Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Azul, Sala I · Causa 65.815
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar el planteo de deserción formulado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 17.03.2020, al contestar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 65 y fundado a 69/73vta.
2Desestimar el recurso de apelación incoado por el ejecutado a fs. 65 y confirmar, aunque por los fundamentos expresados al tratar la segunda cuestión, la sentencia de fs. 60/64.
3Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.).
4Diferir la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967.
1-65815-2020-
"B. M. F. C/ M., G. A. S/ EJECUCION DE SENTENCIA"
JUZGADO DE FAMILIA N° 2 - TANDIL
Reg Nº 106 Folio Nº 570 En la Ciudad de Azul, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelaciones Departamental -Sala I- Doctores Lucrecia Inés Comparato, Esteban Louge Emiliozzi y Yamila Carrasco, para dictar sentencia en los autos caratulados: "B., M. F. C/ M., G. S/ EJECUCIÓN DE SENTENCIA" (Causa Nº 1-65815-2020), se procede a votar las cuestiones que seguidamente se enunciarán en el orden establecido en el sorteo oportunamente realizado (arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C.), a saber: Doctores COMPARATO – CARRASCO – LOUGE EMILIOZZI.-
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
lra.- ¿Corresponde declarar la deserción del recurso interpuesto a fs. 65 y fundado a fs. 69/73vta?
2da.- ¿Es justa la sentencia de fs. 60/64?
3ra.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, la Señora Jueza Doctora COMPARATO, dijo:
Si bien al tratar la siguiente cuestión haré una reseña de lo actuado en este proceso, basta mencionar, a los fines que ahora interesan, que en oportunidad de contestar la actora mediante presentación electrónica de fecha 17.03.2020 los agravios vertidos por el demandado a fs. 69/73vta., solicita en primer término la declaración de deserción del recurso por insuficiencia de la expresión de agravios (arts. 260, 261 y cc del C.P.C.C.).
A fin de dar respuesta a esa petición, he de señalar que este Tribunal ha venido aplicando un criterio amplio en la apreciación de los requisitos que debe satisfacer el memorial, por lo que aunque el mismo diste de exhibir una adecuada suficiencia técnica –lo que no se afirma que ocurra en este caso-, siempre que se exteriorice, aunque mínimamente, el agravio o el esbozo de la crítica, se abre la función revisora en miras de asegurar más adecuadamente el derecho de defensa (causas nº 43894 “Ane” del 20.02.2002, nº 49665 “Adami” del 16.03.2006, nº 51438 “Bonnat” del 29.11.2007, nº 51278 “Valerio” del 06.12.2007, n° 53567 “Bruni” del 28.10.2009, n° 61776 “Scolz” del 04.04.2017, n° 63310 “Umpierrez” del 02.10.2018, entre otras).
En esa senda, también se ha dicho que los principios y límites en esta materia deben ser aplicados en su justa medida, procurando evitar el riesgo de incurrir en rigorismo excesivo por apego a las formas, resultado desde ya no querido por el ordenamiento legal (conf. causas n° 44262 “Banca Nazionale del Lavoro S.A.” del 17.05.2002, n° 63310 “Umpierrez” del 02.10.2018).
Es así que, aplicando dichos principios al caso de autos y efectuado el análisis del contenido de los agravios, observo que si bien existen aspectos que no contienen la necesaria crítica enfrentando la fundamentación de primera instancia, no por ello debe caer la totalidad del memorial como lo pretende la actora.
En virtud de ello, voto por la negativa.-
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron por los mismos fundamentos al voto precedente.
A LA SEGUNDA CUESTION: la señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
I.a. Con fecha 23.11.2011 en el marco de los autos “B., M. F. c/ M., G. s/ Alimentos” n° 4844 –los cuales fueran compulsados a través de la MEV-, se dictó sentencia a partir de la cual se fijó la cuota alimentaria provisoria a abonar por el Sr. M. en beneficio de sus hijos menores de edad T. y F.
Con fecha 26.02.2015, en el marco de la audiencia celebrada ante el Consejero de Familia en el expediente referido, las partes acordaron la cuota definitiva a abonar por el alimentante a partir del mes de marzo de 2015 y convinieron un mecanismo semestral de actualización. Asimismo, el Sr. M. reconoció en dicha oportunidad que existía una deuda alimentaria por los períodos comprendidos entre el mes de noviembre del año 2012 y el mes de noviembre del año 2014, acordando las partes que la misma se liquidaría y cancelaría al momento de la liquidación de la sociedad conyugal.
