Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello se ha dicho: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b)
Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646).- Ninguno de tales supuestos se verifica en autos, luego de haber efectuado este Tribunal Superior un análisis meduloso de la causa.".- Como surge de forma palmaria, el análisis realizado por la A quo, no fue erróneo ni puede calificarse por arbitrario, en su fundamentación y motivación, y mucho menos que esa arbitrariedad este fundada en la información aportada por un único testigo en autos, que, no está demás recordar, es la propia víctima, la que relata las conductas a las que fue sometida." Por todo lo expuesto …
TOMO: CXXIV REGISTRO: 008 FOLIO: 066/078
Caleta Olivia, 25 de agosto de 2026.
Estos autos caratulados: “S. B. L. S/ DENUNCIA” Expte. Nº *****/20, N° de Juzgado de Recursos ****/26, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Pico Truncado, venidos a despacho para resolver.
Y
I.-Mediante interlocutorio de fs. 186/198, el Sr. Juez de Instrucción decidió: “…1.-DECRETAR EL PROCESAMIENTO sin prisión preventiva de J. O. B. (DNI N° **.***.***) de demás circunstancias personales obrantes en autos, en virtud de lo establecido por el art. 289 y 293 del CPP, por encontrarlos "prima facie" autores penalmente responsables del delito de ABUSO SEXUAL SIMPLE (ART. 119 1° PÁRRAFO Y 45 DEL C.P.) en perjuicio de J. A. P., decretándose embargo sobre los bienes de cada uno de ellos hasta cubrir la SUMA DE PESOS CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ($ 5.876.900), actualizables según la tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (art. 499 y css. del C.P.P.)”
Contra dicha resolución el imputado J. O. B. interpone recurso de apelación a fs. 221, el que luego es motivado a fs. 233/234, por la doctora Karina R. Tor Defensora Pública. El recurso es concedido en relación y a un solo efecto a fs. 235.
En esta instancia es mantenido a fs. 249 por la doctora María Carolina Costes, Defensora Pública Oficial ante las Excmas. Cámaras, quien posteriormente y fijada la audiencia prevista en el art. 437 del C.P.P., no presenta el memorial que autoriza la citada norma procesal, quedando en consecuencia los autos a despacho para resolver. II.-Al motivar el recurso la defensa se agravia sosteniendo que, las pruebas colectadas resultan insuficientes y hasta inexistentes para atribuirle a su defendido la responsabilidad penal por el delito atribuido, solicitando oportunamente la revocación de la resolución objeto de apelación.
Refiere la defensa, que considera que no se ha merituado acabadamente la prueba tanto en lo denunciado por la presunta víctima, como el resultado de las pruebas, apreciando como mendaz lo relatado por la denunciante así como resulta excesiva la calificación atribuida al hecho investigado. Entiende la recurrente que no existe prueba independiente en la presente causa que permita inferir y probar el dolo directo requerido por la figura escogida por el A quo de Abuso Sexual Simple, toda vez que considera que no es creíble ni tiene andamiaje la historia que aporta la denunciante acerca del imputado copiando parte de la declaración de la misma y advirtiendo que estando dos menores de edad y los padres del imputado el mismo no iba a tener esa actitud.
Cuestiona la apelante como pudo la víctima encontrar contención, protección en el imputado J. O. B., conforme surge del informe psicológico presentado por la perito psicóloga, en el que se plasma que luego de entrevistarse con la denunciante, (copia un fragmento), toda vez que su defendido nunca tuvo trato con la víctima, nunca tuvo una charla directamente con la víctima, solo en grupo. Enfatiza la recurrente que analizada la figura atribuida a su defendido, sostiene que no existen elementos objetivos ni subjetivos en el hecho investigado que permita tipificar la figura del abuso sexual simple conforme lo sostenido por el Juez de instrucción.-
La defensa expresa que no están dadas las condiciones fácticas ni jurídicas para sostener que existió abuso sexual, del resolutorio cuestionado surge claramente que el Juez de instrucción solo tuvo en cuenta los dichos de la víctima y el informe psicológico.
Señala la recurrente que el Juez de Instrucción resaltó que los ataques sexuales de los acusados hacia la víctima provocaron en la misma un impacto psicológico, que si ello fuera así, ella no hubiera regresado a la casa de B. nuevamente a visitarlos, menos aún a quedarse adormir si eso no hubiera pasado. Hace hincapié la defensa en que a adolescente recuerda demasiados datos, detalles mínimos de lo ocurrido de lo que supuestamente ocurrió en esa ocasión, lo que según ella no cierra con una persona asustada o intimidada por el agresor que la hiciera vivir momentos tan dramáticos como los que narra en la declaración.
Se agravia también la defensa por el monto del embargo fijado para cubrir gastos de mantenimiento por excesivo y carente de sustento fáctico y jurídico, no existiendo parámetro que el Juez de Instrucción haya tomado para fijar un monto de esa magnitud ni cuales hayan sido las pautas para su determinación. Considera que el monto de embargo en caso de mantenerse el procesamiento debe ser reducido a un monto mínimo para cubrir los gastos y costas del juicio y correspondiendo su reducción a los justos límites.
III.-Que a fs. 252, se corre vista al Sr. Fiscal de Cámara, doctor Carlos Rubén Rearte, a fin de que se expida respecto de la plataforma fáctica atribuida en autos.
Así el Fiscal de Cámara, luego de analizadas las presentes actuaciones, dictaminó que vista la plataforma fáctica en el acto de la indagatoria obrante a fs. 180, entiende que el suceso intimado goza de las formalidades exigidas por la normativa del art. 281 del C.P.P., esto es una información detallada del suceso, el lapso temporal en que ocurrió el hecho ilícito, la edad de la víctima, la modalidad y la calificación legal, por lo que el acto procesal goza de las formalidades exigidas por la manda procesal.
