Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala III · Causa 118.531
En la ciudad de La Plata, Sede de la Sala III del Tribunal de Casación, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores jueces, doctores Ricardo Borinsky y Víctor Horacio Violini, con la presidencia del primero de los nombrados, a fin de resolver en la presente causa número 118.531 caratulada “C., B. K. S/ RECURSO DE QUEJA (RPJ)”, conforme al siguiente orden de votación: BORINSKY - VIOLINI.
La Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó la resolución del Juzgado de Garantías del Joven N° 1 que no hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción, denegó el sobreseimiento y elevó la causa a juicio seguida a B. K. C. por resultar probable autor del delito de abuso sexual.
Contra dicho pronunciamiento, el Defensor Oficial interpuso recurso de casación cuya denegatoria dio lugar a la presente queja.
Cuestiona que la Cámara afirmase, para rechazar el recurso, que la decisión recurrida no está comprendida entre las resoluciones recurribles específicamente enumeradas por el artículo 450 del Código Procesal Penal cuando tal norma, en su última parte, establece que son susceptibles de impugnación por la vía casatoria las resoluciones que “denieguen la extinción o suspensión de la pena o el pedido de sobreseimiento en el caso de que se haya sostenido la extinción de la acción penal”.
Agrega que, no obstante ello, los jueces señalaron que, encontrándose cumplido el doble conforme, no correspondía habilitar la vía, haciendo caso omiso a lo previsto normativamente y realizando una interpretación restrictiva del derecho al recurso, ya que el doble conforme debe ser tomado como un piso que debe garantizarse, y no como un techo que no habilita una nueva revisión de la sentencia, lo que torna al resolutorio aquí impugnado en una resolución arbitraria, y violatoria del principio “favor rei”.
Sostiene que, por el contrario, el recurso interpuesto era admisible por dos motivos.
El primero, que los jueces resolvieron por fuera de los límites del reenvío dispuesto por esta Sala y analizaron cuestiones que ya se encontraban firmes, contrariando lo dispuesto por el artículo 435 del Código Procesal Penal que establece la prohibición de reformatio in pejus. El segundo, que omitieron considerar que la materia involucra una cuestión federal cuyo planteo es útil para demostrar la infracción alegada, pues se evidencia un apartamiento de la solución legal prevista para el caso, lo que constituye una causal definida de arbitrariedad (art. 14 ley 48) e importa, en consecuencia, un vicio de fundamentación (Fallos: 303:317, 315:2780, 319:97, 321:2904, 323:629, entre otros) que permite suplir la ausencia de definitividad de la resolución impugnada." (TCPPBA Sala I, Causa N° 88858 Bizzozero Lucas Leonel S/ Recurso De Casación, fecha 28/06/18), así como que este Tribunal constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar la reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores.
Por ello considera que la decisión de denegar el recurso de casación, constituye un supuesto de arbitrariedad en los términos de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que trae consigo una cuestión federal suficiente y la descalifica como acto jurisdiccional válido, ello al utilizar un razonamiento contradictorio que carece de respaldo normativo, desconociendo la solución legal prevista para el supuesto de autos y con ello violentando palmariamente la garantía de defensa en juicio y del debido proceso. Invoca la doctrina de los precedentes "Strada" (CSJN- Fallos, 308:490), "Di Mascio" (CSJN,-Fallo 311:2478), "Chiara Díaz" (C.16, XLI), "Muracciolo" (LL, 2005-D-386), y "Di Nuncio" (LL, 2005-F-146) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por su parte, en la presentación del recurso, explica que, como consecuencia del reenvío dispuesto por este Tribunal, la Cámara dio tratamiento al planteo de prescripción que no había sido tratado en su anterior decisión, entendiendo que la acción no se encontraba extinguida en razón de que, conforme lo previsto en el artículo 63 del Código Penal, aquélla se suspende hasta que la víctima adquiera la mayoría de edad. Sin embargo, dice, el Tribunal desconoció que esa normativa “se encuentra derogada al día de la fecha por la Ley 27206, que en su artículo 3° así lo dispone, por lo tanto, no puede ser aplicada al caso en trato” pues, conforme dispone el artículo 2° del Código Penal solo se aplicará la ley penal vigente a momento del hecho cuando esta sea más beneficiosa para el imputado, lo que no ocurre en este caso.
Por lo tanto, entiende que los camaristas no debieron aplicar la normativa en trato y, teniendo en cuenta el plazo transcurrido desde el supuesto hecho acaecido y la fecha de la denuncia, declarar prescripta la acción penal y sobreseer en forma total a su asistido. Como segundo motivo, sostiene que la Sala I de la Cámara, al tratar nuevamente la prueba y entender que la misma alcanza para elevar la causa a juicio, resuelve cuestiones ya tratadas y firmes y conspira contra el principio de cosa juzgada, prohibición de doble juzgamiento, preclusión de los actos procesales y debido proceso (cita los artículos 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP).
Explica que en la resolución originaria, que fuera luego casada por este Tribunal devolviendo los autos para el dictado de un nuevo pronunciamiento, la Sala III de la Alzada, no obstante haber entendido que “...no se incorporó ningún dato que permita sostener suficientemente la imputación sobre C. en el evento en trato, ya que lo aportado por la acusadora pública en su presentación de fs. 134/137 son declaraciones testimoniales de familiares de la víctima e informes de diversos organismos estatales, material insuficiente...” en vez de ordenar el sobreseimiento de su asistido, remitió los autos a la Fiscalía para que profundizara la investigación.
Afirma que esa defensa nunca impugnó la valoración de la prueba contenida en ese pronunciamiento sino la solución dada al caso, “...ya que debió dictar el sobreseimiento total al no reunirse los requisitos del artículo 157 del C.P.P. para elevar la causa a juicio, pero nunca devolver la IPP para que se profundice la investigación”, considerando claro que la remisión resuelta por esta Sala para dictar un nuevo pronunciamiento no pudo poner en peor situación a su asistido, es decir, que si la Sala III de la Cámara había entendido que no existían elementos probatorios para disponer la elevación a juicio, ello no puede ser modificado por la nueva decisión, la Sala I debió disponer el sobreseimiento, ya que no existe otra consecuencia lógica, ni legal. Cita jurisprudencia y opiniones doctrinarias sobre los alcances de la prohibición de “reformatio in pejus”.
Destaca, finalmente, que el “corpus iuris” aplicable a la presente causa impone aún más dictar resoluciones sin dilaciones indebidas y en el plazo más breve que proceda (art. 14, 2 b iii de la CDN, artículo 14.3 del PIDCyP y XXV de la CADH) y con el temperamento adoptado la Cámara no hace más que dilatar el trámite de la presente causa.
Radicadas las actuaciones con noticia a las partes, el Fiscal Adjunto postuló el rechazo de la impugnación.
Encontrándose la Sala queda en condiciones de resolver, se tratan y votan las siguientes:
Primera: ¿Es admisible la queja? En caso afirmativo ¿resulta procedente el recurso de casación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Primero. Aunque la resolución impugnada deniega el pedido de sobreseimiento por encontrase extinguida la acción penal, no resulta revocatoria de la de primera instancia, por lo que la Cámara acierta al afirmar que no se encuentra incluida en el artículo 450 del Código Procesal Penal, corresponde igualmente la apertura de esta vía por excepción, toda vez que la denuncia de cuestiones federales (por caso, violación de la prohibición de reformar en perjuicio que termina en una afectación del debido proceso, arbitrariedad por apartamiento de la solución legal prevista para el caso y derecho ser juzgado sin dilaciones indebidas), que se traducen en un perjuicio para el imputado que podría resultar de imposible reparación ulterior, impone la intervención de esta Sala, en su carácter de Tribunal intermedio a fin de evaluar la viabilidad de las mismas, de conformidad con la doctrina de los precedentes de la Corte Federal que menciona el recurrente y, por ello postulo declarar admisible la queja traída.
Segundo. La procedencia del primer motivo conduce a la del recurso y torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios. A un lado la confusión en la que incurre el defensor recurrente al afirmar que la norma del “artículo 63” del Código Penal “se encuentra derogada al día de la fecha por la Ley 27206 que en su artículo 3° así lo dispone, por lo tanto, no puede ser aplicada al caso en trato”, cuando lo que debió decir -pues ello hace a su agravio- es que el texto reformado del artículo 67 de Código de fondo no estaba vigente al tiempo del hecho atribuido a C., entiendo que le asiste razón pues, si la modificación de mentas comenzó a regir recién el 18 de noviembre de 2015 y no existe certeza acerca de la fecha exacta de ese año en que habría ocurrido el supuesto abuso sexual, más allá de que existe una mayor de probabilidad de que haya acaecido antes de su vigencia considerando que ésta se inició sobre el final del año, tal indeterminación no puede ser cargada en la cuenta del imputado sin menoscabo de los derechos constitucionales de legalidad y defensa en juicio que le asisten (artículos 18 de la Constitución Nacional, 9 de la CADH).
Luego, en relación a los demás argumentos sostenidos por la Cámara para justificar la aplicación de la solución que ahora establece el artículo 67 cuarto párrafo del Código Penal en su versión conforme ley 27.206 antes de que la misma entrara en vigencia, cabe traer a colación el criterio de la Sala según el cual la aplicación retroactiva de la ley penal sólo se permite en los casos en que la norma es más benigna para el imputado lo que, a simple vista, no es precisamente la circunstancia que rodea al presente caso, sino más bien todo lo contrario, correspondiendo resolver en base a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal según ley 25.990 y no así en los términos de la ley 27.206 -como sostuvieran las instancias anteriores- a fin de extender el plazo temporal que mantiene viva la acción penal contra el imputado, lo que le resulta claramente perjudicial. Agrego además, que cuando se habla del principio de legalidad en materia penal, en parte se hace referencia a la citada irrectroactividad de la ley, y por ello con la sola invocación de los lineamientos que surgen del cuerpo de la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer no puede neutralizarse (como se pretende) la vigencia de normas nacionales (como el mencionado artículo 18 de la Constitución Nacional y 75 inciso 22 del mismo Cuerpo), ni de iguales normas convencionales a través de las cuales el Estado también asumió compromisos internacionales ante los cuales debe responder (artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ; 11.2 de la Declaración de Derechos Humanos, entre otros).
Luego, si el hecho imputado a B. K. C. se dice ocurrido durante 2015 y el nombrado fue llamado a prestar declaración a tenor del artículo 308 del Código Procesal Penal, el 14 de enero de 2020, es decir cuando ya había transcurrido el plazo de cuatro años previsto en el artículo 62 inciso 2°, en relación al artículo 119 primer párrafo del Código Penal, corresponde, y así lo propongo al Acuerdo, declarar admisible la queja y procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas, y casar la resolución impugnada con devolución de las actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven a fin de que se pronuncie sobre la subsistencia de la acción penal, previa verificación de si el nombrado ha cometido -o nonuevos delitos (artículos 18 de la Constitución Nacional; 9 de la CADH, 62 inciso 2°, en relación al artículo 119 primer párrafo del Código Penal; 433, 448, 450, 461, 465 y 530 del Código Procesal Penal).
En su mérito, a esta primera cuestión, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Adhiero al voto del doctor Borinsky, por sus fundamentos, y a esta primera cuestión, también VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Borinsky dijo:
Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde declarar admisible la queja y procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas, y casar la resolución impugnada con devolución de las actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven número 1 de San Isidro a fin de que se pronuncie sobre la subsistencia de la acción penal, previa verificación de si B. K. C. ha cometido -o no- nuevos delitos (artículos 18 de la Constitución Nacional; 9 de la CADH, 62 inciso 2°, en relación al artículo 119 primer párrafo del Código Penal; 433, 448, 450, 461, 465 y 530 del Código Procesal Penal). ASÍ LO VOTO.
A la segunda cuestión, el señor juez doctor Violini dijo:
Voto en igual sentido que el doctor Borinsky.
Por lo que no siendo para más, se dio por finalizado el Acuerdo, dictando la Sala la siguiente R E S O L U C I Ó N I.- DECLARAR admisible la queja y procedente el recurso de casación interpuesto, sin costas.
II. CASAR la resolución impugnada CON DEVOLUCIÓN de las actuaciones al Juzgado de Garantías del Joven número 1 de San Isidro a fin de que se pronuncie sobre la subsistencia de la acción penal, previa verificación de si B. K. C. ha cometido -o no- nuevos delitos. Rigen los artículos 18 de la Constitución Nacional; 9 de la CADH, 62 inciso 2°, en relación al artículo 119 primer párrafo del Código Penal; 433, 448, 450, 461, 465 y 530 del Código Procesal Penal. Regístrese electrónicamente, notifíquese y radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia