Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Con Asiento en San Martín
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar en forma parcial a los recursos de apelación interpuestos por P. S. S.A., por la parte actora y por la P. de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado con la salvedad de lo previsto en concepto de indemnización por privación de uso, por daño físico y daño psicológico y por daño moral;
2Establecer como indemnización por privación de uso del rodado la suma de pesos mil ($ 1.000), por daño físico y psicológico el monto de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos ($ 52.400) y, en concepto de daño moral, el monto de pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($ 10.480);
3Establecer las costas en el orden causado (art. 51 del CPCA, Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 13.101); y
4Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (cfr. art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).-
En la ciudad de General San Martín, a los_8 días del mes de noviembre de 2.012, se reúnen en acuerdo ordinario los señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, estableciendo el siguiente orden de votación de acuerdo al sorteo efectuado: Hugo Jorge Echarri, Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin, para dictar sentencia en la causa Nº 3.279/12, caratulada “B. , M. R. y otro c/ Pcia. de Buenos Aires y otro s/ Daños y Perjuicios”.-
I. Con fecha 28 de septiembre de 2.011 (ver fs. 392/402) el señor Juez de grado falló haciendo lugar a la demanda por daños y perjuicios promovida por los actores contra la P. de Buenos Aires, contra J. E. R. y contra la citada en garantía P. S. S. A., por la suma de pesos nueve mil seiscientos cuarenta ($ 9.640,00) a favor del Sr. A. C. B. y de pesos sesenta y un mil ciento veinte ($ 61.120,00) a favor de la Sra. M. R. B. , a las que debía adicionarse la tasa que pague el Banco de la P. de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a treinta (30) días, desde el 20 de diciembre de 2.006, fecha en que ocurrió el accidente y hasta su efectivo pago.-
Asimismo, declaró que la condena era ejecutable contra la citada en garantía P. S. S.A. en la medida del seguro (art. 118 de la Ley Nº 17.418), impuso las costas en el orden causado (art. 51 inc. 1º del CPCA) y difirió la regulación de honorarios profesionales.- Para así decidir consideró lo siguiente:
a) Que la presente causa se inició con el objeto de obtener de los demandados en autos, el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados en virtud del siniestro ocurrido el día 20 de diciembre de 2.006. Indicó el juez de grado que si bien los demandados reconocen que el hecho ocurrió, difieren con la parte actora en torno a la mecánica del mismo.-
b) Que el sistema de la sana crítica se caracteriza por la posibilidad de que el magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la prueba con total libertad pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y de la experiencia común.- c) Que el siniestro se encuentra probado con las constancias de autos, especialmente con el acta de choque de fs. 342; con la declaración testimonial efectuada por M. R. B. ante la Comisaría Seccional 2ª, de Florida, Partido de V. López, cuya copia obra a fs. 16; con la denuncia de siniestro realizada por el demandado J. E. R. ante P. S. S.A. y con las fotocopias certificadas de la causa penal Nº 7.861/06 que tramitara por ante la UFI Nº 3 de V. López, agregadas a fs. 332/362.-
d) Que acreditado el hecho y conforme lo señalado por el art. 1.113, segundo párrafo, del Código Civil, quien demanda debe probar en autos: a) el daño; b) la relación de causalidad; c) el riesgo de la cosa y d) el carácter de dueño o guardián de la misma.- e) Que el daño ocasionado al rodado de la actora se encuentra acreditado con lo dictaminado por el perito mecánico en su pericia de fs. 253/256. Y que el daño sufrido por la Sra. M. R. B. se encuentra acreditado con la pericia médica practicada a fs. 299/303; con la ampliación de dicho dictamen obrante a fs. 318/323 y con la declaración testimonial del Sr. R. V. P. de fs. 184.- f) Que acreditada la existencia del daño correspondía analizar la relación causal entre éste y el actuar del agente policial (codemandado Sr. R.) al mando de una cosa riesgosa (vehículo policial) de propiedad de la P. de Buenos Aires. Señaló el Juez de grado que el vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada entre una acción u omisión y el daño causado y ocasionado por aquélla. Y que, en la especie, la relación causal se funda en el actuar del agente policial al conducir una cosa riesgosa (el móvil policial) y en el dominio público que la P. tiene respecto de los bienes de su propiedad.-
g) Que la P., conforme lo manifiesta en su contestación de demanda, es la propietaria del rodado policial embistente, por lo que debe responder por los daños y perjuicios que su riesgo y/o vicio causen. Entendió que ninguna duda cabe respecto a que un automotor reviste el carácter de riesgoso. Consecuentemente, y toda vez que el móvil policial pertenece a la P. de Buenos Aires, cuya aptitud riesgosa es innegable y deja fuera de duda la relación de causalidad existente entre el vehículo policial y el choque ocasionado al rodado de la actora, que deriva en los daños cuyo resarcimiento se reclaman, corresponde la objetiva imputación de responsabilidad al dueño o guardián de la cosa, es decir, a la P. accionada.-
h) Que la demandada no acreditó la culpa de la víctima o la de un tercero por el cual no deba responder, eximente fundamental a los fines de desvirtuar la responsabilidad de la P. de Buenos Aires.-
i) Que de las constancias de autos (pericia mecánica de fs. 253/256 y denuncia de fs. 75 del expediente administrativo Nº 5.100-17.491/07) se desprende que la parte actora circulaba por la calle Arenales de la localidad de Florida, sentido Este-Oeste y que, al finalizar el cruce de la intersección con la calle Bernardo de Irigoyen, fue embestida por el rodado de la demandada en su lateral trasero izquierdo. Expuso que sin perjuicio de que en la actualidad, en los accidentes de tránsito acaecidos en el ámbito de la P. de Buenos Aires, son aplicables las Leyes Nacionales Nº 24.449 y 26.363, por imperio de la Ley Nº 13.927 que adhiere a las mismas, en el caso de marras y atento a que el accidente ocurrió en el año 2.006, correspondía aplicar, de conformidad con lo establecido por el art. 3 del Código Civil, la Ley P.l Nº 11.430 que fuera derogada mediante el Decreto 40/07, vigente al momento del siniestro.- j) Que el art. 57 inc. 2 de la Ley Nº 11.430 establece que "El conductor que llegue a una bocacalle o encrucijada debe en toda circunstancia ceder el paso al vehículo que circula desde su derecha hacia su izquierda, por una vía pública transversal...". Agregó que la jurisprudencia establece que: "El conductor que llega a la bocacalle o encrucijada, debe en todos los casos reducir sensiblemente la velocidad y tiene obligación de ceder espontáneamente el paso a todo vehículo que se presente por una vía pública situada a la derecha..." (SCBA, Ac. 78.531, sentencia del 28 de septiembre de 2.001, Juez San Martín SD, carátula "Echegaray, Fabián N. c/ González, Ricardo A. y otro s/ Daños y Perjuicios).-
k) Que el codemandado Sr. R. realizó un croquis en la denuncia de siniestro ante P. S. S.A. (fs. 75 del expediente administrativo Nº 5.100-17.491/07) del que surge, con total claridad, que la actora había cruzado más de la mitad de la bocacalle al momento de ser embestida por la parte demandada.-
l) Que “El paso preferente de los vehículos que marchan por la vía derecha está sujeto a la condición de que el arribo a la encrucijada de los plurales vehículos sea simultánea, como así, por consecuencia, que si tal simultaneidad no está dada cabe pase primero quien primero llegó al cruce de las calles".-
ll) Que correspondía considerar acreditada la responsabilidad en el accidente de tránsito del codemandado agente R., al mando del móvil policial de propiedad de la P. de Buenos Aires.-
m) Que la demandada no aportó pruebas que acrediten que el móvil policial circulaba con las luces y sirenas encendidas, circunstancia aducida únicamente al momento de contestar la demanda (cfr. fs. 117). Señaló que tanto en la denuncia de siniestro ante P. S. S.A., efectuada por el co-demandado Sr. R. (fs. 75 del Expte. Administrativo Nº 5.100-17.491/07), como en el acta de choque obrante a fs. 342 (parte integrante de la causa penal Nº 7.861) no se consignó tal circunstancia. Asimismo, que "el uso de sirenas y luces no concede al móvil policial un "bill" de indemnidad para actuar con desatino y contra la regulación de tránsito conduciendo a excesiva velocidad, sin dominio sobre la máquina y llevándose todo por delante, desnaturalizando el paso excepcional que puede ser rápido pero siempre con dominio del móvil y acorde con la complejidad del tránsito" ("Fiumano, Emilio José y ot. c/ Molina L. y ot. s/ Daños y Perjuicios", CC0103 LP 233752, sentencia del 5 de octubre de 1.999).-
n) Que para que proceda el rechazo de la acción impetrada, el art. 1.113 del Código Civil establece la inversión de la carga de la prueba. No basta, en consecuencia, que el accionado demuestre que de su parte no hubo culpa o alegue la de la víctima para eximirse de responsabilidad, sino que debe probar fehacientemente ésta última, lo que en el caso de marras no sucedió.-
ñ) Que establecida la responsabilidad de la demandada, cabía analizar la existencia de los daños reclamados y determinar su resarcimiento.-
o) Que de conformidad con lo dictaminado por el experto mecánico en su pericia de fs. 253/256, se encontraba probada la existencia de los daños denunciados por el co-actor en su demanda, salvo en lo atinente al reclamo por rotura del radiador toda vez que, según entiende el perito, en la parte delantera del rodado del accionante, Sr. A. C. B. , no se aprecian daños directos o indirectos de impacto alguno. Fijó la indemnización por el rubro en la suma de pesos seis mil trescientos ($ 6.300,00).-
p) Que la sola privación del uso implica un daño resarcible en sí mismo y, además, dicha privación hace presumir la existencia de un perjuicio, toda vez que quien tiene y usa un automotor lo hace para satisfacer una necesidad, perjuicio que debe evaluarse de acuerdo a las circunstancias que el proceso aprehende y el lapso de inmovilidad del rodado. En consecuencia, teniendo en cuenta la condición de discapacitado del coactor C. A. B. (documental de fs. 20), fijó el rubro en la suma de pesos mil setecientos ($ 1.700,00).-
q) Que para que proceda la desvalorización del rodado, los daños deben ser estructurales o afectar las partes vitales del vehículo y, además, es necesario demostrar que luego de las reparaciones se advierten secuelas o defectos que disminuyen el valor de la unidad. En tal inteligencia, el ingeniero T. ha expresado claramente, en ocasión de realizar la pericia (fs. 253/256), que "en el caso de autos, la unidad del actor sufrió daños en partes y elementos que deben considerarse estructurales". Estimó el monto indemnizatorio en la suma de pesos mil seiscientos cuarenta ($1.640,00).-
r) Que encontrándose acreditado que M. R. B. padeció, según el informe del experto (fs. 318/322) "un traumatismo de la columna cervical, que le ocasionó un esguince y le hizo perder la curvatura fisiológica, que no mejoró con el tratamiento de inmovilización y farmacológico y que por ello le realizan una resonancia magnética, donde se observa que los discos de al menos dos de los segmentos se hallan protruyendo en el eje posterolaterales", estimando el perito una incapacidad parcial y definitiva del 18% de la total obrera; y teniendo en cuenta la edad de la actora al momento del accidente (35 años), fijó para ese rubro la suma de pesos treinta mil ($ 30.000).-
s) Que a fs. 321 la experta indicó que la actora Sra. B.
padece "depresión reactiva en período de estado moderado...se sugiere psicoterapia individual de 12 a 18 meses...A tenor del tiempo transcurrido se desestima posibilidad de remisión espontánea". Asimismo, agregó que la perito médica refirió que la Sra. B. posee una incapacidad del 10% por daño psicológico. Es así que, atento la existencia de una incapacidad psíquica de un 10% (informe pericial de fs. 322) y el consejo de un tratamiento psicológico por parte de la experta, con una frecuencia semanal de una vez, cuya duración estima en un año, con un costo aproximado de $ 90,00 la sesión (ver fs. 322), entendió procedente hacer lugar al rubro reclamado, en la suma de pesos diez mil ($ 10.000,00) en concepto de daño psicológico. A fin de afrontar el tratamiento terapéutico aconsejado fijó la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320,00).-
t) Que acreditada la existencia de lesiones determinantes de la necesidad de un tratamiento médico-farmacológico y de los comprensibles traslados hacia y desde los centros asistenciales durante la convalecencia, debía admitirse que se ha incurrido en gastos por esos motivos, en consonancia con la importancia y duración de las prestaciones verosímilmente requeridas. Fijó la suma de pesos seiscientos ($ 600,00) en concepto de gastos de farmacia, asistencia médica y traslados.-
u) Que, con respecto a los gastos por tratamiento kinesiológico, si bien deben probarse por el reclamante (art. 372 CPCC), no es menester una prueba concluyente en razón de la absoluta necesidad de los mismos y de la dificultad de obtener los medios probatorios, pero es necesario que guarden relación de causalidad con la naturaleza del daño sufrido. La indemnización debe fijarse entonces a la luz de lo prescripto por el art. 165 in fine del Código Procesal, con suma prudencia, ya que no debe convertirse en fuente de indebido beneficio. Atento lo informado por la experta médica en su dictamen de fs. 318/322, indicando que la actora debía realizar un tratamiento kinesiológico para así frenar los fenómenos degenerativos que han comenzado en la columna cervical y que no se justifican por la edad, fijó para ese rubro indemnizatorio la suma de pesos mil doscientos ($ 1.200,00).-
v) Que teniendo en cuenta el daño sufrido como también las circunstancias personales de la actora, fijó la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00) en concepto de reparación por el daño moral padecido.-
w) Que respecto a lo solicitado oportunamente por ambas partes en relación a la imposición de costas a la contraria, no encuadrando el supuesto de autos en alguno de los contemplados en el artículo 51 inciso 2° del CPCA, el planteo no debía tener favorable acogida.-