IV.-Liminarmente, y conforme las pruebas colectadas en autos y en base a un análisis crítico-racional de las mismas de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por el Sr. Juez de Instrucción tanto en lo que refiere a los hechos como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. En principio, se advierte que la Defensa cuestiona la resolución en crisis, en cuanto que considera que se basa en una errónea valoración de los elementos probatorios, considerando asimismo que estos resultan insuficientes y que el testimonio de la víctima y su progenitora incurren en contradicciones.
Adentrándonos en el estudio del primer agravio, en cuanto al testimonio de la víctima, se ha sostenido en reiteradas oportunidades, que este tipo de hechos ocurren en la intimidad, fuera de los ojos de testigos, nótese que la denunciante refiere que el imputado de autos la llevó al baño y allí la encerró, para luego trasladarla a la habitación, ambos lugares en los que se encontraban solos.
Así las cosas la víctima realizó un relato detallado de lo ocurrido, del que se desprende que el encartado en autos aprovecho que la misma se encontraba en su casa durante la noche en virtud de haber ido a dormir con su amiga, quien resulta ser la hermana de él. En esa circunstancia de tiempo y lugar, en el domicilio sito en calle xxxxx N° *** de la localidad de Pico Truncado, al retirarse de la sala común a su cuarto, la adolescente E., hermana del imputado, esté aprovechó y llamó a la joven J. A. P. para que se acercara a donde él estaba detrás de las otras personas que se encontraban en el lugar y fuera de la vista de los mismos.
En este sentido es conteste la declaración de la víctima, la que refiere (fs. 12) "... En eso fue que vino J. O. B., ... me llamó para la barra y yo fui y le pregunté qué pasó y ahí fue cuando me dio vuelta y me empezó a apoyar su miembro y ahí yo le dije que qué estaba haciendo y yo le dije que nada que ver y él me dijo que vayamos al baño y yo le dije que no, ..."
Luego continuó con su accionar y condujo a la adolescente al baño, para después trasladarla a la habitación, lo que así relató la víctima (fs. 12) "... él me agarró del brazo como tironeándome como para que vayamos ... me metió al baño y me trabó la puerta. Él me insistía que le dé un beso, y yo le dije que no, que me quería ir que me deje y que me quería ir. Él a toda costa me decía que le dé un beso y yo le dije que no, que me quería ir que me deje y que me quería ir. Él a toda costa me decía que le dé un beso y que dale, dale, yo le decía que no, que me quería ir ... ahí me sacó del baño y me metió a su pieza que queda al frente del baño y la cerró con llave. En esto él se sentó en la cama y me agarró los brazos y me puso encima de él y me seguía diciendo que le dé un beso y me empezó a tocar, primero me empezó a besar el cuello y después me agarró las tetas y me agarraba el trasero y me agarraba la mano para que yo le toque el pene y yo le sacaba la mano. No lo alcance a tocar. Él me metió la mano debajo de la remera, del corpiño y del pantalón...".-
Adviértase que lo central del relato ha sido claro y detallado, acompañado de sentimientos de culpa y miedo, como así también acompaña los hechos de las sensaciones que fue experimentando durante todo el evento, así lo manifestó J. A. P. (fs. 12 vta.) "... en el momento no sabía cómo reaccionar ... En una parte escuchamos un ruido que venía de la pieza de la mamá y yo no sabía si me iban a creer. Me quedé paralizada en realidad no supe cómo reaccionar ... En el momento me largue a llorar porque me dio miedo, veía venir lo que iba a pasar, lo que quería hacer él, pero en el momento no sabía cómo reaccionar por la persona que era él, más como siendo hijo de pastores de una iglesia...".-
De ello, se puede ver que el hecho de que el imputado fuera hijo de los pastores referentes de su iglesia, estuvo siempre presente en la ecuación, lo que desvirtúa el cuestionamiento defensista de que la menor dijo no tener trato con el mismo, remarcando que la adolescente refirió que solo compartían reuniones grupales y luego dijo que era su referente.
Véase que es perfectamente posible que J. A. P., no haya tenido trato a solas con el imputado pero si lo tuviera como referencia en su vida, toda vez que el hecho de que fuera el hijo de los pastores ya influía directamente en la mirada de la niña, la cual no solo veía a un miembro de su iglesia con preponderancia en el grupo de la misma sino que además veía al hermano mayor de su amiga, lo que pudo generar en la misma, el sentimiento de protección y contención, que cuestiona la defensa.
En ese mismo orden, el lugar que la familia ocupaba en la organización cultural y religiosa de la localidad y máxime para sus fieles, generaba la confianza no solo de la niña sino de la familia de la misma, que sin pregunta alguna autorizaban a la adolescente a dormir en la casa de los pastores con total de seguridad de que allí estaría cuidada y segura.
No se puede soslayar en este punto, la sorpresa vivenciada y el bloqueo emocional que ocasiona, cuando la misma se repetía que no sabía qué hacer y que no le iban a creer.
Respecto de las consideraciones en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, en cuanto al hecho acaecido e imputado a J. O. B., caben las mismas consideraciones que se efectuaron respecto del imputado J. N. B., en estos mismos autos de fecha 21 de julio de 2024, donde sostuve "... Por otra parte, se puede constatar del informe pericial suscrito por la Lic. K. que la joven dejo de asistir a la iglesia en agosto de 2017, especificando el año preciso en que acaecieron los hechos. ... Así se cuenta a fs. 2 y 36/37 con la declaración de la Sra. S. B. L., progenitora de la menor, quien, si bien no depone como testigo presencial, permite contextualizar los hechos narrados por la víctima y el impacto que a posteriori tuvieron en la conducta y el ánimo de su hija.
Por otra parte, a fs. 12/13 J. A. P. da una versión de los hechos que se condice con el lapso temporal, el trato asiduo con el imputado y la relación de amistad existente entre la víctima y la hermana del agresor, reseñados por S. B. L.. Estas circunstancias permitieron el acercamiento entre las partes y el nacimiento de una relación basada en la confianza, generada por la posición religiosa del encartado, que fue aprovechada por éste, para consumar el hecho abusivo narrado. Como corolario de las deposiciones, varias mujeres en igual situación se sumaron a la voz de J. A. P., expresando a través de mensajería lo vivenciado tiempo atrás con el encartado, reacciones que se encuentran plasmadas a fs.18/35.