Finalmente, con fecha 01.04.2015 se dictó sentencia a partir de la cual se homologó el acuerdo de partes descripto precedentemente.
b) Así las cosas, el día 12.04.2019 la Sra. B.–en representación de sus hijos menores de edad- promovió el presente proceso de ejecución de los alimentos adeudados por el Sr. M., señalando que si bien en el mes de febrero de ese año había culminado la liquidación de la comunidad matrimonial –conforme escritura pública cuya copia acompaña a la demanda, luciendo agregada a fs. 11/14-, el demandado no dio cumplimiento a la deuda alimentaria conforme se había comprometido en la audiencia referida en el apartado anterior. En virtud de ello, practicó liquidación incluyendo las sumas adeudadas desde el mes de noviembre del año 2012 hasta el mes de febrero del año 2015.
c) Habiéndose frustrado el trámite de la etapa previa por la incomparecencia del demandado –conf. acta de fs. 23-, a fs. 39/42 el Sr. M. contestó el traslado de la liquidación. En esta oportunidad, opuso excepción de pago respecto de las cuotas correspondientes a los meses de diciembre de 2014 y enero y febrero de 2015, y excepción de prescripción respecto de los restantes períodos reclamados (en los términos del art. 2560 del Código Civil y Comercial).-
d) A fs. 45/47vta. la Sra. B. reconoció que los períodos transcurridos entre el mes de diciembre de 2014 y febrero de 2015 fueron incluidos por error pues efectivamente se encontraban pagos y, en consecuencia, reformuló la liquidación oportunamente practicada comprendiendo esta vez las sumas adeudadas desde el mes de noviembre de 2012 hasta el mes de noviembre de 2014, en virtud de entender que las mismas no se encuentran prescriptas porque el plazo de cinco años debe computarse desde el reconocimiento de deuda efectuado por el demandado con fecha 26.02.2015, habiendo sido el mismo interrumpido por la demanda por ésta interpuesta en el mes de abril de 2019.
e) A fs. 56/58 el demandado contestó el traslado de la liquidación, sosteniendo nuevamente que las cuotas reclamadas se encuentran prescriptas pues corresponde aplicar el plazo de dos años previsto en el art. 2562 inciso “c” del Código Civil y Comercial. f) De este modo, se arribó al dictado de la sentencia apelada, en la que el Sr. Juez de grado resuelve hacer lugar a la demanda incoada por la Sra. B. y, en consecuencia, manda a llevar adelante la ejecución por la suma resultante de la liquidación practicada en último término por la actora, la que asciende a pesos setenta y nueve mil ciento veintiséis con veinte centavos ($ 79.126,20). Asimismo, impone las costas al ejecutado vencido (art. 68 del C.P.C.C.) y difiere la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
Para así decidir, valoró en lo sustancial el magistrado que en materia alimentaria es aplicable el plazo genérico de prescripción de cinco años previsto por el art. 2560 del Código Civil y Comercial y que, en el sub-lite, no ha de perderse de vista que todas las cuotas aquí reclamadas se hallaban sujetas a una condición suspensiva, esto es, a la liquidación de la sociedad conyugal, la cual –de conformidad con lo afirmado por la actora y no desmentido por el demandado- se produjo en el mes de febrero del año 2019.
Y a mayor abundamiento, señala que aun cuando no se valorase la cuestión referida a la liquidación de la comunidad matrimonial, lo cierto es que el reconocimiento de la deuda efectuado en el acta de fecha 26.02.2015 interrumpió el plazo de prescripción, por lo que corresponde tener por no sucedido el lapso que precede a dicho acontecimiento e iniciar un nuevo plazo a computar desde esa fecha; lo que lleva a concluir que al momento de promoción de la demanda que diera inicio a la presente –e incluso al momento del dictado de la sentencia en crisis- el mismo aún no había llegado a su término.
g) El mentado decisorio fue apelado por el accionado a fs. 65, recurso que se le concedió en relación a fs. 66 del presente.
