Abriendo la norma
TOMO: XXI REGISTRO: 012 FOLIO: 137/138
Caleta Olivia, 14 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “B. A. J. S/HABEAS CORPUS Expte. N° 22984/26, N° de Juzgado de Recursos 8578/26, procedentes del Juzgado de Instrucción 1 de Puerto Deseado.
I.-A fs. 1 el interno Sr. B. A. J., interpone acción de Habeas Corpus, aduciendo que solicita la inscripción a la Universidad junto a otro interno, se habrían inscripto en la misma fecha, el otro interno empezó a estudiar y a el presentante aún no le avisaron que estuviera inscripto. Hace aproximadamente cuatro meses que habría solicitado la inscripción. Por otra parte expresa que le llegó una encomienda y no le dejaron ingresar un bizcochuelo, galletas de Avena casera y unos tallarines. Sostiene que tiene en la pared una orden firmada por seguridad interna la orden N° 7 de fecha 11 de mayo de 2026 donde dice que permiten ingresar un bizcochuelo, pan casero, torta frita, y todo elemento de elaboración casera sin relleno, que los internos se llevan por esa orden. Y ahora dicen que existe otra disposición que prohíbe el ingreso. Sostiene que no fueron notificados de esa nueva disposición N° 014 de SSAP.
A fs. 5 la Sra. Jueza de Instrucción Subrogante rechaza in limine la acción incoada, en virtud que el presente habeas corpus no encuadra los sucesos relatados en la hipótesis prevista por el art. 3° de la ley 23.098. Se ordena librar oficio al Jefe Alcaidía local a fin de hacer saber lo resuelto y que en lo sucesivo deberá por la vía administrativa correspondiente arbitrar los medios para la atención de los planteos de los internos como el formulado por el presente que no guarden relación con el instituto que se pretende articular, instando a adecuar los protocolos y disposiciones como las mencionadas. Contra dicha resolución interpone recurso de apelación el in pauperis el interno B. A. J., siendo motivado por el Sr. Defensor Público Oficial de Puerto Deseado, doctor Jorge Omar Oroná, a fs.- 8/9 vta. a fs. manifestando que la Alcaidía no emite una orden clara y precisa respecto a qué tipo de alimentos se pueden ingresar y son aptos para el consumo de los internos, esa negligencia conlleva a que los familiares envíen productos que después son devueltos, con el correspondiente dispendio de tiempo y recursos, sumado a la desazón de la persona detenida.
Por otra parte expresa que la Alcaidía hasta el día de la fecha no ha presentado documentación que acredite que B. A. J., esté inscripto en la carrera Universitaria, lo que es una clara violación al derecho a la educación. Cita normativa.
Se agravia esa defensa indicando que la resolución que rechaza la acción roza la arbitrariedad, entendiendo que no cumple con el requisito del art. 116 del CPP que impone bajo pena de nulidad que las sentencias y los autos sean fundados. Cita doctrina y jurisprudencia.
Dicho recurso es concedido en relación y un solo efecto a fs.10.
Se emplaza a la Defensoría Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, de conformidad lo establecido en el Art. 20 de la ley 23.098, a fs. 13, quien no amplía los fundamentos de la apelación. A fs. 15 pasan los autos a despacho para resolver.
II.-Establecido ello corresponde ingresar al examen de lo resuelto por el A quo en función de los agravios del recurrente.
En los autos "N., H. J. S/ SOLICITA HABEAS CORPUS", Expte. N° N-36495/23, N° de Recursos 6945/23, procedentes del Juzgado de Instrucción de Las Heras, sostuve: "En relación a los restantes agravios, la ley 23.098 en su artículo 3, inciso segundo establece literalmente que: "Art. 3° – Procedencia.
Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad pública que implique: ...2° Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso si lo hubiere". Como puede observarse, el legislador no estableció una serie de supuestos taxativos sobre cuales son los requisitos de procedencia del habeas corpus correctivo, sino que enunció una fórmula mediante la cual y valiéndose de conceptos jurídicos indeterminados ("Agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad") dejó librado al criterio del Juez competente en la materia, la apreciación de los hechos denunciados y la decisión fundada y razonada de si los mismos subsumen en el concepto expresado en la ley. Es decir que no hay un acto u omisión que de por sí implique un agravamiento o que no lo pueda suponer, en algunos casos resultara de forma palmaria la agravación, en otros, de la misma forma resultará que no existe tal agravamiento, y en otro universos de casos el Juez deberá realizar actos necesarios para determinar si existe o no un acto subsumible en el inciso segundo del artículo 3 de la ley 23.098."
Bajo esta hermenéutica, y teniendo en cuenta las constancias de autos, se advierte del informe elaborado por Secretario obrante a fs. 3 vta., que en relación a lo peticionado por el interno respecto a su ingreso Universitario, que se hubo de tramitar desde esa Alcaidía la inscripción de Carrera Universitaria, estando a la espera de recibir el usuario y contraseña correspondiente, por lo que entendemos que no se encuentra vulnerado el derecho a la educación como plantea la defensa.
Ahora bien, en cuanto al ingreso de alimentos, asiste razón al A quo en cuanto a lo ordenado al Servicio Penitenciario respecto de la efectiva comunicación a los internos del cambio de disposiciones en orden a los alimentos que están permitidos el ingreso y cuáles no, a fin de evitar situaciones como las manifestadas por el interno. Son entendibles los motivos expresados por Personal de Alcaidía en cuanto a las medidas de prevención para evitar intoxicaciones y el cumplimiento de normativas internas, sin perjuicio del deber administrativo de notificar a la totalidad de los internos el cambio en la reglamentación para el ingreso de elementos personales y alimentos para las personas alojadas en esa dependencia y así evitar situaciones como las aquí ventiladas.
Por último debemos rechazar el agravio expresado en cuanto a la falta de fundamentación de lo resuelto por la Jueza Subrogante, entendido que se ha dado tratamiento a cada uno de los planteos efectuados por el interno B. A. J., existiendo un informe del secretario actuante, el cual se interiorizo mediante comunicación telefónica con jefe Alcaidía, a fin de ser informado de las cuestiones planteadas por el Sr. B. A. J., como así, inclusive, se ha dispuesto el libramiento de Oficio a fin de informar a la Alcaidía que deberá dar cumplimiento a los planteos de los internos que deberían ser resuelto por vía administrativa interna y no mediante la presente acción.
Por todo, como Juez de Recursos;
I.-CONFIRMAR el decreto de fs. 5 que rechaza la acción de habeas corpus intentada, en todo cuanto fuera materia de apelación.
II.-Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al Juez de Instrucción mediante SNE . Cumplido vuelvan los autos al Juzgado de origen.
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante Mí:
María Leandra Arana Secretaria
Fin de la sentencia