Adunando al respecto a fs. 85/87 la Lic. K. instrumenta técnicas de exploración psicológica y presenta su informe pericial, expresando: “En el transcurso de las entrevistas presentó un semblante de tristeza y desgano intentando reponerse o auto consolarse a sí misma…había encontrado en la iglesia donde concurría, un lugar donde refugiarse, encontrando cierta contención y un espacio donde poder hablar lo que le sucedía, expresando que el mayor de los hermanos (hijo de los pastores) el expresaba “son como mis hijas las quiero como un padre” “yo las amo como un padre”. Observándose claramente como J. A. P. había conformado un vínculo de confianza y cedido un lugar de protección y contención en la figura de su agresor, donde son evidentes los mecanismos de manipulación ejercidos sobre J.
A. P., y que luego de los actos agresivos comenzó a manifestar sentimientos hostiles hacia estas personas, refiriendo “se aprovecharon de mi confianza”. Sintiéndose engañada y traicionada por quien había desarrollado un vínculo de protección y afectivo. Vivencia que actualmente trae aparejado sus dificultades para entablar vínculos de confianza, permaneciendo en un estado de alerta reparatorio, a modo de recomponer el lugar de indefensión en el cual estuvo al momento de las agresiones que la dejo como expresa “paralizada”. Con todo ello concluye: “En la dinámica de traición que es vivenciada en J. A. P., el impacto psicológico se manifiesta en estados depresivos, desconfianza en sus relaciones, hostilidad, rabia.
La baja autoestima, el aislamiento, la confusión acerca de la propia identidad sexual, la confusión acerca de las normas de interacción sexual son todos indicadores asociados a las agresiones sexuales que relata, encontrándose en un estado de vulnerabilidad”. Cada uno de estos elementos probatorios fueron controvertidos por la defensa, quien intentó quitarles entidad efectuando especulaciones sobre la presunta conducta de la víctima con posterioridad a las vivencias relatadas, al frecuentar el domicilio de los imputados, sin ningún tipo de pudor o vergüenza. Esta circunstancia, no solo no se encuentra avalada, sino que resulta controvertida, por el propio relato discordante que realizan los imputados en su descargo.
Así a fs. 108/109 J. O. B. declara: “…Sí cuando ella supuestamente dijo que yo abusé de ella, siguió yendo a mi casa, se siguió juntando con mi hermana. Se siguió quedando a dormir”, mientras que de la deposición de J. N. B. de fs. 123 se desprende en sentido opuesto: “PREGUNTA: Para que diga desde cuando conoce a J. A. P.. CONTESTA: Desde que ella era chica, edad ni idea, pero era amiga de mi hermana E.. PREGUNTA. Para que diga si J. A. P. iba a su domicilio. CONTESTA: A veces sí. PREGUNTADO. Para que diga si J. A. P. se quedaba a dormir. CONTESTA. No”. Sin perjuicio de ello, J. A. P. relata lo vivido y su narrativa no presenta aristas de mendacidad ni animosidad hacia alguno de los imputados; tampoco resulta totalmente incongruente con sus defensas; luego de procesar el primer abuso, -cinco meses aproximadamente entre marzo y agosto de 2017- en un lapso temporal que no resulta unánime entre las víctimas y que tiene que ver con la capacidad de tramitar los traumas, la niña tomó la decisión de abandonar la Iglesia, y como reacción instintiva y amparada en la confianza que enaltecía la relación son su líder espiritual, intentó infructuosamente obtener de su parte la contención necesaria para develar el abuso y comunicar su decisión.
No puede perderse de vista las relaciones vinculares que se generan con las personas que representan un culto determinado.Cabe señalar que toda religión establece un sistema de pautas y reglas, que se presuponen morales, y que, en la valoración, tanto de los representantes del culto, como de las personas que adhieren al mismo, se vivencian como “correctas” o “buenas” para ellos. Además, crea apego, cuando la práctica de las pautas y ceremonias es comprometida, generadas, además en la idea de Dios que el culto predica, que no resulta fácil de tramitar, cuando precisamente, la agresión viene de personas en las cuales, y por el contexto señalado, habían generado confianza. Ello implica no solo tramitar el duelo que genera las circunstancias traumáticas, sino la crisis personal que trastoca a una persona, cuya idea de Dios y las prácticas y comportamientos de su vida, se adecuan a la predica que justamente realizan sus eventuales agresores.
En virtud a estas consideraciones, no se observa ninguna acción, descripción o reacción que resulte increíble, falaz o desprovista de soporte probatorio. Debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continúe, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. ..."
A mayor abundamiento, en los autos caratulados: “A. L. D. V. S/ DENUNCIA ABUSO SEXUAL (M., J.)” Expte. Nº **.***/23, N° de Juzgado de Recursos ****/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Deseado, sostuve que: "III.-Establecido ello corresponde ingresar al examen de la resolución recurrida en función de los agravios del recurrente. Como primera cuestión y ante el agravio que sostiene la falta de fundamentación de la resolución impugnada, debo decir, luego de su atenta lectura, que en dicha tarea es posible observar cuál ha sido el juicio lógico efectuado por el A quo, aplicando las reglas de la sana crítica racional, que lo llevó a adoptar la decisión allí plasmada. En los autos caratulados "SERON CARLOS ALBERTO S/ EXCARCELACIÓN", Expte.
Nº **** (S-***/13/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "Al respecto, corresponde efectuar algunas consideraciones generales, relacionada a los principios rectores que hacen a la fundamentación de toda resolución judicial.- En este sentido, la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la Carta Magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 123, 381 y 387 del Código Procesal Penal).- A través de una fundamentación correcta, sostiene Gavier que "...Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente..." (conf.
