Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 568/579 y vta. por el defensor particular de J. S. B..
2Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 547/562.
3Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 579 vta. 4º)
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº: 2 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN FECHA:08/09/22
AUTOS: B. J. S. s/ INF. ART. 79 Y 42 C.P.
Los presentes autos caratulados: "B. J. S. s/ INF. ART. 79 Y 42 C.P.", Expte. Nº 4800 (B-1265/21/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y,
I.) Que, llegan a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia los presentes autos, en razón del recurso de casación interpuesto a fs. 568/579 y vta. por el defensor particular Dr. Héctor Marcelo Magallán contra la sentencia dictada el día 12 de mayo de 2021 por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 547/562, que en su parte resolutiva dispone condenar a J. S. B. a la pena de SEIS (6) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, de cumplimiento en efectivo, con más las accesorias legales y las costas del proceso (arts. 5, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P.) como autor penalmente responsable del delito de Homicidio simple en grado de tentativa (arts. 79 y 42 del C.P.) cometido en la localidad de Puerto Deseado, en perjuicio de J. E. S., el 21 de marzo de 2019. Que, el recurso de casación en tratamiento fue concedido por el Tribunal de grado a fs. 593/594, y sostenido en esta instancia a fs. 601.
Que, conforme la certificación obrante a fs. 602, el Sr. Agente Fiscal subrogante ante el Tribunal Superior de Justicia Dr. Iván Fernando Saldivia, notificado a fs. 600, no adhiere al recurso, hallándose vencido el plazo procesal.
II.) En su presentación el defensor particular se agravia diciendo que los magistrados no desvirtuaron los fundamentos de la defensa brindados en los alegatos, que no se demostró la intención de matar del imputado y que no se tuvo en cuenta el contexto general.
Comienza su análisis desde la imputación elaborada por el Juez de Instrucción, la cual agravaba la conducta de su asistido y fue posteriormente revocada por el Juez de Recursos.
Explica que: "…Si B. habría atacado por la espalda, lo lógico siguiendo la secuencia descripta de S., que el cuchillo se lo clavara en la espalda o al costado del cuerpo, donde tendría más fuerza para introducir el cuchillo y no de una forma irreal como lo describe el testigo, si tenemos en cuenta donde fue clavado el cuchillo (en el medio del abdomen). Es por este motivo que resulta poco creíble lo descripto por el Sr. S.…" (ver fs. 570 vta.). Se queja que el juez de instrucción no realizó la reconstrucción del hecho y que de haberlo realizado se hubiera podido demostrar que es imposible clavar un cuchillo de esas dimensiones en medio del abdomen estando el imputado detrás de la víctima.
Acto seguido formula una serie de interrogantes concluyendo que el relato de la víctima es falaz ya que fue él quien agredió físicamente a su asistido y que B. se defendió "…con lo único que tenía a su alcance y lo apuñalo (sic.) estando de frente y no de espalda como refiere S.…" (ver fs. 571).
Indica que hace estas aclaraciones porque "…en la Sentencia … no se tuvieron en cuenta, refieren sobre la existencia material del hecho, pero en forma completamente distinta…" (ver fs. 571).
Luego analiza si se tiene acreditada la intención homicida de B.; para ello se pregunta si el lugar donde ocurrió el hecho era un lugar descampado y si esperó el momento en el que se fuera la luz natural. A lo que responde que no se trataba de un lugar semi descampado y que había iluminación ya que la propia víctima hizo referencia a que giró para ver el cheque a la luz.
Explica que si su cliente hubiera tenido esa intención homicida hubiera citado a la víctima en otro lugar sin testigos, posteriormente descarta la oscuridad a la que se hace referencia en la sentencia analizando el testimonio de M. E. G.. Al respecto dijo: "…El distinguido Dr. Albarrán, refiere que estaba oscuro porque la testigo M. E. G., justamente refiere que llego al lugar del hecho por los gritos y porque estaba oscuro, y esto no es así, luego vamos a ver como lo testificado por dicha testigo es contradictorio, pero apliquemos el sentido común, si estaba oscuro como pudo leer lo escrito en el cheque, solo piensen en eso, para darnos cuenta que es mentira que estaba oscuro. De hecho, en la testimonial reconoce y relata quien estaba de frente y quien estaba de espalada (sic.), cuando se refirió a B. y a S., si estaba oscuro ¿Cómo sabía quiénes eran?, nunca podría haberlos reconocido o distinguido…" (ver fs. 572). También hace referencia a que de la indagatoria surge que B. tenía un hacha afilada en su vehículo por lo que entiende que el razonamiento del Dr. Albarrán al decir que "…fue el acusado el que eligió el arma homicida y eligió una que era idónea para causar el resultado buscado y que tenía a su disposición en el momento del hecho"…"(ver fs.572 vta.), es ilógico, ya que si su asistido hubiera tenido la intención de matar hubiera elegido el hacha que estaba afilada. Arribando a esta conclusión por dos razones "…Primero porque no tenía la intención de matar y segundo porque utilizo el cuchillo que tenía a su alcance como medio de defensa…" (ver fs. 572 vta.). Respecto a la existencia del pozo ciego, dice que si fuera cierto el razonamiento de la víctima, B. lo podría haber atacado cuando le estaba mostrando el patio. Por todo ello entiende que la calificación adoptada por la Cámara no se condice realmente con los hechos porque "…justamente no existió el tipo subjetivo del delito que se pretende imputar…" (ver fs. 573).
El recurrente vuelve a analizar los hechos, pero a la luz del testimonio prestado por su asistido; concretamente dice que "…se puede observar con toda claridad, que B. se defendió y en su defensa lesiono a S., como acto de defensa, exteriorizada por B. contra el cuerpo de la S., donde utilizo un arma blanca, cuyo impacto provocó, una sola herida... en el cuerpo de... S. (ver fs. 54), ahora bien, ello no le impidió a S., seguir con la agresión física, de hecho le provocó heridas en todo el cuerpo de B., mordeduras, hematomas y lesiones múltiples, por eso es muy importante observar fs. 11 y vta…" (ver fs. 573 vta.). Concluyendo que el dolo debe probarse y no existe en todo el expediente una sola prueba que lo acredite; destacando además que los magistrados no realizaron un análisis completo de todo el expediente, realizando un análisis vago de los dichos de los testigos y el imputado.
Además, pone énfasis en que la testigo M. G. no intervino físicamente para impedir el accionar de B.; sino que se hizo presente cuando la pelea ya había terminado y se estaban levantando del suelo.
Acto seguido cita jurisprudencia, la vincula con el caso analizando nuevamente los hechos, pero esta vez partiendo desde los fundamentos dados por el Juez de Instrucción y, luego, vuelve a analizar el testimonio de la testigo Gómez.
Al ir finalizando su presentación, explica que lo que ocurrió fue "…Una discusión subida de tono, donde el Sr. S. ofuscado por no poder cobrar una deuda, reacciona en forma violenta (provocación), agrediendo físicamente a B., donde este último acorralado se defiende, obviamente con exceso en su defensa, provocando una herida, que por su magnitud puso en peligro la vida de S. y obviamente sin intención de matar, solo de defenderse…" (ver fs. 577 vta.). Por lo que a su entender "…el hecho encuadra en el eximente de responsabilidad de exceso en la legitima defensa contemplada en el art. 35 del C.P., y/o para el hipotético caso que no se haga lugar solicito el cambio de calificativo legal en el delito de lesiones graves previstas en el art. 90 del C.P…" (ver fs. 579).
Para finalizar hace reserva del caso federal en función del art. 14 de la Ley 48, por afectación del debido proceso legal consagrado en la Constitución Nacional.
III.) En principio corresponde destacar que la presentación impugnativa esgrimida por la defensa no satisface el requisito de "autosuficiencia" que caracteriza a todo recurso extraordinario, conforme ordena el art. 446 del C.P.P., en razón que el libelo recursivo "...debe bastarse a sí mismo..." (Francisco D´Albora, "Código Procesal Penal", pág. 855, Abeledo Perrot, 1999), reseñando los antecedentes de la causa y "...la invocación exhaustiva de las normas que se dejaron de lado o no fueron correctamente comprendidas por el tribunal en su aplicación al caso..." (autor y obra citada), exigencia establecida en la ley para colocar a los magistrados en condiciones de resolver acerca de la admisibilidad de la instancia cuya apertura pretende la parte recurrente (Juan Carlos Hitters, "Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación", págs. 628/629, LEP, 2º edición).
De igual manera se ha sostenido que constituye un deber del recurrente fundamentar sólidamente su impugnación si pretende la apertura en casación de modo excepcional, frente a la hipótesis de un notorio apartamiento de normas, garantías o preceptos constitucionales que resguardan la defensa en juicio y el debido proceso legal, o ante una flagrante violación de las normas procesales que afecten de manera evidente a la parte, que pudiere descalificar el acto sentencial válido en mérito de graves vicios intrínsecos que invalidaran el pronunciamiento; al respecto, en la presente causa la técnica recursiva de mención se encuentra ausente, incumpliendo el mandato legal de "fundamentación autónoma" para lograr la apertura de la instancia casatoria.
IV.) No obstante la objeción recursiva analizada, este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por la defensa en su presentación casatoria, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que "...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional..." ("Casal, Matías E. y otro", 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).
En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia misma del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (CIDH "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02/07/2004).
En este orden de ideas y dentro de este contexto, también resulta conveniente destacar que lo único no revisable es lo que surge directa y únicamente de la inmediación.
Es dentro de este marco donde corresponde analizar los argumentos esgrimidos por el recurrente.
V.) Para atender adecuadamente los agravios planteados, es necesario traer a colación, los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche de la defensa.
Así las cosas, la sentencia de la Excma. Cámara en lo Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial consideró probado en base a la descripción efectuada por el Sr. Fiscal de Cámara que: "…El día 21 de marzo de 2019 alrededor de las 20 hs. en el domicilio de calle Nº 138 Nº 1627 se encontró J. S. B. con E. J. S.. El primero, imputado, lo citó a la casa mencionada con motivo de saldar una vieja deuda que mantenía dado que B. tuvo comercio en la localidad y S. se dedicaba a la distribución de mercaderías como proveedor de Sancor que traía desde Comodoro Rivadavia siendo esa su profesión. En forma previa, se habían contactado por teléfono donde B. le indicó que lo esperaría. Una vez allí charlaron sobre la obra que estaba realizando el imputado en esa casa, que estaba en construcción, hablaron sobre el terreno, las mejoras introducidas, entre otras cosas. El motivo de la cita era el pago, como este era el tema S. le refiere que se tiene que ir y es ahí donde B. que lo espere porque le daría un cheque. Se dispone a ingresar a la casa y sale con un cheque doblado y se lo entrega a S.. Este lo toma y gira hacia la luz para poder verlo dándole la espalda a B.. En ese momento el imputado aprovecha a atacarlo por detrás, propinándole una puñalada en el abdomen con un cuchillo de 19,3 cm de hoja y de 3,4 cm de ancho - coincidente con las rasgaduras de la ropa que vestía la victima - marca Aqualung gritándole "hijo de puta" con intención de provocarle la muerte. Allí se inició un forcejeo, debido a que cayeron al piso por la presión de B. con el cuchillo y siendo que S. estaba de espaldas, S. es quien agarra con fuerzas el cuchillo con las dos manos lo que le provocó las lesiones descriptas a fs. 55 para evitar la continuidad del ataque hasta que en un momento se queda con el arma en la mano. Luego de ello una persona que pasaba por el lugar, la testigo M. G., advierte la agresión y auxilia a S., haciendo cesar el forcejeo, y dialogó acerca de lo ocurrido hasta que es llevado a la guardia del hospital local…" -textual- (ver fs. 554 y vta.). El recurrente centra sus agravios sosteniendo: A) arbitrariedad por una incorrecta interpretación y valoración de la prueba; b) errónea calificación legal: inexistente dolo homicida, peticionando el cambio de calificación por el de "Exceso en la legítima defensa" o en su caso por el delito de "Lesiones graves".
Sintetizados que han sido los agravios del recurrente, corresponde proceder a examinar de manera integral el fallo en crisis.
VI.) Ingresando al tratamiento de los motivos invocados por el recurrente, con relación a la arbitrariedad alegada, este Tribunal Superior de Justicia, considera que los fundamentos vertidos en el fallo en crisis, demostraron con meridiana claridad las sólidas razones que condujeron a adjudicar la responsabilidad de J. S. B. como autor penalmente responsable del delito de Homicidio simple en grado de tentativa (arts. 79 y 42 del C.P.), constituyendo el pronunciamiento una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa. No se advierte que la sentencia impugnada incurriera en valoración absurda de la prueba, pues el Tribunal de juicio vincula con criterio lógico los elementos de convicción colectados con el hecho imputado a J. S. B..
Se formula tal concluyente aserto, toda vez que el vicio del absurdo y la arbitrariedad en la interpretación y valoración de la prueba -en principio- sólo se configuran cuando la apreciación de los elementos probatorios no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí, o bien si en autos se evidencia la existencia de un manejo irrazonable y contrario a las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, extremos que no se advierten en la presente causa. Por el contrario, en la sentencia de fs. 547/562 y vta. se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.
La Excma. C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y E."). Por tal motivo, la Excma. Corte Suprema de Justicia diferenció la arbitrariedad de las simples equivocaciones o errores en la interpretación judicial: no cualquier desacierto u omisión da lugar al recurso extraordinario por sentencia arbitraria.
En resumen: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b) Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646). Ninguno de tales supuestos se verifica en autos, toda vez que el vicio no se consuma por el hecho que el tribunal de grado prefiera o atribuya trascendencia a un medio probatorio respecto de otro, o se incline por la verosimilitud de alguna prueba en particular en desmedro de otra; sino que se debe evidenciar un error grave, manifiesto y fundamental que conduzca a conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa; lo que en el caso particular, de acuerdo con los argumentos vertidos en el fallo, no ha ocurrido. Cabe destacar que la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la carta magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 116, 381 y 387 del Código Procesal Penal).
Suficientemente ilustrativo, resulta ser en tal aspecto, el distinguido procesalista Julio B. J. Maier quien sostiene "...En ese sentido se entiende por fundar la sentencia, o por motivarla como también se enuncia esa exigencia para su validez, no tan sólo la expresión de las premisas del juicio, las circunstancias de hecho verificadas y las reglas jurídicas aplicables, como alguna vez se ha entendido en sentido muy estricto, sino, antes bien, la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión. Esto es, en el lenguaje vulgar, la exteriorización del por qué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso: se reconoce que una sentencia está fundada, al menos en lo que hace a la reconstrucción histórica de los hechos, cuando menciona los elementos de prueba a través de los cuales arriba racionalmente a una determinada conclusión fáctica, esos elementos han sido válidamente incorporados al proceso y son aptos para ser valorados (legitimidad de la valoración), y exterioriza la valoración probatoria, esto es, contiene la explicación del por qué de la conclusión, siguiendo las leyes del pensamiento humano (principios lógicos de igualdad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente) de la experiencia y de la psicología común..." (Conf.
Julio B.J.Maier, "Derecho Procesal Penal" T. 1, Fundamentos, Editores del Puerto, 2º ed. Bs. As. 2002, pág. 481 y ss.). En el mismo sentido, Ferrajoli dice: "...para llegar a descubrir o determinar la 'verdad de los hechos', la 'verdad fáctica', para aceptar una proposición o una hipótesis como 'verdadera', es necesario demostrar su coherencia o incoherencia con el material probatorio recogido y la justificación o no de su relevancia y credibilidad...; y esta demostración deberá explicitarse -justamente- en la 'motivación' de la sentencia,... que no es otra cosa más que la exhibición de un número plausible..., por relevancia y fiabilidad, de confirmaciones de la hipótesis acusatoria y de desmentidas de hipótesis explicativas alternativas a ella..., idóneas a justificar su aceptación como verdadera..." (Ferrajoli, Luigi, "Notas críticas y autocrítica en torno a la discusión sobre derecho y razón", en Revista de Ciencia Jurídica, Más derecho, T. 2, FJD editor, Bs.
As., 2001, pág. 17/68). Precisamente, en el fallo en crisis a través del voto que lidera el acuerdo, se han expresado las razones por las cuales se ha logrado acreditar con certeza la responsabilidad de B., sus conclusiones han sido en un todo coherente con los principios lógicos que gobiernan la sana crítica, en sus fundamentos se puede colegir como razonaron y los motivos legales en los que se basaron; procediendo a merituar en forma armónica los medios probatorios surgidos del debate. A contrario sensu, la defensa efectúa un análisis de los hechos basándose en los dichos de su asistido en las distintas declaraciones indagatorias y en las lesiones que presentaba J. S. B. al momento de su primera detención ocurrida inmediatamente después de acaecido los hechos (ver fs. 11).
Sin embargo, no existe prueba objetiva llevada al debate por la Defensa, que permita avalar su postura y/o desvirtuar el contundente plexo probatorio presentado por la Fiscalía al preparar el caso.
En definitiva, la evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, responde a lo que Palacio describe como "atendibilidad de la prueba", entendiendo por ello la idoneidad o aptitud que posee la misma para generar la convicción del juez acerca de la existencia o inexistencia de los hechos examinados (Lino Enrique Palacio, "La prueba en el proceso penal", Abeledo-Perrot, 2000, pág. 41). Y de acuerdo a lo expuesto, los motivos presentados por el recurrente, no logran opacar el razonamiento brindado por el tribunal de juicio, quien trató todas las cuestiones esenciales que surgían de éste y las planteadas, oportunamente, por el Sr. Defensor, quien con la calidad de recurrente solo reitera, como si no hubieran sido tratados los planteos ya vertidos en su alegato. De lo desarrollado, no puede sostenerse que carezca de sustento fáctico y/o normativo; de ahí que el defensor particular no ha logrado probar el absurdo en la valoración de la prueba, o que el tribunal incurriese en arbitrariedad, o en un error de razonamiento al resolver las cuestiones esenciales resueltas en la sentencia recurrida, luciendo en la lectura de ésta, coherentemente, demostrada la responsabilidad de J. S. B..
VII.) Corresponde en este apartado, tratar la procedencia de la segunda pretensión del recurrente, el cual se centra en sostener que no se encuentra acreditado el dolo requerido para la configuración del tipo penal de homicidio, manteniendo que existió, eventualmente, un exceso en la legítima defensa.
En principio, cabe resaltar que la defensa reedita los argumentos alegados en el juicio, omitiendo demostrar un error concreto a las razones expuestas por los sentenciantes.
Al respecto cabe destacar que previo a analizar si existió un exceso en la legítima defensa, hay que tener por acreditado los requisitos que establece el Código Penal en su artículo 34 inc. 6, para comprender si efectivamente existió una causal de justificación de la acción.
Concretamente el Código Penal establece que para la existencia de una legítima defensa deben existir tres circunstancias: a) agresión ilegítima, b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.
Al analizar estas circunstancias en el caso concreto podemos decir que no se encuentra probado -salvo por los dichos del imputado- que haya sufrido una agresión ilegítima que él no haya provocado.
Por el contrario, se encuentra suficientemente probado que B. generó el encuentro en ese lugar con J. E. S. para cancelar una deuda y que allí le hizo entrega de un cheque que no podía ser utilizado como instrumento de pago.
Si bien no queda claro si la entrega del cartular provocó una reacción en S. que no era la esperada por B. (provocación banal o superflua), que derivó en una agresión del aquí damnificado, o si B. aprovechó ese momento de descuido para atentar contra la vida de S., lo cierto es que para hablar de una agresión ilegítima es necesario corroborar la existencia de una situación de peligro grave y concreto para quien pretende haber actuado legítimamente; lo cual no se condice con un empujón o una cachetada como pretende hacer ver el acusado. Por ende, al no poder tener objetiva y fehacientemente probados los requisitos de una legítima defensa, jamás podríamos analizar un exceso en la misma.
En este sentido se tiene dicho que "…la agresión ilegítima debe haber creado, para el autor del hecho típico, una situación de necesidad (de defenderse, de reaccionar)… la reacción del agente debe resultar el modo adecuado –o que el agente en la particular situación concreta, pudo considerar adecuado– para evitar el menoscabo o destrucción del bien jurídico al que el ataque amenaza. No se trata de una reacción proporcional, sino adecuada, necesaria, razonablemente aceptada…" (Basílico Ricardo, Villada Jorge L. (2021). Código Penal, 2ª ed. (2ª Edición). Hammurabi. Pág. 131); y que "…Para que exista legítima defensa, el sujeto que se defiende no debe ser quien provoque la agresión o genere la reacción del que lo ataca.
