Abriendo la norma
TOMO CLXIII – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 10.220 FOLIO Nº 103/105 PROT. ELECT. JR101 367I.261
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2026.-
La presente causa caratulada: “B.O.A. S/ Lesiones Leves”, Expte. Nº 8878/23 Apelación/Causa JR Nº 10305/26, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 93/97, obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza subrogante del Juzgado Provincial de Primera Instancia en lo Criminal, Correccional y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, Dra. S.G., quien en el punto 1) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de O.A.B., en orden al delito de “Lesiones Leves" (art. 89 del Código Penal).-
Que a fs. 103/104 y vta., el Dr. I.S.Ch., Letrado Adjunto de la Defensoría Pública Oficial de Cmte. Luis Piedra Buena, apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 116 sostuvo el recurso (cód. validación d3838788) y en la oportunidad prevista por el art. 437 del CPP, no efectuó presentación alguna.-
Quedan en consecuencia los presentes en condiciones para ser resueltos;
1. La defensa cuestionó las testimoniales de los Sres. R., B y R. -víctima-; puso de manifiesto que ningún testigo en sus declaraciones afirma haber visto a B. apuñalando al denunciante.-
Expresó que la dinámica del suceso no está clara, y que dar por hecho que el Sr. B. apuñaló al denunciante, cuando no hay testigos que hayan visto eso ni siquiera se haya encontrado la presunta arma blanca -cuchillo o machete-, va a todas luces contra el principio in dubio pro reo.-
Hizo mención en cuanto a la acreditación de las lesiones, que solo obra el certificado médico suscripto por el Dr. C., quien no aduce autoría alguna de las mismas; en este punto, la falta de realización de un examen médico, de conformidad con lo dispuesto por la acordada 674 del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, atento a las inasistencias del Sr. R., no permiten tener por acreditadas las lesiones referidas por el Dr. C., quien tampoco ratificó lo expresado en sus certificados.- Indicó que de las constancias de autos no se desprende la existencia de elementos contundentes que permitan afirmar que el imputado haya agredido al Sr. R. con un cuchillo.- Argumentó que fundar el resolutorio en un deficitario plexo probatorio, interpretando las pruebas tendientes al procesamiento de B., deviene incompatible con los principios de igualdad y de inocencia.-
Solicitó que se suspenda el embargo hasta tanto se pronuncie la Alzada sobre el presente recurso y que se revoque el auto de procesamiento, dictando en su lugar la falta de mérito.- Quedan así planteadas las cuestiones a resolver.-
I. Pues bien, comenzando con el análisis de los agravios, corresponde mencionar que no compartimos las apreciaciones que efectúa la defensa toda vez que del estudio de la resolución recurrida observamos que el procesamiento se encuentra suficientemente fundado con el grado de probabilidad que la instancia requiere, se indican las pruebas en que se apoya y se aportan los argumentos por los que se arriba a la decisión incriminante.-
En efecto, de las constancias de autos surge que la A Quo valoró de manera adecuada la prueba recabada, atendiendo a las particularidades del presente caso, en las que el hecho habría acaecido.-
Veamos, la Sra. Magistrada interviniente sustentó su resolución en apoyo a los siguientes elementos probatorios: el informe policial, el certificado médico, el acta de aprehensión, las declaraciones testimoniales de L.R.R., de F.E.B., de M.N.H., de R.N.A. -víctima-; el acta de inspección ocular, el radiograma preventivo, entre otros -fs. 93 y vta.-. De esta manera, observamos sin dificultad que la instrucción dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo atisbo alguno de arbitrariedad en la valoración de la prueba; máxime habiéndose valorado los elementos probatorios en forma conjunta, tal como lo indica la ley.-
Se advierte, en consecuencia, que el recurrente no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en contra de su asistido, respecto de las circunstancias del hecho.- Al respecto, cabe recordar al presentante que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento del imputado, como es el caso que nos ocupa. Sabido es que en esta instancia priman los elementos de cargo por sobre los de descargo, siendo que el grado de certeza apodíctica de culpabilidad no es necesario en este tramo del proceso.- En ese sentido, la doctrina tiene dicho que: “... El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J. A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612). El mismo autor al respecto señaló: “... Es una declaración del instructor acerca de la probable culpabilidad del imputado en un concreto hecho delictuoso, por lo cual puede ser llevado a juicio...” (Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, T. II, páginas. 502 y sgtes.; Ed. Rubinzal y Culzoni, 1998).- Para el dictado de este auto: “...basta la confirmación inicial de la sospecha, máxime teniendo en cuenta que, al momento de decidir sobre la elevación a juicio deberá renovarse el juicio sobre el mérito de la instrucción...”. (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Sala I; 08/06/2010; “Antonini Rosetti, Miguel A. y otro”; Cita: TR LALEY 70061334).-
En cuanto a lo referido que no obran certificados médicos o un examen médico de entidad suficiente para acreditar de manera directa la materialidad de las lesiones y la autoría de su pupilo procesal; debemos decir, que frente a ello, es preciso ilustrar al recurrente que, para el dictado de un auto de procesamiento, el ordenamiento procesal no exige un estándar de "certeza" -propio de la sentencia definitiva-, sino que basta con un juicio de probabilidad suficiente acerca de la existencia del/los hecho/s y de la participación del encartado en el/los mismo/s.- En este punto, la defensa incurre en un error conceptual recurrente al pretender que dicho instrumento certifique la identidad de su autor. Tal como tiene establecido la jurisprudencia pacífica de este Tribunal (v.gr. Apelaciones Nros. 10.039/26, 10.077/26 y 10.210/26), la función del certificado médico legal no es individualizar al agresor, sino constatar objetivamente la existencia material de las afecciones físicas sufridas por la víctima (su entidad, carácter y tiempo de curación). La autoría penal, por su parte, se reconstruye a partir del análisis íntegro y conjunto del conglomerado de indicios del sumario, confrontando los dichos del denunciante con el mecanismo de producción descripto en los relatos aportados en la causa; todo ello guardando plena armonía y concordancia (Criterio adoptado en Apelación N° 10289/26).-
Es por lo expuesto, que el testimonio del denunciante no debe ser desacreditado, debiendo ponderarse en forma íntegra con la totalidad del plexo probatorio recabado durante la instrucción, habida cuenta de las coincidencias de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se suscitó el hecho que aquí se investiga.-
Continuando con el estudio de los presentes, consideramos dable destacar que S.S. selecciona las pruebas a producir conforme la normativa vigente, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que, a su consideración, no le resulten pertinentes para la causa.-
Así, se desmorona el argumento del presentante en cuanto estima que en autos existe una orfandad probatoria, toda vez que, reiteramos, en autos se cuenta con elementos de convicción suficientes –con el grado de probabilidad requerido en esta etapa- para conducir a la Magistrada, siendo guiada por la luz de la sana crítica racional al procesamiento que en oportunidad dictó.-
De esta manera, entendemos que lo cuestionado no podrá prosperar debido a que la A Quo valoró la totalidad del plexo incriminatorio, en concordancia con las formalidades exigidas del debido proceso, sin que se observe un direccionamiento de la instrucción o la vulneración de los preceptos constitucionales o garantías de las que goza el imputado; correspondiendo confirmar el auto de procesamiento.-
II. Asimismo, cabe agregar que también se confirmará el embargo decretado en el auto recurrido, en razón de no haberse expresado un agravio concreto ni una crítica razonada al respecto, limitándose la parte únicamente a peticionar que dicha medida sea suspendida (Postura adoptada en Apelaciones Nos. 9697/25; 10106/26; entre otras).-
III. Para finalizar, esta Alzada no puede dejar de mencionar a la Instrucción el ostensible tiempo transcurrido desde el inicio de la presente investigación en el mes de diciembre del año 2023; habiéndose registrado el primer movimiento y/o actividad procesal en febrero de 2025 -fs. 33/34-, con posterioridad a ello, tomaron vista de las presentes actuaciones tanto la Fiscalía como la Defensoría de Puerto Santa Cruz; el 01 de octubre de 2025 -fs. 52/53- se ordenaron medidas; con fecha 14 de noviembre de 2025, se fijó fecha de audiencia a los fines de recepcionarle declaración indagatoria al imputado O.A.B. -fs. 81/82-, concretándose dicho acto procesal el día 25 de noviembre de 2025 -fs. 90/91-; luego de ello, estuvo paralizada desde el 25 de noviembre de 2025 hasta el 19 de mayo de 2026, en donde hubo avocamiento por parte de la Jueza Subrogante, Dra. S.R.G. -fs. 92-, y se resolvió la situación procesal del encartado conforme surge de fs. 93/97.-
Que, en función de lo resuelto, y en aplicación de la debida diligencia reforzada, entendemos corresponderá dar cumplimiento sin más a lo previsto por el art. 197 del CPP que dispone: “…En ningún caso la instrucción podrá exceder de un (1) año. Cumplido dicho término y en el estado en que se encuentre la causa, se correrá vista al agente fiscal y al querellante a fin de que se expidan conforme lo dispuesto por el art. 330º inciso 2º por el término de tres (3) días…”.-
La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta al juzgado actuante que se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza, imprimiendo celeridad a las investigaciones.-
IV. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.-
V. Comunicaciones: En virtud de la resolución dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz, firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.-
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto glosado a fs. 93/97 de los presentes, por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la INSTRUCCIÓN lo consignado en el punto III.- del considerando que antecede, a sus efectos.-
4. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al correo electrónico [email protected]
GP
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson Andrés Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia