Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Lomas de Zamora · Causa AL-25403-2021
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia–– En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe confirmarse en lo sustancial que decide, modificándola únicamente con relación a la tasa de interés, la que deberá liquidarse conforme lo establecido en el pto. III. iii de la presente. Con costas a cargo de la demandada quien continúa vencida (art.68 del C.P.C.C), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES:
I. Confírmase la apelada sentencia de fecha 25/11/24 en lo sustancial que decide, modificándola únicamente con relación a la tasa de interés, la que deberá liquidarse conforme lo establecido en el pto. III. iii de la presente.
II. Imponense las costas a cargo de la demandada quien continúa vencida (arts. 68 del C.P.C.C.).
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad (leyes 8.904 y 14.967).
B., L. M. C/ K., E. J. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)
Exp: AL-25403-2021 Jz Flia. N°4 Avellaneda Lanús (a.s.*)
En la ciudad de Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20 y 3975/20), reunidos en Acuerdo ordinario los señores jueces que integran esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia, Sala I, del Departamento Judicial Lomas de Zamora, doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi con la presencia del Secretario actuante, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa AL-25403-2021, caratulada: "B., L. M. C/ K., E. J. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)"; y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, del mismo Estado, la Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes:
—C U E S T I O N E S—
1º.- ¿Es justa la sentencia dictada?
2º.- ¿Qué corresponde decidir?
Practicado el sorteo de ley (art. 263, última parte, Código Procesal), arrojó el siguiente orden de votación: doctores Javier Alejandro Rodiño y Carlos Ricardo Igoldi.
—V O T A C I O N—
A la primera cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
I. Que la Sra. juez a cargo del Juzgado de Familia N°4 del Departamento Judicial de Avellaneda Lanús dictó sentencia en fecha 25/11/24 haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la Sra. L. M. B. contra el Sr. E. J. K., condenando a este último al pago de las sumas fijadas con más los intereses establecidos. Impuso las costas al demandado vencido y difirió la regulación de honorarios para la oportunidad en que exista liquidación definitiva del monto total y los intereses. Contra dicha sentencia se alzaron ambas partes: la parte actora interpuso recurso de apelación por escrito del 29/11/24, mientras que la demandada hizo lo propio mediante presentación del 03/12/24. Ambos recursos fueron concedidos libremente por proveído del 05/12/24. Arribados los presentes ante este Tribunal, las partes expresaron agravios por escritos del 23/02/25, los que fueron objeto de respuesta por la contraria mediante piezas del 25/02/25 y 05/03/25.
En dicho estado, en fecha 02/06/25, se llamaron autos para dictar sentencia, proveído que se encuentra firme y consentido, y autoriza el dictado de la presente.
II. DE LOS AGRAVIOS.
II. i. De la actora:
Al fundar su recurso la demandante dirige su embate con relación a los montos fijados en concepto de daño físico y daño moral, considerando que estos resultan exiguos.
Por otra parte, se queja de que la magistrada de la anterior instancia hubiera rechazado el reclamo por lucro cesante, destacando que desde que la Sra. B. se ha separado del demandado debió procurarse su sustento.
Por último, se agravia respecto de la tasa de interés fijada.
II. ii. Del demandado:
En su escueta presentación, el requerido sostiene que las dolencias presentadas por la actora no constituyen el resultado del hecho de violencia denunciado, sino que deriva de patologías previas padecidas por demandante.
III. CONSIDERACIONES DE LAS QUEJAS.
III. i. En primer término, he de referirme a la expresión de agravios presentada por la parte demandada. Es que no puede dejar de observarse que el recurrente no ha cumplido, ni aún mínimamente, con los extremos requeridos por la norma del artículo 260 del rito.
Cabe señalar que, para que el gravamen invocado por el apelante constituya agravio, debe provenir de errores de la sentencia y encaminarse a demostrarlos a través de crítica concreta, precisa y dirigida a las argumentaciones que el primer sentenciante haya desplegado en el fallo impugnado (art. 260 CPCC; arg. C1° Civ. y Com., La Plata , Sala III, 1994/03/29).
Esta Sala, en su anterior integración, siguiendo la doctrina legal de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia, tiene dicho que debe ser considerada "agravio", toda crítica dirigida a las denominadas "cuestiones esenciales" que son las que hacen a la estructura de la litis y su esquema jurídico. Que sin su consideración no sería posible resolver el caso planteado. Va de suyo que su tratamiento es obligatorio para la Alzada. En cambio debe entenderse como "argumento" toda mención efectuada por la parte apelante destinada a sostener su posición, pero que no se refiere a las ya citadas "cuestiones esenciales". Los argumentos no son de tratamiento obligatorio en segunda instancia (Ac. 67.337 del 1-VII-97; CALZ, Sala Iª, Reg. Sent. Def. 92-93, 116-94, 272-93, entre otros).