A fs. 69/73vta. el recurrente expresó agravios, cuestionando que no se haya hecho lugar a la excepción de prescripción por él interpuesta.
Señala que el a-quo ha incurrido en un error al haber entendido que resulta aplicable al sub-lite el plazo genérico de prescripción de cinco años contemplado normativamente (conf. art. 2560 del CCyC), cuando la doctrina y jurisprudencia imperante son contestes en sostener que en materia alimentaria resulta aplicable el plazo de prescripción de dos años previsto en el art. 2562 inc. c) para las obligaciones periódicas, en consonancia con el art. 542 del mismo cuerpo legal que establece que la prestación alimentaria se debe cumplir en forma mensual, anticipada y sucesiva.
En esa línea, destaca que en el sub-lite la deuda en ciernes comenzó a ser exigible el día 26.02.2015, momento en el que las partes la reconocieron; y que habiendo entrado en vigencia con fecha 01.08.2015 el Código Civil y Comercial, ha de estarse a lo prescripto en su art. 2537, conforme al cual cuando la nueva ley establece plazos de prescripción más breves son éstos los que van a regir, pero deberán computarse desde la fecha de entrada en vigencia de esa nueva ley. De este modo, afirma que en el caso de autos corresponde aplicar el plazo de prescripción de dos años y computarlo desde la entrada en vigencia del Código, por lo que cabe concluir que la deuda reclamada ha prescripto el día 01.08.2017, respondiendo la declaración de prescripción a la seguridad jurídica y al hecho de que quien no ha exigido el pago durante dicho plazo demuestra que no lo necesita.
En consecuencia, solicita que se revoque el decisorio apelado y se declare la prescripción de las obligaciones reclamadas, con costas de Alzada a la contraria en caso de oposición. h) Con fecha 17.03.2020 se presentó en forma electrónica la réplica de los agravios formulada por la actora, oportunidad en la que solicitó que se declare la deserción del recurso en virtud de la insuficiencia técnica del memorial, o, en caso de estimarse que el mismo tiene rigor científico, se confirme el decisorio por resultar ajustado a derecho, en tanto el demandado ha omitido señalar que si bien el reconocimiento de la deuda se produjo el día 26.02.2015, el pago de dichas cuotas quedó sujeto a una condición suspensiva que era la liquidación de la sociedad conyugal, la que conforme la documental por ésta acompañada se llevó a cabo en el mes de febrero de 2019. De modo que habiendo ésta incoado la demanda con fecha 12.04.2019, el plazo de prescripción no sólo no había operado sino que además se encuentra interrumpido desde ese momento (conf. art. 2554 del CCyC), resultando asimismo aplicable el criterio sostenido por prestigiosa doctrina conforme al cual en materia alimentaria hay que estarse al plazo de prescripción más extenso, es decir al de cinco años, pues en función del interés superior del niño debe imperar el que más favorezca al cobro de los alimentos adeudados.
i) Con fecha 30.04.2020 la Asesoría de Menores Departamental presentó su dictamen y remitió a lo sostenido por dicho organismo el día 03.03.2020, oportunidad en la cual se destacó que siendo la madre de los niños la acreedora del crédito que se reclama, no se encuentran comprometidos en autos los intereses de las personas menores de edad, por lo que no corresponde a dicho Ministerio emitir opinión. j) Con fecha 05.06.2020 se dispuso que por ser definitiva la cuestión objeto de la apelación debía resolverse con la formalidad del acuerdo y el día 30.06.2020 se practicó el sorteo de ley, por lo cual las actuaciones se encuentran en estado de resolver.
II.a. En primer término, y aun cuando no haya sido motivo de agravios, creo importante pronunciarme –para una adecuada introducción al tema- respecto de la decisión de derecho transitorio que corresponde adoptar en el proceso de marras, en función de que si bien la presente fue promovida con fecha 12.04.2019 –esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, la cual se produjera con fecha 01.08.2015 conforme ley 27.077-, las cuotas alimentarias cuya ejecución se pretende se devengaron con anterioridad a dicho acontecimiento, bajo el régimen del Código Civil derogado.
Al respecto, se observa en primer lugar que el principio general aplicable a estos conflictos jurídicos es el establecido en el art. 7° del nuevo cuerpo legal, a partir del cual se prevé la aplicación inmediata de la nueva ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones existentes (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 135; de la misma autora, “El art. 7º del CCyC y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, Diario Jurídico La Ley del 22.04.2015, pág.1, cita online AR/DOC/1330/2015; ídem, “El derecho transitorio. A propósito del art. 7º del CCyC”, Diario Jurídico La Ley del 27.04.2015, pág. 1, cita online AR/DOC/1360/2015; ídem, “Nuevamente sobre la aplicación del Código Civil y Comercial a las situaciones jurídicas existentes al 1 de agosto de 2015”, Diario Jurídico La Ley del 02.06.2015, pág. 1, cita online AR/DOC/1801/2015; Gil Dominguez, Andrés, “El art. 7º del CCyC y los procesos judiciales en trámite. Una mirada desde el sistema de fuentes constitucional y convencional”, RCCyC 2015 (julio), pág. 16, cita online AR/DOC/1952/2015; CSJN, “D.I.P., V.G. y otro c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ Amparo”, del 06.08.2015, La Ley Online AR/JUR/25383/2015, Diario Jurídico La Ley del 12.08.2015, pág. 12; entre otros).
En esa línea, y centrándonos en la cuestión sometida a juzgamiento, el art. 2537 del Código Civil y Comercial establece como regla general que el curso de la prescripción –“situación jurídica” a contemplar en autos- al momento de entrada en vigencia de una nueva ley, se rige por la ley anterior. Y a renglón seguido, determina que la excepción a esa regla se produce en el supuesto en que aplicado el plazo requerido por la ley anterior, el mismo venciera más allá en el tiempo que el que resultase de la aplicación de la nueva ley contado desde su entrada en vigencia, en cuyo caso regirá éste último (Parellada, Carlos, comentario al artículo 2537 del Código Civil y Comercial, en obra colectiva “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado”, dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2015, Tomo XI, pág. 249 y ss; entre otros).
No obstante lo expuesto, se advierte que quedan fuera del ámbito de aplicación de dicha norma los casos en que el curso del plazo de prescripción comienza con posterioridad al momento de entrada en vigencia de la nueva ley; lo que sucede, por ejemplo, cuando la exigibilidad del crédito comienza o la posesión se inicia o la interversión del título se produce con posterioridad a la vigencia de la ley nueva, en cuyo caso el régimen aplicable es el establecido en ella. Y en este supuesto no existe colisión de normas, pues la ley nueva atrapa desde su inicio la relación o situación jurídica –curso de la prescripción-, en virtud de su aplicación inmediata (art. 7°, primer párrafo, del CCyC; Parellada, Carlos, comentario al artículo 2537 del Código Civil y Comercial, “Op. Cit.”, pág. 250; entre otros). Aplicando dichos principios al sub-lite, se observa que ya sea que se entienda que al momento de entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el plazo de prescripción de las obligaciones reclamadas en autos se encontraba en curso –tal como afirma el recurrenteo, por el contrario, se concluya que el mismo aún no se hallaba en curso pues el crédito todavía no era exigible –tal como sostiene la actora y ha entendido el Juez a-quo-, disyuntiva que se desarrollará más adelante; lo cierto es que en cualquiera de ambos supuestos corresponde, en virtud de lo prescripto por las normas referidas precedentemente, resolver el presente a la luz de las disposiciones contenidas en el Código Civil y Comercial (Kemelmajer de Carlucci, Aída, "La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes", Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, pág. 135; entre otros), tal como lo ha hecho el magistrado de la anterior instancia.
b) Aclarado ello, se observa que una vez firme la sentencia que condena a pagar alimentos, o la resolución homologatoria del convenio de partes, se abre la etapa de ejecución, en donde se toman, por un lado, las medidas necesarias para facilitar el cumplimiento voluntario de las sucesivas prestaciones o, en su caso, se producen los actos de ejecución forzada; y, por otro, se liquidan las cuotas atrasadas, implementándose luego los actos procesales que resulten necesarios para su percepción (Morello-Sosa–Berizonce-Tessone, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Comentados y anotados”, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2015, tomo VII, pág. 932 y ss).
Al respecto, el Código Procesal recepta, en el marco del proceso especial de alimentos, un trámite también específico para la ejecución de la sentencia que manda a abonar una cuota alimentaria, el cual difiere sustancialmente de aquél previsto en el mismo ordenamiento para la ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento en general (conf. art. 645 de dicho cuerpo legal). Y ello así, pues establece al efecto un trámite más breve y más simple, atendiendo al carácter asistencial que reviste la obligación alimentaria, en el cual se omite la citación de venta al deudor, pudiendo incluso prescindirse a los fines de la ejecución de la presentación de la liquidación por parte del alimentista.
De este modo, en la ejecución de sentencias en materia de alimentos basta la intimación judicial al alimentante para proceder, de no hacerse efectivo el pago o no acompañarse documento que acredite que el mismo fue hecho, al embargo ejecutorio y la realización de los bienes del deudor que sean necesarios para cubrir el importe de la deuda; sin que resulte necesaria al efecto la adopción de otras medidas tendientes a asegurar la ejecución (Fenocchieto, Carlos y Arazi, Roland, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, Astrea, Buenos Aires, 1993, tomo III, pág. 648 y ss). Es así que es al contestar la intimación de pago en el plazo señalado normativamente, la oportunidad procesal en la que el demandado debe oponer las defensas de las que intente valerse, siendo la principal la defensa de pago.
Y este criterio riguroso tiende a crear una cuidadosa tutela del derecho del alimentado, evitando así la incorporación de elementos de convicción que pudiesen no responder a la realidad, como también posibles dilaciones originadas en la producción de dichas pruebas. No obstante ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia han flexibilizado la solución normativa, en la convicción de que la debida tutela del derecho de defensa exige adoptar una interpretación amplia respecto de las defensas que el alimentante puede plantear al momento de contestar la intimación en ciernes, admitiendo también la alegación de otras excepciones diversas al pago, tales como, justamente, la prescripción de las cuotas adeudadas (Bossert, Gustavo, “Régimen jurídico de los alimentos”, Astrea, Buenos Aires, 2004, pág. 429 y ss; entre otros).
Y esta problemática involucra un tema de hondo contenido social, pues se trata de determinar hasta qué punto el transcurso del tiempo afecta los derechos del acreedor de alimentos, haciéndole perder la posibilidad de reclamar el pago de los atrasos (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Prescripción de la acción para reclamar alimentos fijados en sentencia. Plazo, cómputo y causales de interrupción”, La Ley 27.08.2014, pág. 6).
c) Al respecto, la doctrina y jurisprudencia mayoritaria coinciden en que el derecho a reclamar alimentos es imprescriptible, pues se trata de un derecho que se renueva constantemente a medida que nacen las necesidades del alimentado, pero que esa regla no comprende a las cuotas devengadas e impagas, a las que sí se aplica la prescripción ante la inacción del acreedor. No obstante, como se verá más adelante, las respuestas no son tan armoniosas cuando, como en el sub-lite, se trata de determinar cuál es el plazo de prescripción para reclamar alimentos que han sido fijados en una sentencia judicial, desde cuándo se computa dicho plazo y cuáles son los supuestos que interrumpen o suspenden el curso de esa prescripción (Kemelmajer, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit.”, pág. 7; Belluscio, Claudio, “Prestación alimentaria. Régimen jurídico”, Universidad, Buenos Aires, 2006, pág. 232 y ss). Sin perjuicio de ello, en lo que sí existe consenso es en señalar al reconocimiento de la deuda –acontecido en el caso de autos en el marco de la audiencia de fecha 26.02.2015- como una de las causales de interrupción de la prescripción (art. 2545 del CCyC); por lo que a partir de dicho acto jurídico corresponde tener por no sucedido el lapso que precede a dicha interrupción e iniciar un nuevo plazo (art. 2544 del CCyC).
Y en líneas generales, el transcurso de ese nuevo plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible, esto es, en el caso de alimentos adeudados, en la fecha en que el acreedor alimentario tiene expedita su acción. Y ello así, pues la prescripción se vincula a la acción y no a la relación jurídica, institutos que en algunas oportunidades pueden estar disociados –tal como ocurre cuando se ha establecido un plazo o una condición-, supuestos en los cuales la relación jurídica existe desde la fecha de su constitución más no así la acción, ya que ésta no puede tener existencia mientras el titular de la primera carece de la posibilidad de actuar eficientemente –es decir, frente a los supuestos referidos, hasta el vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición-, comenzando entonces a correr la prescripción desde el instante en que el derecho está amparado por una pretensión demandable (art. 2554 del CCyC; Bruno, Federico, Raganato, Claudia Graciela, “Prescripción y caducidad”, en obra colectiva “Alimentos”, dirigida por Aída Kemelmajer de Carlucci y Mariel Molina de Juan, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2014, tomo II, pág. 135; SCBA, Ac. 28.773 del 22.04.1980, publicado en “El Derecho”, tomo 90, pág. 310, entre muchos otros; CSJN, fallos: 195:26; 193:359; entre otros; esta Sala, causa n° 58453 “S.U.R.” del 27.12.2013, entre otras).
