre otras tantas). Este criterio resulta imperante a nivel jurisprudencial. Al respecto los tribunales se han expedido sosteniendo que: "...La lectura del recurso de apelación (…) refleja que los agravios allí invocados se relacionan exclusivamente con la calificación legal asignada al hecho objeto del procesamiento. Este tribunal ha interpretado que no es posible impugnar tan solo la significación jurídica, por ser esencialmente provisoria y no resultar vinculante para el Ministerio Público Fiscal al momento de concretar la acusación ni para el Tribunal de juicio al fallar, en caso de que la causa llegue a tales momentos procesales...". (TR LALEY AR/JUR/56181/2014). A mayor abundamiento, se ha dicho que la calificación legal del hecho efectuada en el auto de procesamiento es provisoria, mutable y, por tanto, no causa estado (véase Cám. Apel. Sala CCT, Río Grande, Tierra del Fuego; 28/02/2018; A. R., V. D. C. s. Robo en grado de tentativa; Rubinzal Online; 661/2017 RC J 2642/18).
En este acápite, creemos conveniente dejar constancia que el auto de procesamiento es una simple y escueta relación del hecho que se imputa y la adecuación de este al derecho aplicable, con exposición de breves argumentaciones que corroboran y respaldan de manera suficiente este dispositivo; en ello es conteste la doctrina y la jurisprudencia. Así, se considera que en este tipo de pronunciamiento sólo se acerca a un juicio de probabilidad delictual, donde prevalecen los elementos incriminantes por sobre los de descargo, siendo suficiente para que proceda su dictado, que la acción represiva se halle debidamente fundada en derecho; lejos está de ser considerado como un pronunciamiento definitivo, pues sólo se requiere la probabilidad de la verdad de la imputación. Es por todas estas características apuntadas que se considera que la concreción de este dispositivo es esencialmente provisional, no causando estado su dictado.
También, corresponde hacer recordar a la defensa, que el sistema de la sana crítica racional previsto en nuestra ley procesal, le permite a quien juzga asignar ciertos elementos de la causa una fuerza probatoria superior a la asignada a otros, siendo la de mayor relevancia la que le servirá -según criterio fundado- para tener por acreditado -con la probabilidad requerida en respectiva instancia- algún hecho o circunstancia debatidos en el caso que está llamado a resolver.
En consecuencia, no se advierte el déficit probatorio alegado por la recurrente –respecto de la información contenida en el certificado médico- y, en virtud de que la calificación legal es netamente provisoria, el agravio introducido tampoco habrá de prosperar.
V. Del agravio referido al excesivo monto de la medida judicial impuesta:
Finalmente, la parte recurrente se agravió por considerar que el monto del embargo decretado, fijado en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000), resulta excesivo, en tanto sostuvo que no escapa del conocimiento del a quo – en virtud de los informes del art. 26 y 41 del C.P.A.- que a su asistido le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conduciría a la inhibición general de sus bienes, constituyendo así un daño innecesario en la economía de su defendido.
Adicionalmente, señaló que en autos no surgen gastos productos de la sustanciación del proceso, como tampoco observa la constitución en parte de querellante de la presunta víctima, sumado a que – planteó- las acciones procesales fueron llevados a cabo por la defensa pública y peritos oficiales, por lo que, de ser impuesta dicha medida, tornaria arbitaria e infundada el embargo decretado.
Ahora bien, en relación con el último agravio, cabe adelantar que el mismo no habrá de prosperar. Ello así, toda vez que el artículo 499 del C.P.P. establece que, al momento de dictar el auto de procesamiento, el Magistrado debe ordenar asimismo el embargo de bienes del imputado.
En tal sentido, la jurisprudencia es mayoritaria en el entendimiento que: “...A los fines de establecer el monto de embargo fijado en el auto de procesamiento debe tenerse en cuenta que el mismo está destinado a garantizar el pago de la tasa de justicia y los honorarios profesionales, sin que deba tenerse en cuenta, a los fines de su cuantificación, la situación económica del acusado....” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala IV; 17/09/2009; D. Y., C.F.; La Ley Online; Cita: TR LALEY AR/JUR/44048/2009).
Asimismo, y en coincidencia con lo sostenido por otros tribunales, se ha señalado que: "…conforme se desprende de los artículos 518 y 533 del CPPN, debe ser suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas del proceso -consistente en el pago de la tasa de justicia, los honorarios devengados por los abogados, procuradores y peritos-, y los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa. En función de los señalado, el quantum establecido en la primera instancia se exhibe, en principio razonable para garantizar esos fines..." (CNCrimyCorrec - 06/02/2024 TR LALEY AR/JUR/33938/2024). A su vez, surge en fs. 185, que la Magistrada interviniente expuso que, en atención al art. 499 del C.P.P., se decretará el embargo a fines de garantizar el pago de daños, perjuicios y de costas judiciales, para estimar adecuado fijar –provisoriamente- el monto del embargo en la suma de pesos un millón quinientos mil ($1.500.000).
Adicionalmente, corresponde aclarar que el monto del embargo cautelar sólo debe tratarse de un valor estimativo en atención a la imposibilidad de fijarlo -de momento- en una suma definitiva en función de la provisoriedad de la etapa procesal que atraviesa la causa, lo que recién podrá hacerse –llegado el caso- en la etapa de la sentencia final del proceso.
Por lo demás, tampoco deben soslayarse las disposiciones de los artículos 29 y 30 del Código Penal en relación a la posibilidad de que una sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior a la comisión del delito; la indemnización del daño y, finalmente, el pago de las costas, en ese orden.
Por todo lo expuesto, corresponde concluir que el embargo decretado en la suma indicada no luce irrazonable, teniendo en cuenta el ilícito endilgado y su modalidad de comisión, motivo por el cual se confirmará el monto del embargo dispuesto, por resultar ajustado a derecho. Por todas las circunstancias arriba mencionadas y si bien con la precariedad que esta etapa procesal lo requiere, es que confirmaremos la resolución que se intentó poner en crisis.
VI. Reserva Caso Federal: La parte recurrente hace expresa reserva de ocurrir ante el TSJ mediante el recurso de Casación (art. 439 del C.P.P), y/o interponer el recurso Extraordinario Federal, conforme lo establecido por el art. 14 de la Ley 48; lo que se tendrá presente para el momento procesal oportuno.
VII. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
VIII. Comunicaciones: Finalmente, atento a la Resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género” elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J. a sus efectos y al correo electrónico [email protected], para su publicación en la página web del Poder Judicial.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas, oído que fuera el Ministerio Público Fiscal, y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. RECHAZAR los planteos de NULIDAD incoados por la defensa, por los motivos expuestos en el considerando II) que antecede. 2º)- CONFIRMAR el auto de fs. 136/140vta. de los autos procesales, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.
3. TENER PRESENTE la expresa reserva de recurrir en Casación ante el TSJ, y en recurso extraordinario federal ante la CSJN. 4°)- REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE mediante SNE.
5. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]. 6º)- Fecho, DEVUÉLVASE al Juzgado de Origen.
NF
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez de Recursos.-, ante la Actuaria firmante –Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. Conste.
Fin de la sentencia