Provoca la agresión quien utiliza la situación objetiva de defensa como un pretexto para cometer el ilícito (pretexto de legítima defensa), es decir, el que dolosamente se coloca en situación de peligro para poder, a su vez, atacar. También provoca la agresión el que, sin pre ordenar dolosamente su conducta, se coloca, sin embargo, voluntariamente ante el peligro de ser agredido y que, como veremos más adelante, produce consecuencias en relación al llamado exceso en la legítima defensa…" (Op. Cit, pág. 132). También es necesario analizar la racionalidad del medio empleado y en este sentido se ha dicho que “…la necesariedad y racionalidad del medio empleado deben ser valoradas objetivamente, desde el juicio de un tercer observador y siempre ex ante; el que dispara contra quien le apunta primero con un arma de fuego se defiende legítimamente, aun cuando el arma del agresor estuviere descargada, porque ex ante le era imposible saber dicha circunstancia…" (Nardiello Ángel G.
(2015). Derecho penal. Parte general. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 261); y que "… Resulta fundamental en la valoración de la necesidad de la defensa, que ésta sea realizada ex ante y no ex post, ósea, desde el punto de vista del que se defiende y exactamente en ese momento, no posteriormente, quien dispara sobre el que apunta se defiende legítimamente, aunque después se compruebe que el agresor le apuntaba con un arma descargada…" (Nardiello Ángel G. (2015). Derecho penal. Parte general. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 262). Al realizar este análisis ex ante en el caso concreto, nuevamente nos encontramos que el medio empleado -cuchillo- no fue racional para repeler una agresión de una persona que estaba desarmada.
Distinto sería el análisis si existieran lesiones de defensa o ataque en zonas no vitales -recuérdese que la única estocada fue en una zona vital-, o si se encontraba frente a un agresor que por su contextura o profesión (boxeador, luchador de artes marciales mixtas etc.) generarían un peligro mayor e inminente hacia su vida. Cosa que no se advierte del estudio del caso.
Por todo ello, se debe concluir que, el imputado no obró conforme la figura típica del art. 35 del C.P., es decir, con una causa de justificación que permitiera sostener el exceso en la legítima defensa, pues utilizó sin motivo alguno un arma blanca para asestar una única puñalada a S. en una zona vital de su cuerpo.
Al respecto se ha sostenido que "…En la legislación argentina el art. 35 del CP refiere al que hubiera excedido los límites impuestos por la ley o por la necesidad. Queda claro entonces que para poder hablar de exceso -en la legítima defensa-, el autor debe haber actuado en un primer momento amparado por una justificante, es decir que su obrar al inicio fue legítimo pero en el curso del mismo fue excediendo esa misma legitimidad con la que comenzó a obrar…" (Basílico Ricardo, Villada Jorge L. (2021). Código Penal, 2ª ed. (2ª Edición). Hammurabi. Pág. 140). Por otra parte, la recurrente, intenta justificar la ausencia del dolo homicida porque el escenario en el que ocurrió el hecho no se trataba de un lugar descampado o porque en ese momento había iluminación; esta justificación no tiene ninguna lógica pues, de seguir ese razonamiento, se podría llegar al absurdo de sostener que no puede suceder un homicidio en una ciudad a plena luz del día, porque estas circunstancias extinguen el dolo que exige la figura penal. No está de más recordar que "…el homicidio es un delito doloso -dolo genérico- que comprende los elementos del tipo penal objetivo y que abarca los medios utilizados, de manera tal que el autor debe conocer que mediante su acción u omisión -comisión y comisión por omisión para algunos- produce la muerte de una persona, pero además debe haber querido ese resultado, modificación, aunque más no sea parcial, del mundo exterior. Al tratarse de un delito de resultado material es admisible la tentativa y todas las formas de participación…" (Figari Rubén E. (2020). Tipos de homicidios. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 68). Párrafo aparte merece la justificación del recurrente respecto a que el imputado tenía a su alcance un arma de mayor poder ofensivo -un hacha afilada- y prefirió otra porque no tenía la intención de matar. Esta afirmación no le quita peligrosidad al medio elegido y utilizado para provocar las heridas a S.. Pues tanto el hacha como el cuchillo son idóneas para generar una lesión en el cuerpo humano de entidad suficiente que podría generar la muerte de una persona. Otra vez, lo ilógico del razonamiento nos llevaría a sostener que el dolo está íntimamente vinculado al calibre del arma o a la longitud y filo del cuchillo; debiendo realizarse una clasificación infinita para todos aquellos elementos que por su naturaleza no deberían causar la muerte de una persona (por ejemplo: piedras, botellas, vehículos, sogas etc.).