Aplicando dichos principios al caso de autos, se observa que en el marco de la audiencia celebrada el día 26.02.2015, el alimentante no se limitó a reconocer la deuda de alimentos en ciernes, sino que, conforme se anticipara, en dicho marco las partes –libremente, en exclusivo ejercicio de su autonomía de la voluntad, contando con patrocinio letrado y valorando el contexto fáctico en que se encontraban inmersasacordaron que dicha deuda por alimentos se liquidaría y resolvería al momento de la liquidación de la sociedad conyugal. Es así que, habiendo ambas partes consentido que el crédito en ciernes sería exigible una vez concluida la liquidación de la comunidad matrimonial, deviene aplicable el criterio sostenido por la Excma.
Suprema Corte Provincial conforme al cual “como una derivación necesaria e inmediata del principio general de buena fe, resultan inadmisibles las alegaciones que importen ponerse en contradicción con los propios actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces” (causa “Vila, Oscar A. y otra en: Banco Coop. de la Plata Ltdo. c/ Nizza de Torales, Lydia y otros”, del 20.05.1997, con sus citas, publicado en LLBA-1997, 893; arts. 1061, 1064 y cc del Código Civil y Comercial; esta Sala, causas nº 57621 “Arostegui…” del 12.03.2013, n° 58330 “Gianetti…” del 17.10.2013, n° 62887 “Pascua…” del 15.02.2018, entre otras).
De modo que recién con la liquidación de la comunidad matrimonial producida –según dichos de la actora en su demanda de fs. 16/18vta. y documental allí acompañada, los cuales no fueran controvertidos por el demandado- en el mes de febrero del año 2019, se encontraron los alimentistas en condiciones de reclamar judicialmente la deuda reconocida por el demandado; por lo que es desde esa fecha desde la cual, en principio –y sin perjuicio de lo que señalará infra-, correspondería computar el plazo de prescripción en el sub-lite (ver Bossert, Gustavo, “Op. Cit.”, pág. 531 y ss y jurisprudencia allí citada).
d) Y en lo que respecta a cuál es el plazo de prescripción que ha de regir en casos como el de marras, se observa en primer término que a partir de la sanción del Código Civil y Comercial se han reducido los plazos computables a esos efectos, en tanto dicha norma establece en su art. 2560 un plazo genérico de prescripción de cinco años y, en lo que refiere a los reclamos efectuados por el acreedor alimentario, el art. 2562 determina que “…Prescriben a los dos años:…c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas…” (ver Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit.”, pág. 7 y ss; Bruno, Federico y Raganato, Claudia Graciela, “Op. Cit.”, pág. 133 y ss). Ahora bien, la disyuntiva se plantea respecto a cuál es el plazo de prescripción computable para el reclamo de alimentos que han sido fijados en una sentencia judicial, como ocurre en el sub-lite; debate que forma parte de uno más general, cual es el de si el plazo de prescripción especial cambia al general cuando el crédito (cualquiera sea, honorarios, alquileres, accidentes de tránsito, etc) ha sido reconocido en una sentencia que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.