Gavier; Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).- Suficientemente ilustrativo, resulta ser en tal aspecto, el distinguido procesalista Julio B.J. Maier quien sostiene "...existe, en nuestra doctrina jurídica y en nuestra jurisprudencia, la tendencia definida a afirmar categóricamente que la sentencia penal -en realidad: toda sentencia judicial- debe ser fundada para ser válida, y más aún que ello deriva de la interpretación sistemática del texto de la Constitución Nacional, en especial de la garantía del juicio previo fundado en ley anterior del hecho imputado (C.N. art. 18) o de la que dispone la inviolabilidad de la defensa del imputado (C.N. art. 18), y como exigencia de la forma republicana de gobierno (C.N. art. 1).
En ese sentido se entiende por fundar la sentencia, o por motivarla como también se enuncia esa exigencia para su validez, no tan sólo la expresión de las premisas del juicio, las circunstancias de hecho verificadas y las reglas jurídicas aplicables, como alguna vez se ha entendido en sentido muy estricto, sino, antes bien, la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.(Conf. Julio B.J. Maier, "Derecho Procesal Penal" T. 1, Fundamentos, Editores del Puerto, 2º ed. Bs. As. 2002, pág. 481 y ss.).- De idéntica manera se ha sostenido que la motivación es una operación lógica basada en la certeza, en la cual el Juez debe cumplir con las 'leyes supremas del pensamiento' que gobiernan la elaboración de juicios y dan base cierta para determinar cuáles son verdaderos o falsos.
Esas normas se presentan 'a priori' como necesarias y evidentes, y están constituidas por las leyes fundamentales de coherencia y derivación, y por los principios lógicos de identidad, de no contradicción, tercero excluido y razón suficiente.- Para concluir, es oportuno ilustrar a los señores magistrados, con las enseñanzas de nuestro Cimero Tribunal "...la condición de órganos para aplicar el Derecho, va entrañablemente unida la obligación de los jueces de fundar sus sentencias, para acreditar que son derivación razonada del derecho vigente y no producto de la voluntad individual y que dicha exigencia se cubre con la seriedad de los fundamentos, pues reconoce raíz constitucional... (Fallos: 297:362; ED del 8/2/93, f. 44.795).
Si se omitieran esos recaudos se incurriría en una causal de arbitrariedad. De manera que, aunque mínimamente, deben expresarse las razones por las que se arriba a una consecuencia, incluso para la cuantía de la pena..." (CS, ED, t. 147, pág. 131. f. 44.230, cons. 11)".- Teniendo en cuenta esta hermenéutica, entiendo que la resolución apelada cumple con las exigencias normativas establecidas por los arts. 116 y 291 del C.P.P. encontrándose fundada. Aclarado ello, y ya centrándome en el análisis de los hechos y la prueba que motivaron la resolución bajo embate, considero que un análisis crítico-racional de la conforme las pruebas colectadas en autos, de manera conjunta y contextual, permiten confirmar el temperamento adoptado por la Sra.
Jueza de Instrucción Subrogante, tanto en lo que refiere a los hechos y su autoría, como a la subsunción realizada de los mismos, cumpliendo con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal. El relato de la víctima P.E.V.A. (fs. 19/20), se erige como una prueba de fundamental importancia en este tipo de hechos, y encuentra aval en el testimonio de su madre (fs. 23/24), quien declara en forma conteste tanto en relación a las circunstancias de tiempo, modo y lugar develadas por la adolescente inmediatamente después de ocurrido el hecho, como sobre la autoría sindicada por aquella. En autos "R. M. Á.
S/ PROMOCIÓN A LA CORRUPCIÓN AGRAVADA POR LA MENOR
EDAD DE LA VÍCTIMA", Expte. Nº ****/11 (R-***/13/TSJ) del 31 de octubre de 2013, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "En términos generales la doctrina mayoritaria sostiene que desde el punto de vista probatorio los delitos sexuales tienen algunas características comunes que los diferencian del resto de los tipos penales y ello por dos razones o consecuencias diferentes. Uno de los motivos se debe a que los delitos suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos y muchas veces sin la existencia de rastros (defloración, semen, huellas, etc.) que puedan develar lo sucedido a través de las pericias o técnicas específicas. Asimismo se ha destacado que los delitos sexuales suelen poner en evidencia aspectos de la personalidad del autor que no se manifestarían en otros ámbitos de relación.
De ahí que en atención al ámbito en que por lo general se desarrollan esta clase de delitos, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental. Se ha señalado que ante la inexistencia de testigos presenciales del hecho, el juzgador debe basarse en los dichos de la víctima y en el de las personas que tomaron conocimiento mediante sus dichos. La doctrina imperante sostiene que tratándose de los llamados “delitos en las sombras”, cuyo exponente más paradigmático es el hacer criminoso de quienes desfogan sus más torpes deseos sexuales con los menores que forman parte de un entorno familiar, o que se tienen en guarda, o circunstancialmente bajo cuidado, teniendo el ilícito como teatro un entorno cerrado a los ojos de terceros, la única prueba directa es lo percibido y registrado por las víctimas.
La no consideración de los dichos puede implicar no sólo la impunidad sino, en la perspectiva de la política criminal, virtualmente borrar a las antijuridicidades que se vinculen a la sexualidad y que no provengan de los modos comisivos vinculados con la fuerza o intimidación. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la prueba de los delitos contra la honestidad -en el caso, violación- resulta de difícil recolección, no solo por los desarreglos psicológicos que provocan en la víctima sino también por el transcurso del tiempo hasta que llega la noticia "criminis" al Tribunal." (Lo resaltado en negrita me pertenece). A esta altura del proceso la prueba colectada y debidamente valorada por la A quo, se aprecia suficiente para sustentar el dictado de una resolución como la atacada.