Es que la expresión de agravios consiste en la presentación por medio de la cual el apelante examina los fundamentos de la sentencia y concreta los errores que a su juicio ella contiene. Enseña Palacio, que esta herramienta "es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de las normas jurídicas, tratándose de una alegación crítica e indirecta." (PALACIO, Lino E. , Derecho Procesal Civil, Abeledo Perrot, Bs. As. 1977, t. v, p.266).
Se trata de la exigencia de una crítica concreta, es decir, precisa, y razonada, esto es, fundada. Es que así como se exige un adecuado razonamiento del magistrado al exponer sus ideas, que permita percibir el camino lógico en la ponderación fáctica hasta la solución del fallo pasando por la subsunción normativa, asi también, el litigante, si quiere conmover la sentencia, deberá argumentar de manera adecuada, con solidez y objetividad. (CAMPS, Carlos E., Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, LexisNexis, Bs. As. 2004, t.I, p. 475). Dicho ello, hemos de observar que la insuficiencia técnica del remedio traído a estudio impide proceder al análisis de la existencia de un discurrir equivoco por parte del magistrado de la anterior instancia en la resolución cuya revocación se pretende.
Es que la pieza en cuestión (de fecha 23/02/25) constituye una reiteración de conceptos ya referidos al repeler la acción, limitando sus argumentos a exponer su propio parecer con relación a las que considera causas de la lesión denunciada, sin que ello halle respaldo en las pruebas de la causa. Asi, refiere que ello respondería a que la actora realiza tareas de limpieza doméstica y cocina. Agrega que la Sra. B. sería tabaquista y que "...conforme su edad (más de 60 años) sumados los debarajuste que pudieron haber dejado entre otras patologías, el proceso natural de la menopausia, provocan una infinidad de enfermedades en los tendones, músculos y huesos, que seguramente tengan relación directa con la tensiosinovitis de Quervian y no un golpe en la mano...".
A su vez, su expresión de agravios se limita a invocar referencias dirigidas a impugnar la pericia médica obrante en autos, cuando su parte (asi como también la actora) omitió instar la citación de la perito a la audiencia de vista de causa a fin de que — en caso de entenderlo procedente— respondiera las observaciones necesarias. Es que no resulta esta la oportunidad de efectuar explicaciones si ello no se hizo en el momento procesal que la ley prevee para dichos supuestos, esto es, la vista de causa. Asi, desde la doctrina especializada se explica que en la vista de causa "...los peritos evacuan los pedidos de explicaciones y/o ampliaciones que le formulen el juez o las parte. Los expertos actuantes deberán concurrir el día de la audiencia de vista y en el supuesto de incomparecencia podrán ser traídos por la fuerza pública (art. 847)." (Berizonce, Roberto O., Bermejo, Silvia P., Amendolara, Zulma A., "Procesos de Familia en la Provincia de Buenos Aires"., LEP, Bs. As., 2017, p.465).
En síntesis, no ha mediado un ataque frontal contra los fundamentos de la sentencia se que ataca, sino la invocación de argumentos que discurren inocuamente de modo paralelo al pronunciamiento que se pretende modificar, sin logar interferirlo, e intentando introducir cuestiones omitidas en la anterior instancia mediante argumentaciones estereotipadas. Ello, como es obvio, compromete la suficiencia técnica del recurso, por lo que he de proponer al Acuerdo declarar desierto el recurso interpuesto por la parte demandada.
III. ii. Sentado lo expuesto, corresponde ingresar en el análisis de los agravios introducidos por la parte actora.
a. Daño Fisíco.
El deber jurídico de no dañar a otro constituye un principio rector en la materia, y es su violación lo que genera la obligación de reparar el menoscabo causado, noción que comprende todo perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que afecte en forma cierta a otro en su persona, en su patrimonio y/o en sus derechos o facultades. (cfr. art. 19, CN.; art. 1716, CCyC.)
La Corte Suprema ha señalado que tanto el derecho a una reparación integral como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional. (conf. arts. I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 3° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 4°, 5° Y 21 del Pacto de San José de Costa Rica y 6° del Pacto Internacional dé Derechos Civiles y Políticos; Fallos: 335: 2333)
Ello resulta plenamente aplicable a los daños ocurridos en las relaciones de familia, pues el derecho actual establece un marco de protección a los miembros familiares en su condición de persona, más allá de su pertenencia a la institución familiar.
Hoy se reconoce un modelo de familia en la que, ante todo, se tutela los derechos de cada uno de sus miembros, desde la perspectiva de la persona como eje central de la regulación de las relaciones familiares. En casos como el presente, en el que se reclaman los daños derivados de hechos de violencia familiar y/o de género, a la afectación de los atributos de la responsabilidad se le suma un rasgo particular que consiste en la existencia de un vinculo de parentesco o de convivencia entre la victima y el victimario. Ello impone entonces, una evaluación rigurosa por parte del magistrado respecto de las consecuencias que el daño genera. Ahora bien, esta Sala tiene dicho en reiterados pronunciamientos que más allá de las calificaciones o “nomis juris” que demos a las cosas y a los perjuicios a tarifar, de lo que se trata es de indemnizar justa e integralmente estos últimos.
Tan solo la reparación jurídicamente plena o integral, que no es otra cosa que la indemnización o equivalente dinerario en la medida de lo justo (equitativo) para el caso determinado. (Esta Sala, causa 58.026, RSD- 136-4, 27-4-2004 “Olivera, Ramón c/ Microómnibus Quilmes SACIF y ots. s/Ds y Ps)
En esta línea, es menester destacar también que la reparación debe ser plena en el sentido de que, con los recaudos que exige el ordenamiento, alcance el estándar de una tutela efectiva de la víctima frente al daño injustamente sufrido y, particularmente, en lo que atañe al quantum de la reparación, represente una extensión congruente con la entidad del perjuicio acreditado. (Cfr. doc. CSJN, Fallos: 314:729; 316:1949; 335:2333, entre otros)
Nuestro ordenamiento jurídico indica que dicha reparación consiste —ni más ni menos— que en la restitución de la situación de la damnificada al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. (art. 1740, C.C.y.C.)
Ahora bien, en cuestiones eminentemente técnicas, como indudablemente se dirimen en este rubro, el informe pericial resulta el medio de excelencia puesto que integra los conocimientos del juez a través de explicaciones técnicas y ciertas apreciaciones que efectúa el experto, caben presumirlas sustentadas precisamente en el conocimiento que emana de la circunstancia de detentar título habilitante de rigor científico con incumbencia en el tópico, aún cuando el juez personalmente las posea.
Así, mediante la prueba pericial médica presentada en fecha 09/09/24 y que fuera elaborada por la perito médica legista Dra. E. D. C. se indicó que la Sra. L. M. B. "...sufre consecuencias de tendinitis de Quervain en mano izquierda que podría tener relación con los relatos y que le provoca una incapacidad de 8% parcial y permanente de la t.o.".
Si bien dicho dictamen resultó objeto de pedido de explicaciones, tanto por parte de la actora como de la parte demandada, he de observar que lo informado en la pericia se encuentra en línea con la documentación aportada por el Hospital P. P. en fecha 22/08/24. A su vez, y como se dijera precedentemente, no puede dejar de observarse que amabas partes omitieron instar la citación de la perito a la audiencia de vista de causa, por lo que se induce que han consentido las conclusiones de la experta. Asi, del acta de fecha 21/10/24 surge que "...Primeramente las partes prescinden de la lectura de las diligencias y actuaciones probatorias de autos por considerarse suficientemente instruidas (art. 850 inc. 1 del C.P.C.C.)." no apareciendo elemento alguno que permitiera entender que las partes sostenían las impugnaciones a la pericia anteriormente efectuadas. Asi, atento lo reseñado, me hallo convencido de que no existe mérito para apartarme de las conclusiones de la profesional médica, encontrándose su dictamen suficientemente fundado.
Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, con soporte en las conclusiones del dictamen pericial médico, visto el tenor de las secuelas funcionales y en atención al porcentual de incapacidad estimado, y aquilatando las características personales de la afectada (59 años de edad al momento del hecho, divorciada, progenitora de cinco hijos, de ocupación jubilada, con estudios primarios completos); considero adecuado y así lo propongo al Acuerdo confirmar el monto fijado en el rubro en estudio. (arts. 1716 del Cód. Civil y Comercial, 165, 384 y 474 del ordenamiento ritual). b. Daño extrapatrimonial (daño moral).
El daño moral es aquel que afecta principalmente los derechos y atributos de la personalidad, de carácter extrapatrimonial, y su reparación tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor fundamental en la vida del hombre y que son: la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos. (arts. 1738 y 1741 del Código Civil y Comercial).
