Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXX – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8431 FOLIO Nº 100/103 PROT. ELECT. JR101047I.242
Río Gallegos, 09 de febrero de 2024.-
La presente causa caratulada "B.M. S/ Amenazas y Daño" - Expte. Nº 22871/21- Apelación/Causa JR Nº 8229/23, venida a despacho para resolver y de la que;
Que a fs. 94/100, obra glosada la resolución dictada por la Sra. Jueza del Juzgado de Instrucción Nº Tres con asiento en la ciudad de Río Gallegos, que en su punto I) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva del imputado LMB en orden al delito de “Daños y Amenazas Coactivas (hecho uno) en concurso real con Lesiones Leves agravadas por el vínculo y por haber mediado violencia de género (hecho dos)” (Arts. 45, 55, 183, 149 bis último párrafo, 89, 92, en función de lo dispuesto en el art. 80 inc. 1 y 55 del C.P); en tanto que en el punto 2) trabó Embargo sobre los bienes del procesado hasta cubrir la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000). Que a fs. 108/111 vta., la defensa técnica oficial apeló dicho auto, -motivándolo en esa misma ocasión-; siendo luego mantenido ante esta Alzada a fs. 115 (código de validación. 33208d38) y no habiendo presentado el memorial previsto por el Art. 437 del C.P.P., quedan de esta forma los presentes actuados aptos para ser resueltos, y;
Que la defensa argumentó que el auto dictado le causa a su defendido un gravamen irreparable.
I. Seguidamente se abordará el agravio propuesto por la parte recurrente.
1. Agravia a la defensa que los daños que se le imputan a su asistido fueron certificados mediante el acta de constatación de fs. 17, pero que no hay otros elementos que señalan al Sr. B como autor de los mismos, más que los dichos del presunto damnificado.
Explica que según declaración testimonial de M, al momento de los hechos se encontraba se encontraba la hija de su asistido pero que la misma no hizo mención alguna de los hechos denunciados por aquel respecto de los daños constatados en el vehículo.
Que la denuncia radicada en la OVD tampoco pone luz sobre el misterio existente respecto de quién fue realmente el agresor, toda vez que, sólo se cuenta con el relato esbozado por la presunta víctima.
Señala que la Magistrada considera al protocolo de actuación como un elemento que hace creíble la entidad de la denuncia que vertiera la supuesta damnificada, en función de la “evaluación final” que hicieron los peritos participantes, e indica que resulta innecesario en ese estadio evaluar la culpabilidad del enrolado.
Asimismo, destaca que el informe de situación de riesgo a fs. 06/07, que es uno de los elementos probatorios que pudo colectar la a quo, tiene la particularidad de que la realiza un profesional que interviene asiduamente en la confección de los protocolos, y que en la inmensa mayoría de los casos, habilitan las denuncias por violencia, entendiendo que el contexto actual conlleva a que no pueden arriesgarse a desestimarlas. Así, la defensa entiende que los dichos del denunciante no resultan suficientes para derrumbar la presunción de inocencia de la que goza su asistido, debiendo dictarse el sobreseimiento a su favor.
En el mismo sentido, explica que las lesiones certificadas constituyen en principio una certeza, que la denunciante sufrió lesiones, sin que se pueda establecer al autor de las mismas, siendo que -a su criterio- el testimonio de B resulta insuficiente para arribar a tal conclusión.
Que la a quo fundamenta el resolutorio exclusivamente en el testimonio aportado por la presunta víctima, y que no puede pasar por inadvertido que no hubieron testigos presenciales del hecho denunciado, tampoco vecinos ocasionales o transeúntes.
En consecuencia, considera que se ha omitido dentro de las diligencias preliminares la indagación sobre familiares, vecinos directos que tengan conocimiento de presuntos hechos de violencia.
Añade que, al momento de efectuarse la pericia psicológica a la presunta víctima no se observaron indicadores de riesgo ni de vulnerabilidad significativo o asociado a daño psíquico, tampoco indicadores de la dinámica familiar compatibles con algún tipo de victimización.
Concluye que no existe por parte de la a quo un análisis, integral, racional y crítico en la resolución atacada mediante este acto, ya que existen graves omisiones en la etapa investigativa que nunca se llevaron a cabo y por lo cual la denuncia en la controversia no reúne los extremos suficientes para arribar al grado de certeza de procesar a su cliente.
Si bien el recurrente es conocedor que cuando existe imputación debatida sobre una persona que dice ser víctima de violencia, debe incorporarse “la perspectiva de género” como pauta hermenéutica constitucional, considera que ello no constituye óbice alguno para apartarse del lineamiento que debe estructurarse un pronunciamiento judicial que procesa a un justiciable, debiendo valorarse la prueba de conformidad a lo que enuncia nuestra normativa, y entiende que, la fundamentación respecto a la perspectiva de género es insuficiente. Y cita doctrina a fin de fundamentar sus argumentos.