Sin perjuicio de ello, entiendo que resulta recomendable contar con una pericia psicológica de la adolescente P.E.V.A., no para corroborar sus dichos como sostiene la defensa, sino a los fines contar con mayor información en autos que permita conocer en qué estado se encuentra la víctima, si existen indicadores del trauma vivenciado, y el daño que el mismo pueda haber causado, en los términos de art. 185 inc.5 del C.P.P. En relación al testimonio de la víctima, en los autos "RECURSO DE CASACIÓN FECHA:20/9/2022 AUTOS: M.H.M. Y L.G.D. S/INF. ART. 119 1º PÁRR. Y 3º PÁRR. INC. B), D) Y F) DEL CP Expte. Nro. ****/17 (M-****/18/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que: "El testimonio de la niña víctima debe ser evaluado no solo en el contexto de su mayor vulnerabilidad a raíz de su edad sino también en función de las implicancias de género, más aún, cuando la relación entre ambas variables (edad-género) encuentra un punto en común: los delitos sexuales contra niñas representan actos de violencia producto de las relaciones desiguales entre el hombre y la mujer en el marco de una sociedad patriarcal.
Esa misma asimetría que se mantiene a nivel estructural en los niveles políticos, económicos, sociales, laborales y domésticos se reproduce, sobre todo en este último ámbito, también en detrimento de las niñas. En el plano de lo normativo, tiene lugar el nacimiento de las llamadas obligaciones de ius cogens (El ius cogens hace referencia a normas imperativas de derecho. De acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, son aquellas normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario), cuya tuición asumiría originariamente la Organización de las Naciones Unidas. Y en América a los fines del control de constitucionalidad, adquiere particular relevancia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y mucho más aun, en esta especialísima materia de los derechos humanos, el mantenimiento de la cúspide de la facultad interpretativa en el orden interno o el reconocimiento de este tribunal supranacional como intérprete último y final.
En este sentido, los niños, niñas y adolescentes, son titulares de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y, en los instrumentos internacionales de derechos humanos, varios con jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22), a la vez que gozan de derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento. En consecuencia, tanto la Constitución Nacional como diferentes normas internacionales fijan obligaciones concretas de los Estados en favor de los niños, niñas y adolescentes. Como bien lo determina el artículo 75 inciso 23 de la CN, prevé que el Congreso debe legislar y promover medidas de acción positivas que garanticen el pleno goce y ejercicio de los derechos establecidos por ella y por los tratados internacionales, en particular respecto de los niños y niñas.
Asimismo, los instrumentos que gozan de jerarquía constitucional (artículo 75 inciso 22 de la CN) estipulan derechos específicos para los niños y niñas. Entre estos, podemos mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) que dispone que niños y niñas tienen derecho a medidas de protección (artículo 24) y, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), en cuanto establece que todo niño/a, tiene derecho a medidas de protección por parte de su familia, de la sociedad y del Estado (artículo 19). Pero sin dudas, el instrumento más relevante en la materia es la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) que reconoce expresamente a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho.
En la Convención sobre los Derechos del Niño (aprobada por la ley 23.849, sancionada el 27 de septiembre de 1990, promulgada de hecho el 16 de octubre de 1990 y, en actualidad, con jerarquía constitucional), se estableció (art. 19.1) que: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”. Y que: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés Superior del niño” (art. 3°.1 de la citada Convención).
El bloque normativo se completa, a su vez, con la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (nro. 26.061), sancionada con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales, en especial aquellos consagrados en la CDN. La entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos del Niño supuso un cambio de paradigma en la infancia y la adolescencia. En efecto, este tratado sustituyó la doctrina de la “situación irregular” –que implica una mirada “tutelar” o “asistencialista”– por la de “protección integral”. El Estado debe, como principio fundamental, asegurar la tutela judicial efectiva de niños, niñas y adolescentes. En esta línea, la Corte IDH ha interpretado que las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la CADH) se reconocen a todas las personas por igual, y, deben correlacionarse con los derechos específicos que estatuye, además, el artículo 19 de la CADH, en forma que se reflejen en los procesos administrativos o judiciales en los que se discuta algún derecho de niños y niñas (cfr.
Corte IDH, Opinión Consultiva OC-1 7/7/2002, “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, del 28 de agosto de 2002, Serie A N° 17, párr. 95). La Corte IDH ha trazado una línea Jurisprudencial respecto de la obligación de medios que pesa sobre los Estados de llevar adelante una investigación diligente, pronta y eficaz en punto a los delitos sexuales. En el caso “Rosendo Cantú y otra v, México” (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, del 31/8/10), la Corte IDH afirmó que: “En casos de violencia contra la mujer las obligaciones genéricas establecidas en los arts. 8° y 25 de la Convención Americana se complementan refuerzan, para aquellos Estados que son Parte, con las obligaciones derivadas del tratado interamericano específico, la Convención de Belém do Pará.
En su art. 7º b) dicha Convención obliga de manera específica a los Estados Partes a utilizar la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. De tal modo, ante un acto de violencia contra una mujer, resulta particularmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección”. En sentido similar se había expedido también en el caso "Campo Algodonero” (del 16/11/09). En sentido análogo, en el caso “M.
C. y Bulgaria” (Demanda n° 39.272/98, sent. del 412/03), la Corte Europea sostuvo que: “... Las obligaciones positivas sobre el Estado son inherentes al derecho y al respeto eficaz de la vida privada según se establece en el art. 8°... la disuasión eficaz de actos graves como la violación, en los que los valores fundamentales y los aspectos esenciales de la vida privada se ven en riesgo, requiere de disposiciones eficaces del derecho penal. Los niños y otros individuos vulnerables, en particular, tienen derecho a tener una protección eficaz...”. El Estado Argentino, a su vez, es parte en convenciones internacionales por intermedio de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (que entró en vigor el 3/5/95), asumió el compromiso de actuar con la debida diligencia y adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, e incluir en su legislación interna la normativa y los procedimientos legales eficaces en relación a ese fin; que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos (cfr.