Se ha señalado que el daño provocado en supuestos de violencia familiar y/o de género —como ocurre en el presente— es particularmente gravoso, no solo por el sujeto que lo infiere sino por su extensión en el tiempo y la cronicidad que suelen presentar. (Ortiz, Diego, "Criterios para demandar por daños en casos de violencia de género (su adecuación al nuevo Código Civil)", ED 265-561, del 28/10/2015).
Nuestra Corte Suprema tiene dicho que para su cuantificación debe tenerse en cuenta el carácter resarcitorio de este rubro, la índole del hecho generador de la responsabilidad, la entidad del sufrimiento causado —que no tiene necesariamente que guardar relación con el daño material, pues no se trata de un daño accesorio a este— , y que "el dolor humano es apreciable y la tarea del juez es realizar la justicia humana; no se trata de una especulación ilícita con los sentimientos sino de darle a la víctima la posibilidad de procurarse satisfacciones equivalentes a lo que ha perdido. Aun cuando el dinero sea un factor muy inadecuado de reparación, puede procurar algunas satisfacciones de orden moral, susceptibles, en cierto grado, de reemplazar en el patrimonio moral el valor que del mismo ha desaparecido" (Cfr. CSJN, Fallos: 321 :111 7; 323: 3614 ; 325: 1156 y 334: 376, y 334:376, entre otros)
Por ello, en la evaluación del perjuicio moral, "la dificultad en calcular los dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida". (CSJN, Fallos: 334: 376).
En virtud de lo expuesto, estimo adecuado confirmar las sumas establecidas a fin de su resarcimiento (arts. 1738 y 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación; arts. 165 y 384 del CPCC.).
c. Del Lucro Cesante.
En lo que atañe al lucro cesante, y como pautas generales se ha juzgado: a) Que no basta con una mera posibilidad en abstracto de ganar más, sino que es necesaria la realidad concreta de haber dejado de ingresar determinada suma (cantidad dineraria) y b) Si se trata de ganancias futuras, no es necesario acreditar la certidumbre de su producción con la seguridad propia del daño emergente; es suficiente la objetiva probabilidad de que podrían haberse obtenido.
En concreto, el lucro cesante no consiste en la privación de una simple posibilidad de ganancia. Es que, para que sean indemnizables los perjuicios sufridos por la falta puntual de cumplimiento de una obligación, es indispensable que sean ciertos y no puramente eventuales e hipotéticos. Queda fuera de la finalidad reparadora la circunstancia que no pasa de una esperanza de lucro, de una posibilidad de buen negocio (Morello, Augusto Mario "Indemnización del daño contractual" tercera edición reelaborada, actualizada y ampliada. Lexis Nexis Abeledo Perrot. Librería Editora Platense. La Plata 2003. págs 427/428).
La Suprema Corte de Justicia Provincial ha dicho que el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas —lucro cesante— deberían lograrse por la víctima del incumplimiento con suficiente probabilidad, de no haber ocurrido aquél. Pero no se trata de mera posibilidad de esas ganancias, tampoco de la seguridad de que ellas se habrían obtenido, ya que tal certeza no puede lógicamente existir con respecto a ganancias en cierto modo supuestas. El criterio a aplicar es un intermedio entre esos dos extremos, el de la probabilidad objetiva de acuerdo con las circunstancias del caso, ya que no se trata de un hecho efectivamente ocurrido sino de un cálculo hipotético sustentado en elementos de juicio que permiten determinarlo con la mayor aproximación a lo que pudo haber sido ( SCBA, Ac 72593 S 21-11-2001, Juez DE LAZZARI (MI)CARATULA: Zárate, Silvia Alejandra c/ Club de Leones D.A.S. y B. s/ Cumplimiento de contrato y consignación).
Advertiré, entonces, que el daño se considera cierto cuando las ganancias frustradas —lucro cesante— deberían lograrse por quien acciona con suficiente probabilidad. En tal aspecto deben distinguirse dos circunstancias: una cosa es la demostración de su existencia y otra su cuantía.
En estos obrados entiendo que asiste razón a la magistrada con relación a que no se ha demostrado que ganancia ha dejado de percibir la actora o si se ha frustrado dicha posibilidad. Es que de la pericia antes referida surge que la actora sería jubilada, y en oportunidad de la vista de causa el único testigo declaró que la Sra. B. "era ama de casa", no existiendo mayores elementos que permitieran modificar lo resuelto en la instancia de origen.
En consecuencia, propongo al Acuerdo confirmar lo resuelto en la instancia de origen sobre el punto.
III. iii. De tasa de interés.
Abordando la crítica sostenida por la accionante respecto de los intereses adeudados, ha dicho recientemente la Suprema Corte de la Provincia —en carácter de doctrina legal a la que este Tribunal adhiere y hace propia— que "la inflación que aqueja a la economía del país es un factor tan corrosivo para el equilibrio negocial y, en términos más amplios, para la realización eficaz de los derechos, que la evidencia de sus efectos lesivos debe ser plenamente afrontada asumiendo que el enfoque interpretativo debe partir del reconocimiento de esta compleja problemática; pues lo contrario sería negar la realidad". (SCBA causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", S. 17/4/2024)
A su vez, dicha doctrina legal hace expresa referencia a que "El juez o tribunal interviniente ha de establecer el mecanismo específico de preservación del crédito que, conforme a su estimación fundada, fuere el más idóneo para emplearse en el caso, en modo consistente con la plataforma de hecho que está en la base del litigio (a la luz, v.gr., de la índole del conflicto, la naturaleza de la relación jurídica en la que aquel se ha suscitado, la conducta observada por las partes y los demás factores relevantes comprobados de la causa judicial). En el plano adjetivo, puntualizó que "la decisión relativa al ajuste del crédito ha de observar el principio de congruencia" (Cfr. C. 124.096 cit.; arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6, CPCC).
Es decir, en mi opinión, mediante ciertas pautas sentadas en dicho pronunciamiento se faculta al Juez o Tribunal la eventual consideración de otras tasas legales o convencionales válidamente autorizadas por el ordenamiento jurídico, que conforme su estimación fundada fuere el más idóneo para emplearse al caso concreto.
Bajo tal perspectiva, teniendo en especial consideración el marco propio del recurso y el principio de congruencia, así como lo resuelto por este tribunal en casos análogos, estimo corresponderá atender los agravios y modificar esta parcela del fallo atacado, disponiéndose que los intereses devengados deberán ser calculados desde la fecha del hecho dañoso y hasta la fecha de la sentencia de primera instancia a la tasa pura del 6% anual y, de allí en más, a la tasa activa (para restantes operaciones en pesos) fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días; lo que así dejo propuesto al Acuerdo (arts. 17, 18, 28 y cctes de la de la C.N.; art. 15, 31 y cctes. de la C.P.; SCBA, C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018; C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018; y C. 124.096, "Barrios", Sent. del 17-IV-2024).
En base a estas consideraciones, VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la misma primera cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por consideraciones análogas, TAMBIEN VOTA POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión, el Dr. Javier Alejandro Rodiño dice:
Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión que antecede, corresponde confirmar la apelada sentencia, en lo sustancial que decide, modificándola únicamente con relación a la tasa de interés, la que deberá liquidarse conforme lo establecido en el pto. III. iii de la presente. Imponer las costas a la parte demandada quien se mantiene como vencida (arts. 68 del C.P.C.C.), postergándose la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO.
A la misma segunda cuestión, el Dr. Carlos Ricardo Igoldi, por compartir fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el Acuerdo dictándose la siguiente, ––S E N T E N C I A–– En el Acuerdo quedó establecido que la sentencia apelada debe confirmarse en lo sustancial que decide, modificándola únicamente con relación a la tasa de interés, la que deberá liquidarse conforme lo establecido en el pto. III. iii de la presente. Con costas a cargo de la demandada quien continúa vencida (art.68 del C.P.C.C), difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.
POR ELLO, CONSIDERACIONES del Acuerdo que antecede y CITAS LEGALES:
I. Confírmase la apelada sentencia de fecha 25/11/24 en lo sustancial que decide, modificándola únicamente con relación a la tasa de interés, la que deberá liquidarse conforme lo establecido en el pto. III. iii de la presente.
II. Imponense las costas a cargo de la demandada quien continúa vencida (arts. 68 del C.P.C.C.).
III. Difiérase la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes para su oportunidad (leyes 8.904 y 14.967). REGISTRESE. NOTIFIQUESE (art. 10 Ac. 4013 SCBA y modif.). Oportunamente, DEVUELVASE (Ac. 3975/20 SCBA).
JAVIER ALEJANDRO RODIÑO CARLOS RICARDO IGOLDI JUEZ DE CÁMARA JUEZ DE CÁMARA GERMÁN PEDRO DE CESARE SECRETARIO DE CÁMARA
Fin de la sentencia