Y al respecto, se observa que si bien para la generalidad de los casos la doctrina y jurisprudencia mayoritaria se pronuncia por la afirmativa, sosteniendo que en estos supuestos el plazo de prescripción es el genérico de la “actio iudicati” –hoy cinco años- (ver López Herrera, Edgardo, “Tratado de la prescripción liberatoria”, pág. 442 y ss y citas doctrinarias y jurisprudenciales allí reseñadas; esta Sala, causas n° 55653 “Robbiani” del 20.03.12, n° 63936 “Medina” del 28.02.2019, entre otras; Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit.”, pág. 7 y ss); ello no es así frente a los créditos alimentarios, respecto a los cuales si bien se pueden visualizar diversas posiciones en la doctrina y jurisprudencia –pues la disputa existente con anterioridad a la sanción del Código Civil y Comercial no ha sido zanjada por este cuerpo normativo-, la posición quizás mayoritaria postula que en todos los casos en que los alimentos devengados y no percibidos han sido fijados en una sentencia, sea condenatoria u homologatoria de un acuerdo, el plazo de prescripción para reclamar los atrasos es el plazo especial previsto respecto de las prestaciones periódicas o fluyentes –en el sistema vigente, dos años- (Ver reseña efectuada por Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit.”, pág. 7 y ss).
Y ello así, valorando en lo sustancial –y entre otros argumentos- que la norma general deja lugar a la especial, y la regla para el caso de prestaciones fluyentes es la prescripción corta; que estas prestaciones tienen carácter acumulativo y aumentan incesantemente por el transcurso del tiempo, de modo que no tienen por objeto el capital anteriormente debido, sino que vienen a crear un capital o crédito nuevo; que por tratarse de obligaciones que son atendidas normalmente con el dinero necesario para la subsistencia diaria, se busca proteger al deudor y permitirle que se libere en menos tiempo, de manera que “la bola de nieve no se convierta en avalancha”; que la reducción del plazo genérico se justifica en este caso más que en otros, porque resulta claro que cuando el alimentado deja transcurrir tanto tiempo sin reclamar su derecho es porque no lo necesita; y que la “actio iudicati” no se aplica a las prestaciones que se devengan con posterioridad a la sentencia, porque lo que ésta ha reconocido en estos casos es el derecho a cobrar esos alimentos, los que no pueden ser cobrados antes de que sean devengados, de manera que la sentencia no puede fijar el plazo de prescripción de atrasos que todavía no han tenido lugar (López Herrera, Edgardo, “Op.
Cit.”, pág. 573 y ss; Arean, Beatriz, en “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, obra colectiva dirigida por Highton-Arean, Hammurabi, Buenos Aires, 2008, tomo 12, pág. 551; Cifuentes, Santos, “Código Civil comentado y anotado”, la ley, Buenos Aires, 2004, tomo IV, pág. 813; Trigo Represas, Félix, “Código Civil Comentado. Privilegios y prescripción”, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2006, pág. 609; Méndez Costa, María Josefa, Ferrer, Francisco y D´Antonio, Daniel Hugo, “Derecho de Familia”, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2009, tomo III-B, pág. 253 y jurisprudencia allí citada; Bruno, Federico y Raganato, Claudia Graciela, “Op. Cit.”, pág. 132 y ss y jurisprudencia allí citada; Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op.
Cit.”, pág. 8 y ss; Cám. Civ. Lomas de Zamora, Sala 3, en causa 40110 “Zubiri” del 18.09.2018; Cám Civ. Quilmes, Sala 1, causa 17863 “Ríos” del 03.03.2017; entre otros; en sentido contrario, entendiendo que resulta aplicable al supuesto bajo análisis el plazo genérico de prescripción, Belluscio, Claudio, “Manual de Derecho de Familia”, pág. 411; Borda, Alejandro, “La prescripción de los alimentos. El reclamo del hijo cuando alcanza la mayoría de edad”, DJ 14.12.2011, pág. 11 y ss; entre otros).