Ingresando al tratamiento del agravio, debo decir que los elementos probatorios recabados son suficientes para tener por acreditada, con el grado de probabilidad necesaria en esta etapa del proceso, la responsabilidad del imputado.
En este sentido, advierto que las denuncias del Sr. AEM y de la Srita. MB a fs. 03/05vta., fs.10/11 vta., 27/28 vta., el acta de constatación de fs. 16/17, certificado médico a fs. 29, el informe de situación de riesgo de fs. 06/07, entre otros; son elementos que valorados armónicamente permiten formar un conglomerado indiciario acerca de la responsabilidad del imputado.
Así, podremos decir la autoría del daño respecto del vehículo del Sr. AEM se encontraría robustecida por el acta de constatación de fs. 17, por las imágenes fotográficas de fs. 12/13 y 86/87 y por los dichos de la Srita. MB, quien a fs. 57 vta. dijo: “...me fui a ver con mi novio…” haciendo referencia al día 25/12/202 “...al final de la ruta de Güer Aike (...). En ese lugar no hay señal por lo que no recibía ni mensajes ni llamadas. Al pasar un rato llegó mi papá y comenzó a insultar a mi novio y pedirle que baje del auto. Como mi novio no bajó, mi papá le pegó una piña por la ventana abierta…”, ubicando así al imputado en el lugar de los hechos y bajo las mismas circunstancias que describió el Sr.
AEM, quien sindicó al imputado como el responsable de dichos daños. Respecto al planteo sobre los dichos del Sr. M ante la OVD debo decir que esta Alzada ya ha hecho referencia en otras ocasiones al valor probatorio que debe asignársele a los dichos de las víctimas (e incluso por parte de sus familiares, amigos y/o allegados) debiéndose analizar el valor incriminante a adjudicarle en el conjunto de la prueba incorporada a la misma y dentro del contexto en que habrían acaecido los hechos investigados. (a modo de ejemplo apelaciones Nº 7108/21, 7272/21, 7677/22). Por otro lado, en respuesta al planteamiento sobre la evaluación final, se advierte que los argumentos de la defensa consisten en desgranar la prueba y analizarla de forma individual, tratando de desacreditar el valor convictivo de cada elemento por separado, en tanto la Magistrada, tal como lo encomienda la ley, se abocó al análisis conjunto, armónico y concatenado de los elementos probatorios reunidos en la causa, logrando tener por corroborado y robustecido -con grado de probabilidad- el relato de la víctima con el resto de la prueba analizada, logrando así argumentar válidamente la responsabilidad del imputado en los hechos reprochados.
En este sentido debo agregar que "las actuaciones producidas por la Oficina de Violencia Doméstica (entrevistas, informes, inspecciones, dictámenes, etc.) constituyen instrumentos oficiales elaborados por personal capacitado del Poder Judicial (…), por lo que los mismos que gozan de pleno valor probatorio para la determinación fáctica del caso y su ponderación por parte de los Magistrados. No debemos olvidar que los informes o exámenes técnicos cumplidos por funcionarios del Poder Judicial tienen valor como elementos de juicio. (…) También se destacó que se trata de peritos oficiales y sus informes han sido privilegiados por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “pues se trata del asesoramiento técnico de auxiliares de la justicia cuya imparcialidad y corrección están garantizadas por normas específicas y por otras similares a las que amparan la actuación de funcionarios judiciales”.
(Fallos 299:265 o ED, t. 77, pág. 374. Citado por Francisco D'Albora Código Procesal Penal de la Nación Edición 1993, pág. 250)” (Excma. Corte Suprema de Justicia, Sala en lo Civil y Penal, “Recurso de casación interpuesto por el Fiscal Correccional de la Iª Nominación, contra la sentencia dictada por Juzgado Correccional de la Iª Nominación, el 25/11/2016”, San Miguel de Tucumán, 15 de Agosto de 2017, SENT N°1134). En relación a la autoría de las lesiones que presenta la Srita B, advierto que sus dichos guardan plena coincidencia con el certificado médico de fs. 29, el que detalla: “…contención edematosa en ambos pómulos con leve equimosis en pómulo derecho. Presenta hematoma en hombro izquierdo.
Refiere traumatismo en región escapular izquierda y compresión cervical anterior…”, sindicando a su progenitor como el responsable de los daños sufridos, por lo tanto, esta Alzada entiende que la materialidad de las lesiones, en cabeza del Sr. BM, se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente, habiéndose superado, asimismo, el cuestionamiento relativo a los dichos de la víctima quien brindó una descripción clara y precisa de los hechos. Es dable recordar que, hechos como el presente son llevados a cabo en una esfera de intimidad de la familia, por lo tanto se dificulta la posibilidad de contar con testigos presenciales.
En efecto, se ha asentado jurisprudencialmente “el valor especial que tiene la declaración de la víctima en los procedimientos judiciales vinculados con la problemática de la violencia doméstica, donde “la prueba de los hechos denunciados por la víctima no es una tarea simple y ello es así porque se trata de hechos que normalmente transcurren en la intimidad o en circunstancias en las que solo se encuentran presentes la víctima y el agresor. Es por ello que, en este tipo de supuestos, los testimonios de las personas directamente involucradas en el conflicto cobran mayor relevancia para analizar y confrontar las diferentes hipótesis en cuanto a las circunstancias en las que presumiblemente habría sucedido el hecho denunciado y, especialmente, reviste fundamental entidad el relato de la ofendida que tiene que ser recibido con las debidas garantías, para posibilitar su contradicción por el sujeto ofensor” (Corte Suprema de Justicia de San Miguel de Tucumán, recurso de casación, SENT Nº 1134, 15 de Agosto de 2017). De este modo, la aplicación de dicha perspectiva impone al juzgador un posicionamiento especial desde el punto de vista probatorio, siempre derivado del análisis conjunto de todas las pruebas que se encuentren vertidas en la causa, lo que no significa pasar por alto los lineamientos establecidos para valorar el material probatorio.
A mayor abundamiento, un reciente fallo de un Tribunal de la Patagonia, dijo: “...La perspectiva de género no implica flexibilizar los estándares de prueba en orden al principio de inocencia, sino que implica un análisis integral que sopese el contexto de los hechos, las relaciones entre las partes y la prueba generada, sin perder de vista las desigualdades entre hombres y mujeres...”. (Cita: TR LALEY AR/JUR/68242/2022).
Finalmente, sobre las diligencias que -a consideración de la defensa- la Magistrada habría omitido solicitar, debo recordar que el Juez de instrucción selecciona las pruebas a producir, siendo que tal determinación constituye una prerrogativa que le permite escoger ciertos elementos o descartar los que a su consideración no le resulten pertinentes para la causa.
Que por otro lado, en la presente investigación tampoco se vislumbra ninguna solicitud por parte de la defensa en aras de producir prueba en contrario para mejorar la situación de su asistido, máxime conforme las facultades que le otorga el art. 190 del C.P.P.
Así pues, considero que los elementos probatorios colectados no contienen contradicción alguna entre sí, sino que, por el contrario, son plenamente coherentes y coincidentes, permiten concluir en que no hay razón valedera para afirmar que no existiría sustento probatorio suficiente que involucre directamente al imputado con el hecho delictivo. Es decir, esta Alzada entiende que la autoría de los delitos, en cabeza del Sr. MB, se encuentra acreditada con el grado de probabilidad suficiente requerido en esta instancia procesal, motivo por el cual el presente agravio no podrá prosperar.
2. Por último, señala la defensa en el desarrollo de sus agravios que el embargo dispuesto por la suma de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) resulta excesivo, en tanto y en cuanto no escapa al conocimiento de la A quo, que al encartado le resulta imposible afrontar el pago de la cuantía del embargo, como así también la imposibilidad de ofrecer bienes para cubrir dicha suma, por lo que necesariamente conducen a la inhibición general de sus bienes, constituyendo la traba de dicha medida cautelar un daño innecesario, razón por la cual solicita se revoque la resolución impugnada. En efecto, el monto fijado al disponer dicha medida y en atención al ilícito endilgado a LMB y su modalidad de comisión, la suma ordenada de Pesos Cincuenta Mil ($50.000) no aparece como irrazonable. En este aspecto, la Magistrada de Instrucción señaló, en los considerandos de fs. 99 vta., los rubros a garantizar mediante dicha medida precautoria.
Por lo que debo decir que comparto el criterio seguido y los parámetros tenidos en cuenta por la Sra. Magistrada de Instrucción para la fijación de la medida precautoria como así también la cifra establecida por considerarla proporcionada y acorde a la entidad del delito investigado en autos. Así, confirmaré el monto de la medida de embargo decretada con respecto al incurso LMB.
II. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
III. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. CONFIRMAR el auto de fs. 94/100, en cuanto ha sido motivo concreto y fundado de agravios, por los argumentos expuestos en los considerandos que preceden.-
3. Firme que sea REMíTASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
sm Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez -Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia