Abriendo la norma
Juez de Recurso 2º Circ. Judicial
TOMO CXXVI – INTERLOCUTORIO – J.RECURSOS.-
REGISTRO Nº 8233 FOLIO Nº 121/128 PROT. ELECT. JR101109I.231
Río Gallegos, 08 de Noviembre de 2023.-
La presente causa caratulada: "B., M.M. S/ DENUNCIA LESIONES LEVES", Expte. Nº 3905/19 - Apelación/Causa JR Nº 8383/23, venidos a despacho para resolver y de las que;
Que a fs. 153/159 obra glosado el auto dictado por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil de Puerto Santa Cruz, quien en el punto 2) ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de S.L.N. en orden al delito de “Abuso Sexual simple” (art. 119, 1º párrafo del Código Penal); y en el punto 3) trabó embargo sobre sus bienes como medida precautoria prevista por el art. 499 del CPP por la suma de Pesos cien mil ($ 100.000).- Que a fs. 164/169 la Defensoría Pública Oficial de Gobernador Gregores, apeló dicho auto -motivándolo-; a fs. 174 sostuvo el recurso (código de validación: 7ea06e8b) y, no habiéndose presentado el memorial regulado en el art. 437 del C.P.P., quedan en consecuencia los presentes autos en condiciones para ser resueltos, y;
Que la defensa se agravió del resolutorio argumentando la inexistencia del hecho por el que fuera procesado su asistido; incorrecta subsunción del hecho; errónea y fragmentada valoración de la prueba; y, orfandad probatoria.-
En relación a la inexistencia del hecho promueve que, vinculado a lo referido por la denunciante respecto del abuso sexual, no existen otros elementos de convicción que los complementen, ya que no hay testigos presenciales del hecho que da cuenta.-
Que un abuso sexual es un hecho traumático, el cual no fue denunciado en sede policial sino dieciséis días después, al momento de la ratificación y ampliación de la denuncia, en ausencia de otros elementos probatorios. Razón por la cual el sólo testimonio de la denunciante no permite sustentar la certeza sobre los extremos de la imputación y procesamiento, infringiendo las reglas de la sana crítica y el principio in dubio pro reo.-
Respecto de la errónea y fragmentada valoración, la cual alega la defensa sólo se basa en el relato de la denunciante, expresa que no hay testigos presenciales del hecho. Que si bien obra a fs. 3 declaración testimonial de F.E.N.C., no hay un aporte en relación a los hechos denunciados, siendo que asimismo ante la falta de ratificación judicial, tal como obra a fs. 29, dicho testimonio ha sido prestado en contradicción a la norma procesal que establece que dichos actos deben ser otorgados por ante la sede judicial.- En este sentido refiere la defensa que tampoco el juez de grado valora el informe psicológico practicado a su pupilo a fs. 151/152 (transcribe el punto 3)), en tanto que a fs. 114 obra la misma experticia respecto de la denunciante, acotando (también luego de transcribir episodios del documento) que la Sra. B. en función de sus vivencias ocurridas durante la infancia, incurre de manera deliberada a maltrato y violencia hacia su entorno, imponiendo su autoridad y poder a través de agresiones, maltrato, no sólo ejerciendo violencia física, infringiendo daño corporal, sino también a través de la violencia psicológica, emocional, chantaje y manipulación. Que en la investigación del delito, y en perjuicio de su asistido, no se hicieron pericias médicas sobre la denunciante, sobre el pijama o prendas de vestir u otros elementos conducentes a llegar a la verdad de los hechos. Se pretende, reitera, probar el hecho solamente con el relato de la denunciante, al cual lo tilda de impreciso, incongruente, denunciado varios días después, etc.- Respecto de la Inexistencia del hecho que se imputa la defensa sostiene que no se ha acreditado un obrar doloso con entidad idónea para causar el hecho típico que se le imputa. El resolutorio carece de fundamentación y tampoco se basta a sí mismo. Por lo que, entiende, ante la contundencia de la orfandad probatoria se debe estarse al in dubio pro reo y, consecuentemente, a la presunción de inocencia.-
Sostiene que la denunciante acusó a su asistido de un hecho tan aberrante como es el abuso sexual, basando su declaración, presuntamente falsa, por razones de venganza y resentimiento, ya que el Juzgado de Familia con asiento en Cdte. Luis Piedra Buena le atribuyó el cuidado personal de sus hijos, luego que se constatara a través de la intervención de la Oficina de Niñez que ejerció no sólo violencia hacia los niños, sino también actos negligentes de su parte.- Concluye que deberá dictarse sobreseimiento a su asistido.-
Cita doctrina y jurisprudencia en apoyo de su tesitura.-
I. Perspectiva de derechos: Se deja constancia que a lo largo del desarrollo de la presente resolución se utilizaron únicamente las iniciales de los nombres y datos sensibles de las personas que de alguna manera tengan un interés o implicancia en el legajo, contribuyendo de esa forma a una resolución con perspectiva de derechos, bregando por la implementación de prácticas que no conlleven procesos de revictimización y contribuyendo con el objetivo del Poder Judicial de arribar a la verdad de los hechos denunciados, respetando los derechos de todas las personas involucradas.
II. Ante todo huelga aclarar que han sido omitidas reiteradas consideraciones de la defensa relacionadas con el delito de Lesiones Leves doblemente agravadas (arts. 89, 92, 80 inc. 1 y 11 del C.P.), ello por cuanto a su respecto se ha declarado extinguida la acción penal por prescripción (arts. 59 inc. 3º y 62 inc. 2º de C.P., y 319 inc. 1º del C.P.P.) en el punto 1) de la resolución en crisis. Sin perjuicio de ello, al haber cesado irrevocablemente el ejercicio de la acción penal respecto del imputado en una materia tan sensible como la que nos convoca, pese a los compromisos asumidos por el Estado Argentino, deviene inexorable su tratamiento, el cual se concretará en un acápite destinado a tales fines analizados que fueran los planteos de la defensa recurrente.-
III. En tratamiento del primer agravio, es decir la insuficiencia del plexo probatorio y falta de fundamentación por parte de la Sra. Jueza actuante que expone en el acápite a) del punto III), adelantamos que el mismo no podrá prosperar.-
Ello en mérito a que la Sra. Jueza ha resuelto en función de las constancias obrantes en la causa, analizando las mismas bajo las reglas de la sana crítica racional, dando las razones de por qué asigna poder convictivo a la pericia psicológica practicada a la pretensa víctima, robusteciendo dicho informe, y dando crédito por ende, a los hechos referidos en la denuncia consignada ante la Comisaría de Puerto Santa Cruz por parte de la Sra. M.M.B..- La decisión adoptada por la Sra. Magistrada respecto a este delito investigado se enrola en los estándares de Perspectiva de Género -que recientemente ha acuñado la CSJN- y a la valoración que los jueces debemos efectuar cuando estamos en presencia de estos delitos .-
Ello fundamentalmente en atención a que ha sido materia de tratamiento la circunstancia de vulnerabilidad en la que se habría encontrado la pretensa víctima al momento de los hechos que se denunciaran.-
Se evidencia en torno a este punto un acabado cumplimiento a las disposiciones de los Tratados Internacionales de DD.HH., tales como la Convención Belem do Para, 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad” (a la cual ha adherido nuestro T.S.J. mediante Acordada inscripta al Tomo: CXLVI; Registro: 141; Folio: 149/150 de fecha 26/10/2011), entre otras disposiciones normativas de carácter internacional y nacional.- La Sra. Magistrada ha expuesto fundadamente, con indicación de pruebas en el legajo, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el episodio de abuso sexual aquí investigado se habrían cometido.-
La Sra. Jueza ha sido por demás explícita en el punto “Tercero:” de los Considerandos de la resolución cuestionada (concretamente fs. 157/vta.), respecto de las conclusiones arribadas en sus informes por la perita psicóloga interviniente. Así, hubo de consignar “… el Informe de Pericia Psicológica obrante a fs. 14/15 opera como gran sustento del relato de la víctima toda vez que en dicho elemento probatorio, la Lic. C.M.W. establece la fiabilidad de su testimonio, advirtiendo además “…la presencia de diversos indicadores de coherencia en su testimonio, como lo es un apropiado engranaje contextual, una favorable estructura lógica, diversas descripciones de interacciones y una adecuada cantidad de detalles que constituyen la credibilidad de su exposición…”, lo cual da cuenta de que el grado de comprensión de los hechos denunciados resulta acorde a la edad de la víctima y no presenta tendencia a la distorsión de la realidad.
Por último, completa el cuadro probatorio el informe de pericia Psicológica del Sr. S.N., obrante a fs. 150/151, en el cual la profesional firmante observa en el mencionado “…una elevada acumulación de actitudes hostiles, una marcada debilidad en los impulsos y una fuerte actitud agresiva reprimida y vuelta hacia si mismo, que acrecientan su baja tolerancia a la frustración llevándolo a reaccionar de manera atacante y combativa, comprometiendo su conducta en actos que pueden considerarse peligrosos tanto para sí como para terceros…”. Asimismo de dicho informe surge “…se observan en el Sr. N. indicadores que podrían corresponderse con las características propias de un abusador sexual, como lo son una fuerte represión afectiva, la baja tolerancia a la frustración, reacciones emocionales irritables y explosivas, que pueden comprometer su conducta en un pasaje del pensamiento al acto sin medir las consecuencias, sus tendencias de dominio sobre los otros y conflictos del pasado sin resolver…”.- Por otra parte la Sra.
Magistrada fundamenta su parecer al señalar que “…los dichos vertidos por la víctima (fs. 27) respecto al atentado contra su integridad sexual, conducta llevada a cabo por el encartado al entrar por segunda vez a su vivienda, son contestes con lo manifestado por la Sra. F.N. en testimonial de fs. 03, quien, además de acreditar la existencia de una discusión entre el SR. N. y la Sra. B. fuera de su domicilio, asevera haber visto que el encartado luego de retirarse de la vivienda, pasados unos minutos vuelve a ingresar a la misma, por lo que se hizo presente ella nuevamente en el domicilio, constando sangre sobre su rostro…” (fs. 156vta./157).- En relación a ello es necesario manifestar que la crítica formulada por la defensa a la declaración de la Sra.
F.N. en sede policial a fs. 3/4 (por no haber sido ratificada en sede judicial a fs. 29), no empece su aptitud probatoria, en atención a que las previsiones de los arts. 226 y 227 del C.P.P., amén de ser indicadas obran impresas en todo su contenido en dicho instrumento público firmado por la mencionada, razón por la cual mal puede alegarse que no se las hayan puestas en su conocimiento desde la preventora.- En ese orden de ideas, también deviene pertinente mencionar que no se advierte por parte de la Sra. Magistrada en el resolutorio un comportamiento que denote que las pruebas fueron valoradas en forma aislada, sin contraponerlo con el resto de la actividad probatoria.-
Así, por ejemplo a fs. 157 de los Considerandos, señala la contradicción en la que habría incurrido el imputado en su declaración.-
Es por todas estas razones que se vislumbra con meridiana claridad que el agravio vertido por la defensa en el sentido que la fundamentación del resolutorio descansa en elementos aislados que no tienen entidad para corroborar el delito con el grado de probabilidad que se requiere en este estadio procesal resulta inconsistente.-
Es por los argumentos señalados que tampoco pueden prosperar los agravios del acápite b) –Errónea y fragmentada valoración de la prueba, la cual sólo se basa en el relato de la denunciante- y c) –Inexistencia del hecho que se le imputa-.-
Que dicho sea de paso no es la certeza la requerida como manifestara la apelante, es la mera probabilidad, la preponderancia de elementos de cargo por sobre los de descargo, extremos estos que están debidamente acreditados en esta investigación.-
Es por lo expuesto que no se avizora carencia de sustento probatorio como argumenta la recurrente, ni mucho menos que haya resuelto la situación procesal de la persona imputada de manera irracional.-
Tampoco se advierte falta de motivación en el auto recurrido. Por el contrario, se observa que la Sra. Jueza ha valorado en forma integral las pruebas que se han ido incorporando, lo que le permitió arribar a una decisión fundada, de acuerdo a los lineamientos de la sana crítica racional.
Así, hubo de evaluar las declaraciones de la denunciante y los testigos, las cuales son contestes, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se habrían desarrollado los hechos, con las referidas por la pretensa víctima.-
Por otro lado, los autos atacados se encuentran apontocados en las diversas pruebas incorporadas, las cuales guardan coherencia entre sí, no pudiéndose pretender tampoco un grado tal de exactitud en la narrativa por parte de la víctima del hechos como el que nos ocupa, ya que sabido es que muchas veces se forman lagunas en el recuerdo de algún tipo de circunstancia, siendo que dicha imprecisión no puede erigirse en un obstáculo que prive de efectos a la investigación en curso, y que por lo tanto obstaculice la prosecución de la acusación.- Mucho menos, como lo sostiene la defensa, que por haberse denunciado el hecho 16 días después de radicada la primer denuncia, de tal circunstancia por sì sola se pueda predicar falsedad en sus dichos. Sólo una mirada sesgada, sin perspectiva de género ni de vulnerabilidades propia de otros tiempos y desconocedora de Tratados Internacionales de DDHH convalidaría tal suposición, debiendo siempre respetarse los tiempos de las víctimas de delitos sexuales.- Es por ello que tampoco se advierte que el plexo probatorio reunido en el resolutorio sea desviado en su interpretación al sólo fin de mantener supuestamente justificada la acusación.-
No nos debemos olvidar que de ninguna manera se han afectado las garantías constitucionales de defensa en juicio y el debido proceso como alega la defensa del recurrente. La persona imputada fue enrostrada de los hechos en las circunstancias referidas en la denuncia formulada, las cuales guardan coherencia con lo relatado por la Sra. B. en la entrevista psicológica, ello sin perjuicio que siempre las actuaciones estuvieron en condiciones de ser sujetas a su contralor.- Se advierte, por ende, que la parte no ha logrado desvirtuar los elementos de cargo que obran en su contra, respecto de las circunstancias de los hechos expuestas por la denunciante/pretensa víctima en mérito a lo anteriormente analizado.-
Recordemos, a todo esto, que el testimonio de la Sra. B., al análisis de la profesional que la entrevistó se desprende “… según lo observado a lo largo de la entrevista, se puede disponer la fiabilidad del relato… , advirtiendo la presencia de diversos indicadores de coherencia en su testimonio, como lo es un apropiado engranaje contextual, una favorable estructura lógica, diversas descripciones de interacciones y una adecuada cantidad de detalles que constituyen la credibilidad de su exposición….” (ver fs. 115).- Debemos tener presente que corresponde la aplicación del principio de amplitud probatoria, por las especiales características del hecho endilgado a la persona imputada: delito contra la integridad sexual habiéndose aprovechado de la circunstancia de vulnerabilidad de la Sra. B, quien resultaba ser al momento su ex pareja y mamá de sus hijos para poder llevar a cabo su cometido.-
Por otra parte, tanto la doctrina como la jurisprudencia imperante, son contestes en sostener que la valoración de la prueba en delitos como el que nos ocupa, no puede realizarse como si se tratara de cualquier otro de los delitos tipificados por la legislación de fondo, debiendo conferir especial relevancia a la denuncia/relato de la víctima.-
En tal sentido, acerca de esta particular característica, y en oportunidad de resolver la situación procesal de los imputados, otros Tribunales han dicho: “…el estándar de prueba normalmente exigido para alcanzar el grado de certeza necesario a efectos de pronunciarse sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del inculpado, se satisface de un modo distinto que aquél que puede exigirse para otros supuestos, y ello bajo un doble aspecto. Principalmente, porque los hechos de esta naturaleza son, por regla general, llevados a cabo en ámbitos íntimos excluidos de terceras personas que pudieran dar fe de lo ocurrido. De suerte tal que lo determinante en esta clase de asuntos, a los efectos de la reconstrucción histórica del suceso, suele ser pura y exclusivamente el relato que la víctima pueda brindar al respecto.
Además, cuando se trata de víctimas menores de edad, la ponderación de su relato no puede ser llevada a cabo de la misma forma y bajo los mismos parámetros con los que analizan los dichos de los mayores, pues la exigencia de una narrativa histórica coherente, concatenada, descriptiva y lo más detallada posible en relación a un hecho pasado difiere en uno y otro caso, de acuerdo a las distintas capacidades cognoscitivas de los sujetos involucrados...” (Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional - Sala 1 CCC 73954/2013/TO1/CNC1, causa nº 73.954/2013, caratulada “D. de M., R. F. s/ abuso sexual”).- En la provincia de Santa Cruz, respecto a la forma de valorar las pruebas en esta clase de delitos, el Tribunal Superior de Justicia, sostuvo: “…En los hechos de abuso sexual este Alto Cuerpo expresó que el carácter de testigo único que reviste la víctima no descalifica su procedencia como prueba pertinente y útil; por ello, pretender revocar una sentencia condenatoria por el delito de abuso sexual con acceso carnal, alegando que lo único que sustenta la acreditación del mismo es la versión del hecho aportada por la víctima, atenta contra una regla de la experiencia común como es, que los delitos contra la integridad sexual no suelen cometerse frente a testigos presenciales.