e) Más allá de lo expuesto, no puede dejar de advertirse el impacto que ha tenido frente a la cuestión traída a juzgamiento la sanción del Código Civil y Comercial, pues siendo que la obligación reclamada en autos es una deuda por alimentos derivados de la responsabilidad parental, deviene aplicable la novedad introducida expresamente por su art. 2543, a partir del cual se amplían los supuestos de suspensión de la prescripción que contemplaba el Código Civil derogado y se incorpora la suspensión de la prescripción entre padres e hijos mientras dura la responsabilidad parental; coincidiendo la doctrina en que, entre las acciones captadas por la norma, se encuentran incluidas las que corresponden a los reclamos alimentarios (Kemelmajer de Carlucci, Aída y Molina de Juan, Mariel, “Op. Cit”, pág. 18 y ss; Alferillo, Pascual Eduardo, “La suspensión de la prescripción en el Código Civil y Comercial”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, RC D 838/2017; Bruno, Federico y Raganato, Claudia Graciela, “Op. Cit.”, pág. 144 y ss; Borda, Alejandro, “La prescripción de los alimentos. El reclamo del hijo cuando alcanza la mayoría de edad”, Doctrina Judicial del 14.12.2011, pág. 11 y ss, quien incluso bajo la vigencia del Código Civil derogado entendió aplicable a casos como el de autos el supuesto de suspensión de la prescripción en virtud de la aplicación analógica del art. 3973 del citado cuerpo legal). Es así que por razones de convivencia familiar o económicas o por la existencia de intereses contradictorios, la ley no incentiva que el titular del derecho se vea compelido a accionar (Parellada, Carlos, comentario al artículo 2543 del Código Civil y Comercial, en obra colectiva “Código…”, dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, ya citada, pág. 290 y ss).
Y tratándose entonces de créditos de naturaleza alimentaria titularizados por personas menores de edad, estimo que, a la luz de los principios que orientan y subyacen a la normativa del Código -el que claramente ha procurado dispensar una protección intensa a la obligación alimentaria (Morello, Sosa, Berizonce, “Códigos Procesales...”, 2ª ed., I-574; entre muchos otros)-, corresponde privilegiar en esta materia el principio opuesto al dispositivo, imponiéndose el orden público y el deber de los jueces de actuar oficiosamente frente a los conflictos planteados respecto de obligaciones asistenciales en beneficio de sujetos vulnerables. Lo que lleva a concluir que, frente a estos supuestos (art. 2543 inc. c) del CCyC), la suspensión del término de la prescripción puede aplicarse de oficio. Que en función de ello, se observa que el efecto de la suspensión es el de detener el tiempo útil para prescribir por causas sobrevinientes o concomitantes al nacimiento de la acción en curso –como ocurre en el sub-lite, en tanto la titularidad de la responsabilidad parental del Sr. M. respecto de los alimentistas se encontraba plenamente vigente en el momento en que el crédito alimentario se tornó exigible, esto es, al momento en que se efectivizó la liquidación de la comunidad matrimonial entre aquél y la progenitora de los niños, por lo que resulta ser una causa concomitante al nacimiento de la acción-.
Es así que ha de concluirse que en el caso de autos el curso de la prescripción de los alimentos fijados por sentencia – bienal o quinquenal, según la posición que se adopte- comenzará a correr a partir del momento en que los alimentados cumplan los dieciocho años de edad.
En virtud de ello, estimo que corresponde desestimar la apelación incoada por el ejecutado y confirmar, por los fundamentos expresados precedentemente, la sentencia de fs. 60/64. Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.
A LA TERCERA CUESTION: la Señora Jueza Doctora COMPARATO dijo:
Atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, propongo al acuerdo: 1) Desestimar el planteo de deserción formulado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 17.03.2020, al contestar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 65 y fundado a 69/73vta.; 2) Desestimar el recurso de apelación incoado por el ejecutado a fs. 65 y confirmar, aunque por los fundamentos expresados al tratar la cuestión anterior, la sentencia de fs. 60/64, con costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.). La regulación de los honorarios profesionales se difiere para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967.
Así lo voto.
La Señora Jueza Doctora CARRASCO y el Señor Juez Doctor LOUGE EMILIOZZI, adhirieron al voto precedente por los mismos fundamentos.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
-S E N T E N C I A –
POR LO EXPUESTO, demás fundamentos del acuerdo y lo prescripto por los arts. 266 y 267 del CPCC, se
1. Desestimar el planteo de deserción formulado por la actora mediante presentación electrónica de fecha 17.03.2020, al contestar el recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 65 y fundado a 69/73vta. 2) Desestimar el recurso de apelación incoado por el ejecutado a fs. 65 y confirmar, aunque por los fundamentos expresados al tratar la segunda cuestión, la sentencia de fs. 60/64. 3) Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 68 del C.P.C.C.). 4) Diferir la regulación de los honorarios profesionales para la oportunidad prevista en el art. 31 de la ley 14.967. Regístrese, notifíquese electrónica (conf. SCBA. Resolución de Presidencia SP 10/20; art. 3 punto c) apartado 2) y devuélvase.-
Fin de la sentencia