Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mercedes, Sala I · Causa 69699
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución impugnada en cuanto fuera materia de apelación (arts. 100, 119 y ccdtes. -a contrario- de la ley 12.256, 439 y ccdtes. del CPP).
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Causa N° 69699
AUTOS Y VISTOS: El recurso de apelación interpuesto por la defensora oficial, Dra. Graciela Inés Pardini, contra el auto pronunciado por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 departamental, que no hizo lugar a la inclusión de E. N. B. en el régimen abierto.
Y CONSIDERANDO: I. Que el nombrado fue condenado el 15 de mayo de 2026, por el Tribunal en lo Criminal N° 1 departamental, a la pena de 3 años y 10 meses de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable de los delitos de robo simple -dos hechos-, robo con efracción y robo con escalamiento, en concurso real, la que vencerá el día 24 de junio de 2029.
II. Que la recurrente señala que la resolución impugnada es técnicamente arbitraria y ocasiona un perjuicio irreparable a los intereses del prisionizado, toda vez que se coarta su posibilidad de ser promovido a un régimen de mayor autogestión en la ejecución de su pena.
Sostiene, al contrario de lo referido por el a quo , que no existe una alguna en la ley de ejecución penal bonaerense, pues además de no haber previsto el legislador ningún requisito temporal para el traspaso al régimen que se pretende, determinó que el paso por los distintos regímenes no necesariamente tiene que ser secuencial.
Destaca que su defendido registra concepto bueno y conducta ejemplar 10, desarrolla tareas de mantenimiento general, realizó el taller de "manualidades en goma eva" y espera cupo para estudiar y participar de cursos de formación profesional.
Manifiesta que no se le ha brindado a su asistido la posibilidad de revisar los aspectos de su personalidad que ahora le son reprochables, sumado que no corresponde evaluarlos toda vez que ello contraviene el derecho penal de acto.
Expone que el dictamen inconveniente emitido por el DTC no tiene un verdadero sustento fáctico, pues pone, por un lado, en evidente los déficits del sistema carcelario, de que ningún modo pueden pesar sobre la cabeza del justiciable, y, por otro, que nada impide que sea promovido al régimen pretendido y que allí se intensifique la base del tratamiento que recibe.
Concluye que su pupilo ha demostrado un adecuado desenvolvimiento intramuros, solicitando que se revoque el auto atacado y se haga lugar a su incorporación en el instituto en trato.
III. Que la ley de ejecución penal provincial N° 12.556 (modificada por la 14.296), en su artículo 100, establece que el juez de ejecución autorizará al penado el ingreso al régimen abierto previo asesoramiento del servicio penitenciario, en base a la evaluación criminológica.
En el caso que nos ocupa, el incurso ingresó a la órbita del SPB el 2/9/2025 y agotará la sanción impuesta el 24/6/2029.
Al respecto, más allá de no requerirse un tiempo determinado para acceder al beneficio pretendido, lo cierto es que no podemos perder de vista el período de pena que le resta por cumplir, que aún es prolongado en relación al tiempo de su estadía intramuros; circunstancia que debe ser valorada a la luz de los parámetros que establece la normativa específica en torno al avance progresivo dentro del régimen penitenciario, de desarrollo no necesariamente secuencial, pero gradual y paulatino.
Desde tal perspectiva, y sin perjuicio de que el encartado cuenta con los aspectos positivos resaltados por la defensa, de la lectura de su legajo técnico criminológico surgen reservas que demuestran que aún no cuenta con el nivel de responsabilidad requerido en un régimen donde se produce la máxima atenuación de las condiciones de encierro.
Así decimos, toda vez que, si bien se encuentra realizando tareas laborales de mantenimiento general, aún no se ha incluido en la faz educativa así como tampoco en cursos de formación profesional, espacios en los cuales aguarda cupo.
Por otro lado, observamos que los peritos integrantes del Departamento Técnico Criminológico, luego de valorar los informes remitidos por las diferentes áreas concluyeron que, resulta inconveniente su traspaso al régimen abierto, entendiendo ".prudente que en principio ingrese en un contexto del régimen de características autogestivas como es el régimen Semiabierto modalidad amplia, apelando a incrementar niveles de autonomía y autorregulación, instándolo a incorporarse con responsabilidad y compromiso en las actividades tratamentales que se desarrollan en esta dependencia carcelaria, en pos de adquirir herramientas y recursos subjetivos que contribuyan a su desempeño futuro." .
Asimismo, vemos que el Grupo de Admisión y Seguimiento estimó conveniente que el interno pueda participar del total de las áreas tratamentales, a fin de lograr incorporar herramientas y hábitos, con fines de formación y capacitación para su futuro egreso al medio social amplio.
Al respecto, cabe resaltar aquí la vital importancia de los informes criminológicos, toda vez que es la autoridad penitenciaria -a través de sus diferentes áreas y divisiones- la que tiene un contacto diario, directo y permanente con la interna, lo cual califica su opinión como valedera y fundada acerca de la evolución personal evidenciada, en miras a su futuro reintegro al medio libre.
Así las cosas, consideramos que si no hay razones que justifiquen apartarse de las conclusiones antes mencionadas, la prudencia aconseja tomar dicha recomendación por estar en mejores condiciones de emitir un juicio de prognosis sobre su conducta en un contexto donde los marcos asegurativos se ven notoriamente disminuidos.
Conforme los argumentos expuestos, entendemos que el penado no se encuentra en condiciones de acceder al régimen pretendido, lo que nos conduce a confirmar el auto en crisis.
Por ello, SE RESUELVE: CONFIRMAR la resolución impugnada en cuanto fuera materia de apelación (arts. 100, 119 y ccdtes. -a contrario- de la ley 12.256, 439 y ccdtes. del CPP).
Regístrese, notifíquese y hágase saber al órgano de grado.
Firmas
Funcionario firmante: RISULEO Carlos Gabriel - JUEZ
Funcionario firmante: REGGI Oscar Horacio - JUEZ
Funcionario firmante: GARCIA Martina Soledad - AUXILIAR LETRADO
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 1381-2026
Fin de la sentencia