II. Contra dicho pronunciamiento el representante de P.
S. S.A. interpuso recurso de apelación (ver fs. 408/412), agraviándose - en lo sustancial - por considerar elevados y desmedidos los montos indemnizatorios fijados por el sentenciante. Expuso que los mismos fueron determinados de manera arbitraria e imparcial, sin expresar los parámetros utilizados.-
III. Por medio de la providencia de fs. 413 el Juez de grado corrió traslado a las partes por el plazo de diez (10) días.-
IV. A fs. 416/420 apeló el apoderado de la parte actora, agraviándose por considerar escasos los montos establecidos en concepto de indemnización por daño físico y psíquico, por tratamiento psicológico y por daño moral.-
V. El Juez de la instancia anterior confirió traslado por medio del proveído de fs. 421.-
VI. A través de la presentación de fs. 424/427 recurrió la demandada P. de Buenos Aires, agraviándose por considerar elevados los montos fijados en la sentencia en concepto de daño físico e incapacidad sobreviniente, daño psicológico, daño moral, gastos de atención, farmacia y traslados, daños materiales del rodado, lucro cesante y privación de uso.-
Asimismo criticó la aplicación de intereses y la tasa prevista.-
VII. A fs. 428 se corrió traslado a las partes por el plazo de diez (10) días.-
VIII. A fs. 432/435 vta. el apoderado de la actora contestó los agravios esgrimidos por la citada en Garantía P. S. S.A., solicitando su rechazo.-
IX. A fs. 443/444 vta. respondió la apoderada de la P. de Buenos Aires.-
X. El señor Juez de grado elevó las actuaciones a esta Alzada por medio de la providencia de fs. 463 y, recibidas según constancia de fs. 463 vta., pasaron los autos para resolver (ver fs. 464).-
XI. Efectuado el pertinente examen de admisibilidad (ver fs. 465/466 vta.), se llamaron los autos para sentencia.-
XII. El Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
A la cuestión planteada el señor Juez Hugo J. Echarri dijo:
1. Expuestos los antecedentes del presente caso, la resolución recaída y los agravios y respuestas pertinentes, procedo a examinar los recursos de apelación interpuestos por las partes.- Para ello entiendo pertinente aclarar, en primer lugar, que ha llegado firme a esta instancia - por falta de apelación al respecto - la responsabilidad de la P. de Buenos Aires y de la citada en garantía.-
En segundo lugar que - en tanto los recurrentes se agravian por la indemnización reconocida por el sentenciante de grado respecto a los rubros reclamados (la actora por considerarlos escasos y la demandada y citada en garantía por entenderlos improcedentes y/o elevados) -, las piezas recursivas presentadas se analizarán en forma conjunta.-
2. Sentando lo dicho, y en tanto las críticas de los recurrentes se relacionan esencialmente con la valoración de la prueba efectuada por el señor Juez a-quo, corresponde recordar los principios de naturaleza adjetiva o procesal relativos a la evaluación del acervo probatorio.-
Así, encuentro que el primero de los principios al que se debe acudir para verificar lo actuado por el señor Juez de grado, es aquel que establece la apreciación de la prueba según las reglas de la sana crítica – cfr. art. 384 CPCC. Es decir, de aquellas reglas “que son aconsejadas por el buen sentido aplicado con recto criterio, extraídas de la lógica, basadas en la ciencia, en la experiencia y en la observación para discernir lo verdadero de lo falso” (cfr. SCBA, Ac. y Sent., 1.959, V. IV, pág. 587 y esta Cámara in re: Expte. Nº 2.551/11, “Bertini, Mónica Andrea c/ Estado P.l s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 28 de junio de 2.011; Expte. Nº 2.630/11, “Silva, Arnaldo y otro c/ P. de Buenos Aires y otros s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 11 de agosto de 2.011; Expte. Nº 2.616/11, “Pérez, Teresa del Carmen c/ P. de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria”, sentencia del 29 de agosto de 2.011 y Expte. Nº 2.966, “Neo Producciones S. A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 10 de abril de 2.012, entre muchos otros).-
Por su parte, que en materia de prueba el juzgador tiene un amplio margen de apreciación, por lo que puede inclinarse por lo que le merece mayor fe en concordancia con los demás elementos de mérito que puedan obrar en el expediente, siendo ello, en definitiva, una facultad privativa del magistrado. No está obligado, por ende, a seguir a las partes en todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo las pertinentes para resolver lo planteado (CSJN Fallos 258:304; 262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre otros y esta Cámara in re: Causa Nº 2.615/11, “Cortese”, sentencia del 20 de septiembre de 2.011 y Nº 2.966, “Neo Producciones S. A. c/ Municipalidad de Tigre s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 10 de abril de 2.012, entre muchas otras).-
3. Siguiendo tales lineamientos, encuentro conducente - a efectos de resolver la cuestión sustancial debatida -, señalar lo que surge de las constancias relevantes de la causa, a saber: a) A fs. 16/16 vta. obra copia de la declaración testimonial prestada con fecha 20 de diciembre de 2.006, por la señora M. R. B. , ante la Comisaría Seccional 2da. de V. López. Surge que: “…iba circulando a bordo del rodado marca Fiat Duna, color rojo, patente BAB 931, iba por la arteria Arenales con sentido hacia la Av. Mitre de este medio, la misma iba sola, con el cinturón de seguridad colocado, al llegar con la intercepción con la calle Bernardo de Irigoyen de este medio, al estar ya cruzando dicha intercesión observo un móvil policial el cual circulaba por la arteria B. de Irigoyen este no detiene su marcha colisionando en la parte trasera del vehículo de la dicente lado izquierdo, a raíz del impacto el vehículo de la declarante da media vuelta y queda orientado el frente de su rodado hacia la Panamericana, luego la dicente se desabrocha el cinturón y en ese momento entra en estado de nerviosismo, se acercan los policías a la dicente para ver como se encontraba luego la que habla llama vía telefónica. Aclara la dicente que el auto Fiat Duna, utiliza para su trabajo realizando venta y distribución de productos varios para kioscos. Asimismo la que habla aclara que su vehículo presenta los siguientes daños visibles, abolladura del guardabarros trasero lado izquierdo, como así de la puerta trasera mismo lado, rotura de cerradura misma puerta, desprendimiento de paragolpe trasero, la rueda trasera mismo lado presenta una leve torcedura es lo que se aprecia a simple vista. Acto seguido la dicente aclara que posee seguro de la compañía La Meridional póliza 1984807. Asimismo manifiesta sentir mal con dolores en el cuello, por lo que se procede a hacer entrega de una nota para que concurra al cuerpo médico Martínez a fines de realizarse un reconocimiento médico legal”.-