Los dichos de la menor no deben descalificarse apriorísticamente si el tribunal de juicio los considera dignos de credibilidad –en el caso, se confirmó el abuso sexual denunciado– y más aún cuando el modus operandi implica de suyo la ausencia de testigos...”. (Tribunal Superior de Justicia, Secretaría Penal, Interlocutorio Nº: 018 - Recurso de casación, 19/08/2008 - autos: “A.G.A. s/ abuso sexual simple agravado”, Expte. Nº 2665 (A-566/07/T.S.J.).- En efecto, de las constancias de autos surge que la Sra. Jueza de instrucción valoró de manera adecuada la prueba rendida en autos, atendiendo a las particularidades del presente caso, en que los hechos habrían acontecido.- De esa manera dictó una resolución que se desprende del relato lógico efectuado luego de la investigación llevada adelante y a la luz de la sana crítica racional, no apareciendo a mi criterio atisbo alguno de arbitrariedad o fragmentación en la valoración de la prueba aunada a la causa, motivo por el cual su agravio no podrá prosperar.- No corresponde, como pretende la defensa valorar cada medio probatorio por separado, ni atomizar el análisis y evaluación de las pruebas colectadas.
En relación a la valoración de la prueba en las resoluciones, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, sostiene: "...debe reposar en el análisis de las pruebas, indicios y presunciones en su conjunto y no en forma aislada o parcial tal cual lo sostiene la Corte Nacional, contraria a toda consideración fragmentaria y aislada que impida '...una visión de conjunto de la prueba reunida...' depende de la valoración conjunta que se hiciere...teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad...".
(Fallos 300:928; T.S.J. Sta. Cruz, Tº II, Sentencia, Rº 55, Fº 310/320, entre otros).- Recordemos que la probabilidad es la requerida para iniciar la investigación, y para fundar eventualmente el procesamiento de la persona imputada, como es el caso que nos ocupa.-
Con relación a la calificación legal del hecho imputado, esta Alzada advierte que la Magistrada brindó en el auto aquí cuestionado razones suficientes con sustento en los elementos probatorios valorados de manera armónica e integral, encuadrando el hecho de manera provisoria como configurativo del delito de “Abuso Sexual simple” (art. 119, 1º párrafo del Código Penal).-
Que es por todo lo expuesto, no vislumbrándose, se insiste, que la resolución atacada sea violatoria de los derechos de defensa y del debido proceso como lo sostiene la defensa, es que deberá confirmarse en esta instancia el procesamiento de la persona imputada S.L.N. dictado por la instrucción y en orden al delito allí calificado.-
Por tales motivos, no quedan dudas que los elementos reseñados, alcanzan –al menos en esta etapa procesal-, para acreditar el hecho, y la responsabilidad que “prima facie” le cabe a la persona imputada en el mismo.-
En este sentido, se ha dicho: “…El procesamiento contiene un juicio de probabilidad acerca de la existencia del hecho delictuoso y de la participación de cada uno de los imputados en éste, tratándose, pues, de la valoración de los elementos probatorios suficientes para producir probabilidad aún no definitivos ni confrontados, pero que sirven para orientar el proceso hacia la acusación, vale decir, hacia la base del juicio...”. (Clariá Olmedo, J.A., "Derecho Procesal Penal", Lerner Editora, Córdoba, 1985. Pág. 612).- Con relación al monto del embargo trabado, atento no ser un punto de agravio nos vemos impedidos en su tratamiento.-
IV. En otro orden de ideas, atento las facultades de superintendencia atribuidas a este Juzgado de Recursos , tras el análisis de la presente causa venida a estudio, nos vemos compelidos a formular una serie de consideraciones en relación al sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado S.L.N. en orden al delito de Lesiones Leves doblemente agravadas (arts. 89, 92, 80 inc. 1 y 11 del C.P.), ello por haberse declarado extinguida la acción penal por prescripción (arts. 59 inc. 3º y 62 inc. 2º de C.P., y 319 inc. 1º del C.P.P.) en el punto 1) de la resolución en crisis.- Si bien lo resuelto por la Sra. Jueza ha sido con previa vista fiscal, aun ofrecer reparos jurídicos, lucen incontrastables las dilaciones en la tramitación de la causa que decantaron en la extinción de la acción penal respecto del delito en cuestión.-
Más allá de ser perfectamente advertible que durante el desarrollo de la presente instrucción se suscitaron situaciones que conspiraron contra la celeridad de la tramitación (vgr. tiempo transcurrido entre que se ordenaron y realizaron las pericias psicológicas), no se logra comprender, y tampoco se encuentra justificado, los períodos de tiempo durante los cuales la causa permaneció paralizada. Sólo a modo de ejemplo ver fs. 50 y fs. 51, nota recepcionada del Cuerpo Pericial de Psicólogos en fecha 11 de diciembre de 2019 y providencia ordenada en fecha 26 de Octubre de 2020.- Asimismo lo descripto en los párrafos que anteceden, no hace otra cosa que dejar en evidencia el total avasallamiento que se ha plasmado a las mandas del art. 197 1er. párrafo del C.P.P., por parte de la sede judicial de instrucción. Por dicha razón, la Sra. Magistrada se encuentra compelida a obrar conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo de rito en cuestión.-
Sin hesitación alguna podemos aseverar que nos encontramos frente a una instrucción deficitaria tras varios años de iniciada, que se agrava por el estado de vulnerabilidad de la pretensa víctima y el tenor del hecho denunciado que se ha prescripto.-
Incluso se evidencia la ausencia de requerimiento fiscal alguno tendiente a la prosecución de las presentes actuaciones pese a las circunstancias expuestas.-
A este respecto, no podemos dejar de mencionar, que es deber del Estado Argentino, y en lo que nos toca, de la Justicia Penal, la adopción de aquellas medidas que resulten adecuadas para mitigar los efectos negativos del delito configurativos de la victimización primaria, debiendo procurar de igual manera que, el daño sufrido por las víctimas del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia, lo que configuraría la victimización secundaria. Todo ello bajo pena de incurrir en responsabilidad Internacional frente a las obligaciones asumidas también en materia de perspectiva de género.- Ante un acto de violencia contra una mujer, resulta especialmente importante que las autoridades a cargo de la investigación la lleven adelante con determinación y eficacia, ello teniendo en cuenta el deber de la sociedad de rechazar la violencia contra las mujeres y las obligaciones del Estado de erradicarla y de brindar confianza a las víctimas en las instituciones estatales para su protección.
En virtud de lo normado por la CADH, se deben adoptar medidas particularizadas y especiales ante la ocurrencia de un acto de violencia física y/o sexual, surgiendo una obligación estatal reforzada de debida diligencia.- Conforme lo establecido en la Convención de Belém do Pará, en los casos en los que una mujer sea víctima de violencia, en particular violencia o violación sexual, las autoridades estatales deberán tener particular cuidado en el desarrollo de las investigaciones y procesos a nivel interno, así como al momento de adoptar medidas de protección y de acompañamiento durante el proceso, y después del mismo, con el fin de lograr la rehabilitación y reinserción de la víctima.- La Argentina asumió compromisos internacionales en materia de violencias de género al suscribir la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará), la primera de ellas con jerarquía constitucional.- A través del recorrido por dichas Convenciones, como también por los principios, reglas y fallos del Sistema Interamericano, encontraremos la relevancia que se le imprime a las medidas de protección en el marco de investigaciones y procesos judiciales dirigidas, tanto a las personas que padecen violencias de género como también a quienes podrían aportar testimonios fundamentales.- Consecuente con lo referido, nuestra CSJN ha dicho que: "...Cuando la Nación ratifica un tratado que firmo con otro Estado se obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que ese tratado contemple, siempre que contenga descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho que hagan posible su aplicación inmediata...".
(LALEY, 1992-C, 543).- En el ámbito local, la ley 26.485 de Protección Integral, establece el deber estatal de promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia, fijando los derechos y garantías mínimos de los procedimientos judiciales, estipulando concretamente, el derecho a obtener de parte de la justicia una respuesta oportuna y efectiva (art. 16 inc b), recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de sus derechos (art. 16 inc e) y a la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos (art. 16 inc i).
(Cf. criterio sostenido en Apelación Nº 7227/21 y Nº 7997/22).- Pues bien, a las claras está que esto no ha ocurrido.-
Una lectura mínimamente responsable del expediente al momento de ordenarse las medidas y un diligente control de sala hubiesen reducido drásticamente los exagerados tiempos insumidos en esta investigación, máxime teniendo en cuenta las escasas medidas de prueba ordenadas y producidas, las cuales estaban disponibles poco tiempo de iniciadas las actuaciones respecto de este delito para ser enrostradas al imputado.-
Es claro que situaciones como esta, pese a los constantes y diversos señalamientos formulados desde esta sede judicial, atentan contra el acceso a la justicia y el eficiente servicio que se debe prestar a la comunidad.-
Incluso impacta negativamente también en la organización del trabajo de esta Alzada, al tener que dar trámite prioritario a expedientes procedentes de ese Juzgado que ingresan con posterioridad a los de otras dependencias de la Circunscripción Judicial pero que al detentar varios años de instrucción y con delitos próximos a prescribir (como lamentablemente también ocurre con el delito de Abuso Sexual simple), nos vemos compelidos al alterar el orden correspondiente a su análisis al momento de resolver. Peor aún: concretamente aquí estamos en presencia de un delito de Lesiones Leves doblemente agravadas en perjuicio de una mujer, respecto del cual se ha extinguido la acción penal por el transcurso del tiempo para su prosecución.- La falta de apego a los plazos procesales del juzgado interviniente no puede conculcar las garantías constitucionales, siendo que se atenta contra la prestación del debido servicio de justicia, por cuanto diluye las posibilidades de éxito en la investigación atento el tiempo transcurrido, razón por la cual se exhorta a la Sra. Jueza que imprima celeridad en la presente investigación y se abstenga de incurrir en procederes de similar naturaleza.- Sin perjuicio de los señalamientos formulados, y atento los antecedentes obrantes de similar tenor en esa dependencia , corresponde comunicar lo aquí resuelto a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz.-
V. Asimismo, en función de lo expuesto en el acápite que antecede y teniendo en cuenta las constancias obrantes en autos y lo normado por los arts. 59, 62 y ccss. del C.P.P.; y arts. 78 incs. d), e), f) y j) y 75 inc. d) y e) de la Ley Nº Uno Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, deviene inexorable remitir copia de la presente resolución al Sr. Fiscal ante el Excmo. T.S.J. a los fines que estime corresponder (conf. art. 71 inc. e) y f) de la Ley Nº 1 Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz). -
VI. Comunicaciones: En virtud de la Acordada dictada por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz de fecha 16 de Junio de 2021 (inscripta al Tomo: CCXXVII, Registro: 89; Folios: 142/146), por la que se adhiere al “Protocolo de Actuación del Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género”, elaborado por la Comisión de Género de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.), firme que sea la presente remítase copia digitalizada, bajo los recaudos de estilo, a la Oficina de Género dependiente del T.S.J., y al correo electrónico [email protected], a los efectos de su publicación en el portal web.
Por todo ello, conforme las normas legales citadas y en mi carácter de Juez de Recursos,
1. NO HACER LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO por la defensa técnica de S.L.N. a fs. 164/169 de estos actuados, confirmándose íntegramente el resolutorio atacado por los motivos expuestos en los considerandos que preceden.-
2. HACER SABER a la Sra. Jueza lo referido en el punto IV) de los Considerandos a los fines allí indicados.-
3. HACER SABER al Sr. Fiscal ante las Excmas. Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial el contenido del punto V) de los considerandos que preceden.-
4. LIBRAR OFICIO a la Secretaría de Superintendencia, Jurisprudencia y S. Notariales del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz a los efectos de comunicar lo aquí resuelto.-
6. Firme que sea REMITASE copia digitalizada del presente al Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género de la Oficina de Género del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz y al correo electrónico [email protected]
(NAS)
Suscripto y registrado por el Dr. Nelson A. Sánchez –Juez-, ante la Actuaría firmante -Dra. Adriana I. Geyer-, en la ciudad de Río Gallegos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital. CONSTE.-
Fin de la sentencia