Esp. El art. 7º, inc. b, c y f). “Las dificultades de los sectores sociales en situación de vulnerabilidad para acceder a la justicia fueron expuestas en las Reglas de Brasilia – aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a las que adhirió la Corte Suprema mediante la acordada 5/2009, del 24 de febrero de 2009. Esta Procuración General destacó en el caso 'N.L. (en representación de N. K. M. E.) s/ medida autosatisfactiva' –FRO 2365/2014/11RH1, dictamen del 9 de diciembre de 2015– que esas reglas procuran conformar un sistema judicial orientado a la defensa efectiva y adecuada de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, entre las cuales se encuentran los niños (reglas 1 y 3)”.
Concluyendo, se puede sostener que, las directrices de los Tribunales Internacionales son claras en el sentido de que, los Estados no pueden desatender sus obligaciones en la persecución y castigo de los delitos sexuales, más aún, cuando su concreción representa una modalidad específica de ataque al género. Estas mayores exigencias son destinadas a garantizar la tutela efectiva de los derechos de las mujeres y niñas víctimas." Sobre este piso de marcha, puede decirse que lo fundamental en estos supuestos es el relato de la víctima, sea que el mismo se vuelque en una audiencia en cámara gesell o en presencia del Juez, dependiendo de la edad de la víctima; resultando en ambos casos lo que pueda emanar de los informes psicológicos, complementario de aquellos dichos y del contenido de información que los mismos aportan a la reconstrucción histórica de un hecho punible.
Es decir que, tanto en el dispositivo del artículo 234 bis como en el del 234 ter del CPP., lo central siempre será la información que aporta en la recepción de la declaración testimonial que se realiza con personas menores de edad, la que deberá ser valorada con el resto de los datos producidos por los informes psicológicos. En el caso de autos, tanto del testimonio de la madre, como de la propia víctima, surge información más que suficiente para sostener las proposiciones fácticas, tal y como fueron imputadas, teniendo especialmente en cuenta el lugar donde se produce el abordaje a la víctima, lo violento del ataque, y la clara finalidad del mismo, que no fue otra que agredir la libertad e integridad sexual de la menor.
Respecto del agravio que tacha de arbitrario el pronunciamiento, teniendo en cuenta que solo se cuenta con el testimonio de la víctima, corresponde señalar lo siguiente. En los autos caratulados “G. L. D. C. S/ Denuncia” Expte. Nº **.***/20, N° de Recursos 6182/21, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Puerto Deseado, sostuve que: "El testimonio de la víctima, en casos como el que nos ocupa, cobra un valor probatorio fundamental, siempre y cuando no existan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones o provoquen dudas en el juzgador y le impidan formar convicción. Ello no puede ser nunca óbice para acreditar o desacreditar un hecho prima facie. Como es unánime la doctrina procesal, y en especial los nuevos enfoques procesales cuando tratan sistemas adversariales, la cantidad de prueba no es sinónimo de hecho probado.
En nuestro sistema impera la valoración de la sana crítica racional, es decir que se debe explicar racionalmente, por qué se entiende probada una causa y por qué no, en su caso. Pero estamos en un sistema de libertad probatoria, no existe prueba tasada ni se exigen mínimos probatorios (dos o tres testigos, prueba pericial, etc.) para tener por acreditado un hecho. Puede haber una testigo víctima que señale que fue lo que le sucedió, y el juzgador desarrollar un análisis contextual y de los hechos, sumado a otra evidencia, y definir la situación procesal de una persona. El valor probatorio del testimonio de la víctima ha sido resaltado por la CIDH en numerosos precedentes entre los que cabe destacar “Fernández Ortega y otros vs.
México”, y “Rosendo Cantú y otros vs. México”, entre otros. Y ello se aplica no solo a la exigencia de probabilidad positiva como en el caso de marras, sino y además al momento de dictar sentencia. La certeza se basa en el convencimiento que genera el análisis directo que surge de la prueba y de su calidad, no es su cantidad.".- En este sentido, a los efectos de la valoración probatoria, dentro de los lineamientos de la sana crítica a los que hiciéramos referencia, ha sido erradicado el vetusto "testis unus, testis nullus". Señala Jauchen, con relación a la cantidad de testigos cabe recordar los términos de Bentham: "...los testimonios se pesan, no se cuentan...". En verdad las cualidades y capacidades del testigo deben predominar sobre la cantidad de ellos a los efectos de su valoración.- En los autos caratulados: "JUZGADO S/INSTRUCCIÓN C.D.C." Expte.
Nº **.***/20, N° de Juzgado de Recursos ****/23, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, sostuve que: "A diferencia de la Defensa, entiendo que el testimonio de la niña que denuncia el delito a manos de su padre, si bien es creíble, debe además, fundarse en información que, reitero, en la presente causa no se encuentra agregada y que deberá ser motivo de continuidad de la investigación. Sobre este piso de marcha, en los autos "B.M.R. S/ ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO AGRAVADO POR SER EL AUTOR ENCARGADO DE LA GUARDA -TRES HECHOS- Y ABUSO SEXUAL SIMPLE REITERADO TODO EN CONCURSO REAL", Expte. Nº ****/18 (B-****/19/T.S.J.), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia sostuvo que:"En relación a la falta de motivación de la autoría y de la participación de B.M.R. en los hechos investigados, planteada por la Defensa Oficial, del análisis efectuado de la sentencia dictada, ello no se advierte pues nos encontramos frente a la investigación de un delito de muy difícil comprobación que en la mayoría de los casos -como ocurre en la presente causa- solo se cuenta con el relato directo de la víctima.
Esto lleva a que la prueba que pudo recolectarse deba ser valorada en forma rigurosa y con una visión global de todos los elementos existentes. Este criterio igualmente fue sostenido por diferentes autores que refieren que: "…a la hora de resolver, se debe tener particularmente en cuenta la dificultad probatoria que impera en este tipo de delitos, teniendo en cuenta el ámbito de intimidad en donde suelen ser realizados. Así es importante observar lo manifestado por nuestro más Alto Tribunal al sostener que 'la prueba de los delitos contra la honestidad resulta de difícil recolección, por lo que habrá que valorar las pruebas teniendo en cuenta cada uno de los aspectos relevantes de la instrucción para arribar a un fallo definitivo que sea comprensivo y abarcador de los elementos de juicio recolectados' (CSJN, V.120, XXX, 'Vera Rojas, Rolando', del 15/5/97).
Por lo tanto, considero que no existen razones valederas para desconocer la validez, utilidad y aptitud probatoria que revisten las declaraciones de los calificados testigos 'únicos'. Es que ante la presencia de un testigo en soledad del hecho no debe prescindirse de sus manifestaciones sino que ellas deben ser valoradas con la mayor severidad y rigor crítico posibles, tratando de desentrañar el mérito o la inconsistencia de la declaración mediante su confrontación con las demás circunstancias de la causa que corroboren o disminuyan su fuerza, y examinando cuidadosamente las calidades del testigo…" (Ordoñez Pablo, (2020), Medios de prueba, t. 2. (1ª Edición). Hammurabi. Pág. 220). En este caso, los magistrados de la Excma.
Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial tuvieron especialmente en cuenta el relato de las cuatro víctimas -el cual fue obtenido mediante la técnica de Cámara Gesell-, el testimonio de sus respectivos progenitores y los informes psiquiátricos y psicológicos que dan cuenta que los relatos de las niñas contenían criterios de fiabilidad y veracidad. Todos ellos constituyen elementos probatorios concurrentes que permiten arribar de manera categórica a la comprobación de la materialidad, autoría y participación en los hechos, por parte de B.M.R.- Ello es así pues de la lectura de la sentencia, en lo que se refiere concretamente al aspecto que se está analizando, se advierte que la misma cumple con los requisitos exigidos en el art. 382 del Código Procesal Penal de la provincia y que la valoración efectuada por los Magistrados de la prueba producida en el debate para fundar la sentencia fue conforme a las reglas de la sana crítica.
Entendiendo esta como "…la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común… por lo que es exigible que las conclusiones a que se arribe en la sentencia sean el fruto racional de las pruebas del proceso, sin afectación del principio lógico de razón suficiente, que exige que la prueba en que aquélla se funde sólo permita arribar a esa única conclusión y no a otra…" (Daray Roberto R. y Navarro Guillermo Rafael, 'Código Procesal Penal de la Nación', 3 tomos. Argentina: Hammurabi, 2019. Tomo 3, págs. 187/188)." (La negrita es de mi autoría).- Con el rigor exigido por el Cimero Tribunal Provincial, la información aportada por el testigo único debe ser valorada con el resto de la información aportada por los distintos medios probatorios, para determinar los hechos, con el grado de probabilidad positiva que exige la presente etapa procesal.
El criterio valorativo impuesto por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, implica apartarse de todo dogmatismo y prejuicio al resolver una causa y analizarla conforme la información que la misma posea.".- Conforme lo expresado, podemos advertir, a poco de analizar las razones y argumentos brindadas por la A quo, que valoró la información aportada por la víctima, y el resto de la que fuera incorporada a la causa, teniendo en cuenta la forma de producción de la conducta típica, antijurídica y culpable, el contexto en el cual se materializó el ataque al bien jurídico, y los vínculos existentes entre las partes. El pronunciamiento se encuentra fundado, y está alejado de cualquier sesgo o estereotipo, trasluciendo una aplicación concreta de la perspectiva de género al caso de marras.
Asimismo, no ocurren en autos los supuestos de arbitrariedad de sentencia, los que son aplicables a las decisiones jurisdiccionales que requieren motivación. En los autos caratulados “R., E. E. S/INFRACCIÓN AL ART. 119 DEL C.P.”, Expte. Nº **** (R-***/11/TSJ), el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, sostuvo que: "Al respecto, con relación a la supuesta arbitrariedad de la sentencia, éste Tribunal Superior de Justicia, considera que los fundamentos vertidos en el fallo en crisis, demostraron con meridiana claridad las sólidas razones que condujeron a adjudicar la responsabilidad de E.E.R. como autor penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal (art. 119 1º y 3º párrafo del CP), constituyendo el pronunciamiento una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa.- Se formula tal concluyente aserto, toda vez que el vicio de absurdo y la arbitrariedad en la interpretación y valoración de la prueba -en principio- sólo se configuran cuando la apreciación de los elementos probatorios no es coherente y lleva al juzgador a conclusiones claramente insostenibles o abiertamente contradictorias entre sí, o bien si en autos se evidencia la existencia de un manejo irrazonable y contrario a las reglas de la sana crítica en la apreciación de la prueba, extremos que no se advierten en la presente causa.-Por el contrario, en la sentencia de fs. 489/501 se aprecia que los medios probatorios han sido analizados en forma conjunta, interpretados y valorados en correcta subsunción al hecho reprochado.- En tal sentido, la Excma.
C.S.J.N. sobre la doctrina de la arbitrariedad -desde sus inicios- estableció la distinción entre aquella y el error, pues sostuvo que le competía intervenir sólo "...en los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces, y no cuando haya simplemente interpretación errónea de las leyes, a juicio de los litigantes..." (Fallos, 112:384, 2/XII/1909, "Rey, Celestino c/ Rocha, Alfredo y Eduardo").- En definitiva, la doctrina de la arbitrariedad exige, como fundamento de su instituto, que la decisión que se ataque padezca de alguna de las causales de arbitrariedad, con la virtualidad suficiente para afectar al pronunciamiento en una medida tal que impida que se lo considere como acto judicial válido.
Por ello se ha dicho: Sentencias arbitrarias son: a) Las que menoscaban la defensa en juicio (Fallos: 291:245; 303:1134); o la regla del debido proceso (Fallos: 296:256; 303:242). b)
Pronunciamientos que implican violación de la esencia del orden constitucional, cuyo primer enunciado es afianzar la justicia (Fallos: 289:107). c) Cuando exista decisiva carencia de fundamentos (Fallos: 295:140, 278). d) Apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso (Fallos: 295:417). e) Decisiones emitidas sobre la base de la mera voluntad de los jueces (Fallos: 296:456). f) Sentencias que no comportan una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 292:254). g) Resoluciones que adolecen de omisiones, errores y desaciertos de gravedad extrema, que las tornan inhábiles como actos judiciales (Fallos: 294:425). h) Fallos que violan el adecuado servicio de justicia (Fallos: 303:1646).- Ninguno de tales supuestos se verifica en autos, luego de haber efectuado este Tribunal Superior un análisis meduloso de la causa.".- Como surge de forma palmaria, el análisis realizado por la A quo, no fue erróneo ni puede calificarse por arbitrario, en su fundamentación y motivación, y mucho menos que esa arbitrariedad este fundada en la información aportada por un único testigo en autos, que, no está demás recordar, es la propia víctima, la que relata las conductas a las que fue sometida." Por todo lo expuesto, corresponde confirmar el auto en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación en este sentido. Respecto al agravio defensista en cuanto al monto del embargo, en los autos caratulados “INCIDENTE DE APELACIÓN EN AUTOS: VELAZQUEZ ADRIÁN ALEJANDRO S/ ROBO CALIFICADO”
Expte. I-*****/22, N° de Recursos 6803/22, procedentes del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil Nro. 1 de Pico Truncado, sostuve que: "...En lo referente al embargo impuesto por el a quo, juzgo que la suma fijada se encuentra acorde a los parámetros establecidos por el art. 499 del C.P.P. Débese tener en cuenta que: “...Las llamadas medidas coercitivas dentro del proceso penal pueden subdividirse por su naturaleza en medidas coercitivas de carácter patrimonial y real. Básicamente, estas últimas se refieren a mandatos que se dirigen contra los bienes muebles o inmuebles a fin de asegurar, obtener o limitar el patrimonio del encausado con el objeto de garantizar la reparación civil, la pena pecuniaria y el pago de las costas...
La medida cautelar no debe corresponder con la situación personal del imputado sino con las pautas previstas en el art. 518 del Código de forma… pues el embargo de bienes debe ordenarse en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas...” (Conf. CODIGO PROCESAL PENAL DE LA NACION, Comentado y Anotado, MIGUEL ANGEL ALMEYRA, TOMO II, Ed. La Ley, año 2077, páginas 428/430) Analizados los hechos investigados, puede afirmarse que el monto del embargo establecido por el A quo para nada resulta elevado, teniendo en consideración las pautas que deben seguirse para su determinación, mencionadas supra. La defensa argumenta que las víctimas no sufrieron daño alguno, y que los celulares fueron recuperados.
Sin embargo, esta circunstancia no resulta óbice para que puedan ejercer la acción civil derivada del delito (art. 80 y ss. del C.P.P.), pues el daño resarcible económicamente producto del hecho delictivo si bien suele ser material, no es exclusivo y excluyente. A ello debe adunarse el valor de las costas causídicas, lo que me lleva a concluir que el monto fijado por el Juez de Instrucción no es elevado como lo plantea el defensor, y debe ser confirmado...".- Y en los autos autos caratulados: “VILLALBA LUCAS ALEXIS S/ Tentativa de Hurto” Expte. Nº *****/24, N° de Juzgado de Recursos ****/24, procedentes del Juzgado de Instrucción Nº 1 Caleta Olivia, sostuve que: "En cuanto a la nulidad del embargo, considero que el mismo resulta ajustado a derecho y que sin perjuicio de que no se especificaron las razones o fundamentos de su imposición, en los considerandos, fueron enunciados de manera pormenorizada en la parte resolutiva, no observando de los agravios del recurrente vicios que causen un gravemente irreparable o que solo pudieran ser saneados con una declaración de nulidad, que por su naturaleza es de carácter restrictivo.
En este sentido, el establecimiento de un monto dinerario como embargo, debe realizarse teniendo en cuenta las características de los hechos y el grado de intervención “lato sensu” en los mismos, como así las consecuencias del delito, lo que surge claro de la motivación del auto que establece la decisión jurisdiccional de existencia de mérito. Es decir que el monto y su valoración no surgen de manera arbitraria, sino y por el contrario, son una consecuencia directa de la motivación del auto en la cual se establece el procesamiento de una persona. Es a la luz de las características del delito por el cual se la procesa es que surge el monto de embargo, no requiriendo otra motivación que la del propio auto de mérito, el establecimiento de la suma dineraria y es a la luz de ello, que las partes pueden agraviarse y la resolución puede ser revisada y valorada, no requiriéndose un acápite especial, pues la única manera de motivar la suma sería nuevamente repetir la motivación del auto de procesamiento.
Para ser claro, el monto del embargo debe ser una suma de dinero razonable a la luz del hecho por el cual se procesa a una persona. Este razonamiento es el que surge, claramente, del art. 499 del CPP.".-
En función de ello se observa que el monto dispuesto en concepto de embargo además de resultar acorde a los requisitos señalados precedentemente, se visualiza acorde a derecho y asequible.
Finalmente, debe tenerse presente que el auto de mérito exige probabilidad positiva, como se señalara supra, para que la acción penal continue, prospere y motive, etapa crítica de la instrucción mediante (requerimiento de elevación a juicio, oposición en su caso y/o auto de elevación a juicio o decreto de clausura de la instrucción), la apertura y sustanciación del juicio oral y público, lo que dista sustancialmente y es diferente a la certeza que se requiere, una vez materializado el mismo, para condenar a una persona como autora penalmente responsable de un delito e imponerle una pena.
Bajo estos parámetros, se afirma que el Sr. Juez de Instrucción fundó su decisión de mérito en las constancias agregadas en la causa y la misma implica una crítica racional de los elementos probatorios señalados y una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso.
Por lo expuesto, como Juez de Recursos:
I.-CONFIRMAR el resolutorio de fs. 186/198, en todo cuanto fuera materia de recurso.
II.-Regístrese, notifíquese, cumplido vuelvan los autos al Juzgado de Instrucción Nº 1 de Pico Truncado.-
Carlos Augusto Borges Juez de Recursos Ante mi:
Paola Karina Salino Secretaria
Fin de la sentencia