b) A fs. 20/20 vta. obra certificado uso de símbolos en automotores para personas discapacitadas, a nombre de A. C. B. , titular del vehículo de autos. Del mismo surgen como autorizados a trasladar a la persona discapacitada A. C. B. y M. R. B. .- c) A fs. 21/21 vta. obra presupuesto de reparación de chapa y pintura, fechado 2 de enero de 2.006, por la suma de pesos seis mil trescientos setenta y cinco ($6.375).-
d) A fs. 29/34 obran seis (6) fotografías sin certificar.- e) A fs. 45/48 obran copias de resonancia magnética nuclear de columna cervical de fecha 22 de junio de 2.007, de solicitud de inter-consulta externa y de certificado médico.- f) A fs.184/184 vta. obra declaración testimonial prestada por el señor R. V. P.. De la misma surge que es “…vecino de la señora B. y tiene una amistad de vecinos…que la actora tuvo un accidente en el auto, un choque, no recuerda el día. Que al otro día se enteró del accidente que había sufrido la parte actora por como la vio y por ver al auto. Que fue el año pasado, no recordando la época del año…dice que tuvo un tratamiento, estuvo con el cuello ortopédico, le consta porque la vio. Que estuvo varios meses con el cuello ortopédico. Que estuvo con otros tratamientos, tratamientos psíquicos también…que la parte actora hace reparto de kioscos. Que al poco tiempo del accidente estuvo trabajando como podía pero tuvo un tiempo que no pudo trabajar. Que él la ayudaba a cargar la mercadería…que la actora sigue con problemas. Que se lo comenta la parte actora. Que no la ve igual que siempre porque le cuesta más el trabajo. Que le cuesta cargar la mercadería, que le consta por verla...”.-
g) A fs.195/197 obra respuesta al oficio remitido al Hospital Militar Central “Cir. M. Dr. Cosme Argerich”. Por la misma se dejó constancia de la autenticidad del resultado de la resonancia magnética. Del mismo surge: “Rectificación de la lordosis cervical fisiológica. Signos de discopatía degenerativa…en todas las estructuras discales de la columna cervical…”.-
h) A fs. 200/209 obra respuesta al oficio dirigido a OSECAC. Surge lo siguiente: “…si bien no puede certificarse autenticidad a través de fotocopias, como médico a cargo de la Dirección de los consultorios de OSECAC de Capital Federal, cumplo en infomarle que: En la fotocopia adjunta nominada A, se reconoce el logo y formato del formulario que era utilizado en Consultorios OSECAC Anexo Congreso para solicitud de interconsultas con especialistas contratados por la obra social fuera de los Policonsultorios. La letra, firma y sello podría corresponder a los del Dr. D. Gabriel que se desempeña como cirujano de cabeza y cuello en ese centro y que podría haber pedido una consulta con la especialidad Neurocirugía. En la fotocopia adjunta nominada B, se reconoce el logo de la obra social pero el formato no correspondería a impresos utilizados en capital federal”. Se adjuntó la historia clínica de consultas en Capital Federal, anexo Congreso, de M. R.
B. .-
i) A fs. 218/223 obra respuesta al oficio remitido al Registro de la Propiedad Automotor. De la misma surge como titular del vehículo de autos el señor A. B. .-
j) A fs. 253/256 vta. obra dictamen presentado por el perito Ingeniero, señor Roberto L. T.. Del mismo se desprende: “…se adquiere que efectivamente el Fiat Duna presenta daños compatibles con el tipo de colisión en que ha estado involucrado…los daños detallados en el presupuesto presentado en autos, no se compadece con una mecánica racional del evento, que el radiador se hubiera deteriorado, puesto que en la parte delantera no se aprecian daños directos o indirectos de impacto alguno. El resto de los daños, sí tienen directa vinculación con un sobreesfuerzo recibido de izquierda a derecha, como se esquematiza en el croquis…Es de destacar que a la fecha del accidente, el Fiat Duna contaba con una antigüedad de 10 años aunque de la observación del estado y condición del mismo que surge de la apreciación de fotos de fs. 35 se infiere que el mismo se hallaba en buen estado de conservación.
En el caso de autos, la unidad del actor sufrió daños en partes y elementos que deben considerarse estructurales, tales como el desvío organizado de la carrocería en la parte trasera, de izquierda a derecha tratándose además de un vehículo compacto, en el cual todos los componentes del monocasco contribuyen a la rigidez del conjunto. En oportunidad de realizar la inspección ocular al rodado, pudo verificarse que el mismo se encuentra reparado, con secuelas de dicha reparación, que se ilustran en fotos que se anexan al presente informe…Dados los daños sufridos, y que a la fecha del accidente el rodado contaba con 10 años de antigüedad, se considera que la unidad tuvo una desvalorización del 8 % con relación a otra de similares características, que no haya sufrido deterioros del tipo de los originados en el siniestro de autos.
El precio de un automóvil Fiat Duna, modelo 1.996, que se encuentre en normales condiciones de uso y funcionamiento, es en plaza aproximadamente igual a: a) al mes de octubre de 2.008: $ 20.500,0 Resultando por lo tanto, ser la desvalorización sufrida, del orden de: a) al mes de octubre de 2.008: $ 1.640…De acuerdo con los daños visibles en el rodado y teniéndose presente los que por transmisión de esfuerzos debieron originarse en sectores internos y contiguos a los directamente afectados, se interpreta que las tareas de reparación descriptas en el presupuesto del taller “Galeota” (fs. 9), responden correctamente a las necesidades del caso, salvo en lo inherente a la rejilla del radiador que no se considera afectada directamente en el caso.
Evaluando estos parámetros…resulta: repuestos $900, trabajos de chapa 8 días 300 $2400, trabajos de pintura: 8 paneles: 300; $2400, trabajos adicionales: 4 horas: 150: $ 600, total $6.300…Se estima que considerando variables como condiciones climáticas adversas, búsqueda de repuestos, etc. el tiempo total de reparación de la unidad debe ser del orden de los 14 días hábiles…En el caso de autos, la unidad del actor sufrió daños en partes y elementos que deben considerarse estructurales, tales como deformaciones y corrimientos de guardabarros traseros, tratándose además de un vehículo compacto, con el cual todos los componentes del monocasco contribuyen a la rigidez del conjunto, surge innegable que se han visto afectados componentes estructurales de la unidad que repercuten en la alineación del tren delantero, desencuadre de carrocería, alineación de puertas, etc”.-
k) A fs. 290/295 obra respuesta al oficio dirigido al Municipio de San Isidro. Surge que “…conforme informa el Hospital Central de San Isidro, se adjunta copia certificada del libro de Traumatología folio Nº 245 donde consta la atención médica recibida por B. M. , el día 20 de Diciembre de 2.006. Asimismo se informa que los instrumentos que se adjuntan son auténticos. La referida no tiene historia clínica por no haber permanecido internada en el establecimiento”.-
l) A fs. 299/303 vta. obra informe del médico pericial.
Surge lo siguiente: “Consideraciones médico legales en autos: Se trata de una persona que por los datos de autos padeció un traumatismo indirecto de la columna cervical, que le ocasionó un esguince, que le hizo perder la curvatura fisiológica, que no mejoró con el tratamiento de inmovilización y farmacológico, y que por ello le realizan una resonancia magnética, donde se observa que los discos de al menos dos de los segmentos se hallan protruyendo en el eje posterolaterales, siendo la causa de los síntomas que presenta la actora. La permanencia de dolor, que se hace crónico, ha modificado el estilo de vida de la actora, debiendo plantearse un tratamiento para ver la posibilidad de frenar los fenómenos degenerativos que han comenzado en medular, es una patología, que debe tratarse, porque su avance, condiciona una solución cruenta.
La actora debió permanecer al menos 30 a 40 días con tratamiento inmovilizador. En la actualidad presenta una incapacidad parcial y definitiva de 18 % de la TO, por el daño físico y 10 % por el daño psicológico, que se considera una Reacción Vivencial Anormal Neurótica (Dec. 659/96) Total: 26,2 %...3) si por la naturaleza y entidad de las lesiones fue o será menester recibir asistencia kinesiológica: sí, deberá recibirla… Los gastos de farmacia, collar y honorarios de consultas y traslados, parecen acordes…8) si requiere tratamiento psicoterapéutico, diagnóstico, duración y costo del mismo realizando a tales fines una batería de test psicológicos: Sí, requiere, al menos deberá realizar un año de tratamiento a razón de una vez semanal con un costo aproximado de $ 90 la sesión…La actora deberá realizar tratamiento kinesiológico, en forma prolongada, con controles periódicos con traumatología, especializada en columna.
No puede esta perito asegurar en este momento, si la mejoría dependerá de este, o habrá que plantease otros, dado las lesiones degenerativas. Deberá realizar además tratamiento psicoterapéutico…Puntos de pericia de la citada en garantía:…4) Determine si la actora ha padecido alguna incapacidad de tipo psíquica como consecuencia del accidente denunciado en autos: Sí, ha padecido. 5) En caso afirmativo indique el porcentaje de dicha incapacidad y qué estudios se le han realizado a la actora para determinar dicha incapacidad: Se realizó Psicodiagnóstico. 6) En caso de existir algún tipo de incapacidad de tipo psíquica indique el tratamiento sugerido, tiempo y costo del mismo: Al menos deberá realizar un año de tratamiento a razón de una vez semanal con un costo aproximado de $ 90 la sesión…Por los relatos, los diagnósticos médicos, tratamiento y la solicitud de estudios que se le realizaron al momento del accidente y lo que se le solicitó durante su evolución hay causalidad con el accidente de litis”.-
ll) A fs. 332/363 obran copias certificadas de la causa penal Nº 7.861, tramitada por ante la UFI Nº 3 de V. López. A fs. 333 obra copia del acta de procedimiento. El conductor del vehículo policial Subteniente J. R. declaró que “…impacta al Fiat Duna en la parte del guardabarro trasero lado izquierdo…”; A fs. 335/336 obra declaración testimonial prestada por la actora. Declaró “…su vehículo presenta los siguientes daños visibles, abolladura del guardabarros trasero lado izquierdo, como así de la puerta trasera mismo lado, rotura cerradura misma puerta, desprendimiento de paragolpe trasero, la rueda trasera mismo lado presenta una leve torcedura…manifiesta sentir mareos con dolores en el cuello…”; A fs. 346 obra “Examen de visu”, del que surgen los daños del vehículo de la parte actora.-
De la foja 75/75 vta. del expediente administrativo Nº 5.100-17491/07, iniciado por Fiscalía de Estado, extracto “Ref. B. , M. R. y otro c/ P. de Buenos Aires y otro s/ Daños y Perjuicios”, surge denuncia de siniestro de fecha 9 de enero de 2.007, efectuada por J. E. R.. Expuso lo siguiente: “Vehic. Nº 1 circulaba por Bdo. de Irigoyen en el cruce de Arenales se encuentra con el vehículo Nº 2 que circulaba con rapidez y dado el clima ya que llovía el vehículo Nº 1 no logra frenar por completo embistiendo el mismo…Daños ocasionados en el vehículo: Detalle: Leve hundimiento del paragolpe punta de capot y rotura de parrilla plástica”. El subrayado me pertenece.-
4. En ese marco, recuerdo que en referencia al dictamen pericial se ha dicho que resulta ser el medio probatorio fundamental para formar convicción, pues asesora al judicante en temas que escapan a su formación profesional y a la del medio de la gente (cfm. arts. 902 y 512 del Código Civil, doctrina causas CC0102 MP 125501 RSD-568-3, sentencia del 28 de agosto de 2.003, “Giménez, Juan Manuel c/ Hospital Interzonal General de Agudos s/ Daños y perjuicios”; CC0001 QL 7284 RSD-108-4, sentencia del 14 de octubre de 2.004, “Juárez, C. Alberto c/ Hospital Municipal de Agudos Mi Pueblo s/ Daños y perjuicios”, CC0001 LZ 52340 RSD- 71-2, sentencia del 21 de marzo de 2.002, “Vico, Hilario Ramón y otros c/ Municipalidad de Esteban Echeverría y otro s/ Daños y perjuicios”, CC0102 MP 111888 RSD-196-1, sentencia del 12 de junio de 2.001, “Oyanguren, Héctor Marcelo c/ Clínica de Fractura y Ortopedia s/ Daños y perjuicios”, CC0102 LP 213583 RSD-131-93, sentencia del 28 de septiembre de 1.993, “Lima, Héctor Antonio y ot. c/ I.P.E.M. s/ Daños y perjuicios”, CC0102 LP 213584 RSD-131-93, sentencia del 28 de septiembre de 1.993, “Lima, Héctor Antonio y ot. c/ Von Wernich, Roberto s/ Daños y perjuicios. Beneficio” y esta Cámara in re: causa Nº 2.976, caratulada “Tinco Huamani, C. Alberto y otro c/ Instituto Maternidad Sta. Rosa y otro s/ daños y perjuicios”, sentencia del 17 de abril de 2.012 y causa Nº 3.223/12, caratulada “Trovato, María Lidia c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 25 de septiembre de 2.012, entre otras).-
5. Bajo tales parámetros, corresponde analizar las sumas establecidas en concepto de indemnización por el señor Juez de grado.-
Así, en cuanto a los daños materiales causados al vehículo de la parte actora, entiendo que - teniendo en cuenta lo que se desprende del dictamen realizado por el perito ingeniero a fs. 253/256 vta. - corresponde confirmar la suma de pesos seis mil trescientos ($ 6.300).-
6. Seguidamente, con relación a la privación de uso del automotor, en principio, y en atención a que la parte actora no arrimó elementos en orden a demostrar la dimensión económica del perjuicio por el citado concepto, corresponde recordar que la mera privación del uso de un bien no resulta suficiente "per se” para acreditar el perjuicio sufrido, por no tratarse de un daño "in re ipsa"; por lo cual debe demostrarse su existencia fehacientemente para ser indemnizable (cfr. SCBA, Ac. 40.095, sentencia del 22 de agosto de 1.989, Juez San Martín (SD), “Cuarto, Olga c/ E.C.A.M. S.A.C.I.FI.C. s/ Cumplimiento de contrato”, Publicaciones AyS 1.989-III-56 CC0002 SM 52.697 RSD-49-3, sentencia del 6 de marzo de 2.003, Juez Mares (SD), “Gramajo, Domingo Aniceto c/ Ramos, Walter Rubén s/ Daños y perjuicios”; CC0101 LP 22.3951 RSD-320-96, sentencia del 15 de octubre de 1.996, Juez Tenreyro Anaya (SD), “Esteban, Miguel A. c/ Balmaceda, Roberto y ot. s/ Daños y perjuicios”, entre muchos otros).-
No obstante, cabe mencionar que en casos análogos en los que tampoco se observaba acreditación del referido perjuicio (CCASM causa Nº 1.177/07, caratulada “Reyes, Ricardo c/ Estado P. Bs. As. y otros s/daños y perjuicios”, sentencia del 20 de mayo de 2.010 y Nº 2.061/2.010, caratulada “Quevedo, Rubén V. c/ Municipalidad de San Isidro y/o otro s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 16 de julio de 2.010), este Tribunal confirmó la decisión de grado en cuanto se había reconocido, con criterio de parquedad, una suma de dinero al actor por privación de uso de su vehículo.-
En tales condiciones, siendo que la privación de uso verificada en autos se determinó, según la pericia mecánica, en catorce (14) días (ver fs. 256); como así también que el titular del vehículo resulta discapacitado (conforme fs. 20), corresponde en mi opinión, reconocer como monto indemnizatorio por privación de uso la suma de pesos mil ($ 1.000).-
7. En lo que se refiere a la desvalorización del rodado, estimo prudente señalar lo expuesto por el perito ingeniero en su dictamen de fs. 253/256 vta., a saber: “Dados los daños sufridos, y que a la fecha del accidente el rodado contaba con 10 años de antigüedad, se considera que la unidad tuvo una desvalorización del 8 % con relación a otra de similares características, que no haya sufrido deterioros del tipo de los originados en el siniestro de autos. El precio de un automóvil Fiat Duna, modelo 1.996, que se encuentre en normales condiciones de uso y funcionamiento, es en plaza aproximadamente igual a: a) al mes de octubre de 2.008: $ 20.500,0 Resultando por lo tanto, ser la desvalorización sufrida, del orden de: a) al mes de octubre de 2.008: $ 1.640…”.-
En consecuencia, corresponde confirmar la suma otorgada por tal concepto en la instancia de grado. Esto es, pesos mil seiscientos cuarenta ($1.640).-
8. Con respecto a la incapacidad sobreviniente debemos señalar, en principio, que siendo el daño, no solo uno de los presupuestos de la responsabilidad civil y Estatal, sino también como bien lo señala Mosset Iturraspe, el presupuesto central de la responsabilidad - cfr. Mosset Iturraspe, “Responsabilidad por Daños”, Tº I, pág. 139 -; su producción y extensión queda a cargo de quien lo alega (cfr. art. 1.068 CC; art. 27 inc. 7° CPCA y art. 375 CPCC; y esta Cámara in re: causa Nº 1.918/2.009, caratulada “Mendieta, M. María c/ Municipalidad de Tres de Febrero s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 4 de mayo de 2.010, entre otras).-
Por otra parte, que como lo determina el art. 1.068 del Código Civil, aplicable por analogía en materia de responsabilidad del Estado - cfr. art. 2 inc. 4° del CPCA; Reiriz, Graciela María, “Responsabilidad del Estado en la obra colectiva El Derecho Administrativo Argentino Hoy”, pág. 220 -, el daño para ser objeto de reparación “debe ser pasible de apreciación pecuniaria”, es decir, debe estar dotado de la posibilidad de mensurar – a través de algún parámetro objetivo – económicamente su dimensión o extensión en sentido cuantitativo.-
Asimismo, que tal como lo expone Ramírez - siguiendo en este punto a Alfredo Orgaz - la lesión afecta la capacidad o aptitud de la víctima para obtener ganancias por su trabajo, pero en ello inciden especialmente las condiciones personales del lesionado: edad, sexo, estado de salud, índole de las actividades que desarrollaba, etc. (Ramírez, J. Orlando, “Indemnización de Daños y Perjuicios”, Tº 2, pág. 126).-
Por ello uno de los factores - no el único, claramente - para ponderar con alguna base cierta el mismo, está dado por el ingreso económico mensual habitual de la víctima, y por cómo el grado de incapacidad de la total obrera - que es en definitiva la que determina la pericia - incide en la merma de dicho ingreso.-
9. Asimismo, corresponde señalar que conforme a la doctrina de esta alzada en autos “Reale” (causa N° 1.725, sentencia del 22 de septiembre de 2.009, entre otros) los porcentajes de incapacidad deben ponderarse en atención al carácter de incapacidades polifuncionales y al principio de incapacidad restante. Es que dichos porcentajes no deben ni pueden sumarse, sino que corresponde su ponderación en atención a tratarse de incapacidades polifuncionales, teniendo en cuenta aquél principio aplicable en la materia, y las fórmulas usuales para la determinación de la misma - cfr. Basile, Alejandro, Defilippis Novoa, Enrique y González, Orlando, “Medicina Legal del Trabajo y Seguridad Social”, Ed. Abaco, pág. 291 y ss.-
En ese sentido, la jurisprudencia ha dicho que “En los casos en que concurren varios porcentajes que informan menoscabos en diversos aspectos de la persona, no se suman sino que se van calculando sobre la capacidad residual que los anteriores han determinado” (causa “Frías, Berta del Carmen v. Mansilla, L. A. y otro s/ Daños y perjuicios” RSD 14-3 S 29/9/2003, JUBA y causa “Saravia, Marcela R. v. Costa, Adrián O. y otros s/ Daños y Perjuicios”, causa Nº 573/1, C. Civil y Comercial. La matanza. Sala I, sentencia del 19 de diciembre de 2.006).- A partir de lo dicho debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que el perito médico, a fs. 299/303 vta., expuso lo siguiente: “…En la actualidad presenta una incapacidad parcial y definitiva de 18 % de la TO, por el daño físico y 10 % por el daño psicológico, que se considera una Reacción Vivencial Anormal Neurótica (Dec. 659/96) Total: 26,2 %...”. En segundo término, que en la causa solo se encuentra acreditada la incapacidad parcial y permanente de la actora, pero que no se ha probado cual es el daño concreto sufrido y la apreciación pecuniaria en su real magnitud.-
En consecuencia, considero ajustado a derecho establecer que, sin perjuicio de las sumas que corresponden por el tratamiento psicológico semanal que indica el experto a fs. 299/303 vta., la indemnización por incapacidad permanente - comprendida en ella tanto la física como la psicológica - debe elevarse a la suma de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos ($ 52.400).-
10. En referencia a las críticas esgrimidas contra la indemnización otorgada en concepto de tratamiento psicológico, debo reiterar que de la pericia médica surge – en lo pertinente - lo siguiente: “8) si requiere tratamiento psicoterapéutico, diagnóstico, duración y costo del mismo realizando a tales fines una batería de test psicológicos: Sí, requiere, al menos deberá realizar un año de tratamiento a razón de una vez semanal con un costo aproximado de $ 90 la sesión…”.-
Bajo tales parámetros, teniendo en cuenta lo resuelto en precedentes análogos y lo que surge del dictamen pericial, estimo prudente fijar la indemnización en la suma de pesos cuatro mil trescientos veinte ($ 4.320). Ello, considerando un tratamiento psicológico aproximado de un (1) año, una (1) sesión semanal y al valor indicado por el perito de pesos noventa ($90) la sesión.-
11. Respecto a la suma otorgada en concepto de indemnización por gastos de farmacia, asistencia médica y traslados, entiendo considero justo y razonable el monto de pesos seiscientos ($ 600) reconocido en la instancia de grado.-
En primer lugar, porque la actividad probatoria de la parte actora ha sido - sobre ese punto - prácticamente nula, por lo que de acuerdo a la doctrina judicial debe cargar con la consecuencia de tal conducta procesal (cfr. arts. 375 del CPCC y 77 inc. 1º de la Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 13.101 y modificatorias).-
En segundo lugar, porque el hecho de que la accionante contara con obra social no excluye la erogación de gastos. Ello, ya que - según la experiencia - deben tenerse en cuenta gastos en analgésicos y anti-inflamatorios presumibles, como aquellos que la atención médica, estudios y tratamientos debieron generar en alguna medida; sumado a las mayores erogaciones que debió haber realizado para trasladarse.-
La jurisprudencia ha señalado que “Aún cuando la víctima gozara de beneficios asistenciales que cubren gastos médicos y de sepelio, corresponde admitir que a pesar de existir una cobertura social plena (PAMI) median gastos complementarios que son soportados por los familiares directos, debiendo resarcirse aquellos que guarden razonabilidad y necesidad aún sin prueba estricta, por ser gastos comprobables por máximas de experiencia.” (CC0001 SM 23075 RSD-215-95 S 15-8-1995, “Grochowski, Emilio Fernando y otro c/ Burgos, Lindor Basilio s/ Daños y perjuicios” y esta Cámara in re: causa Nº 2.901/11, caratulada “Yrasusta, C. Víctor Hugo y otro/a c/ Municipalidad de V. López s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 13 de marzo de 2.012 y causa Nº 3.066/12, caratulada “Blasi, Ana Cristina c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 19 de junio de 2.012, entre otras).-
Y en igual sentido, que “Es procedente el resarcimiento de los gastos de atención médica, farmacéuticos y de traslados cuando existe daño psicofísico, aún a falta de comprobantes, pues se presume la necesidad de su erogación aún cuando la víctima cuente con cobertura por obra social o se atienda en establecimientos públicos.” (CC0002 SM 49.092, RSD-170-1, sentencia del 15 de mayo de 2.001, “Taranto, C. y otra c/ Di Meo, Mirta Susana y otros s/ Daños y perjuicios” y esta Cámara in re: causa Nº 2.901/11, caratulada “Yrasusta, C. Víctor Hugo y otro/a c/ Municipalidad de V. López s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 13 de marzo de 2.012 y causa Nº 3.066/12, caratulada “Blasi, Ana Cristina c/ Municipalidad de General San Martín s/ Pretensión Indemnizatoria”, sentencia del 19 de junio de 2.012, entre otras).- En consecuencia, tal como lo adelantara, debo confirmar el monto de pesos seiscientos ($ 600) reconocido en la instancia de grado, rechazando en cuanto al punto los recursos presentados.-
12. Finalizando, en cuanto a los gastos por tratamiento Kinesiológico, señalo que - en tanto el perito expuso: “3) si por la naturaleza y entidad de las lesiones fue o será menester recibir asistencia kinesiológica: sí, deberá recibirla…La actora deberá realizar tratamiento kinesiológico, en forma prolongada, con controles periódicos con traumatología, especializada en columna. No puede esta perito asegurar en este momento, si la mejoría dependerá de este, o habrá que plantearse otros, dado las lesiones degenerativas” (fs. 299/303) – resulta pertinente la suma establecida en la instancia de grado, esto es, pesos mil doscientos ($ 1.200), de acuerdo a lo previsto en el art. 168 del CPCC.-
13. En relación al reconocimiento del daño moral, debo recordar que se configura por el conjunto de sufrimientos, padeceres de orden espiritual y angustias causadas por el ilícito, encontrando su cauce legal en el art. 1.078 del C. Civil (C. Civ. y Com. San Martín, causas Nº 48.469, 48.402, 49.269, 534.59, entre otras), su carácter es resarcitorio y no sancionatorio.-
Asimismo, que “La fijación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende - en principio - del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión” (SCBA, C 85.381, sentencia del 7 de mayo de 2.008, “Valentín, Norma B. y González, Juan C. c/ Durisotti, Rodolfo; Hospital Municipal y Municipalidad de Daireaux s/ Daños y perjuicios”, y esta Cámara en la causa N° 1.630/09, “Spinelli”, del 6 de octubre de 2.009, entre otras).-
En dichas condiciones propicio reducir la indemnización por el rubro en análisis a la suma de pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($ 10.480).-
14. Por último, en lo que respecta a los intereses y a la tasa a aplicar, agravio de la P. de Buenos Aires (ver fs. 424), recuerdo que este Tribunal expuso que no habiendo convenido las partes los intereses compensatorios, ni estando los mismos determinados por norma alguna del derecho público P.l vigente, resulta razonable acudir, por vía de analogía a lo dispuesto por el artículo 622 del Código Civil, que determina que - ante la ausencia apuntada - corresponde que los mismos sean fijados por el Juez de la causa (cfr. Reiriz, María Graciela, “Responsabilidad del Estado en El Derecho Administrativo Argentino Hoy”, pág. 220; Cassagne, Juan C., “Derecho Administrativo”, Tº I y esta Cámara in re: causa Nº 1.386/08, “Armini, V.
Oscar c/ Municipalidad de José C. Paz s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos”, sentencia del 20 de octubre de 2.008, entre muchas otras).- Siendo que lo expuesto configura la doctrina legal aplicable en la materia, cabe recordar que el más alto Tribunal P.l ha dicho que: “... si el interés previsto en el art. 622 del Código Civil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto distorsionando esa finalidad” (SCBA causas “Cuadern” y “Zgonc”, ambas del 21 de mayo de 1.991, pub. en “Acuerdos y Sentencias”, t. 1.991 I, págs. 773 y 788; doc. causas Ac. 49.439, “Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, V. Pascual y otras s/ Daños y Perjuicios”, pub. en D.J.B.A., Tº 146, pág. 187 y Ac. 49.441, “Gómez, Javier Víctor c/ Curatitoli, Sabino y otro s/ Daños y Perjuicios”, pub. en D.J.B.A., Tº 146, pág. 29; B 60.749, del 13 de marzo de 2.002 “Lenzi, Julio César c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la P. de Buenos Aires s/ Demanda contencioso administrativa”; y esta Cámara in re: Causa Nº 1.094, “Fernández, Analía y otros c/ Municipalidad de V.
López s/ Cobro de Pesos”, del 5 de febrero de 2.008 y causa Nº 1.386/08, “Armini, V. Oscar c/ Municipalidad de José C. Paz s/ Pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos”, sentencia del 20 de octubre de 2.008, entre muchas otras).-
Asimismo, que también ha expuesto que “Corresponde aplicar a los créditos reconocidos judicialmente la tasa de interés que paga el Banco de la P. de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, vigente durante los distintos períodos de aplicación y hasta su efectivo pago” (cfr. SCJBA, Ac. 59.059, “Giani, Favio L. c/ Expreso Villa Galicia San José SRL y otra s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 25 de marzo de 1.997; Ac. 77.434, “Banco Comercial Finanzas S. A. en liquidación B.C.R.A.. Quiebra”, sentencia del 19 de abril de 2-006, entre otras y esta Cámara in re: Causa Nº 1386/08, “Armini, V. Oscar c/ Municipalidad de José C. Paz s/ Pretensión de Restablecimiento o reconocimiento de derechos”, sentencia del 20 de octubre de 2.008, entre muchas otras).- En tales condiciones, advierto que el recurso de apelación bajo examen no puede tener favorable acogida en lo que respecta al agravio vinculado a la tasa de interés aplicable.- Es que no encuentro – en el caso – fundamentos para apartarme de la doctrina legal emanada de la Suprema Corte de Justicia de la P. de Buenos Aires, como así tampoco de lo decidido en precedentes de este Tribunal en los que invariablemente se ha establecido la aplicación de la tasa pasiva que fija el Banco de la P. de Buenos Aires en sus operaciones ordinarias de descuento (CCASM, causa Nº 258/05, “Sandoval, Fermín Heriberto C/ Fisco De La P. de Buenos Aires y otro s/ Amparo", del 6 de junio de 2.006; causa Nº 480/06, “D`Angelo, Rosario L. Antonio C/ Municipalidad de Baradero s/ Proceso contencioso administrativo por restablecimiento o reconocimiento de Derechos”, del 1 de junio de 2.006; causa Nº 402/06, “Malle, María Antonia c/ Fisco de la P. de Buenos Aires y otro/a s/Amparo", del 25 de abril de 2.006; causa Nº 468/06, “Poli, Orlando Teodoro y otros c/ P. de Buenos Aires s/ Amparo - Solicita Inconstitucionalidad", del 25 de abril de 2.006; causa Nº 523/06, “Becerra, Juan C. C/ Poder Ejecutivo y otro/a s/ Amparo", del 25 de abril de 2.006; causa Nº 1.094, “Fernández, Analía y otros c/ Municipalidad de V. López s/ Cobro de Pesos”, del 05 de febrero de 2.008 y causa Nº 1.386/08, “Armini, V. Oscar c/ Municipalidad de José C. Paz s/ Pretensión de Restablecimiento o reconocimiento de derechos”, del 20 de octubre de 2.008, entre otras).-
Por todo lo expuesto, propongo a mis distinguidos colegas: 1º) Hacer lugar en forma parcial a los recursos de apelación interpuestos por P. S. S.A., por la parte actora y por la P. de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado con la salvedad de lo previsto en concepto de indemnización por privación de uso, por daño físico y daño psicológico y por daño moral; 2º) Establecer como indemnización por privación de uso del rodado la suma de pesos mil ($ 1.000), por daño físico y psicológico el monto de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos ($ 52.400) y, en concepto de daño moral, el monto de pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($ 10.480); 3º) Establecer las costas en el orden causado (art. 51 del CPCA, Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 13.101); y 4º) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (cfr. art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).-
ASI VOTO.-
Los señores Jueces Ana María Bezzi y Jorge Augusto Saulquin votaron a la cuestión planteada en igual sentido y por los mismos fundamentos, con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, este Tribunal
1. Hacer lugar en forma parcial a los recursos de apelación interpuestos por P. S. S.A., por la parte actora y por la P. de Buenos Aires y, en consecuencia, confirmar la sentencia de grado con la salvedad de lo previsto en concepto de indemnización por privación de uso, por daño físico y daño psicológico y por daño moral; 2º) Establecer como indemnización por privación de uso del rodado la suma de pesos mil ($ 1.000), por daño físico y psicológico el monto de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos ($ 52.400) y, en concepto de daño moral, el monto de pesos diez mil cuatrocientos ochenta ($ 10.480); 3º) Establecer las costas en el orden causado (art. 51 del CPCA, Ley Nº 12.008, texto según Ley Nº 13.101); y 4º) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (cfr. art. 31 del Decreto Ley Nº 8.904/77).-
Regístrese, notifíquese de acuerdo a lo proveído a fs. 464 y, oportunamente, devuélvase.-
HUGO JORGE ECHARRI ANA MARIA BEZZI JORGE AUGUSTO SAULQUIN ANTE MÍ
Ana Clara González Moras Secretaria Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo San Martín Registro de Sentencias Definitivas Nº…...Fs…
Fin de la sentencia