Por ello, resulta correcto el razonamiento de los magistrados al analizar las circunstancias fácticas, objeto del proceso, debidamente probadas y que dan un fundamento o motivación válida al fallo condenatorio.
Véase que al momento de fundarlo destacan una frase de B., dirigida a la víctima cuando se encontraba desangrándose dentro de su vehículo, momentos antes del arribo del personal policial al lugar. Concretamente el testigo S. lo escuchó decir "…que sea la última vez que me apuras así delante de mis hijos…" (ver fs. 557).
Esa frase, vertida en el contexto señalado, demuestra por un lado que B. no tenía la actitud esperada de alguien que, momentos antes, fue agredido ilegítimamente y, por otro lado, como analiza el Dr. Albarrán, que "…el acusado intenta pedirle a la víctima que aprenda la lección, dando a entender que la próxima vez lograría concretar su plan criminal y ello es conteste con las demás circunstancias indiciarias que rodearon el momento en que el inter criminis fue interrumpido por terceras personas…" (ver fs.557 y vta.). Es por ello que el razonamiento efectuado por el Dr. Albarrán -al que adhieren los otros magistrados- en el que se convence que se trató de un hecho planificado por el acusado para ultimar a S. por exigirle el pago de la deuda, resulta demostrativo de la existencia del dolo requerido por el tipo penal por el cual se dicta condena.
Es por todo lo expuesto que se sostiene que el defensor particular no ha logrado probar la ausencia del dolo homicida - que repercutiría en un errónea calificación legal- ni la existencia de un exceso en la legítima defensa.
VIII. También la pena está suficientemente fundada, aunque la misma no fue motivo de crítica alguna, en forma directa, por la defensa.
Sin perjuicio de ello y a los fines de una revisión integral del fallo -ante la garantía del 'doble conforme'- debe recordarse que, en principio, la fijación de su quantum es una facultad que le compete a los jueces y solamente es revisable en casación cuando se demuestre su arbitrariedad; es decir, que la potestad de la cual se encuentran investidos, no exime a los sentenciantes de fundar debidamente los motivos que lo llevaron a arribar a una pena determinada. Dentro de este contexto, se ha sostenido que "...la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra...", razón por la cual "...ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él..." (conf. Fleming, Abel y López Viñals, Pablo, "Las penas", RubinzalCulzoni Editores, pág. 440). En este aspecto, en el punto tercero de los fundamentos de la sentencia (fs. 561 vta. y 562) también se explicitó la razón por la que se impuso la pena solicitada, oportunamente, por el Ministerio Público Fiscal en los alegatos: seis (6) años y seis (6) meses de prisión.
Por ello, la fijación del quantum de la sanción resulta una derivación razonada de las constancias de la causa, habiéndose dado de esa forma estricto cumplimiento a lo previsto en los Arts. 40 y 41 del C.P.
Que, por todo ello, de conformidad a lo establecido en los arts. 427, 446 y 448 del C.P.P., corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 568/579 y vta. por el defensor particular de J. S. B. confirmando en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 547/562 y vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial, teniéndose presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 579 vta. por el recurrente. Que, por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 568/579 y vta. por el defensor particular de J. S. B..
2. CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 547/562.
3. TENER PRESENTE para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal formulada a fs. 579 vta. 4º) Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.
La presente resolución se dicta con la firma de tres vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso, encontrarse en uso de licencia la Dra. Alicia de los Angeles Mercau y encontrarse vacante el cargo restante (art. 27 Ley Nº Uno - T.O. Ley N° 2404).
FIRMADO:Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos - Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Ante mí: María Florencia González - Secretaria.
PROTOCOLIZACIÓN: TSS2002I.221 TOMO: XXXI-INTERLOCUTORIO-T.S.J.
REGISTRO Nº:016 FOLIO Nº:91/98 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia